Sentencia Contencioso-Administrativo 636/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1006/2024 de 25 de mayo del 2026

PRIMERO. - Los términos del litigio y la sentencia recurrida.

1.- El origen del litigio se remonta a la ejecución de la sentencia 542/2017, de 30 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que estimó el recurso de la parte actora en este recurso y acordó la nulidad del acuerdo de 15 de enero de 2007 del tribunal de la convocatoria 44/2004 de las pruebas de acceso al Grupo A, turno libre, Administración Especial, Informáticos por el que se dispuso la publicación de los opositores que habían superado la segunda parte de la prueba y la fase de oposición de la convocatoria con la puntuación obtenida en la misma. La resolución, además, reconoció "como situación jurídica individualizada el derecho del demandante a la retroacción de las actuaciones, a fin de que se le convoque de nuevo al segundo ejercicio práctico de la fase de oposición, acordándose y haciéndose públicos los criterios de corrección del mismo antes de su celebración en especial los relativos a los valores porcentuales de cada apartado; repetición del ejercicio que no afectará a los aspirantes que resultaron ya seleccionados en su momento por aplicación de los principios de buena fe y confianza legítima, sino al actor y en su caso al resto de aspirantes que no superaron el citado segundo ejercicio".

2.- En ejecución de la citada sentencia 542/2017, la misma Sala, mediante auto de 7 de abril de 2021, estimó la solicitud de la parte actora y otros interesados, acordó " dejar sin efecto por no ser ajustada a Derecho la resolución de la Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas de 30/noviembre/2020 por la que se adjudican los destinos a quienes han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Administración especial, informática, acceso libre, convocatoria 44/04, en ejecución de la sentencia 542/2017, de esta Sala y Sección, en el punto relativo a la fecha de efectos administrativos y económicos, que deben reconocerse a la fecha de la toma de posesión de los primeros aprobados en la civa que nos ocupa, sin perjuicio de tener en cuenta los haberes que en su caso hubieran percibido en el periodo contemplado en la presente ejecución".

3.- Mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública de la Generalitat Valenciana de 30 de noviembre de 2020 se nombró al recurrente como funcionario de carrera, tomando posesión el 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, mediante resolución administrativa de 11 de junio de 2021, y en ejecución del referido auto de 7 de abril de 2021, se reconoció que los efectos de la toma de posesión se retrotraían al 5 de mayo de 2008.

4.- Con posterioridad, más de siete meses después, una nueva resolución de la Dirección General de la Función Pública de 2 de febrero de 2022 dejó sin efecto la resolución del pasado 11 de junio y declaró de oficio al recurrente en situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público con efectos retroactivos del 22 de marzo de 2010 hasta el 29 de enero de 2019. El motivo invocado fue que el interesado había estado prestando servicios en la Universidad Politécnica de Valencia, no considerándole en servicio activo durante ese periodo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129.2 de la Ley 10/2010. Esta resolución se adoptó sin haber dado audiencia al interesado.

5.- Contra la referida resolución administrativa de 2 de febrero de 2022, el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia, solicitando su anulación. El recurso fue desestimado mediante sentencia 81/2023, de 9 de marzo, sin imposición de costas.

En su argumentación el Juzgado de instancia sostuvo que la administración demandada se vio obligada a resolver la situación que suponía la determinación retroactiva por decisión judicial de los efectos administrativos y económicos a la fecha de 5 de mayo de 2008, y, a la vista del nombramiento del recurrente como funcionario interino y posteriormente de carrera de la Universidad Politécnica de Valencia desde el 22 de marzo de 2010 hasta el 29 de enero de 2019, pasó a declararle en la situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público, conforme al artículo 129.1 de la ley 10/2010.,

Consideró que no se trató de un acto administrativo con efectos desfavorables para al recurrente, sino de la formalización de los efectos del contenido de una decisión judicial. La decisión administrativa no respondería a lo que había solicitado el recurrente, sino a la debida plasmación de lo que había sido declarado por el auto cuya ejecución se llevaba a cabo.

6.- Contra la sentencia de instancia, la parte actora en este proceso presentó recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que, en su sentencia 988/2023, de 23 de noviembre, lo desestimó con imposición de costas al recurrente.

En su motivación señaló, en primer lugar, que una vez que por auto de 7 de abril de 2021 de la misma sala y sección se determinó que los efectos debían reconocerse desde la fecha de toma de posesión de los primeros aprobados, dicha Administración se vio en la necesidad de determinar en qué situación había quedado el demandante durante el tiempo en que había estado prestando servicios para otras administraciones (en este caso la Universidad Politécnica de Valencia), acordando la declaración de excedencia voluntaria en los términos ya indicados. Se trata de excedencias que no han de ser necesariamente solicitadas por el interesado, sino que la Administración ha de declarar de oficio cuando se produce la situación que da lugar a las mismas, que no es otra que la de estar prestando servicios para otra administración, bien como interino, bien como titular.

No estamos, por tanto, propiamente, ante la revocación de un acto favorable que exija acudir a alguno de los mecanismos de revisión de actos firmes previstos en los artículos 106 a 111 de la Ley 39/2015.

SEGUNDO . - La cuestión de interés casacional.

La Sección de Admisión de esta Sala, mediante auto de 20 de noviembre de 2024, declaró como cuestión de interés casacional objetivo, "a fin de completar, matizar o reforzar la doctrina ya existente, plasmada en las sentencias n.º 1333/2022 y 1659/2024 antes referidas, si la Administración, tras una sentencia que ha ordenado la retroacción de un proceso selectivo y la repetición de algún ejercicio para algún aspirante que, finalmente, lo supera, puede, en ejecución de la resolución judicial que ordena que se reconozcan a este aspirante los efectos administrativos desde la fecha de toma de posesión de los primeros aprobados, no considerar como tiempo de servicio activo aquellos períodos de tiempo en los que el aspirante, antes de adquirir su condición funcionarial, estuvo trabajando, pasándole de oficio a una situación administrativa distinta de aquella".

TERCERA . - Las alegaciones de las partes.

A) El recurso de casación de la parte actora.

Aduce como motivo único la infracción de los artículos 39.3 de la Ley 39/2015 y 103 de la LJCA, así como la jurisprudencia de esta Sección y Sala relativa a la eficacia retroactiva de los actos administrativos que ponen fin a un proceso selectivo declarando derechos en favor de interesados, dictados en sustitución y desarrollo de otros previos anulados judicialmente y que determinaron la exclusión de aspirantes de aquel. Considera que la sentencia recurrida resulta contraria a dichas normas y a la jurisprudencia de la Sala, que no permite ni habilita a la Administración para dictar actos administrativos con eficacia retroactiva que comporten efectos desfavorables para el interesado, como en este caso son las resoluciones de la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana de 2 de febrero de 2022 y de 11 de abril de 2022, que excluyeron el periodo entre el 22 de marzo de 2010 y el 29 de enero de 2019, en que el recurrente prestó servicios como funcionario interino y posteriormente de carrera de la Universidad Politécnica de Valencia, del efecto retroactivo acordado judicialmente, declarándole en situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público durante ese lapso temporal. Con esa decisión se le priva de casi 9 años de antigüedad en el Cuerpo al que había accedido, al no considerar todo ese periodo de tiempo como de servicio activo en la Administración de la Generalitat.

Continúa indicando que la Administración no puede reescribir su vida laboral borrando o manteniendo lo que interese para cercenar o limitar sus derechos, pues se trata de recomponer su frustrada carrera funcionarial en la Administración de la Generalitat, y no de completarla sólo con los periodos no trabajados en otras empresas o administraciones. Y es que el trabajo que el actor desempeñó como tal funcionario interino en la Universidad Politécnica de Valencia, desde el 22 de marzo de 2010 hasta el 29 de enero de 2019, no es sino consecuencia de las incorrectas decisiones o actos administrativos dictados por dicha Administración, que fueron anulados por la sentencia nº 542/2017 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; y por tanto, los perjuicios que se deriven de esa incorrecta actuación, deben recaer sobre la propia Administración de la Generalitat (principio de responsabilidad); pues como dice la Sentencia nº 1333/2022 de esta Sala, que se cita en el auto de admisión de este recurso de casación, "No puede una actuación ilegal de la Administración erigirse en perjuicio añadido para el interesado."

Añade que si al final se le tienen que reconocer al actor todos esos años desde que debió haber sido nombrado y tomado posesión del puesto hasta que efectivamente tomó posesión del mismo, como antigüedad en el Cuerpo y a efectos de trienios y de carrera profesional, lo es completamente al margen de las decisiones que el actor tuvo forzosamente que tomar durante ese largo periodo (desde 2008 a 2021) para no quedarse sin trabajo y por tanto para subsistir; y no cabe pues inventarse en perjuicio del mismo, una excedencia con efectos de 22 de marzo de 2010 y hasta el 29 de enero de 2019, que no se sabe si realmente hubiera pedido o necesitado pedir en aquella fecha, porque de haber cumplido la Administración con lo que en derecho correspondía, en ese momento estaría trabajando como funcionario de carrera y del Cuerpo A1-06 para la Generalitat y no hubiera tenido que trabajar en ningún momento como interino para la Universidad Politécnica de Valencia.

Concluye solicitando que (...)" con estimación del recurso de Casación, se case y anule la Sentencia nº 988/2023 de 23 de noviembre de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana , por la que se desestima el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia nº 81/2023 de 9 de marzo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Valencia , por la que se desestimó el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto contra las Resoluciones de 2 de febrero de 2022 y 11 de abril de 2022 de la Dirección General de Función Pública de la Consellera de Justicia, Interior y Administración pública de la Generalitat Valenciana, por las que se declaró al Sr. Gabino en excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público con efectos de 22 de marzo de 2010 y hasta el 29 de enero de 2019, e incorporarlo al sistema de carrera profesional horizontal reconociéndole su encuadramiento en el GDP I del Subgrupo A1 con efectos de 11 de marzo de 2022 y con una antigüedad de sólo 5 años".

B) La oposición de la Generalitat Valenciana.

Sostiene que los efectos retroactivos de conlleva la superación de un proceso selectivo, cuando la impugnación de los actos de exclusión de este resulta estimada en vía judicial, no pueden contravenir el ordenamiento jurídico. Por eso, resultaba procedente, como hizo la Administración recurrida, la declaración del Sr. Gabino en la situación de excedencia voluntaria, puesto que lo contrario supondría una vulneración de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y de situaciones administrativas, en particular del art. 1 de la Ley 53/1984. Resulta obvio, a su juicio, que la pretensión de la parte actora viene a contrariar dicho precepto, pues pretende que, en un mismo periodo de tiempo, se le reconozcan servicios brindados a dos entes públicos, la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia, siendo así que tal situación resulta jurídicamente inviable.

En este mismo sentido, invoca el art. 85.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 146 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que, en uso de la habilitación del citado Estatuto Básico, contempla, como una de las situaciones de excedencia voluntaria, la automática por prestar servicios en el sector público. Por ello, lo que no pudo reconocer la Generalitat Valenciana es que la retroacción de los efectos que conlleva la situación a la que nos enfrentamos permita la ocupación, siquiera ficticiamente, de dos puestos en el sector público, ya que, estando vetada tal posibilidad en la legislación básica estatal, lo procedente es la declaración de excedencia en uno de los dos puestos de trabajo.

A lo anterior añade que era precisa la corrección del grado de carrera horizontal reconocido por la Administración, puesto que una valoración diferente supondría una vulneración de la legislación vigente esta materia. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, la progresión en los grados de la carrera profesional no depende exclusivamente del mero transcurso del tiempo o antigüedad, sino que requiere también necesariamente de la justificación de unos méritos, tales como la impartición o asistencia a cursos, la realización de publicaciones, la participación en proyectos de investigación. En el caso de que se otorgase eficacia retroactiva en esta materia, no sólo se estaría vulnerando toda la normativa que ha quedado expuesta, sino que también se vulneraría el principio de igualdad entre los empleados públicos de la Generalitat, por cuanto que los otros funcionarios que aprobaron la misma oposición que el Sr. Gabino, sí que habrían tenido que cumplir con la exigencia de estos méritos para progresar en su carrera profesional mientras que a él no se le aplicaría tal necesidad.

Por todo ello, solicita la desestimación del recurso de casación.

CUARTO. - El juicio de la Sala. La doctrina casacional.

1.- En nuestro examen de los puntos controvertidos debemos comenzar por dilucidar si la resolución adoptada por la Administración recurrida, y confirmada por el Juzgado de instancia y la Sala de apelación, se ajustó a derecho en su interpretación de lo acordado por el TSJ de la Comunidad Valenciana en su auto de 7 de abril de 2021, en el incidente de ejecución de la sentencia del mismo tribunal 542/2017, de 30 de noviembre, que estimó la solicitud de los recurrentes "en el punto relativo a la fecha de efectos administrativos y económicos, que deben reconocerse a la fecha de la toma de posesión de los primeros aprobados en la convocatoria que nos ocupa, sin perjuicio de tener en cuenta los haberes que en su caso hubieren percibido en el periodo comprendido en la presente resolución".

Esto es, si la interpretación que hizo la Administración recurrida de la retroacción de efectos administrativos al 5 de mayo de 2008 -fecha de ingreso de los aprobados en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido el recurrente-, pero excluyendo el periodo entre el 22 de marzo de 2010 y el 29 de enero de 2019, en que el recurrente prestó servicios como funcionario interino y posteriormente de carrera de la Universidad Politécnica de Valencia, declarándole en situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público, cabe entenderla como adecuada a la resolución judicial ejecutada, y a la jurisprudencia de esta Sala en supuestos como el examinado.

Si nuestra respuesta es afirmativa, habrá que decidir después si el procedimiento seguido para la adopción de la resolución de 2 de febrero de 2022 -objeto del recurso contencioso-administrativo del que trae causa este proceso de casación-, al revocar y dejar sin efecto su anterior resolución de 11 de junio de 2021 -que extendió los efectos administrativos de la toma de posesión del recurrente al 5 de mayo de 2008-, sin dar audiencia al interesado, se ajustó a las previsiones que para la revocación de los actos administrativos establece la Ley 39/2015.

2.- Con carácter previo es preciso advertir que la Administración recurrida dio cumplimiento al auto de ejecución de la Sala de apelación de 7 de abril de 2021 en su primera resolución de 11 de junio de 2021, que extendió los efectos administrativos de la toma de posesión del recurrente al 5 de mayo de 2008. Lo que hizo la resolución administrativa posterior de 2 de febrero de 2022 fue revocar la de 5 de junio, dejándola sin efectos y dictando otra con un contenido diferente. Esto es, llevó a cabo una modificación de un acto administrativo firme que había adoptado más de siete meses después.

Igualmente, debemos aclarar también que esta Sala entiende que la revocación llevada a cabo por la Administración demandada en su resolución de 2 de febrero de 2022 lo fue de un acto administrativo declarativo de derechos, pues la resolución de 11 de junio de 2021 había reconocido al recurrente que los efectos administrativos de su toma de posesión debían extenderse retroactivamente hasta el 5 de mayo de 2008, más de trece años antes de su efectiva incorporación a la Administración. Por ello, entendemos que la resolución cuestionada tiene efectos nítidamente desfavorables para al recurrente, pues la resolución de 2 de febrero de 2022 le privó de casi nueve años de antigüedad en la Administración que le habían sido reconocidos mediante un acto administrativo firme anterior, la resolución de 11 de junio de 2021. Cuestión distinta es si, pese a ello, la nueva decisión se ajustó a derecho en cuanto al fondo, y, de ser así, si se siguió el procedimiento legal establecido para su adopción, que es lo que analizaremos a continuación.

3.- En el examen del fondo del asunto controvertido, debemos referirnos a las dos sentencias de esta Sala que se citan en el auto de admisión, la 1333/2022, de 20 de octubre, y la 1659/2024, de 21 de octubre.

La STS 1333/2022, recuerda nuestra reiterada y uniforme jurisprudencia ( SSTS de 26 de diciembre de 2012, rec. 144/2012, 29 de enero, 4 de febrero y 31 de julio de 2014, rec. 3201/2012, 3886/2012 y 3779/2013, de 13 y 31 de julio de 2016, rec. 2036/2014 y 3779/2013, y 7 de febrero de 2018, rec. 3014/2015) sobre la exigencia de extensión con carácter retroactivo de los efectos de los nombramientos de funcionarios públicos que fueron indebidamente excluidos de un proceso selectivo a la fecha en que fueron nombrados los que superaron ese proceso selectivo. Esta jurisprudencia es la que han aplicado los órganos judiciales de instancia y apelación en la controversia que nos ocupa y su sentido es restablecer en la medida de lo posible los prejuicios causados a los interesados como consecuencia de actuaciones administrativas declaradas ilegales por un órgano judicial. Conviene recordar este aspecto en nuestro razonamiento.

Por otra parte, en la STS 1659/2024 aclaramos que los efectos a los que debe retrotraerse el nombramiento de un funcionario que fue indebidamente excluido de un proceso selectivo, y así fue declarado por una resolución judicial, no alcanzan a la percepción de las retribuciones dejadas de percibir antes de su toma de posesión, sin perjuicio de que, en su caso, pueda reclamarlas como pretensión indemnizatoria específica.

Ninguna de estas sentencias entra directamente, por tanto, en las cuestiones que aquí se nos plantean.

4.- Para verificar la legalidad de la decisión administrativa controvertida debemos descartar de antemano que el artículo 39.3 de la Ley 39/015 le pueda proporcionar cobertura jurídica. Dicho precepto señala que "excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas".

Es patente, y lo hemos explicado ya, que el acto no produce efectos favorables al interesado. Pero tampoco se trata de un acto que se dicte en sustitución de otro acto anulado. En primer lugar, porque la resolución cuestionada lo que revocó fue un acto administrativo firme anterior adoptado por ese misma Administración para dar cumplimiento a una resolución judicial. Fue ese acto administrativo anterior- la resolución de 11 de junio de 2021- el que dio cumplimiento al auto de la Sala de apelación de 7 de abril de 2021, retrotrayendo los efectos administrativos del nombramiento del recurrente. Lo que hizo la decisión administrativa impugnada -la resolución de 2 de febrero de 2022 - fue revocar, de forma desfavorable para el interesado, la anterior resolución firme, que no había sido anulada por ningún órgano judicial.

Pero, además, porque la finalidad de la retroactividad autorizada excepcionalmente por ese precepto legal es compensar los perjuicios que haya podido causar un acto administrativo posteriormente anulado, en los términos que haya podido acordar un órgano judicial o, en su caso, administrativo.

5.- Descartado el anterior fundamento posible del acto recurrido, debemos decir ya que esta Sala no comparte los argumentos de la Sala de instancia y que entiende que la interpretación de la ejecución de la sentencia 542/2017, de 30 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, hecha por la resolución administrativa cuestionada no se ajustó a nuestro ordenamiento jurídico.

En primer lugar, porque no se puede aplicar el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos a quien no tenía una vinculación estatutaria con la Administración. No sólo porque no le eran exigibles al interesado unas obligaciones frente a una Administración que carecía de potestad para exigirlas, sino también porque ello resulta contrario a la finalidad de este tipo de figura jurídica. Con el establecimiento legal de unos supuestos de incompatibilidad de los servidores públicos se pretende que los afectados ejerzan las funciones públicas que les correspondan con independencia, ausencia de influencias externas y plena dedicación. Carece de sentido, por tanto, aplicar este régimen a quien no forma parte de una administración ni ejerce funciones públicas.

6.- Hay otros argumentos adicionales que refuerzan este criterio. Así, si admitiéramos a efectos dialécticos que en un supuesto como el aquí considerado la reconstrucción de la vida estatutaria del funcionario debe extenderse al régimen de incompatibilidades, el resultado nos llevaría al absurdo de tener que exigirle que durante el tiempo en el que no formaba parte de la Administración no pudiera realizar actividades retribuidas que fueran incompatibles con dicho régimen.

Además, obligaría a que en estos casos la Administración, antes de extender retroactivamente los efectos administrativos del nombramiento del nuevo funcionario, recabara del interesado los datos sobre las actividades realizadas durante ese periodo, para verificar si incurrían en incompatibilidad y, en consecuencia, descontarlo de los efectos retroactivos que debía aplicar.

7.- Por otra parte, no pueden acogerse los argumentos aducidos por la representación de la Administración demandada, puesto que lo que se cuestiona con ellos es la eficacia retroactiva acordada en sede judicial. Es obvio que esos efectos retroactivos suponen una ficción ya que el interesado no pudo prestar servicios a la Administración antes de su toma de posesión. Pero la razón de ser de esa ficción es una actuación administrativa declarada ilegal por una resolución judicial firme, que obliga a resarcir los perjuicios causados a los afectados, extendiendo los efectos administrativos en aspectos como la antigüedad y la carrera a la fecha en que podrían haberse incorporado. Por ello, en ese periodo no resulta de aplicación la normativa sobre régimen de incompatibilidades, ni tampoco la relativa a la carrera administrativa.

8.- Por estos motivos, entendemos que la limitación de la retroactividad de los efectos administrativos de la toma de posesión, hecha por la Administración recurrida, excluyendo el periodo en que prestó servicios en otra Administración, por considerar que esa actividad era contraria al régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos, no resulta conforme con nuestro ordenamiento jurídico, puesto que llevó a cabo una interpretación restrictiva de lo acordado en una sentencia judicial sin fundamento en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, aplicando un régimen jurídico como el de incompatibilidades a quien no estaba sujeto al mismo por no formar parte de la Administración afectada, y proporcionando por ello al recurrente un trato discriminatorio contrario al artículo 14 de la Constitución.

9.- Esta decisión hace innecesario el examen de la regularidad del procedimiento seguido para la adopción de la resolución cuestionada.

10.- De lo razonado se desprende la siguiente respuesta a la cuestión de interés casacional planteada: "la Administración, tras una sentencia que ha ordenado la retroacción de un proceso selectivo y la repetición de algún ejercicio para algún aspirante que, finalmente, lo supera, no puede, en ejecución de la resolución judicial que ordena que se reconozcan a este aspirante los efectos administrativos desde la fecha de toma de posesión de los primeros aprobados, no considerar como tiempo de servicio activo aquellos períodos de tiempo en los que el aspirante, antes de adquirir su condición funcionarial, estuvo trabajando, pasándole de oficio a una situación administrativa distinta de aquella".

QUINTO . - La aplicación de la doctrina casacional al caso. La estimación del recurso de casación.

La aplicación de la doctrina casacional al caso lleva a la estimación del recurso de casación y a la consiguiente anulación de la sentencia recurrida.

Así mismo procede estimar el recurso de apelación planteado por la parte actora contra la sentencia 81/2023, de 9 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia, anulándola.

Finalmente, debemos estimar el recurso contencioso-administrativo 296/2022 presentado por el recurrente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia frente a la resolución de la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana de 2 de febrero de 2022, por la que se resuelve regularizar la situación administrativa del recurrente, declarándole en situación administrativa de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público con efectos del 22 de marzo de 2010 hasta el 29 de enero de 2019, y frente a la resolución de esa misma Dirección General de 11 de abril de 2022 por la que se anula la resolución de 21 de diciembre de 2019, de encuadramiento inicial del recurrente en el sistema de carrera profesional, anulando ambas resoluciones. Así mismo, debemos reconocer el derecho del recurrente a que se le considere en situación de servicio activo desde el 5 de mayo de 2008, con los efectos económicos y administrativos correspondientes declarados en el auto de la Sala de apelación de 7 de abril de 2021.

SEXTO . - Costas.

1.- En lo que se refiere a las costas del recurso de casación, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, conforme a lo establecido en el artículo 94.4 de la LJCA.

2.- En cuanto a las costas de la instancia y de la apelación, no se imponen a ninguna de las partes puesto que la Sala entiende que el caso presentaba serias dudas de derecho, como se desprende del criterio contrario seguido por el Juzgado de instancia y la Sala de apelación, todo ello con arreglo a lo establecido en el artículo 139 de la LJCA.