Sentencia Contencioso-Administrativo 422/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 80/2022 de 20 de abril del 2023

PRIMERO.- Por la representación de Glovoapp23 S.L se impugna, a través del presente recurso jurisdiccional, la Resolución de 24 de noviembre de 2021 dictada por el Director Provincial de la TGSS que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 18 de octubre de 2021 que acordó practicar alta de oficio con fecha 13-12-2020.

Como Antecedentes de Hecho en la resolución impugnada se consigna lo que sigue y que deriva del expediente administrativo. En fecha 9-04-2019 se practicó el alta de D. Juan Miguel junto con otros trabajadores. Con posterioridad, la empresa formuló solicitud de baja de 528 trabajadores, que en lo que aquí concierne fue informada favorablemente por la Oficina Nacional de Lucha contra el fraude respecto de 436 trabajadores, incluido el aquí referido, practicándose la baja desde el 12.12.2020. Iniciadas actuaciones por la Inspección de Trabajo, y a su vista, la TGSS practica alta con fecha 13-12-2020, al considerar que el cese del día 12 anterior vino motivado por un AT que motivo IT del citado trabajador. En el informe de Inspección se señala lo que sigue a efectos de la resolución del supuesto: El día 12 de diciembre de 2020 Juan Miguel sufrió un accidente mientras conducía su moto haciendo funciones de reparto, accidente calificado como de trabajo por IBERMUTUA en el parte médico de baja por incapacidad temporal. Sigue en situación de incapacidad temporal, en su condición de trabajador autónomo, al haberse dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos al iniciar su prestación de servicios como repartidor de GLOVOAPP23 S.L. Desde ese día no ha realizado la actividad como repartidos al encontrarse en situación de Incapacidad Temporal. Pero lo empresa no ha comunicado su cese en ningún momento ni él ha cesado voluntariamente.

Acredita Juan Miguel mediante correo que se le dirigió desde la empresa el 1 de septiembre de 2021 que su cuenta como repartidor en la aplicación de GLOVOAPP23 S.L se encuentra activa.

En el caso de Juan Miguel, el cese de la actividad se ha debido a su situación de Incapacidad Temporal.

Procede por ello, a la espera de que exista pronunciamiento judicial firme sobre la naturaleza de su relación con GLOVOAPP 23 S.L y a las consecuencias que respecto al accidente de trabajo que sufrió puedan derivarse, que se curse de nuevo su alta en el Régimen General de la Seguridad Social al no haberse producido un cese en la prestación de servicios, sino una suspensión motivada por las consecuencias de un accidente de trabajo que determinó una Incapacidad Laboral en la que se mantienen las obligaciones de alta y cotización.

Disconforme con ello, la mercantil acude a esta vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- En el escrito rector de demanda, la recurrente sostiene como motivos impugnatorios los siguientes:

I.- Inadecuación de procedimiento que causa indefensión. Señala que la Administración trata de sortear la revisión de actos declarativos de derecho mediante el alta de oficio de forma irregular

II.- Incompetencia para calificar las relaciones e interpretar los contratos. Argumenta que debería ser la jurisdicción laboral la que se pronuncie al respecto.

III.- Falta de motivación. Alude a que la TGSS se limita a citar los artículos de la ley de manera genérica sin determinar las causas del accidente, el origen de la contigencia ni el estado actual de salud.

IV.- En cuanto a la existencia o no de relación laboral. En este apartado se endereza la recurrente a cuestionar la existencia de relación laboral por cuenta ajena y, por tanto, encuadrable en el Régimen General.

TERCERO.- Por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social se opone a la demanda sosteniendo la plena conformidad a derecho de la Resolución recurrida.

CUARTO.- Expuesto de la manera antecedente, el acto recurrido y las posiciones de las partes, lo primero que la Sala debe constatar es que las partes aluden a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de 28 de febrero de 2022 que declaró la existencia de relación laboral, entre otros, respecto al trabajador aquí concernido. Si bien ambas partes manifiestan que la resolución citada no es firme al haber sido recurrida en suplicación, debemos señalar que ha recaído sentencia de la Sala Social de este Tribunal de 02 de noviembre de 2022 (ROJ: STSJ AS 2992/2022 - ECLI: ES: TSJAS: 2022:2992), que confirma la de instancia por sus propios fundamentos. Esta Sala debe, por tanto, estar al pronunciamiento de la genuina jurisdicción en cuanto a la calificación de la relación laboral. Como veremos este hecho tiene transcendencia en la resolución de la controversia que ahora se somete a la Sala.

QUINTO.- Entrando ya en el primer motivo impugnatorio referente al haberse prescindido del procedimiento legalmente previsto, esto es, para la revisión de actos declarativos de derechos. Ciertamente el Tribunal Supremo se ha referido en doctrina consolidada a los supuestos que se refiere la recurrente. Así, por ejemplo, sentencia dictada en el recurso 991/2020, sentencia de 24 de febrero de 2022 de la que ha sido Ponente Don José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat y lo ha hecho en los siguientes términos:

"TERCERO.- Sobre las infracciones del ordenamiento jurídico en que se fundamenta el recurso de casación, referidas a la vulneración del artículo 16.4 del Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como de los artículos 3 y 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en relación con lo dispuesto en los artículos 29, 33, 55 y 56 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

La cuestión sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse, con el objeto de la formación de jurisprudencia, se centra en delimitar, a la luz de la regulación contenida en el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en qué supuestos la Tesorería General de la Seguridad Social puede revocar de oficio actos administrativos firmes declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario sin necesidad de instar ante el Juzgado de lo Social competente la oportuna demanda de revisión.

Concretamente, según se expone en el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2021, la controversia jurídica que se suscita consiste en la delimitación de los supuestos en que las omisiones e inexactitudes constatadas en las declaraciones del beneficiario permiten la revisión de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, y, en particular, en los casos de simulación de relaciones laborales.

A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que la respuesta jurisdiccional que demos a esta cuestión comporta resolver si, tal como propugna el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha infringido los artículos 3 f) y 146 de la ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, así como el artículo 16.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al sostener que, en el supuesto enjuiciado, referido a la anulación del alta de un trabajador afiliado al Régimen General de la Seguridad Social-Sistema especial de empleados de hogar, al constatarse la existencia de simulación de relación laboral entre el empleador y el trabajador, la Tesorería General de la Seguridad Social debió seguir el procedimiento previsto en el artículo 146 de la citada Ley 36/2011, sin poder, por tanto, proceder a revisarlo de oficio, al descartar que las rectificaciones de altas y bajas sean meros actos de encuadramiento no declarativos de derechos, en la medida que la revisión de dichos actos está afectando a un acto, ciertamente previo al reconocimiento de una eventual prestación, pero que constituye el título jurídico para alcanzar otros derechos y prestaciones.

Siguiendo la doctrina jurisprudencial fijada en las sentencias de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2014 (RC 3416/2012), 11 de octubre de 2016 (RC 673/2015), 29 de enero de 2019 (RC 2972/2016) y de 15 de septiembre de 2021 (RC 4068/2019), en que se sustenta la sentencia impugnada, esta Sala considera que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación del artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social que se ajusta plenamente a la citada doctrina, por cuanto la Tesorería General de la Seguridad Social no puede ampararse en el privilegio de autotutela administrativa para revisar las altas de afiliación en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, eludiendo la prohibición establecida en dicha disposición legal que dispone que las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido del concurso.

Por ello, no consideramos convincente la tesis argumental que desarrolla el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, que aduce que el Tribunal de instancia ha incurrido en un claro error de interpretación del artículo 146 de ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, al no tomar en consideración que en este supuesto concreto la Tesorería General de la Seguridad Social podía efectuar la revisión de oficio por cuanto la Inspección de Trabajo habrá constatado la existencia de simulación de la relación laboral formalizada entre empleador y trabajador.

Cabe poner de relieve que el razonamiento que expone la sentencia recurrida comienza señalando que para la validez jurídica del alta del trabajador en la Seguridad Social es presupuesto necesario la propia existencia y realidad de la relación laboral; siendo ésta una cuestión sobre la que los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo tienen un alcance meramente prejudicial ( artículo 10.1 LOPJ y artículo 4.1 LJCA), por ser la Jurisdicción Social la que tiene la competencia genuina para conocer de la existencia o no de una relación laboral por cuenta ajena ( artículo 9.5 LOPJ y artículos 1 y 2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre).

Partiendo de lo anterior, compartimos el criterio de la Sala de instancia cuando señala que el artículo 146.2.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que posibilita la autotutela para que la Administración revise sus propios actos sin necesidad de solicitar la revisión ante la Jurisdicción Social, se refiere al caso en que se hayan producido "omisiones o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios", expresión ésta en la que no cabe considerar incluido el supuesto de "simulación" de la propia relación laboral, que, como acabamos de señalar, es la base y el presupuesto mismo del alta del trabajador en la Seguridad Social.

En efecto, la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social de anular el alta como trabajador en el Sistema Especial de Empleados de Hogar se sustentaba en la afirmación de que no existía en realidad la relación laboral presupuesto del alta; y aquella decisión no se basaba en que en la declaración del beneficiario se hubiesen facilitado datos incorrectos o inexactos, o se hubieran omitido otros, que son los casos en los que tiene cabida la revisión de oficio. Además, destaca la sentencia recurrida, en este caso el "beneficiario" del alta sería el empleado de hogar; y sucede que no es éste quien suscribe el formulario de alta en la Seguridad Social ya que es el empleador quien está obligado a ello. Por tanto, no puede sostenerse que la revisión de oficio, sin necesidad de acudir a la Jurisdicción Social, se justifica por las inexactitudes u omisiones contenidas en la declaración del beneficiario.

En definitiva, compartimos el criterio de la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando concluye que estamos ante un supuesto en el que la Tesorería General de la Seguridad Social debió interesar la revisión de oficio ante la jurisdicción social, porque es la que detenta la competencia genuina para determinar si existía o no relación laboral, no pudiéndose acudir a la revisión de oficio porque no concurría la excepción prevista en el artículo 146.2.a) de la Ley de la Jurisdicción Social, al no tratarse aquí de un caso de omisiones o inexactitudes constatadas en las declaraciones del beneficiario."

Pronunciamiento que viene a ser reiteración de los que dicha Sala 3ª del TS, ya había verificado mediante sentencia núm. 1133/2021, de 15.9.2021, dictada en el recurso de casación núm. 4068/2019 y la sentencia núm. 1172/2021, de fecha 27.9.2021, dictada en el recurso de casación núm. 3043/2021, es por lo que no podemos soslayar, como nos recuerda la sentencia del TS, Sala 3ª núm. 1172/2021, de 27 de septiembre, que cuando se trata de valorar la propia existencia y realidad de la relación laboral que motiva el alta del trabajador en la Seguridad Social, la Jurisdicción Contencioso-Administrativo solo puede pronunciarse sobre tal circunstancia con un alcance meramente prejudicial, tal y como nos recuerdan los arts. 10.1 de la LOPJ y 4.1 de la LJCA, y que ello es así por ser la Jurisdicción Social la que tiene la competencia genuina y propia para conocer de la existencia o no de una relación laboral por cuenta ajena, como así resulta de lo dispuesto en los arts. 9.5 de la LOPJ y 1 y 2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, pero dichas conclusiones, no pueden conducir en el caso que nos ocupa a la estimación del motivo de nulidad invocado por la empresa recurrente, ya que la Sala considera que carecería de sentido anular la actuación impugnada, cuando por la Jurisdicción Social se ha pronunciado expresamente respecto al trabajador del que trae causa el alta impugnada y con carácter firme, en sentencia de 2 de noviembre de 2022 dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castila y León, en el recurso de suplicación interpuesto por la ahora recurrente, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Oviedo, habiéndose concluido declarando la naturaleza laboral de la relación entre la empresa Glovoapp 23 S.L. y los trabajadores.

Por lo que con dichos pronunciamientos resulta por un lado procedente y obligado, la modificación y revisión de dichas altas a lo que viene obligada la TGSS en virtud de dicha sentencia firme de la Jurisdicción Social, por lo que si para la validez jurídica del alta, es presupuesto necesario la propia realidad de la relación laboral, cuestión sobre la que los pronunciamientos de los órganos de este Orden jurisdiccional son meramente prejudicial, en este caso no es necesario ni siquiera dicho pronunciamiento, por cuanto la Jurisdicción Social, el orden genuino para conocer de la existencia o no de una relación laboral por cuenta ajena, conforme los artículos 9.5 LOPJ y los artículos 1 y 2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, ya se ha pronunciado al respecto, por lo que carece de sentido considerar que debería de haberse procedido a solicitar la revisión, cuando dichas altas resultarían ahora obligatorias por lo resuelto a dichos efectos por la Jurisdicción Social competente.

Además de ello, debemos señalar que el alta no viene determinada por una reconsideración de la TGSS, sino que se determina por la existencia de una AT que deriva en IT, por lo que no hay extinción de la relación laboral sino únicamente suspensión mientras el trabajador se encuentre en tal situación incapacitante, en la cual subsiste la obligación de alta y cotización.

Lo expuesto conduce a la desestimación del motivo.

SEXTO.- Igual suerte desestimatoria habrán de correr los motivos segundo (incompetencia para calificar las relaciones) y cuarto (existencia o no de relación laboral) por cuanto habiéndose pronunciado la jurisdicción laboral ninguna virtualidad pueden tener dichos alegatos, pues como hemos expuesto a dichos pronunciamientos hemos de atenernos.

SÉPTIMO.- En lo que se refiere al motivo relativo a la falta de motivación, la Sala no comparte la ausencia de motivación denunciada por la recurrente. el deber de la Administración de motivar sus actos, como señala, entre otras, la STS de 19 de noviembre de 2001, Recurso 6690/2000, tiene su engarce constitucional en el principio de legalidad que establece el artículo 103 CE, así como en la efectividad del control jurisdiccional de la actuación de la Administración reconocido en el artículo 106 CE, siendo en el plano legal, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el precepto que concreta con amplitud los actos que han de ser motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. La motivación consiste en la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, necesaria para conocer la voluntad de la Administración. Motivación de los actos administrativos, que como señala la STS de 29 de marzo de 2012, Recurso 2940/2010, no exige ningún razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que se expresen las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión, facilitando a los interesados el conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios de defensa. SAN de 18 de diciembre de 2017, recurso 384/2016.

"Un razonamiento parco o sucinto, en cuanto permita colegir la lógica de la decisión adoptada, como sería el caso, es suficiente a efectos de motivación ( Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1993, por todas), y es que, como bien significa la Sentencia del Tribunal Constitucional 301/2000, de 13 de noviembre "el deber de motivación de las resoluciones (...) no autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones (...) que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla. En fin, la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, requiriendo por el contrario examinar el caso concreto para comprobar si, a la vista de las circunstancias concurrentes, la resolución judicial impugnada ha cumplido o no este requisito ( SSTC 24/1990, de 15 de febrero, F. 4; 154/1995, de 24 de octubre, F. 3; 66/1996, de 16 de abril, F. 5; 115/1996, de 25 de junio, F. 2; 116/1998, de 2 de junio, F 3; 165/1999, de 27 de septiembre, F. 3);" añadiendo la STC 187/2000, de 10 de julio, que "no existe, por lo tanto, un derecho fundamental (...) a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre, F. 2; 187/1998, de 28 de septiembre, F. 9; 215/1998, de 11 de noviembre, F. 3 y 206/1999, de 8 de noviembre, F. 3)"

Pues bien, en el presente supuesto, constatamos que en la resolución recurrida no sólo se recoge la normativa de aplicación, sino que se transcribe parcialmente el informe de inspección de donde se sigue cual es la causa del alta, la IT. Por tanto la Resolución está motivada tanto en su vertiente jurídica como en el aspecto fáctico, de lo que se sigue la desestimación del motivo impugnatorio y con ello del recurso.

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Jurisdicción, procede la imposición de costas a la recurrente, si bien limitadas a la cuantía de 500 euros.