Sentencia Contencioso-Administrativo 1056/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 529/2020 de 03 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Constituye el objeto de la presente apelación la sentencia por la que se desestima el recurso deducido por doña Leticia contra la desestimación por silencio administrativo de la "reclamación patrimonial solicitada por la recurrente ante el SAS y tramitada en el expediente de responsabilidad patrimonial NUM000".

La sentencia contiene los siguientes fundamentos de interés:

" La parte recurrente, fundamenta su pretensión en los siguientes hechos: Que en fecha 11 de marzo de 2016, acudió a la "Clínica Quirón Campo de Gibraltar", sita en Parque Tecnológico Las Marismas de Palmones - Los Barrios (Cádiz), para someterse a una intervención quirúrgica de hombro (descompresión subacromial hombro derecho), después de ser remitida desde el Servicio Andaluz de Salud a dicha clínica privada, según concierto con la Consejería de Salud. Que a raíz de la intervención en la Clínica Quirón, inició un periodo de incapacidad temporal derivado de enfermedad común por un cuadro clínico complejo relacionado con la mala recuperación de la operación sufrida, hasta que en fecha 30 de septiembre de 2016 fue vista por la Inspección Médica de la UMVI y, en virtud de las escasas posibilidades de recuperación, fue dada de alta con propuesta de incapacidad permanente.

Finalmente en fecha 30 de enero de 2017, y tras la revisión médica correspondiente por parte de los servicios médicos del Instituto Nacional de la Segundad Social, este organismo dictó Resolución, notificada el día 7 de febrero de 2017, por la cual se reconocía a la trabajadora en la situación legal de Incapacidad Permanente Absoluta derivada de Enfermedad Común, con derecho a una pensión vitalicia consistente en el 100 % de su base reguladora en catorce pagas anuales.

Que desde un primer momento la evolución de la intervención quirúrgica fue sido tórpida, con dolor intenso y pérdida de movilidad y sensibilidad de hombro, codo, muñeca y dedos.

Considera la recurrente que ha habido una mala praxis, no sólo en la intervención, sino también en el proceso de rehabilitación.

Mantiene la actora que el consentimiento informado en este caso ha sido un mero formulario que se le he entregado a la paciente sin explicación alguna y únicamente para que lo firme, y donde no se han tenido en cuenta en absoluto sus circunstancias personales y sus antecedentes médicos. Que no se tuvo en cuenta la fibromialgia previa que padecía la recurrente. Considera que se trata de un consentimiento informado incompleto, al faltar los riesgos personalizados, sobre los cuales se justifica el resultado fallido de la intervención y el proceso de rehabilitación.

Por la Letrada del SAS y del Hospital Quirón Campo de Gibraltar se alega ausencia de daño antijurídico y relación causal con el actuar de la Administración sanitaria. Desviación procesal en cuanto a la alegación de falta de consentimiento informado y se opone a la indemnización solicitada.

(...) En materia de responsabilidad patrimonial derivada de una actuación médica, el criterio básico utilizado es el de la Lex Artis, de suerte que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados: la obligación del médico es prestar la debida asistencia y no de garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. Por ello, la Lex Artis constituye el parámetro de actuación de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos, imponiendo al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida. Este criterio es fundamental a la hora de delimitar la responsabilidad en este ámbito, exigiéndose para su existencia, no sólo la lesión sino también la infracción de dicha Lex Artis. Si sólo bastara la lesión se incurriría en una excesiva objetivación de la responsabilidad. Al respecto, cabe cita la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2000 , en la que se recuerda: "Los conocimientos científicos, técnicos o experimentales ni en medicina ni, probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado. La certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano".

El art. 217.2 LEC 1/2000 , supletoriamente aplicable en el orden contencioso-administrativo, dispone con claridad que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. Es por tanto al que reclama, en los supuestos de responsabilidad patrimonial, a quien corresponde acreditar los hechos y circunstancias determinantes y necesarios para la afirmación de dicha responsabilidad, entre otros, los correspondientes a la prueba de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el efectivo daño producido. Lo que sucede es que, en virtud de lo que señala el apartado 6º del art. 217 LEC , es en la aplicación concreta de esta regla sobre carga de la prueba donde el juzgador deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en litigio. Una cosa es por tanto la carga de la prueba (que en el presente supuesto corresponde al reclamante) y otra las reglas de valoración de los elementos probatorios para afirmar si se ha cumplido con la citada carga y que se mueven en la órbita de la facilidad y disponibilidad probatoria.

Para la resolución del presente recurso hemos de acudir a la información que se recoge en el expediente administrativo, y más concretamente, a la historia clínica y al Dictamen Médico realizado por el Servicio de Aseguramiento y Riesgos del Servicio Andaluz de Salud, aportado junto a la contestación a la demanda. Tanto el Dictamen del Servicio de Aseguramiento y Riesgos como la pericial realizada por el Doctor especialista en traumatología D. Genaro, que entienden que no ha existido mal praxis ni infracción de la lex artis ad hoc, y consideran sin ningún género de dudas que los antecedentes y patologías previas de la paciente fueron determinantes en provocar una evolución tórpida de la Dña. Leticia. Se mantiene por ambos doctores que en la patología de la paciente, tras agotar otras alternativas terapéuticas, se optó por la cirugía de hombro, siendo tal indicación correcta y llevándose a cabo sin ninguna incidencia, si bien desgraciadamente, dados los antecedentes y patología previas de la paciente Dña. Leticia, sufrió una evolución tórpida materializándose riesgos recogidos en el consentimiento informado, sin que se pueda establecer una relación causal directa entre la intervención y el estado de la paciente.

Los extremos acreditados por los informes mencionados, no se desvirtúan por la prueba propuesta por la parte actora, ya que aporta informe pericial obrante a los folios 188 y siguientes expediente administrativo, emitido por al Dra. Trinidad, Máster en "Salud laboral y Enfermedades Profesionales" y Peritaje del daño corporal y Psisocia", en el que se valora únicamente el estado funcional actual de la paciente, la valoración del daño y si existe nexo causal entre el estado actual de la paciente y la IQ realizada el 18 de marzo de 2016 y ante esta última pregunta se afirma que existe nexo causal, y que dicha lesión neurológica viene recogida en el consentimiento informado como posible complicación. Aunque considera que llama la atención la existencia de un estado mórbido post quirúrgico desproporcionado en relación a la IQ realizada, teniendo en cuenta su estado previo y el tipo de cirugía realizada, sin embargo esta afirmación contrasta con la recogida por el especialista en traumatología D. Genaro, que considera que la patología previa de la paciente, pudo ser la causante de la evolución de la misma. Tampoco acredita la mala praxis alegada por la parte recurrente la declaración del Dr. Jesús, Médico de Atención Primaria, que únicamente acredita un hecho que no es negado por las partes, y es que la intervención quirúrgico tuvo una evolución tórpida, pero ello no desvirtúa que la intervención quirúrgica fuera adecuada y conforme con la lex artis.

Por lo que se refiere a las alegaciones realizadas por la actora sobre el consentimiento informado, aunque las mismas no fueran alegadas en vía administrativa, no puede considerarse una desviación procesal, como pretende la Letrada del SAS, ya que no altera la pretensión deducida por la parte recurrente en vía administrativa, motivo por el que procede valorar en este recurso, las alegaciones realizadas por la actora en su demanda, en relación al consentimiento informado.

Aclarado lo anterior, el síndrome de dolor complejo y las lesiones nerviosas son riesgos que parecen recogidos en el consentimiento informado. Queda recogido en el expediente administrativo que con carácter previo a la intervención, el día 11 de marzo de 2016, concretamente en la historia clínica de Quirón, (folio 131 del expediente administrativo) se citó a la paciente quien "firmó de nuevo el consentimiento informado y explicados los riesgos de la intervención de forma comprensible", constando en la propia historia de forma específica : "... le explico que los resultados finales estarán limitados por la ansiedad, la depresión y su fibromialgia, así como por la rehabilitación que haga." Consta igualmente que se le explicó en su centro de referencia donde el facultativo que le asistió el día 23/12/2015 anotó en la historia clínica: "se le explica los posibles resultados por su fibromialgia" (folio 30 del expediente administrativo). Ha quedado acreditado, que la recurrente firmó el consentimiento informado, siendo conocedora de los riesgos existentes que fueron explicados por los distintos facultativos, a lo largo de un proceso en el cual todas las personas que le asistieron eran conocedoras de las posibles limitaciones en la evolución de Dña. Leticia, a causa de sus patologías previas, y así se lo transmitieron a la paciente, prueba de ello son los folios 30, 117, 119, 124 y 131 del expediente administrativo que recogen las explicaciones de los riesgos y la pertinente firma del consentimiento informado, y las declaraciones celebradas en el acto de la prueba de la Dra. Facultativa del Servicio de Aseguramiento y Riesgos y por el Dr. D. Genaro. El hecho de que no constara en el consentimiento previo la fibromialgia, no existe duda de que la misma era conocida por los sanitarios que la intervinieron, sin que esta omisión pueda invalidar el consentimiento informado que firmó la recurrente.

Por otro lado y si bien es cierto que en la evolución de la paciente cursó una complicación como es el Síndrome de dolor regional complejo, posible e imprevisible, tal complicación está recogida en el consentimiento informado que la paciente firmó, sin que ello suponga impericia ni mal praxis.

Por otro lado, no ha quedado acreditado que existiera ninguna lesión del plexo braquial, así se informa en el Dictamen del Servicio de Aseguramiento y Riesgos del SAS, que hay cuatro estudios neurofisiológicos realizados a la paciente, dos en la privada y dos en el Servicio Público Sanitario, con conclusiones diagnosticas diferentes. No obstante, as conclusiones de los estudios realizados en el Servicio Público Sanitario son claras, no existen signos de lesión nerviosa, haciéndose aclaración pertinente en el estudio del 16/11/2016 sobre que las dificultades de activación muscular están ocasionadas por la clínica de dolor que presenta la paciente en la mano y en el brazo, sin que se haya practicado prueba alguna por la recurrente tendente a acreditar este extremo.

Por todo lo expuesto, hemos de concluir, que por la actora, no ha quedado acreditado que la intervención hubiera sido contraria a la lex artis, ni que se hubiere practicado de forma incorrecta, habiéndose acreditado por el SAS y por le Hospital Quirón Campo de Gibraltar, todo lo contrario, como hemos expuesto en los párrafos anteriores. Por todo lo expuesto procede la desestimación del presente recurso".

Recurre la reclamante esta sentencia alegando, primeramente, que el fundamento principal de su reclamación, es el de "un daño absolutamente desproporcionado entre la intervención quirúrgica en sí, calificada de sencilla y que consistió en la descompresión subacromial del hombro derecho de la paciente, y el resultado obtenido, que no es otro que la inutilidad del brazo derecho en una paciente diestra con la posterior declaración por el INSS en situación de Incapacidad Permanente Absoluta y la declaración de la actora por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en situación de Dependencia Moderada Grado", sobre lo que nada dice la sentencia; como tampoco que ha sido el especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Dr. Genaro, perito médico de la Clínica Quirón, quien califica la intervención quirúrgica de sencilla y de mínimamente invasiva".

En segundo lugar, sobre el "consentimiento informado", alega que la sentencia "parece otorgar credibilidad plena y absoluta" a los informes periciales propuestos por la Clínica Quirón y la Administración del Servicio Andaluz de Salud, en particular a los Doctores D. Genaro y Dña. Bibiana, pero no sus declaraciones en su totalidad, sino solo en lo que perjudica a la reclamante, no en lo que la beneficia; que la propia paciente, en el cuestionario preoperatorio del Hospital Quirón, "en el apartado previsto a enumerar cualquier enfermedad médica que no haya señalado arriba, escribió de su puño y letra: Fibromialgia", y fueron preguntados en el acto de la vista oral "en el sentido de que en el apartado de riesgos personalizados se dice que por las enfermedades que padece y el procedimiento a realizar, puede presentar otras complicaciones ... Este apartado se encuentra vacío (folios 135 y 136 del expte. adtvo.)", y ambos peritos "manifestaron en la vista que dicho apartado es el previsto expresamente en el consentimiento informado para poner de manifiesto las posibles complicaciones que puede presentar la paciente en virtud de sus antecedentes personales, y el Perito de la Clínica Quirón manifestó expresamente que ahí es donde se debió de advertir a la paciente de lo que finalmente le iba a ocurrir (mala recuperación debido a sus antecedentes personales de fibromialgia)", y esto se debió de recoger en sentencia, en la que se afirma que "esta información se suministró a la paciente en el informe del Dr. D. Rodrigo de fecha 11 de marzo de 2016, sin embargo vemos que dicho informe no consta ni firmado por el Médico ni entregado a la paciente (folio 131 del expte. Adtvo.)". Añade que ambos peritos contrarios declararon en el acto de la vista oral que la paciente estaba completamente informada de los riesgos de dicha intervención y su resultado, y sin embargo ambos peritos reconocieron que ni examinaron ni entrevistaron de forma personal a la paciente ni se entrevistaron con los médicos de la Clínica Quirón que intervinieron a la paciente, por lo que la afirmación anterior resulta del todo carente de prueba objetiva, de modo que "hubo en todo caso un consentimiento informado incompleto, al faltar los riesgos personalizados, sobre los cuales se justifica el resultado fallido de la intervención y el proceso de rehabilitación, pues el propio Hospital Quirón y SAS consideran la fibromialgia y su situación de limitación funcional anterior, como una causa del resultado final y de la tórpida evolución del proceso de rehabilitación", con vulneración del art. 10.1.b) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

Añade, por último, que la sentencia cita expresamente una serie de folios del expediente administrativo que, según expresa, "reflejan que la paciente estaba completamente", pero si examinamos dichos documentos, con respecto al del folio 30 del expediente administrativo, un informe médico de fecha 23/12/2015 que consta en la historia clínica pero no que le fuera entregado, que recoge "...Se le explica los posibles resultados por su fibromialgia, consentimiento informado...", cabe preguntarse dónde se recogen los posibles resultados por su fibromialgia, o cuáles son, dónde están descritos, cuál es la explicación que se dio, a qué consentimiento informado se refiere si tenemos en cuenta que el firmado en Clínica Quirón es de 11/03/2016, y por qué no podría ser interpretado como una advertencia al paciente para que en el consentimiento informado el riesgo personalizado por su fibromilagia. En cuanto a los folios 117 y 119, son informes de parte, fechados el 11 y el 18 de octubre de 2017, cuando la intervención quirúrgica fue en marzo de 2016), el primero realizado por el propio médico que intervino a la paciente, pero sin que, además, ninguno de sus firmantes declararan en el acto de la vista. En cuanto al informe que consta al folio 124, se dice que la paciente firma el consentimiento informado, circunstancia que es cierta, pero nada se dice de los riesgos personalizados. Y por último, en cuanto al informe que consta al folio 131 de las actuaciones y que es el único de la misma fecha de la firma del consentimiento informado, además de lo ya alegado sobre su contenido, ese informe "nunca ha llegado a verlo la paciente y únicamente ha aparecido dicho informe cuando se han solicitado las actuaciones completas a la Clínica Quirón"; contiene la siguiente aseveración: "Le explico que tras la intervención mantendrá cabestrillo durante 2 semanas y tras ello debera de comenzar la rehabilitación tanto en casa como en centro de fisioterapia. Le explico que los resultados finales estarán limitados por la ansiedad, depresión y su fibromialgia , así como por la rehabilitación que haga. En ttª con palexia", y no está firmado por el facultativo y ni consta entregado a la paciente.

Al oponerse al recurso de apelación, alega la Letrada de la Administración sanitaria que la apelante se limita a reproducir los mismos argumentos que formuló en su demanda, desnaturalizando con ello el recurso de apelación, cuya finalidad no es abrir un nuevo enjuiciamiento de la cuestión en las mismas condiciones que tuvo lugar en la primera instancia, sino depurar el resultado procesal obtenido; y en cuanto al fondo del asunto, que con independencia de que la intervención quirúrgica fuera o no sencilla, se ajustó a la lex artis ad hoc como ha resultado acreditado, considerando que se ha materializado un riesgo de dicha intervención; materialización en la que han influido las patologías previas de la paciente; y en relación al consentimiento informado, alega que el hecho de que no constara en el consentimiento previo la fibromialgia, no implica que la misma no fuese conocida por los sanitarios que la intervinieron, sin que dicha omisión invalide el consentimiento informado que firmó la recurrente., y, a mayor abundamiento, de la historia clínica, que goza de presunción de veracidad, y de los informes obrantes en autos, resulta indiscutible que el consentimiento informado otorgado por la paciente es plenamente coherente y respetuoso con la Ley de Autonomía del Paciente y los derechos que la misma contempla.

Por su parte, la representación procesal de la entidad Hospital Quirón Campo de Gibraltar, S.L., alega, también en síntesis, que la apelante se ha limitado a realizar una genérica invocación sobre el supuesto error en la valoración de la prueba, sin cita de de la resolución impugnada ni de principio o precepto alguno, con cita del artículo 458 de la LEC, y que el recurso de apelación debe ceñirse no a la reiteración de los argumentos vertidos en la instancia, sino a la concreción de los errores padecidos en la sentencia; que la sentencia ha dado respuesta a cada una de las pretensiones planteadas por la demandante; que la sentencia ha considerado el superior valor del perito traumatólogo a la declaración de aquel otro médico que no tiene especialidad en la materia que concierne el presente caso, y además, que el informe pericial aportado por la demandante no valora en ningún momento la praxis de la intervención, pues únicamente trata de un nexo causal general y no el concreto para el supuesto de hecho; que la demandante no identifica en momento alguno cuál es la supuesta negligencia médica, sino que se limita a insinuar que si su estado actual es el que es, algo debió salir mal; que no se puede hablar de daños desproporcionados porque no hay negligencia médica ni falta una explicación médica razonable, ya que las secuelas presentadas son perfectamente explicables al ser compatibles con las patologías que padecía antes de ser operada tales como fibromialgia, ansiedad o depresión, y afectación en la percepción del dolor, y que ha ha quedado acreditado, como lo señala la sentencia, que el consentimiento informado era completo y y la demandante conocía perfectamente todos los riesgos inherentes a la intervención que se iba a realizar.

SEGUNDO.- En principio se ha de decir que el recurso de apelación no es una mera reproducción del escrito de demanda, y si bien se insiste por la apelante en alegaciones allí contenidas, ciertamente se hace un análisis crítico de la sentencia, en particular de sus "omisiones" y de su defectuosa valoración de la prueba, sin que, por lo demás, puedan invocarse, como hace la representación procesal de la codemandada, de normas del proceso civil cuando el recurso de apelación tiene su específica regulación en el artículo 85 de la Ley de esta jurisdicción.

También conviene sentar de principio que la responsabilidad de las Administraciones Públicas en nuestro ordenamiento jurídico está sancionada, no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución, sino también, de modo específico, en el art. 106.2 de la propia Constitución al disponer que los particulares en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, después artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y hoy artículo 32 apartados 1 y 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual:

"1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

Tratándose de la prestación de los servicios sanitarios, que es la actividad administrativa causante del daño que aquí nos ocupa, la jurisprudencia ha establecido una serie de criterios que sirven para diferenciar aquellos casos en los que surge el deber de indemnizar por parte de la Administración y aquellos otros en los que, aun existiendo un daño, no existe esa obligación.

En efecto, la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo utiliza precisamente el criterio de la lex artis como delimitador de la normalidad de la asistencia sanitaria prestada por los profesionales del servicio público de salud. Por todas se invoca la STS de 30 de abril de 2013 (recurso 2989/2012), que menciona a su vez la STS de 30 de septiembre de 2011 (recurso 3536/2007) "cuando habla, citando otras sentencias anteriores, de que la responsabilidad de las administraciones públicas, de talante objetivo porque se focaliza en el resultado antijurídico (el perjudicado no está obligado a soportar el daño) en lugar de en la índole de la actuación administrativa, se modula en el ámbito de las prestaciones médicas, de modo que a los servicios públicos de salud no se les puede exigir más que ejecuten correctamente y a tiempo las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. Se trata, pues, de una obligación de medios, por lo que sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, en ningún caso, pueda exigirse la curación del paciente". Es decir, aunque la responsabilidad de la Administración sea objetiva, es decir, no precise ser dolosa ni culposa, no por ello se genera directamente desde el mismo momento en que se le produce un perjuicio a un administrado. Como ilustra la STS de 19 de julio del 2004, "esta interpretación es rechazable, entre otras razones porque basta con detenerse un momento a reflexionar para ver que, llevada a sus últimas consecuencias, se traduce en algo que repugna al sentido común: que el que se somete a tratamiento, del tipo que fuere, en un establecimiento público sanitario tendría ya asegurado, por lo menos, una indemnización en el caso de que el resultado no fuera el deseado. Esto ni lo ha dicho ni lo puede decir ningún Tribunal de Justicia y no sólo porque es contra lo razonable, sino porque es contrario a la naturaleza de las cosas. Y por eso, lo que viene diciendo la jurisprudencia -y de forma reiterada- es que la actividad sanitaria, tanto pública como privada, no puede nunca garantizar que el resultado va a ser el deseado, y que lo único que puede exigirse es que se actúe conforme a lo que se llama la lex artis".

Por dicho concepto, el de la lex artis ad hoc, se ha de entender el criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria-, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida.

Entrando, pues, a analizar las alegaciones de la apelante, dos son los motivos con los que combate la sentencia, como se dijo. Uno primero por no apreciar la realidad de un daño desproporcionado de resultas de la intervención quirúrgica, cuya prescripción y desarrollo no son objeto de debate, y un segundo motivo por el error en que incurre la misma sentencia al entender habido el consentimiento informado, cuya falta o insuficiencia, según constante jurisprudencia, constituye en sí misma o por sí sola una infracción de la "lex artis ad hoc".

Pues bien, hay que considerar que la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado no se produce automáticamente por la sola presencia de un gravísimo resultado después de una intervención quirúrgica que ha resultado ser calificada por el propio perito de la contraparte de "sencilla" y "mínimamente invasiva"; es decir, no se debe al hecho "físico" de que el resultado fue desproporcionado a lo que se esperaba, sino que su aplicación requiere que el daño producido no constituya una complicación o riesgo propios de la actuación médica y que no se haya acreditado la causa de la producción de ese resultado, y al caso que nos ocupa, no se discute, más bien se sostiene por la apelante, que la fibromialgia y la situación de limitación funcional anterior de la propia reclamante fue la causa del resultado final.

Por otro lado, y en lo que concierne al consentimiento informado, tampoco podemos apreciar error en la valoración de la prueba realizada en la sentencia, que es valoración conjunta de los varios elementos probatorios que han llevado a la juzgadora a la convicción de su existencia. Tiene razón la recurrente en que, no obstante, la prueba decisiva y rotunda de su realidad es el documento por ella firmado obrante a los folios 135 y 136 del expediente, pero este no revela un consentimiento deficiente o incompleto. Conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el consentimiento informado supone "la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a la salud" (art. 3), pues se trata de que, una vez recibida la información prevista en el artículo 4, el paciente "haya valorado las opciones propias del caso"; siendo evidente también la necesidad de informar sobre posibles riesgos (art. 8.3) incluidos los riesgos relacionados con las circunstancias personales del paciente (ar. 10.1.b).

Advierte la apelante que en el apartado de "riesgos personalizados" dicho documento "se encuentra vacío" cuando debió contener una descripción de las complicaciones que pudieran derivarse de la intervención por razón de los antecedentes personales de la paciente, en especial, de su fibromialgia, que ya en el cuestionario preoperatorio del Hospital Quirón había consignado de su puño y letra.

Ahora bien, en el mismo documento se describen previamente al pormenor los "riesgos generales", y después "los más frecuentes" y "los más graves". Los efectos de ese otro apartado de "riesgos personalizados" está referido a aquellas otras complicaciones que puedan presentarse por los padecimientos que se padecen, no consignadas antes. El texto así lo revela: "Además de los riesgos anteriormente citados, por la/s enfermedades que padece y el procedimiento a realizar, puede presentar otras complicaciones: ...". Es decir, lo que aparece "vacío" es la descripción de complicaciones añadidas a las ya recogidas con anterioridad, y, ciertamente, no puede predicarse que las complicaciones resultantes no estuvieran ya suficientemente descritas. Así lo corrobora el informe pericial aportado por la propia reclamante suscrito por la Dra. Felisa, folio 202: "Dicha lesión neurológica (la sufrida por la recurrente que antes había descrito, esto es) viene recogida en el consentimiento informado como posible complicación ( Riesgos generales ... los más graves ... lesión de nervios de la extremidad que puede provocar distintos grados de pérdida de sensibilidad o parálisis. Esta lesión puede ser temporal o definitiva...)".

Con estas consideraciones no es posible estimar ninguno de los motivos impugnatorios .

SEGUNDO.- Procede, pues, la desestimación del recurso de apelación, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la L.J.C.A. obligaría a imponer las costas causadas en esta segunda instancia a la parte apelante, si bien la Sala comparte el criterio del Juzgado para justificar la improcedencia de tal condena.

Vistos los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general y pertinente aplicación