Sentencia Contencioso-Administrativo 355/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 13/2025 de 23 de marzo del 2026

PRIMERO.- Sobre la naturaleza del procedimiento de revisión.

En primer término, debemos resaltar las particulares características de este procedimiento, ya que es el marco general antecedente en el que se ponderaran las circunstancias del caso particular. La jurisprudencia de esta Sala al respecto está recopilada en la sentencia n.º 2667/2016, de 19 de diciembre (recurso de revisión nº. 16/2016), entre otras muchas.

En ella se dice que el procedimiento de revisión, antes recurso de revisión, es un remedio de carácter excepcional y extraordinario, pues supone un apartamiento de las reglas generales, en particular del principio de intangibilidad de la cosa juzgada. Por esta razón, ha de ser objeto de una aplicación restrictiva y circunscribirse a los casos o motivos taxativamente señalados en la Ley, estrictamente entendidos, con proscripción de cualquier tipo de interpretación extensiva o analógica. No puede transformarse en una nueva instancia, en la que corregir defectos formales o de fondo de la sentencia firme contra la que se dirige. En definitiva, resalta la sentencia que resumimos, el recurso extraordinario de revisión no se dirige a permitir el replanteamiento de un pleito ya resuelto, ni siquiera a remediar una interpretación equivocada de la legalidad o una valoración incorrecta de las pruebas.

Constituye un procedimiento distinto e independiente cuyo objeto está exclusivamente circunscrito al examen de unos motivos que, por definición, son extrínsecos al pronunciamiento judicial que se trata de revisar.

SEGUNDO.- Sobre los presupuestos procesales del procedimiento de revisión.

Vistas las alegaciones de las partes y el informe del Ministerio Fiscal, debemos comprobar si concurren los presupuestos procesales necesarios para la viabilidad del recurso de revisión presentado.

Efectivamente, el Ministerio Fiscal, alega como causa de inadmisibilidad de la demanda su extemporaneidad, por incumplimiento de plazo de 3 meses previsto en el artículo 512.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Debe recordarse que el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción, remite a esta última en lo referente a legitimación, plazos y procedimientos, lo que nos lleva a su artículo 512, que establece lo siguiente:

«1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.

2. Dentro del plazo señalado en el apartado anterior, se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad.».

Pues bien, afirma la demanda que la sentencia está afectada, posiblemente, de «maquinación fraudulenta», por lo que invoca el artículo 102.1.d) de la Ley de la Jurisdicción para el que habrá lugar a la revisión «Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.».

Presentada la demanda el 10 de febrero de 2025, de las actuaciones se deduce con claridad que está fuera del plazo de tres meses desde el día en que se afirma descubierta la alegada maquinación fraudulenta de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En efecto, aunque la recurrente despliega un ingente esfuerzo argumental para situar temporalmente ese descubrimiento en el 26 de noviembre de 2024 (que es cuando la concesionaria recibió la notificación de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acordó informar favorablemente el Expediente de Valoración de los Terrenos y Lámina de Agua de la Zona de Servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife), no tiene éxito en su empresa.

Señala la demanda que:

«Defendemos respetuosamente, que esta naturaleza extrínseca de la causa del procedimiento avala el cumplimiento del plazo de los tres meses del Art. 512.3, pues nada se reveló en el procedimiento 178/2020 sobre la situación real de la concesión ya extinguida de hecho, ni de la torticera renuncia de Puertos del Estado a tramitar la Discrepancia contra la DIA de su Proyecto modificado aprobado sin la previa Evaluación Ambiental pues se consideró modificación no sustancial y así fue aceptado por el concesionario. No es hasta el Acuerdo del 24-11-2024 de la APSCT cuando se descubre el "affaire", que permite al concesionario detectar la injusticia de la sentencia que se pretende recurrir.

La aparición de los nuevos elementos de prueba, permite suponer que de haberse tenido conocimiento de ellos, la decisión judicial hubiera sido diferente de la adoptada, se revelan en la indicada fecha.

Sería un sin sentido, exigir que la causa sea extrínseca al proceso y a la par aplicar drásticamente el plazo a la fecha de la sentencia, cuando los elementos que la determinan no se pueden revisar, el ser intrínsecos a la misma.

El Acuerdo de la APSCT, de ubicar la concesión en las aguas exteriores del Puerto, revela lo que está pasando y se estaba urdiendo silenciosamente y solo después de una reflexión razonable atar cabos con el incumplimiento en tramitar la Discrepancia, con lo que la maquinaria fraudulenta estaba servida. Antes no era posible».

También se recoge en la demanda que:

«En fecha 19 de octubre de 2021, se notifica al concesionario, Bricansa, por el Director de la APSCT, comunicado de Puertos del Estado de 29-09-2021, en contestación a la consulta de la Autoridad Portuaria acerca del estado de tramitación de la Discrepancia planteada en relación con la DIA formulada desfavorablemente el 17 de septiembre de 2014 sobre el Proyecto, "Modificación Puerto Deportivo San Andrés", manifestando que "no se ha procedido a tramitar dicha Discrepancia, debiendo por tanto entenderse la misma archivada". (Doc.2)»

Pues bien, de todo lo señalado se deduce que desde el 19 de octubre de 2021 la parte recurrente conoce lo que ella misma califica de «torticera renuncia de Puertos del Estado a tramitar la Discrepancia contra la DIA de su Proyecto modificado aprobado sin la previa Evaluación Ambiental», pero sostiene que no es hasta el Acuerdo del 24 de noviembre 2024 de la Autoridad Portuaria, cuando «descubre el "affaire", que permite al concesionario detectar la injusticia de la sentencia que se pretende recurrir", ya que este Acuerdo "revela lo que está pasando y se estaba urdiendo silenciosamente y solo después de una reflexión razonable atar cabos con el incumplimiento en tramitar la Discrepancia, con lo que la maquinaria fraudulenta estaba servida. Antes no era posible».

Parece evidente que este largo proceso de «reflexión razonable» entre el 19 de octubre de 2021, en que se notifica al concesionario que no se ha procedido a tramitar la referida discrepancia y que, por tanto, debe entenderse archivada, y el 26 de noviembre de 2024 en que la concesionaria recibió la notificación de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria había acordado informar favorablemente el Expediente de Valoración de los Terrenos y Lámina de Agua de la Zona de Servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sólo responde a la voluntad de trasladar, de forma artificial, la fecha del inicio del cómputo del plazo de 3 meses previsto en el artículo 512.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al momento en que le permitiera cumplirlo. No es compatible resaltar que conoce con mucha anterioridad, la maniobra de la Administración que considera torticera y, después, ubicar la culminación reflexiva de ese conocimiento en una fecha tres años posterior, para cumplir así el plazo legal.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que no ha quedado acreditado el cumplimiento del plazo de caducidad de tres meses que otorga el artículo 512 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, por ello, la demanda es inadmisible, por su presentación extemporánea, sin necesidad de abordar otras consideraciones sobre el fondo.

TERCERO.- Costas.

La inadmisión de la demanda comporta la imposición de costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido en su día para la interposición del proceso de revisión, según determina el artículo 516.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 102.2 de la Ley de la Jurisdicción.

La Sala, haciendo uso de la facultad que le concede su artículo 139.4, establece que, por todos los conceptos que las integran, y a la vista de las actuaciones procesales desarrolladas, el límite máximo de las mismas será el de 2.000 euros (más el IVA que en su caso pudiera corresponder).