Sentencia Contencioso-Administrativo 1381/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 5345/2024 de 30 de octubre del 2025

PRIMERO. La sentencia recurrida.

La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de fecha 15 de abril de 2024, estima el recurso de apelación planteado por doña Sara contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Guadalajara, de 19 de marzo de 2021, que desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, de fecha 2 de abril de 2020, que denegó la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo familiar.

La sentencia, remitiéndose a otra anterior de la misma Sala, de 14 de febrero de 2023, funda la decisión en las siguientes razones:

« "PRIMERO. - Planteamiento.

La cuestión discutida es la siguiente: si D. Luciano, cuyo padre D. Severiano nacido en 1945 en Samara, (Sahara) habiendo aportado fotocopia del Documento Nacional de Identidad con nº NUM000 expedido por las autoridades españolas el 7 de agosto de 1971, tiene derecho a solicitar y obtener al amparo del art. 124.3.b) del Reglamento 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2.000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2.009, según el cual: " 3. Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo, en los siguientes supuestos: b) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles, el permiso de residencia aludido en dicho precepto; siendo la premisa discutida si el padre del recurrente fue o no originariamente español.

SEGUNDO. - Antecedente de este Tribunal en relación con la cuestión debatida.

La Sentencia apelada recoge, entre otras sentencias de otros TSJ, la sentencia dictada por este Tribunal núm. 106, de 28 de marzo de 2011, del Pleno de la Sala, recaída en el recurso de apelación núm. 147/10. ROJ STSJ CLM 803/2011.

Como está trascrita en lo sustancial, a su contenido nos remitimos; la conclusión a la que entonces llegamos y que ahora mantenemos, no obstante las STS, Sala de 1ª, número 207/2020 de 29 de mayo de 2020 ROJ STS 1240/2020, número 444/2020 de 20 de julio de 2020 ROJ STS 2668/2020 y número 681 de 7 de octubre de 2021 ROJ STS 3663/2021, fue, en concordancia con la STS también de la Sala 1ª de 28-10-1998 - Sentencia nº 1026/1998 -RJ 1998257-, es que los saharauis fueron españoles, y que por tanto el hijo del que fue español, si está debidamente documentado, podía obtener el permiso de residencia del art. 124.3.b) del Reglamento 557/2011, de 20 de abril.

TERCERO. - Análisis crítico de las STS Sala de 1ª, número 207/2020 de 29 de mayo de 2020 -ROJ STS 1240/2020 -, número 444/2020 de 20 de julio de 2020 - ROJ STS 2668/2020 - y número 681 de 7 de octubre de 2021 - ROJ STS 3663/2021 -.

Obviamente no podemos desconocer los pronunciamientos del TS, Sala Primera, sobre la cuestión objeto de planteamiento; la primera de las citadas es la que sustenta el recurso de apelación de la Abogacía del Estado. Las otras dos, buscadas por este Tribunal, se remiten a la STS número 207/2020 de 29 de mayo de 2020 - ROJ STS 1240/2020-

También es cierto que, a raíz de estos pronunciamientos del TS, otros TSJ han resuelto en el mismo sentido.

No obstante, este Tribunal considera procedente mantener el criterio de que los saharauis fueron españoles por las siguientes razones:

1.- En primer lugar, por los motivos expresados en nuestra sentencia de pleno de núm. 106, de 28 de marzo de 2011.

2.- En segundo lugar, porque la sentencia del TS Sala de 1ª, número 207/2020 de 29 de mayo de 2020, aun en el sentido indicado por la Abogacía del Estado por mayoría, contiene el voto particular de tres de sus componentes, cuyos razonamientos compartimos; extractamos lo siguiente:

...Dejando a un lado la falta de oportunidad de la contraposición entre los saharauis y los nacidos «en territorio peninsular», no convencen los argumentos de la recurrente. La sentencia recurrida no cambia la jurisprudencia, salvo que se considere como tal a las resoluciones que dicta la Dirección General de los Registros y el Notariado en esta materia y que se citan en el recurso.

a) En primer lugar, la sentencia recurrida no puede infringir la doctrina de la Sala Primera contenida en la sentencia 1026/1998, de 28 de octubre, porque esta sentencia no se pronunció sobre el art. 17.1.c) CC ni tampoco sobre si, a efectos de la regulación interna sobre nacionalidad, deben considerarse equivalentes las expresiones «nacido en territorio español» y «nacido en España».

...

Con anterioridad, en el f.j. quinto, la misma sentencia 1026/1998 afirma que, «en cualquier caso de lo que no cabe duda, con referencia a la "nacionalidad" de los saharauis, durante el plazo de la tutela de nuestro Estado sobre el territorio del Sahara Occidental, es que ésta fue la española.

b) Por lo que interesa a efectos de dar respuesta a la cuestión planteada en el recurso de casación, conviene destacar que ha sido la Sala Tercera del Tribunal Supremo la que, de manera contundente, ha venido corrigiendo las resoluciones del Ministerio de Justicia que denegaban las solicitudes de reconocimiento de nacionalidad española por residencia de un año por haber nacido en territorio español a quienes habían nacido en el Sahara cuando este se hallaba bajo autoridad española. El Ministerio basaba su decisión en la afirmación de que el Sahara «nunca ha formado parte del territorio español», lo que fundamentaba en la afirmación contenida en este sentido en la exposición de motivos de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara.

Desde la sentencia de 7 de noviembre de 1999, la Sala Tercera ha venido reiterando que, a efectos del supuesto actualmente recogido en el art. 22.2.a) CC, los nacidos en el Sahara Occidental cuando este se hallaba bajo autoridad española deben considerarse nacidos en territorio español. Esta jurisprudencia, sin negar su valor interpretativo, excluye la eficacia vinculante directa de los preámbulos o exposiciones de motivos de las normas y destaca que resulta indiferente que se previera un régimen de opción en el Decreto de 1976 y que el régimen de nacionalidad del Código civil en el que se amparaba el interesado fuera posterior al agotamiento de la opción de aquel Decreto ( sentencias de la sec. 6.ª de la Sala de lo contencioso-administrativo, de 16 de diciembre de 2008, rec. 9840/2004, de 3 de julio de 2009, rec. 3759/2005, y de 9 de marzo de 2010, rec. 3328/2006). Esta doctrina mantiene, en fin, que resulta irrelevante que se hubiera ejercido o no la opción prevista por el Decreto 2258/1976 ( sentencia de la sec. 6.ª de la Sala de lo contencioso-administrativo, de 13 de octubre de 2009, rec. 5572/2005).

En definitiva, que la Sala Tercera dice lo contrario de lo que se le atribuye en el recurso de la Dirección General.

No representa un obstáculo para ello que en uno y otro precepto se utilicen expresiones diferentes [de «nacido en territorio español» habla el art. 22.2.a) CC y de «nacido en España» el art. 17.1.c) CC]

En la redacción actual del Código civil ambas expresiones se utilizan con claridad como equivalentes en el art. 17.1.d) CC («nacidos en España cuya filiación no resulte determinada; a estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español». Tampoco se utilizaban con un significado diferente en el régimen de la nacionalidad vigente cuando nació la demandante, procedente de la Ley de 7 de julio de 1954 de reforma del Título Primero del Libro Primero del Código Civil («De los españoles y extranjeros»), que en su preámbulo se refería al «territorio nacional» como sinónimo de España, y en el texto del articulado aludía indistintamente al territorio español o a España. De forma parecida ha venido sucediendo en las sucesivas reformas de nacionalidad.

Lo contrario, por lo demás, conduciría a una distinción de difícil justificación en la interpretación de los preceptos que regulan la nacionalidad por el mero hecho de que se venga aceptando que la competencia sobre nacionalidad está repartida entre el orden contencioso (al que expresamente se remite el art. 22.5 CC para la concesión o denegación de la nacionalidad por residencia) y el orden civil.

...

e) La aplicación del art. 17.1.c) CC al presente caso sería consecuencia de la concurrencia de una serie de circunstancias en el momento del nacimiento de la demandante: de haber nacido en el Sahara Occidental, en una época en la que ese territorio se encontraba bajo la autoridad española, del no reconocimiento de la nacionalidad española (la sentencia recurrida niega que lo sea por ser hija de españoles, y dada la ausencia de gravamen la demandante no ha impugnado la sentencia) y del hecho de carecer de otra nacionalidad (se niega que fueran españoles los padres, nacidos también en el Sahara, territorio que no tenía organización estatal propia y, por tanto, no confería ninguna nacionalidad).

3.- En tercer lugar, porque tal y como razonan los votos particulares, la doctrina de la Sala Primera es contradictoria con la mantenida por la Sala Tercera - Desde la sentencia de 7 de noviembre de 1999, la Sala Tercera ha venido reiterando que, a efectos del supuesto actualmente recogido en el art. 22.2.a) CC, los nacidos en el Sahara Occidental cuando este se hallaba bajo autoridad española, deben considerarse nacidos en territorio español - (dicen los votos particulares).

Es importante resaltar la mayor vinculación de este Tribunal con la Sala Tercera, sin minusvalorar en absoluto lo que opina la Sala Primera al respecto; en este sentido, sería particularmente interesante que el TS, Sala Tercera, viera, en recurso de casación que se pueda presentar, esta contradicción, a fin de que se manifieste si mantiene su anterior doctrina o si se adhiere al pronunciamiento de la Sala Primera.

4.- En cuarto lugar, porque este Tribunal entiende que el pronunciamiento de la Sala Primera no es completo en el sentido siguiente; dice que los saharauis no eran españoles de origen, pero no dice qué es lo que eran entonces.

5.- En quinto lugar, ya en la sentencia de este Tribunal núm. 106, de 28 de marzo de 2011, aludíamos al siguiente razonamiento:

"Como último argumento de interpretación lógico-sistemática ( art. 3.1 del CC) , indicar que, como antes decíamos, si los saharauis pueden obtener la nacionalidad española por residencia de un año por haber nacido en el Sahara ( art. 22.2 a) del CC) , no parece equilibrado ni proporcional, negar un derecho con un alcance mucho más limitado que el reconocimiento de la condición de nacional, cual es un permiso de residencia temporal o permanente".

Este análisis emanaba de la doctrina de la Sala III sobre el reconocimiento de la nacionalidad a los saharauis con la residencia de un año si acreditaban ser hijo de padre o madre español.

Pues bien, es paradigma de esta situación la afirmación del apelado siguiente:

"... recordar que con la misma documentación, que consta en el expediente administrativo, obtuvo el hermano de mi patrocinado, la nacionalidad española de origen, mientras que mi patrocinado, se le deniega el permiso de residencia por arraigo familiar".

6.- Por último, otro argumento añadido, no expuesto en nuestra anterior sentencia de pleno núm. 106, de 28 de marzo de 2011, pero sí en el escrito de oposición al recurso de apelación es el RD 357/1962 de 22 de febrero sobre obligatoriedad del DNI.

El DNI fue exclusivo para españoles, y así se establecía en su art. 1º, que " EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD SE EXPEDIRÁ ÚNICAMENTE A LOS ESPAÑOLES y su posesión será obligatoria para aquellos que hubieren cumplido los dieciséis años y residan en España...", lo que prueba y a sensu contrario, que a quien no poseía la nacionalidad española no se le podía expedir el DNI.

Y podríamos añadir en este momento otro argumento:

7.- Las Sentencias de la Sala 1ª del TS aludidas parten del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto (RCL 1976, 1843), sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara, de modo que si no optaban por ella en el plazo indicado la perdían. Ahora bien, no podemos olvidar que dicha norma reglamentaria es preconstitucional, y establece un resultado contrario a la norma de que ningún es pañol de origen puede ser privado de su nacionalidad.»

SEGUNDO. El auto de admisión del recurso.

Precisa que la cuestión en la que aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:

«Determinar si los efectos del régimen jurídico de la autorización excepcional de residencia por arraigo familiar del Reglamento de la Ley de Extranjería - artículo 124.3.c) RD 557/2011- puede considerarse que son o han sido nacionales españoles de origen las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de su descolonización.»

A los efectos de dar respuesta a la cuestión suscitada, se consideran que deben ser objeto de interpretación, el art. 124.3º.c) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; en relación con los arts. 11.2º y 24.1º CE, 17 del Código Civil, 3º a) y 4º LJCA, 21.3 LEC, el Decreto 357/1962, de 22 de febrero, sobre obligatoriedad del Documento Nacional de Identidad, en relación con las Órdenes de la Presidencia del Gobierno de 14/03/1970 (Boletín Oficial del Sáhara del día 31/03/1970) y de 04/09/1970 (Boletín Oficial del Estado del día 18/09/1970) y el Decreto n.º 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción por la nacionalidad española de los naturales del Sáhara (Boletín Oficial del Ministerio de Justicia de 28/09/1976). Así mismo, se considera en el auto de admisión que debe examinarse la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo recogida en sus sentencias n.º 207/2020 de 29 de mayo ( ECLI:ES:TS: 2020:1240), n.º 444/2020 de 20 de julio ( ECLI:ES:TS:2020:2668), y n.º 681/2021 de 7 de octubre ( ECLI:ES:TS:2021:3663). Todo ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otros preceptos, si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.4 de la LJCA.

TERCERO. El escrito de interposición.

La Abogacía del Estado considera, en primer término, que la sentencia recurrida parte del error de que la jurisdicción contencioso-administrativa no se encuentra vinculada por la jurisprudencia sentada por la Sala Primera del Tribunal Supremo respecto de que no son nacionales españoles de origen los nacidos en el Sahara Occidental antes de su descolonización. Estima que la adquisición originaria de la nacionalidad española ius solies una cuestión de orden civil que ya ha sido resuelta por la Sala Primera del Tribunal Supremo y que vincula a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Señala, además, que no existe cuestión prejudicial, sino que los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa deben aplicar la cuestión civil tal como ha sido decidida por la Sala Primera del Tribunal Supremo de acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Continúa el razonamiento en el sentido de que la sentencia recurrida, a pesar de reconocer la asentada jurisprudencia de la Sala Primera - reiterada en la sentencia número 207/2020, de 29 de mayo, número 444/2020, de 20 de julio, número 681/2021 de 7 de octubre-, se aparta de dicha doctrina de modo deliberado y reflexivo hasta el punto de acoger los criterios del voto particular, emitido en la primera de las sentencias, de 29 de mayo de 2020.

También se apunta en el escrito de interposición que la Sala de apelación aparenta una contradicción entre la Sala Primera y la Sala Tercera que, realmente, no existe.

Aduce también que no son de aplicación las referencias realizadas en la sentencia impugnada al Decreto 357/1962 sobre obligatoriedad del documento nacional de identidad, de 22 de febrero, y Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción por la nacionalidad española de los naturales del Sáhara.

Termina con la súplica de que se estime el recurso de casación.

CUARTO. La autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo familiar.

Para el estudio de las cuestiones que se suscitan en este recurso es necesario recordar que el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, -en la actualidad, derogado por la Disposición derogatoria única del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de extranjería- regulaba en su art. 124 las autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo. En su número 3, apartado b) se contemplaba, como supuesto de arraigo familiar, que se tratara de «hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles».

A partir de 16 de agosto de 2022 el supuesto se contempló en el apartado c), según redacción dada a dicho artículo por el número once del artículo único del R.D. 629/2022, de 26 de julio, por el que se modificó el Real Decreto 557/2011.

En este supuesto se amparaba la solicitud formulada por doña Sara, que fue desestimada por la Administración «al no ser sus ascendientes españoles de origen».

QUINTO.- Doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la nacionalidad de quienes nacieron en el Sáhara Occidental durante la etapa en que se hallaba bajo autoridad española. Vinculación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión en su Sentencia de Pleno núm. 207/2020, de 29 de mayo de 2020, dictada en el recurso de casación 3226/2017, reiterando el criterio en ella fijado otras posteriores, como la sentencia núm. 444/2020 de 20 de julio (Rec. 4321/2017) y núm. 681/2021 de 7 de octubre (Rec. 479/2020).

El supuesto concreto examinado era si la demandante, nacida en el Sáhara Occidental en 1973, tenía o no la nacionalidad española de origen, conforme al artículo 17.1 c) del Código Civil. Sus padres eran naturales de una localidad saharaui.

La Sala resuelve la cuestión en los siguientes términos:

«SEXTO. - Decisión de la sala: estimación del motivo por no formar parte de España el Sáhara Occidental a los efectos del art. 17.1c) CC .

Centrada la controversia en casación, según reconocen tanto la demandante y el centro directivo demandado como el Ministerio Fiscal, en si procede o no declarar la nacionalidad española de origen de la demandante al amparo del art. 17.1c) CC , la respuesta debe ser negativa y, por tanto, el recurso ha de ser estimado.

La estimación del recurso se funda en que el Sahara Occidental no formaba parte de España a los efectos de dicha norma, y las razones de esta interpretación son las siguientes:

1.ª) Es cierto que algunas consideraciones de la sentencia de esta sala 1026/1998, de 28 de octubre , especialmente las relativas a la «provincialización» del Sáhara, parecen apoyar la tesis de la demandante, y lo mismo sucede con la sentencia de esta sala de 22 de febrero de 1977 en cuanto consideró que El Aiún era España en el año 1972, pero la primera no versa sobre la nacionalidad de origen, sino sobre la posesión de estado de nacional español y su utilización continuada durante al menos diez años ( art. 18 CC ), y la segunda trató del inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación de la filiación conforme al párrafo segundo del art. 113 CC en su redacción originaria.

2.ª) En cambio, la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 , aun siendo cierto que tampoco trata del art. 17 CC sino de su art. 22, distingue entre territorio español y territorio nacional para concluir, aunque la demandante invoque esta sentencia a su favor transcribiendo incluso un pasaje que más bien le perjudica, que «Guinea, Ifni y Sáhara eran territorios españoles que no formaban parte del territorio nacional», de modo que su «provincialización» habría constituido «un perfeccionamiento del Régimen colonial».

3.ª) A la anterior distinción cabría ciertamente oponer que dentro del propio art. 17 CC , como se argumenta en la sentencia de primera instancia, la expresión «territorio español» aparece como equivalente a «España».

4.ª) Existiendo, pues, argumentos normativos y jurisprudenciales a favor de una u otra tesis, lo mismo que respetables opiniones doctrinales en uno u otro sentido, el camino más seguro para llegar a la interpretación más correcta es, como propone el Ministerio Fiscal, atenerse a la normativa española más específica sobre la materia, constituida por la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, y el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara.

Mediante el artículo único de dicha ley se autorizaba al gobierno «para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intereses españoles», al tiempo que su disposición final y derogatoria acordaba que la ley entrara en vigor el mismo día de su publicación en el BOE (20 de noviembre de 1975), «quedando derogadas las normas dictadas por la administración del Sahara en cuanto lo exija la finalidad de la presente Ley», y su preámbulo, tras constatar que el territorio no autónomo del Sáhara había estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial, declaraba rotundamente que el Sáhara «nunca ha formado parte del territorio nacional».

El RD 2258/1976, por su parte, arbitraba el sistema para que los naturales del Sahara que cumplieran determinados requisitos pudieran optar por la nacionalidad española en el plazo máximo de un año.

5.ª) En consecuencia, cualquiera que sea la opinión que merezca esa normativa específica y cualquiera que sea la opinión sobre la actuación de España como potencia colonizadora a lo largo de toda su presencia en el Sahara Occidental, lo indiscutible es que se reconoce la condición colonial del Sahara -algo por demás difícilmente cuestionable incluso durante la etapa de «provincialización»- y que, por tanto, el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el art. 17.1c) CC . En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española.

6.ª) La anterior interpretación, además, es armónica con la jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo que a partir de las sentencias de 20 de noviembre de 2007 y 18 de julio de 2008 viene reconociendo el estado de apátridas a las personas nacidas en el Sahara Occidental antes de su descolonización y cuyas circunstancias son similares a las de la demandante del presente litigio».

Fijado pues, este criterio por la Sala Primera, hemos de plantearnos si resulta vinculante para nuestra Sala Tercera, que es a la que corresponde resolver sobre las autorizaciones de residencia en España, con aplicación de la Ley de Extranjería y su Reglamento.

El artículo 4 LJCA dispone en su apartado 1 que la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo «se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales».Si bien el apartado 2 limita los efectos de esa decisión al disponer que «no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente».

El Abogado del Estado invoca la STC 182/1994, de 20 de junio de 1994, Rec. 545/1992, referida a las cuestiones prejudiciales y a la cosa juzgada, que en su fundamento jurídico 3 declara:

«(...) Entrando ya en el fondo de la cuestión planteada, este Tribunal ya ha tenido ocasión de sostener la legitimidad constitucional del conocimiento prejudicial de cuestiones inicialmente atribuidas a otros órdenes jurisdiccionales, y de afirmar, en consecuencia, que ni el art. 14 ni el 24.1 C.E . imponen a los Jueces y Tribunales la observancia de una absoluta homogeneidad en la interpretación del Derecho que, aunque deseable, no ha sido procurada por el legislador, articulando los cauces procesales adecuados. Todo ello porque la función jurisdiccional se circunscribe a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado, sometido el órgano judicial únicamente al imperio de la Ley. En el cumplimiento de su función, pues, el resultado de la heterogeneidad interpretativa en las Sentencias puede ser legítimo constitucionalmente siempre que dicha interpretación no pueda tacharse de arbitraria, lo que solo sucedería --desde la perspectiva del art. 24.1 C.E . si la resolución judicial que de ella resultara no pudiera «considerarse expresión del ejercicio de la Justicia, sino simple apariencia de la misma» ( STC 148/1994 , fundamento jurídico 4.).

Ahora bien, la posibilidad de conocimiento incidental sobre la validez de un acto administrativo requiere como condición que esa validez sea cuestionable, por no existir sobre ella un pronunciamiento del orden jurisdiccional al que prioritariamente corresponde pronunciarse sobre esa validez, la jurisdicción contencioso-administrativa. La posibilidad implica que no exista un previo pronunciamiento de dicha jurisdicción contencioso-administrativa, pues en tal caso no es cuestionable esa validez y por ello el Juez laboral estará vinculado al pronunciamiento que el órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa haya realizado con plenitud de efectos dentro de su propia competencia material. La cuestión prejudicial implica, pues, la necesidad de resolver incidentalmente, y a los solos efectos de decidir la pretensión planteada, un tema «litigioso» por no haber sido objeto de resolución firme y definitiva del órgano competente para ello.

Si bien la libertad de interpretación de la norma ha de ser respetada, como parte integrante de la propia función jurisdiccional, «los principios de igualdad jurídica y de legalidad en materia procesal ( arts. 9.3 y 117.3 C.E .) vedan a los Jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección judicial carecería de efectividad» si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por Sentencia firme en cualquier circunstancia ( SSTC 77/1983 , 67/1984 , 189/1990 , entre otras).

Este efecto no solo puede producirse con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro órgano en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada ( art. 1.252 C.C .). También se produce cuando se desconoce lo resuelto por Sentencia firme, en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en el referido art. 1.252 C.C . ( SSTC 171/1991 , 58/1988 ó 207/1989 ). No se trata solo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla. La intangibilidad de lo decidido en resolución judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos, es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el art. 24.1 C.E ., de tal suerte que éste es también desconocido cuando aquélla lo es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conociese la existencia de la resolución firme que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto (lo que indudablemente sucederá cuando la parte a quien interesa lo aporte a los autos).

En efecto, en los demás procesos, las Sentencias que, conociendo del fondo del asunto, les pusieron término, fueron dictadas con posterioridad a la de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y con posterioridad --también-- al momento en que dicha resolución fue incorporada a los autos, no pudiendo razonablemente considerarse que el órgano del orden jurisdiccional social desconociese el pronunciamiento del Contencioso-Administrativo, y sus efectos sobre las resoluciones administrativas que tan profundamente condicionaban lo que procediera en relación con las reclamaciones de los trabajadores que constituían el objeto del proceso. Afirmada de esta manera la existencia de la resolución judicial firme y el conocimiento de la misma por el órgano sentenciador, la conclusión no puede ser otra que estimar que, efectivamente, las resoluciones de los Tribunales laborales que desconocieron lo ya resuelto en el orden contencioso han vulnerado el art. 24.1 C.E . por las razones antes expuestas».

Y en sentencia 190/1999, de 25 de octubre de 1999, Rec. 3526/1995, se trascribe en parte la anterior, y, previamente, se razona en los siguientes términos:

«CUARTO: La contradicción entre sentencias de los distintos órdenes jurisdiccionales en relación con unos mismos hechos o situaciones jurídicas ha sido objeto de análisis en múltiples sentencias de este Tribunal, que en el momento actual integran un cuerpo de doctrina suficientemente matizado, a cuya luz el caso presente encuentra segura solución.

En general, nuestra jurisprudencia adopta una actitud crítica a la hora de aceptar la relevancia constitucional de la contradicción. Tan solo la reconoce cuando no es consecuencia inevitable del ejercicio de la independencia de los órganos jurisdiccionales ( art. 117.1 y 3 CE ) en el marco legal vigente de distribución de la jurisdicción única entre los distintos órdenes, como ocurre, en especial, cuando la contradicción deriva de la diversa apreciación de unos mismos hechos desde distintas perspectivas jurídicas. Pero nuestras sentencias se cuidan de analizar si realmente se dan los elementos precisos para situar en un plano de igualdad los fallos de los varios órdenes jurisdiccionales, o si existen elementos de la ordenación legal del ejercicio de la jurisdicción, en función de los cuales deba atribuirse prevalencia a un orden respecto al otro, de modo que lo resuelto en la sentencia del primero de aquéllos deba ser vinculante para la del segundo. La relevancia de este dato se resalta especialmente en la TC S 158/1985 , FJ 3.º in fine.

Por otra parte, al examinar si el orden jurisdiccional de que se trate se ha atenido a los límites de sus atribuciones según la LOPJ, se ha aceptado la legitimidad constitucional del instituto de la prejudicialidad ( TC SS 24/1984 , 62/1984 , 171/1994 , entre otras). Mas para que la prejudicialidad pueda operar como tal, justificando por ella el conocimiento por un orden jurisdiccional de materias que, en principio, no le corresponden, y que están atribuidas a otro diverso, es necesario que la cuestión no esté resuelta en el orden jurisdiccional genuinamente competente, pues de lo contrario aquél, al abordar tal cuestión, resulta vinculado a lo resuelto en éste, sin que se justifique en ese caso la contradicción, y entendiéndose, si ésta se produce, que se vulnera la intangibilidad de la sentencia dictada en sede genuina.

(...)»

El artículo 17.1 del Código Civil establece quienes son españoles de origen. El conocimiento de la materia relativa a la nacionalidad corresponde a la jurisdicción civil, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y artículo 87 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, con la excepción prevista en su artículo 87.2.

Como hemos expuesto, dicha jurisdicción ya se ha pronunciado sobre el tema que aquí estamos examinando, en concreto la Sala Primera de este Tribunal Supremo, declarando que «... el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el art. 17.1c) CC . En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española».

SEXTO.- Respuesta a la cuestión de interés casacional.

Adelantamos que la Sección ya ha examinado una cuestión similar, aunque redactada en otros términos, a la aquí planteada, en sentencia de 15 de octubre de 2025, recurso 5331/2024, y en aras de la seguridad jurídica nos limitaremos a reproducir la respuesta ya dada:

«Los hijos de nacidos en el Sáhara Occidental durante la etapa en que este se hallaba bajo autoridad española no pueden acogerse a la autorización de residencia temporal por razones de arraigo familiar prevista en el artículo 124.3.c) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (anterior apartado b)».

SÉPTIMO.- Decisión del asunto litigioso.

Como hemos señalado en el primero de nuestros fundamentos, doña Sara solicitó autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo familiar, por ser hijo de nacidos en Sáhara. Dicha petición fue denegada por la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara mediante resolución de 2 de abril de 2020, en la que se argumenta que el interesado no reúne las condiciones exigidas por el artículo 124.3 b) del Reglamento de Extranjería, aprobado por Real Decreto 557/2011, «al no ser sus ascendientes españoles de origen».

Contra dicha resolución interpuso el interesado recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado en sentencia dictada el día 19 de marzo de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Guadalajara, en el procedimiento abreviado núm. 101/2020.

La mencionada sentencia fue recurrida en apelación por doña Sara ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, siguiéndose en su sección segunda el recurso núm. 185/2021, que concluyó con la sentencia de 15 de abril de 2024, que estima el recurso de apelación, revoca la sentencia apelada y declara el derecho del recurrente a obtener la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo familiar (hijo de padre o madre español de origen - art. 124.3.b) del Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011-).

En la sentencia se mantiene el criterio ya seguido anteriormente por la misma Sala de que los saharauis tenían la condición de españoles de origen durante la época en que dicho territorio era parte de España, y, por tanto, sus hijos pueden solicitar y obtener el citado permiso de residencia.

Admite la sentencia que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado un criterio jurisprudencial sobre la cuestión, pero entiende que debe continuar con el seguido por la propia Sala de Castilla- La Mancha, por los motivos expresados en su sentencia de pleno de 28 de marzo de 2011, y por compartir los razonamientos de los votos particulares de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 207/2010, de 29 de mayo de 2020. Añade que esta sentencia es contradictoria con la doctrina de esta Sala Tercera, desde su sentencia de 7 de noviembre de 1999. Señala también que la doctrina fijada ahora por la Sala Primera parte del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, norma preconstitucional y contraria al artículo 11.2 de la Constitución.

La tesis mantenida en la sentencia recurrida se aparta de la doctrina emanada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y, como hemos razonado anteriormente, es la jurisdicción civil la competente para resolver cuestiones atinentes a la nacionalidad, y la jurisprudencia que fije vincula a la jurisdicción contencioso-administrativa cuando debe resolver litigios en los que ha de tenerse en cuenta la nacionalidad de una persona.

No corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo interpretar el artículo 17 del Código Civil ni resolver quién es español de origen, obviando la jurisprudencia de la Sala Primera. La decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa contraria a lo declarado por la jurisdicción civil vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto corrige o reinterpreta lo ya decidido en una resolución judicial firme, así como el principio de seguridad jurídica, ( artículos 24.1 y 9.1 de la Constitución), incidiendo, además, en un derecho fundamental, como es la nacionalidad de la persona, que determina su estatuto jurídico y su vinculación con un Estado.

Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso de casación y casar la sentencia impugnada, por no ajustarse a Derecho.

Y, situándonos en la posición del tribunal de instancia, resolvemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente doña Sara, por ser el acto impugnado en el procedimiento seguido ante el Juzgado conforme a derecho.

OCTAVO.- Pronunciamiento sobre costas.

No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de manera que, como determina el art. 93.4 LJCA, cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes por mitad. En relación con las costas de la instancia, debe mantenerse el criterio de su no imposición, de conformidad con lo establecido en el art. 139 de la Ley Procesal, como ya se razonó en la sentencia recurrida.