Sentencia Contencioso-Administrativo 318/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 7772/2023 de 13 de marzo del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso.

Se recurre en casación la STSJ de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 22 de mayo de 2023 -rec. 118/2022-, que estimó parcialmente el recurso "interpuesto contra la resolución de fecha 25 de febrero de 2022, dictada por la JEAC, resolución que se confirma por ser plenamente ajustada a derecho en lo relativo a la liquidación dictada y procedimiento seguido, estimando erróneo el cálculo de intereses de demora efectuado en la liquidación dictada por lo que en tal sentido procede efectuar nuevo cálculo fijando como día final para su devengo el transcurso de los 15 días concedidos para presentar alegaciones conforme a lo señalado en la presente sentencia. Sin que haya lugar a expresa imposición de las costas causadas".

Por Auto de 27 de junio de 2023 fue aclarado el fallo de la sentencia en el sentido de "estimar parcialmente el recurso anulando la liquidación impugnada a los efectos de que se dicte una nueva liquidación que cuantifique correctamente los intereses de demora conforme a lo indicado en la sentencia, desestimando la alegación relativa a la improcedencia de dictado de liquidación por el concepto de IGIC", sin imposición de las costas causadas".

Debiendo la Sala analizar "si el dies ad quem del devengo de intereses de demora correspondiente a las liquidaciones que se derivan de un acta suscrita en disconformidad es la fecha del acuerdo de liquidación -dictado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento inspector-, debiendo exigirse, por tanto, intereses al obligado hasta esa fecha; o, por el contrario, atendiendo al tenor literal de la norma reglamentaria aplicable, los intereses de demora se calcularán hasta la conclusión del plazo establecido para formular alegaciones al acta extendida.

SEGUNDO. - Hechos relevantes.

1.-Se procedió a la apertura de un procedimiento inspector que tenía por objeto comprobar la situación tributaria de la Sociedad Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África respecto del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), por el periodo 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019.

2.-El 15 de diciembre de 2020, la Inspección extendió acta que contenía 16 propuestas de liquidaciones definitivas por un importe global de 295.454,93 € (268.270,52 € de cuota y 27.184,41 € de intereses), suscrita en disconformidad.

3.-Evacuado informe ampliatorio, y una vez la sociedad presentó alegaciones, el 27 de abril de 2021 -notificada el 28 de abril de 2021- se dictó acuerdo declarando conformes a derecho las actuaciones inspectoras, ascendiendo la deuda a 298.066,18 € (268.270,52 € de cuota y 29.795,66 € de intereses). Es decir, la cuota permanece idéntica, pero se incrementa la cantidad correspondiente a intereses.

4.-Recurrida la decisión, la Junta Económico-Administrativa de Canarias -reunida en pleno- dictó resolución el 25 de febrero de 2022, desestimando la reclamación.

5.-Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el TSJ de Canarias dictó sentencia, cuyo fallo, tras dictarse auto de aclaración, reza: "estimar parcialmente el recurso anulando la liquidación impugnada a los efectos de que se dicte una nueva liquidación que cuantifique correctamente los intereses de demora conforme a lo indicado en la sentencia, desestimando la alegación relativa a la improcedencia de dictado de liquidación por el concepto de IGIC", sin imposición de las costas causadas".

6.-La sentencia analiza la materia objeto de debate en el FD tercero, en el que razona:

"b) En relación a los intereses de demora, el artículo 191 del RD 1065/2007 en su punto 2 párrafo tercero indica que "En el caso de actas de disconformidad, los intereses de demora se calcularán hasta la conclusión del plazo establecido para formular alegaciones."

Si se observan los actos administrativos dictados durante el procedimiento seguido frente a la hoy recurrente se aprecia que el AD contempla una cuota de 268.270,52 euros y los intereses de demora ascienden a 27.184,41 euros concediendo el plazo de 15 días para presentar alegaciones en su punto, siendo notificada a la recurrente el mismo día.

Por tanto los interese de demora solo cabe calcularlos hasta el final del plazo concedido de 15 días para alegaciones, cuyo cómputo debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el art 30 punto 2 de la Ley 39/2015 "cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones."

La liquidación dictada determina la misma cuota con intereses de demora por importe de 29.795,66 euros señalando que "Como fecha inicial para su cómputo: el día siguiente al de la finalización del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación correspondiente, y en cuanto a las cantidades devueltas improcedentemente al sujeto pasivo, desde el día de la devolución indebida, al que se ha hecho mención en el cuadro precedente. Como fecha final, en todos los casos, el día de hoy en que se practica la liquidación". Siendo la fecha de la liquidación el 27/4/2021.

En este extremo asiste la razón a la recurrente no cabe fijar la fecha final en el día en que se dicte la liquidación pues la administración puede, dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, dictarla con retraso, por ello y en defensa de los administrados, la ley fija un día final para su devengo, el transcurso del plazo concedido para presentar alegaciones, en este caso notificado el AD el 15-12-2020 y concedidos 15 días que deben entenderse hábiles, el plazo final para su devengo debió quedar fijado en el 8 de enero del 2021, salvo error u omisión".

TERCERO- Remisión a la doctrina contenida en la STS de 13 de junio de 2025 -rec. 3858/2023 -.

En nuestra STS de 13 de junio de 2025 -rec. 3858/2023- ya nos hemos pronunciado sobre la materia, en la cual, sin perjuicio de remitir a su íntegra lectura, razonamos:

"Podemos adelantar que consideramos acertada la posición de la Administración del Estado expuesta ampliamente en su escrito de interposición del recurso casación, por propias razones aducidas, que hacemos nuestras:

a) La dicción literal del art. 26.3 LGT no deja lugar a dudas sobre el alcance temporal de la exigencia de intereses de demora "...resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado".

Tal previsión es coherente con la naturaleza de los intereses de demora, de modo que solo es aceptable una interpretación del art. 191.2 RGAT respetuosa con el alcance del citado art. 26.3 LGT .

b) Es convincente que, además de que tal interpretación literal comprometería el principio de jerarquía normativa, el precepto debe ser interpretado en relación con el propio apartado 1 del art. 191 RGAT:

"La liquidación derivada del procedimiento inspector incorporará los intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ".

c) También parece razonable la tesis esgrimida en el recurso de casación de que la exégesis literal del art. 191.2, para las actas de disconformidad, conllevaría un trato desigual, para una misma cuota, según la forma del acta. Además, ese trato desfavorable lo sería en contra del que suscribe el acta de conformidad.

Del mismo modo, carecería de explicación el trato diferente, para una misma obligación principal, según proviniera de un procedimiento de inspección -donde rige la regla del art. 191.2 LGT - o de un procedimiento de gestión, donde no existe norma específica".

CUARTO- Doctrina que se establece.

Reiterando la doctrina establecida en la STS de 13 de junio de 2025 -rec. 3858/2023-, procede fijar la siguiente:

"1.- El día final o dies ad quem del devengo de intereses de demora correspondiente a las liquidaciones que se derivan de un acta suscrita en disconformidad es la fecha del acuerdo de liquidación -dictado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento inspector-, debiendo exigirse, por tanto, intereses al obligado hasta esa fecha;

2.- La previsión reglamentaria prevista en el art. 191.2, último párrafo, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos -RGAT- debe interpretarse, en armonía con lo establecido en el art. 26.3 LGT y con el art. 191.1 del Reglamento citado, en el sentido de que el cálculo de intereses que en ese apartado se prevén se refiere a los devengados hasta la fecha del acta, sin impedir que en la liquidación final se incorporen los devengados desde el acta hasta la fecha en que se produzca la liquidación tributaria que deriva de aquella".

QUINTO. - Aplicación de la doctrina al caso de autos.

La aplicación de la doctrina al caso de autos implica la estimación del recurso, pues corresponde el abono de intereses hasta la fecha en que se produzca la liquidación tributaria que deriva del acta. Procede, por lo tanto, casar y anular la sentencia únicamente en el punto relativo a los intereses, lo que implica la desestimación del recurso formulado contra la resolución de la Junta Económico-Administrativa de Canarias, cuya resolución debe ser confirmada.

SEXTO. -Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, dada la existencia de dudas de derecho, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.