Sentencia Contencioso-Administrativo 394/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 135/2023 de 26 de octubre del 2023

PRIMERO.- La parte dispositiva del Auto recurrido es del tenor literal siguiente:

"Estimar la oposición planteada por la Administración y fijar la cantidad por intereses en 12.250,97 euros, sin hacer expresa condena en costas.".

SEGUNDO.- La anterior decisión vino precedida de los hechos y fundamentos jurídicos que seguidamente reproducimos:

"ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Por la parte ejecutante se presentó propuesta de liquidación de intereses, de la que se dio traslado a la parte ejecutada, con el resultado que obra en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según el art. 106 LJCA, cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. A esta cantidad se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.

En el presente caso, el Fallo de la Sentencia que se ejecuta es del tenor literal siguiente: "Debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Canagali, S.L. frente a la presunta desestimación por silencio administrativo de una reclamación en materia de responsabilidad patrimonial formulada el 6 de septiembre de 2017 frente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. E igualmente debo condenar y condeno a la citada parte demandada al pago a la parte demandante el importe de 294.184,55 euros en concepto de indemnización, más intereses. No se hace imposición de costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1.11 de la LJCA...".

A la vista de la impugnación realizada por la Administración y del contenido del Fallo transcrito, que no incluye referencia alguna a que los intereses deben fijarse desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, ni tampoco se indica en los Fundamentos Jurídicos de la citada Sentencia, asiste la razón a la Administración porque no se hay condena a intereses moratorios, como los califica la parte ejecutante, por lo que debe acudirse a los intereses legales del citado art. 106 LJCA, más cuando el recurso ha sido estimado parcialmente, de lo que se desprende que la cantidad reclamada inicialmente a la Administración no era líquida ni exigible y, por tanto, no podía generar intereses.

Por ello, procede estimar la oposición planteada por la Administración y fijar los intereses en la cantidad de 12250,97 euros.

SEGUNDO.- No se realiza pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales, ante la cuestión incidental planteada, según el artículo 139 LJCA.".

TERCERO.- Notificado el Auto a las partes, con fecha 28 de junio de 2023 se formuló el recurso de apelación a que hemos hecho mención en el encabezamiento, mediante escrito cuyas alegaciones pasamos a reproducir:

"PRIMERA.- El auto ahora recurrido constituye un evidente error judicial, ya que no solo contradice la más continuada y pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, que citaremos más adelante, sino que, al avalar las tesis de la administración con su fallo, comparte una interpretación ilógica de la sentencia del asunto principal.

SEGUNDA.- El fallo de la sentencia de la que la presente ejecución trae causa dice textualmente:

"Debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Canagali, S.L. frente a la presunta desestimación por silencio administrativo de una reclamación en materia de responsabilidad patrimonial formulada el 6 de septiembre de 2017 frente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. E igualmente debo condenar y condeno a la citada parte demandada al pago a la parte demandante el importe de 294.184,55 euros en concepto de indemnización, más intereses. No se hace imposición de costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1.11 de la LJCA"

TERCERA.- Tanto la Administración como el auto recurrido, vienen a interpretar que, como en el citado fallo no se fija la fecha desde la que deben calcularse los intereses, tal fecha a de ser la del dictado de la misma sentencia, y que, por lo tanto los intereses a los que hace referencia el fallo no son otros que los previstos en el art.106 de la ley rituaria.

CUARTA.- Decimos que tal interpretación es ilógica por las siguientes razones:

a. - La misma supone atribuir a la sentencia un defecto por "ultrapetítum" . Los intereses del art. 106 no fueron pedidos en la demanda, por lo que su condena supondría una extralimitación del juzgador.

b. - La interpretación que ha hecho suya el auto recurrido viene a suponer igualmente que la sentencia del asunto principal estaba imponiendo una condena a futuro sobre unos intereses que, en el momento de dictarse no se habían devengado, y que ni siquiera tenían porqué hacerlo (Si la parte condenada hubiese pagado en el acto jamás se devengarían los intereses del 106.). Siendo además una condena absolutamente innecesaria, ya que los intereses del art.106, son, en virtud del mismo artículo, "ex lege" y no requieren condena alguna.

QUINTA.- Ciertamente la sentencia no especifica con claridad la fecha que debe ser usada para el cálculo de los intereses ( a pesar de que incluye en el texto del fallo la fecha de la reclamación administrativa, sin que tenga otro sentido que ese). Pero es que no es necesario que lo haga. El Tribunal Supremo ya ha dictado, unificando doctrina, que tal fecha es, siempre, la de la reclamación en vía administrativa. Y así ha de ser en virtud del principio de plena indemnidad o restitutio in integrum.

En nuestro último escrito ante el juzgador a quo, ya citamos la sentencia de 3 abril 2003. RJ 2003\3669 (Sala de lo contencioso administrativo, sección sexta). Sentencia que trajimos al caso por el hecho añadido de que hace referencia a un asunto en el que, como en el que ahora nos ocupa, el juzgador de instancia tampoco aclaró el dies a quo para el cálculo de los intereses incluidos en su condena. Así textualmente dice: "Referido al día «a quo» para el cómputo de intereses, es doctrina constante de esta Sala que aquél será el día en que se formule reclamación en vía administrativa cuando ésta sea la fórmula que se adopte para la actualización de la indemnización a fin de que el resarcimiento de los daños sea pleno. En el caso de autos la sentencia de instancia nada dice sobre si las cantidades establecidas en sentencia han de entenderse actualizadas a la fecha de la sentencia, en cuyo caso los intereses sólo se devengarían desde la fecha de ésta o si por el contrario están establecidas teniendo en consideración las pretensiones de la parte con valores referidos a la fecha en que se formuló la reclamación en vía administrativa. Ante tal omisión, atendido el «quantum» indemnizatorio y la pretensión formulada en vía administrativa esta Sala entiende que no se ha procedido a actualizar las cuantías a la fecha de la sentencia y por tanto las cantidades fijadas deberán devengar intereses legales desde la fecha de reclamación en vía administrativa hasta la fecha de esta sentencia de instancia y los intereses legales más dos puntos conforme al artículo 121 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de dicha sentencia hasta su completo pago."

La sentencia ahora re-citada no hace más que recoger el principio de Plena Indemnidad (que la administración condenada parece también desconocer con no menor negligencia) principio también explicado por el Tribunal Supremo en multitud de sentencias según las cuales "el principio general en materia de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado es el de la » restitutio in integrum » o reparación integral del daño, lo que obliga no sólo al abono de la cantidad objeto de condena sino también, en aras de ese principio de plena indemnidad, reconocido en la jurisprudencia ( SSTS de 5 de febrero y 15 de julio de 2000, entre otras muchas) y en la propia Ley 30/1992 (art. 141.3) al abono de los intereses legales de dicha cantidad desde el día en que se efectuó la reclamación administrativa. En el mismo sentido vuelve a pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 octubre 2007, donde dice textualmente:

"Tiene razón la recurrente cuando afirma que es jurisprudencia reiterada, y por ello consolidada, de esta Sala la de que en el caso de reconocimiento de indemnización por responsabilidad de la Administración, el principio de plena indemnidad en la reparación del perjuicio exige la actualización de la cantidad a satisfacer, lo que puede lograrse bien aplicando el índice de precios al consumo o bien reconociendo el derecho al abono de interés legal, entendiendo que tal actualización constituye la justa compensación por la reparación del daño sufrido, lo que, como el recurrente alega, ha tenido reflejo en reiterados pronunciamientos de esta Sala, de los que es suficientemente expresivo el contenido en el fundamento de derecho octavo de la sentencia de 30 de marzo de 2007 donde se reconoce el derecho al devengo de intereses en aras del principio de plena indemnidad reconocido por la jurisprudencia de esta Sala [...].

El principio de plena indemnidad aparece recogido ahora en el artículo 141.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que ha de reconocerse el derecho de la recurrente al abono de los intereses legales de la cantidad que se fije en ejecución de sentencia como indemnización, desde el día en que se formuló la reclamación en fecha 11 de abril de 1994 hasta la fecha de notificación de esta sentencia, y a partir de dicha notificación se deberá proceder en la forma establecida por el artículo 106.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción, aplicable con arreglo a la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Ley."

SEXTA.- Añade la juzgadora a quo, para reforzar el sentido de su decisión, que, como la aceptación de la demanda fue solo parcial (otorgándose una cantidad inferior a la inicialmente solicitada por error de esta parte, como así reconocimos antes del fallo) la cantidad objeto de condena no era líquida y por tanto no podía generar intereses. Tal razonamiento es, sea esto dicho en el necesario agotamiento del derecho de defensa y con el máximo respeto a la juzgadora de instancia, otro error. La cantidad objeto de condena, por mucho que se adecuara a la realidad corrigiendo el error en su cálculo inicial, no tiene otro sentido que reconocer el monto del daño que se produjo en su momento a esta parte. Ese era el daño al momento de interponerse la reclamación en vía administrativa y si no se actualiza al momento del pago, varios años después, se estaría violando el principio de restitutio in integrum que es el sentido de los intereses en estos casos, como así establece el Tribunal Supremo.

SÉPTIMA.- No cree esta representación letrada que sea necesario extenderse más en la argumentación. El error es tan evidente como clara la jurisprudencia al respecto. El auto recurrido ignoró los argumentos expuestos, a pesar de haber sido alegados al ser requeridos para ello, incurriendo en una violación de la lógica, de la ley aplicable y de la jurisprudencia sobre el tema en cuestión.".

Finalizando el recurso de apelación con la "súplica" siguiente:

"[...] que teniendo por presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y en sus méritos tenga por formalizado recurso de apelación, a tenor de lo establecido en el art.80 de la Ley jurisdiccional, remitiendo a la SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, a la que SUPLICO, previos los preceptivos trámites legales, dicte resolución estimando el recurso planteado, y que, previa revocación del auto recurrido, entre en el fondo del asunto condenando a la administración demandada al pago de la cantidad de 51.494,40 €, conforme a la liquidación presentada por esta parte y que consta en autos, con imposición de costas a la Administración demandada.".

CUARTO.- La Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado, considerando cumplidos los requisitos previstos en el apartado 1º del artículo 85 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dictó resolución admitiendo el recurso, ordenando dar traslado del mismo, por copia, a la representación procesal de la Administración para que en el plazo de quince días pudiese formalizar por escrito su oposición al recurso; trámite, el indicado, que llevó a cabo el representante procesal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con fecha 24 de julio, aduciendo cuánto sigue:

"Se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra la presunta desestimación por silencio administrativo de una reclamación en materia de responsabilidad formulada el día 6 de septiembre de 2017 frente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dictándose Sentencia de fecha 13 de febrero de 2022 que estimó parcialmente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por ia mercantil Canagali, S.L. y condenaba a la administración al pago a ia parte demandante el importe de 294.184,55 euros en concepto de indemnización, más intereses, sin hacer imposición de costas.

Esta administración tras varias vicisitudes procedió a la consignación en la cuenta designada judicialmente de la cantidad de 310.384,85 EUROS, de los cuales 294.184,55 € , correspondía al concepto de indemnización, y la cantidad 16.200,30 € al incremento de los intereses legales, calculados desde la fecha de sentencia hasta la fecha del informe propuesta.

Posteriormente se notifica a esta administración el AUTO de 17 de enero de 2023 que Disponía Incrementar el tipo de interés legal a devengar en dos puntos, al no haberse dado cumplimiento en plazo a la Sentencia dictada en los autos principales, comprobándose por esta letrada que en el informe propuesta de ejecución de sentencia (y en la ejecución) se cometió un error en el cálculo de los intereses , al reconocerse el interés legal + los dos puntos de incremento (a los que se ha condenado en Auto), pero además, y por error se fijó un importe de intereses de 16.200,30 euros cuando el cómputo correcto (se adjuntó cuadro resumen) era de 12.250,97 euros (liquidación de intereses legales + 2 puntos).

Dicho importe ya estaba consignado en sede judicial, solicitando esta administración corregir (impugnación) el error padecido en el cálculo de intereses, y se fijaran en 12.250,97 euros, cantidad correcta que incluía el interés legal + dos puntos calculados desde la fecha de sentencia (tal como se establece en el fallo y en Auto posterior), pues de reconocer y/o transferir los 16.200,30 euros que se han consignado por esta administración en concepto de intereses en la cuenta de consignaciones y depósitos judiciales se estaría produciendo un enriquecimiento injusto del ejecutante.

La impugnación realizada por esta administración fue estimada dictándose Auto de 05 de junio (el que se recurre) disponiéndose "Estimar la oposición planteada por la Administración y fijar la cantidad por intereses en 12250,97 euros, sin hacer expresa condena en costas".

Tal como se ha mencionado el Auto recurrido en Apelación de contrario es de fecha 05 de junio que señalaba que en su Fundamento de Derecho que "a la vista de la impugnación realizada por la Administración y del contenido del Fallo transcrito que no incluye referencia alguna a que los intereses deben fijarse desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, ni tampoco se indica en los Fundamentos Jurídicos de la citada Sentencia, asiste la razón a ia Administración porque no se hay condena a intereses moratorios, como los califica la parte ejecutante, por lo que debe acudirse a los intereses legales del citado art. 106 LJCA, más cuando el recurso ha sido estimado parcialmente, de lo que se desprende que la cantidad redamada inicialmente a la Administración no era líquida ni exigible y, por tanto, no podía generar intereses.

Por ello, procede estimar la oposición planteada por la Administración y fijar los intereses en la cantidad de 12250,97 euros."

Interpone el recurrente recurso de apelación solicitando la revocación del auto recurrido, y que entre en el fondo del asunto condenando a la administración demandada al pago de la cantidad de 51.494,40 fundamentando el recurso interpuesto en manifestaciones como que el Auto "constituye un evidente error judicial", que tanto la administración como el propio Auto" interpretan de forma errónea el fallo de la sentencia al interpretar que al no fijarse la fecha desde ia que deben calcularse los intereses, tal fecha a de ser la del dictado de la misma sentencia", y alegan que el Auto incurre "en una violación de la lógica, de la ley aplicable y de la jurisprudencia sobre el tema en cuestión".

Esta parte se opone al recurso interpuesto en base a los siguientes fundamentos:

ÚNICO.- El tenor literal del Fallo de la Sentencia que se ejecuta es el siguiente:

"Debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ia mercantil Canagali, S.L. frente a la presunta desestimación por silencio administrativo de una reclamación en materia de responsabilidad patrimonial formulada el 6 de septiembre de 2017 frente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. E igualmente debo condenar y condeno a la citada parte demandada al pago a la parte demandante el importe de 294.184,55 euros en concepto de indemnización, más intereses. No se hace imposición de costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1.II de la LJCA.".

Señala el Artículo 106 de la mentada ley que cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida -como fue el ca so- el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable, señalando el apartado 2 que "A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de ia sentencia dictada en única o primera instancia."

Y esto es lo que hizo la administración, calculándose los intereses desde la fecha de la Sentencia pues en el fallo de la misma ni se habla de intereses moratorios como alega el actor, ni se establece nada respecto a que el "dies a quo" para el abono de intereses deba ser el de la fecha de reclamación, por lo que debe estarse a la fecha de la sentencia para el inicio del cómputo del cálculo, y de no haber estado conforme el ejecutante tenía que haber pedido aclaración de dicha sentencia respecto a los intereses, lo que no consta que se hiciera de contrario.

En el Fallo no se incluía referencia alguna a que los intereses deben fijarse desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, ni tampoco se indica en los Fundamentos Jurídicos de la citada Sentencia, sin que de contrario se solicitara aclaración/subsanación o complemento (con base en el artículo 214 y 215 de la LEC, y Artículo 267 LOPJ) de la misma (ni se recurriera) y sin que conste condena a intereses moratorios, como los califica la parte ejecutante, por lo que en contra de lo alegado debe acudirse a los intereses legales del art. 106 LJCA, más cuando el recurso fue estimado parcialmente, obviando el ejecutante las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2011 de casación n° 3617/2006 y la de 09 de diciembre de 2015 a las que se hace mención en la sentencia que se ejecuta, que disponen que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, y que cuando la responsabilidad patrimonial se haya vinculado a la anulación de actos administrativos, tanto en vía jurisdiccional como en vía administrativa, se ha de atender a las peculiaridades del caso concreto.

En escrito de 19 de abril el recurrente presentó liquidación de intereses, señalando :

Cuarta.- De lo expuesto se deduce que la liquidación de intereses asciende a ja cantidad de 51,494+40 € fruto de la suma de ambos periodos de intereses: los intereses por la administración por monto de 12,250,97 € mas los moratorios que la administración ha ignorado y esta parte detalla ut supra.

Pero de los hechos expuesto, y de la documental que consta en autos lo que queda acreditado es que en el Fallo de la sentencia (y en su Fundamento de derecho Cuarto) se determinó y concretó un importe de indemnización que se fijó en 294.184,55 euros, cifra en que quedó "cuantificado el importe objeto de condena", sin que como se haya señalado, el recurrente ante esa cuantificación y estimación parcial interpusiera recurso de apelación -con lo que mostró su avenencia con la sentencia dictada- ni solicitara aclaración del fallo, sin que en la misma se haga mención alguna a los intereses de demora que se alegan de contrario.

Notificada la sentencia en la que se condenaba a esta administración al pago de una concreta cantidad de dinero líquida se llevó a cabo su ejecución con la aplicación del interés legal establecido en el fallo, interés que se incrementó en 2 puntos por AUTO de 17 de enero de 2023 al no haberse dado cumplimiento en plazo la Sentencia dictada en los autos principales, consignando la administración en cuenta judicial la cantidad de 310.384,85 EUROS, de los cuales 294.184,55 €, correspondía al concepto de indemnización, y la cantidad 16.200,30 € al incremento de los intereses legales, calculados desde la fecha de sentencia hasta la fecha del informe propuesta, cálculo de intereses que fue corregido al detectarse un error, resultando el cómputo correcto a los efectos de la ejecución el del principal 294.184,55 euros más 12.250,97 euros (interés legal + dos puntos calculados desde la fecha de sentencia, tal como se establece en el fallo y en el Auto posterior).".

Finalizando con la súplica de que se desestime el recurso de apelación interpuesto y se confirme el auto impugnado, con imposición de costas a la parte recurrente.

QUINTO.- Formalizado el escrito de oposición al recurso de apelación, el Juzgado elevó los autos y el expediente administrativo a esta Sala, en unión de los escritos presentados, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia ante este Tribunal en el plazo de treinta días, realizado lo cual, y no habiéndose solicitado la celebración de vista ni la presentación de conclusiones escritas, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia de esta sección 1ª declaró concluso el pleito para sentencia, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para cuando por turno correspondiese, fijándose para la votación y fallo del recurso de apelación la audiencia del día 13 de octubre de 2023, teniendo finalmente lugar el día de la fecha de la presente (por lo que este ponente pide perdón a las partes y a sus compañeros del Tribunal), con observancia de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres.