Sentencia Contencioso-Administrativo 635/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1004/2024 de 25 de mayo del 2026

PRIMERO . - Los términos del litigio y la sentencia recurrida.

1.- El origen del litigio se remonta a la ejecución de la sentencia 542/2017, de 30 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que estimó el recurso de la parte actora en este recurso y acordó la nulidad del acuerdo de 15 de enero de 2007 del tribunal de la convocatoria 44/2004 de las pruebas de acceso al Grupo A, turno libre, Administración Especial, Informáticos por el que se dispuso la publicación de los opositores que habían superado la segunda parte de la prueba y la fase de oposición de la convocatoria con la puntuación obtenida en la misma. La resolución, además, reconoció "como situación jurídica individualizada el derecho del demandante a la retroacción de las actuaciones, a fin de que se le convoque de nuevo al segundo ejercicio práctico de la fase de oposición, acordándose y haciéndose públicos los criterios de corrección del mismo antes de su celebración en especial los relativos a los valores porcentuales de cada apartado; repetición del ejercicio que no afectará a los aspirantes que resultaron ya seleccionados en su momento por aplicación de los principios de buena fe y confianza legítima, sino al actor y en su caso al resto de aspirantes que no superaron el citado segundo ejercicio".

2.- En ejecución de la citada sentencia 542/2017, la misma Sala, mediante auto de 7 de abril de 2021, estimó la solicitud de la parte actora y otros interesados, acordó " dejar sin efecto por no ser ajustada a Derecho la resolución de la Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas de 30/noviembre/2020 por la que se adjudican los destinos a quienes han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Administración especial, informática, acceso libre, convocatoria 44/04, en ejecución de la sentencia 542/2017, de esta Sala y Sección, en el punto relativo a la fecha de efectos administrativos y económicos, que deben reconocerse a la fecha de la toma de posesión de los primeros aprobados en la civa que nos ocupa, sin perjuicio de tener en cuenta los haberes que en su caso hubieran percibido en el periodo contemplado en la presente ejecución".

3.- Mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública de la Generalitat Valenciana de 12 de mayo de 2021 se nombró al recurrente como funcionario de carrera, tomando posesión el 1 de junio. Sin embargo, mediante resolución administrativa de 11 de junio de 2021, y en ejecución del referido auto de 7 de abril de 2021, se reconoció que los efectos de la toma de posesión se retrotraían al 5 de mayo de 2008.

4.- Con fecha 24 de mayo de 2021, el recurrente, una vez nombrado funcionario de carrera pero antes de su toma de posesión, solicitó que se le concediese la excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público, solicitud que se le reconoció mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública de 11 de junio de 2021, con efectos de 1 de junio de ese año.

5.- Cuatro meses después, una nueva resolución de la Dirección General de la Función Pública de 21 de octubre de 2021 dejó sin efecto la resolución del pasado 11 de junio y declaró al recurrente en situación de excedencia voluntaria por interés particular del 6 de abril de 2016 al 19 de mayo de 2021, y desde el 20 de mayo de 2021 en situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público. El motivo invocado fue que el interesado había estado prestando servicios como funcionario interino del Ayuntamiento de Valencia desde el 6 de abril de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129.2 de la Ley 10/2010 para el primer periodo y el artículo 151 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana para el segundo. Esta resolución se adoptó sin haber dado audiencia al interesado.

6.- Contra la referida resolución administrativa de 21 de octubre de 2021, el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia, solicitando su anulación. El recurso fue desestimado mediante sentencia 39/2023, de 7 de febrero, sin imposición de costas.

En su argumentación el Juzgado de instancia sostuvo que la administración demandada se vio obligada a resolver la situación que suponía la determinación retroactiva por decisión judicial de los efectos administrativos y económicos a la fecha de 5 de mayo de 2008, y, a la vista del nombramiento del recurrente como funcionario interino del Ayuntamiento de Valencia desde el 6 de abril de 2016 pasó a declararle en la situación de excedencia voluntaria por interés particular desde el 6 de abril de 2016 hasta el 19 de mayo de 2021, período en el que se encontraba en vigor el artículo 129.1 de la ley 10/2010, y a partir del 20 de mayo de 2021 en la situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público, prevista en el artículo 151 de la ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, tras su entrada en vigor en esta última fecha.

Consideró que no se trató de un acto administrativo con efectos desfavorables para al recurrente, sino de la formalización de los efectos del contenido de una decisión judicial. La decisión administrativa no respondería a lo que había solicitado el recurrente, sino a la debida plasmación de lo que había sido declarado por el auto cuya ejecución se llevaba a cabo.

7.- Contra la sentencia de instancia, la parte actora en este proceso presentó recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que, en su sentencia 39/2023, de 7 de febrero, lo desestimó con imposición de costas al recurrente.

En su motivación señaló, en primer lugar, que la resolución administrativa discutida mantiene y no elimina la excedencia que concedió al demandante de conformidad con lo solicitado por él. Lo que hace es ampliarla, sin su solicitud, a un período anterior. No estamos, por tanto, propiamente, ante la revocación de un acto favorable que exija acudir a alguno de los mecanismos de revisión de actos firmes previstos en los artículos 106 a 111 de la Ley 39/2015.

Y, en segundo lugar, en cuanto a que dicha excedencia ha sido declarada de oficio por la Administración sin que se haya solicitado por el demandante, una vez que por auto de 7 de abril de 2021 de la misma sala y sección se determinó que los efectos debían reconocerse desde la fecha de toma de posesión de los primeros aprobados, dicha Administración se vio en la necesidad de determinar en qué situación había quedado el demandante durante el tiempo en que había estado prestando servicios para el Ayuntamiento de Valencia, acordando la declaración de excedencia voluntaria en los términos ya indicados. Se trata de excedencias que no han de ser necesariamente solicitadas por el interesado, sino que la administración ha de declarar de oficio cuando se produce la situación que da lugar a las mismas, que no es otra que la de estar prestando servicios para otra administración, bien como interino, bien como titular.

SEGUNDO . - La cuestión de interés casacional.

La Sección de Admisión de esta Sala, mediante auto de 13 de noviembre de 2024, declaró como cuestión de interés casacional objetivo, "a fin de completar, matizar o reforzar la doctrina ya existente, plasmada en las sentencias n.º 1333/2022 y 1659/2024 antes referidas, si la Administración, tras una sentencia que ha ordenado la retroacción de un proceso selectivo y la repetición de algún ejercicio para algún aspirante que, finalmente, lo supera, puede, en ejecución de la resolución judicial que ordena que se reconozcan a este aspirante los efectos administrativos desde la fecha de toma de posesión de los primeros aprobados, no considerar como tiempo de servicio activo aquellos períodos de tiempo en los que el aspirante, antes de adquirir su condición funcionarial, estuvo trabajando, pasándole de oficio a una situación administrativa distinta de aquella".

TERCERA . - Las alegaciones de las partes.

A) El recurso de casación de la parte actora.

Aduce como motivo único la infracción de los artículos 39.3 de la Ley 39/2015 y 103 de la LJCA, así como la jurisprudencia de esta Sección y Sala

relativa a la eficacia retroactiva de los actos administrativos que ponen fin a un proceso selectivo declarando derechos en favor de interesados, dictados en sustitución y desarrollo de otros previos anulados judicialmente y que determinaron la exclusión de aspirantes de aquel. Considera que la sentencia recurrida resulta contraria a dichas normas y a la jurisprudencia de la Sala, que no permite ni habilita a la Administración para dictar actos administrativos con eficacia retroactiva que comporten efectos desfavorables para el interesado, como en este caso es la resolución de 21 de octubre de 2021 de la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana que declara al actor en excedencia voluntaria con efectos retroactivos de 6 de abril de 2016 por haber estado trabajando desde esa fecha en el Ayuntamiento de Valencia como funcionario interino; y que por tanto, le priva con ello de más de 5 años de antigüedad en dicho Cuerpo, al no considerar todo ese tiempo como de servicio activo en la Administración de la Generalitat.

Sostiene que no puede ni debe presumirse lo que el demandante hubiera hecho en abril de 2016 de haber estado realmente en activo en el Cuerpo A1-06 Superior Técnico de Ingeniería en Informática de la Administración de la Generalitat como hubiera correspondido en una correcta actuación administrativa. Por lo que, más allá de descontar los haberes que se percibieron por ese trabajo a la hora de calcular las diferencias retributivas a abonar (efectos económicos), para que no exista un enriquecimiento injusto, como dispuso expresamente el auto de 7 de abril de 2021 del TSJ de la Comunidad Valenciana, la Administración no puede reescribir su vida laboral borrando o manteniendo lo que interese para cercenar o limitar sus derechos, pues se trata de recomponer su frustrada carrera funcionarial en la Administración de la Generalitat, y no de completarla sólo con los periodos no trabajados en otras empresas o administraciones. El trabajo que el actor desempeñó como tal funcionario interino en el Ayuntamiento de Valencia no es sino consecuencia de las incorrectas decisiones o actos administrativos dictados por dicha Administración, que fueron anulados por la sentencia del TSJ 542/2017. No cabe pues inventarse en perjuicio del mismo, una excedencia con efectos de 6 de abril de 2016, que no se sabe si realmente hubiera pedido o necesitado pedir en aquella fecha, porque de haber cumplido la Administración con lo que en derecho correspondía, en ese momento estaría trabajando como funcionario de carrera del Cuerpo al que se presentó.

Señala también que la resolución administrativa de 28 de junio de 2021, que reconoció al actor una excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público con efectos de 1 de junio de 2021, era un acto administrativo favorable al interesado que no ha sido anulada por los cauces legales para ello ni anulada por resolución judicial, sino simplemente dejada sin efecto o modificada unilateralmente en su fecha de efectos por la Administración; y tampoco la eficacia retroactiva que a la excedencia voluntaria se le da por la resolución de 21 de octubre de 2021 produce efecto favorable alguno para el interesado, pues le resta antigüedad como funcionario de carrera. Todo ello resulta contrario al artículo 39.3 de la Ley 39/2015 y a los principios de buena fe y confianza legítima ( artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015), así como al artículo 103.4 de la LJCA, puesto que sobrepasa manifiestamente los límites del ejercicio de la obligación de ejecutar lo fallado, causando un claro daño o perjuicio añadido para el actor.

Indica finalmente que, de admitirse y confirmarse la legalidad de este tipo de decisiones, la Administración a partir de ahora, en todas las ejecuciones de Sentencia en las que se trate de nombrar funcionarios de carrera con efectos retroactivos, tendría vía libre para resolver y declarar de oficio que todos ellos estaban en la situación de excedencia voluntaria, bastando para ello que hayan trabajado para una empresa privada u otra administración durante el proceso judicial. Lo que. A su juicio, sucederá en todos los casos, pues resulta evidente que cualquier persona que no supera una prueba selectiva y recurre judicialmente el resultado de la misma, se ve obligada a buscar trabajo dentro o fuera de la Administración pública mientras se tramita y resuelve definitivamente el mismo.

Concluye solicitando que "con estimación del recurso de Casación, se case y anule la Sentencia nº 987/2023 de 23 de noviembre de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana , por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia nº 39/2023 de 7 de febrero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Valencia , por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 21 de octubre de 2021 de la Dirección General de Función Pública de la Consellera de Justicia, Interior y Administración pública, por la que se dejó sin efecto la resolución de 28 de junio de 2021 de concesión al Sr. Jorge de una excedencia voluntaria con efectos de 1 de junio de 2021, y se le concede de nuevo con efectos retroactivos de 6 de abril de 2016".

B) La oposición de la Generalitat Valenciana.

Solicita la desestimación del recurso por los motivos detallados en la sentencia recurrida. La actuación llevada a cabo por la Administración recurrida responde al cumplimiento de una decisión judicial así como a la aplicación de la legislación conforme a sus periodos de vigencia. Como consecuencia del del auto de 7 de abril de 2021, la Administración debía resolver en qué condición se encontraba el demandante durante el período en que prestó servicios en el Ayuntamiento de Valencia. Tras dicho análisis, concluyó que, en un primer momento, la situación administrativa aplicable era la de excedencia voluntaria por interés particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 129.2 de la Ley 10/2010. Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley 4/2021 el 20 de mayo de 2021, su situación pasó a ser la de excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público, de acuerdo con el artículo 151 de dicha norma.

Indica también que la Administración no ha eliminado la excedencia concedida al demandante conforme a su solicitud original, sino que, por el contrario, ha extendido su duración a un período anterior sin que existiera petición expresa en tal sentido. En consecuencia, no nos encontramos ante una revocación de un acto favorable que requiera acudir a los mecanismos de revisión de actos firmes previstos en los artículos 106 a 111 de la Ley 39/2015. En su lugar, lo que se ha producido es una modificación en la eficacia temporal de la resolución inicial.

A lo anterior añade que no se ha producido una aplicación indebida de la retroactividad, sino que la actuación administrativa ha obedecido al cumplimiento de una resolución judicial firme, y que esa aplicación de la retroactividad no ha generado ningún perjuicio para terceros, pues la modificación de la situación administrativa del recurrente no ha afectado derechos o intereses de otras personas, sino que ha garantizado la aplicación del principio de igualdad, asegurando que el recurrente recibiera el mismo tratamiento que los demás aspirantes que superaron el proceso selectivo en la convocatoria 44/04.

Finalmente, sostiene que la Administración no ha vulnerado el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, ya que su actuación se ha ajustado a la legalidad vigente y ha obedecido exclusivamente al cumplimiento de un mandato judicial firme. No se trata de una decisión administrativa que perjudique al recurrente, sino de la materialización de los efectos derivados de un pronunciamiento judicial firme. Por todo ello pide la desestimación del recurso.

CUARTO . - El juicio de la Sala. La doctrina casacional.

1.- En nuestro examen de los puntos controvertidos debemos comenzar por dilucidar si la resolución adoptada por la Administración recurrida, y confirmada por el Juzgado de instancia y la Sala de apelación, se ajustó a derecho en su interpretación de lo acordado por el TSJ de la Comunidad Valenciana en su auto de 7 de abril de 2021, en el incidente de ejecución de la sentencia del mismo tribunal 542/2017, de 30 de noviembre, que estimó la solicitud de los recurrentes "en el punto relativo a la fecha de efectos administrativos y económicos, que deben reconocerse a la fecha de la toma de posesión de los primeros aprobados en la convocatoria que nos ocupa, sin perjuicio de tener en cuenta los haberes que en su caso hubieren percibido en el periodo comprendido en la presente resolución".

Esto es, si la interpretación que hizo la Administración recurrida de la retroacción de efectos administrativos al 5 de mayo de 2008 -fecha de ingreso de los aprobados en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido el recurrente-, pero excluyendo el periodo entre 2016 y 2021 en que el interesado desempeñó sus servicios como funcionario interino en el Ayuntamiento de Valencia, cabe entenderla como adecuada a la resolución judicial ejecutada, y a la jurisprudencia de esta Sala en supuestos como el examinado.

Si nuestra respuesta es afirmativa, habrá que decidir después si el procedimiento seguido para la adopción de la resolución de 21 de octubre de 2021 -objeto del recurso contencioso-administrativo del que trae causa este proceso de casación-, al revocar y dejar sin efecto su anterior resolución de 11 de junio de 2021 -que extendió los efectos administrativos de la toma de posesión del recurrente al 5 de mayo de 2008-, sin dar audiencia al interesado, se ajustó a las previsiones que para la revocación de los actos administrativos establece la Ley 39/2015.

2.- Con carácter previo es preciso advertir que la Administración recurrida dio cumplimiento al auto de ejecución de la Sala de apelación de 7 de abril de 2021 en su primera resolución de 11 de junio de 2021, que extendió los efectos administrativos de la toma de posesión del recurrente al 5 de mayo de 2008. Lo que hizo la resolución administrativa posterior de 21 de octubre de 2021 fue revocar la de 5 de junio, dejándola sin efectos y dictando otra con un contenido diferente. Esto es, llevó a cabo una modificación de un acto administrativo firme que había adoptado cuatro meses antes.

Igualmente, debemos aclarar también que esta Sala entiende que la revocación llevada a cabo por la Administración demandada en su resolución de 21 de octubre de 2021 lo fue de un acto administrativo declarativo de derechos, pues la resolución de 11 de junio de 2021 había reconocido al recurrente que los efectos administrativos de su toma de posesión debían extenderse retroactivamente hasta el 5 de mayo de 2008, más de trece años antes de su efectiva incorporación a la Administración. Por ello, entendemos que la resolución cuestionada tiene efectos nítidamente desfavorables para al recurrente, pues la resolución de 21 de octubre de 2021 le privó de más de cinco años de antigüedad en la Administración que le habían sido reconocidos mediante un acto administrativo firme anterior, la resolución de 11 de junio de 2021. Cuestión distinta es si, pese a ello, la nueva decisión se ajustó a derecho en cuanto al fondo, y, de ser así, si se siguió el procedimiento legal establecido para su adopción, que es lo que analizaremos a continuación.

3.- En el examen del fondo del asunto controvertido, debemos referirnos a las dos sentencias de esta Sala que se citan en el auto de admisión, la 1333/2022, de 20 de octubre, y la 1659/2024, de 21 de octubre.

La STS 1333/2022, recuerda nuestra reiterada y uniforme jurisprudencia ( SSTS de 26 de diciembre de 2012, rec. 144/2012, 29 de enero, 4 de febrero y 31 de julio de 2014, rec. 3201/2012, 3886/2012 y 3779/2013, de 13 y 31 de julio de 2016, rec. 2036/2014 y 3779/2013, y 7 de febrero de 2018, rec. 3014/2015) sobre la exigencia de extensión con carácter retroactivo de los efectos de los nombramientos de funcionarios públicos que fueron indebidamente excluidos de un proceso selectivo a la fecha en que fueron nombrados los que superaron ese proceso selectivo. Esta jurisprudencia es la que han aplicado los órganos judiciales de instancia y apelación en la controversia que nos ocupa y su sentido es restablecer en la medida de lo posible los prejuicios causados a los interesados como consecuencia de actuaciones administrativas declaradas ilegales por un órgano judicial. Conviene recordar este aspecto en nuestro razonamiento.

Por otra parte, en la STS 1659/2024 aclaramos que los efectos a los que debe retrotraerse el nombramiento de un funcionario que fue indebidamente excluido de un proceso selectivo, y así fue declarado por una resolución judicial, no alcanzan a la percepción de las retribuciones dejadas de percibir antes de su toma de posesión, sin perjuicio de que, en su caso, pueda reclamarlas como pretensión indemnizatoria específica.

Ninguna de estas sentencias entra directamente, por tanto, en las cuestiones que aquí se nos plantean.

4.- Para verificar la legalidad de la decisión administrativa controvertida debemos descartar de antemano que el artículo 39.3 de la Ley 39/015 le pueda proporcionar cobertura jurídica. Dicho precepto señala que "excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas".

Es patente, y lo hemos explicado, ya que el acto no produce efectos favorables al interesado. Pero tampoco se trata de un acto que se dicte en sustitución de otro acto anulado. En primer lugar, porque la resolución cuestionada lo que revocó fue un acto administrativo firme anterior adoptado por ese misma Administración para dar cumplimiento a una resolución judicial. Fue ese acto administrativo anterior- la resolución de 11 de junio de 2021- el que dio cumplimiento al auto de la Sala de apelación de 7 de abril de 2021, retrotrayendo los efectos administrativos del nombramiento del recurrente. Lo que hizo la decisión administrativa impugnada -la resolución de 21 de octubre de 2021- fue revocar, de forma desfavorable para el interesado, la anterior resolución firme, que no había sido anulada por ningún órgano judicial.

Pero además, porque la finalidad de la retroactividad autorizada excepcionalmente por ese precepto legal es compensar los perjuicios que haya podido causar un acto administrativo posteriormente anulado, en los términos que haya podido acordar un órgano judicial o, en su caso, administrativo.

5.- Descartado el anterior fundamento posible del acto recurrido, debemos decir ya que esta Sala no comparte los argumentos de la Sala de instancia y que entiende que la interpretación de la ejecución de la sentencia 542/2017, de 30 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, hecha por la resolución administrativa cuestionada no se ajustó a nuestro ordenamiento jurídico.

En primer lugar, porque no se puede aplicar el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos a quien no tenía una vinculación estatutaria con la Administración. No sólo porque no le eran exigibles al interesado unas obligaciones frente a una Administración que carecía de potestad para exigirlas, sino también porque ello resulta contrario a la finalidad de este tipo de figura jurídica. Con el establecimiento legal de unos supuestos de incompatibilidad de los servidores públicos se pretende que los afectados ejerzan las funciones públicas que les correspondan con independencia, ausencia de influencias externas y plena dedicación. Carece de sentido, por tanto, aplicar este régimen a quien no forma parte de una administración ni ejerce funciones públicas.

6.- Hay otros argumentos adicionales que refuerzan este criterio. Así, si admitiéramos a efectos dialécticos que en un supuesto como el aquí considerado la reconstrucción de la vida estatutaria del funcionario debe extenderse al régimen de incompatibilidades, el resultado nos llevaría al absurdo de tener que exigirle que durante el tiempo en el que no formaba parte de la Administración no pudiera realizar actividades retribuidas que fueran incompatibles con dicho régimen.

Además, obligaría a que en estos casos la Administración, antes de extender retroactivamente los efectos administrativos del nombramiento del nuevo funcionario, recabara del interesado los datos sobre las actividades realizadas durante ese periodo, para verificar si incurrían en incompatibilidad y, en consecuencia, descontarlo de los efectos retroactivos que debía aplicar. No hay que olvidar que en el caso enjuiciado la Administración conoció los servicios prestados por el recurrente porque fue él quien, al solicitar la excedencia voluntaria, aportó la información necesaria. Pero, de no haberlo hecho, la Administración no hubiera conocido esos datos ni hubiera adoptado la resolución cuestionada.

7.- Por estos motivos, entendemos que la limitación de la retroactividad de los efectos administrativos de la toma de posesión, hecha por la Administración recurrida, excluyendo el periodo en que prestó servicios en otra Administración, por considerar que esa actividad era contraria al régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos, no resulta conforme con nuestro ordenamiento jurídico, puesto que llevó a cabo una interpretación restrictiva de lo acordado en una sentencia judicial sin fundamento en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, aplicando un régimen jurídico como el de incompatibilidades a quien no estaba sujeto al mismo por no formar parte de la Administración afectada, y proporcionando por ello al recurrente un trato discriminatorio contrario al artículo 14 de la Constitución.

8.- Esta decisión hace innecesario el examen de la regularidad del procedimiento seguido para la adopción de la resolución cuestionada.

9.- De lo razonado se desprende la siguiente respuesta a la cuestión de interés casacional planteada: "la Administración, tras una sentencia que ha ordenado la retroacción de un proceso selectivo y la repetición de algún ejercicio para algún aspirante que, finalmente, lo supera, no puede, en ejecución de la resolución judicial que ordena que se reconozcan a este aspirante los efectos administrativos desde la fecha de toma de posesión de los primeros aprobados, no considerar como tiempo de servicio activo aquellos períodos de tiempo en los que el aspirante, antes de adquirir su condición funcionarial, estuvo trabajando, pasándole de oficio a una situación administrativa distinta de aquella".

QUINTO . - La aplicación de la doctrina casacional al caso. La estimación del recurso de casación.

La aplicación de la doctrina casacional al caso lleva a la estimación del recurso de casación y a la consiguiente anulación de la sentencia recurrida.

Así mismo procede estimar el recurso de apelación planteado por la parte actora contra la sentencia 39/2023 de 7 febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia, anulándola.

Finalmente, debemos estimar el recurso contencioso-administrativo 215/2022 presentado por el recurrente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia frente a la resolución de 21 de octubre de 2021 de la Dirección General de Función Pública de la Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, por la que se dejó sin efecto su anterior resolución de 28 de junio de 2021, anulando la referida resolución. No procede adoptar ninguna otra declaración porque a esa anulación se ciñó la pretensión de la demanda en el proceso de instancia.

SEXTO . - Costas.

1.- En lo que se refiere a las costas del recurso de casación, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, conforme a lo establecido en el artículo 94.4 de la LJCA.

2.- En cuanto a las costas de la instancia y de la apelación, no se imponen a ninguna de las partes puesto que la Sala entiende que el caso presentaba serias dudas de derecho, como se desprende del criterio contrario seguido por el Juzgado de instancia y la Sala de apelación, todo ello con arreglo a lo establecido en el artículo 139 de la LJCA.