Sentencia Contencioso-Administrativo 1748/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1264/2023 de 31 de octubre del 2024

PRIMERO.- Don Hermenegildo, actuando en su propio nombre y representación por su condición de Letrado de las Cortes Generales, interpone recurso contencioso administrativo contra el acto que identifica como la resolución del Secretario General del Congreso de los Diputados de 30 de noviembre de 2023, titulado "Leg. XV Relación de Letrados asignados a Comisiones (por órgano)", y que cita como acto de cese como Letrado adscrito a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, figurando como adscrito a la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Ejercita una pretensión de nulidad con restablecimiento de situación jurídica a la adscripción que como Letrado tenía en la XIV Legislatura, que alcanzaba a las Comisiones Constitucional y de Hacienda y Función Pública.

Esta pretensión la apoya en la vulneración del derecho fundamental de igualdad en la aplicación de la ley y en el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española (CE), que considera vulnerados por el cese en su adscripción a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que califica de acto de remoción atentatorio de sus funciones, ajeno a todo procedimiento y adoptado con vulneración de los límites propios de la discrecionalidad administrativa.

SEGUNDO.- La Administración del Congreso de los Diputados se opone al recurso por razones formales y sustantivas.

En primer término, alega la inadmisibilidad del recurso por dirigirse contra acto no susceptible de impugnación. Considera que la resolución impugnada no integra un verdadero acto administrativo, sino que es una mera decisión de carácter organizativo adoptada por la Dirección de Comisiones en ejercicio de las facultades que le otorgan las Normas de organización de la Secretaría General del Congreso de los Diputados (NOSG), aprobadas por resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 4 de septiembre de 2007 (normas segunda, séptima y octava).

A continuación, y al amparo del artículo 76 de la Ley jurisdiccional 29/1998 (LJCA) aduce la falta de objeto del recurso por satisfacción extraprocesal de las pretensiones ejercitadas y con ello solicita la terminación del proceso. Considera que ha de ser así puesto que, tras la asignación a la Comisión de Hacienda y Función Pública, que le fue comunicada por oficio de la Directora de Comisiones de 4 de diciembre de 2023 (folio 1 del expediente administrativo -EA-), el 18 de diciembre de 2023 la propia Directora de Comisiones le comunicó su adscripción a la Comisión Constitucional (documento 5 del EA), ello como consecuencia de atender las sucesivas peticiones de nueva asignación que el Sr. Hermenegildo había presentado desde el 5 de diciembre de 2023 y referidas tanto a esa como a otras Comisiones. De esta manera, su situación como Letrado adscrito a Comisiones pasó a ser la misma que antes del cambio comunicado el 4 de diciembre de 2023, siendo ahora coincidente con la que había tenido en las dos Legislaturas anteriores (XIII y XIV). Resalta que la demanda solicita, junto a la anulación, la reposición de la adscripción para la Legislatura XV en los términos de la Legislatura XIV.

Ya en cuanto al fondo, solicita la desestimación del recurso negando la concurrencia de los vicios sustantivos alegados en la demanda sobre la vulneración de los derechos de igualdad en el acceso a las funciones públicas, ex artículos 14 y 23.2 de la Constitución, rechazando toda arbitrariedad en la asignación de Comisiones.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal comienza afirmando que la decisión administrativa impugnada, consistente en la adscripción de Letrados de Cortes a las diferentes Comisiones, es susceptible de revisión jurisdiccional puesto que produce efectos jurídicos sobre las condiciones de trabajo del recurrente: "La decisión de reparto de la labor de asesoramiento técnico jurídico afecta a la esfera profesional de los Letrados de la Cámara, entre ellos al ahora recurrente [ arts. 45 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 8.1 del EPCG], así como a las específicas condiciones de trabajo del mismo, pues, a partir de la comunicación recibida por el Sr. Hermenegildo y con efectos desde el día 4 de diciembre de 2023, debería realizar tales funciones de asesoramiento y asistencia técnico-jurídica a la Comisión parlamentaria de Hacienda y Función Pública, que le había sido asignada."

En cuanto al fondo, niega también la vulneración de los derechos de igualdad y en el acceso a las funciones públicas, ex artículos 14 y 23.2 de la Constitución, solicitando la desestimación del recurso.

CUARTO.- Dado el orden de pronunciamientos lógico que incluye el artículo 68 de la LJCA, nuestra decisión debe comenzar por el análisis de la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración del Congreso de los Diputados, consistente en la inexistencia de acto administrativo susceptible de ser impugnado, que se apoya en la consideración de que la resolución de 30 de noviembre de 2023 es de carácter meramente organizativo.

Aunque nada alega el recurrente en su escrito de conclusiones, resolveremos esta cuestión al amparo del artículo 138.1 de la LJCA. Y lo hacemos compartiendo el planteamiento que desarrolla el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones sobre el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la CE y la evidente afectación a la situación profesional y al desempeño de sus funciones propias como Letrado. Es indudable que la nueva adscripción de funciones, quedando excluido de la Comisión Constitucional en la que estaba integrado durante las dos últimas legislaturas, representa y es una decisión que, aunque dictada en ejercicio de funciones de organización, produce efectos jurídicos en los derechos e intereses legítimos y profesionales del ahora recurrente, al disponer sobre el tipo de actuación profesional que deba desarrollar el actor. Ello con independencia de la discutida legalidad de esa decisión.

QUINTO.- Por contra, acordaremos la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal. Partimos también de que la parte recurrente ha disfrutado del trámite de conclusiones para presentar alegaciones al respecto y, en ese trámite, ni ha negado (i) la realidad de su adscripción a la Comisión Constitucional desde el 18 de diciembre de 2023, que se llevó a cabo trascurridos escasos días desde su inicial y exclusiva adscripción de 4 de diciembre de 2023 a la Comisión de Hacienda y Función Pública, (ii) ni el hecho de que, tras ello, su posición funcional como Letrado de las Cortes en la Legislatura XV es exactamente la misma que tenía en las precedentes Legislaturas XIII y XIV.

Esta Sala considera que en la situación procesal actual debe acordarse la terminación del proceso por concurrir una causa evidente que hace desaparecer su finalidad legítima.

Efectivamente, si el proceso descansa exclusivamente en la posible vulneración del derecho fundamental de igualdad y del derecho de acceso en condiciones de igualdad al desempeño de funciones públicas, por haber sido excluido del desempeño de las funciones de Letrado de Cortes en la Comisión Constitucional, su reposición a la misma y el desempeño conjunto de esas funciones en las Comisiones Constitucional y de Hacienda y Función Pública durante de Legislatura XV, como venía haciendo en las dos legislaturas precedentes (XIII y XIV), representa una circunstancia sobrevenida que determina la desaparición del interés legítimo de la pretendida tutela judicial y, además, una satisfacción de la pretensión ejercitada.

De esta manera, se ha producido un hecho que incide de forma relevante sobre la relación jurídico-procesal entablada y que, por no resultar contraria al orden público, determina que el proceso en curso no es necesario, y que, ya en el trámite procesal en que nos encontramos resolvemos por sentencia.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 76.2 de la LJCA, se declara terminado el procedimiento y se ordena el archivo del recurso.

SEXTO.- En orden al pronunciamiento sobre las costas del recurso, la sentencia de esta Sala de 22 de mayo de 2018 (RC 54/2017) declaró, en relación con el problema de la imposición de las costas en caso de terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal: (i) que no cabe en el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo el acogimiento sin más, de forma mecánica e irreflexiva, de las distintas fórmulas previstas por la LEC, como las recogidas en sus artículos 22, 395.2,y 394; y ( ii) que el artículo 139.1 LJCA no impone necesariamente la condena al pago de las costas procesales en los supuestos de terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal; lo que, sin embargo, no ha de entenderse en el sentido de que dicha condena haya de quedar excluida siempre y en todo caso. Por consiguiente, señala esta sentencia que ha de estarse a las circunstancias de cada pleito para adoptar una decisión sobre tal particular.

Así, en aplicación del artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional 29/1998, y dado el sentido del pronunciamiento que acordamos, no se aprecian razones para la imposición de las costas, habida cuenta de que se ha rechazado la inadmisibilidad del recurso opuesta por la Administración.