Sentencia Contencioso-Administrativo 116/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 818/2020 de 09 de mayo del 2023

ÚNICO.- - Sentencia de la Sala nº 46 de 14-2-2023. Rec. nº 819/2020 .

Tal y como dice el epígrafe, el Tribunal examinó las mismas cuestiones aquí planteadas en la sentencia aludida, sentencia que, al día de hoy, ha ganado firmeza.

Razones de congruencia y seguridad jurídica obligan a resolver de idéntico modo.

Decíamos en ella:

PRIMERO. - Planteamiento.

La recurrente entiende, y así lo pide, que pueda beneficiarse de la bonificación del 95% en la cuota del impuesto de donaciones, por parentesco, no obstante reconocer que la autoliquidación del impuesto de donaciones se presentó el día 3-2-2015, siendo la Escritura Pública otorgada el 23-12-2014, con incumplimiento del requisito del plazo de un mes natural establecido en el art.18.3 c) en relación con el art. 39 de la Ley 8/2013 de medidas tributarias de Castilla-La Mancha, en la redacción que se encontraba en vigor aplicable a este caso, por los motivos que detalla:

a) Concretas circunstancias personales.

b) La no presentación en plazo se produjo por la falta de diligencia de tercero: Dña. Angelina, empleada del Banco Santander y asesora fiscal.

c)La pérdida de la bonificación es una sanción y no se motiva la culpa.

d)Principios de legalidad e irretroactividad de la potestad sancionadora de la Administración; no aplicando, en lugar de la anterior, la normativa vigente en el momento de la producción del hecho imponible y su devengo, esto es la Ley 8/2013, de 21 de noviembre.

e) Conflicto entre la ley estatal y la autonómica; aplicación del REAL DECRETO 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en su artículo 87 que remite al art. 67. 1 b):

"En los demás supuestos, en el de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se cause el acto o contrato." Con lo que se habría presentado en plazo.

e) Ausencia de previsión legal expresa que habilite a la Administración a exigir la bonificación del 95% como consecuencia de la presentación extemporánea de la autoliquidación del Impuesto de Donaciones.

f) El Notario no le advirtió del plazo para presentar la autoliquidación y le dio una información insuficiente, por lo que la Administración ha de estar vinculado por la información que ofreció el Notario, y cita varias sentencias de la Sala en este sentido.

g) Vulneración del principio de proporcionalidad que debe regir la potestad sancionadora de la Administración - artículo 29 de la LEY 40/2015 LRJ .

Reducción a la mitad de las sanciones previstas por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones tributarias.

SEGUNDO.- Sobre las circunstancias personales y actuación de tercero, empleada de entidad financiera que defraudó su confianza.

En cuanto a las primeras, si bien entendibles, no pueden tener efecto tributario alguno.

Y respecto de la actuación de la empleada de entidad financiera que defraudó su confianza por no haber efectuado la liquidación del impuesto dentro del plazo, circunstancia plenamente acreditada por la testifical practicada, igualmente no es oponible a la administración, sin perjuicio de las acciones correspondientes por responsabilidad derivada de su negligencia y, en su caso, también contra la empleadora si actuaba, también en este ámbito, por cuenta de aquélla.

TERCERO.- Motivación de la culpa, vulneración del principio de proporcionalidad y vulneración de los principios de legalidad e irretroactividad de la potestad sancionadora de la Administración.

Todos estos motivos parten de una premisa inexistente, cual es que la pérdida de la bonificación en la cuota del impuesto tiene naturaleza sancionadora, cuando no es así.

Las normas fiscales pueden o no tener carácter sancionador; lo tienen cuando responden a la reacción del ordenamiento jurídico ante una violación en el ámbito tributario ( STC 252/2006); pongamos por caso, cuando no se presenta la declaración de un impuesto o el presentado tiene carencias (IVA, IRPF...) estando obligado a ello.

Pero en este caso, no ha existido infracción en el ámbito tributario; simplemente no ha podido aprovechar un beneficio fiscal, la bonificación del 95% de la cuota, por incumplimiento de uno de los requisitos establecidos de conformidad con la norma aplicable en ese momento, que era efectuar la liquidación en el plazo de un mes desde el otorgamiento de la Escritura. ( art.18.3 c) en relación con el art. 39 de la Ley 8/2013 de medidas tributarias de Castilla-La Mancha).

En el mismo sentido, no es que la Administración esté exigiendo al administrado el importe de la bonificación; el planteamiento no es correcto. La cuota del impuesto exigida es la que corresponde sin la bonificación, a la que no ha podido acogerse la recurrente por la razón aludida.

CUARTO.- Conflicto entre la ley estatal y la autonómica; aplicación del REAL DECRETO 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones: plazo de 30 días hábiles.

No existe tal conflicto; la exposición de motivos de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, que a su vez modificó el art. 18.1 c) de la Ley 8/2013 de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha (eliminando a partir de su entrada en vigor el requisito del plazo para obtener la bonificación), dice:

"A su vez, el artículo 2.2 de la Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a esta Comunidad Autónoma establece que «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Constitución y conforme a lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, se atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y condiciones previstos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En la actualidad, la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha es la norma que regula y sistematiza las medidas en materia de tributos cedidos por el Estado que son directamente aplicables por los contribuyentes en las declaraciones o autoliquidaciones que deben presentar ante la Administración Tributaria...

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El capítulo II contiene las normas que afectan a los tributos cedidos, consta de un artículo que se divide en ocho apartados, en los que se recoge diversas modificaciones de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, que afectan a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como a los tributos sobre el juego.

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A su vez, se introduce una escala en las bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tanto en las adquisiciones «mortis causa» como «inter vivos», y se recogen en un mismo artículo, el 18, las normas para la aplicación de las bonificaciones de la cuota aprobadas".

En definitiva, ha sido una Ley Estatal la que establece la delegación legislativa, y por la que, en su aplicación, se dictó la Ley 8/2013 de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, que es la aplicable al caso, tal y como resuelve el TEAR, aplicando las resoluciones de la Sala.

QUINTO.- Sobre la intervención del Notario y la información dada en relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sobre esta interesante cuestión debemos distinguir entre la información errónea y la información genérica o ausencia de información sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales facilitada por el Notario, haciendo especial mención a la evolución de la Sala al respecto.

En el caso de información errónea dada por el Notario sobre el plazo de cumplimiento de las obligaciones fiscales -autoliquidación-, tal circunstancia no puede perjudicar al contribuyente, dado la naturaleza pública de la función notarial.

Igualmente hemos de decir que la anterior doctrina fue extendida por la Sala también a aquéllos otros supuestos en los que la información dada por el Notario no era errónea, sino incompleta, en tanto no indicaba el plazo de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Pero la última doctrina de la Sala ha corregido esta extensión, limitándola únicamente al supuesto de información errónea.

Así, en la sentencia de 3-12-2019, Rec. 474/2018, ROJ: STSJ CLM 3021/2019, (con remisión a la STSJ CLM de 13 de marzo de 2019 (recurso 575/2017) se resume lo anterior del siguiente modo:

" SEGUNDO. - Reseña de las decisiones de la Sala en relación con el problema planteado.

En la sentencia de la Sala de 13 de noviembre de 2014 (recurso 765/2010 ) , la primera que se dictó sobre esta cuestión, se trataba el caso de un Notario con sede en Sevilla que, refiriéndose la escritura a un bien sito en Castilla-La Mancha, y por tanto sujeto al impuesto en esta Comunidad Autónoma ( art. 32 de la Ley 22/2009 ), había informado que el plazo de presentación era el de 30 días hábiles de la Ley estatal y no el de un mes de la legislación autonómica. En dicha sentencia estimamos el recurso contencioso-administrativo sobre la base de los argumentos siguientes, que expresamos de forma condensada:

- El hecho de que la presentación tardía de la autoliquidación no sea de mala fe no es motivo, en sí mismo considerado, para dejar de aplicar el plazo legalmente procedente. Ni hace falta mala fe para que se aplique la norma que impone un plazo para realizar un acto, ni en el ámbito de la administración es relevante el error, al que varias reglas legales si atribuyen eficacia en las relaciones contractuales entre particulares (por ejemplo, el artículo 1266 del código civil regula cuándo el error invalida el consentimiento).

- Las razones para la estimación del recurso son similares a las que impiden inadmitir un recurso presentado fuera de plazo, pero dentro del plazo indicado en la notificación del acto recurrido; la administración no puede ir contra sus propios actos y al particular no se le puede exigir o imponer un conocimiento de la norma que le permita corregir lo comunicado por la administración.

- Para que el plazo comunicado vincule a la administración hace falta que se produzca en relación a un acto que requiera inexcusablemente la intervención administrativa y que la comunicación la haga un funcionario que sea el encargado de la realización del acto dentro de sus competencias. En este caso se trata de un negocio a realizar necesariamente en escritura pública notarial, y no hay dudas sobre el carácter de funcionario público del notario ( artículo 24 de la Ley de 28 de mayo de 1862 , del notariado y artículo 60 del reglamento notarial). Tampoco cabe dudar sobre la obligatoriedad para el notario de hacer las advertencias legales, según las normas de aplicación pertinentes.

La siguiente sentencia fue la de 18 de noviembre de 2015 (sección 1ª, recurso 270/2014 ) , relativa a un supuesto de hecho semejante y que se resolvía por remisión a la sentencia anterior.

La sentencia de 13 de julio de 2016 (recurso 66/2015 ) aludía a un caso distinto. Aquí el Notario no había informado de ningún plazo en absoluto. En la escritura constaba expresamente dicho que el interesado pretendía sujetarse a la bonificación de la ley autonómica. La sentencia indicaba que el Notario no tenía obligación de informar de los plazos para solicitar bonificaciones, pero sí de los plazos para presentar la declaración del impuesto, y por esa vía se llegaba a una conclusión igualmente estimatoria del recurso.

La sentencia de 20 de noviembre de 2016 (recurso 450/2015 ) trataba de un caso en el que el Notario informó solo del plazo del impuesto de transmisiones patrimoniales (mencionando el plazo correcto de un mes) pero no del de donaciones. En este caso el interesado también había manifestado su intención de beneficiarse de la bonificación. Ante la falta de información sobre el plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto de donaciones, la sentencia estimó el recurso.

TERCERO. - Matizaciones a la doctrina anterior.

La Sala desea realizar en este momento, tras un proceso de deliberación y reflexión a la vista de las alegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ciertas matizaciones y correcciones a algunas de las razones dadas en sentencias anteriores.

El origen de la doctrina se encuentra en dos casos en los que se hizo una indicación errónea del plazo por parte del Notario. Allí dijimos que las razones para la estimación eran similares a las que impiden inadmitir un recurso presentado fuera de plazo, pero dentro del plazo indicado en la notificación del acto recurrido. Esto es, el origen de la doctrina está en casos en los que el particular ha recibido positivamente una indicación errónea, no en casos de que haya una mera omisión. Mantenemos ahora la necesidad de atenerse, en tales casos, al plazo indicado, sobre principios de buena fe y confianza legítima de los que deriva que el particular debe ser protegido frente a las disfunciones derivadas de un complejo reparto de competencias y existencia de normativas diversas producto del Estado autonómico, cuando no solo se exige a dicho ciudadano conocer dicho complejo panorama, sino que, lo cual ya es inadmisible, resulta que los funcionarios que intervienen en el mismo desconocen las diversas normativas y ofrecen al particular, positiva y concretamente, una información errada, que es la que provoca que el particular confíe en que el plazo es superior al que realmente es según la norma.

Ahora bien, tras las primeras sentencias, cuya doctrina por tanto mantenemos, posteriormente hemos ampliado la misma solución a casos en los que el Notario sencillamente no hizo indicación alguna sobre el plazo para presentar la declaración del ISD. Ciertamente se daba la circunstancia, en tales casos, de que el interesado había manifestado en la escritura la sujeción fiscal del acto a la ley autonómica de Castilla-La Mancha refiriéndose expresamente a la bonificación, cosa que no sucede en el caso de autos; en cualquier caso, en estas sentencias afirmamos que aunque no haya una obligación de advertir de las condiciones de las bonificaciones, sí la hay de advertir del plazo de presentación del impuesto, y a partir de tal observación estimamos los recursos.

Pues bien, lo que debemos ahora indicar, corrigiendo esta doctrina, es que los casos en los que el Notario se abstiene completamente de informar de ningún plazo de presentación del ISD, no deben dar lugar a la estimación del recurso. Y ello por los motivos siguientes:

1º) En primer lugar, los plazos de presentación de los impuestos deben ser aplicados al margen de si se hace o no una advertencia sobre los mismos, pues están establecidos en las Leyes y su aplicación no depende de una información adicional. Distinto es que se dé esa información de manera oficial por un funcionario público y la misma sea errónea, caso ya expuesto en el que el Estado no puede pretender confundir expresamente al ciudadano y al tiempo exigirle que cumpla. Pero si no se confunde al ciudadano, sino que simplemente se omite una información, el panorama es muy distinto y se remite al necesario conocimiento de las leyes. En el caso de los recursos administrativos, tanto la falta de debida indicación del recurso procedente, como la información errónea, provocan el mismo efecto, pero ello es porque hay normas específicas que regulan la notificación de los actos en tales términos y que expresamente establecen que el acto no puede considerarse, en tales circunstancias, bien notificado, y por tanto no corren los plazos para impugnarlo (además de que puede estar implicado en estos casos el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva). En el supuesto de la información notarial, las circunstancias son diferentes, pues los plazos de presentación del impuesto no dependen legalmente de una indicación expresa del inicio de cómputo (pues tampoco está implicado el derecho de tutela judicial efectiva), y aunque la información errónea pueda ser relevante, la falta de información no puede provocar la falta de aplicación de las normas, pues los impuestos deben ser pagados en su momento sin necesidad de una advertencia expresa al respecto, a diferencia de los recursos administrativos, que sí la reclaman para que el plazo de interposición empiece a correr.

2º) Además, si no hay información ninguna sobre el ISD, entonces es claro que toda la información que el particular conozca sobre la forma de presentar la declaración del ISD provendrá del conocimiento de las normas de aplicación. Es cierto que entre las normas estatales y las autonómicas existía una poco comprensible discrepancia que no hacía sino complicar innecesariamente el panorama. Ahora bien, pese a ello, es lo cierto que para disfrutar la bonificación es preciso solicitarla, y quien la solicita lo hace porque conoce de la existencia de dicha bonificación, y si tiene conocimiento de ella será porque conoce la Ley autonómica que la establece, y si conoce dicha Ley en tanto que establece la bonificación, no tiene sentido decir que la desconoce en cuando a los requisitos para solicitarla, ni tiene sentido tampoco que afirme que se confundió por aplicación de la Ley estatal cuando resulta que está solicitando una bonificación que existe por razón de la ley autonómica ".

A la vista de lo anterior, y por las razones dadas, y dado que en el caso de autos simplemente hubo una total falta de información por parte del Notario y no una información errónea sobre el plazo que pudiera inducir a confusión sobre el mismo, debe resolverse en el mismo sentido y por tanto desestimarse el recurso contencioso-administrativo planteado."

En el caso de autos, la estipulación SEXTA de la EP de Donación establece:

" Manifestación Fiscal: y por tanto, solicitan se aplique a la donación que se formaliza por la presente, una bonificación del 95 % en la cuota tributaria ( artículo 17 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla La Mancha .)"

SÉPTIMA: ...Hago de palabra, las reservas y advertencias legales; en particular y efectos fiscales o de otra índole advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes en su aspecto material, formal y sancionador, y de las consecuencias de todas clases que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones...

De lo anterior se desprende de que el Notario no facilitó información errónea.

Y, además, como dice la Abogacía del Estado, la parte conocía no sólo la bonificación sino también el plazo para solicitarla, y de hecho actuó en ese sentido, y si no se produjo el efecto pretendido fue por la falta de diligencia de la persona a la que se encomendó la tarea.

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional no se imponen costas, atendiendo a las muy particulares circunstancias del caso, pero fundamentalmente por la evolución de la Sala en relación con el deber de información del Notario sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con sentencias pretéritas que apoyaban la posición de la recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,