Sentencia Contencioso-Administrativo 200/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 277/2020 de 13 de marzo del 2023

PRIMERO. - Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de 15/mayo/2020 del Subsecretario de la Conselleria de Sanidad que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria 268/16.

La actora reclama por la negligencia que, en su opinión, se cometió en la asistencia médica que se le dispenso en el Hospital General de Castellón en las tres intervenciones quirúrgicas que se le practicaron en dicho centro entre el 9 y el 20 de febrero de 2016 .

Denuncia que la intervención del día 9 de febrero ,Colecistomia vía laparoscópica, no fue correcta , se hizo mal la ligadura con doble clips, se colocó mal uno de ellos lo que provocó una ligadura en la vía biliar.

En la segunda intervención del 16 de febrero es donde se evidencia la presencia del clip que provoca estenosis en la vía biliar principal. Esta segunda intervención también fue contaría ala lex artis, no era urgente, se utiliza anestesia combinada (general y epidural), no existiendo una explicación razonable para su utilización, habiendo acreditado, nos dice, que el uso de la anestesia epidural no era necesaria ni conveniente ni era recomendable. Esta anestesia le origino un hematoma epidural causante de las diferentes lesiones que sufre. El catéter se le coloco en un nivel demasiado alto de la espalda L-1L-2, en la manipulación al quitar el catéter se le provoca la fractura osteopenica de somas T12,L2yL4.

La tercera intervención se lleva a cabo el 20 de febrero, cuando ya desde el 19 de febrero presentaba impotencia funcional.

Destaca la ausencia de consentimientos informados en la segunda y tercera intervención, tanto para las intervenciones como para las anestesias.

Solicita una indemnización de 156.141,83 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa.

SEGUNDO.- Conforme establece una reiterada jurisprudencia ( SSTS de 16/julio/2.012, cas. 1383/2011, o 25/septiembre/2007, cas. 2052/2003, por todas) la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. Y en el ámbito de la responsabilidad vinculada a la actuación médica o sanitaria, no resulta suficiente la existencia de una lesión -que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable-, sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente ( SSTS 19/septiembre/2012, rec. 8/2010, o 17/julio/2012, rec. 6870/2010).

Así, en STS de 21/diciembre/2020 RC 803/2019, se reitera que es la antijuridicidad del resultado o lesión -consecuencia de una infracción de la lex artis- lo relevante para la declaración de responsabilidad patrimonial imputable a la Administración por lo que resulta necesaria la acreditación de su acaecimiento. Resumiendo, en su FD sexto:

"Exponente---y síntesis--- de esta línea jurisprudencial es la doctrina contenida en la STS 418/2018, de 15 de marzo (ECLI:ES:TS: 2018:1084 , RC 1016/2016 ), en la que, sin abandonar el fundamento de imputación de la responsabilidad, introduce en la misma elementos subjetivos o de culpa, dejando constancia de anteriores y reiterados pronunciamientos de la propia Sala:

"La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2007 declaraba que "la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, así señala la sentencia de 14 de octubre de 2003 que: "Como tiene declarado esta Sala y Sección, en sentencias de 30 de septiembre del corriente , de 13 de septiembre de 2002 y en los reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo, que la anterior cita como la Sentencia, de 5 de junio de 1998 , la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas, convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico". Y, en la sentencia de 13 de noviembre de 1999 , también afirmamos que "Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla.""

Más en concreto, en reclamaciones derivadas de prestaciones sanitarias, la jurisprudencia viene declarando que "no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente" - sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril , 3 y 13 de julio y 30 de octubre de 2007 , 9 de diciembre de 2008 y 29 de junio de 2010 -, por lo que "la actividad médica y la obligación del profesional es de medios y no de resultados, de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible" -entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 10 y 16 de mayo de 2005 -.

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012 declaraba: "(...) debemos insistir en que, frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las dolencias, la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero, en ningún caso, garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; conforme con este entendimiento del régimen legal de la responsabilidad patrimonial, en modo alguno puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda actuación médica que tenga relación causal con una lesión y no concurra ningún supuesto de fuerza mayor, sino que ésta deriva de la, en su caso, inadecuada prestación de los medios razonablemente exigibles (así Sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2009, recurso 9484/08 , con cita de las de 20 de junio de 2007 y 11 de julio del mismo año).

Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, pues además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de soportarlo los perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento, por lo que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga causa en una auténtica infracción de la lex artis (...)".

Así las cosas, cuando, atendidas las circunstancias del caso, la asistencia sanitaria se ha prestado conforme al estado del saber y con adopción de los medios al alcance del servicio, el resultado lesivo producido no se considera antijurídico, tal y como también se declaraba en las sentencias citadas y en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2002 , refiriéndose a la de 22 de diciembre de 2001 , y en la de 25 de febrero de 2009 , con cita de las de 20 de junio y 11 julio de 2007 . En otro caso, cuando se ha incurrido en infracción de la lex artis, el daño y perjuicio producidos son antijurídicos y deben ser indemnizados.

Reiterando dichos conceptos la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2011 , nos recuerda que <

En este sentido, y por citar sólo algunas, hemos dicho en la sentencia de 26 de junio de 2008, dictada en el recurso de casación núm. 4429/2004 , que "... es también doctrina jurisprudencial reiterada, por todas citaremos las Sentencias de 20 de Marzo de 2007 (Rec. 7915/2003 ), 7 de Marzo de 2007 (Rec. 5286/03 ) y de 16 de Marzo de 2005 (Rec. 3149/2001 ) que "a la Administración no es exigible nada más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente", o lo que es lo mismo, la Administración sanitaria no puede constituirse en aseguradora universal y por tanto no cabe apreciar una responsabilidad basada en la exclusiva producción de un resultado dañoso".

Y, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2011 , respecto de los requisitos para la indemnizabilidad del daño, esto es, antijuridicidad y existencia de nexo causal, también nos recuerda la doctrina jurisprudencial, expresando que conforme a reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, Rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido>>.

Igualmente, la Sala ha perfilado con reiteración el concepto de lex artis ad hoc señalando al respecto en la STS de 11 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS: 2014:1638 ) que "las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en realidad, un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar, en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se la producido una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado. Acorde esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria.

Dicho de otro modo, como mero ejemplo de una línea jurisprudencial reflejada en otras muchas, nuestra sentencia de 24 de septiembre de 2004 indica que "este Tribunal Supremo tiene dicho que responsabilidad objetiva no quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo que exige la buena praxis sanitaria" ( STS de 23 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 89/2008 )".

A su vez, en la STS de 19 de mayo de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:2494 ) se expresó con claridad que "no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente", por lo que "si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o varias infracciones de la lex artis, no cabe apreciar la infracción que se articula por muy triste que sea el resultado producido", ya que" la ciencia médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y justificada de los resultados ".

TERCERO. - Procede, pues, entrar a analizar la concurrencia o no de los requisitos a los que se supedita el éxito de la reclamación de responsabilidad patrimonial, bien entendido que, en relación con la carga probatoria, el Tribunal Supremo (Ss. 19/septiembre/2012, cas. 8/2010, 9/diciembre/2.008, cas.6.580/2.004, o 18/octubre/2005, por todas), reitera lo que constituye regla general de que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, por lo que no habiéndose producido esa prueba no existiría responsabilidad administrativa; en materia de prestación sanitaria se modera tal exigencia de prueba del nexo causal en aplicación del principio de facilidad de la prueba ( SSTS. 20/septiembre/2.005, 4/julio/2.007, 2/noviembre/2.007), en el sentido que la obligación de soportar la carga de la prueba al perjudicado, no empecé que esta exigencia haya de atemperarse a fin de tomar en consideración las dificultades que normalmente encontrará el paciente para cumplirla dentro de las restricciones del ambiente hospitalario, por lo que habrá de adoptarse una cierta flexibilidad de modo que no se exija al perjudicado una prueba imposible o diabólica, principio que obliga a la Administración, en determinados supuestos, a ser ella la que ha de acreditar, precisamente por disponer de medios y elementos suficientes para ello, que su actuación fue en todo caso conforme a las exigencias de la lex artis, pues no sería objetiva la responsabilidad que hiciera recaer en todos los casos sobre el administrado la carga de probar que la Administración sanitaria no ha actuado conforme a las exigencias de una recta praxis médica.

CUARTO. -Por tanto, en procedimientos de esta naturaleza -Infracción de la Lex-Artis- la respuesta de la Sala a las pretensiones de los actores, lleva aparejado el estudio y valoración de los informes médicos, tanto de los obrantes en el expediente, como de los acompañados por las partes junto con sus escritos de demanda o contestación, o de los practicados en sede judicial. Debiendo recordar que el valor de la prueba pericial reside en la capacidad de los razonamientos y datos técnicos aportados por el Perito para convencer al Tribunal en los términos del art. 348 de LEC.

Los informes médicos a considerar por la Sala para dar respuesta a la presente demanda, puestos en relación con la historia clínica, son los siguientes:

Informe médico del Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del HG de Castellón. (folio 8 del expediente).

Informe pericial de orientación. (folios 476-487 del expediente).

Informe de la Inspección Médica. (folios 493-497 del expediente).

Informe de la Comisión de Valoración del daño Corporal.( folios 502-510)

Informe pericial judicial emitido por el Instituto de Medina Legal de Castellón.

Informes periciales de parte, presentado en vía administrativa y junto con su escrito de contestación a la demanda.

QUINTO.- Para dar respuesta a las cuestiones planteadas partiremos de los datos y circunstancias clínicas que se contiene en el informe del Médico forense por ajustarse al contenido de la historia clínica.

"ANTECEDENTES MÉDICOS: Hipertensión arterial. Osteoporosis. Gonartrosis. Aplastamiento vertebral. Escoliosis. Depresión .Ansiedad. Incontinencia urinaria. Obesidad.

Ingreso en Hospital General el 16-09-15: Colelitiasis aguda litiásica. Evolución favorable. Se firma consentimiento informado para abordaje por vía laparoscópica y para colecistectomía.

Siendo alta el 22-09-15 con cita para consultas externas de Cirugía el 21-10-15, cuando se programa intervención quirúrgica para el 09-02-16. Acude en fecha 11-11-15 para realización de Informe preanestésico y se firma consentimiento informado para anestesia general.

Ingreso en Hospital General el 09-02-16: Ingreso programado para intervención quirúrgica por colelitiasis. El mismo día se realiza una colecistectomía laparoscópica. En la que es necesario liberación de adherencias, produciéndose una colecistectomía reglada con apertura accidental de la misma. La informada evoluciona con dolor abdominal y tinte subicterico, en fecha 12-02-16 la analítica sale alterada y se le realiza una Eco abdominal con resultados dentro de la normalidad y ante la analítica de urgencias, se solicita también una Colangio-RM preferente que se realiza en fecha 15-02-16 a las 18:00 horas, dando como resultados una interrupción brusca del conducto hepático común en su porción proximal. Tras este resultado la Dra. Serafina habla con la paciente por la necesidad de reintervención, prescribiendo dieta absoluta y quirófano para el día siguiente.

Existe un consentimiento informado para la misma con fecha 15-02-16. El 16-02-16 se realiza una segunda intervención quirúrgica con hallazgos de un clip que provoca estenosis de la VBP (vía biliar principal), se extrae el mismo y se coloca un tubo de Kehr, dicha intervención se realiza con anestesia general combinada con anestesia epidural (punción lumbar a nivel Li -L2 y trocar o aguja del 18). El día 17-02-16 se le realiza un TAC abdomino-pélvico con contraste a las 03:17 horas.

Cuando pasa el anestesista la informada refiere dolor en zona del Kehr que irradia a espalda, prescribiendo este un bolo de medicación. Al pasar el cirujano la paciente manifiesta estar mejor, se encuentran pendientes de resultado del TAC. Pasa bien la larde según enfermería. Los resultados del TAC son alteración de la arquitectura hepática sugestivo de hematoma subcapsular e intraparenquimatoso, en relación con manipulación hepática, tubo de Kehr y algunas burbujas de neumoperitoneo tras manipulación quirúrgica. El 18-02-16 a las 1430 horas la informada llama por dolor de espalda, se pauta analgésico intravenoso y se decide retirar el catéter epidural a partir de las 18:00 horas. A las 1 8:30 horas refiere nauseas, pautándole medicación y a las 19:30 horas se retira el catéter epidural, tras 12horas de HBPM y coagulación normal. El 19-02-16 se le da agua y se indica que se levante por la tarde y se solicita TAC de control, se sienta ya en sillón. El 20-02-16 a las 07:14 horas consta administración de paracetamol por cefalea y que la paciente también comenta que la pierna derecha la nota "dormida~ aun. El anestesista ante la valoración de una perdida de fuerza en MMII sin pérdida de sensibilidad, consulta con neuróloga de guardia a las 13.00 horas que pasara a valorarla, tras la interconsulta se solicita TAC de raquis dorsolumbar que se realiza a las 17 horas para descartar hematoma postanestesia epidural. El TAC confirma el hematoma epidural, recomendándose RM para confirmar diagnóstico y extensión En RM lumbar realizada a las 19: 15 horas se diagnostica Hematoma extradural de evolución aguda-subaguda (Ti i-L2, transición dorsolumbar) que comprime saco dural y cono medular con intensidad de señal de mielopatía compresiva, rectificación de curvatura lordótica lumbar y aplastamiento de aspecto osteopenico de los somas vertebrales T12, L2, L4 y LS con parcial estenosis de canal espinal y protusion de L3-L4 y pinzamiento L4-L5. Comunicándose el hallazgo telefónicamente a Neurocirugía e interviniéndose quirúrgicamente ese mismo día a las 21:30 horas, realizándose un drenaje del hematoma epidural con laminectomía a nivel D12-Li, no constando consentimiento informado para la intervención quirúrgica ni para la anestesia general realizada, finalizando la cirugía a las 23:50 horas del día 20-02-16. El 21-02-21 el servicio de Anestesia/reanimación repasa la secuencia de hechos con la familia, el 18-02-16 se retiró el catéter sobre las 19:30/20:30 horas y durante esa noche la paciente presento dolor lumbar y de MID, con movilidad de MMII conservada, la mañana deI 19-02-16 el familiar detecto paresia de MID, que relaciono con los dolores habituales de la paciente, no comunicando al equipo médico de cirugía pasaba visita esa mañana, comunicando al cirujano de guardia el día 20-02-16 la persistencia de paresia, quien contacto con el anestesista de guardia a las 13:00 horas. Tras la 3a intervención quirúrgica el 20-02-16 se realiza el 22-02-16 TC abdomino-pélvico donde consta la laminectomía D12-L1 realizada y cambios ya conocidos sin extravasación de contraste, en fecha 25-02-16 se realiza ECO Doppler para descartar TVP (trombosis venosa profunda) que queda descartada y en fecha 08-03-16 se realiza una Colangiografía Transkehr donde se visualiza una fuga de contraste a lecho vesicular.

El 09-03-16 es alta en el Hospital General de Castellón para su traslado al Hospital La Magdalena."

SEXTO.- A juicio de la recurrentela intervención quirúrgica que se le práctico el día 9 de febrero ,Colecistomia vía laparoscópica, no fue correcta , se hizo mal la ligadura con doble clips, se colocó mal uno de ellos lo que provocó una ligadura en la vía biliar y que se tuviera que realizar una segunda intervención.

Pues bien, salvo los informes médicos aportados por el actor que a la vista del resultado concluyen que existió un mal funcionamiento del servicio , el resto de los informes, incluido el del médico forense, vinculan la interrupción del conducto hepático, con una complicación propia de este tipo de intervención quirúrgica, sin que quepa relacionar su aparición necesariamente con una mala praxis.

Para esta intervención constan los consentimientos informados firmados tanto del proceso quirúrgico ( folios 8499,100, 101,102), como de la anestesia( folios 96-97).

La Sala, no encuentra evidencias (hoja quirúrgica) para poder apreciar que fuera la impericia de los cirujanos que la intervinieron el 9 de febrero, la causa por la queun clip le provoco estenosis de la VBP (vía biliar principal), desgraciadamente en este caso se materializo uno de los riesgos que se contemplaban en el consentimiento informado para esta operación.

No apreciamos infracción de la lex artis en la primera intervención quirúrgica.

SEPTIMO.-A la vista de la situación clínica de la paciente en los días siguientes a la primera operación, y de las pruebas realizadas el 15/febrero/2016, sobre las 18 horas, se apreciauna interrupción brusca del conducto hepático común en su porción proximal. Tras este resultado la Dra. Serafina habla con la paciente por la necesidad de reintervención, prescribiendo dieta absoluta y quirófano para el día siguiente.

La segunda intervención quirúrgica se lleva a cabo en la mañana del 16/febrero/2016 con hallazgos de un clip que provoca estenosis de la VBP (vía biliar principal), se extrae el mismo y se coloca un tubo de Kehr, dicha intervención se realiza con anestesia general combinada con anestesia epidural (punción lumbar a nivel L1 -L2 y trocar o aguja del 18).

No constando consentimiento informado para la anestesia realizada. Al folio 98 consta consentimiento informado abreviado, la actora cuestiona que fuera firmado por ella o por algún familiar.

Sostiene la recurrente que esta segunda intervención no fue urgente y que por tanto se pudieron recabar los antecedentes médicos de la actora, para saber que la anestesia epidural estaba contraindicada.

Se utiliza una anestesia combinada, general y epidural, no existiendo una explicación razonable para su utilización.

La punción lumbar se efectúa en el nivel L-1L-2 , cuando lo correcto hubiera sido como mínimo en el nivel L-2L-3. Produciendo el hematoma epidural.

También aprecia mala praxis en la manipulación para quitarle el catéter, con fractura osteopenica de Somas .

En primer término, el informe del servicio de Anestesia y Reanimación del HG de Castellón no justifica el uso de esta técnica combinada de anestesia, y se limita a señalar "En esta ocasión se indicó por su anestesiólogo responsable la combinación de A. General más anestesia epidural/punción 18G en espacio L1L2"

El perito judicial nos dice que : "Existen estudios que orientan hacia que el empleo de la anestesia combinada tiene un efecto más beneficioso en pacientes con cirugía abdominal, es decir, reduce las complicaciones (morbimortalidad) postoperatorias, no existiendo consenso al respecto sobre este punto, aunque si, para el hecho de que con este tipo de anestesia se disminuyen los requerimientos anestésicos y posibilita una estrategia analgésica intra- y postoperatoria adecuada, mejorando el control del dolor, así mismo, la incidencia de eventos tromboembolicos es baja, con relación a aquellos pacientes que solo reciben anestesia general. Se emplea con buenos resultados en procedimientos prolongados y dolorosos quirúrgicos abdominales y torácicos."

Por tanto y desde la perspectiva del perito judicial, aunque no hay consenso científico, el uso de la anestesia combinada puede ofrecer beneficios en pacientes con cirugía abdominal, posibilitando en todo caso una estrategia analgésica intra y postoperatoria adecuada, en sentido similar se pronuncia el informe de Promede.

Por ello no cabe considerar que la elección de esta técnica combinada de anestesia implicara en si misma mala praxis.

En segundo término, conviene señalar que la punción lumbar según informa el Servicio de Anestesiología y Reanimación del HG de Castellón se llevó a cabo en el nivel L1L2, en el mismo sentido se pronuncia el informe del Instituto de Medicina Legal de Castellón, no estando justificado lo afirmado en el resto de informes (Promede ,Inspección Médica y CVDC), sobre que la punción se practicó al nivel L2L3, sin aportar ningún elemento que desvirtué lo afirmado por el Servicio de Anestesiología del Hospital donde se llevó a cabo la intervención.

El informe de Promede indica que la zona más fácil de acceso es la lumbar a nivel L3L4 L4L5, coincidiendo el informe pericial judicial (instituto de medicina forense), con dicha apreciación.

Pues bien, la punción se llevó a cabo en el nivel L1L2, sin que exista justificación de este abordaje por una zona que no era la de más fácil de acceso. Este abordaje por una zona que no es la recomendada sin ninguna explicación, junto con el hecho de que tampoco conste expresamente que se valoraran los antecedentes clínicos y las patologías asociadas de la actora, sin existencia de urgencia vital pues la intervención se decide el 15 por la tarde y se ejecuta en la mañana del día 16, nos lleva a considerar que se incurrió en mala praxis.

También consideramos que existió mala praxis por la falta de consentimiento informado para la anestesia combinada de la operación del día 16 de febrero, pues como ya hemos dicho no estamos en presencia de una urgencia vital que excusara de su firma. Y fatalmente se materializo uno de los riesgos más graves por el uso de la anestesia epidural : Hematoma epidural.

La falta de cometimientos informados para las intervenciones quirúrgicas del 16 y 20 de febrero no incurren en mala praxis pues ningún daño se materializo con su práctica, y por otro lado la intervención del día 20 sí que se debe conceptuar como de urgencia vital.

OCTAVO.- La actora para cuantificar la indemnización acude a la ley 35/15, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a la personas en accidentes de circulación.

Como es sabido, el baremo de accidentes de tráfico no es de preceptiva aplicación en los casos de reclamación de responsabilidad patrimonial, sino un criterio que puede tenerse en cuenta a tal fin. En este sentido, ha señalado el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 25-6-07, con cita de doctrina expresada en la Sentencia de 4-2-05, que como hemos dicho en reiteradas Sentencias, por todas las de 23-1-01: " Las Normas Sobre Valoración de Daños Corporales obrantes en el Ámbito de Circulación de Vehículos de Motor, tienen un valor orientativo, pero no vinculante para los Tribunales Sentenciadores." Y más recientementeel TS en su sentencia de 28/septiembre/2020, RC 123/2020, reiterando su anterior doctrina, nos dice:

"Suscitado el debate en la forma expuesta es necesario comenzar por recordar que el recurso a los baremos fijados para accidentes de circulación a los efectos de calcular las indemnizaciones que resultaren procedentes en el ámbito de la responsabilidad de los poderes públicos, ciertamente que han sido utilizados a veces por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, también por este Tribunal Supremo. El mismo Legislador, ya se dijo, se hace eco de esa posibilidad cuando en el artículo 34. 2º de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ,acepta esa posibilidad que, por cierto, no estaba en el artículo 141 de la Ley de Procedimiento de 1992 ,que regulaba también la indemnización y su cálculo. Sin embargo, es lo cierto que este Tribunal Supremo ha venido también declarando que los mencionados baremos, en el mejor de los supuestos, solo podrían tener un valor orientativo y que, en modo alguno podrían comportar el automatismo en la determinación de las indemnizaciones, como decía la sentencia de 20 de febrero de 2012 (recurso de casación 527/2010 ) " no son vinculantes y solo tienen un carácter meramente orientativo " (en el mismo sentido, sentencia de 3 de mayo de 2012, recurso de casación 2441/2010 ). Y nada ha cambiado con la nueva regulación que se estable en el actual artículo que regula la indemnización que, como se ha expuesto en su transcripción, se limita a proponer que la determinación de la indemnización, que la primera que deba aplicar es la Administración, en su caso, " podrá tomar como referencia " dicho baremo, es decir, ni se impone imperativamente ni, menos aún, de aceptarse ese recurso al baremo, deba ser aplicado en toda su pureza. porque lo que se propone es " tomarlo como referencia ".

Y no puede perderse de vista, entrando ya en el examen de las concretas circunstancias del caso, que cuando se trata de abordar la indemnización por lesiones, en sentido técnico jurídico, que afectan a la vida o a la salud, que nunca son susceptibles de valoración concreta, no puede desconocerse el carácter objetivo y de generalidad que comporta la responsabilidad de las Administraciones que, desde luego, no le exime del deber de indemnizar por la existencia de una responsabilidad cuya aceptación por nuestro Legislador ha sido una de las conquistas más necesarias en un Estado de Derecho, pero que tampoco comporta, como se ha dicho reiteradamente, que se convierta a las Administraciones en un a modo de aseguradora universal ,que sin duda afectaría al mismo presupuesto de las Administraciones y la detracción de recursos para otros fines. Cierto que en esos baremos existe también responsabilidad objetiva, pero mediatizada por la generación del riesgo, circunstancia que no concurre, necesariamente, en el caso de esta responsabilidad, en que el daño indemnizable surge por mero hecho de la prestación de servicios públicos vinculado, entre otras condiciones, que el lesionado no tenga el deber de soportarlo. "

Según el dictamen técnico del Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades de Castellón el 3/octubre/2017, a la recurrente se le reconoció un grado total de discapacidad 80% , para ello se tuvo en cuenta: "1) Tetraplesia por polineuropatía de etiología iatrogénica 2) Enfermedad del aparato circulatorio por hipertensión esencial de origen idiopático 3) enfermedad vascular periférica de etiología vascular 4) Enfermedad del aparato gento-urinario por trastorno de tracto urinario inferior de etiología metabólica."

Pues bien, el daño que se deriva del hematoma epidural se concreta en la monoparesia de miembro inferior derecho, pues el resto de las enfermedades que se contemplan en el informe del CVOD, no guardan relación con el hematoma epidural; tampoco cabe considerar el deterioro cognitivo leve apreciado en el año 2020, pues ya estaba en seguimiento por síntomas desde el año 2011 y sufría depresión crónica de toda la vida.

Delimitado el daño que vamos a reparar la sala fija la indemnización a su prudente arbitrio en la cantidad de 30.000 euros, cantidad actualizada a la fecha del dictado de esta sentencia.

NOVENO.- - En cuanto a las costas, en los términos del art. 139 LJCA, no se efectúa pronunciamiento expreso en relación con las costas.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes concordantes y de general aplicación.