Sentencia Contencioso-Administrativo 292/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 362/2022 de 06 de julio del 2023

PRIMERO.- En torno a la cuestión litigiosa esta Sala ha tenido la ocasión de pronunciarse en cerca de un centenar de ocasiones, siendo, pues, suficiente para justificar la desestimación del recurso reproducir cualquiera de ellas (excepto una de las dos sentencias referidas por la demandada, que no expresa el criterio uniforme que este Tribunal tiene adoptado en la materia), como, por ejemplo, la pronunciada con fecha tres de marzo de dos mil veinte, en el recurso contencioso-administrativo número 102 de 2019.

Razonábamos a la sazón:

"PRIMERO.-

[...]

En este caso, como en tantos otros, la Administración no solo no resolvió la solicitud inicial, sino que, además, hizo exactamente lo mismo con el recurso de alzada que el interesado dedujo frente al acto presunto resultante del primero de los incumplimientos referidos.

Es, pues, axiomático que si nunca hubo "resolución recurrida", difícilmente podría haberse enunciado en ella "las tareas de los puestos de trabajo de la parte recurrente y aquél cuyas retribuciones reclama".

SEGUNDO.- En estas condiciones y, naturalmente, acreditada mediante una abrumadora prueba documental la veracidad del relato fáctico consignado más arriba (expuesto por la representación procesal de la actora), ninguna pega hay para anticipar desde ahora que, en aplicación de la doctrina -perfectamente conocida por la demandada- que en este tema y sin fisuras tiene sentada la Sala, el recurso ha de ser estimado.

Y -debemos insistir- si sobre aspecto alguno de nuestra tesis disiente la Administración, los órganos ejecutivos de la misma tenían en su mano la posibilidad de hacer prevalecer el criterio que consideran apropiado (si merecedor de ello fuera) mediante la extremadamente sencilla técnica de cumplir con su obligación de resolver las solicitudes y recursos que le formulen. O, por lo menos, contestar alguno de los dos, y no, como es el caso, elevar su desprecio por el interesado hasta el punto -reiteramos- de guardar silencio, no sólo ante la solicitud inicial, sino también frente al recurso de alzada.

En esta línea, poca comprensión obtendrá de la Sala.

TERCERO.- En fin. Sirva como ejemplo del precitado criterio que la Sala viene aplicando en la materia la Sentencia pronunciada con fecha 19 de junio de 2018 (en ese recurso, sí había acto expreso, de lo que dejamos constancia para que se entienda bien lo que seguidamente transcribiremos), en que decíamos, entre otras cosas, lo siguiente:

"PRIMERO.- [...] "El actor es funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado, subgrupo C1.

Con fecha 15 de julio de 2009 tomó posesión del puesto de Ayudante de Oficina de Prestaciones, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal, Nivel 17, en la localidad de Telde y destino en la Oficina de Prestaciones de Telde.

Las funciones propias de dicho puesto de trabajo (nivel 17) son las siguientes:

1. Confirmación, mediante consultas informáticas y reclamación de documentos de expedientes de prestaciones por desempleo.

2. Propuesta de reconocimiento de prestaciones por desempleo

3. Apoyo en la tramitación de expedientes administrativos

4. Atención al público en materia de prestaciones por desempleo.

Se acompaña como documento n° 5 certificación expedida el Servicio Público de Empleo Estatal relativa a las funciones qua desarrollar por los funcionarios Ayudantes de Oficina de prestaciones nivel 17.

Que desde su toma de posesión, el actor viene desarrollando, desde el día 15 de julio de 2009 y hasta el día 31 de marzo de 2015, sin interrupción, las funciones propias del puesto de JEFE DE ÁREA DE OFICINA, en la Oficina de destino, sin que se le haya reconocido tal desempeño, es decir el nivel correspondiente a dicho de trabajo, nivel 22, grupo A 2, ni por tanto se le hubiera abonado el importe de la retribución del complemento de destino y complemento específico del citado puesto de trabajo.

Todo esto se desprende de las funciones que realmente realiza y que son las siguientes:

"TERCERO.- El hecho -crucial para la suerte del presente recurso- de que doña Clara viene realizando desde siempre y de modo habitual, no sólo las funciones inherentes al puesto de trabajo a que está adscrita, sino también las propias de la categoría de "Técnicos d Oficina de Prestaciones", ha de considerarse acreditado en virtud de, paradójicamente, ciertos pasajes de la resolución administrativa recurrida.

Así, en el último párrafo del Fundamento jurídico cuarto de la resolución dictada por la Dirección General del SEPE se dice:

"Por tanto, no existe identidad total de funciones y tareas entre las desarrolladas por los Ayudantes de Oficina de Prestaciones de Nivel 17 y por un Técnico/a de Oficina de Prestaciones de Nivel 20."

Y en el FJ Quinto puede leerse:

"En el caso que nos ocupa, por tanto, el interesado debía acreditar que efectivamente desempeña la integridad de las funciones del puesto de superior categoría de forma completa y exclusiva."

La negrita --que recae sobre locuciones cuya interpretación a "contrario sensu" arroja un significado tan contundente como inequívoco-- naturalmente, obra de este ponente, es técnica a la que he recurrido de modo intencionado para, ventajosamente, escribir menos y tomar un descanso.

CUARTO.- En cualquier caso, la Sala ya ha enjuiciado numerosos supuestos iguales al presente y, en consecuencia, tiene un criterio adoptado. De ahí que la aplicación del principio de unidad de doctrina deba conducirnos a igual solución que en esos casos anteriores se ha tomado, a saber: La prueba de presunciones acredita que la interesada, desde que tomó posesión de su puesto de trabajo, no se ha limitado, precisamente, a desarrollar sólo las funciones formalmente correspondientes a dicho puesto, y aunque, en el lado opuesto, tampoco haya base para proclamar que esté realizando, de modo completo y de forma exclusiva, todas y cada una de las funciones inherentes a las de Técnico de Oficina, ello, en cuanto exigencia desmedida (además de ilógica, ya que la exclusividad que reclama el acto administrativo supondría, necesariamente, admitir que la interesada no está desempeñando las tareas asignadas al puesto a que está formalmente adscrita), no es condición necesaria para percibir las retribuciones complementarias correspondiente al puesto de Técnico, bastando a tal fin saber que la mayoría de dichos cometidos sí los lleva a cabo. Y eso es lo que sucede en este caso, en que un completo y fiable conjunto de datos nos lleva a la convicción, firme y sin fisuras, de que la recurrente ha venido desempeñando regularmente las funciones propias de Técnico de Oficina de Prestaciones, que, evidentemente, no son las que, según la RPT, tendría que llevar a cabo una simple Ayudante.

Conclusión corroborada por el hecho, ya destacado en anteriores sentencias, de haber comprobado que no se está ante un caso aislado, sino que, por el contrario, se trata de una patología que afecta a toda la estructura del SEPE --al menos en esta provincia--, de ahí que el pronunciamiento estimatorio que debemos adoptar en nada podrá extrañar a la Administración demandada, pues son ya más de dos docenas las sentencias que tal decisión han aprobado.".

CUARTO.- Tampoco es óbice para la íntegra estimación del recurso la diferencia existente entre las categorías de Auxiliar y Técnico de Oficina de Prestaciones.

En efecto, como atinadamente ha destacado la dirección letrada del actor, son numerosas las sentencias de esta Sala dictadas en procesos en que, concurriendo tal circunstancia, la solución ha permanecido inalterable.

En este sentido pueden citarse, como simple botón de muestras, la Sentencia pronunciada por este Tribunal el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 212 de 2016 --cuya transcripción ha cuidado realizar la representación del recurrente en su escrito de conclusiones--, así como la recientísima Sentencia de 22 de febrero de 2020, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 101/2019.

Pero hay más...

Lo veremos en el ordinal sexto.

QUINTO.- Antes de llegar al apartado siguiente y exponer la razón en virtud de la cual ha de entenderse definitivamente zanjado el tema que nos ocupa, obligado es recordar (una vez más) a la representación procesal de la Administración que en la actualidad, aunque desde hace ya muchísimo tiempo, no cabe invocar "el carácter revisor de la Jurisdicción" para mutilar el objeto del proceso. Fundamentalmente porque tal naturaleza, en la acepción que de la misma maneja la demandada, dejó de existir hace más de un cuarto de siglo.

SEXTO.- La solución que esta Sala viene patrocinando ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en, por ejemplo, el recurso de casación interpuesto por una funcionaria del SEPE (que, al igual que la aquí actora, ocupa formalmente un puesto de auxiliar y pretendió, sin éxito en principio, percibir las retribuciones complementarias asignadas a las plazas de Técnico de Oficina de Prestaciones) contra la sentencia de 10 de enero de 2018, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En efecto, en dicho recurso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, dictó, con fecha 7 de mayo de 2019, la Sentencia cuyos fundamentos jurídicos seguidamente reproducimos:

PRIMERO.-

Los términos del litigio y la sentencia de instancia.

Doña Diana , funcionaria del Cuerpo General Auxiliar Administrativo, grupo C2 y nivel 15, destinada en la Oficina de Empleo del Servicio Estatal de Empleo Público de Parla, reclamó las diferencias retributivas básicas y complementarias entre las que tenía asignadas y las correspondientes al puesto de Técnico de Oficina de Prestaciones, grupo A2, nivel 20, cuyas funciones afirmó que realizaba en su totalidad entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de marzo de 2015, más los intereses legales.

Desestimada su reclamación por la resolución de 1 de septiembre de 2016 de la Subdirección General de Recursos y Organización del Servicio Público de Empleo Estatal, interpuso recurso contencioso-administrativo contra ella.

La sentencia objeto del presente recurso de casación, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimó sus pretensiones. Al fundamentar su fallo, reproduce los artículos 21 a 24 del Estatuto Básico del Empleado Público) que regulan las retribuciones y explica que el principio de legalidad impide acceder a lo que pide la recurrente y que la supuesta realización de funciones encuadradas en un grupo profesional superior solamente podría ser remunerada por la vía de las retribuciones complementarias atendiendo a los factores previstos en el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público.

No obstante, prosigue, tal posibilidad choca con otro impedimento legal. Es el representado por los artículos 26 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013; 24 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014; de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015; y el artículo 23 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, todos con la misma redacción y dedicados a las retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tales preceptos disponen para cada ejercicio que

"Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías, y en todo caso la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984 y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33. Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991".

Observa la sentencia que esta prescripción quiebra la doctrina jurisprudencial según la cual a igualdad de funciones deben ser iguales los complementos de destino y específico y, como se ha dicho, desestima el recurso contencioso- administrativo.

SEGUNDO.-

El interés casacional objetivo y el escrito de interposición.

Según hemos visto en los antecedentes, el auto de la Sección Primera de esta Sala de 14 de mayo de 2018, que ha acordado la admisión del presente recurso de casación señala que la cuestión que suscita coincide sustancialmente con la planteada por los recursos de casación n.º 874/2017 (auto de 10 de abril de 2017); 798/2017 (auto de 11 de abril de 2017); 3526/2017 (auto de 31 de octubre de 2017); 3377/2017 (auto de 2 de noviembre de 2017); 3611/2017 (auto de 2 de noviembre de 2017); 2952/2017 ( auto de 20 de noviembre de 2017); 4478/2017, (auto de 27 de noviembre de 2017); 4552/2017 (auto de 4 de diciembre de 2017); 4167/2017 (auto de 11 de diciembre de 2017); 3680/2017 (auto de 11 de diciembre de 2017); y 4133/2017 (auto de 19 de enero de 2018). También observa que nuestra sentencia n.º 52/2018, de 18 de enero, ha estimado el recurso de casación n.º 874/2017 . Por todo ello, admite el presente.

El interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia apreciado por la Sección Primera de la Sala estriba en la determinación de si los preceptos presupuestarios mencionados por la sentencia enervan o no esa jurisprudencia consolidada hasta ahora que preconiza la correspondencia entre las retribuciones complementarias y las funciones materialmente realizadas por los empleados públicos ya que lo contrario comportaría una discriminación contraria a los artículos 14 y 23.2 de la Constitución. O si, por el contrario, se refieren únicamente al supuesto de que el funcionario realice tareas concretas u ocasionales de otro puesto de trabajo pero no la totalidad de sus funciones y responsabilidades.

También entiende el auto de la Sección Primera que si se concluyera que produce ese efecto enervador y supone que en ningún caso cabría reconocer el derecho a percibir las retribuciones complementarias de un puesto distinto a aquél para el que ha sido nombrado un funcionario aunque acreditase que las ha desempeñado en su totalidad, entonces, dice el auto, habría que "preguntarse si aquellos preceptos de las leyes de presupuestos vulneran o no el principio de igualdad consagrado en los artículos 14 y 23.2 CE, sobre todo si se tiene en cuenta la reiterada doctrina de esta Sala" de la que se ha hecho mención.

Por su parte, el escrito de interposición de la Sra. Diana, siguiendo cuanto indica la Sección Primera en la providencia de 14 de mayo de 2018, se limita a invocar nuestra sentencia n.º 52/2018, de 18 de enero (casación n.º 874/2017 ), parte de cuya fundamentación reproduce, para acabar solicitando que dictemos sentencia anulando la de instancia y estimando plenamente su recurso contencioso-administrativo.

TERCERO

La oposición del Abogado del Estado.

Defiende la necesidad de que rectifiquemos la doctrina de la sentencia n.º 52/2018 y que afirmemos la plena corrección de la interpretación realizada por la Sala de Madrid de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Señala que, siendo claro el sentido de sus preceptos, nuestra sentencia, inaplica la Ley sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. Dice, al respecto que, si bien la sentencia entiende que esos artículos solamente contemplan el supuesto del funcionario que desarrolla parte de las funciones de un puesto de superior categoría pero no el de que se realicen todas, en realidad, las Leyes de Presupuestos Generales no distinguen. Es más, afirma que la previsión legal tiene más sentido, precisamente, cuando se han desarrollado todas las funciones pues, si sólo se hace una parte, ningún derecho hay a percibir retribuciones del puesto superior sin que haga falta que lo diga la Ley.

Añade que la interpretación seguida por la sentencia n.º 52/2018 supone una vuelta a la doctrina jurisprudencial ya existente antes de la aprobación de dicha previsión legal y que desecha el efecto novedoso que ésta comporta. También reproduce la fundamentación de una sentencia de la Sección Tercera de la Sala de Madrid, desestimatoria de las reclamaciones de funcionarios del subgrupo C1 de las retribuciones de los funcionarios del subgrupo A1, idéntica a la seguida por la que estamos examinando.

Completa su argumentación el Abogado del Estado señalando que la relevancia de la sentencia n.º 52/2018 es tal que produce el efecto de que el tenor literal de las normas presupuestarias anuales infringidas deje de ser el que resulta de su sentido semántico literal para pasar a ser otro distinto al que interpreta el común de los lectores. En concreto, observa que donde se dice "será en todo caso", según la sentencia se dice "sólo en los casos en que además desempeñe algunas tareas concretas u ocasionales de otro puesto de trabajo". De este modo, continúa, sin razonamiento lógico ni gramatical, se altera el significado de la locución "en todo caso". En vez de "sea lo que fuere", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, su sentido pasaría a ser: "en algunos casos".

Por tanto, concluye el escrito de oposición, la sentencia n.º 52/2018, por variar, sin argumentar por qué, el sentido propio del tenor literal del precepto, infringe las Leyes Presupuestarias y es contraria a la razón y a las reglas de interpretación razonada y razonable. De ahí que solamente haya dos soluciones: o la aplicación de los preceptos legales o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre ellos. Todo lo cual lo dice el Abogado del Estado en un epígrafe titulado: "Infracción del art. 24 de la Constitución al inaplicar normas con rango de Ley sin plantear cuestión de inconstitucionalidad".

CUARTO.-

La fundamentación de la sentencia n.º 52/2018.

Decíamos en ella que en aquél el litigio nadie había discutido que, efectivamente, se había formado y consolidado una jurisprudencia según la cual al funcionario que acredita la realización de las funciones de un puesto de trabajo distinto del suyo y con retribuciones complementarias superiores se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado. Esa jurisprudencia, precisábamos, no consideró que el significado del nombramiento impidiera dar igual trato retributivo a quien realice iguales cometidos. Observábamos que el mismo hecho de que se hubiera formado y mantenido ponía de manifiesto una realidad de la Administración Pública: la existencia de supuestos en que funcionarios realizan cometidos de puestos que no son los suyos o que puestos de trabajo con el mismo contenido funcional tienen asignados complementos diferentes. Se trata, desde luego, decíamos, cuando menos de una disfunción que había alcanzado una extensión suficiente para que el Tribunal Supremo llegara a establecer esa doctrina.

Asimismo, destacábamos entonces que esa era una práctica imputable a la propia Administración, que es la que debe asegurar la correcta provisión de los puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones y crear las condiciones en las que no exista la posibilidad o la necesidad de que funcionarios destinados en un determinado puesto realicen las tareas de otro.

No considerábamos irrelevante a los efectos del debate planteado la circunstancia de que el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público no constituyera un obstáculo. La sentencia allí recurrida no decía que fuera el que impedía atender la reclamación de las allí recurrentes, sino que para ello había de atenderse a los factores en él previstos. Sucede, sin embargo, seguíamos diciendo, que este precepto no establece un número tasado de supuestos en los que cabe retribuir complementariamente más allá de lo que corresponde a su puesto de trabajo a un funcionario. Al contrario, destacábamos, utiliza una cláusula abierta.

En efecto, dice así:

"Artículo 24. Retribuciones complementarias.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo".

Nos pareció significativo que diga "entre otros, a los siguientes factores" cuando el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, no lo hacía y que bajo sus prescripciones se desarrollase la jurisprudencia que se ha seguido manteniendo y que, para la Sala de Madrid, ya no permitirían los preceptos de las leyes presupuestarias.

Así, pues, dijimos, el verdadero obstáculo lo ofrecerían únicamente los preceptos de las leyes de Presupuestos Generales del Estado que repiten año tras año en el periodo relevante que las tareas concretas que realicen los funcionarios no pueden amparar su retribución diferente a la que corresponde al puesto para el que se les haya nombrado. A partir de ahí, contrastábamos esa prescripción con el principio de igualdad, concretado en la afirmación de que a igual trabajo debe corresponder igual retribución, y a la luz del mismo no apreciamos en esos preceptos presupuestarios el impedimento advertido por la Sala de Madrid en el que insistía el Abogado del Estado en su escrito de oposición.

Recordábamos, al respecto, que la realización de tareas concretas, se supone que de otro puesto mejor retribuido, no era el presupuesto a partir del que se había formado la jurisprudencia de la que se viene hablando. El dato que consideró --subrayábamos-- era, en realidad, el ejercicio material de otro puesto en su totalidad o en sus contenidos esenciales o sustantivos. La relevante era la identidad sustancial. A ello añadíamos que no era a eso a lo que se refería el precepto presupuestario porque tal desempeño es algo diferente a llevar a cabo tareas concretas.

Así, pues, concluíamos que, mientras ningún reproche parece suscitar que un ejercicio puntual de funciones de otro puesto no comporte el derecho a percibir las retribuciones complementarias de este último, tal como dicen esos artículos, solución diferente había de darse cuando del ejercicio continuado de todas o de las funciones esenciales de ese ulterior puesto se tratase. Mientras que el primero, indicábamos, no suscita dudas de que cae bajo las previsiones de los preceptos presupuestarios, el segundo caso, contemplado desde el prisma de la igualdad, conduce al reconocimiento del derecho del funcionario en cuestión a las retribuciones complementarias del puesto que ejerce verdaderamente con el consentimiento de la Administración.

QUINTO.-

El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación y del recurso contencioso-administrativo.

Siendo el presente un supuesto idéntico al afrontado por la sentencia n.º 52/2018, exigencias de los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica nos imponen seguir ahora el mismo criterio.

No es obstáculo cuanto alega el Abogado del Estado en su escrito de oposición. En primer lugar, porque, en contra de lo que dice, esa sentencia n.º 52/2018 sí argumenta la razón en que descansa su fallo estimatorio. De otro lado, porque la interpretación que ha establecido la Sala del artículo 26. Uno D ), segundo párrafo, de la Ley 17/2012 y de los que han reiterado su contenido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado es la más favorable al principio de igualdad y no es incompatible con la formulación lingüística de los preceptos concernidos. Efectivamente, con arreglo a ella las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos "serán en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente". Y, también, añade: "sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior".

Ambas previsiones parten del principio de que los funcionarios desarrollan las tareas correspondientes a su puesto de trabajo. Ahora bien, la jurisprudencia ha constatado que hay supuestos en que la Administración consiente situaciones en que los funcionarios tienen que realizar todas o la parte esencial de las tareas de un puesto distinto, reservado a funcionarios de grupos de titulación superior y de superior nivel de complemento de destino. Este último es un supuesto que no contempla la Ley, pues ésta se refiere solamente al desempeño de tareas concretas de otro puesto de trabajo, no de todas o de las esenciales del mismo.

Por tanto, al margen de cuál fuera la intención del legislador, frente al sentido que propugna el Abogado del Estado para las palabras de la Ley, la Sala mantiene que el entendimiento del párrafo señalado del artículo 26. Uno D) de la Ley 17/2012 y de los de igual contenido de las Leyes posteriores, que ha establecido en la sentencia n.º 52/2018 , es más conforme al principio de igualdad y que no debe ser rectificado.

Dicho lo anterior, que impone la estimación del recurso de casación y la anulación de la sentencia de instancia, procede estimar también el recurso contencioso-administrativo porque la Administración, que dispone de todos los medios para hacerlo, no ha desvirtuado la afirmación, sustentada en los certificados por ella aportados, de que la Sra. Diana , efectivamente, llevó a cabo las tareas propias del puesto de Técnico de Oficina de Prestaciones, nivel 20. Es significativo, en ese sentido, el escrito de conclusiones del Abogado del Estado.

SEXTO.-

La interpretación de los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado identificados por el auto de admisión.

Por las razones expuestas, ha de interpretarse el artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 --y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido y relaciona el auto de admisión-- en el sentido de que no impide que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo.".

SEGUNDO.- La estimación del recurso conlleva la condena en costas a la Administración General del Estado, de conformidad con la norma rectora en la materia, recogida en el art. 139.1 LJCA.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,