Sentencia Contencioso-Administrativo 249/2022 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 299/2020 de 30 de marzo del 2022

PRIMERO.- Tal como se deduce de los antecedentes de la presente resolución, el objeto del presente recurso es la impugnación de lla resolución de 15/octubre/2018del Director General de Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la resolución de 11/mayo/2018, por la que se le deniega la prolongación en la permanencia en el servicio activo.

La resolución de la alzada recoge el informe de la Dirección del IES El Puig, de fecha 07/marzo/2018,en el que el demandante, el Sr. Hernan, había prestado sus servicios como Catedrático de Lengua y Literatura, informe que se expresaen los términos siguientes:

" El profesor catedrático de castellano, Hernan, actualmente ejerce como

profesor de castellano en nuestro centro. Asiste normalmente a las clases, que en opinión del alumnado son magistrales, incluso demasiado elevadas para la madurez intelectual de ellos poque dicen no entenderle.

A pesar de ello, los alumnos de 2 Bachillerato no sacan grandes notas en los examenes de las Pruebas PAU.

Sin embargo, su alumnado está dividido. A algunos les encanta y a la mayoría de los

otros les desmotiva tanto que se ven incluso obligados a abandonar el centro porque

ven que no son capaces de aprobar la asignatura con el.

El departamento de castellano designa un libro de texto para cada curso pero el no lo

imparte todo, va por libre utiliza los periódicos del centro para sus clases y los padres

y las madres siempre se me han quejado de ello.

Cada año hay una media de dieciséis revisiones de exámenes por inconformidad con

la calificación puesta.

Es más, el alumnado siempre se ha quejado de que no sigue criterios pedagógicos en

sus correcciones sino que asigna a cada uno/-a una nota y la sigue manteniendo a lo largo del curso escolar. No importa si estudia más o si estudia menos ese alumno/-a.

En 2 ESO dos alumnos han pensado en cambiar el nombre en el examen para ver la

nota con la que les califica.

Es el jefe de departamento pero todo el trabajo informático se lo hacen sus compañeros porque no tiene mucho conocimiento informático.

Es más, le encarga la revista del centro a los propios alumnos. Este año le ha tocado

a 1º Bachillerato. El dice que solamente supervisa.

Algunas veces, se le olvida ir a clase o se confunde de reunión.

En el último examen de 1 ESO se copiaron toda la clase menos una alumna que vino a quejarse porque ahora es la única que tiene que repetirlo.

Aún así, lo anteriormente mencionado no es tan importante si lo comparamos con la diferencia generacional que existe entre el y su alumnado porque no hay sintonía ni conexión, así como su actitud impositiva con los padres y las madres cuando vienen a hablar para aclarar los criterios e intentar ayudar a sus hijos e hijas. Eso si es perjudicial y dañino para nuestro centro.

Como directora deseo que el IES EL PUIG sea un referente en la comarca, amplíe los horizontes a nuestros alumnos y no les cree traumas ni a ellos ni a sus padres y madres. Quiero que el alumnado venga a gusto y convencido que les estamos dando la mejor educación tanto de curriculum como de valores.

Es por ello que mi informe respecto a este profesor es NEGATIVO."

SEGUNDO.- Del escrito de la demanda se deduce que los fundamentos de su pretensión se articulan en torno a los alegatos siguientes:

Frente a la resolución impugnada se sostiene que la motivación es arbitraria, carente de todo fundamento pues se fundaen un informe repleto de falsedades y falacias.

Resalta que la resolución recurrida se sustenta en el informe de la Inspección Educativa que a su vez asume el informe de la Directora del IES El Puig, emitido en marzo de 2018, siendo el primer curso académico en el que la Directora había asumido esa condición.

A continuación analiza los elementos siguientes del informe:

1. " Asiste normalmente a las clases, que en opinión del alumnado son magistrales, incluso demasiado elevadas para la madurez intelectual de ellos poque dicen no entenderle".

Se alega al respecto que no existe una sola reclamación en ese sentido por alumnos, que lleva décadas impartiendo clases sin objeción sobre sus métodos o nivel intelectual y que, en términos generales, como viene propuesta la expresión, le genera indefensión.

2. " A pesar de ello, los alumnos de 2 Bachillerato no sacan grandes notas en los exámenesde las Pruebas PAU"

Alega que esa expresión tiencarácter arbitrario y que está carente de fundamentación: se desconoce si se le responsabiliza de un determinado número de suspensos, si sus notas son inferiores al resto de asignaturas del centro en una media ponderada o notoriamente inferiores a la nota media de su asignatura en comparación con otros centros.

3. " Sin embargo, su alumnado está dividido. A algunos les encanta y a la mayoría de los otros les desmotiva tanto que se ven incluso obligados a abandonar el centro porque ven que no son capaces de aprobar la asignatura con el."

Sobre la desmotivación que provocaría, manifiesta que no sólo es una acusación arbitraria indeterminada sino que es falsa; de ser cierta, debería haber generado un expediente disciplinario contra el mismo.

4. " El departamento de castellano designa un libro de texto para cada curso pero el no lo imparte todo, va por libre utiliza los periódicos del centro para sus clases y los padres y las madres siempre se me han quejado de ello".

Señala que es una afirmación falsa y que también legenera indefensión, al indicar que padres y madres se han quejado de forma genérica sin concretar; se puntualiza que es raro que se quejen padres y madres contra un profesor de una cuestión así cuando el curso no está acabado.

5. " Cada año hay una media de dieciséis revisiones de exámenes por inconformidad con la calificación puesta."

Apunta que de nuevo es una afirmación indeterminada y genérica que imposibilita la defensa de la parte pues no se aportan datos comparativos ni se alude a si las revisiones solicitadas se justificaron o produjeron efecto alguno en las calificaciones.

6 . " Es más, el alumnado siempre se ha quejado de que no sigue criterios pedagógicos en sus correcciones sino que asigna a cada uno/-a una nota y la sigue manteniendo a lo largo del curso escolar. No importa si estudia más o si estudia menos ese alumno/-a.

En 2 ESO dos alumnos han pensado en cambiar el nombre en el examen para ver la nota con la que les califica"

Afirma que es una afirmación falsa, falaz e indeterminada: acusación grave sin que se haya planteado medida disciplinaria alguna contra el profesor en su larga trayectoria. Ante la referencia a los pensamientos de dos 2alumnos, significa que es poco comprensible que forme parte de una resolución de la administración.

7. " Es el jefe de departamento pero todo el trabajo informático se lo hacen sus compañeros porque no tiene mucho conocimiento informático.

Es más, le encarga la revista del centro a los propios alumnos. Este año le ha tocado

a 1º Bachillerato. El dice que solamente supervisa."

Mantiene que son apreciaciones falsas, desprovistas de contenido científico o técnico y sinque las avale queja o reclamación al respecto; jamás hasido sancionado por inasistencia a clase o reunión.

Finalmente estima que la conclusión no está sustentada por base técnica, por lo que se incumplen los requisitos del art.67 de la ley 10/2010

TERCERO.-Frente a ello, se sostiene la conformidad a Derecho de la resoluciónrecurrida reproduciendo lo dispuesto en el art. 63 Ley 10/2010 y remitiéndose a su fundamentación. Se arguye sobre la motivación.

CUARTO.- En sentencias de esta Sala y Sección, por todas la nº 456/2020, de 26/junio, recurso 330/2018 ( Roj: STSJ CV 5254/2020 - ECLI:ES:TSJCV:2020:5254), se ha dicho:

"CUARTO .- Acudiendo a legislación general sobre jubilación y prolongación en el servicio activo de los funcionarios públicos, debe recordarse que estuvoconstituida por el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función pública (que calificaba como un derecho esta prolongación a través de esta prescripción: Las Administraciones Públicas dictarán las normas de procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho); sin embargo el artículo 67.3 del Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público , estableció:

"3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación".

Es decir que así como el artículo 33 de la Ley 30/1984 consagraba un derecho del funcionario el artículo 67.3 de la LEBEP, que ha venido a sustituirlo, se refieren a una solicitud dirigida a la Administración para que ésta decida motivadamente.

No se trata ahora de normas de enunciación apriorística de un derecho, sino, en su caso, y a lo más, de una especie de derecho debilitado, derivado del dato de una denegación inmotivada de la solicitud. No nos encontramos así ante el establecimiento inequívoco de un derecho, sino ante la necesidad de que la Administración justifique la autorización o denegación de la solicitud de prórroga.

En definitiva el art. 67.3 EBEP no establece un derecho a la prórroga en el servicio hasta los 70 años de edad sino sólo una mera facultad de solicitar esa prórroga, condicionada al ejercicio de una potestad de la Administración con el límite máximo de 70 años. La prórroga hasta los 70 años es un tope máximo. Ello implica que la previsión legal no veda que la prórroga se otorgue por períodos inferiores a ese máximo en función de la apreciación de las necesidades del servicio.

El artículo 67, 3. EBEP , se remite, para su integración, a las leyes de función pública que se dicten en su desarrollo. Pues bien, el articulo 63, apartados 3 , 4 de la Ley 10/2010, de la Generalitat Valenciana , de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, según redacción dada por la disposición final segunda del Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero, del Gobierno Valenciano , de Medidas urgentes para la reducción del déficit público en la Comunidad Valenciana, dispuso:

" 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir la edad legalmente establecida No obstante lo anterior; se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo corno máximo, hasta que se cumpla los setenta años de edad.

La solicitud de prolongación de la permanencia en el servicio activo, se dirigirá al órgano competente en materia de función pública con una antelación mínima de dos meses y máxima de cuatro meses a la fecha en que proceda la jubilación forzosa por edad.

4. La administración deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación, en función de las necesidades de recursos humanos de la organización. A tal efecto, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones psicofísicas y las aptitudes personales de la persona solicitante para desempeñar las funciones y tareas que le sean propias así como el correcto dimensionamiento del volumen de efectivos que garantice la austeridad del gasto público, la racionalización de la estructura y la eficiencia de la administración.".

QUINTO.- Partiendo del marco jurídico expuesto, y de la motivación de la resolución recurrida, reproducida en el fundamento primero de esta resolución, debe al tiempo traerse a colación la Jurisprudencia sobre el precepto de referencia, el art. 67.3 TREBEP.

Así, la STS, Sala 3ª, Sección 4ª, 1814/2020, de 22/diciembre, recurso 2029/2019 (ROJ: STS 4429/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4429):

"QUINTO.- El juicio de la Sala.

La prolongación en la permanencia en el servicio activo a instancia del funcionario que vaya a alcanzar la edad legal de jubilación está regulada en el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (que hoy reproduce el actualmente vigente artículo 67.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), en el que se dispone:

" [...] la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación".

Esta previsión es notablemente diferente a la anteriormente establecida en el artículo 33 de la Ley 30/1984, tras su modificación por el artículo 107 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En efecto, dicho precepto establecía un derecho para el funcionario, pudiendo la Administración únicamente fundar la denegación de la petición de prolongación de la permanencia en el servicio activo en base a sólo dos circunstancias: la carencia del requisito de la edad o el incumplimiento por el interesado del plazo de petición.

Por el contrario, el artículo 67.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público sólo dispone que "el funcionario pueda solicitar la prolongación", correspondiendo a la Administración competente "resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación". Por tanto, la Administración competente está facultada para apreciar las causas que concurren en cada caso concreto y, conforme a ellas, aceptar o denegar la prolongación, lo que exige necesariamente una motivación adecuada, pero excluye, también, que existan causas tasadas de denegación, como ocurría con la normativa anterior.

En definitiva, la denegación podrá fundarse en cualquier circunstancia que concurra en el supuesto de que se trate, apreciada discrecionalmente por la Administración, si bien, como es lógico, para que no exista arbitrariedad en la decisión, la Administración deberá justificar adecuadamente su actuación. En este sentido nos hemos pronunciado reiteradamente, así, en la sentencia de 14 de marzo de 2018 (rec. casación núm. 3018/2015), reiterando la doctrina establecida en las sentencias de 3 de diciembre de 2012 (rec. cas. núm. 976/2012) y de 20 de diciembre de 2011 (rec. cas. núm. 6087/2010), y las que en ellas se citan, en el sentido de que la prolongación del servicio activo prevista en el art. 67.3 del EBEP "[...] es un derecho subjetivo condicionado a que las necesidades organizativas de la Administración hagan posible su ejercicio; pero recae sobre dicha Administración la carga de justificar esas necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación. La obligación de la Administración de motivar en todo caso, tanto si es favorable como si no, la decisión sobre la prolongación de permanencia en servicio activo solicitada por el funcionario en función de unas necesidades de la organización, implica que las necesidades que se citen como fundamento de la decisión que se adopte sean ajustadas a la realidad y que se pruebe su existencia [...]". Y en nuestra sentencia de 6 de febrero de 2017 (rec. cas. núm. 2155/2015) hemos precisado que esta doctrina es aplicable también cuando la denegación de la prolongación de permanencia en el servicio activo, en un caso semejante al que enjuiciamos ahora, respecto a un funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, se basó en circunstancias relativas al inadecuado "[...] nivel de calidad de desempeño de las funciones y tareas asignadas, el volumen de carga de trabajo y los resultados obtenidos estaban claramente por debajo de los correspondientes [...]" a los parámetros usuales en un puesto de trabajo del tipo que venía ocupando el recurrente. En definitiva, es perfectamente válida la ponderación, en la resolución administrativa sobre prolongación en la permanencia de servicio activo, de elementos individualizados basados en el trabajo desempeñado anteriormente por el funcionario solicitante, y que se valore su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo, así como si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos. Obviamente, esta decisión deberá estar suficientemente motivada, pero ello no significa que valoraciones negativas de este tipo puedan resultar arbitrarias por el simple hecho de que hayan estado precedidas de eventuales medidas disciplinarias, puesto que nada tiene que ver, en principio, un rendimiento deficiente o no acorde con lo esperable de un funcionario de determinado nivel y experiencia, con la comisión de una falta disciplinaria.

SEXTO.- La fijación de doctrina jurisprudencial.

En atención a lo expuesto, hemos de fijar doctrina jurisprudencial en el sentido de declarar que la motivación de la decisión de la Administración respecto a la solicitud de un funcionario público sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo, ex art. 67.3 EBEP, que deberá ajustarse a las previsiones al respecto de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público , no está limitada necesariamente a razones de índole estrictamente organizativa, estructural o de planificación de recursos humanos, sino que también puede sustentarse en la valoración de la aportación concreta del funcionario al servicio público prestado y a la consecución de los fines encomendados, debiendo incorporar en todo caso la motivación necesaria."

En esa misma línea, la STS de la misma Sección 4ª, 12/2021, de 18/enero (Roj: STS 55/2021 - ECLI:ES:TS:2021:55, recurso 3474/2019), que en lo sustancial se remite a la anterior.

Sobre esas bases, recordamos que el informe de la directora del Centro, la Sra. Camila a su vez constituye el fundamento del informe de la Inspección Educativa (folio 11) y del informe desfavorable de la Dirección General.

La resolución denegatoria ya fue cuestionada en el escrito de alegaciones (folios 16 y 17), que es tratado como recurso de alzada, manifestando el ahora demandante, entre otros alegatos, que los informes de años anteriores siempre habían sido favorables, que la información no había sido contrastada siendo su fuente un misterio y que que conocía que otros compañeros, alumnos y otros padres con los que se había cruzado esos días rechazaban de plano la incalificable valoración de la Inspección.

La cuestión en el presente caso es que el informe emitido el día 07/marzo/2018 (folios 8 y 9) de la Directora del Centro, nueva en su mandato en el IES El Puig, alude a datos de hecho que son fácilmente contrastables y/o objetivables: quejas de padres y madres, quejas de alumnos sobre la calidad y métodos pedagógicos del ahora demandante, sobre su cumplimiento de su jornada de trabajo o sobre su sistema de corrección o compromiso con la actividad de su departamento o con el centro educativo, referencias a fracaso escolar comparativo, que se detallan en el informe reproducido en la resolución de la alzada...

Además, la prueba admitida y practicada en el presente recurso a instancia de la demandante respaldan su alegato.

La prueba se contrajo a las solicitudes de revisión de exámenes por disconformidad con las calificaciones formuladas durante el curso 17-18, a la certificación del resultado de las revisiones de exámenes y a los informes emitidos sobre la adecuación de la prolongación del servicio activo del profesor Hernan. El resultado es el que sigue:

-Dos solicitudes de revisión de 24/noviembre/2017 y 29/mayo/2018 respectivamente y una reclamación de nota de fecha 25/mayo/2018, así como sendas actas de las reuniones del departamento de castellano de 30/noviembre/2017 y de 31/ mayo/2018 en relación con las dos primeras solicitudes de revisión, que confirman la puntuación y corrección realizada por el profesor Hernan.

- Dos quejas de fecha 05/julio/2018 respectivamente de un alumno, D. Simón, y de una alumna, Dña. Elisabeth: en ambas se viene a señalar que el examen había sido corregido por el profesor Hernan cuando ya estaba jubilado, lo que consideraban una irregularidad. En relación con estas quejas, se aporta un informe de las profesoras Dña. Enriqueta y Dña. Esperanza, a petición de Dña . Evangelina, jefa de estudios del IES El Puig, en relación con las revisiones de los exámenes de ambos alumnos, en el que se detalla que se trataba de dos alumnos que habían suspendido la asignatura de castellano en la evaluación ordinaria, que se acababan de examinar en la extraordinaria y que habían vuelto a suspender con un 1 y un 2; que fue la profesora Dña. Enriqueta quien explicó el examen a los alumnos y a sus madres sin que se solicitara una segunda corrección del examen.

- Informe emitido por el que entonces era director del centro de fecha 28/abril/2016 -ante una previa solicitud de prolongación en el servicio- en elque se dice que el profesor Hernan, catedrático de Lengua y Literatura, era un profesor que mostraba leal apoyo a la Junta Directiva y al Instituto en general con una implicación total con los objetivos del centro, "demostrando en todo momento calidad, dinamismo y ejemplaridad en el trabajo", que es un profesor activo y participativo que atiende las dudas de alumnos y alumnas en periodos de recreo y que tiene a su cargo actividades culturales del instituto que se citan siendo sus aportaciones muy valiosas para el proyecto global del centro; añade que se presenta como voluntario como corrector de lengua castellana en las pruebas de las PAU y que no tiene prácticamente faltas de asistencia: ninguna en el curso 2013 y 2014 (igual que en años anteriores), una baja por operación de rehabilitación en el curso 2014/2015 -precisándose que una profesora le llevaba trabajos que encargaba a los alumnos, corregía en casa y devolvía a los alumnos por medio de esa compañera-; y una falta en el curso 2015/2016. Por todo ello dice que su informe es totalmente favorable y que muestrasu adhesión al deseo de ampliar su vida laboral por beneficio del Instituto, del claustro y del alumnado que le respeta y admira.

El informe de fecha 27 de febrero de 2017 se pronunciaprácticamente en los mismos términos, así como los correspondientes informes de la Inspección Educativa de esos dos años favorables a la prolongación del servicio.

Conforme a lo razonado en la Jurisprudencia ante este tipo de asuntos, "... es perfectamente válida la ponderación, en la resolución administrativa sobre prolongación en la permanencia de servicio activo, de elementos individualizados basados en el trabajo desempeñado anteriormente por el funcionario solicitante, y que se valore su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo, así como si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos. Obviamente, esta decisión deberá estar suficientemente motivada...".

El caso, por tanto, aquí examinado se caracteriza porque la motivación de la denegación no está apoyada, ni en todo ni en parte, por los elementos de hecho que detalla; no se aporta dato objetivo alguno que lo sustente ni en términos absolutos ni en términos comparativos; y ello frente a la prueba practicada que dan indicios más bien de un comportamiento académico adecuado.

Es por todo ello que en el presente caso debe entenderse que la motivación del acto recurrido no está justificada y que la resolución recurrida no resulta conforme a derecho. Procede la estimación del presente recurso, .

SEXTO.-En los términos del art. 139 LJCA, no se advierte fundamento para apartarse de la regla general y procede imponer las costas a la parte demandada; y con limitación a 1.500 € de los honorarios de Letrado/a por todos los conceptos, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del mismo precepto.