Sentencia Contencioso-Administrativo 550/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 40/2025 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.- Sobre la naturaleza del procedimiento de revisión.

En primer término, debemos resaltar las particulares características de este procedimiento, ya que es el marco general antecedente en el que se ponderarán las circunstancias del caso particular. La jurisprudencia de esta Sala al respecto está recogida en la sentencia n.º 2667/2016, de 19 de diciembre (recurso de revisión n.º 16/2016), entre otras muchas.

En ella se dice:

«Como ha recordado la sentencia de 18 de julio de 2016 (Revisión 42/2015), la jurisprudencia de esta Sala, representada, entre otras, por la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2009 (Revisión 10/2006), entiende que el procedimiento de revisión - antes recurso de revisión - es un remedio de carácter excepcional y extraordinario en cuanto supone desviación de las normas generales. En función de su naturaleza ha de ser objeto de una aplicación restrictiva. Además, ha de circunscribirse, en cuanto a su fundamento, a los casos o motivos taxativamente señalados en la Ley. El procedimiento de revisión debe tener un exacto encaje en alguno de los concretos casos en que se autoriza su interposición.

Lo anterior exige un enjuiciamiento inspirado en criterios rigurosos de aplicación, al suponer dicho proceso una excepción al principio de intangibilidad de la cosa juzgada. Por ello sólo es procedente cuando se den los presupuestos que la Ley de la Jurisdicción señala y se cumpla alguno de los motivos fijados en la ley. El procedimiento de revisión ha de basarse, para ser admisible, en alguno de los tasados motivos previstos por el legislador, a la luz de una interpretación forzosamente estricta, con proscripción de cualquier tipo de interpretación extensiva o analógica de los supuestos en los que procede, que no permite la apertura de una nueva instancia ni una nueva consideración de la litis que no tenga como soporte alguno de dichos motivos.

Por su propia naturaleza, el procedimiento de revisión no permite su transformación en una nueva instancia, ni ser utilizado para corregir los defectos formales o de fondo que puedan alegarse. Es el carácter excepcional del mismo el que no permite reabrir un proceso decidido por sentencia firme para intentar una nueva resolución sobre lo ya alegado y decidido para convertir el procedimiento en una nueva y posterior instancia contra sentencia firme. El procedimiento de revisión no es, en definitiva, una tercera instancia que permita un nuevo replanteamiento de la cuestión discutida en la instancia ordinaria anterior, al margen de la propia perspectiva del procedimiento extraordinario de revisión. De ahí la imposibilidad de corregir, por cualquiera de sus motivos, la valoración de la prueba hecha por la sentencia firme impugnada, o de suplir omisiones o insuficiencia de prueba en que hubiera podido incurrirse en la primera instancia jurisdiccional. Quiere decirse con lo expuesto que este procedimiento extraordinario de revisión no puede ser concebido siquiera como una última o suprema instancia en la que pueda plantearse de nuevo el caso debatido ante el Tribunal a quo, ni tampoco como un medio de corregir los errores en que, eventualmente, hubiera podido incurrir la sentencia impugnada.

Es decir, aunque hipotéticamente pudiera estimarse que la sentencia firme recurrida había interpretado equivocadamente la legalidad aplicable al caso controvertido, o valorado en forma no adecuada los hechos y las pruebas tenidos en cuenta en la instancia o instancias jurisdiccionales, no sería el procedimiento de revisión el cauce procesal adecuado para enmendar tales desviaciones.

El procedimiento de revisión, pues, no es una nueva instancia del mismo proceso, sino que constituye un procedimiento distinto e independiente cuyo objeto está exclusivamente circunscrito al examen de unos motivos que, por definición, son extrínsecos al pronunciamiento judicial que se trata de revisar.»

SEGUNDO.- Admisión del recurso. Plazo.

Vistas las alegaciones del Ministerio Fiscal, debemos comprobar si concurren los presupuestos procesales necesarios para la viabilidad del recurso de revisión presentado.

Efectivamente, el Ministerio Fiscal, alega como causa de inadmisibilidad de la demanda su extemporaneidad, por incumplimiento de plazo de tres meses previsto en el artículo 512.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se debe recordar que el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción remite a la Ley 1/2000 en lo referente a legitimación, plazos y procedimientos, lo que nos lleva a su artículo 512, que establece lo siguiente:

«1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.

2. Dentro del plazo señalado en el apartado anterior, se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad».

Por tanto, el citado artículo 512 de la Ley 1/2000, tras establecer en el apartado primero para la interposición del recurso de revisión un primer plazo general de cinco años respecto de la fecha de publicación de la sentencia impugnada, contempla en el apartado segundo un ulterior plazo dentro de aquél, que se concreta en los tres meses desde el día en que se descubriesen los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad.

Por lo que respecta al primer plazo, de cinco años, dado que la demanda de revisión sólo se puede interponer contra sentencias firmes, en buena lógica procesal tal plazo de caducidad debe iniciarse a partir de la declaración de firmeza de la sentencia que se pretende revisar [ ATS de 30 de septiembre de 2022 (recurso n.º 9/2022)] con cita de resoluciones precedentes en el mismo sentido. En cuanto al plazo de tres meses, se ha indicado de forma coincidente, y con similar reiteración, que es un plazo de caducidad y no de prescripción, y, por tanto, no resulta susceptible de interrupción o rehabilitación, por lo que se computa de fecha a fecha, de acuerdo con el artículo 5.1 del Código Civil, sin que se puedan descontar los días inhábiles, ni tampoco el mes de agosto, pues la falta de carácter hábil de los días que lo componen se limita a la práctica de actuaciones judiciales ( artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.) y no alcanza a los plazos de carácter sustantivo establecidos para el ejercicio de las acciones. Además, la jurisprudencia no menos reiterada ha señalado que la prueba de que el recurso de revisión se ha formalizado dentro de dicho plazo de tres meses compete al propio recurrente, y precisamente porque el recurso de revisión es de naturaleza extraordinaria, ha de ser rigurosa la exigencia de los requisitos exigidos y restrictiva la interpretación de su concurrencia, de manera que «en caso de duda, ha de resolverse a favor de la cosa juzgada» [ sentencia n.º 1314/2021, de 4 de noviembre (recurso de revisión n.º 4/2021)].

Entrando en el análisis del cumplimiento del mencionado plazo en este procedimiento, y sin dejar de resaltar la falta de sistemática de la demanda, que dificulta de forma notable la comprensión de la relación de los documentos aportados con los supuestos de revisión invocados del artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cabe adelantar que, presentada dicha demanda el 5 de septiembre de 2025, de las actuaciones se deduce con claridad que se ha incumplido el mencionado plazo de tres meses respecto a todos los motivos invocados por los recurrentes.

Sobre el motivo establecido en el artículo. 102. 1. a) de la de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, relativo a que se recobraren documentos decisivos y que no fueron aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado sentencia, la demanda se refiere al anexo II, la copia del acta del Pleno del Ayuntamiento, de 4 de marzo de 1998, sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle ED-11 pero no ilustra a esta Sala sobre las circunstancias de su obtención y conocimiento, más allá de afirmar que fue en julio de 2025. Sobre este mismo supuesto también se alude a la documentación sobre la vía pecuaria «Colada de las Yeguas» (que del conjunto de documentos aportados se puede entender referido a una clasificación de la mencionada vía pecuaria publicada en el BOP de 14 de octubre de 1963, y a planos y fotografías aéreas), sin mayor concreción sobre el momento en que la parte recurrente conoce estos documentos.

Sobre el invocado motivo de revisión del artículo 102.1.b) de la Ley de la Jurisdicción, consistente en que la sentencia hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después, la documentación aportada aparentemente vinculada a este supuesto, está formada por el Convenio urbanístico de la Unidad de Ejecución UE-39, de 5 de febrero de 1999, de obtención reciente según se dice, así como por el Acta notarial Nº 256, de 16 de marzo de 2017.

Por último, y en lo que se refiere al motivo recogido en el artículo 102. 1. d) de la Ley de la Jurisdicción, que permitiría la revisión si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta, la demanda menciona la sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de abril de 2025, en la denominada «Trama Gürtel». Más allá de que es una resolución judicial posterior a la sentencia que se pretende revisar, cuando se presenta la demanda de revisión el 5 de septiembre de 2025, se había superado el plazo de tres meses desde que, dada la repercusión mediática de la misma, es razonable concluir que los recurrentes tuvieron conocimiento de la misma.

De lo expuesto cabe concluir que no ha quedado acreditado en modo alguno el momento en que la parte recurrente conoció los documentos en los que pretende fundar su demanda, ya que, a estos efectos, lo esencial es la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos o de la existencia del documento decisivo, no el de su mera obtención física, y debemos reafirmar que la prueba de que el recurso de revisión se ha formalizado dentro de dicho plazo de tres meses compete al propio recurrente y, en caso de duda, ha de resolverse a favor de la cosa juzgada [ sentencia n.º 1314/2021 de 4 de noviembre de 2021 (recurso de revisión n.º 4/2021)].

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que no ha quedado acreditado el cumplimiento del plazo de caducidad de tres meses previsto en el artículo 512 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por ello, la demanda es inadmisible, por su presentación extemporánea, sin necesidad de abordar otras consideraciones en cuanto al fondo.

CUARTO.- Costas.

La inadmisión de la demanda comporta la imposición de costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido en su día para la interposición del proceso de revisión, según determina el artículo 516.2 de la Ley 1/2000, en relación con el 102.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 139.4 de la misma, establece que, por todos los conceptos que las integran, y a la vista de las actuaciones procesales desarrolladas, el límite máximo de las mismas será el de 2.000 euros (más el IVA que en su caso pudiera corresponder).