Sentencia Contencioso-Administrativo 55/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 259/2022 de 17 de febrero del 2023

PRIMERO.Resolución administrativa recurrida y pretensión deducida.

El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución del TEAR de Castilla y León-Sala desconcentrada de Burgos de fecha 30 de diciembre de 2021, por la que se acuerda desestimar la reclamación económico- administrativa nº NUM001, interpuesta, por la mercantil Manuel del Río Calvo SL, frente al acuerdo de imposición de sanción de fecha 27 de febrero de 2018 del Inspector Regional, por infracción tributaria del artículo 16.10 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, del ejercicio 2013, por importe de 7.514'36 euros.

La demandante, Manuel del Río Calvo SL, pretende que se anule la resolución administrativa impugnada y la expresa imposición de costas a la Administración demandada.

Alega la parte actora, en fundamentación de la pretensión que deduce, los siguientes motivos: I) inexistencia de culpabilidad y de ánimo defraudatorio, no habiendo dejado de aportar la sociedad la documentación requerida. II) Los valores de las operaciones vinculadas se mueven dentro del rango del mercado.

La Administración demandada, representada y defendida por la Abogacía del Estado, se ha opuesto a la demanda y ha solicitado la desestimación del recurso contencioso administrativo, por considerar que el acto administrativo impugnado es conforme a derecho.

SEGUNDO.Antecedentes de la resolución administrativa y que resultan del expediente administrativo.

La actuación administrativa impugnada, como se ha dicho, es una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León-Sala desconcentrada de Burgos que acuerda desestimar una reclamación económico- administrativa interpuesta, por la mercantil ahora demandante, frente a un acuerdo de imposición de sanción por una infracción tributaria del artículo 16.10 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, del ejercicio 2013, por importe de 7.514'36 euros.

En la resolución del TEAR se dice: I) la Inspección ha apreciado una infracción tipificada en párrafo 2º del artículo 16.10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al haberse procedido a efectuar correcciones valorativas respecto de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades en el acuerdo dictado en relación con el acta de disconformidad A02- NUM002, siendo la sanción a aplicar una multa pecuniaria proporcional del 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación, con un mínimo del doble de la sanción que correspondería por aplicación del número 1º de las normas sancionadoras. Por lo que respecta a la cuantificación, la base de la sanción en el ejercicio 2013 asciende a 17.037'68 euros, según consta en el acuerdo de imposición de sanción. Sobre dicho importe, y de conformidad con lo establecido en el artículo 16.10 anteriormente citado, se ha aplicado el porcentaje de sanción del 15%, resultando una sanción por importe de 2.555'65 euros, si bien por aplicación de la norma sobre sanción mínima corresponde una sanción de 7.514'36 euros. II) El comportamiento del reclamante indica, sin lugar a dudas, una actitud cuando menos negligente, pues, según consta en la motivación que figura en el acuerdo de imposición de sanción, se aprecia una falta de diligencia como consecuencia de no aportar la documentación que conforme a lo previsto en el artículo 16.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades debe el obligado tributario mantener a disposición de la Administración Tributaria, aportando una documentación confeccionada a posteriori, y por lo tanto distinta a la que debió de manejar en su momento para determinar el valor de mercado, documentación que además es incompleta e inexacta, y declarar en el Impuesto sobre Sociedades las operaciones vinculadas por unos importes inferiores al valor normal de mercado. III) No es posible apreciar la concurrencia de una interpretación razonable de la norma, entendida ésta como una discrepancia interpretativa con un fundamento objetivo para ser calificada de "razonable" diferente de la simple discrepancia jurídica, pues en este caso no es necesaria una interpretación normativa, bastando la aplicación directa de la normativa del Impuesto sobre Sociedades que determina con claridad los requisitos exigidos en el caso de existencia de operaciones vinculadas.

En la resolución sancionadora se dice: I) Se observa la comisión de infracción por el incumplimiento de la obligación de aportar, tal y como exige la normativa del Impuesto sobre Sociedades, la documentación acreditativa del valor convenido entre las partes vinculadas con respecto a las transmisiones inmobiliarias, por lo menos en cuanto a la letra c) del artículo 20 del RIS, y lo ha hecho sobre operaciones vinculadas en las que, en algunas de ellas, la inspección ha procedido a efectuar correcciones valorativas. Ha aportado una documentación confeccionada a posteriori, y por lo tanto distinta a la que el interesado debió de manejar en su momento para determinar el valor de mercado, documentación que además es incompleta e inexacta como se desprende de los hechos anteriormente expuestos. Ello, en los tres periodos impositivos considerados, 2012, 2013 y 2014. II) Respecto de la infracción tributaria contemplada en el segundo párrafo del apartado 10 del artículo 16 del TRLIS, que el valor normal de mercado que se derive de la documentación prevista en este artículo y en su normativa de desarrollo no sea el declarado en el Impuesto sobre Sociedades, hay que indicar que, con esta misma fecha, se ha dictado acuerdo practicando liquidación provisional por el Impuesto sobre Sociedades de los periodos impositivos, 2012, 2013 y 2014, en relación con la propuesta formulada en el acta de disconformidad, modelo A02 y número de referencia: NUM002, en el que se considera probada la circunstancia a que se refiere el artículo 20.10.(2º párrafo) del TRLIS, que los valores normales de mercado declarados en el Impuesto sobre Sociedades de tales periodos, no coinciden con el comprobado. III) En los hechos sancionados, a la vista de todo lo anterior, ha quedado de manifiesto la falta de cualquier mínimo interés y diligencia, en el obligado tributario, a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales. Por otra parte, la conducta descrita tampoco halla acomodo en ninguna de las excepciones previstas en el 179.2 de la LGT, exculpatorias de responsabilidad. En particular, a nuestro juicio, no cabe ninguna razonable interpretación de esas normas que ampare la conducta del interesado, apreciándose al menos que no ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones de documentación que claramente le impone la norma, conociendo la entidad que realiza operaciones con entidades vinculadas. Es evidente que la infracción se ha cometido por medio de una conducta que, a los efectos de la distinción que realiza el artículo 183.1 de la LGT entre acciones u omisiones dolosas o culposas, hemos de calificar en el presente caso como una acción culposa del sujeto infractor. Como ya quedó dicho, resulta clara la normativa, que ningún margen deja a la interpretación en contrario, sin que, por otra parte, sea lo bastante compleja como para plantear problemas de compresión en quien deba de aplicarla.

El examen del expediente administrativo evidencia los siguientes antecedentes de interés: I) En virtud de escritura pública de 4 de abril de 2013, la entidad Manuel del Río Calvo SL vende a la entidad TRIDON INVERSIONES SL el siguiente inmueble: Parcela-Vivienda Unifamiliar Pareada, señalada con el nº NUM003, hoy CALLE000 nº NUM004. Se indica en el documento que el precio alzado de esta compraventa es la cantidad de 170.000 euros. También se recoge en la escritura que la presente transmisión está sujeta a IVA, por la cantidad de 17.000 euros, lo que hace un total de 187.000 euros. II) El valor declarado de la transmisión fue de 170.000 euros. III) Con fecha 30 de junio de 2017 fue extendida, por la Inspección, respecto de la entidad TRIDON INVERSIONES SL la diligencia nº 3 en la que se dice: Documentación exigida por el artículo 16.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sobre operaciones vinculadas. El interesado manifiesta que está confeccionando esta documentación y que la aportará tan pronto la tenga terminada. Posteriormente fue aportada la siguiente documentación: 1) ofertas firmes, fechadas el 1 de abril de 2017, por varios inmuebles sitos en Briviesca, Sobrón y Villagonzalo-Pedernales, así como otra oferta por inmuebles realizada el año 2015. 2) Fotografías de terrenos e inmuebles. 3) Resoluciones judiciales de los años 2016 y 2017. 4) Valoraciones de activos en las que no consta fecha ni autor. 5) Estudio de precios de transferencia en el que figura ASFICO SA, en el que no consta fecha ni autor. 6) Anuncios de inmuebles. 7) Tasación realizada por TECNITASA en el año 2017. 8) Precios de inmuebles fijados en el año 2015 para ser enajenados en subasta. IV) Obra la siguiente valoración de bienes urbanos relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, realizada el 11 de julio de 2013: -Entidad urbana Villagonzalo-Pedernales; -Zona, CALLE000 nº NUM004; -Naturaleza del bien, edificio; -Usos considerados, garaje único en sótano, vivienda en edificación unifamiliar, trastero bajo cubierta; -Total precio medio, 144.815'34 euros. V) Con fecha 27 de febrero de 2018 fue dictado, por el Inspector Regional, acuerdo de liquidación relativo al Acta de disconformidad NUM002, con el siguiente contenido: La obligada tributaria ha realizado las siguientes operaciones vinculadas cuyo valor ha sido objeto de corrección: A) Transmisión de Inmuebles al administrador D. Teofilo con NIF NUM000 y a la entidad TRIDON INVERSIONES S.L. De conformidad con el artículo 16 del texto refundido de la LIS, se ha solicitado al interesado que ponga a disposición de la Inspección la documentación a la que le obliga el apartado 2 del citado artículo y ha procedido a comprobar el valor de mercado de las operaciones antes indicada, con el resultado que se expone a continuación: -entre las transmisiones de inmuebles se encuentra la de fecha 08/04/2013, vivienda UNIFAMILIAR, CALLE000 NUM004 Villagonzalo-Pedernales), a TRIDON INVERSIONES S.L, siendo el valor declarado 170.000,00 euros. -La obligada tributaria no ha cumplido con la obligación de documentación que le exige el artículo 16.2 de la LIS. Dado que la documentación se ha elaborado recientemente, e independientemente del contenido de la misma, está claro que dicha documentación no es la que en su momento se tuvo en cuenta para poder acreditar los valores convenidos entre las partes vinculadas. Desde luego, no es la documentación que el interesado manejó para determinar los valores de mercado y que ya tenía que tener a disposición de la Inspección cuando finalizó el plazo de presentación de la declaración correspondiente, sino que es otra documentación elaborada a posteriori. La obligada tributaria se ha limitado, previo requerimiento de la Inspección, a confeccionar personalmente o mediante encargo a terceros, documentación que se ajustara lo máximo posible a los valores previamente declarados. Todo ello, sin perjuicio además de que: -el informe sobre precios de transferencia no proporciona información relevante, salvo que el método aplicable para la valoración es el precio libre comparable con los inmuebles transmitidos por la entidad Manuel Río Calvo SL. Subrayan en él que no existen diferencias entre precios acordado entre partes independientes y los acordados entre partes vinculadas, hecho que como se ha demostrado no es veraz. -La documentación específica aportada, como se ha dicho, es inexacta e incompleta, en tanto en cuanto la muestra utilizada para determinar el precio libre comparable (de las viviendas CALLE000, NUM005 y CALLE000, NUM004 de la 1ª fase de la Guindalera) está totalmente sesgada al elegir las transmisiones de menor importe y no las transmisiones de los inmuebles idénticos o similares de la misma fase. -Para determinar el valor de mercado la Inspección ha acudido a los valores ya comprobados por la Junta de Castilla y León, amparada en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, 15 de enero de 2015 (recurso 1370/2013), al concluir que dichos valores vinculan al resto de Administraciones. Por lo tanto, no procede hacer nuevas valoraciones, no siendo necesario analizar la documentación aportada a este respecto por el obligado tributario, por lo menos en cuanto a la determinación del valor, otra cuestión distinta, como se ha visto antes, es que se haya analizado para verificar si ha cumplido o no con la obligación de documentar las operaciones vinculadas. -La suma de las diferencias entre valores de mercado comprobados y declarados asciende en el año 2013 a 17.037'68 euros. -Siendo la mercantil MANUEL RÍO CALVO SL la sociedad transmitente de los inmuebles, procede realizar un ajuste primario positivo, procede incrementar los ingresos declarados en la suma de las diferencias entre el valor comprobado y el declarado en los importes que resultan como diferencias de valores, siendo 17.037'68 euros en el ejercicio 2013. - Procede incrementar el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 en 17.037'68 euros. -En la liquidación practicada se determina una cuota a ingresar de 2.335'5 euros, más los intereses de demora. VI) Frente al anterior acuerdo de liquidación, la ahora demandante interpuso reclamación económico-administrativa, que fue desestimada mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2021, del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León-Sala desconcentrada de Burgos.

Frente a la resolución de fecha 30 de diciembre de 2021, del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León-Sala desconcentrada de Burgos que desestimó la reclamación económico-administrativa nº NUM006, interpuesta frente al frente al acuerdo de liquidación provisional practicado por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2013, que determina una cantidad a ingresar de 3.485,60 euros, de los cuales 2.335,50 euros, corresponden a la cuota del impuesto y 1.150,10 a los intereses de demora, la entidad Manuel del Río Calvo SL interpuso recurso contencioso-administrativo que ha sido sustanciado ante este Tribunal con el nº 254/2022. Mediante sentencia nº 32/2023, de 6 de febrero, el recurso contencioso-administrativo ha sido desestimado.

TERCERO. Sobre la infracción prevista en el artículo 16.10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades .

Como se ha señalado, en el presente supuesto, la parte actora pretende que se anule una resolución administrativa que mantiene un acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria del artículo 16.10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, de aplicación al supuesto por razones cronológicas.

El citado artículo establece: Constituye infracción tributaria no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación que conforme a lo previsto en el apartado 2 de este artículo y en su normativa de desarrollo deban mantener a disposición de la Administración tributaria las personas o entidades vinculadas. También constituye infracción tributaria que el valor normal de mercado que se derive de la documentación prevista en este artículo y en su normativa de desarrollo no sea el declarado en el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. ...

El apartado 2 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece: 2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente. Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios establecidos en el artículo 108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

El artículo 16.10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece también: Esta infracción será grave y se sancionará de acuerdo con las siguientes normas: ... 2.º Cuando proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración tributaria respecto de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación, con un mínimo del doble de la sanción que correspondería por aplicación del número 1.º anterior. Esta sanción será incompatible con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 191, 192, 193 ó 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la parte de bases que hubiesen dado lugar a la imposición de la infracción prevista en este número. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas de acuerdo con lo previsto en este número se reducirá conforme a lo dispuesto en el artículo 188.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 3.º La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas de acuerdo con lo previsto en los números 1.º y 2.º de este apartado se reducirán conforme a lo dispuesto en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Ha de señalarse que la STC nº 145/2013, de 11 julio de 2013 (Rec. 3705/2011), declaró la constitucionalidad de los apartados 2 y 10 del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establecen el deber las personas o entidades vinculadas de mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente y la posibilidad de cometer infracción tributaria con la consiguiente sanción por no aportar dicha documentación o hacerlo de forma incompleta. Dice la sentencia: "En resumen, en el presente caso la Ley contiene la definición básica de los comportamientos prohibidos; acota materialmente el ámbito al que debe ceñirse el régimen sancionador, enuncia su concreta finalidad, identifica los sujetos responsables y describe suficientemente los elementos objetivos de las conductas antijurídicas en una materia específica y mudable que requiere de una colaboración reglamentaria «en cierto modo insuprimible» ( STC 34/2013, FJ 19, citando la STC 42/1987, FJ 2). La remisión al reglamento de la regulación de la documentación relacionada con las operaciones vinculadas no es, pues, una referencia abierta: la potestad reglamentaria está sujeta a directrices legales suficientemente precisas. Consecuentemente, procede afirmar que la tipificación de las infracciones administrativas del apartado 10 del art. 16 es conforme con la garantía formal del principio de legalidad sancionadora ( art. 25.1 CE).".

El artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el día 1 de enero de 2015, establece: 13. 1.º Constituye infracción tributaria la falta de aportación o la aportación de forma incompleta, o con datos falsos, de la documentación que, conforme a lo previsto en el apartado 3 de este artículo y en su normativa de desarrollo, deban mantener a disposición de la Administración tributaria las personas o entidades vinculadas, cuando la Administración tributaria no realice correcciones en aplicación de lo dispuesto en este artículo. ... 2.º Constituyen infracción tributaria los siguientes supuestos, siempre que conlleven la realización de correcciones por la Administración tributaria, en aplicación de lo dispuesto en este artículo respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes: (i) la falta de aportación o la aportación de documentación incompleta, o con datos falsos de la documentación que, conforme a lo previsto en el apartado 3 de este artículo y en su normativa de desarrollo, deban mantener a disposición de la Administración tributaria las personas o entidades vinculadas. ... Estas infracciones tendrán la consideración de infracción grave y se sancionarán con multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones que correspondan a cada operación. Esta sanción será incompatible con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 191, 192, 193 o 195 de la Ley General Tributaria, por la parte de bases que hubiesen dado lugar a la imposición de la infracción prevista en este número 2.º.

CUARTO. Aplicación al presente supuesto.

La parte actora alega que no concurren los elementos objetivo y subjetivo para que pueda considerarse acreditada la comisión de la infracción por la que ha sido sancionada.

Pues bien, en lo que respecta a la concurrencia del elemento objetivo de la infracción, cabe señalar, en primer lugar, que en la diligencia nº 3 de fecha 30 de junio de 2017, extendida por la Inspección, consta que fue requerida a la demandante la documentación exigida por el artículo 16.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sobre operaciones vinculadas, manifestando el compareciente que se estaba confeccionando y que la aportaría tan pronto la tuviera terminada, a lo que ha de añadirse que el examen de la documentación que fue aportada evidencia: 1) que en algunos no consta el autor de los documentos, ni las fechas de elaboración. 2) Que el Estudio de precios de transferencias en los ejercicios 2012 a 2014 no contiene datos concretos sobre las operaciones vinculadas que son objeto de las actuaciones. 3) Que los anuncios y fotografías se refieren a inmuebles y terrenos que no son coincidentes con los inmuebles que fueron objeto de las operaciones vinculadas. 4) Que las tasaciones efectuadas por TECNITASA se han realizado el año 2017. 5) Que la documentación aportada es inexacta e incompleta, en tanto en cuanto la muestra utilizada para determinar el precio libre comparable (de las viviendas CALLE000, NUM005 y CALLE000, NUM004 de la 1ª fase de CALLE000) está totalmente sesgada al elegir las transmisiones de menor importe y no las transmisiones de los inmuebles idénticos o similares de la misma fase.

En segundo lugar, ha de señalarse que la Inspección ha incrementado, en el acuerdo de liquidación provisional por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2013, el valor de adquisición del inmueble en el importe que resulta como diferencias de valores, concretamente en 17.037'68 euros.

En tercer lugar, ha de señalarse que no ha sido aportada a las actuaciones una prueba pericial para desvirtuar la valoración que efectuó la Comunidad Autónoma de Castilla y León a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, correspondiente al bien inmueble objeto de transmisión mediante las operaciones vinculadas.

En cuarto lugar, ha de señalarse que las alegaciones contenidas en la demanda sobre la factura emitida por D. Virgilio, relativa a unos servicios de transporte, no guardan ninguna relación con la resolución administrativa impugnada que, como se ha dicho, se refiere a la transmisión de un inmueble.

Finalmente, en lo que respecta a la ausencia del elemento subjetivo de la infracción, ha de señalarse, en primer lugar, que el apartado 2 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es claro cuando establece que las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente. Es claro que la documentación indicada debe existir cuando se realiza la operación vinculada, no ser confeccionada si se requiere su aportación.

El acuerdo de imposición de sanción señala que, en los hechos sancionados, ha quedado de manifiesto la falta de cualquier mínimo interés y diligencia, en el obligado tributario, a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la conducta de la obligada tributara tampoco halla acomodo en ninguna de las excepciones previstas en el 179.2 de la Ley General Tributaria, exculpatorias de responsabilidad, ya que no cabe ninguna razonable interpretación de esas normas que ampare la conducta del interesado, apreciándose al menos que no ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones de documentación que claramente le impone la norma y que la infracción se ha cometido por medio de una conducta que ha de calificarse en el presente caso, al menos, como una acción culposa del sujeto infractor.

Pues bien, la redacción del apartado 2 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no permite considerar razonable una conducta como la observada por la entidad demandante, por lo que ha de convenirse con la Administración en que la infracción se ha cometido por medio de una conducta que ha de calificarse en el presente caso, al menos, como una acción culposa del sujeto infractor.

En segundo lugar, ha de señalarse que esta Sala, en la sentencia nº 292/2022, de 16 de diciembre de 2022, recaída en el recurso autos de P.O. nº 143/2022, interpuesto por la ahora demandante, ha desestimado las mismas alegaciones efectuadas respecto del acuerdo de imposición de sanción por la comisión de la misma infracción tributaria, si bien referida al Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2012.

En la citada sentencia, de la que ha sido ponente la Ilma. Sra. González García, se dice: "Por lo que es evidente que no concurre el reproche de falta de culpabilidad y motivación realizado por la actora y que la resolución sancionadora cumple con las exigencias al respecto motivando debidamente la concurrencia de la culpabilidad en el acuerdo sancionador. También se invoca por la recurrente que se estaba ante una normativa compleja y novedosa, con interpretaciones no pacificas que dieron lugar a que el Tribunal Supremo elevase al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, si bien se ha de significar como realiza el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, respecto a la documentación a aportar en estas operaciones, ya se establecía en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de se había introducido por el Real Decreto 1793/2008, por tanto cuatro años antes del ejercicio cuestionado, sin que desde entonces haya sufrido modificación alguna, salvo la adicción del nº 3 al referido artículo, sin que por otro lado el hecho de que tenga que elaborarse una documentación para la determinación del valor de las operaciones vinculadas, exija mayor interpretación, podría cuestionarse el contenido de la misma, pero no su exigencia y existencia lo que aquí no se cumplía, sin que pueda apreciarse la existencia de una interpretación razonable de la norma que amparase la conducta de la recurrente de no disponer de dicha documentación, elaborarla después de iniciado el expediente de comprobación e incurrir en las inexactitudes y errores detallados por la Inspección tributaria. Sin que la sentencia del Tribunal Constitucional a la que se refiere la actora de 11 de julio de 2013, sentencia nº 145/2013, BOE 183/2013, de 1 de Agosto de 2013, dictada en el recurso 3705/2011 se dictara con ocasión del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por que la redacción de estos preceptos presentaran dudas interpretativas o interpretaciones no pacificas, ya que el objeto de dicho recurso de inconstitucionalidad venía determinado por la posible vulneración del principio de legalidad y de proporcionalidad, concluyendo el Tribunal Constitucional, que la tipificación y el régimen de sanciones previsto para las operaciones vinculadas en el Impuesto de Sociedades, que exige la aportación de determinada documentación para evitar un posible fraude fiscal, es constitucional y que la norma no vulneraba los principios de legalidad sancionadora y proporcionalidad, por cuanto contiene la definición básica de los comportamientos prohibidos, acota materialmente el ámbito al que debe ceñirse el régimen sancionador, enuncia su concreta finalidad, identifica los sujetos responsables y describe suficientemente los elementos objetivos de las conductas antijurídicas, así expresamente en los Fundamentos de Derecho 6º y 7º, fundamentalmente este último, por lo que procede rechazar igualmente dicho motivo impugnatorio.".

Pues bien, las mismas consideraciones resultan de aplicación al presente supuesto.

Consecuencia de lo expuesto es que el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado.

QUINTO. Costas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, al desestimarse el recurso contencioso-administrativo y no apreciarse las dudas a las que se refiere el precepto legal, se imponen las costas causadas a la parte actora.

VISTOS los preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación