Sentencia Contencioso-Administrativo 489/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 2786/2024 de 22 de abril del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación.

Mediante el presente recurso, relativo a un sistema de centralización de la gestión de la tesorería, puesto en marcha por un grupo societario multinacional, en el que se aplica el método de libre competencia, se trata de determinar la conformidad a derecho, en particular, al derecho europeo, de las condiciones del concreto asunto examinado en relación con (i) que el tipo de interés de las cantidades aportadas y de las cantidades percibidas por las entidades participantes sea o no simétrico; y con respecto (ii) a que la calificación crediticia aplicable a las operaciones de préstamo sea la del grupo societario y no la de la entidad prestataria.

SEGUNDO.- Posición de las partes.

Comienza el escrito de interposición manifestando (i) que el grupo multinacional Bunge opera en todas las fases de la cadena de valor de la industria alimentaria agraria, desde la compra de materias primas hasta el procesamiento y venta de producto para el consumidor final, requiriendo para realizar esta operativa las empresas del grupo societario multinacional cantidades significativas de capital; (ii) en Europa, el grupo Bunge ha diseñado un sistema centralizado que gestiona los excedentes de tesorería y las necesidades de financiación de las empresas del grupo a través de Bunge Europe Finance BV («BFBV» en adelante) en los ejercicios 2010 s 2013. Las cuentas bancarias de las empresas del grupo Bunge terminan el día con un saldo cero y los excedentes/necesidades de fondos se aportan/cubren a través de BFBV. En el grupo Bunge existe, por tanto, un sistema de centralización de tesorería o cash poolingen el que las filiales son partícipes, como aportantes de fondos y como prestatarias de fondos, y en el que BFBV actúa como entidad líder de dicho sistema. Cuando BFBV necesita financiación externa la obtiene a través de Bunge Master Trusten los mercados financieros; (iii) con este sistema centralizado de tesorería, las filiales con necesidades de tesorería obtienen la financiación necesaria, mientras que las filiales con exceso de tesorería pueden depositar en las cuentas corrientes gestionadas por BFBV dichos excesos para obtener una rentabilidad; (iv) los préstamos bilaterales otorgados por BFBV a las filiales son retribuidos con un interés de mercado, teniendo en cuenta, entre otros factores, la calificación crediticia del prestatario y el plazo de duración de la financiación; (v) la rentabilidad de los excesos de tesorería de las filiales, tales como Bunge Ibérica, S.A. corresponde con el tipo de interés de mercado.

Después pasa a exponer las infracciones denunciadas, manifestando que del artículo 16.1.1º y 2º, primer inciso, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo [«TRLIS»], se desprende que autoriza a la Administración tributaria para comprobar operaciones vinculadas y efectuar las correcciones procedentes para ajustarlas a su valor de mercado, en los términos en que se hubieran acordado entre partes independientes, de acuerdo con el principio de libre competencia, en conexión con los artículos 16.4.1º.a) del TRLIS, referido a la utilización del método del precio libre comparable para la determinación de ese valor de mercado, porque estos últimos preceptos permiten efectuar las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las concretas operaciones.

Pero dichos preceptos, señala, no autorizan a realizar exclusiones apriorísticas en ese análisis de comparabilidad como las que hace la Sala a quoen su sentencia, siguiendo el criterio del Informe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional que consta en el expediente, cuando considera que (i) «lo razonable es que ambos tipos de interés (por operaciones deudoras y acreedoras entre las entidades partícipes) deberían coincidir en el acuerdo de cash pooling, en la medida en que todas las compañías que forman parte del cash pooling pueden tener la condición de aportantes o receptoras de fondos, sin que, con carácter general, se sepa a priori cual va a ser la posición deudora o acreedora de cada una de ellas», y que (ii) «en un contexto en el que intervienen dos partes, será decisiva la solvencia y liquidez de la prestataria; pero en un sistema de centralización de tesorería intervienen muchos más partícipes -normalmente todas las sociedades del grupo- y todas ellas indistintamente ostentan posiciones deudoras y acreedoras, ese diseño mutual genera sinergias que deben redundar en beneficio de todo el grupo. Por ello es lógico partir del rating del grupo».

Subraya que el método para valorar las operaciones vinculadas utilizado en este caso, y no cuestionado en ningún momento por la Administración tributaria, fue el método del precio libre comparable, mediante el cual «se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación».

Entiende que no puede existir, por definición, una operación de características similares a la que se produce en un sistema de cash poolingentre personas o entidades independientes y en circunstancias equiparables, porque un sistema de cash poolingse desenvuelve en el seno de un grupo societario nacional o multinacional y, por consiguiente, entre entidades no independientes y en las circunstancias singulares de cada concreto grupo societario. Es imprescindible, enfatiza, partir de la comparación con operaciones de depósito y de préstamo que se pueden producir entre partes independientes, sin perjuicio de las correcciones para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.

Ahora bien, defiende que esas correcciones no permiten desnaturalizar el método del precio libre comparable, hasta convertir en razonable y lógico lo que sería irracional e ilógico entre personas o entidades independientes en el mercado financiero.

Piensa que lo razonable en las operaciones financieras efectuadas entre partes independientes es la asimetría entre los tipos de interés percibidos por los depósitos de dinero y los tipos de interés satisfechos por los préstamos de dinero, no la simetría de los tipos de interés, y lo lógico, entre partes independientes, es que el tipo de interés de un préstamo de dinero varíe en función de la solvencia y la liquidez del prestatario, no del grupo societario en el que se integra, máxime si se trata de un grupo multinacional, pues entra en juego el riesgo del país en el que radica cada sociedad prestataria.

Razona que si la operativa que da lugar a las operaciones vinculadas en un cash pooling,conduce a desnaturalizar el método del precio libre comparable para determinar su valor de mercado, lo procedente en Derecho sería utilizar otro de los métodos legalmente permitidos para determinar su valor de mercado, como podía ser el método de la distribución del resultado, esto es, asignar a cada persona o entidad vinculada que realice de forma conjunta una o varias operaciones la parte del resultado común derivado de dicha operación u operaciones, en función de un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares.

Mantiene que, si el problema es el reparto del beneficio que originan las operaciones vinculadas efectuadas en el cash pooling,el método de la distribución del resultado se adecúa mejor a la naturaleza de las operaciones vinculadas realizadas en este caso, siendo claro que dicho método se podía aplicar, pero ni se aplicó el método de distribución del resultado ni se cuestionó la aplicabilidad del método del precio libre comparable, por lo que el litigio se debe resolver conforme a las reglas que rigen la aplicación de este último método de determinación del valor de mercado de operaciones vinculadas.

Argumenta que, en esta tesitura, cabe asumir que la asimetría entre los tipos de interés percibidos por los depósitos de dinero que efectúe una sociedad y por los préstamos de dinero que obtenga esa sociedad en el marco del cash poolingno tenga el mismo alcance cuantitativo que tendría entre entidades independientes, precisamente por las circunstancias en que se producen esas operaciones vinculadas, pero no cabe asumir que deba ser simétrico, porque se trata de determinar el valor de mercado y esa simetría de tipos de interés simplemente no puede existir en el mercado financiero de depósitos y préstamos, porque, precisamente, en la diferencia o asimetría de los tipos de interés entre depósitos y préstamos está la esencia del negocio financiero. Poco importa a este respecto que todas las compañías que forman parte del cash poolingpueden tener la condición de aportantes o receptoras de fondos, sin que, con carácter general, se sepa, a priori, cuál va a ser la posición deudora o acreedora de cada una de ellas.

Dice que cabe, igualmente, asumir que no se atienda exclusivamente a la solvencia y la liquidez del prestatario para determinar los tipos de interés de un préstamo en dinero, cuando este se integra en un grupo societario multinacional, pero no cabe prescindir lisa y llanamente de la propia solvencia y liquidez del prestatario y del riesgo del país en el que dicha sociedad prestataria radique, por más que la cantidad prestada proceda de otra u otras sociedades del grupo, puesto que el eventual impago del préstamo impactará en las cuentas de resultados de esas otras sociedades del grupo.

Afirma que la dificultad para identificar individualmente al prestatario por el prestamista, sin prestar atención al contenido de los contratos de préstamo suscritos y fijándose únicamente en el origen de los fondos prestados, no justifica acudir a la calificación del grupo, prescindiéndose de la propia solvencia y liquidez de la sociedad prestataria y del riesgo del país en el que dicha sociedad prestataria radique, incluso si el riesgo global de impagos en el sistema de cash poolinges asumido por el grupo, porque el impago de la concreta operación de préstamo para la que se busca determinar su valor de mercado impactará en la cuenta de resultados de la sociedad o sociedades del grupo que hayan asumido la condición de prestamista en esa específica operación de préstamo.

Asegura que es evidente que el cash poolingcomporta un beneficio mutual, pero se trata de determinar el valor de mercado de operaciones financieras vinculadas con arreglo al método del precio libre comparable, esto es, conforme al valor de mercado de operaciones comparables entre partes independientes y, en esa tesitura, no es posible aceptar resultados que serían inaceptables por partes independientes en el mercado financiero.

Advierte que en el apartado III del preámbulo de la LIS se indica la necesidad de tener en cuenta que la interpretación del artículo 18 LIS que regula las operaciones vinculadas «debe realizarse, precisamente, en concordancia con las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE y con las recomendaciones del Foro Conjunto de Precios de Transferencia de la UE, en la medida en que no contradigan lo expresamente señalado en dicho precepto, o en su normativa de desarrollo».Sigue, en este punto, la estela marcada por el apartado III de la exposición de motivos de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, que justificó la nueva redacción que dio al artículo 16 TRLIS -precepto que regulaba entonces las operaciones vinculadas- en la necesidad de «adaptar la legislación española en materia de precios de transferencia al contexto internacional, en particular a las directrices de la OCDE sobre la materia y al Foro europeo sobre precios de transferencia, a cuya luz debe interpretarse la normativa modificada».

No pudiendo cuestionarse que las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE alcanzan relevancia a la hora de interpretar, tanto el artículo 16 TRLIS como el artículo 18 LIS, destaca determinados extractos de los párrafos 1.6, 10.146 y 10.147 de esas directrices, en su versión de 2022, que ha introducido un nuevo capítulo, el X, dedicado a cuestiones de precios transferencia en las operaciones financieras. Esos párrafos son los siguientes:

Del capítulo I, principio de plena competencia, el Párrafo 1.6, cuya redacción es: «Con el objeto de ajustar beneficios, tomando como referencia las condiciones que hubieran concurrido entre empresas independientes en operaciones comparables efectuadas en condiciones igualmente comparables (es decir, en una "operación no vinculada comparable") el objeto del principio de plena competencia es tratar a los miembros de un grupo multinacional como si operaran como empresas independientes en lugar de como partes inseparables de una sola empresa unificada. Dado que el criterio de entidad independiente considera a los integrantes de un grupo multinacional como si fueran empresas independientes, la atención se centra en la índole de las operaciones que realizan entre sí y en si las condiciones en las que las realizan difieren de las que concurrirían en operaciones no vinculadas comparables. Este análisis de las operaciones vinculadas y no vinculadas, al que nos referiremos como "análisis de comparabilidad", es la esencia de la aplicación del principio de plena competencia».

Del capítulo X, C.2, sistema centralizado de gestión de tesorería, concretamente, apartado 3.2, Remuneración de las empresas participantes en el sistema centralizado de gestión de tesorería el Párrafo 10.146: «Cabe esperar que todos los participantes en un sistema centralizado de gestión de tesorería se beneficien de condiciones que existirían en ausencia de dicho acuerdo. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, esto podría significar, por ejemplo, que todos los partícipes del acuerdo se benefician de tipos de interés más favorables, tanto para sus posiciones deudoras como acreedoras, en comparación con los tipos de interés que podrían obtener en su préstamos o depósitos fuera del sistema centralizado de gestión de tesorería.

No obstante, es importante señalar que los partícipes de un sistema centralizado de gestión de tesorería pueden desear ser parte de dicho acuerdo a fin de obtener acceso a beneficios distintos de la obtención de mejores tipos de interés, como, por ejemplo, el acceso a una fuente permanente de financiación, reducir su exposición a bancos externos, o tener acceso a una liquidez a la que no podrían acceder de otro modo. la exposición reducida a bancos externos, o tener acceso a una liquidez a la que no podrían acceder de otro modo».

Del capítulo X, C.2, sistema centralizado de gestión de tesorería, concretamente, apartado 3.3, Garantías en el marco de los sistemas centralizados de gestión de tesorería, el párrafo 10.147, del siguiente tenor:

«Como parte de los sistemas centralizados de gestión de tesorería, puede requerirse a las empresas participantes que aporten garantías mutuas y reconocimientos de derechos de compensación. Esto plantea la cuestión de si deberían abonarse comisiones de garantía. Además de tener siempre presentes los hechos y circunstancias del caso, los sistemas centralizados de gestión de tesorería suelen presentar características comunes: un gran número de partícipes, puede haber entidades con posiciones deudoras y con posiciones acreedoras, cada participe puede tener una calificación crediticia diferente y el acuerdo de centralización suscrito con el banco suele requerir garantías mutuas y derechos de compensación entre todos los partícipes».

Cree Bunge Ibérica que el principio de plena competencia exige tratar a las sociedades integradas en un grupo multinacional como si operaran en el mercado como entidades independientes, por lo que se trata de comparar las condiciones de cada operación vinculada examinada con las que se pactarían entre partes independientes en una operación comparable, y eso es lo que hizo el grupo Bunge al aplicar el método del precio libre comparable: identificó contratos de depósito y contratos de préstamo entre partes independientes, a partir de bases de datos que recogen información pública, y aplicó esas condiciones a los contratos formalizados entre las partes vinculadas.

Señala que la Administración tributaria rechaza este análisis individualizado de las operaciones vinculadas que comprueba, pese a reconocer la complejidad de encontrar una situación comparable en el mercado, y efectúa un análisis conjunto de todas ellas en una lógica mutual, conforme a la cual los beneficios derivados del sistema de cash poolingdeben ser repartidos homogéneamente entre todas las entidades participantes, lo que le lleva a sostener una simetría entre los tipos de interés de los depósitos y de los préstamos, que sencillamente es imposible entre partes independientes, no sólo desconociendo que el disfrute de mejores tipos de interés en depósitos y préstamos para los participantes en un cash poolinges perfectamente posible, aunque ambos tipos de interés no sean simétricos, sino también que puede haber otras razones distintas de la obtención de mejores tipos de interés en depósitos y préstamos que justifiquen sobradamente la participación en un acuerdo de cash pooling,como se cuidan de destacar las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, incluso con los tipos de interés fijados por el mercado financiero entre partes independientes.

Pone de relieve que la Administración tributaria sostiene el uso de la calificación crediticia del grupo multinacional, en lugar de la calificación crediticia de la sociedad prestataria, no porque desconozca que una y otra pueden ser diferentes, sino porque le parece más adecuada a la operativa del cash pooling,habida cuenta de que las operaciones de financiación se centralizan a través de una entidad única (Bunge Master Trust),olvidando que no se trata de valorar la operativa financiera del grupo Bunge sino de valorar a mercado concretas y específicas operaciones de préstamo en las que el prestatario es una sociedad anónima, luego con responsabilidad limitada, y radicada en España, lo que inevitablemente implica un riesgo propio de este país de residencia.

En definitiva, concluye, la regularización de operaciones vinculadas conforme al método del precio libre comparable puede atender a las concretas circunstancias de las operaciones realizadas, pero no apartarse del valor que tendrían en el mercado operaciones comparables realizadas entre partes independientes, pues no se trata de valorar la operativa financiera del grupo multinacional Bunge sino de valorar concretas operaciones financieras del grupo fiscal Bunge Ibérica.

La Abogacía del Estado inicia su escrito de oposición manifestando que no hay un único sistema de cash pooling,sino muchas variedades de esta manera de organizar la tesorería dentro de un grupo de sociedades, y que el análisis determinante de la correcta aplicación de las normas reguladoras de los precios de transferencia en operaciones vinculadas debe referirse a las circunstancias del caso concreto.

La administración se limitó a «comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado»y a efectuar «las correcciones valorativas que procedan»,unas correcciones valorativas que basó en atender a la cláusula legal de «precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables».Y es aquí cuando, a la vista de las características del servicio prestado por BFBV y de las circunstancias del mismo, no pudo aceptar las consecuencias que se seguían del planteamiento fáctico de Bunge Ibérica porque:

A) Las operaciones por las que Bunge transfiere sus excedentes de tesorería a BFBV no tienen el carácter de depósito bancario sino, a la vista del examen del concreto sistema de cash poolingen que participa, son en rigor préstamos que reciben otras unidades del grupo y que BFBV se limita a canalizar administrativamente.

B) Las operaciones comprobadas no son de largo plazo.

C) En las transferencias de fondos de BFBV a Bunge no es relevante la calificación crediticia individual de ésta sino la del grupo (dado que son operaciones que se integran en la estrategia financiera del grupo en su conjunto).

D) BFBV realiza meras funciones administrativas y de gestión, no asume riesgos (en particular, de impago) y no puede considerarse que su posición equivalga a la de una entidad financiera (sino a un mero prestador de servicios de reducido valor añadido).

Según la Abogacía del Estado, en casación, la recurrente:

(i) Desliza argumentos que implican necesariamente contradecir los hechos de la sentencia. Así, cuando insiste en reputar "depósitos" las operaciones activas de Bunge con BFBV, o cuando se expresa en términos que suponen aceptar que BFBV ejerce funciones equivalentes a una entidad financiera.

(II) Recurre a las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, en su versión de 2022, haciendo algunas referencias y citas selectivas. Basta leerlas para comprobar que nada concluyente representan en favor de la tesis de la recurrente. Así no ve qué relevancia puede tener que se apunte la posibilidad de que la participación en el cash poolingobedezca a razones distintas de obtener mejores tipos de interés, párrafo 10.146. O la alusión al párrafo 10.147, que se refiere al acuerdo de cash poolingcon el banco y que, lejos de excluir el uso de la calificación crediticia del grupo por todos los participantes, se refiere a qué medidas deben adoptarse para que tal cosa proceda. Pero lo que este mismo párrafo afirma es que habrá que tener siempre presentes los hechos y circunstancias del caso, lo que es indiscutible -desde luego, así resulta de la ley española- y es lo que hizo la Administración en el presente caso.

(III) Postula un examen aislado de cada singular operación de los miles que se realizan de manera sistemática y predeterminada en el marco del sistema de cash poolingdel caso, como si cada una fuera equivalente a una operación aislada entre una verdadera entidad financiera y un cliente, que deposita fondos y/o recibe financiación. Tal cosa, según la Abogacía del Estado, es desatender frontalmente la cláusula de "circunstancias equiparables":ignorar que Bunge Ibérica sabe que los excedentes de tesorería que aporta se canalizarán a la financiación de otras unidades del grupo, que BFBV no asume riesgo alguno, que la función de esta entidad se limita una interposición de pura gestión administrativa, que cada operación se realiza sistemáticamente de manera diaria (barridos) en cumplimiento de un designio del grupo, que la financiación que recibe la obtiene BFBV única y exclusivamente como instrumento del grupo (careciendo de toda entidad y solvencia propia) y precisamente en virtud del respaldo que recibe de éste.

En estas condiciones, no cabe pensar que la consideración del sistema de cash poolingen su conjunto esté excluida de las circunstancias que caracterizan las operaciones: en modo alguno aquella consideración se refiere a elementos ajenos a la transacción en cuestión, pues cada una de éstas solo existe como un acto de ejecución del sistema como tal.

Recuerda nuestra sentencia de 19 de octubre de 2023, rec. cas. 1878/2022, que contiene una afirmación de gran relevancia respecto de los conflictos sobre sistemas de cash pooling:

«En cuanto a la fijación de la doctrina jurisprudencial hay que advertir que por las singularidades del contrato "cash pooling", que es una modalidad contractual compleja carente de regulación normativa y sujeto a la disponibilidad de las partes en cuanto al contenido y exigibilidad de sus obligaciones, no resulta posible formular una doctrina que pueda proyectarse sobre cualquier contrato de esta naturaleza».

La respuesta a la cuestión con interés casacional, afirma, debe ajustarse al concreto sistema del caso, tal y como la sentencia lo asume y describe en sus consideraciones de orden fáctico. No cabe dar respuesta general como si no hubiera más que «un sistema de tesorería centralizada (cash pooling) por un grupo societario multinacional».La realidad es que hay muchas modalidades, y tantas variantes como casos concretos.

En el presente caso, por las razones expuestas, mantiene que:

a) La consideración de las características y elementos del sistema de cash poolingno supone en absoluto «la introducción de elementos ajenos a la transacción analizada».Por el contrario, cada transacción realizada en el sistema debe valorarse teniendo en cuenta aquellas características y elementos.

b) El método del precio libre comparable no "exige" tal o cual cosa respecto del cash poolingen general. Lo que el método exige es comparar el precio practicado por las partes vinculadas «con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables».Es en este ejercicio en el caso concreto -sin perjuicio del análisis de otros casos- como la Administración concluye -y la sentencia confirma- que los tipos de interés de las operaciones activas y pasivas (que son respectivamente pasivas y activas para otras unidades del grupo) deben coincidir y que, para todas las unidades, debe aplicarse la calificación crediticia del grupo (dado el carácter "mutual" del sistema, que es establecido y respaldado por el grupo).

En todo caso, no es posible apreciar -ni la recurrente justifica- infracción concreta alguna de las normas legales consideradas.

TERCERO.- El criterio de la Sala.Remisión a la sentencia de 15 de julio de 2025, recaída en el RCA 4729/2023

El asunto ahora enjuiciado coincide, sustancialmente, con otro que ya se han resuelto por esta Sala, de manera que, por preservación de la unidad de doctrina y por seguridad jurídica, debemos reiterar la doctrina ya fijada en él y, por ello, nos remitimos a la sentencia de 15 de abril de 2025, recaída en el rec. cas. 4729/2023, que reproducimos en su práctica totalidad.

El sistema centralizado de gestión de tesorería es un contrato mercantil atípico y mixto. Atípico porque no existe un régimen legal específico, sin que, por lo demás, su desarrollo jurisprudencial sea abundante hoy en día, y mixto porque consiste en heterogeneidad de relaciones jurídicas, vgr. préstamo reciproco, contrato de cuenta corriente y contrato de comisión.

Este sistema debe analizarse teniendo muy presente el derecho europeo, debiendo realizarse una interpretación dinámica, que ambas partes, en esta instancia han utilizado también. Lo relevante son los hechos que configuración el concreto cash pooling,pero eso sí, sin que pueda, en casación discutirse la valoración de la prueba realizada en la instancia (Cfr. sentencias de 22 de julio de 20023, rec. cas. 6571/2021 y de 8 de junio de 2023, rec. cas. 6528/2001). Esto es, seguiremos las directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, en su versión de 2022.

Los apartados 109 y 110 caracterizan al cash pooling.

El primero de ellos señala: «Son muchas las empresas multinacionales que recurren a sistemas centralizados de gestión de tesorería como medio para lograr una gestión de liquidez más eficiente reagrupando, de forma física o teórica, los saldos de una serie de cuentas bancarias distintas.

Dependiendo de la modalidad elegida, la centralización de la tesorería puede ayudar a mejorar la gestión de liquidez, lo que permite reducir la dependencia de la financiación externa o, en caso de haber un excedente de tesorería, permite obtener un mejor rendimiento sobre los saldos de caja. También permite reducir los costes de financiación gracias a la supresión del diferencial bancario que conllevarían los intereses pagaderos o exigibles. Mientras que el segundo señala; "En el contexto de esta sección, "sistema centralizado de gestión de tesorería" significa la puesta en común de los saldos de tesorería en el marco de un acuerdo de gestión de liquidez a corto plazo. Los acuerdos de sistemas centralizados de gestión de tesorería son contratos complejos que pueden abarcar operaciones tanto vinculadas como no vinculadas. Por ejemplo, una estructura frecuente es que las entidades del grupo de empresas multinacionales que participan de este acuerdo, firmen un contrato con un banco al que no están vinculadas que les preste servicios de gestión centralizada de tesorería, y cada entidad abre una cuenta bancaria en ese banco».

El sistema centralizado de gestión de tesorería puede adoptar distintas configuraciones y, así, se puede distinguir entre virtual y físico. En la presente ocasión, como se indica en el informe indicado, el sistema se encuadra dentro del denominado cash poolingfísico, en los que diariamente el saldo de las cuentas bancarias integradas en el mismo, es transmitido a las "cuentas bancarias" de la entidad líder. El apartado 10.111 de las Directrices señala que «Aunque existen dos modelos básicos de centralización de la tesorería: física y teórica pueden acordarse múltiples variantes y combinaciones para responder a las necesidades específicas de la actividad económica».Concretamente, el apartado 10.112 define la centralización física de esta forma: «Habitualmente, los sistemas físicamente centralizados de gestión de tesorería consisten en transferir diariamente los saldos de las cuentas bancarias de todas las entidades que participan en el sistema a una única cuenta bancaria central, de la que es titular la sociedad organizadora de la centralización. Toda cuenta con saldo negativo se equilibra hasta alcanzar el saldo determinado como objetivo (normalmente cero) mediante una trasferencia de la cuenta central a la subcuenta correspondiente. Una vez que las cuentas de las partícipes del sistema se hayan ajustado al saldo objetivo, en función de que el resultado sea de excedente o de déficit, la entidad organizadora se endeudará con el banco para cubrir ese déficit neto de financiación o depositará el excedente, según proceda».

Como se señala en el párrafo 1.11, «Cuando el tipo de operación que llevan a cabo las empresas asociadas es infrecuente entre empresas independientes, resulta difícil aplicar el principio de plena competencia, ya que habrá poca o ninguna evidencia». En efecto «al tratarse de una operación propia de grupos empresariales, raramente se daría entre partes independientes, de ahí que no sea fácil encontrar una operación comparable a los efectos de determinar el precio de mercado».

La definición precisa de las operaciones relacionadas con la centralización de la gestión de la tesorería resulta fundamental.

El apartado 10.115 señala que tal definición «dependerá de los hechos y circunstancias de cada caso».

Por su parte, el apartado 10.116 y siguientes, añaden que «La definición precisa de los sistemas centralizados de gestión de tesorería tiene que tener en cuenta no sólo los hechos y circunstancias de los saldos transferidos, sino el contexto más general de las condiciones del sistema centralizado de gestión de tesorería en su conjunto.

10.117. Las entidades que participan del sistema centralizado de gestión de tesorería, en el que pueden tener una posición acreedora o deudora, probablemente aportarán liquidez como parte de una estrategia de grupo más amplia, que puede tener entre sus objetivos determinados beneficios que pueden lograrse únicamente participando de una estrategia colectiva que engloba a las participantes del sistema, que se lleva a cabo en beneficio de todas ellas, y en el que la participación está restringida a las empresas que pertenecen al grupo de empresas multinacionales. Las entidades participantes aportan tesorería al sistema, o la retiran del sistema, pero ni aportan tesorería a un miembro concreto, ni la retiran de un miembro concreto del sistema.

10.118. Ninguna empresa participaría en un sistema centralizado de gestión de tesorería si hubiera otra opción que la beneficiara más. El análisis de la decisión de la empresa multinacional de participar en un sistema centralizado de gestión de tesorería debe hacerse comparando las opciones de las que dispone de modo realista, teniendo en cuenta que, como partícipe del sistema centralizado de gestión de tesorería, una empresa multinacional puede obtener beneficios que van más allá de un mejor tipo de interés (véase el párrafo 10.146).

10.121. Una ventaja que puede derivarse de un sistema centralizado de gestión de tesorería puede ser la reducción de los intereses pagados o el aumento de los intereses recibidos, que resultan de la compensación de posiciones acreedoras y deudoras. Por lo general, los partícipes de los sistemas centralizados de gestión de tesorería se repartirán el importe de los beneficios derivados de la sinergia del grupo, calculado por comparación con los resultados que cada entidad participante hubiera obtenido si hubiera negociado por sí misma con empresas independientes, tras asignar una compensación adecuada a la entidad organizadora de la gestión centralizada por las funciones desempeñadas.

10.122. Otro aspecto que debe considerarse con detenimiento al analizar los acuerdos de financiación intragrupo que pueden describirse como centralización de la gestión de la tesorería, son las situaciones en las que miembros del grupo de empresas multinacionales mantienen sus posiciones de débito y crédito que, en lugar de formar parte de un acuerdo de liquidez a corto plazo, son a más largo plazo. Por lo general, lo apropiado sería considerar si, en el marco de la definición precisa de la operación, sería adecuado tratarlos no como una operación de centralización de tesorería a corto plazo, si no, por ejemplo, como un depósito a largo plazo o un préstamo.

10.123. Una de las dificultades prácticas que surge en esas situaciones será la de determinar durante cuánto tiempo puede considerarse que un saldo forma par te de la centralización de tesorería antes de que se le pueda considerar como algo distinto, por ejemplo, un préstamo.

Dado que la gestión centralizada de tesorería está destinada a operar en el corto plazo, en función de las necesidades de liquidez, sería conveniente revisar si ese mismo modelo se reproduce a lo largo de los años y analizar las prácticas de gestión financiera del grupo de empresas multinacionales, teniendo en cuenta que el rendimiento de los saldos de caja es un componente fundamental de la gestión financiera».

Con respecto a la remuneración de la función de la entidad organizadora de la gestión centralizada de tesorería los apartados 129 a 131 establecen:

«10.129. La remuneración que deba percibir la entidad organizadora de la gestión centralizada de tesorería dependerá de los hechos y circunstancias del caso, de las funciones desempeñadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos para posibilitar el sistema centralizado de gestión de tesorería.

10.130. En general, la entidad organizadora desempeña únicamente una función de coordinación o de agente, ya que la cuenta centralizada constituye el punto en el que confluyen una serie de anotaciones contables destinadas a cumplir con los saldos fijados como objetivo para los partícipes del acuerdo. Dadas las limitadas funciones que desempeña, la remuneración de la entidad organizadora de la gestión centralizada, en tanto que prestador de servicios, será igualmente limitada.

10.131. Cuando la definición precisa de las operaciones efectivas determine que la entidad organizadora de la gestión centralizada lleva a cabo otras funciones distintas de las de coordinación o agencia, la determinación del precio de esas operaciones se ajustará a los enfoques descritos en otras secciones de estas Directrices, según corresponda».

No se debe perder de vista que el informe realizado, que es, en gran parte, la base de la liquidación recurrida y, también, la sentencia recurrida, no tienen, en verdad, vocación de generalidad, se aplica a la vista de la documentación analizada en el caso concreto examinado y, tras haber realizado el necesario análisis funcional, en términos de funciones realizadas, activos utilizados y riesgos asumidos, en concordancia con las Directrices de Precios de Transferencia y, asimismo, tras haber llegado a la conclusión que la entidad líder del sistema de centralización de tesorería analizado realiza puramente funciones de gestión y administrativas.

En la presente ocasión la función de la entidad organizadora es limitada. Su función es la de centralización, asignando los fondos conforme a los requerimientos de dichos participes y llevando registro de ello. Es fundamental el limitado papel desempeñado por dicha entidad, y así se insiste en el acuerdo de liquidación. Opera sobre cuantías o excedentes que han sido aportados por los partícipes en el cash poolingcomo titulares únicos de las mismas no adoptando dicha entidad, decisión propia al respecto. Además de no haber generado ni ostentar la titularidad económica (o jurídica) de la liquidez canalizada y de no adoptar decisiones, la entidad líder tampoco asume riesgos. El riesgo queda a cargo de las entidades participes mientras que la entidad gestora permanece al margen del mismo. De una parte, las primeras generan y ostentan el activo (fondos) cuya cesión deciden, asumiendo las consecuencias de dicha cesión (y la correlativa remuneración financiera). De otra parte, se encontraría la entidad gestora, coordinando y llevando registro de la asignación de fondos ajenos (no generados por la mismas) y careciendo de la capacidad de decidir sobre los mismos (su asignación destino responde a los requerimientos de los partícipes). No puede sino rechazarse la caracterización de las operaciones mantenidas por Bunge Ibérica, conforme a la cual las cantidades aportadas se asimilan a depósitos y las recibidas por las participes se tratan como prestamos (líneas de crédito, con o sin comisión por disponibilidad). En el conjunto del cash pooling,únicamente tienen lugar préstamos a corto plazo concedidos por los partícipes (transacciones entre entidades no financieras) y en ningún caso, depósitos.

A partir del análisis de funciones/activos/riesgos, a fin de garantizar la adecuada aplicación del principio de libre competencia se ha evidenciado que lo sustancial del cash poolingson las entidades participes. Comparten liquidez, cuyo origen se encuentre en la operativa natural (de explotación empresarial o cualquier otra, en correspondencia con la actividad desarrollada de cada una de las entidades, que, fruto de la misma, han generado un excedente. Estas cuantías aportadas al cash poolingtienden a ser variables a lo largo del tiempo, no suelen ser cuantiosas ni tener una periodicidad estable (dado que, si así fuera, implicaría la oportunidad de que dicho excedente "estable" u ocioso pudiera ser empleado en inversiones alternativas a inmovilizar a mayor plazo obteniendo una rentabilidad superior, dejando de este modo de encontrarse disponibles en forma de liquidez. Tales excesos se aportan al cash poolingcon una periodicidad diaria (se contempla, recuérdese expresamente un barrido diario) conformando un conjunto común de tesorería a disposición de las entidades demandantes de fondos. Consecuencia de lo anterior que, respecto a las aportaciones individualmente consideradas, se predican las notas de variabilidad y corto plazo. Opuesto a lo anterior se encontraría un préstamo (bancario o no) considerado frente a una prestataria concreta, por una cuantía considerable y a plazo medio o largo, que es, precisamente, el esquema apuntado en el informe aportado por Bunge Ibérica. Junto a la variabilidad de la aportación diaria, el sistema de cash pooling reviste un carácter permanente como herramienta estructural en el funcionamiento operativo del grupo.

El informe pericial, aportado ante la Audiencia Nacional, no toma en consideración las particularidades propias del medio de financiación aceptado por las partes como alternativa real a disposición de las entidades participantes en el cash pooling sino que expone de forma genérica y teórica que la remuneración de un préstamo debe ser acorde a la posición de riesgo y circunstancias del prestatario («el coste financiero de una filial ha de determinarse a partir de la calificación crédito de la filial y no a partir de la calificación crediticia del grupo»).El informe pericial no contempla el caso práctico real, no tiene en cuenta el conjunto probatorio constituido por los contratos que desarrollan el cash poolingque nos ocupa. La propuesta del contribuyente, al tiempo de establecer las condiciones remunerativas del cash pooling,supone diferenciar considerablemente el precio o tipo de interés exigido en las operaciones de retirada (es decir, cuando se toma prestado por cada entidad participe) detrayendo cantidades del cash pooling,prestado así al conjunto. Las operaciones se consideran por Bunge Ibérica como de préstamo y se establece un tipo de interés elevado, mientras a las aportaciones se las equipara a un depósito, fijando una remuneración no significativa. Desde esta perspectiva de Bunge Ibérica se origina un diferencial por dicha distinción o asimetría de tipos de intereses no admisible, conforme a mercado y que tiende a implicar un territorio significativo de las bases imponibles de las entidades prestatarias, en beneficio de la jurisdicción en la que se ubica la entidad gestora del cash pooling (Países Bajos).

CUARTO. - Fijación de doctrina.

En las concretas circunstancias del presente recurso, fijamos la doctrina de que, en relación con las operaciones de financiación efectuadas en un sistema de tesorería centralizada (cash pooling)por un grupo societario multinacional, de la aplicación del método de libre competencia se desprende que (i) que el tipo de interés de las cantidades aportadas y de las cantidades percibidas por las entidades participantes sea simétrico; y (ii) que la calificación crediticia aplicable a las operaciones de préstamo sea la del grupo societario y no la de la entidad prestataria.

QUINTO.- Pretensiones de las partes.

Bunge Ibérica pretende que casemos la sentencia objeto del presente recurso de casación y, resolviendo el debate en los términos suscitados, estime el recurso contencioso-administrativo 120/2020, anulando la resolución del Tribunal Económico-administrativo Central, de 8 de octubre de 2019 y la liquidación tributaria correspondiente a los ejercicios 2010 a 2013 de la que esta trae causa por no ser conformes a Derecho.

La Abogacía del Estado solicita que se declare no haber lugar al recurso de casación.

Por las razones por las razones expuestas declaramos no haber lugar al recurso de casación, lo que significa que la sentencia recurrida se confirma.

SEXTO.- Costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no apreciarse mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración expresa de condena en dicho concepto en lo que se refiere a las causadas en este recurso de casación.