Sentencia Contencioso-Administrativo 98/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 945/2023 de 03 de febrero del 2026

PRIMERO.El representante legal del Excmo. Ayuntamiento de Osuna interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 22 de noviembre de 2022 (rec. 56/2021) por la que se desestimó el recurso interpuesto por dicho Ayuntamiento contra la resolución de 7 de octubre de 2020 de la Secretaria General de la Vivienda, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, confirmada en reposición por la resolución de 25 de noviembre de 2020, por las que se desestimó la solicitud de subvención presentada por el Ayuntamiento de Osuna por no haber acreditado el requisito consistente en que el compromiso sea adoptado por el Acuerdo del Pleno u órgano en quien delegue la solicitud.

SEGUNDO.Mediante Auto de 18 de mayo de 2023 se admitió el recurso de casación declarando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en matizar, concretar, reforzar o, en su caso, corregir la jurisprudencia, a fin de determinar, desde la perspectiva de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en supuestos en los que se cuestiona que el Alcalde tiene competencia para aceptar los compromisos derivados de la aceptación de la subvención para solicitar la misma, si las Bases de la convocatoria de la subvención pueden establecer como requisitos para su concesión el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para aceptar los compromisos derivados de la aceptación de la subvención y de autorización al Alcalde para solicitar la misma.

TERCERO.El escrito de interposición se basa en los siguientes motivos de impugnación:

1º Considera que la sentencia de instancia infringe la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2018 (rec. 369/2018) en la que se afirma que la exigencia de un Acuerdo del Pleno municipal, a efectos de conferir validez a la solicitud de ayuda pública carece de cobertura legal en virtud de los dispuesto en el art. 21.1 de la LBRL.

La resolución administrativa impugnada denegó la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Osuna por no haber cumplimentado el requerimiento para que aportase el Acuerdo del Pleno municipal aceptando los compromisos derivados de la aceptación de la subvención, pero el Ayuntamiento recurrente considera que dio cumplimiento a la exigencia requerida, pues el único órgano municipal competentes para solicitar la ayuda y para aceptar los compromisos derivados de la aceptación era la Alcaldía de dicho Ayuntamiento. Y ello porque conforme al art. 21 apartados f), o) y s) de la LBRL el Alcalde es competente para asumir los compromisos de gastos y la ejecución del proyecto de determinadas obras, como las que son objeto de la solicitud de ayuda en el presente asunto.

2º La sentencia impugnada no discute la competencia del Alcalde para cursar la solicitud de subvención y asumir los compromisos derivados de la misma conforme a las competencias que la LBRL atribuye al Alcalde, pero exige un plus de compromiso del Pleno Municipal para ser beneficiario de estas subvenciones. Diferencia así entre competencias de los órganos municipales y requisitos subjetivos de la entidad beneficiaria para recibir la subvención establecidos en el art. 8 del Decreto 282/2010 de 4 de mayo por el que se aprobó el Reglamento de los Procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. En definitiva, considera en base a esta distinción que los requisitos subjetivos de las entidades beneficiarias son un plus sobre las competencias de los órganos municipales y operan con independencia del régimen competencial fijado en la LBRL. Y que, por tanto, es exigible el compromiso del Pleno del Ayuntamiento para la solicitud de la subvención sin que ello afecte o altere el régimen competencial del Alcalde.

Considera la entidad recurrente que ese plus de competencias resulta contrario a derecho, pues ni la Ley General de Subvenciones ni el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales ni sus normas reglamentarias lo exigen, tan solo lo establece una Orden que establece las bases reguladoras de la subvención. Orden que está alterando el reparto competencial establecido en normas estatales básicas.

Es el legislador básico estatal quien está constitucionalmente habilitada para diseñar el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas, que en el caso del derecho local incluye la delimitación de competencias entre órganos básicos de la Administración Local, que no puede ser modificado por una disposición de rango reglamentario, trasladando la competencia del Alcalde al Pleno.

La autorización del Pleno municipal en muchos casos requiere trabajosos consensos por lo que de no concederse se despojaría al Alcalde del legitimo ejercicio de sus competencias y puede perturbar la gobernabilidad de los Municipios.

Por todo ello, solicita la anulación de la sentencia impugnada y se declare:

- que las bases de la convocatoria de la subvención no puede establecer como requisito para su concesión el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para aceptar los compromisos derivados de la aceptación de la subvención, en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1 de la LBRL en relación con el art. 8 de la LRJSP

- y, en consecuencia, se revoque la resolución de 7 de octubre de 2020 de la Secretaria General de Vivienda por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de concesión de subvenciones desestimando la solicitud de subvención del Ayuntamiento de Osuna, y la resolución de la Secretaria General de Vivienda de 25 de noviembre de 2020 por la que se desestimó el recurso potestativo de reposición.

- Y correlativamente se condene a admitir a trámite la solicitud de subvención presentada por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna, por importe de 237.257, 37 € y a proseguir todos los tramites del procedimiento subvencional hasta el dictado de la resolución definitiva.

CUARTO.La letrada de la Junta de Andalucía se opone al recurso, argumentando que la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2018 (rec. 1862/2018) no guarda relación alguna con la cuestión que presenta interés casacional en el caso que nos ocupa.

La razón de decidir para exigir el previo Acuerdo del Pleno municipal se sustenta en el art. 8 del Decreto 282/2010 precepto que permite concluir a la Sala la diferenciación entre las competencias del órgano municipal y los requisitos subjetivos que ha reunir la entidad beneficiaria solicitante de la ayuda.

Es esta la norma que sustenta la razón de decidir, y no el art. 21 de la LBRL, por lo que la resolución de denegación de la ayuda al Ayuntamiento se basa en el incumplimiento de las bases reguladoras de la misma al no haber quedado acreditado, pese a haber sido requerido para ello, que se aportase el acuerdo del Pleno.

Las bases reguladoras son la norma creadora de la subvención, sujeta al principio de legalidad ( art. 9 de la LGS). Y las bases complementan y desarrollan la Ley y el reglamento de subvenciones. Por otra parte, el artículo 17 de la LGS establece un contenido mínimo que debe ser objeto de cumplimiento por los participantes de la ayuda sin que quepan discrepancias fuera de la posible impugnación jurisdiccional.

Y finalmente sostiene que no puede afirmase que haya habido una delegación de competencias del Pleno del Ayuntamiento a la Alcaldía, argumentando que la delegación de competencias «choca frontalmente con el mandato imperativo previsto tanto en el art. 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y art. 22.4 de la LBRL», que si bien permite que el Pleno pueda delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde, exceptúa las enumerados en el apartado 2 párrafos a), b) c) ,d) e),f), g, h), i), l) y p), y añade «apartados estos en los que podría englobarse, quizás, la competencia relacionada con la solicitud de subvenciones y siempre que se relacionara con su control en los presupuestos locales».

QUINTO.El representante legal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se opone al recurso argumentando que la Corporación recurrente obtuvo la novena posición en la subvención con un total de 66.66 puntos. Dicha posición da como resultado que de estimarse las pretensiones de la parte demandante no daría lugar a una alteración del orden de prelación "al establecer en su demanda la obtención de 52,66 puntos" (sic) por lo que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en ningún caso puede verse perjudicado por la sentencia.

SEXTO.Por providencia de 3 de noviembre de 2023, el recurso quedó concluso y pendiente de votación y fallo, al no haber lugar a la celebración de vista pública por advertir la Sala que no era necesaria atendiendo a la índole del asunto.

Asimismo, por providencia de 3 de noviembre de 2025 se designó ponente a la Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde y se señaló para la deliberación, votación y fallo del recurso el 27 de enero de 2026, fecha en la que se deliberó y votó el asunto con el resultado que ahora se expresa.