Sentencia Contencioso-Administrativo 1510/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 2569/2023 de 03 de mayo del 2024

PRIMERO.- Resolución judicial apelada. Partes. Pretensiones

A través de la presente alzada el SR. Elián, ha impugnado el Auto nº 154, de 19 de mayo de 2023, dictado por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE BARCELONA en los autos del procedimiento abreviado nº 36/2023 (desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la denegación de rectificación de autoliquidación del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; en lo sucesivo "plusvalía municipal").

La parte apelada es el ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANRESA y el Auto que ahora nos ocupa declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, por extemporaneidad, con los siguientes razonamientos jurídicos:

<<<(...) PRIMERO.- El artículo 51.1 de la LJCA establece: "El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.

b) La falta de legitimación del recurrente.

c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.

d) Haber caducado el plazo de interposición del recurso".

Por su parte, el apartado 4 del mismo precepto dispone: "El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiera lugar".

La parte demandante identifica el objeto del presente recurso contencioso-administrativo contra la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto el 13/07/2022 (folio 25 EA) contra la desestimación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el IIVTNU, por la transmisión de la finca sita en el DIRECCION000, Manresa.

Así las cosas, la Administración ostenta el plazo de un mes para resolver el recurso de reposición, computándose desde el día siguiente a aquél en que el recurso tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración respectiva u Organismo competente para resolverlo. En este supuesto, por parte de la Administración no hubo contestación del recurso de reposición en el plazo de un mes, si bien, la Administración dictó resolución expresa el 13/10/2022 (folios 69 a 72 EA).

La resolución fue puesta a disposición de la sra. Jacqueline el día 21/10/2022 a las 13:09:25 (folio 78), representante del actor (folio 25 EA), y que en sede administrativa asumió su defensa y representación, actuando en condición de colegiada nº NUM000 del ICASV (folios 27 a 39 EA).

El Letrado, en virtud del artículo 14.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, cuyo tenor es: "2.En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles".Así las cosas, la Letrada estaba obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

El artículo 43 de la Ley 39/2015 dispone: "1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

2. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con lapuesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

3. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de AccesoGeneral electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso".

Así las cosas, transcurridos los diez días naturales desde la puesta a disposición, debe entenderse rechazada la notificación, desplegando todos sus efectos la resolución administrativa

En consecuencia, notificada en fecha 01/11/2022 la resolución administrativa e interponiéndose la demanda en fecha 19/01/2023, es obvio que el recurso contencioso-administrativo es manifiestamente extemporáneo(...)>>>

En el suplicodel escrito de apelación se pide de esta Sala que, amén de revocar la Sentencia del Juzgado, así como de declarar la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo, se entre en el fondo del asunto y se estime la demanda deducida en primera instancia.

Y en el suplicodel escrito de oposición, se solicita de este Tribunal la desestimación de la apelación y, subsidiariamente, la desestimación del recurso de origen.

SEGUNDO.- Contenido de la apelación

En lo fundamental -y descartadas las citas jurisprudenciales- la apelación reza así:

<<<(...)SEGUNDO.- DEFECTO EN LA NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION A LETRADO DIFERENTE. INFRACCION DEL ARTICULO 14.2.C) DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE , DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICA Y DEL ARTICULO 43 DEL MISMO CUERPO LEGAL .

A) DEFECTO EN LA NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION A LETRADO DIFERENTE.

En la presente litis, tenemos que tener en cuenta que se inició en sede administrativa por medio de solicitud de ingresos indebidos remitido de forma postal al Ayuntamiento de Manresa el día 22 de Noviembre de 2021 y recibido por la Administración el pasado 26 de Noviembre de 2021 (ver documento nº4 de la demanda)

En dicho documento se aprecia que la dirección de notificaciones se indicó la dirección postal, DIRECCION001 de Madrid con dirección de correo electrónico: comercial@arriagaasociados.com

El 13 de Julio de 2022 se presentó por medio de la sede electrónica del Ayuntamiento de Manresa RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución presunta consistente en la desestimación, por silencio administrativo negativo, de la solicitud de devolución del importe interpuesto en fecha 22 de noviembre de 2021 a través del cual se instaba a la devolución del importe correspondiente al Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) conocido como PLUSVALÍA MUNICIPAL (ver documento nº5 de la demanda)

El día 13 de Octubre de 2022 se dictó resolución del Recurso de Reposición y se remitió aviso a Doña Jacqueline, (letrada que había causado baja en la representación de mi representado) y se ponía a disposición la notificación por plazo de 10 días, hasta el 1 de Noviembre de 2022 (festivo nacional)

La administración demandada conocía perfectamente que Doña Jacqueline dejó de representar al Sr Elián porque se presentó el 24 de Octubre de 2022 un escrito en la sede electrónica del Ayuntamiento de Manresa una solicitud de cambio de representante legal.

Se adjunta dicha solicitud y su justificante como documento nº1.

Por lo tanto, la notificación de la resolución del Recurso de Reposición por parte del Ayuntamiento tuvo que repetirse al nuevo representante legal, Sr Nicanor, por lo que es evidente que no ha existido la notificación en legal forma, operando el silencio administrativo negativo, tal y como está redactada la demanda presentada en el Juzgado y firmada por el letrado Sr Nicanor con argumentos referentes al silencio administrativo negativo:

"QUINTO.- Posteriormente, en fecha 13 de julio de 2022, y ante el silencio del Ayuntamiento de Manresa, DON Elián, interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN instando la anulación del Impuesto de Plusvalía Municipal con la consiguiente devolución del importe abonado correspondiente a este impuesto abonado de forma indebida. Se acompaña como DOCUMENTO Nº 5, copia del referido recurso de reposición. Ante el cual, el Excmo. Ayuntamiento de Manresa ha optado nuevamente por el silencio administrativo como medio de contestación del recurso interpuesto, al no contestar al mismo en el plazo de un mes determinado por Ley ( art. 124.3 LJCA )....

B) INFRACCION DEL ARTICULO 14.2.C) DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE , DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICA Y DEL ARTICULO 43 DEL MISMO CUERPO LEGAL DETERMINANTE DE NULIDAD DE PLENO DERECHO.

El artículo 14.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, dispone:

"2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles"

Desde luego esta parte cumplió con este precepto, ya que al interponer el Recurso de Reposición con representación letrada a través de la sede electrónica, posteriormente y estando en plazo de abrir la notificación, se comunicó de forma fehaciente a través de la sede electrónica el 24 de Octubre de 2022 el cambio de representación letrada.

El artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, dispone:

"2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido."

La notificación practicada por el Ayuntamiento no es conforme a derecho porque no se ha puesto a disposición del letrado correcto de la resolución administrativa que resolvía el Recurso de Reposición.

Aun con el aviso de la notificación de la resolución del Recurso de Reposición al correo electrónico notificaciones@ arriagaasociados.com,correo electrónico coincidente con el que se indicó en el Recurso de Reposición y con el escrito de cambio de representación legal de 24 de Octubre de 2022, al letrado nuevo, Sr Nicanor le resultaba imposible acceder a la notificación porque:

* El sistema avisa por medio del correo electrónico que se ha recibido una notificación.

* Se tiene que acceder a la notificación por medio de la Sede Electrónica de la Administración que realiza la notificación, en este caso el Ayuntamiento de Manresa.

* ¿Cómo se accede a la notificación por medio de sede electrónica? Introduciendo la tarjeta colegial en un lector de tarjetas e introduciendo la clave personal de la persona interesada.

* La tarjeta colegial de Doña Jacqueline (Colegiada en el Colegio de Vizcaya) es diferente a la tarjeta de Don Nicanor (Colegiado en el Colegio de Madrid) y con claves diferentes.

* El sistema no hubiera permitido acceder al expediente administrativo a Don Nicanor a pesar de recibir el aviso de notificación por evidentes razones de protección de datos personales.

Aquí está el error que comete el Juzgado y que no se ha tenido en cuenta a la hora de no admitir la demanda.

Se tendría que haber proveído el escrito de 24 de Octubre de 2022 y haber notificado nuevamente al nuevo letrado Don Nicanor, por lo que entendemos que la notificación es infructuosa, teniendo que aplicarse el artículo 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública

En conclusión, la administración demandada no puso a disposición del letrado actuante la resolución administrativa que resolvía el Recurso de Reposición, por lo que sigue operando el silencio administrativo negativo y por ende SE TENIA QUE HABER ADMITIDO A TRAMITE LA DEMANDA DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESENTADA.

Es por ello que la notificación efectuada a Doña Jacqueline es NULA DE PLENO DERECHO conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública:

"1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados"

En consecuencia, al carecer de notificación válida e interponiéndose la demanda en fecha 19/01/2023, es obvio que el recurso contencioso administrativo está presentado en plazo.

TERCERO.- FALTA DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO AL JUZGADO. INFRACCION DEL ARTICULO 78.4 DE LJCA

Dispone el artículo 78.4 de la LJCA lo siguiente:

"4. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo remitirá al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista"

Consideramos infringido este precepto porque esta parte no pudo realizar alegación alguna acerca de que el expediente administrativo ya que se entregó al Juzgado de manera incompleta, al no estar el escrito de cambio de letrado presentado el 24 de Octubre de 2022, vulnerando el artículo 70.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública:

"1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada."

Se dictó por el Juzgado Diligencia de Ordenación de fecha 26 de abril de 2023 con el siguiente contenido:

"El anterior escrito presentado por el procurador Angel Quemada Cuatrecases, en nombre y representación del Ayuntamiento de Manresa, queda incorporado al procedimiento.

Tengo por personada a la administración demandada y a dicho procurador en su representación.

Tengo por aportado el expediente administrativo en formato digital, que queda a disposición de las partes.

A la vista de la alegación previa, conforme al art. 59.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA ), doy traslado del escrito presentado y concedo a la parte actora el plazo de CINCO días, para que manifieste lo que considere conveniente, y acuerdo la suspensión del plazo para contestar a la demanda."

Y se presentaron escrito de alegaciones conforme al art. 59.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA), alegaciones acerca de la admisibilidad de la demanda de recurso contencioso administrativo.

Por lo tanto, en ningún momento se nos dio traslado para hacer alegaciones acerca del contenido del expediente administrativo, remitido de forma incompleta por el Ayuntamiento de Manresa vulnerando la normativa sectorial y con evidente mala fe procesal(...)>>>

TERCERO.- Contenido del escrito de oposición

En lo esencial, el escrito de oposición señala lo siguiente:

IX. <<<(...)ANTECEDENTS

I.1. El recurs contenciós administratiu interposat per l'actora tenia per objecte l'acte administratiu consistent en la desestimació, per silenci administratiu, del recurs de reposició interposat el dia 13 de juliol de 2022 contra la desestimació de la sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per la transmissió de la finca situada al DIRECCION000, amb referència cadastral NUM001 (autoliquidació núm. NUM002).

En compliment del tràmit atorgat de contestació a la demanda i vist que el recurs de reposició no va ser desestimat per silenci administratiu sinó que es va dictar resolució expressa, l'Ajuntament de Manresa va formular al·legacions prèvies per posar de manifest una causa d'inamissibilitat del recurs contenciós administratiu de l'article 69.e) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per entendre que el recurs es va interposar fora del termini dels dos mesos establerts a l'article 46.1 de la mateixa llei.

Tal i com es va detallar i justificar en l'escrit d'al·legacions prèvies, el recurs de reposició va ser resolt per l'administració el dia 13 d'octubre de 2022 (pàgines 69 a 72 de l'expedient administratiu), i la notificació es va practicar per mitjans electrònics, amb avís de la posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica de la representant que constava a l'expedient, Sra. Jacqueline amb NIF NUM003. Segons l'evidència del procés de notificació (pàgina 78 de l'expedient administratiu), transcorregut el termini de 10 dies naturals des del dipòsit de la notificació, aquesta es va considerar rebutjada el dia 1 de novembre de 2022, per no haver-se accedit al seu contingut, tenint-se per complimentat el tràmit tal i com disposa l'article 43, en relació amb el 41.4 de la Llei 39/2015 LPACAP.

D'acord amb aquests fets, vist que la notificació de l'acte administratiu es va produir el dia 1 de novembre de 2022, el termini per interposar el recurs contenciós va finalitzar el dia 2 de gener de 2023, per la qual cosa el recurs contenciós administratiu interposat el dia 19 de gener de 2023 era clarament extemporani perquè es va interposar fora del termini dels dos mesos establert a l' article 46.1 de la LJCA.

Existia, doncs, a parer d'aquesta part, una clara causa d'inadmissibilitat del recurs de l'article 69.e) de la Llei jurisdiccional, que impedia que es pogués dictar sentència sobre el fons de l'assumpte i, per tant, que feia innecessari continuar la seva tramitació.

L'escrit d'al·legacions prèvies presentat per l'administració va ser traslladat a l'actora, així com també l'expedient administratiu, i aquesta va presentar un escrit d'al·legacions en què manifestava que el recurs contenciós administratiu va ser interposat a termini, sense fer cap objecció a l'expedient tramès per l'administració ni oposant-se ni rebatent cap dels arguments al·legats per l'ajuntament sobre el fets clarament exposats en l'escrit d'al·legacions prèvies que determinaven una presentació extemporània del recurs contenciós administratiu.

El Jutjat d'instància va estimar que concorria la causa d'inadmissibilitat al·legada per l'administració, i així ho va declarar en la interlocutòria de data 19 de maig de 2023 que és objecte d'aquest recurs d'apel·lació.

I.2 Un cop dictada la interlocutòria que és objecte d'aquest recurs d'apel·lació, la recurrent va presentar una petició de complement per tal que el Jutjat rectifiqués aquesta interlocutòria, en la part dels fonaments jurídics i en la part dispositiva, i indiqués que procedia l'admissió a tràmit de la demanda, argumentant que l'expedient administratiu no estava complet perquè hi mancava un escrit de data 24 d'octubre de 2022 en què es comunicava un canvi de representant. Aquest fet, a parer de l'actora, determinava que no es pogués entendre notificada la resolució i, per tant, que el recurs contenciós s'hagués d'admetre a tràmit.

El Jutjat, prèvia valoració de l'escrit d'al·legacions presentat per l'administració, va dictar el dia 19 de juliol de 2023 una interlocutòria que denegava la petició de complement formulada per l'actora.

II. IMPROCEDÈNCIA DEL RECURS D'APEL·LACIÓ

II.1. El recurs d'apel·lació denuncia que s'ha produït una infracció del dret a la tutela judicial efectiva que consagra l' article 24 de la Constitució Espanyola, com a dret fonamental a la defensa sense indefensió jurídica, per no haver-se inclòs en l'expedient administratiu un escrit presentat a la seu electrònica de l'Ajuntament el dia 24 d'octubre de de 2022, i per haverse inadmès a tràmit el recurs contenciós administratiu sense tenir en compte que la demanda es va presentar en base al silenci administratiu produït.

a) Sobre la indefensió provocada per no haver-se inclòs a l'expedient administratiu l'escrit presentat el dia 24 d'octubre de 2022.

Considera l'apel·lant que l'ajuntament no va trametre l'expedient complet, perquè no hi va incloure un escrit que va presentar el dia 24 d'octubre de 2022 en què comunicava un canvi de representant, i això determina que la notificació practicada no sigui conforme a dret, perquè no es va posar a disposició del lletrat correcte.

L'escrit a què fa referència l'apel·lant i que va ser aportat com a documents adjunts a l'escrit en què demanava el complement de la interlocutòria, consisteix en una petició realitzada a través de la seu electrònica municipal. El document número 2 era el justificant del tràmit efectuat a la seu electrònica en què s'hi va fer constar com a sol·licitant el Sr. Nicanor. Cal fer constar que quan es presenta un tràmit a la seu electrònica el sistema permet formular les sol·licituds en nom propi (sol·licitant) o bé en representació d'una altra persona (cas en què al resguard hi consta el sol·licitant i el representant, com per exemple consta en el document del recurs pàgina 25 de l'expedient administratiu). Com es pot veure, aquest tràmit va ser presentat sense fer constar cap representació, en nom propi, per la qual cosa es va incorporar en els sistemes de gestió municipal a nom del Sr. Nicanor i no a nom del subjecte passiu, segons es va poder verificar quan es va tenir coneixement d'aquest fet per les manifestacions efectuades pel Sr. Nicanor en via judicial.

A més a més, la petició formulada es va realitzar de manera genèrica, sense indicar cap dada en fer el tràmit (document 2) ni en l'escrit aportat (document 1), que permetés identificar en quins expedients es volia efectuar el canvi de representant (no indicava número de liquidació o d'expedient, ni subjecte passiu), ni acreditava la representació amb què manifestava actuar. Aquest escrit es trobava pendent de tramitació en el moment en què es va enviar l'expedient al Jutjat, i per aquest motiu encara no constava que tingués relació amb l'expedient corresponent a l'autoliquidació impugnada.

Per tant, en el moment en què el Jutjat va requerir l'expedient administratiu, aquest escrit no en formava part, pels motius exposats, i es va trametre tot l'expedient complet que constava a nom del subjecte passiu.

Però independentment de tot l'exposat i de que aquesta part considera que la notificació que consta a l'expedient està correctament practicadatal i com posteriorment es justificarà, es vol posar de manifest que el moment processal per al·legar que un expedient administratiu no està complet no és quan ja s'ha resolt el procediment judicial.

La recurrent, en el curs de les actuacions, va poder revisar l'expedient administratiu. La diligència d'ordenació del dia 26 d'abril de 2023 va posar de manifest l'expedient a les parts, i la recurrent va presentar un escrit d'al·legacions, proveït mitjançant diligència del dia 17 de maig de 2023, en què va efectuar diverses consideracions sobre l'expedient administratiu, fent referència a una pàgina concreta de l'expedient administratiu. Per tant, l'expedient va ser revisat per la recurrent i no va posar de manifest la mancança de cap document ni va demanar que es reclamés a l'ajuntament.

La jurisprudència entén que la facultat de demanar que es completi l'expedient, a més d'un dret de les parts és també una càrrega, ja que si qui estima rellevant un document no el sol·licita en el tràmit oportú, ha de suportar els efectes negatius de la falta de prova, i qui no fa ús d'aquesta facultat no pot al·legar indefensió si l'expedient no està complet ( STS de 17/06/1989; STS de 07/10/1996 sala contenciosa, secció 4a, recurs 11952; i STS 11/11/2004 sala contenciosa, secció 5a, recurs 2835/2002).

Per tant, la recurrent, havent examinat l'expedient i no havent fet ús de la facultat de demanar que es completés, no pot al·legar que se li hagi produït indefensió.

b) Sobre el pronunciament d'inadmissió efectuat pel Jutjat

Considera l'apel·lant que se li ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva perquè el Jutjat ha inadmès a tràmit el recurs sense tenir en compte que s'havia interposat el recurs contenciós en base al silenci administratiu, per no haver-se notificat al lletrat correcte.

Per recolzar la seva posició, l'apel·lant fa esment, extensament, a la Sentència del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 d'octubre, en què en el cas enjudiciat es va declarar vulnerat el dret d'accés a la jurisdicció per haver-se inadmès el recurs contenciós administratiu sense examinar el fet al·legat per la recurrent de que l'acte impugnat no havia estat degudament notificat.

En aquell cas es tractava d'una notificació que no indicava si l'acte era o no definitiu en via administrativa ni el recurs que s'hi podia interposar. Es va declarar lesionat el dret a la tutela judicial efectiva per no haver-se verificat aquest extrem per l'òrgan judicial a l'hora de dictaminar la inadmissió.

És important destacar que en el nostre cas, la interlocutòria d'inadmissió analitza de manera detallada la notificació que consta a l'expedient i resol aplicant les previsions legals contingudes a la llei reguladora de la jurisdicció. Només es va constatar l'existència de l'escrit de data 24 d'octubre de 2022 un cop ja s'havia dictat la interlocutòria perquè la recurrent no va fer ús del seu dret i obligació de demanar que es completés l'expedient administratiu abans de la resolució de finalització del recurs.

El Jutjat, a la vista de l'expedient administratiu tramès, va resoldre correctament la inadmissió, atès que constava l'acreditació de la notificació degudament practicada. I també va desestimar correctament la petició de complement de la interlocutòria d'inadmissió, atès que en aquesta interlocutòria d'inadmissió no hi havia cap omissió o defecte que pogués ser esmenat d'acord amb allò que disposa l' article 215 de la LEC, per no constar a l'expedient administratiu ni a les actuacions aquest escrit de data 24 d'octubre de 2022.

II.2. El recurs d'apel·lació denuncia que la notificació de la resolució del recurs de reposició és defectuosa, per haver-se notificat a un lletrat diferent, i que s'ha produït una infracció de l'article 14.2c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques i de l'article 43 del mateix cos legal.

a) Sobre la notificació practicada a un lletrat diferent

L'apel·lant manifesta que l'Ajuntament sabia que l'advocada Sra. Jacqueline havia deixat de representar a l'obligat tributari a partir de l'escrit que va presentar el Sr. Nicanor el dia 24 d'octubre de 2022 indicant un canvi de representant legal.

Es vol fer constar que el representant que constava a les actuacions tenia la consideració de representant voluntari, i no de representant legal. La figura del representant en l'àmbit tributari es troba plenament regulada en la normativa tributària, tenint la consideració de representant legal només aquells supòsits previstos a l'article 45 de la Llei General Tributària.

El Sr. Nicanor manifesta que va comunicar el canvi perquè la Sra. Jacqueline va ser baixa a Arriaga Asociados. S'ha de tenir present que el canvi de representant en un procediment tributari no opera automàticament només pel fet que una altra persona (que no és el representant ni el propi obligat tributari) demani que es realitzi un canvi de representant. En via administrativa, els representants, encara que tinguin la condició d'advocats, no poden actuar en substitució d'un altre representant sense complir els requisits i formalitats que imposa la normativa tributària en aquests casos.

A tots els efectes, constava com a representant de l'obligat tributari la Sra. Jacqueline que era qui havia actuat en nom de l'obligat tributari en el recurs de reposició. El document de representació incorporat a l'expedient pàgina 36 també preveu que podria haver actuat en representació de l'interessat la societat Arriaga Asociados. Encara que aquesta representant causi baixa a la societat, segueix sent representant de l'obligat tributari i les notificacions adreçades a ella són vàlides, ja que d'altra manera hauria hagut de comunicar la seva renúncia a l'Ajuntament, tal i com disposa l' article 111.6 del RD 1065/2007, la qual no tindria efectes fins que l'Ajuntament tingués constància que s'havia comunicat a l'obligat aquesta renúncia. Tampoc constava que l'obligat tributari hagués atorgat altra representació.

Es vol fer constar que, a la vista de les al·legacions formulades per la recurrent en la via contenciosa, l'Ajuntament va requerir al Sr. Nicanor que indiqués a quins expedients es referia l'escrit de data 24 d'octubre de 2022, donat que es desconeixia si només afectava a aquest expedient o a molts d'altres com semblava que es desprenia del seu text, i que acredités la representació en cadascun d'ell. S'adjunta com a document núm. 1el requeriment efectuat per l'ajuntament, notificat el dia 8 de juny de 2023.

Complimentat el tràmit, el Sr. Nicanor va presentar el dia 9 de juny de 2023 diversa documentació de la qual es desprèn que l'escrit del dia 24 d'octubre de 2022 només es referia a l'autoliquidació objecte d'aquest recurs contenciós administratiu. I va aportar per acreditar la representació una còpia d'una escriptura de poders atorgada pel subjecte passiu a favor dels lletrats Jesús María Ruiz de Arriaga Remírez i José María Ortiz Serrano. S'adjunta com a document núm. 2tota la documentació presentada a conseqüència del requeriment efectuat per l'ajuntament.

Vist el contingut de l'escriptura de poders aportada pel Sr. Nicanor, es pot afirmar que en el moment de presentar l'escrit de data 24 d'octubre de 2022, el Sr. Nicanor no tenia atorgada a favor seu la representació de l'obligat tributari.

Així doncs, aquesta part entén que la notificació és plenament vàlida perquè, tant en el moment de dipositar-se la notificació com en el moment en què es va entendre notificat l'acte per no haver-se accedit al seu contingut, la representant de l'obligat tributari davant l'ajuntament era la Sra. Jacqueline, sense que l'escrit presentat pel Sr. Nicanor el dia 24 d'octubre de 2022 alteri la condició de representant del procediment.

b) Sobre la infracció de l'article 14.2.c i 43.2 de la Llei 39/2015 LPACAP.

L'interessat manifesta que s'ha produït la infracció de la normativa reguladora del Procediment administratiu perquè la notificació no s'ha posat a disposició del lletrat correcte, i aquest fet li ha impedit accedir a la notificació, tot i que l'avís del dipòsit de la notificació s'hagi enviat a l'adreça de correu electrònica consignada en el recurs notificaciones@arriagaasociados.com.

Com ja s'ha exposat en l'apartat anterior, la notificació efectuada és plenament vàlida perquè es va dipositar a la seu electrònica a nom de la representant que constava a l'expedient. Per tant, és correcte que el Sr. Nicanor no pugui accedir a la notificació amb el seu certificat personal, perquè no ostentava la representació del subjecte passiu. No obstant això, no és cert el fet al·legat en l'escrit d'apel·lació de que només podia accedir a la notificació la Sra. Jacqueline, pels motius que seguidament s'exposen.

La notificació electrònica del procediment es va efectuar a través del sistema eNOTUM, que és un servei desenvolupat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, i és aquest Consorci qui va realitzar l'enviament de l'avís de la posada a disposició de la notificació que exigeix l'article 41.6 de la Llei 39/2015 LPACAP. S'aporta com a document núm. 3certificat del Consorci Administració Oberta de Catalunya emès a petició d'aquest ajuntament als efectes de conèixer el procés de notificació efectuat en el cas que ens ocupa.

Segons aquest certificat, es van enviar 2 avisos, un el dia 21 d'octubre i un altre el dia 26 d'octubre de 2022. Els avisos es van enviat a l'adreça notificaciones@arriagaasociados.com.

Com es pot veure, el correu indicat per la Sra. Jacqueline per rebre les notificacions no era un correu particular, sinó que és el correu corporatiu notificaciones@arriagaasociados.com,que és el mateix correu que va facilitar en via administrativa el Sr. Nicanor.

Presumiblement, Arriaga Asociados va tenir coneixement dels avisos perquè el dia 24 del mateix mes, després del primer avís enviat al correu corporatiu, el Sr. Nicanor va presentar l'escrit comunicant que es substituís la Sra. Jacqueline en tots els procediments en que constés designada com a representant, indicant a efectes de notificació electrònica la mateixa adreça de correu electrònic.

Així, segons es detalla en el certificat del Consorci AOC, no és cert que només es pogués accedir a aquesta notificació amb el certificat digital de la Sra. Jacqueline a través de la seu electrònica municipal. També la societat Arriaga Asociados podia accedir a la notificació ja que en aquest cas concret era possible accedir al seu contingut amb una "paraula de pas" i no només amb certificat digital del representant. Només cal conèixer el DNI del titular de la notificació (el de l'obligat tributari) i tenir accés al correu electrònic que s'hagi indicat.

Per tant, tant la Sra. Jacqueline amb el seu certificat personal, com Arriaga Asociados amb paraula de pas, van poder accedir a la notificació, cosa que no van fer, motiu pel qual s'ha d'entendre que la notificació es va practicar correctament, i que el recurs contenciós administratiu es va interposar clarament fora del termini establert.

Als efectes de defensar la invalidesa de la notificació, l'apel·lant manifesta també que la notificació és infructuosa, havent-se d'aplicar l'article 44 de la Llei 39/2015, i que també és nul·la de ple dret d'acord amb l'article 47 de la mateixa llei.

Sobre aquests aspectes, de manera succinta, fem constar que l'article 44 de la Llei 39/2015 determina la necessitat d'efectuar la notificació per mitjà d'anuncis en el BOE en els casos en què la notificació no s'hagi pogut practicar un cop intentada per dues vegades, quan s'ignori el lloc de notificació o bé quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, fets que no es donen en el cas que ens ocupa. Pel que fa a la manifestació efectuada sobre la nul·litat de ple dret de la notificació, es vol fer constar que la notificació no és un acte administratiu respecte del qual es pugui declarar la nul·litat.

II.3 El recurs d'apel·lació denuncia que s'ha produït una infracció de l'article 78.4 de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa per no haver-se entregat l'expedient complet al Jutjat.

L'apel·lant manifesta que no va poder realitzar cap al·legació sobre l'expedient administratiu perquè només se li va donar trasllat de l'escrit d'al·legacions prèvies i no se li va donar termini per fer al·legacions sobre el contingut de l'expedient administratiu.

La recurrent va interposar la seva demanda sol·licitant que el recurs es fallés sense necessitat de prova ni de vista d'acord amb allò previst a l'article 78.3 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En aquests casos, si l'administració formula al·legacions prèvies, i a més a més ha enviat l'expedient administratiu, és evident que el moment processal per efectuar al·legacions sobre l'expedient administratiu és en el tràmit conferit per a al·legacions, ja que seguidament es pot declarar la inadmissió del recurs sense més tramitació.

Com bé reconeix la part apel·lant en el seu escrit, en la diligència d'ordenació del dia 26 d'abril de 2023, en què es va proveir l'escrit d'al·legacions prèvies i es va traslladar a l'actora, es va fer constar expressament que es tenia per aportat l'expedient administratiu i que quedava a disposició de les parts. I és important destacar que a, més a més, l'interessat el va examinar perquè, tal i com ja s'ha exposat en els anteriors apartats, la recurrent va presentar un escrit d'al·legacions en què mencionava una pàgina de l'expedient administratiu.

En tot cas, vistes les circumstàncies exposades, la manca de constància en l'expedient d'aquest escrit de data 24 d'octubre de 2022 no ha estat deguda a mala fe processal, com es fa constar en l'escrit d'apel·lació; en tot cas ha estat conseqüència de l'actuació del propi Sr. Nicanor, per haver presentat l'escrit en nom propi i no en nom del subjecte passiu, i no haver indicat cap dada que permetés identificar l'expedient.

III. Improcedència de la petició d'estimació del recurs contenciós administratiu i anul·lació de l'acte impugnat.

L'apel·lant sol·licita que la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estimi el recurs d'apel·lació i declari d'admissibilitat del recurs contenciós administratiu. Així mateix demana que es declari no ser conforme a Dret l'acte administratiu recorregut i que es declari la nul·litat de l'autoliquidació NUM002, i es reconegui el dret de la recurrent a obtenir l'import de 15.340,94 euros més interessos.

Entenem que, per al cas que es declari l'admissibilitat del recurs contenciós, aquesta petició no pot ser estimada atès que l'acte administratiu recorregut s'ajusta plenament a Dret.

En el recurs de reposició l'interessat manifesta que procedeix anul·lar l'autoliquidació per haver-se declarat la inconstitucionalitat de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana mitjançant Sentència del Tribunal Constitucional núm. 182/2021 de data 26 d'octubre.

Aquesta Sentència va declarar la inconstitucionalitat total dels articles 107.1 segon paràgraf, 107.2a) i 107.4 del TRLHL, però va establir expressament al seu fonament jurídic sisè, l'abast i els efectes d'aquesta declaració de la següent manera:

(...)

Per tant, la declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del TRLHL efectuada per la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 182/2021 de data 26 d'octubre de 2021, tot i que expulsa de l'ordenament jurídic els articles mencionats, limita l'abast i els efectes d'aquesta declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat, i declara que no poden considerar-se situacions susceptibles de ser revisades amb fonament a aquesta sentènciales següents:

* les obligacions tributàries meritades per l'impost que, a la data de dictar-se la sentència, hagin estat decidides definitivament mitjançant sentència amb força de cosa jutjada o mitjançant resolució administrativa ferma.

* les liquidacions provisionals o definitives que no hagin estat impugnades a la data de dictar-se aquesta sentència.

* les autoliquidacions que no hagin estat objecte d'una sol·licitud de rectificació a la data de dictar-se aquesta sentència.

L'interessat va presentar una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació el dia 26 de novembre de 2021 (pàgina 14 de l'expedient administratiu). Aquesta és la data en què va tenir entrada a l'Ajuntament la reclamació de l'interessat. En la demanda la recurrent manifesta que va presentar la sol·licitud a Correos el dia 22 de novembre de 2021 i que aquesta va tenir entrada a l'Ajuntament de Manresa el dia 26 de novembre de 2021.

L'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, sobre la presentació d'escrits dirigits als òrgans de les administracions públiques, disposa:

"4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros."

La presentació de documents a les oficines de Correus dirigits a les administracions públiques es troba regulat reglamentàriament a l' article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, que aprova el Reglament pel que es regula la prestació dels serveis postals, en els següents termes:

"Artículo 31. Admisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas.

Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente.

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina.

Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y en su normativa de desarrollo."

Per tant, per exprés mandat d'allò que disposa l'article 16.4.b) de la Llei 39/2015, la data de presentació d'un escrit a Correus té efectes davant l'administració només quan es compleixen les formalitats previstes en l'article 31 del reglament de prestació de serveis postals. L'escrit presentat per l'interessat va arribar en paper a l'Ajuntament sense que en el primer full constés el nom de l'oficina, ni la data, lloc, hora i minut de la seva admissió.

Per aquest motiu, la data de presentació de la sol·licitud de rectificació d'autoliquidació és el dia 26 de novembre de 2021, data de presentació de l'escrit al registre municipal. La sentència del Tribunal Constitucional es va dictar el dia 26 d'octubre de 2021 i es va publicar al BOE el dia 25 de novembre de 2021.

És irrefutable el fet que, a la vista del que expressament i de manera clara disposa la sentència, l'autoliquidació objecte del recurs contenciós administratiu constitueix una situació consolidada que no pot revisar-se amb motiu d'aquesta sentència, ja que es troben en el supòsit previst a l'apartat B) lletra ii) del seu fonament jurídic sisè, per haver-se sol·licitat la seva rectificació després de la data del seu dictat.

No obstant això, ni que es pogués considerar que la data de presentació de la sol·licitud de rectificació d'autoliquidació fos el dia 22 de novembre de 2021 (que com ja s'ha exposat, legalment no és possible), tampoc podria revisar-se l'autoliquidació atenent al fet que la sentència no va tenir efectes fins que va ser publicada al BOE. Sobre aquesta qüestió, recentment el Tribunal Suprem ha dictat la sentència núm. 978/2023 de data 12 de juliol de 2023 (recurs de cassació núm. 4701/2022), que aplica la doctrina continguda en sentència anterior de data 10 de juliol recurs 5181/2022, en què es pronuncia sobre la limitació d'efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 182/2021 de data 26 d'octubre. El fonament jurídic cinquè disposa:

(...)

Per tant, vist que la sol·licitud de rectificació d'autoliquidació es va presentar després del dia 26 d'octubre del 2021, es tracta d'una situació consolidada que no pot revisar-se amb fonament a aquesta sentència del Tribunal Constitucional.

En el seu recurs de reposició, a més de fer referència a la declaració d'inconstitucionalitat efectuat per la STC 182/2021 de data 26 d'octubre, també manifesta que cal anul·lar l'autoliquidació perquè es va calcular amb un sistema de determinació de la base imposable que consistia en una fórmula objectiva que donava com a resultat una quota positiva i que presumia, sense possibilitat de correcció alguna ni de prova en contra, que el transcurs del temps genera sempre una plusvàlua.

La mateixa sentència del Tribunal Constitucional de data 26 d'octubre de 2021 manté la possibilitat de revisar aquelles liquidacions i autoliquidacions en que s'hagi posat de manifest que no s'ha produït un increment de valor dels terrenys o quan la quota és superior a l'increment de valor obtingut, en aplicació de la declaració d'inconstitucionalitat continguda en les anteriors sentències que van declarar la inconstitucionalitat de l'impost.

La sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017 d'11 de maig de 2017 va efectuar una declaració d'inconstitucionalitat parcial, tal i com va interpretar el Tribunal Suprem en sentència de 9 de juliol de 2018 (recurs 1163/2018) i posteriors. Així, en els casos en què no s'hagués produït un increment de valor dels terrenys no s'entenia realitzat el fet imposable i procedia efectuar la devolució dels imports abonats pels interessats, prèvia prova de la inexistència d'increment de valor per part del subjecte passiu.

No consta a l'expedient ni ha estat aportat amb l'escrit de demanda cap prova que acrediti la inexistència d'increment de valor en la transmissió del terreny, per la qual cosa, de conformitat amb les sentències del Tribunal Suprem esmentades, tampoc procedeix anul·lar l'autoliquidació per aplicació de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017 de data 11 de maig de 2017.

Per tot l'exposat, procedeix desestimar íntegrament el recurs contenciós administratiu, amb expressa imposició de costes de conformitat amb el que disposa l'article 139.1 de la Llei jurisdiccionalm (...)>>>

CUARTO.- Cronología del litigio

Para la resolución del presente litigio será menester partir de las siguientes fechas y acontecimientos:

f) 11 de enero de 2018: presentación, por el actor, de la autoliquidación de la plusvalía municipal y pago de la cuota resultante (15.340,94 euros) al Ayuntamiento de Manresa

* 13 de febrero de 2018: el hoy apelante suscribe poder notarial para pleitos y, amén de designar procuradores, hace extensivo ese poder a los letrados Sr. Ruiz de Arriaga y Sr. Ortiz Serrano. Se trata del mismo poder utilizado por el recurrente para comparecer ante esta Sala, en sede de la presente apelación

* 26 de noviembre de 2021: Solicitud de rectificación de la autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos. La suscribe el propio sujeto pasivo y fundamenta sus pretensiones exclusivamente en que el valor catastral no es un dato susceptible de acreditar debidamente al aumento del valor del suelo.

* 13 de julio de 2022: el actor deduce reposición bajo la representación de la abogada Jacqueline. Impugna la desestimación presunta de la solicitud de 26 de noviembre de 2021. Reproduce los fundamentos de la solicitud de rectificación de la autoliquidación y, además, trae a colación la STC 182/2021, de 26 de octubre

Se hacen constar, como datos de contacto, "forma de comunicación" 02.eNOTUM (notificación electrónica) y el email notificaciones@arriagaasociados.com

La representación se acredita mediante un documento denominado "MANDATO DE REPRESENTACIÓN", suscrito el 22 de noviembre de 2021, con membrete "ARRIAGA ASOCIADOS", en el que se otorga mandato de representación, solidariamente, a favor de ARRIAGA ASOCIADOS ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO, S.L y también a la Jacqueline. Se deja bien claro que corresponde al bufete designar sustitutos de los mandatarios

* 13 de octubre de 2022: el Ayuntamiento desestima de forma expresa el recurso de reposición

* 21 de octubre de 2022: la resolución desestimatoria de la reposición es puesta a disposición de la letrada Jacqueline mediante notificación electrónica (sistema eNOTUM - NUM004). Paralelamente se remiten dos avisos (21 y 26 de octubre de 22) a través del email notificaciones@arriagaasociados.com, que no es precisamente un correo particular. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad que habría tenido ARRIAGA ASOCIADOS, de acceder a la notificación sin el certificado digital de Jacqueline, mediante una "palabra de paso" y el número de DNI del hoy recurrente

* 24 de octubre de 2022: se pone en conocimiento del ayuntamiento el reemplazo de "representante legal de ARRIAGA ASOCIADOS" mediante la sustitución de Jacqueline por " Nicanor".

No se traen a colación los datos del ahora recurrente; y en el encabezamiento del escrito de hace constar lo siguiente: "Procedimiento al que afecta el cambio: IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA", sin más especificaciones

No se acredita que al hoy apelante le hubiera sido comunicada la renuncia de la letrada Jacqueline

* 1 de noviembre de 2022: la notificación electrónica a Jacqueline se entiende rechazada y considera el ayuntamiento que surtirá efectos desde el siguiente día 2; sin que sea de aplicación al caso la notificación edictal ( art. 44 de la Ley básica 39/2015, de 1 de octubre o, más propiamente, la notificación por comparecencia ex art. 112 LGT)

* 19 de enero de 2023: se interpone, mediante demanda, recurso contencioso-administrativo abreviado contra la desestimación presunta del recurso de reposición

* 19 de mayo de 2023: con fundamento en el art. 51.1.d) LJCA, el juzgado, mediante Auto, inadmite el recurso contencioso-administrativo tras acoger el alegato de extemporaneidad formulado por el Ayuntamiento; con la oposición, como es natural, del ahora apelante

* 8 de junio de 2023: el letrado Nicanor recibe un requerimiento del Ayuntamiento para que especifique a qué expedientes se estaba refiriendo con su solicitud de 24 de octubre de 2022, así como para que justifique su carácter de representante en cada uno de ellos. En las actuaciones obra el documento "Evidències del procés de notificació".

La Resolución notificada advierte al letrado Nicanor que se ha recibido una solicitud de cambio de representante legal de ARRIAGA ASOCIADOS, por la que se reemplaza a Jacqueline por Nicanor "en los procedimientos de devolución de ingresos indebidos" de la plusvalía municipal y se advierte que la solicitud no indica a qué procedimientos se refiere, a la vez que no consta debidamente acreditada la representación

* 9 de junio de 2023: el letrado Nicanor le comunica al Ayuntamiento que la solicitud de 24 de octubre de 2022 viene referida exclusivamente al expediente incoado a instancias del hoy apelante.

Pone de relieve, el Ayuntamiento, que el ahora apelante habría aportado, entre otras cosas, la escritura de poderes de 13 de febrero de 2018, a la que ya nos hemos referido más arriba; la cual se hace eco de la representación otorgada, entre otros, a los letrados Srs. Ruiz de Arriaga y Ortiz Serrano

* 19 de octubre de 2023: AOC (Administració Oberta de Catalunya) certifica la efectividad y regularidad de las comunicaciones electrónicas a las que ya nos hemos venido refiriendo

QUINTO.- Decisión de la Sala

Tras analizar la situación y, especialmente, los alegatos de las partes, la Sala ha llegado a la conclusión de que la apelación no podrá prosperar y de que, en lo esencial, las razones expuestas en su escrito de oposición por la defensa letrada del Ayuntamiento apelado, merecerán ser acogidas.

Dicho, lo anterior, sin perjuicio de añadir las siguientes consideraciones.

1.- Sobre la potencial extensión de nuestro pronunciamiento

El apelante pretende que nuestra Sentencia llegue al extremo de dejar zanjada la cuestión de fondo (la procedencia o no de la rectificación de la autoliquidación de la plusvalía municipal) que es algo que, aunque prosperase la apelación, no se hallaría a nuestro alcance.

El art.85.10 LJCA establece que "Cuando la Sala revoque en apelación la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolverá al mismo tiempo sobre el fondo del asunto";pero, como evidencia el tenor literal del precepto, el abordaje de la controversia de origen solo resulta posible cuando la inadmisibilidad del recurso ha sido declarada mediante Sentencia, tras verse completados todos los estadios del proceso. Cuando no ha sucedido tal cosa porque el proceso se ha visto abortado, mediante Auto, en una fase incipiente -como es el caso-, el Tribunal deberá limitarse a analizar si la decisión de inadmisión ha sido correcta y, de llegar a la conclusión de que no lo ha sido, deberá limitarse, a su vez, a revocar el Auto apelado, con devolución de los autos al Juzgado a quopara que por éste se siga el proceso hasta el dictado de Sentencia; sin otra limitación, en tal caso, que la prevista en el art. 58.1 LJCA respecto de la incompetencia del órgano jurisdiccional actuante.

2.- Sobre la notificación edictal por comparecencia

En el orden tributario, la notificación edictal aparece regulada en la Ley General Tributaria (LGT) en los siguientes términos:

"Artículo 112. Notificación por comparecencia.

1.Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el "Boletín Oficial del Estado".

La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado". Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección."

Como es de ver, se trata de una modalidad de notificación que resulta preceptiva en aquellos supuestos en los que no ha sido posible notificar de forma directa o personal.

En similares términos se expresa el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Cuando la diligencia de notificación se ha llevado a cabo de forma individualizada y directa, pero aquélla se ha visto rechazada, habrá que estar a lo previsto en el art. 44.5 LPAC, conforme al cual "Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento".Y este es el supuesto en el que nos encontramos si reparamos en que la notificación de la desestimación del recurso de reposición previo a la vía contenciosa se practicó por medios electrónicos, con puesta a disposición el día 21 de octubre de 2022 y rechazo tácito con efectos de 1 de noviembre del mismo año; todo ello, a tenor de lo señalado en el segundo párrafo del art. 43.2 LPAC, conforme al cual " Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido".

Está bastante claro que una notificación rechazada no es una notificación no practicada; por tal razón la Ley establece claramente que tras el rechazo de la notificación ésta se considerará practicada; razón por la cual no será preciso, en esa tesitura, recurrir a la notificación edictal.

En este punto, no estará de más traer a colación las SSTS3ª2ª nº 1830 y 1927, de 28 de noviembre y 11 de diciembre de 2017, casaciones nº 3738/2015 y nº 2436/2016. Esta última (la otra es del mismo tenor) en su fundamento jurídico SEXTO nos dice que "los efectos de no haber atendido una comunicación electrónica en una dirección habilitada e indubitadamente conocida por el destinatario no son diferentes de los que habría ocasionado, por ejemplo, una carta que se hubiera recibido por correo postal ordinario y no se abriera por causa anudada a la falta de voluntad o de diligencia de su receptor. Desde una perspectiva puramente "metajurídica", podría comprenderse el descuido del interesado no familiarizado con estas nuevas formas de comunicación electrónica que deja transcurrir varios días sin atender las notificaciones practicadas en la DEH, pero ello no sería fácilmente trasladable a una agrupación de interés económico como la que ahora recurre, por causa que no fuera debida a su propia negligencia o inobservancia de su deber -o, al menos, a dificultades técnicas o materiales en la recepción del correo a las que no se alude-".

Y lo dicho por la Sentencia respecto de las agrupaciones de interés económico, puede decirse, por identidad de razón, de una firma de abogados.

3.- Sobre la representación del actor en vía administrativa

Más allá de las apariencias, la documentación obrante en los autos acredita de forma indubitada varias cosas.

La primera: que la representación del Ayuntamiento de Manresa la ostentaba ARRIAGA ASOCIADOS ASESORAMIENTO JUYRÍDICO Y ECONÓMICO, S.L y que la Letrada Jacqueline, que también figuraba como representante del actor en régimen de solidaridad, podía ser sustituida en cualquier momento por la dirección del bufete (ver el denominado "MANDATO DE REPRESENTACIÓN").

Dicho en otros términos: la representación la ejercía la sociedad profesional, y los Letrados ( Jacqueline, y en su caso Nicanor) no eran más que medios instrumentales de esa representación; no sin dejar de señalar que mediante poder notarial, esa representación se había circunscrito, años antes, a determinados Procuradores y a dos Letrados; a saber: los Srs. Ruiz de Arriaga y Ortiz Serrano.

La segunda: que la dirección de correo electrónico facilitada al Ayuntamiento era la de la sociedad profesional, sin más aditamentos; y que la susodicha sociedad, como responsable que era de la buena llevanza de los asuntos del hoy apelante, tras la marcha de la Letrada Jacqueline tenía la obligación de velar por el estado de tramitación de los asuntos gestionados directamente por esta última; máxime hallándose en disposición de acceder a las notificaciones recibidas por la susodicha Letrada de la forma indicada por la defensa letrada del Ayuntamiento en su escrito de oposición. Con mayor razón, si cabe, si tenemos en cuenta que no son controvertidos los avisos dirigidos por el Ayuntamiento a notificaciones@arriagaasociados.com mediante correo electrónico.

Así, pues, en el contexto que se dibuja con lo dicho hasta ahora, resulta evidente que la pretensión de la apelación no es otra que la de cargar sobre el Ayuntamiento las consecuencias derivadas de un fallo de coordinación interna en la sociedad profesional; algo que no es de recibo. En consecuencia, será menester reconocer plenos efectos a las diligencias de notificación efectuadas por el Ayuntamiento por medios electrónicos (diligencias que, como tales, no han sido puestas en entredicho) y, por consiguiente, plena adecuación a derecho del Auto del Juzgado que declaró inadmisible el recurso por haber sido interpuesto de forma extemporánera.

4.- Sobre los efectos que cabe atribuir al escrito presentado ante el Ayuntamiento, por ARRIAGA ASOCIADOS, el día 24 de octubre de 2022

Conforme a lo ya razonado, se trata de un escrito al que no cabe atribuir ningún efecto interruptivo del plazo del que disponía el bufete para gestionar, en nombre del apelante, la interposición de recurso contencioso-administrativo. Dicho, ésto, no sin destacar la imprecisión de ese escrito en lo que atañe al expediente al que iba dirigido.

Llegados a este punto, conviene reparar en que en ese escrito se expresaba la pretensión de poner en conocimiento del Ayuntamiento el cambio de representante legal de ARRIAGA ASOCIADOS, lo que no hace sino confirmar lo que ya se ha dicho a propósito de la representación del SR. Elián frente al Consistorio manresano; a saber: que quien la ostentaba era el bufete (o los procuradores y Letrados especificados en el poder notarial de 13 de febrero de 2018) y que los Letrados Jacqueline y Nicanor no eran más que meras piezas instrumentales de esa representación; razón por la cual la notificación electrónica de autos merecía ser calificada como de completamente válida y eficaz.

Se trata, al cabo, de circunstancias que hacen que carezca de la más mínima relevancia la no incorporación, en su momento, al expediente, del escrito de comunicación del cambio de Letrado.

Y siendo así las cosas, la presente apelación deberá ser -como ya se había anunciado- íntegramente desestimada.

SEXTO.- Costas

De conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 4 del art. 139 LJCA, la íntegra desestimación de la apelación deberá llevar aparejada la imposición de las costas de esta alzada a su promotora; con un límite máximo de 1.000 euros por todos los conceptos.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,