PRIMERO.
Se apela la sentencia recaída en procedimiento ordinario 19/2019 del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de TOLEDO de fecha 5 de noviembre de 2020 con el Fallo siguiente:
" Debo estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA contra la resolución de la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, desestimatoría del recurso de alzada formalizado por el interesado frente a la resolución del director Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural de Toledo de 5 de junio de 2017, en virtud de la cual se declara extinguido el uso en precario que la empresa citada realiza de la vía pecuaria "colada del camino de Talavera", a su paso por el término municipal de Las Herencias (Toledo) y, anulando la resolución recurrida acuerdo que se tramite por la administración demandada la solicitud realizada por la recurrente con fecha 2 de febrero de 2017 conforme a la ley 9/2003; sin expresa condena en costas.
La sentencia apelada como en el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO razona que : entrando en el fondo del asunto y para resolver la controversia de las partes hay que partir de un hecho nuclear, y no es otro que la propia administración fue la que requirió a la demandante para que procediera a renovar la ocupación". y añade que "esto es importante porque sobre un asunto idéntico se ha pronunciado la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de esta localidad en sentencia de 8 de junio de 2020 (autos de Procedimiento Ordinario 34/2019 , cuyos argumentos asumo".
Acto seguido reproduce esos fundamentos que son los siguientes :
"Lo primero que hay que decir es que la administración no es clara a la hora de tratar las presentes cuestiones. Así las cosas si lo que se pide es, como dice la propia administración, la presentación de una solicitud nueva, tal solicitud no puede integrarse en un procedimiento ya iniciado de oficio para la extinción del título habilitante de la ocupación. La solicitud, conforme al art. 66 LPAC , es una forma de inicio de los procedimientos administrativos a instancia de parte y por ello no se integra en un procedimiento en trámite, sino que abre el procedimiento por si misma (...) " 3.1 Realmente hay una solicitud, y si es una solicitud de autorización y no una renovación tal y como dice expresamente la administración, la misma debió ser tramitada conforme a derecho. Ello ya lleva a apreciar un incorrecto actuar en un procedimiento que, ciertamente es confuso, pues mezcla la audiencia al interesado, las alegaciones y una solicitud de autorización de ocupación del dominio público pecuario. Ahora bien, no puede ser una renovación o prórroga porque se presenta cuando el periodo anterior ya había concluido.
3.4 La cuestión, por tanto, es ver qué efecto tiene esa solicitud, mal inadmitida, respecto del procedimiento que aquí se seguía para la declaración de extinción del mencionado título y aquí, nuevamente, hay una equivocación de la administración, pues ha confundido el procedimiento de desahucio administrativo con la validez del título autorizatorio.
Así, lo que la administración ha realizado es el trámite previo al desahucio administrativo (art. 58 y 59 LPAP), procediendo la declaración contradictoria de extinción del título, previa a la ejecución del desahucio y en defecto de abandono voluntario.
Ahora bien esa declaración de extinción del título es tan simple como que el tiempo ha transcurrido. Las licencias o autorizaciones que se otorguen con un periodo de vigencia limitado decaen sin necesidad de que se declare su extinción por vencimiento (art. 100.c LPAP y cláusula decimo octava de la resolución con la autorización). Tal declaración es necesaria únicamente para proceder al desahucio administrativo (art. 58 y 59 LPAP), lo que supone que el título dejó de existir al momento de su vencimiento y con independencia del resto de actuaciones de la administración que no son sino una forma de ejercicio de la autotutela ejecutiva de la administración."
Sentado lo anterior, lo cierto es que la recurrente presentó una solicitud de renovación el 2 de febrero de 2017 (folio 74 del expediente administrativo), que precisamente le había requerido la Administración, con una memoria, presupuestos y planos, solicitud que debió considerarse como nueva al haber expirado el plazo y tramitarse.
Y es que la Administración no resuelve sobre esa solicitud, sino que incoa y finaliza un procedimiento de extinción de la ocupación, dejando la solicitud sin tramitar y declarando la extinción de un derecho que de por sí no necesitaba dicha declaración.
No es superfluo recordar que en las Condiciones Generales de la de la autorización de la instalación se preveía expresamente en su Estipulación Octava la vigencia de la autorización durante el periodo de 5 años, renovable mediante una solicitud (folio 132 del expediente), y que incluso en caso de solicitud de renovación, era obligado tramitar el correspondiente expediente, por lo que al haber caducado la solicitud se debió tramitar la presentada, reiteramos, como nueva solicitud, tramitación que debería haberse hecho conforme a la Ley 9/2003.
Y concluye que : "Por ello, concluimos como la Sentencia antes indicada que lo que procede es estimar parcialmente el recurso, acordando que se le dé tramite a la solicitud de 2 de febrero de 2017 conforme a la Ley 9/2003".
SEGUNDO.
La defensa de la administración muestra su discrepancia con la sentencia apelada que estima parcialmente en la medida en que acuerda que se tramite, conforme a la Ley 9/2003 y la normativa de aplicación, lo que califica de solicitud de autorización de ocupación por interés particular, indebidamente inadmitida, refiriéndose al escrito de 2 de febrero de 2017 obrante en el folio 74 del expediente administrativo.
Mantiene que la sentencia incurre en incongruencia del art. 33.1 y 67.1 de la LJCA, puestos en relación con el art. 24.1 de la Constitución española, y con ello el principio de tutela judicial efectiva, y con el art. 218.1 LEC; y ello por cuanto, cotejada la vía administrativa previa, el escrito de demanda, en particular su suplico, la pretensión de la parte actora que se concreta en el antecedente de hecho segundo de la sentencia recurrida, los escritos de contestación a la demanda y de conclusiones y la prueba practicada, puede concluirse que no consta en ningún caso la petición de que se declare no conforme a Derecho la resolución impugnada porque debería haberse tramitado solicitud de nueva autorización a tramitar conforme a las previsiones del artículo 24.1 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, el escrito presentado con fecha 31 de enero de 2017 por la interesada, que la Administración calificó y tramitó como escrito de solicitud de renovación extemporáneo, incurriendo por ello la sentencia en el vicio de incongruencia, por el desajuste producido entre el fallo judicial y los términos en que la parte demandante formuló su pretensión, concediendo cosa distinta de lo pedido, con una modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal.
Subsidiariamente, manifiesta su discrepancia con la estimación parcial de la demanda en la medida en que condena a la Administración demandada a tramitar como escrito de solicitud de autorización el presentado por la demandante con fecha 2 de febrero de 2017 , solicitud de nueva autorización que se debería tramitar conforme a las previsiones del artículo 24.1 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de CastillaLa Mancha, toda vez que el fallo de la sentencia incurre en un error en la valoración de la prueba a la hora de calificar el escrito presentado por Iberdrola con fecha 2 de febrero de 2017, como escrito de solicitud (Fundamento. 3.2º y siguientes) escrito que la Administración calificó como de solicitud de renovación, asimismo la entidad demandante lo califica como escrito de solicitud de renovación y la propia sentencia lo califica de ese modo en el fundamento jurídico tercero disponiendo literalmente que "sentado lo anterior, lo cierto es que la recurrente presentó una solicitud de renovación el 2 de febrero de 2017"; añadiéndose que la trascendencia que tiene la calificación del escrito y documental presentada por la demandante como solicitud de nueva autorización, es obligar a la Administración a tramitar un nuevo expediente de autorización, conforme a las previsiones del artículo 24.1 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha si bien, la calificación del escrito como de solicitud de renovación, conforme a las previsiones de artículo 24.2. de la misma Ley justificaría que al haber presentado la solicitud de renovación vencido el plazo establecido al efecto, no podría acordarse la renovación porque la solicitud se presenta cuando el periodo anterior ya había concluido; siendo así que, según consta en el folio 53 y siguientes del expediente Iberdrola presentó un escrito de solicitud de renovación de ocupación encuadrable en las previsiones del artículo 24.2 de la reiterada Ley 9/2003, que por su extemporaneidad, condujo a la declaración de la extinción del uso en precario que Iberdrola realizaba en la vía pecuaria denominada "colada del camino de Talavera".
Concluyendo la parte apelante que el escrito de recurso contencioso-administrativo en ningún momento cuestiona la tramitación administrativa que debió de darse a la solicitud de 2 de febrero de 2017 y en ningún momento interesa que se califique y tramite el escrito como nueva solicitud de autorización de ocupación por razón de interés particular y reconoce entre otros en su hecho primero que el escrito de 2 de febrero de 2017 aporta documentación pertinente para renovar la autorización; incluyendo por tanto el Juzgador de instancia en error en la valoración de la prueba.
Frente a ello la mercantil apelada alega que del expediente administrativo y del escrito de demanda, se desprende que Iberdrola ha cumplido con todos los plazos y ha presentado toda la documentación requerida por la Administración a los efectos de renovar la autorización concedida en su momento, y de hecho la Administración no contestó sobre los escritos presentados solicitando la renovación y aportación de documentación. Teniendo en cuenta que la Administración está obligada a dictar resolución expresa frente a cualquier escrito o solicitud que se presente, y a notificar su resolución en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, resulta indiscutible que nos encontramos ante una cuestión de "orden público", lo que implica que cuando se observa en un expediente la existencia de un vicio de procedimiento existe el deber de corregirlo y subsanarlo, lo cual permite al Juzgador tomar la iniciativa en relación con el examen de la cuestión y su ulterior fallo, con independencia de si determinadas cuestiones han sido alegadas por las partes.
TERCERO.
Planteada la problemática en los términos expuestos y, como hemos visto, basándose los razonamientos de la sentencia apelada en los previos razonamientos de la sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario 34/2019 del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de TOLEDO , evidente razones de coherencia y seguridad jurídica imponen resolver el debate siguiendo lo que ya hemos razonado en la sentencia dictada en el recurso de Apelación número 208/2020, de fecha 25/03/2022 , recurso de apelación que se plantea frente a la citada sentencia dictada en el procedimiento ordinario 34/2019.
Destacamos que la coincidencia se extiende no sólo a los razonamientos de la sentencia apelada sino también al planteamiento defendido tanto por la parte apelante como por la parte apelada, coincidencia prácticamente literal con la sola diferencia de la fecha de presentación del escrito de solicitud de renovación. Reproducimos por ello esos razonamientos:
" TERCERO.- Posición de la Sala: estimación del recurso de apelación.
A la vista de las alegaciones del Letrado de la Junta, que, como ya hemos apuntado, discrepa de la sentencia apelada en el sentido de que no considera ajustada a Derecho la estimación parcial de la demanda, en la medida en que acuerda que se tramite conforme a la Ley 9/2003 y la normativa de aplicación lo que califica de solicitud de autorización de ocupación por interés particular, indebidamente inadmitida, refiriéndose al escrito de 31 de enero de 2017 y documental adjunta obrantes en los folios 53 y siguientes del expediente administrativo. Y ello en tanto en cuanto dicha estimación parcial incurre en incongruencia de la sentencia al resolver cuestión no pedida ni debatida en juicio, con infracción de los arts. 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional, 24.1 de la constitución y 218.1 de la LEC .
El Juzgador de instancia analiza, en el FD TERCERO de la sentencia apelada, la cuestión de si la solicitud presentada por la interesada el día 31 de enero de 2017 había de considerarse como una petición de renovación de la autorización cuyo límite temporal había expirado o se tratada de una solicitud de una autorización nueva, y lo hace en los siguientes términos:
" Sobre la el procedimiento tramitado y la resolución dictada: los equívocos del presente procedimiento y la motivación.
3.1º.- Pues bien, hay que señalar que la resolución lo que hace es declarar la caducidad por dos cuestiones: I.- Porque el plazo por el que se había otorgado la autorización había transcurrido.
II.- Porque el escrito de 31 de Enero de 2017 se habría presentado fuera de plazo.
3.2º.- Lo primero que hay que decir es que la administración no es clara a la hora de tratar las presentes cuestiones. Así las cosas si lo que se pide es, como dice la propia administración, la presentación de una solicitud nueva, tal solicitud no puede integrarse en un procedimiento ya iniciado de oficio para la extinción del título habilitante de la ocupación. La solicitud, conforme al art. 66 LPAC , es una forma de inicio de los procedimientos administrativos a instancia de parte y por ello no se integra en un procedimiento en trámite, sino que abre el procedimiento por si misma.
Ello, que parece intrascendente, es en este caso esencial. Una de las cuestiones esenciales del presente litigio es el efecto de la solicitud de autorización realizada por la administración en relación con el tiempo en que se presenta y aquí el efecto de dicho escrito variaría si lo consideramos solicitud o si lo considerados un trámite de parte dentro de un procedimiento ya iniciado ( art. 73.3 LPAC , exigiría que se hubiera analizado).
3.3º.- Realmente hay una solicitud, y si es una solicitud de autorización y no una renovación tal y como dice expresamente la administración, la misma debió ser tramitada conforme a derecho. Ello ya lleva a apreciar un incorrecto actuar en un procedimiento que, ciertamente es confuso, pues mezcla la audiencia al interesado, las alegaciones y una solicitud de autorización de ocupación del dominio público pecuario. Ahora bien, no puede ser una renovación o prórroga porque se presenta cuando el periodo anterior ya había concluido.
3.4º.- La cuestión, por tanto, es ver qué efecto tiene esa solicitud, mal inadmitida, respecto del procedimiento que aquí se seguía para la declaración de extinción del mencionado título y aquí, nuevamente, hay una equivocación de la administración, pues ha confundido el procedimiento de desahucio administrativo con la validez del título autorizatorio.
Así, lo que la administración ha realizado es el trámite previo al desahucio administrativo (art. 58 y 59 LPAP), procediendo la declaración contradictoria de extinción del título, previa a la ejecución del desahucio y en defecto de abandono voluntario.
Ahora bien esa declaración de extinción del título es tan simple como que el tiempo ha transcurrido. Las licencias o autorizaciones que se otorguen con un periodo de vigencia limitado decaen sin necesidad de que se declare su extinción por vencimiento (art. 100.c LPAP y cláusula decimo octava de la resolución con la autorización). Tal declaración es necesaria únicamente para proceder al desahucio administrativo (art. 58 y 59 LPAP), lo que supone que el título dejó de existir al momento de su vencimiento y con independencia del resto de actuaciones de la administración que no son sino una forma de ejercicio de la autotutela ejecutiva de la administración.
3.5º.- En conclusión son cuestiones diferentes la presentación de la solicitud y el procedimiento tramitado de cara al desahucio, pues la solicitud para una nueva autorización no supone un impedimento para la declaración de extinción previa a la ejecución del desahucio, pues ningún derecho otorga por si misma, más que a su tramitación, tramitación que no impide el ejercicio de la potestad de desahucio que se fundamenta en la falta de título, que es lo que se dice en la propia resolución.
Por otra parte la administración no nos dice que alegación no ha sido respondida, pues aparte de la mera presentación de la solicitud y de la ampliación de plazos, que pese a lo que señala sí que fue respondida y de manera motivada, no consta en el expediente ninguna alegación más."
Lo que le lleva a la conclusión (FD SÉPTIMO) de que nos encontramos ante " Una solicitud de concesión de nueva autorización (realizada una vez caducada la anterior) que no se ha tramitado indebidamente y que se habrá de ajustar a un marco jurídico diferente (es aplicable la ley 9/2003 a esa solicitud y a las instalaciones) de la autorización en su día otorgada.", y que la solución, a su juicio, debe ser "(...) b.- Acordar que se tramite, conforme a la ley 9/2013 y la normativa de aplicación la solicitud indebidamente inadmitida."
La cuestión de la incongruencia ha sido examinada por esta Sala y Sección en ocasiones anteriores, como en la sentencia de 30 de junio de 2020 (recurso de apelación 290/2019 ), en la que al respecto se decía lo siguiente:
" Expuestas las posiciones procesales de las partes, y comenzando nuestro análisis por el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Albacete, en atención a la objetada incongruencia extra petitum en que, a juicio del apelante, incurre la sentencia recurrida, se hace preciso señalar que el artículo 33.1 de la LJCA dispone que; " los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que funden el recurso y la oposición", y el artículo 67.1 de la citada Ley Jurisdiccional obliga al tribunal a decidir todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Estos preceptos de nuestra norma rectora se vinculan en este supuesto con el artículo 24 CE y, por tanto, con el principio de tutela judicial efectiva y con el artículo 218.1 de la LEC al disponer que; "Las sentencias debe ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate".
Constituye jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, expuesta ya en distintas fechas como en la Sentencia de 8 de noviembre de 1996 que ya se hacía eco de la doctrina del Tribunal Constitucional en una de sus iniciales Sentencias la 20/1982, y reiterada entre otras en las de 14 de abril de 2008 (recurso de casación, nº 2502/2003), la que ha considerado que el vicio de incongruencia, en sus distintas modalidades, entendido como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación en que consista la incongruencia sea de tal naturaleza que suponga una completa modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal.
En este sentido, el Tribunal Supremo, por todas, en Sentencia de 12 de febrero de 2018 , dispuso en su F.J 5º; " Son muy numerosas las decisiones en las que el Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales precisando cómo y en qué casos en una resolución incongruente puede lesionar un derecho fundamental amparado en el artículo 24 CE . En concreto, en nuestra STS 1010/2017, de 7 de junio (RC 1788/2016 ) hemos sintetizado el cuerpo de doctrina consolidado de esta Sala, habiéndonos, a su vez remitido a la doctrina del Tribunal Constitucional ( STC 114/2003, de 16 de junio ) en cuyo Fundamento Jurídico 3 se expresa;
"El vicio de incongruencia puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurra la controversia procesal ( SSTC 215/1999, de 29 de noviembre , FJ3 ; 5/2001, DE 15 de enero , FJ 4 ; 237/2001, de 18 de diciembre , FJ 6 ; 135/2002, de 3 de junio , FJ3). El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos-partes- y objetivos- causa de pedir y petitum- de tal modo que la adecuación debe extenderse tanto a la petición como a los hechos que la fundamentan ( SSTC 219/1999, de 29 de noviembre , FJ 3 ; 5/2001, de 15 de enero , FJ 4)".
En consecuencia el Tribunal Constitucional viene, pues, examinando el expresado vicio de la ausencia de congruencia de las resoluciones judiciales desde la triple perspectiva señalada;
a)Incongruencia positiva, o ultra petita, cuando el fallo de la sentencia contenga más de lo pedido por las partes;esto es, cuando la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando más, cuantitativa o cualitativamente, de lo que se reclama.
b)Incongruencia negativa; omisiva, cita petita, o ex silentio, cuando el fallo contenga menos de lo pedido porlas partes; esto ex, cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales, teniendo normalmente sólo un contenido cualitativo-al ser difícil el perfil cuantitativo, de dar más o menos de lo pedido por las partes-, tratándose de un vicio que se identifica con la vulneración del principio de exhaustividad y que implica la falta de pronunciamiento sobre alguna petición oportunamente deducida por la parte.
c)Incongruencia mixta, extra petita o por error, cuando el fallo de la sentencia contenga algo distinto de lo pedidopor las partes, cuando las sentencias se pronuncian sobre pretensión distinta u objeto diferente al pretendido, lo cual no significa que el tribunal no pueda modificar el punto de vista jurídico de la cuestión planteada, de conformidad con el artículo 218.1, párrafo 2º de la LEC "."
Pues bien, en el supuesto aquí analizado la sentencia de instancia incurre en incongruencia extra petita. El análisis que realiza el Juzgador de instancia, que, si la demandante hubiese planteado la cuestión en esos términos, nos trasladaría a nosotros la disyuntiva de decidir si es o no correcta la conclusión a la que llega la sentencia a ese respecto, excede, a la vista del contenido de la demanda y de su suplico, como dice la parte apelante, de lo pedido, pues de la lectura de la demanda lo que se desprende es que la Dirección Provincial de la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, le notificó la caducidad de la autorización y le informó de la documentación que debía aportar si estaba interesada en la renovación, a lo que la interesada contestó solicitando plano de situación, solicitud que nunca fue resuelta, y que posteriormente se la volvió a requerir para que aportase la documentación pertinente si pretendía renovar la autorización, trámite que formalizó mediante escrito y aportación de documentos el día 31 de enero de 2017 (folios 53 y ss. del expediente administrativo); y que, ello no obstante, sin resolver la solicitud, se incoa procedimiento para la declaración de extinción de la ocupación de la vía pecuaria, a lo que la interesada contestó solicitando ampliación del plazo concedido al amparo del art. 32 de la Ley 39/2015 , que tampoco se resolvió, dictándose finalmente, la resolución de 2 de junio de 2017 declarando la extinción de la ocupación en precario.
Y los motivos de impugnación en que se basa la pretensión de anulación del acto impugnado consisten, en lo que aquí nos interesa señalar, en la falta de pronunciamiento de la Administración sobre su solicitud de renovación de la referida autorización; " renovación que resulta totalmente imprescindible, toda vez que la línea eléctrica que discurre por el dominio público de la vía pecuaria, no puede desmontarse por ser irremplazable para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica declarado por la Ley del Sector Eléctrico de interés económico general.", y que " La vía pecuaria se ocupa por Iberdrola Distribución desde 23 de mayo de 2006, con la debida autorización concedida en el expediente RV/132/06, finalizado el plazo concedido en la autorización la propia Ley reconoce la posibilidad de renovación; renovación que implica reanudar una relación que se había suspendido, y en este sentido hay que considerarla ya que Iberdrola Distribución no pretende ni ejecutar una nueva línea eléctrica, ni trasladarla de su emplazamiento actual" y que " Se trata de un trámite administrativo que el no haber variado la ocupación se ha de limitar a cursar una solicitud y, tras la comprobación por la administración que no existe variación de la actividad autorizada, conceder la renovación solicitada.", resultando del todo ilógico " que cada renovación de autorización de vía pecuaria (continuidad de la autorización concedida), se tenga que elaborar un nuevo proyecto y justificar que la línea no puede realizarse con otro trazado"; así como que " Iberdrola Distribución tiene intención de mantener la instalación en su emplazamiento actual, y lo único que pretende es la renovación de la autorización de vías pecuarias, para lo que dispone de toda la autorización técnica necesaria en el expediente originario dela autorización RV/132/16".
Todo ello, unido a que la Iberdrola Distribución solicitó inequívocamente, mediante el referido escrito de 31 de enero de 2017, la renovación de la autorización, nos conduce a la conclusión, con la parte apelante, de que la sentencia ha incurrido en el vicio de incongruencia alegado por la Letrada de la Junta, al conceder cosa distinta de lo pedido, como una modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal."
Como hemos adelantado, trasladando esos mismos razonamientos al debate que nos ocupa se impone la estimación del recurso de apelación y la revocación de la sentencia de primera instancia. Destacamos que la sentencia dictada por este Tribunal en el indicado recurso de apelación número 208/2020 es firme por diligencia de fecha 26 de mayo de 2022.
CUARTO
En materia de costas procesales, en cuanto a las costas de esta instancia, no procede su imposición al haberse estimado el recurso de apelación.
En cuanto a las de la primera instancia, de acuerdo con el art 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la vigente redacción (aplicable al caso por obra de la disposición transitoria única de la Ley 37/2011), procedería imponerlas a la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones, si bien la Sala, habida cuenta de las dudas de hecho y de derecho que ha planteado el asunto, considera que no ha lugar a su imposición. Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
