Sentencia Contencioso-Administrativo 148/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 36/2025 de 12 de febrero del 2026

PRIMERO.- El marco normativo del procedimiento para la declaración de error judicial.

El artículo 121 de la Constitución española reconoce el derecho a la indemnización de los daños causados por error judicial y los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Esta previsión constitucional es desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 292 y siguientes.

Su artículo 293.1 dispone:

«La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca».

Esta previa declaración que constate la existencia del error judicial puede resultar: bien directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión o bien de una acción judicial específica destinada a obtener un pronunciamiento de reconocimiento del error judicial.

Nuestra sentencia n.º 248/2025, de 7 de marzo (recurso nº. 36/2023, fundamento jurídico cuarto), dice al respecto:

«Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial diseña esta acción con las siguientes características: (i) la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse; (ii) la pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el art. 61, y cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo; (iii) el procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado; (iv) no procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento; y, (v) la mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute.

Una vez declarado el error judicial, el afectado podrá presentar su petición indemnizatoria ante el Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado, y contra la resolución administrativa que se dicte cabrá recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia, momento en el que ya no es posible cuestionar la existencia del error, sino que partiendo del mismo se habrá de determinar la existencia del nexo causal y la determinación de los daños y perjuicios vinculados a este.

De modo que la existencia de esa previa decisión jurisdiccional, que declare la presencia de un "error judicial", se constituye como un presupuesto previo para poder conocer de la acción destinada a obtener una indemnización de daños y perjuicios que tengan su origen en las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los Tribunales de Justicia».

SEGUNDO.- Características del error judicial según nuestra jurisprudencia.

La sentencia de esta Sala n.º 740/2020, de 11 de junio (recurso n.º 32/2019, fundamento jurídicio tercero) resume de este modo los rasgos que ha de presentar el error judicial:

«[...] esta Sala viene declarando, de modo constante y reiterado, que el proceso por error judicial regulado en el artículo 293 LOPJ como consecuencia del mandato contenido en el artículo 121 CE no es una tercera instancia o casación encubierta "... en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente", sino que éste sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "... manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley". En particular, esta Sala resalta con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 -recurso nº 7/2007-), que "no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error "craso", "patente", "indubitado", "incontestable", "flagrante", que haya provocado "conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas"". Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha "actuado abiertamente fuera de los cauces legales", realizando una "aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido". En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no existe error judicial "... cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica", "ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico" o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento excepcional "... conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales", dado que "no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador" [en este sentido, entre muchas otras, véanse las Sentencias de esta Sala y Sección de 27 de marzo de 2006 (rec. núm. 6/2004), FD Primero; de 20 de junio de 2006 ( rec. núm. 20 de marzo de 2006 (rec. núm. 13/2004), FD Primero; de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 17/2004), FD Segundo; de 12 de marzo de 2007 (rec. núm. 18/2004), FD Primero; de 30 de mayo de 2007 (rec. núm. 14/2005), FD Tercero; de 14 de septiembre de 2007 (rec. núm. 5/2006), FD Segundo; de 30 de abril de 2008 (rec. núm. 7/2006), FD Cuarto; y de 9 de julio de 2008 (rec. núm. 6/2007), FD Tercero]».

TERCERO.- El juicio de la Sala. Inexistencia de error judicial.

Como antes se ha indicado, la recurrente sostiene en su demanda que la sentencia padece un error de hecho patente, ya que, a su parecer, ha fundamentado su decisión desestimatoria en el conocimiento por Fuente de la Jabalina, S.L. de la existencia de los recursos de casación contra el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 2010. Y que, como ha quedado acreditado que desconocía por completo la existencia de tales recursos de casación, decae, por errónea, la primordial razón de decidir de la sentencia.

Pues bien, cabe rechazar de plano tales consideraciones de la demanda, y basta para ello una lectura atenta de la sentencia del Juzgado.

En efecto, muestra que la recurrente, a la fecha de solicitud de la formulación del plan de sectorización, ya era conocedora de los recursos de casación interpuestos contra el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella del año 2010. Algo, por otra parte plenamente verosímil a tenor de las singulares circunstancias históricas observadas en el planeamiento urbanístico del municipio, a lo que cabe unir, como recuerda el Abogado del Estado, la publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de la interposición del recurso contencioso-administrativo contra su Plan General de Ordenación Urbana de 2010.

Ahora bien, la razón de decidir de la sentencia descansa en que sobre la reclamante pesaba la obligación de soportar los daños derivados de la declaración de nulidad del Plan General de 2010 y en la sujeción del plan de sectorización que en su día presentó a la ordenación contenida en el Plan General de 1986, y en que la mera declaración de nulidad no origina por sí misma la responsabilidad patrimonial de la Administración, así como en que, para el Juzgado, siguiendo el criterio de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en el recurso n.º 772/2017), la actuación municipal estaba dentro de los márgenes de razonabilidad.

En consecuencia, no advertimos en la sentencia del Juzgado una equivocación manifiesta o palmaria ni en la fijación de los hechos decisivos para resolver la cuestión suscitada por el actor, ni en la interpretación o aplicación de la normativa afectada. Al contrario, y más allá de legítimas discrepancias, la resolución judicial que nos ocupa proporciona una respuesta motivada, detallada y jurídicamente consistente a los motivos de impugnación del acto administrativo, a partir del análisis de los hechos, del régimen jurídico aplicable y de su adecuada interpretación. Procede, pues, desestimar el la pretensión deducida en este recurso.

CUARTO.- Costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en las letras c) y e) del artículo 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 139 de la Ley de esta Jurisdicción y 516.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la desestimación de la demanda implica la condena en costas a la parte demandante y la pérdida del depósito constituido.

Sin embargo, la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 139.4 de la misma Ley Jurisdiccional, a la vista de las actuaciones procesales, establece que el límite máximo de las mismas será el de 2.000 euros, más el IVA que en su caso pudiera corresponder.