Sentencia Contencioso-Administrativo 140/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 25/2025 de 12 de febrero del 2026

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de don Andrés y de Fomento Versus Coacción, S.L. ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 19 de octubre de 2023 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, desestimatorio de su recurso de alzada n.º 202/2023 contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de 4 de julio de 2023, de archivo de la diligencia informativa n.º 213/2023. Esta última se incoó en virtud de la denuncia presentada por el Sr. Andrés contra la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real doña Almudena Buzón Cervantes. Denuncia cuyo traslado pidió a los otros magistrados de dicha Sección por si pudiera afectarles una posible futura acción de repetición del Estado en la acción de responsabilidad patrimonial que había ejercido ante el Ministerio de Justicia.

La actuación gubernativa consideró que los hechos reprochados en la denuncia no son constitutivos de la falta muy grave tipificada en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en la "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales".

Tales hechos se referían a la sentencia dictada en el recurso de apelación civil n.º 106/2018, el 21 de octubre de 2019 y al auto de 26 de septiembre de 2022, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones contra la anterior, siendo ponente la denunciada. La denuncia sostuvo que la sentencia incumplió el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pues no tuvo en cuenta los motivos de oposición de los cuatro apelados y se limitó a decir que se oponían y a reproducir los hechos y fundamentos de la demanda que acabaría estimando. Además, decía, la sentencia introdujo un hecho incierto e inventado: que la sociedad Promociones Agrarias Ecológica y Cultural, S.L. estaba en liquidación desde 2015, cuando sigue vigente y nunca estuvo en liquidación, hecho no rectificado --proseguía-- por el auto de 19 de diciembre de 2019. Al auto de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones le reprochó falsedad por decir que no habían alegado la infracción del derecho de defensa ni en la apelación ni en el recurso extraordinario de infracción procesal, cuando sí lo hicieron.

Tanto el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, cuanto el de la Comisión Permanente, al desestimar el recurso de alzada, pusieron de manifiesto que la denuncia en esencia expresaba disconformidad con el contenido de las decisiones adoptadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en el seno de un proceso de referencia. Y que tales decisiones se encuadran en el núcleo de la potestad jurisdiccional y, por tal razón, no cabe su revisión en la vía disciplinaria de la que conoce el Consejo General del Poder Judicial.

SEGUNDO.- La demanda de don Andrés y de Fomento Versus Coacción, S.L..

En su demanda, los recurrentes solicitan que dictemos sentencia que revoque el acuerdo impugnado y

«ordene al CGPJ incoar expediente administrativo contra doña Almudena Buzón Cervantes, magistrada de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, por falta muy grave del artículo 417.14 LOPJ, por su actuación como ponente en la sentencia 317/19, de fecha 21/10/2019 y en los autos de fechas 19/12/19 y 26/9/2022, resoluciones todas dictadas en el recurso de apelación civil 106/2018».

Insiste en que la sentencia dictada en segunda instancia, de la que fue ponente la denunciada, infringió el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (relativo a la exhaustividad y congruencia de las sentencias, así como a la motivación), por no considerar en forma alguna ninguna de las alegaciones de los cuatro escritos de oposición a la apelación presentados y por haberse basado en hechos inciertos.

Señala igualmente que la sentencia de apelación tampoco rebate el fundamento de la dictada en primera instancia, que sirvió para desestimar la demanda, consistente en no haberse cumplido el requisito de la subsidiariedad de la acción, que exige la doctrina del levantamiento del velo.

Además, resalta que se habían introducido hechos inciertos, cual es que la sociedad Promociones Agrarias Ecológica y Cultural, S.L. estaba en liquidación desde 2015 y que, en definitiva, las resoluciones judiciales se habían convertido en un mero acto de voluntad, pues se habían limitado a reproducir los argumentos de una parte y a desconocer por completo los argumentos de las otras cuatro.

TERCERO.- La contestación a la demanda del Abogado del Estado.

En su contestación, el Abogado del Estado nos pide, en primer lugar, la inadmisión del recurso por falta de legitimación activa de los denunciantes para exigir la incoación de expediente disciplinario y la imposición de sanciones, conforme a la jurisprudencia consolidada que establece que la imposición de sanciones a un juez no produce efectos positivos en la esfera jurídica del denunciante. Argumenta que el interés legítimo de los demandantes no se ve afectado por la resolución impugnada, ya que no se altera su situación jurídica. En cualquier caso y, subsidiariamente, mantiene que el recurso ha de ser desestimado, ya que la resolución del Consejo General del Poder Judicial es conforme a Derecho y no incurre en vicios que justifiquen su revocación.

En definitiva, solicita la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo y, subsidiariamente, su desestimación.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

Antes de abordar el fondo del asunto y en relación con la causa de inadmisibilidad del recurso que esgrime la Abogacía del Estado por falta de legitimación activa de los demandantes, hemos de señalar que es jurisprudencia constante de esta Sala que la legitimación para recurrir acuerdos de archivo de denuncias por parte del Consejo General del Poder Judicial se fundamenta en el interés legítimo del denunciante en que se examine su denuncia y se realicen las investigaciones necesarias por el Promotor de la Acción Disciplinaria para dilucidar si procede o no incoar un procedimiento disciplinario. No se extiende, sin embargo, a la pretensión de que se incoe tal expediente y tampoco a la de que se le imputen al juez o magistrado denunciado concretas infracciones o se le impongan las sanciones que pudieran corresponder. La razón, tal como lo hemos recordado, por ejemplo, en nuestra reciente sentencia n.º 577/2025, de 19 de mayo (recurso n.º 1173/2023), es que ni la incoación de dicho expediente, ni la imposición de una sanción al denunciado implican una ventaja para el denunciante, ni le evitan un perjuicio. Por eso, carece del necesario interés legítimo exigido por el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción para defender tales pretensiones en el proceso contencioso-administrativo.

La pretensión aquí ejercitada por los demandantes se dirige a que ordenemos al Consejo General del Poder Judicial incoar expediente administrativo a la magistrada denunciada por la infracción muy grave del artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El recurso, por lo tanto, debe ser inadmitido porque, de acuerdo con lo que acabamos de decir, el Sr. Andrés y la Sociedad Fomento Versus Coacción. S.L. no están legitimados para pretender en el proceso judicial la incoación del expediente disciplinario ni la imposición de sanciones a la magistrada denunciada. El único interés que les asiste es el de la defensa de la legalidad, insuficiente para fundamentar su legitimación.

Por lo demás, tiene razón el Consejo General del Poder Judicial, al poner de manifiesto que los reproches que formulan los recurrentes se refieren a decisiones de un órgano jurisdiccional adoptadas en el ámbito propio de sus competencias que, sin duda, pueden ser combatidas en el seno del proceso, pero no fiscalizadas por el Consejo General del Poder Judicial a través de su potestad disciplinaria. Es en el ámbito estrictamente procesal donde debería haberse desenvuelto --y resuelto-- la falta de conformidad de los actores con las resoluciones mencionadas. En dicho marco deberían haberlas impugnado conforme a la legislación procesal.

Además, el acuerdo de la Comisión Permanente cuenta con suficiente motivación, pues explica con claridad por qué no cabe la actuación disciplinaria en el caso concreto que nos ocupa. Todo ello sin contar con que las demandantes ni tan siquiera han indicado ninguna concreta diligencia de averiguación, investigación o algún otro trámite o actuación que se haya omitido y que, pudiendo resultar relevante, justificase la anulación de la actuación impugnada.

QUINTO.- Costas.

Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, imponemos a las actoras las costas de este recurso. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 4 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de 1.000€. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.