Sentencia Contencioso-Administrativo 520/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 4706/2024 de 27 de abril del 2026

PRIMERO.-El presente recurso de casación se interpuso por don Adrián Murillo Linares contra la sentencia núm. 271/2024, de 25 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que desestimó el recurso contencioso-administrativo tramitado como Procedimiento Ordinario núm. 554/2023, en relación con los rendimientos del trabajo percibidos por los militares españoles que se hallen destinados en el Líbano como integrantes de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL).

SEGUNDO.-La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo con sustento en el siguiente razonamiento:

«TERCERO.- La cuestión planteada en este recurso ha sido resuelta recientemente por esta Sala en su Sentencia nº 536/2023 de 17 de noviembre, Rec. 303/2023, cuyo Fundamento de Derecho Segundo establece: "El recurrente considera que el territorio en el que ha prestado sus servicios depende de la ONU pero del punto 16 del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno del Líbano , en relación al estatus de la fuerza provisional de Naciones Unidas en ese país, dispone que el Gobierno del Líbano proporcionará, sin coste, de acuerdo con el comandante de la Fuerza, las áreas necesarias para los cuarteles generales, bases u otros locales para la conducción de las actividades operativas y administrativas que desarrolle la UNIFIL (Estatuto de la Fuerza Internacional en el Líbano) y para acomodar a sus miembros, sin perjuicio del hecho de que tales establecimientos siguen siendo territorio libanés.

Por razones de especialidad y al margen de lo que se establezca en otras intervenciones, misiones o Tratados no puede admitirse, en este caso, que las bases en que se encuentran las tropas españolas pertenecen a la ONU, como señala el recurrente.

Hemos de tener en cuenta que el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria establece que, en principio, las normas tributarias no tendrán efectos retroactivos y se aplicarán a los tributos sin periodo impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos, cuyo periodo impositivo se inicia desde ese momento.

El recurrente, en este punto debatido y sin olvidar que nos encontramos ante la obligación tributaria principal, señala que el Líbano se adhirió al Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal de la OCDE y que se encuentra dentro del Foro Global sobre el transparencia e intercambio de información con fines fiscales pero debe tenerse en cuenta, como se ha dicho, que el artículo 7.p.2 considera necesario que el país o territorio en el que se realizan los trabajos tenga suscrito "con España" un convenio para evitar la doble imposición, es decir, que no basta con que lo haya ratificado o suscrito con una organización internacional a la que pertenezca España, de manera que aunque en 2017 haya suscrito tal acuerdo con la OCDE no se cumple por el principio de legalidad establecido en materia, de acuerdo con los arts. 7 y ss. de la Ley General Tributaria.

A la fecha del devengo de los impuestos al Líbano se le consideraba en la legislación española, según el Real Decreto 1080/1991 un paraíso fiscal, lista de la que todavía no ha salido y del texto de la LGT se deduce que no basta con que se tenga suscrito un convenio con España sino que debe ser para evitar la doble imposición y que contenga cláusula de intercambio de información mientras que el Convenio al que se refiere la recurrente, simplemente, es para intercambio de información y además con inicio para periodos impositivos posteriores a enero de 2018.

En este mismo sentido téngase presente lo dispuesto en los arts. 12, 13, 14 y 15 de la LGT respecto de la aplicación y prueba de las normas tributarias y en este sentido, la prueba del Derecho extranjero ( Disposición final primera de la LJCA en relación al art. 281.2 de la LEC requiere, en este caso, que se aplique un impuesto que, además, ha de ser de naturaleza idéntica o análoga, extremo que no consta debidamente acreditado.

Como se dice, en cualquier caso, es necesario que se tenga suscrito con España un Tratado de doble imposición, que desde luego es un requisito que no concurre.

Por todo lo expuesto consideramos que no debe estimarse al recurso contencioso-administrativo presentado.

Todos los argumentos recogidos anteriormente resultan plenamente aplicables a este supuesto, tratándose, además, del mismo país en ambos casos. [...]» (FD Tercero).

El procurador del Sr. Severiano preparó recurso de casación contra la meritada sentencia mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2024, identificando como normas legales que se consideran infringidas:

- La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016.

- Los artículos 9.3, 14 y 24.1 y 31 de la Constitución.

- El art. 7. p) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

- Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, BOE 10/02/2023 en relación con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164.

- Las sentencias del Tribunal Supremo 428/2019 y 429/2019, de 28 de marzo; resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (calificada como Doctrina) de fecha 16 de enero de 2019, número 00/02625/2018/00/00 y la resolución vinculante DGT V0368-17 de 14 de febrero de 2017; la sentencia 826/2023, de 21 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección 2 recurso 917/2022); la sentencia 672/2023, de 13 de noviembre, del Tribunal Superior de Galicia (recurso 15740/2022); la sentencia 83/2024, de 30 de enero, del Tribunal Superior de Galicia (recurso 15483/2023); y las sentencias 342/2021, de 16 de junio, 142/24 y 144/24, de 23 de febrero y la 199/24, de 15 de marzo, todas ellas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El tribunal de instancia tuvo por preparado el recurso de casación mediante auto de 3 de junio de 2024.

TERCERO.-Preparado el recurso en la instancia y emplazadas las partes para comparecer ante esta Sala, por auto de 11 de junio de 2025, la Sección de Admisión de esta Sala acuerda:

«2º) Declarar que las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en:

Primero: determinar si resulta aplicable a los rendimientos del trabajo percibidos por los militares españoles que se hallen destinados como integrantes de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) la exención prevista en el artículo 7, letra p ) LIRPF , o, en su caso, la exención total prevista en la Sección 19 de la Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de noviembre de 1947.

Segundo: aclarar si las retribuciones abonadas por el Ministerio de Defensa en una cuenta corriente de un banco establecido en España a un militar español integrante de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) que operan bajo bandera de las Naciones Unidas, deben entenderse satisfechas por servicios prestados para las Naciones Unidas o, al contrario, se han prestado en un país que tenía la consideración de paraíso fiscal en los años 2017 y 2018, y si esta circunstancia, atendido el carácter obligado del destino encomendado y la finalidad de la exención fiscal, es relevante a efectos de la exclusión de ésta.

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación: el artículo 7.p) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre; el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno del Líbano en relación con el status de la Fuerzas Provisionales de NNUU en tal país; la Sección 19 de la Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de noviembre de 1947; la Sección 18 del artículo V de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, Nueva York el 13 de febrero de 1946. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA».

CUARTO.-Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro del plazo fijado en el art. 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [«LJCA»], la representación de don Roman, mediante escrito registrado el 22 de julio de 2025, interpuso el recurso de casación en el que, en síntesis, aduce que «[...] debe aplicarse la extensión de los efectos de las Sentencias dictadas los días 8, 10 y 21 de abril de 2025 ( recursos de casación núm. 4077, 7834 y 6902/2023) al recurso interpuesto por [su] representado ya que, concurren todas y cada una de las circunstancias exigidas», al encontrarnos «[...] ante una situación jurídica idéntica que los favorecidos por los fallos de las mencionadas sentencias, y concretamente, a las de los recursos nº 4077 y 7834/2023, siendo el recurrente miembro de las fuerzas armadas que se desplazó en los años 2017 y 2018 al territorio del Líbano bajo el mandato de las Naciones Unidas para la misión de mantener la paz internacional, habiendo solicitado la exención de los rendimientos del trabajo por el tiempo efectivamente trasladado en el mencionado ejercicio conforme al art. 7 p) de LIRPF, constando acreditado en el expediente administrativo que obra en autos [...]» (pág. 10 del escrito de interposición).

Finalmente solicita el dictado de sentencia que «[...] dicte resolución por la que se declare que:

1.- Ha lugar al recurso de casación deducido por esta parte en interés casacional para la formación de jurisprudencia contra la Sentencia núm. 271/2024 de 25 de abril dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el procedimiento ordinario núm. 554/2023, casándose y anulándose la misma.

2.- Se estime el presente Recurso núm. 4706/2024 deducido contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, de 26 de julio de 2023, dictada en Reclamaciones 06- 00100-2022 y 06-00105-2022, que desestimó la reclamación contra el acuerdo de resolución de la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada de las declaraciones de la renta de los ejercicios 2017 y 2018 dictadas por la Delegación Especial de Extremadura de la Agencia Tributaria. Y en consecuencia, de aplicación con la exención prevista en el art. 7 p) LIRPF, se reconozca el derecho a la devolución por la AEAT al recurrente de la cantidad de 5.583,86 euros correspondientes a la rectificación de autoliquidación del IRPF de los ejercicios 2017 y 2018 más los intereses legales de la mencionada cantidad desde la notificación de la Sentencia en primera o única instancia.

3.- Se impongan las costas a la administración demandada de esta casación y de las causadas en la instancia».

QUINTO.-Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, el abogado del Estado presenta, el día 4 de noviembre de 2025, escrito de allanamiento a la pretensión del recurrente, «[...] en atención a la doctrina que la Excma. Sala tiene establecida sobre la cuestión de interés casacional identificada en el presente caso [...]» y suplica a la Sala que «[...] tenga por realizadas las anteriores manifestaciones, acordando la terminación del presente recurso por ALLANAMIENTO de la Administración, sin imposición de costas».

SEXTO.-Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del recurso el día 24 de marzo de 2026, fecha en que tuvo lugar dicho acto.