Sentencia Contencioso-Administrativo 76/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 48/2024 de 29 de enero del 2026

PRIMERO.- Naturaleza del presente procedimiento.

En primer lugar debemos precisar que el presente procedimiento se tramitó como un recurso de revisión del artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción, debido a que, como aprecia el Ministerio Fiscal, Air Europa Líneas Aéreas S.A.U. pidió en el escrito que le ha dado lugar, que se tuviera por interpuesto «recurso de revisión en relación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de diciembre de 2023», aunque a continuación solicitar que se «dicte sentencia reconociendo la existencia de un error judicial denunciado en el recurso, a fin de que sea posible, conforme a lo establecido en el artículo 293.2 de LOPJ, la tramitación del correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial».

Esta confusión no altera, sin embargo, la verdadera pretensión de la recurrente, pues no hay duda de que ejercita la acción judicial para el reconocimiento del error judicial, prevista en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues toda su argumentación va en esa línea. Y así lo han entendido, tanto el Ministerio Fiscal cuanto la propia Abogacía del Estado. A esto se une ya que todo el desarrollo argumental del escrito de la recurrente apunta en esa línea. Así lo han entendido tanto el Ministerio Fiscal, cuanto la Abogacía del Estado. A esto se une que los trámites seguidos, son los previstos para el recurso de revisión, a tenor de lo previsto en el artículo 293.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que la omisión del informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error no impide a esta Sala dictar sentencia. La claridad de los argumentos ofrecidos por las partes y el tenor de la propia sentencia frente a la que se ejerce la acción, ofrecen todos los datos necesarios para que nos pronunciernos sin indefensión para ninguna de las partes.

SEGUNDO.- La causa de inadmisibilidad alegada. La alegación de inadmisibilidad por el incumplimiento de la exigencia procesal de agotar los recursos pertinentes contra la resolución judicial a la que se atribuye error.

En segundo lugar, por razones de lógica procesal, debemos dar respuesta a la inadmisibilidad opuesta por el Ministerio Fiscal, consistente en la excepción procesal de falta de planteamiento del incidente excepcional de nulidad de actuaciones.

El artículo 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice en su letra f):

«No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento».

Pues bien, respecto a este requisito, la reciente sentencia de esta Sala n.º 717/2025, de 5 de junio (procedimiento de error judicial 4/2025), se pronuncia en los siguientes términos (fundamento jurídico tercero):

«El incidente de nulidad de actuaciones como remedio valido frente a una vulneración de un derecho fundamental solo es utilizable, tal y como afirma el art. 241 de la LPOJ, siempre que dicha vulneración no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. De modo que si la vulneración del derecho fundamental es imputable a la sentencia de instancia y contra ella cabía recurso de casación no era posible la utilización del incidente de nulidad de actuaciones antes de interponer el recurso de casación. Sin que tampoco la interposición de ese incidente sea necesaria después de haberse inadmitido el recurso de casación, pues la eventual vulneración de un derecho fundamental pudo y debió ser esgrimida al utilizar el recurso de casación, por lo que una vez inadmitido éste se entiende agotada la vía judicial.

Todo ello sin perjuicio de que la inadmisión de un recurso de casación por falta de interés casacional no impide que se promueva una demanda de error judicial contra la sentencia de instancia, si se dan los cualificados y restrictivos requisitos que legitiman el uso de este recurso extraordinario, dado que la mera inadmisión de la casación no supone afirmar que la sentencia de instancia es correcta y acertada en sus juicios y apreciaciones, tan solo implica que el recurso de casación no reviste interés casacional objetivo - STS de 25 de enero de 2024, rec. 10/2023-».

A tenor de las actuaciones y de la doctrina expuesta, se debe concluir que en el presente supuesto no procede declarar la inadmisibilidad de la demanda de error judicial, ya que el demandante formuló previo recurso de casación, que fue inadmitido, y promovió contra esa inadmisión incidente de nulidad de actuaciones, que fue desestimado.

En consecuencia, la excepción debe ser rechazada.

TERCERO.- Marco normativo del procedimiento para la declaración de error judicial.

Nuestro ordenamiento jurídico contempla una acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado destinada a resarcir los daños sufridos por los particulares por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Así, el artículo 121 de la Constitución reconoce el derecho a la indemnización por los daños causados por error judicial y de los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Esta previsión constitucional aparece desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 292 y siguientes.

El artículo 293.1 del citado texto legal dispone:

«La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca».

Esta previa declaración que constate la existencia del error judicial puede resultar, bien directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión, o bien de una acción judicial específica destinada a obtener un pronunciamiento de reconocimiento del error judicial.

Como dice la sentencia de esta Sala n.º 248/2025, de 7 de marzo (recurso n.º 36/2023, fundamento jurídico cuarto):

«Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial diseña esta acción con las siguientes características: (i) la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse; (ii) la pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el art. 61, y cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo; (iii) el procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado; (iv) no procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento; y, (v) la mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute.

Una vez declarado el error judicial, el afectado podrá presentar su petición indemnizatoria ante el Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado, y contra la resolución administrativa que se dicte cabrá recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia, momento en el que ya no es posible cuestionar la existencia del error, sino que partiendo del mismo se habrá de determinar la existencia del nexo causal y la determinación de los daños y perjuicios vinculados a este.

De modo que la existencia de esa previa decisión jurisdiccional, que declare la presencia de un "error judicial", se constituye como un presupuesto previo para poder conocer de la acción destinada a obtener una indemnización de daños y perjuicios que tengan su origen en las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los Tribunales de Justicia».

CUARTO.- Características del error judicial según nuestra jurisprudencia.

La sentencia de esta Sala n.º 740/2020, de 11 de junio (recurso n.º 32/2019) resume en su fundamento tercero la jurisprudencia al respecto cuando dice:

«[...] esta Sala viene declarando, de modo constante y reiterado, que el proceso por error judicial regulado en el artículo 293 LOPJ como consecuencia del mandato contenido en el artículo 121 CE no es una tercera instancia o casación encubierta "... en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente", sino que éste sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "... manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley". En particular, esta Sala resalta con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 -recurso nº 7/2007-), que "no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error "craso", "patente", "indubitado", "incontestable", "flagrante", que haya provocado "conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas"".

Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha "actuado abiertamente fuera de los cauces legales", realizando una "aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido". En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no existe error judicial "... cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica", "ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico" o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento excepcional "... conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales", dado que "no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador" [en este sentido, entre muchas otras, véanse las Sentencias de esta Sala y Sección de 27 de marzo de 2006 (rec. núm. 6/2004), FD Primero; de 20 de junio de 2006 ( rec. núm. 20 de marzo de 2006 (rec. núm. 13/2004), FD Primero; de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 17/2004), FD Segundo; de 12 de marzo de 2007 (rec. núm. 18/2004), FD Primero; de 30 de mayo de 2007 (rec. núm. 14/2005), FD Tercero; de 14 de septiembre de 2007 (rec. núm. 5/2006), FD Segundo; de 30 de abril de 2008 (rec. núm. 7/2006), FD Cuarto; y de 9 de julio de 2008 (rec. núm. 6/2007), FD Tercero]».

QUINTO.- Juicio de la Sala. Inexistencia de error judicial.

Como antes se ha indicado, Air Europa Líneas Aéreas S.A.U. sostiene en su demanda, en esencia, que no se concretó en instancia el dies a quopara el cómputo del plazo de prescripción y que este se situaba, como tarde, en abril de 2011, por lo que dicho plazo se había sobrepasado con creces cuando la Administración acordó el 13 de febrero de 2017 el inicio del expediente de reintegro. Y que la evidencia del error no admite discusión, ya que es imposible que un plazo que ya estaba corriendo el 25 de abril de 2013, se inicie el 7 de noviembre de 2014, como resuelve la segunda sentencia del mismo Tribunal.

Se debe recordar que esta Sala, mediante la sentencia n.º 758/2023, de 7 de junio, estimó el recurso de casación n.º 7544/2020, decidiendo que la prescripción no quedó interrumpida por la información previa iniciada por la resolución de 25 de abril de 2013. Además, constató que para afirmar o rechazar que en este caso haya prescrito la acción de reintegro, habría que disponer, pues ni la sentencia recurrida ni las partes lo proporcionan, del dato relativo al día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 39.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Es precisamente la inexistencia en autos del mencionado dato lo que nos obligó a ordenar la devolución de las actuaciones a la Sala de la que proceden para que, con retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior a dictar sentencia, examinara los datos y elementos de prueba disponibles y, en una nueva sentencia, resolviera lo procedente sobre prescripción de la acción de la Administración para exigir el reintegro.

A tal efecto, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó nueva sentencia el 21 de diciembre de 2023 y en su fundamento tercero en cumplimiento de nuestro mandato antes señalado y determinó razonadamente que el dies a quopara el cómputo del plazo de 4 años de prescripción que establece el artículo 39.1 de la Ley 38/2003, es el del momento en que vence el plazo en que el beneficiario o entidad colaboradora debe presentar la justificación, de conformidad con el art. 39.2 a) de la misma Ley. Y que tal momento fue el 7 de noviembre de 2014.

El mero desacuerdo con esa conclusión del tribunal de instancia no permite afirmar, en modo alguno, que la sentencia haya cometido una equivocación manifiesta o palmaria, ni en la fijación de los hechos decisivos para resolver la cuestión suscitada por el actor, ni en la interpretación o aplicación de la normativa afectada. Además, cabe añadir que Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., cuando afirma como incuestionable que el plazo ya estaba corriendo el 25 de abril de 2013, ignora de manera deliberada que fue, precisamente la indeterminación del día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 39.1 de la Ley 38/2003, lo que nos obligó a ordenar la devolución de las actuaciones a la Sala de instancia para que lo estableciara.

En definitiva, la sentencia a la que se atribuye el error proporciona una respuesta motivada, detallada y jurídicamente consistente a los motivos de impugnación del acto administrativo, con un análisis preciso de los hechos, del régimen jurídico aplicable y de su adecuada interpretación. En consecuencia, la pretensión deducida en el seno de este recurso debe ser desestimada.

SEXTO.- Costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en las letras c) y e) del artículo 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 139 de la Ley de esta Jurisdicción y 516.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la desestimación de la demanda implica la condena en costas a la parte demandante y la pérdida del depósito constituido.

Sin embargo, la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 139.4 de la misma Ley Jurisdiccional, a la vista de las actuaciones procesales, establece que el límite máximo de las mismas será el de 2000€, más el IVA que en su caso pudiera corresponder.