Sentencia Contencioso-Administrativo 110/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 270/2021 de 20 de abril del 2023

PRIMERO. -Resolución apelada.

Es objeto de apelación, la sentencia número 252/2021 emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Cuenca en el seno del procedimiento ordinario número 320/2020, reproduciendo a continuación sus partes esenciales consistentes en la delimitación del objeto procesal, la argumentación resolutoria y el sentido del fallo:

"PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente supuesto la resolución del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Cuenca fecha 18VIII-20, por la que se desestima el recurso de reposición formulado por la parte actora contra la resolución del Vicepresidente del Organismo Autónomo de fecha 29-VII-19, en la que se incluye al obligado tributario en la Matrícula del IAE en el epígrafe 659.9 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto, en los municipios de la provincia de Cuenca, con competencia delegada, y se aprueban las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2019 por el IAE, por un importe total de 216.132 euros."

(...)

"SEXTO.- Argumentos los expuestos, por tanto, que conducen a la desestimación del presente recurso, por cuanto lo que la parte actora cuestiona en el presente caso, tal como deriva de su escrito de demanda, es la inclusión de la actividad llevada a cabo por dicha parte, comercialización de energía eléctrica, en el epígrafe 659.9 de la Matrícula del Impuesto, tanto desde una perspectiva formal, al entender que la Administración demandada no tiene competencias para ello, ni ha seguido el procedimiento legalmente establecido, como desde una perspectiva material, al referir que el epígrafe correcto debe ser el epígrafe 663.9, en el que está matriculada, lo que debe determinar dicha desestimación, al encontrarnos ante un acto de gestión censal, llevado a cabo por el Organismo demandado, en el ejercicio de sus funciones de inspección delegadas, que supone una alteración de los datos contenidos en los censos del Impuesto, correspondiendo el conocimiento de su impugnación , al TEAR de Castilla-La Mancha, y no a este Juzgado, según art. 91.4, párrafo segundo TRLRHL, sin poder hacer pronunciamiento en este momento al respecto, de ahí dicha desestimación, sin dar lugar a la nulidad de la liquidación impugnada en este momento, a la espera de lo que resulte de dicha reclamación, teniendo en cuenta que el conocimiento de los recursos contra las resoluciones del TEAR, corresponde a la Sala de Albacete, en relación con el propio criterio a fijar por el TS, al admitir recurso de casación en Auto de fecha 13-III-20 , y determinar que esta cuestión presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia, en cuyo momento se establecerá la liquidación procedente."

(...)

"Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Comercializadora Regulada Gas & Power SA , contra la resolución del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Cuenca de fecha 18-VIII-20, debo declarar y declaro ajustada a Derecho la actuación municipal impugnada en los términos establecidos en el FD 6º de la presente resolución judicial; todo ello sin costas."

SEGUNDO. - Recurso de apelación y pretensiones de las partes.

El recurso de apelación se clasifica como un recurso ordinario y ello implica que es un recurso que permite plantear ante el órgano que los resuelve un conocimiento pleno de la cuestión objeto de controversia. Esto significa que la apelación por su función revisora de la sentencia dictada en primera instancia, en principio, constituye una reiteración del debate objeto del proceso. Ahora bien, la discusión en la apelación debe articularse no frente a la pretensión de la parte que dio lugar al inicial proceso dialéctico, sino frente a la sentencia, que pone fin a la primera instancia, lo que significa que no es admisible, plantear sin más el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si no hubiera recaído la resolución judicial, pues ello desnaturaliza la función del recurso. En suma, se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar la errónea prueba o la argumentación equívoca, de modo que el Tribunal ad quem tendrá la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en conexión con los motivos, pero no podrá revisar de oficio los razonamientos de la sentencia no impugnado. Sin embargo, es cierto que la jurisprudencia ha venido constatando la prevalencia de la apreciación de la prueba realizada en la instancia, salvo en aquellos casos en los que se revele de forma clara y palmaria que el órgano a quo ha incurrido en error al efectuar tal operación o cuando existan razones suficientes para considerar que la valoración de la prueba contradice las reglas de la sana crítica. Esta prevalencia tiene su base en el principio de inmediación y el consiguiente contacto directo con el material probatorio del juez a quo que le sitúa en mejor posición para la labor de análisis de la prueba que la que tendrá la propia Sala que conoce de la apelación (STSJ Castilla-León de 18 de marzo de 2013, rec. 16/2014; STSJ Madrid de 17 de octubre de 2019, rec. 594/2019 y STSJ Extremadura de 31 de mayo de 2018, rec.52/2018 entre las muchas que abordan este extremo).

A). - Recurso de apelación: ("GAS & POWER SA")

A la vista de la citada Sentencia apelada, concluye que, en tanto la cuestión central del recurso se centra en la inclusión de la actividad llevada a cabo por la Compañía en el epígrafe 659.9 de la Matrícula del Impuesto, tratándose de un acto de gestión censal llevado a cabo por el Organismo demandado, no le corresponde a ese Ilmo. Juzgado por falta de competencia pronunciarse sobre ese punto. Asimismo, tampoco estima procedente fallar sobre la nulidad de la liquidación en tanto no haya un pronunciamiento sobre el acto de gestión censal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y por el Tribunal Supremo en relación con la cuestión de interés casacional admitida a trámite por medio de los Autos de fecha 13 de marzo de 2020, 5 de noviembre de 2020 y 19 de noviembre de 2020. Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la falta de un pronunciamiento de fondo sobre lo razonado por esta parte en el procedimiento de instancia, no procede sino reiterarse en lo ya expuesto anteriormente a la luz de los siguientes Fundamentos de Derecho, que se resumen como motivos de impugnación esgrimidos ante la instancia sobre:

1).- No conformidad a derecho de la liquidación girada relativa al Impuesto sobre Actividades Económicas, por cuanto la Compañía ejerce la actividad de comercialización en un establecimiento localizado fuera de la Diputación de Cuenca y, por tanto, está dictada por órgano incompetente.

2).- Vulneración del Derecho de la Unión Europea y Derecho interno. En particular, vulneración de los principios de ordenación y aplicación del sistema tributario.

Interesando como por la Ilma. Sala se acuerde: (i) la anulación de la Sentencia 252/2021 en relación con las pretensiones desestimadas por el Juzgado atendiendo a los Fundamentos Jurídicos de este escrito, con expresa imposición de costas a la Administración y (ii) se anule, en último término, el Decreto de la Resolución del citado Organismo por el que se acordaba la inclusión de la compañía en la Matrícula del IAE, en el epígrafe 659.9 de la Sección 1ª de las Tarifas del IAE y se aprobaban las liquidaciones definitivas resultantes de procedimientos tributarios de inspección seguidos en varios municipios que conforman la Diputación en concepto de IAE, ejercicios 2015 a 2019 por importe de 216.132,00 euros.

B). - Oposición al recurso de apelación: ("OAGT Cuenca")

En primer lugar, a efectos procesales se alega la "exclusión in limine" del recurso de apelación interpuesto , antes de entrar al fondo de la cuestión, conviene recordar la consolidada doctrina existente sobre la naturaleza que tiene este tipo de recurso, la finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia apelada, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. De conformidad con lo anterior, el Recurso de Apelación planteado por la representación procesal de la mercantil debería ser desestimado, ya que en él no se realiza una valoración crítica de los fundamentos jurídicos de la Sentencia impugnada, sino que reitera las alegaciones esgrimidas que ya fueron valoradas en su momento por el Juzgador de instancia.

No obstante, rebate de modo subsiguiente el fondo argumentado en la instancia por la mercantil, advirtiendo especialmente en materia de competencia censal como la recurrente vuelve a repetir que el OAR no tiene competencia censal para modificar un epígrafe de cuota nacional, pero yerra en la formulación de esa alegación al confundir las competencias estrictamente censales (competencia de la Administración Estatal) de las competencias de inspección con repercusiones en los censos una vez se comprueba que una actividad se ejerce sin estar correctamente dada de alta (competencia asumida por Diputación de Cuenca mediante delegación del Estado). Conforme a lo dispuesto por los artículos 90.3 y 91.4 párrafo segundo del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la competencia de inspección lleva implícita la posibilidad de alterar y modificar los censos relativos porque de otra manera no se garantizaría el efectivo cumplimiento de la inspección haciendo ineficaz sus resultados. Y precisamente este circunstancia ha sido apreciada correctamente por el Jugador de instancia, quien ha analizado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha citado por la mercantil tanto en esta Apelación como en su escrito de demanda, y ha llegado a la conclusión de que se trataba de asuntos distintos, puesto que en el caso del OAR, sí se ha modificado el censo dando la oportunidad de impugnar el alta en el epígrafe 659.9 ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, derecho que al parecer según acredita la recurrente, ha ejercitado por lo que ninguna indefensión se le está produciendo en materia censal, ni ninguna disfunción se produce en el régimen de las impugnaciones, ya que ha podido interponer el pertinente recurso administrativo, lo cual le permitiría presentar contra el mismo la ulterior demanda contencioso-administrativa, cuya competencia ya no correspondería al Juzgador de Cuenca, sino al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Y esto es precisamente lo que no hizo en su momento el Ayuntamiento de Guadalajara en sus liquidaciones y por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha las anuló, al no haberse respetado correctamente el régimen dual de recursos de las liquidaciones tributarias y de los actos censales derivados de la inspección. Es decir, el Juzgador de instancia sí se ha pronunciado respecto a la actuación del OAR en materia censal, confirmando su validez al haber modificado el censo vía inspección y al haber ofrecido correctamente la posibilidad de impugnar esa actuación censal procedente de la inspección, señalando no obstante en la Sentencia, como no puede ser de otra manera, que habrá que estar a las resoluciones que pudieran adoptar el citado Tribunal Económico Administrativo Regional y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

TERCERO. - Fondo de la apelación.

En primer lugar, respecto a la alegación sobre inadmisión a limine del recurso de apelación, no se aprecia, vistos los términos procesales de la contienda de instancia y la ausencia de un pronunciamiento sobre el fondo, extremos apuntados por la entidad apelante en su recurso ante esta Sala.

En relación a la apelación planteada, se debe desestimar, ponderando la doctrina jurisprudencial fijada por esta Sala en relación al régimen de recursos frente a los actos de gestión censal, así la sentencia número 266/18 de fecha 22-10-18 emitida por esta misma Sección, disponiendo:

"TERCERO. - Planteado el presente litigio en los términos expuestos, para su resolución debemos partir de que el IAE es un tributo de gestión compartida. Así, pues, la Ley atribuye la gestión censal a la Administración tributaria del Estado, y la gestión tributaria de las cuotas municipales a los Ayuntamientos respectivos, art. 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La gestión censal implica la formación de la matrícula que se elabora anualmente por la Administración tributaria del Estado, o por la entidad que haya asumido por delegación la gestión censal del tributo.

La gestión censal comprende, entre otros actos, el alta en el impuesto, la variación de datos, arts. 5 y 6 del Real Decreto 243/1995, de 17 de Febrero , por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho Impuesto, y la fijación de los elementos tributarios a que se refiere la regla 14ª del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de Septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Contra dichos actos censales cabe la interposición de recurso de reposición ante el órgano que dicta el acto o reclamación económico- administrativa ante el tribunal económico-administrativo correspondiente, arts. 2 y 4 del Real Decreto 243/1995 .

Por su parte, la gestión tributaria, liquidación y recaudación, corresponde a los Ayuntamientos, art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales ; y comprende las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado, art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales . Contra dichos actos cabe recurso de reposición, art. 14 de la misma Ley , y reclamación económico-administrativa, art. 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , en ambos casos ante el Ayuntamiento.

Además, y como resulta del art. 91.3 de la Ley de Haciendas Locales ; " La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales reconocidas por las leyes y Comunidades Autónomas que lo soliciten, y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el Ministro de Hacienda.

A mayor abundamiento, y ante la incidencia que se pretende dar en la sentencia impugnada a la actuación llevada a cabo por la inspección del Ayuntamiento de Guadalajara, es preciso traer a colación el art. 18 del RD 243/1995, de 17 de febrero , donde se dice que:

" 1 La Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del Estado.

En el ejercicio de sus funciones, la inspección desarrollará las actuaciones de comprobación e investigación relativas a este impuesto, practicará las liquidaciones tributarias que, en su caso, procedan y notificará la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos resultantes de las actuaciones de inspección tributaria, todo ello tanto en relación a cuotas provinciales y nacionales como a cuotas municipales.

No obstante, cuando se trate de cuotas municipales, las competencias en materia de inspección del impuesto podrán ser delegadas por el Ministro de Hacienda en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, comunidades autónomas y otras entidades reconocidas por las leyes que lo soliciten.

Las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, comunidades autónomas y otras entidades reconocidas por las leyes harán constar expresamente en la solicitud de delegación de competencias los términos municipales de su ámbito territorial en los que vayan a desarrollar las competencias solicitadas.

La solicitud deberá presentarse, antes del 1 de octubre del año inmediato anterior a aquel en el que haya de surtir efecto, ante la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La delegación se llevará a efecto mediante orden del Ministro de Hacienda publicada en el "Boletín Oficial del Estado" antes del inicio del año natural en el que haya de surtir efecto. A tal fin, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previos los informes y estudios que estime oportunos, propondrá al Ministro de Hacienda la concesión o denegación de las solicitudes.

Asimismo, podrán establecerse fórmulas de colaboración entre la Administración tributaria estatal y los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, comunidades autónomas y otras entidades reconocidas por las leyes, en los términos que disponga el Ministro de Hacienda.

Contra los actos derivados de las actuaciones de inspección que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos:

Si dichos actos son dictados por la Administración tributaria del Estado o por las Comunidades Autónomas, cabrá reclamación económico- Administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado, previo el facultativo recurso de reposición ante la entidad autora del acto.

Si dichos actos son dictados por una entidad local, cabrá reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico- Administrativos del Estado, previa interposición del recurso de reposición regulado en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales."

Dicha sentencia ha sido ratificada a su vez por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3-12-20 (recurso de casación número 374/2019). Ello determina la ratificación de la argumentación de la sentencia de instancia cuando afirma:

"QUINTO.-"SEXTO.-Argumentos los expuestos, por tanto, que conducen a la desestimación del presente recurso, en cuanto a la reclamación formulada por la parte actora contra el acto de clasificación de la actividad de comercialización de energía eléctrica llevado a cabo por dicha parte en el epígrafe 659.9 de las Tarifas del IAE, debiendo formular contra dicho acto la oportuna reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Castilla-La Mancha, estando a lo que resulte de dicha reclamación, en relación a la liquidación que procede en este caso, cuya nulidad en este momento no puede declararse, cuando además, el propio TS mediante Auto de fecha 13-III-20 , ha admitido recurso de casación, precisando que esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, y a la desestimación del presente recurso contra la reclamación formulada por la parte actora en relación a la cuantificación de las cuotas municipales, al entender no aplicable la nota común a las agrupaciones 64 y 65 de las Tarifas del IAE, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas ocasionadas, dadas las dudas de hecho y de derecho que suscita la presente cuestión litigiosa, a la hora de establecer la procedencia, o no, de las cuestiones litigiosas planteadas, en virtud de las concretas circunstancias concurrentes ( art. 139 LJCA )".

No se puede olvidar, como la resolución administrativa recurrida en primera instancia, el Decreto 2020/874 emitido por el OAGT de Cuenca. Disponía como pie de recursos:

" Respecto de los actos censales de inclusión, exclusión o variación Reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla La Mancha, en el plazo de un mes, desde la notificación expresa de la resolución del recurso. En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día siguiente a aquél en que produzcan sus efectos.

Respecto de la liquidación, Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses, desde la notificación de la resolución desestimatoria expresa del recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que el referido recurso de reposición deba entenderse desestimado de forma presunta ( art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa )."

Por último, destacar como en su recurso de apelación por la actora se admite expresamente como: "Que, en fecha 21 de septiembre de 2020, la Compañía interpuso ante la Diputación Provincial de Cuenca para su remisión al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha reclamación económico-administrativa con alegaciones, que se encuentra en tramitación, contra el Acto de gestión censal dictado por la Diputación de Cuenca que supone la inclusión de los datos de CRGP en el epígrafe 659.9 de la Sección 1ª de las Tarifas. Que la mencionada reclamación económico-administrativa se encuentra en tramitación bajo el número 16/00505/2020, en el seno de la cual se han formulado alegaciones en fecha 23 de noviembre de 2020."

Por todo ello, se desestima el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO. - Costas.

Con arreglo al art. 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se deben imponer las costas de esta segunda instancia al recurrente, pues sus pretensiones han sido totalmente desestimadas y no se aprecian circunstancias que, de contrario, justifiquen su no imposición. No obstante, a tenor del apartado tercero de dicho artículo 139.4 la imposición de las costas podrá ser «a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima» y la Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, por los conceptos de honorarios de Abogado, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de mil quinientos euros (1.500 euros), IVA excluido, en atención a que nos encontramos ante una apelación de grado medio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación