Sentencia Contencioso-Administrativo 107/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 4053/2024 de 05 de marzo del 2024

NO SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos del auto recurrido en apelación, que se deben sustituir por los que se pasan a exponer.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

El Auto recurrido obvia una cuestión capital en su razonamiento: que la ahora recurrente no fue parte en el PO 155/2014 ni tampoco es parte ahora en el EJD 47/2016, en base al cual se motiva la causa de inadmisibilidad por existencia de litispendencia; siendo de todos conocido que la identidad procesal determinante de la litispendencia comprende los tres elementos propios de la cosa juzgada: sujetos, causa petendi y petitum, siendo la exclusión del segundo proceso -en nuestro caso, del PO 46/2023- consecuencia de la coincidencia de dichos elementos.

La Resolución municipal impugnada es un acto definitivo que pone fin al procedimiento administrativo de solicitud de licencia instada por la actora, ahora apelante, constituyendo una resolución que, como tal, es recurrible en vía contencioso-administrativa al amparo de lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y del artículo 25 LJCA.

En el presente caso no debería haber duda de que el archivo de la solicitud de licencia de referencia es un acto que no se podría anular en el marco del incidente del art. 103.5 LJCA, ya que no es un acto contrario al pronunciamiento de la Sentencia que se pretende ejecutar en el EJD 47/2016.

La inadmisión acordada en el Auto apelado resulta a todas luces irregular y contraria a los pronunciamientos del TSJ de Galicia, generando una manifiesta indefensión a la ahora apelante, al no poder impugnar la Resolución municipal por la que se declara concluido el procedimiento administrativo de solicitud de licencia para segregación de finca y agrupación a otra parcela (expediente NUM000) en el incidente de ejecución de sentencia, en el que el juez de ejecución sólo podría anular el acto si se alegara y acreditara que es contrario a los pronunciamientos.

Sólo en el ámbito procedimental del recurso contencioso-administrativo se podrá valorar si el archivo del procedimiento administrativo de solicitud de licencia de segregación y agrupación era el único posible en derecho, valorando el posible alcance vinculante o no de los autos del EJD 47/2016 para el Concello de Nigrán en cuanto a la resolución del procedimiento seguido en el expediente NUM000; alcance que es una cuestión de fondo a valorar en la Sentencia, no un motivo que determine una causa de inadmisibilidad.

La resolución del expediente administrativo NUM000 constituye un hecho jurídico que por sí mismo no genera ningún efecto en el procedimiento de ejecución EJD 47/2016. Se trata de una circunstancia que debe ser alegada en la ejecutoria por la parte a cuyo interés convenga, al objeto de que, previa la tramitación del correspondiente incidente, el juez de ejecución pueda determinar la relevancia de tal eventual otorgamiento de licencia, a los efectos del cumplimiento de la Sentencia; y ello tanto para controlar que su otorgamiento no responda al designio de eludir su cumplimiento, como para enjuiciar su eficacia en orden a resolver sobre una eventual imposibilidad legal de ejecución, resolución ésta última que sólo compete al juez de ejecución, igual que el control ex art. 103.5 LJCA.

El juez sentenciador tiene la competencia funcional para ejecutar su Sentencia; pero dicha competencia no se puede extender al conocimiento de un recurso contencioso-administrativo (en este caso el presente PO 46/2023) contra un acto resolutorio de un procedimiento administrativo por el mero hecho de la conexión con un previo incidente de ejecución de sentencia (en el presente supuesto, incidente finalizado por Auto de 27/09/2022) o por la circunstancia de que ese previo incidente haya condicionado el contenido del acto resolutorio de ese expediente administrativo.

SEGUNDO: Sobre la oposición a la apelación.

La representación procesal de D. Daniel se opone al recurso de apelación alegando que en el procedimiento ordinario 155/2014 de que había sido promovido por D. Daniel, sobre ejecución de acto firme consistente en Resolución de 17 de Agosto de 2.010 del Alcalde del Concello de Nigrán (Expte. NUM001), ratificada por Decreto de 6 de Julio de 2.011, sobre demolición de obras realizadas, fue dictada Sentencia condenatoria con la lógica consecuencia de que procede el derribo de la edificación, siendo solicitada también por esta parte la ejecución que se tramita como EJD 47/2016 y que procedim entalmente la Ley jurisdiccional le dota de 'vis atractiva' para que dentro de la propia ejecución se resuelvan todas las dudas y cuestiones que incidentalmente puedan plantearse.

Conforme al art. 109 de la LJCA todo lo relativo a la posibilidad de 'legalización' de la edificación litigiosa está íntimamente vinculado al proceso de ejecución en marcha desde el punto en que el Art. 105.2 considera la posibilidad de legalización como una de las causas legales de inejecución.

Siendo esto así, el acto impugnado por Dª Catalina en el presente P.O. 46/2023 es la Resolución de la Alcaldía del Concello de Nigrán, de fecha 5 de diciembre de 2022 (Expte. NUM000), denegatoria de la solicitud de la propia recurrente de licencia para segregación de finca y agrupación a otra parcela con el fin de conseguir cumplir la parcela mínima y demás condiciones edificatorias como paso previo inmediato para poder legalizar la edificación, cuestión directamente relacionada e íntimamente ligada a la ejecución subsidiaria de la demolición de dicha edificación que se tramita en el referido EJD 47/2016, hasta el punto de que la propia Resolución denegatoria -tras declarar concluido el procedimiento de la licencia de segregación y agrupación por no cumplir dicha interesada los requerimientos de subsanación de deficiencias del proyecto presentado-, ordena en el aptdo. "Segundo" de la parte dispositiva "Continuar coa tramitación da execución subsidiaria acordada por providencia da alcaldía de data 19/05/2016". En nada empece el que la Resolución en cuestión sea autónomamente recurrible, ya que al concurrir las expresadas circunstancias prevalecerá en todo caso el carácter incidental de la misma para que sea resuelta en la propia ejecución con la que tiene esa triple identidad propia de la excepción de 'litispendencia".

En cuanto a la legitimación para promover el incidente el Art. 109 de la Ley jurisdiccional es bien explícita cuando se extiende no solo a las "partes" del proceso sino a las «personas afectadas»

TERCERO: Sobre el carácter recurrible de la resolución del procedimiento de solicitud de licencia para segregación de finca y agrupar a otra parcela.

En el proceso de primera instancia DÑA. Catalina recurre la Resolución municipal dictada el 5 de diciembre de 2022 por el Alcalde del Concello de Nigrán, por la que se declara concluido el procedimiento administrativo de solicitud de licencia para segregación de finca y agrupación a otra parcela, seguido en el expediente NUM000, así como continuar con la tramitación de la ejecución subsidiaria acordada por Providencia de Alcaldía, de fecha 19/05/2016.

El auto recurrido declara la inadmisibilidad del recurso por apreciar litispendencia en relación al procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario nº 155/2014 tramitado en el mismo Juzgado, promovido por D. Daniel -ahora codemandado- por inactividad de la Administración local en relación al control de la actividad urbanística, procedimiento en el que se condenó a dicha Administración a la ejecución de la demolición acordada por Decreto de la Alcaldía del Concello de Nigrán de 17 de agosto de 2010 por no ajustarse a la licencia concedida, demolición referida a lo ilegalmente construido , a fin de ajustar las obras realizadas por la ahora demandante Sra. Catalina en DIRECCION000. En ejecución de esa sentencia se acordó la ejecución subsidiaria de la orden de demolición.

La aquí apelante solicitó en relación a la misma parcela donde se ubican las obras a demoler licencia para segregación de finca y agrupar a otra parcela. Y el acto administrativo recurrido en la primera instancia acordó declarar concluido el procedimiento administrativo de solicitud de licencia, al amparo del art. 68 de la Ley 39/2015, al apreciar que se ha requerido reiteradamente la subsanación de deficiencias para lo que se concedió un plazo máximo de 10 días, con la advertencia de que si no lo hiciera se le tendría por desistido de la solicitud, basándose en que ha pasado en exceso el plazo concedido y en el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo de 27 de septiembre de 2022, en el que se concluye que la Administración municipal ha de continuar en la tramitación de la ejecución subsidiaria de la sentencia, quedando sin efecto las tentativas de legalización emprendidas hasta la fecha por la Sra. Catalina.

En cumplimiento de lo acordado por el Juzgado, en el procedimiento de ejecución de sentencia, el Concello acordó continuar con la tramitación de la ejecución subsidiaria. Este aspecto del acto recurrido, en cuanto responde al cumplimiento de una directa orden judicial en ejecución de sentencia, debe considerarse como un acuerdo no recurrible en vía contencioso-administrativa de forma autónoma, ya que no responde a una decisión autónoma de la Administración municipal, sino a una decisión judicial dictada en ejecución de sentencia, respecto a la cual es mero cumplimiento de lo ordenado. Si la interesada pretende evitar que continúe la ejecución subsidiaria, debería personarse en el procedimiento de ejecución de sentencia.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación con la declaración de conclusión del procedimiento de solicitud de licencia para segregación de finca y agrupación a otra parcela, el cual es un acto administrativo que no es fiscalizable por la vía incidental en sede de ejecución de una sentencia que se limitó a apreciar inactividad en el cumplimiento de una orden de demolición y condenó a su cumplimiento y ejecución efectiva. Si procede o no otorgar esa licencia de segregación de finca y agrupación de parcela es una cuestión ajena a la ejecución de sentencia, que debe ser dilucidada en el procedimiento administrativo. Cuestión distinta es que, si se llegase, por hipótesis, a otorgar dicha licencia de segregación de finca y agrupación a otra parcela esa nueva realidad jurídica podría tener alguna relevancia en orden a intentar la legalización de la edificación a demoler, lo cual habría de ser analizado en otro procedimiento administrativo, y para el caso de que se concediese licencia de legalización de lo edificado, lo que se podría analizar en sede de ejecución de sentencia, por el Juez competente para la ejecución de la misma, sería, a instancia de la parte legitimada en cada caso:

-Una eventual pretensión de nulidad de dicho acto, que fuese instada por parte legitimada, si considerase que el mismo es contrario a los pronunciamientos de la sentencia, y que se ha dictado con la finalidad de eludir su cumplimiento (al amparo del art. 103.4 en relación con el art. 109 LJCA) .

-Una eventual solicitud de declaración de imposibilidad legal de ejecución de sentencia, basada en esa licencia de legalización, solicitud que tendría que ser presentada en sede de ejecución de sentencia por parte legitimada, sin que el mero otorgamiento de una licencia -competencia de la Administración municipal- implique dejar sin efecto o interferir en la ejecución de sentencia, en cuanto tal otorgamiento es un hecho que debe ser alegado por parte legitimada en sede de ejecución de sentencia y solo el juez competente para la ejecución podrá valorar si ese otorgamiento representa o no una causa de imposibilidad legal de ejecución de sentencia.

El juzgado competente para la ejecución de la sentencia puede decidir cuantas cuestiones afecten a dicha ejecución, y en uso de esas facultades puede ordenar, como ha hecho, que continúe la ejecución subsidiaria de la demolición de la obra, decidiendo privar de virtualidad suspensiva a las tentativas legalizadoras. Pero dentro de las cuestiones que forman parte de la ejecución de la sentencia que en este caso ordena la demolición de una obra no está la de determinar cuál deba ser, con carácter preventivo, el contenido de los actos administrativos que pongan fin a los procedimientos administrativos de solicitud de licencia para la segregación de finca y agrupación de otra parcela, correspondiendo a la Administración municipal la competencia resolutoria al respecto, de conformidad con el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la posibilidad de que el juez de la ejecución pueda fiscalizar la nulidad de pleno derecho de dicho acto en incidente tramitado en ejecución de sentencia, valorando exclusivamente si es o no contrario a la sentencia y se dicta para eludir su cumplimiento; lo cual no quiere decir que se le atribuya al juez encargado de la ejecución la potestad de determinar preventivamente cuál deba ser el sentido de la resolución de un expediente de licencia como el instado.

Partiendo de estas consideraciones, así como la continuación de la ejecución subsidiaria no es un contenido dispositivo susceptible de recurso contencioso-administrativo autónomo, sí lo es la declaración de conclusión de un procedimiento de solicitud de licencia. Asiste la razón a la parte apelante cuando advierte que el archivo de la solicitud de licencia de referencia es un acto que no se podría anular en el marco del incidente del art. 103.5 LJCA, ya que no es un acto contrario al pronunciamiento de la Sentencia que se pretende ejecutar en el EJD 47/2016.

La parte interesada en obtener la licencia solicitada podrá recurrirlo por motivos no relacionados con la sentencia, pero lo cierto es que no puede defender sus intereses acudiendo al procedimiento de ejecución de sentencia, ya que en el mismo solo podría instarse la nulidad de un acto municipal contrario al pronunciamiento de la sentencia, dictado con la finalidad de eludir su cumplimiento, y este no es obviamente el caso, ni el motivo de su interés en recurrirlo.

Por ello, la inadmisión del recurso contencioso-administrativo genera indefensión a la parte, que se ve privada de vía judicial de impugnación en relación con un acto que pone fin a la vía administrativa -la del expediente de licencia de segregación de finca-, cuyo contenido resolutorio, por sí mismo, al limitarse a archivar el expediente de licencia, declarándolo finalizado, sin otorgar la misma, no viene condicionado por la sentencia que condenó a ejecutar un acto firme de demolición basándose en la inactividad administrativa respecto a dicha actividad ejecutiva. Es un acto que nunca podría ser anulado en el procedimiento de ejecución de sentencia, puesto que es evidente que lo que, en su caso, se podría anular en dicho procedimiento, sería la concesión de una licencia de legalización (si se considera contraria a la sentencia que ordena la demolición) pero no la denegación o el archivo del expediente de licencia, que ningún obstáculo representa para la ejecución de la demolición.

Esa privación de recurso judicial en relación a la posibilidad de alegar y probar la concurrencia de circunstancias que pudieran determinar la continuación del expediente de licencia o la procedencia del otorgamiento de la licencia para segregación de finca y agrupación, quiebra la tutela judicial efectiva, ya que en la ejecución de sentencia que condenó a ejecutar una demolición el juzgador competente para la ejecución de la misma puede ordenar cuantas medidas sean necesarias para que se lleve adelante de forma efectiva la demolición, pero ello no es incompatible con que la Administración deba resolver conforme a derecho un expediente de licencia para segregación de finca y agrupación, pudiendo la parte que ha solicitado esa licencia someter a revisión judicial la decisión administrativa sobre la resolución desfavorable de ese expediente de licencia, que por sí mismo no interfiere en la ejecución de sentencia, puesto que la incidencia en esa ejecución sí pasaría por la necesidad de instar un incidente en el propio marco de ejecución de sentencia, y solo para el caso de que se hubiera concedido licencia de legalización a la obra a demoler, lo cual no es el caso.

En este sentido, es trasladable a este supuesto, mutatis mutandis, la fundamentación de la sentencia de esta Sala y Sección de 15/02/2019, Nº de Recurso: 4293/2018 Nº de Resolución: 91/2019, que en un supuesto similar razonaba sobre el carácter recurrible de forma autónoma de una resolución denegatoria de una legalización, al margen del procedimiento de ejecución de sentencia relativo a la demolición:

"La resolución denegatoria de una legalización de una obra es un acto definitivo que pone fin al procedimiento administrativo de solicitud de licencia de legalización, resolviendo las cuestiones suscitadas en el mismo, constituyendo una resolución que como tal es recurrible en vía contencioso-administrativa al amparo del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y del artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

La conexión de dicho acto con un previo incidente de ejecución de sentencia, por referirse dicha licencia a una realidad constructiva afectada por un previo pronunciamiento judicial y un incidente de ejecución de sentencia, no priva al órgano jurisdiccional de la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo, desde la perspectiva general de todo procedimiento de esa naturaleza, esto es, la fiscalización del ajuste a derecho de dicha resolución.

Esa competencia del órgano jurisdiccional para conocer del recurso contencioso-administrativo no colisiona con la atribución competencial al juez de la ejecución, circunscrita a examinar el acto relacionado con su procedimiento ejecutivo desde la perspectiva del artículo 103.4 y 103.5 en relación con los artículos 108 y 109 de la LJCA 29/1998 , esto es, con el objeto de determinar si el acto es contrario a los pronunciamientos de la sentencia, y si se ha dictado con la finalidad de eludir su cumplimiento, sin poder examinar otras cuestiones de legalidad ordinaria de la resolución, que excederían del contenido propio de la ejecución.

En este caso no hay duda de que la denegación de la licencia de legalización es un acto que no se podría anular en el marco del incidente del artículo 103.5 de la LJCA , ya que no es un acto contrario al pronunciamiento de la sentencia. Por ese motivo, la inadmisión del recurso genera indefensión a la demandante, ya que no tiene vía procesal de impugnación en el incidente de ejecución de sentencia, en el que el juez de la ejecución solo podría anular el acto si se alegara y acreditara que es contrario a los pronunciamientos de la sentencia, y que se ha dictado con la finalidad de eludir su cumplimiento, sin poder examinar otros extremos de su conformidad con el ordenamiento jurídico.

Por tanto, el auto de inadmisión del recurso contencioso-administrativo, aquí recurrido en apelación, conduce a la imposibilidad de fiscalización efectiva de una resolución que ha puesto fin a un procedimiento administrativo, lo cual es un resultado contrario a la tutela judicial efectiva, determinante de indefensión, ya que priva a la parte de la posibilidad de alegar y probar la concurrencia de las circunstancias que pudieran determinar la procedencia del otorgamiento de dicha licencia. Y esa posibilidad solo la podrá tener en el cauce del recurso contencioso-administrativo, en donde podrá alegar cuantos motivos procedan de nulidad y anulabilidad de dicha resolución denegatoria de la licencia, motivos que no se podrían examinar en el procedimiento de ejecución, por exceder de su contenido. Y será en el ámbito procedimental del recurso contencioso-administrativo donde se podrá valorar si ese contenido denegatorio de la licencia de legalización era el único posible en derecho, en función de los términos previos de la ejecución de sentencia, valorando el posible alcance vinculante de los autos de esa ejecución para el Concello en cuanto a la resolución del procedimiento de legalización, alcance que no se puede prejuzgar en trámite de admisión del recurso y que es una cuestión de fondo a valorar en la sentencia, no un motivo que determine la falta de competencia del órgano jurisdiccional ni una causa de inadmisibilidad.

En definitiva, inadmitir el recurso sobre la base del planteamiento esgrimido por la representación procesal del apelado Sr. (...), esto es, sobre la base de considerar que la única solución que le cabía al Concello era denegar la licencia de legalización por venir obligado por un auto previo del Juzgado de la ejecución, supone un prejuicio sobre el fondo del asunto, y convierte un motivo que, de ser acogido, sería causa de desestimación de la pretensión del recurrente, en una causa de inadmisión, sin encaje entre las causas tasadas establecidas en el artículo 51 de la LJCA 29/1998 , que por su vinculación con el fondo del asunto no puede ser utilizada ni para negar la competencia del juzgado al que ha sido turnado el recurso contencioso-administrativo ni para desvirtuar la admisibilidad de dicho recurso.

QUINTO: Sobre la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo y la ausencia de interferencia sobre la competencia del juez de la ejecución.

El análisis de la conformidad a derecho de la licencia de legalización, en el ámbito del recurso contencioso-administrativo, tendrá que tener en cuenta la motivación jurídica ofrecida por el acto denegatorio recurrido (basado en este caso en la apreciación de que es la solución debida en función de un auto previo del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de Lugo), como en cualquier supuesto en que se fiscaliza la motivación de una resolución de un procedimiento administrativo para determinar si la misma es suficiente y justifica la conformidad a derecho de dicha resolución.

Lo que no cabe es inadmitir a trámite el recurso contra el acto denegatorio de la licencia de legalización sobre la base de aceptar a priori la motivación del mismo, esto es, aceptar que esa denegación era la única resolución conforme a derecho, en función de lo ordenado en la ejecutoria del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Lugo, ya que ello sería tanto como adelantar el juicio sobre la suficiencia y conformidad a derecho de la motivación de una resolución de un procedimiento administrativo a una fase procesal en la que, mediante auto, solo cabe valorar causas de inadmisión, no siéndolo la apreciación de que el contenido del acto viene condicionado por una previa resolución judicial (lo que, en su caso, podría ser valorado a los efectos de justificar la desestimación del recurso contencioso-administrativo, como pronunciamiento en cuanto al fondo de la pretensión, si se acoge esa apreciación).

Del mismo modo tampoco concurriría causa de inadmisión del recurso contencioso-administrativo, por ejemplo, y con carácter general, en el caso de cualquier resolución en otro procedimiento administrativo que justificase su contenido denegatorio de la solicitud basándose en un acto administrativo precedente que condicionase en algún aspecto esa decisión, impidiendo su estimación, o que justificase la denegación de lo solicitado por la invocación de la fuerza vinculante de un pronunciamiento judicial previo (fuerza vinculante o prejudicial de la cosa juzgada en su aspecto positivo ex artículo 222.4 de la LEC 1/2000 ), sin perjuicio de que dichas motivaciones hayan de ser analizadas en el ámbito del recurso contencioso-administrativo para determinar su suficiencia en orden a justificar la conformidad a derecho de la resolución recurrida, como pronunciamiento propio del fondo del asunto.

Será en el ámbito del recurso contencioso-administrativo donde se podrá examinar y valorar el alcance y suficiencia de esa motivación del acto denegatorio de la licencia, y esta fiscalización jurisdiccional no interfiere por sí misma con la competencia del juez de la ejecución, porque con independencia de que se confirmase o se anulase la denegación de la licencia en la vía del recurso contencioso-administrativo, esa resolución judicial dictada en el ámbito del mismo en ningún caso enervaría la competencia del juez de la ejecución para determinar la forma y medios para dar cumplimiento a la sentencia, y por tanto, para resolver un eventual incidente de imposibilidad legal de ejecución.

En este sentido, el propio auto de 16 de mayo de 2017 dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Lugo ya advertía que " en el caso de que se otorgase esa licencia pretendida por la comunidad de propietarios, resultaría susceptible de impugnación en vía jurisdiccional y la imposibilidad de ejecución sólo podría acordarse cuando la licencia fuese firme ". Ello pone de manifiesto que el propio juez de la ejecución ya contemplaba la posibilidad de recurso contencioso-administrativo contra la resolución del expediente de legalización, lo que evidencia que la admisibilidad formal de ese recurso no viene vetada por la necesidad de preservar la competencia funcional del juez de la ejecución para el conocimiento y desarrollo de su procedimiento ejecutivo.

En esta misma línea, el mismo Juzgado competente para la ejecución, dictó auto 31/2018, en fecha 16 de febrero de 2018 , en el que inadmite la solicitud presentada por la Comunidad de propietarios de declaración de imposibilidad legal de ejecución, razonando que, toda vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Lugo ya conocía de la impugnación de la denegación de la licencia de legalización en el procedimiento ordinario 307/2017, en ese incidente de ejecución de sentencia planteado por la Comunidad " tampoco pueden tenerse en consideración las manifestaciones relativas al carácter reglado de la licencia urbanística. Se trata de argumentos estériles a este procedimiento, pues nada tiene que ver con el incidente del artículo 105 LJCA , ni el análisis de los presupuestos que ha de concurrir para su aplicación. Argumentos que podrán desarrollarse en el recurso contencioso administrativo que se sigue en aquel Juzgado, pero que exceden del objeto de este incidente".

Por lo expuesto, el propio juzgado de la ejecución consideró que el control de legalidad de la denegación de la licencia de legalización debía llevarse a cabo en el procedimiento ordinario promovido por la Comunidad de Propietarios contra dicha resolución y no como incidente en el ámbito de la ejecución de sentencia, por lo que en ningún caso el conocimiento de ese recurso contencioso-administrativo, inadmitido por el Juzgado nº 2 de Lugo, interfiere la competencia funcional del juzgado encargado de la ejecución.

SEXTO: Sobre la virtualidad de la resolución del expediente de legalización como hecho jurídico externo al procedimiento de ejecución de sentencia.

Debe recordarse que el mero otorgamiento de la licencia de legalización no sería una circunstancia que tuviera efectos directos, inmediatos y automáticos en el procedimiento de ejecución de sentencia, ni que sustraiga al juez de la ejecución sus competencias decisorias sobre la forma en que debe desarrollarse ese procedimiento ejecutivo, sino que es un hecho jurídico externo a ese procedimiento de ejecución, resultado de la tramitación de un procedimiento administrativo a instancia del interesado, y que el Concello viene en todo caso obligado a resolver de forma expresa.

Esa resolución de ese expediente administrativo de legalización constituye un hecho jurídico que, si no es adecuadamente introducido en el procedimiento de ejecución, por sí mismo no genera ningún efecto en tal procedimiento: se trata de una circunstancia que debe ser alegada en la ejecutoria por la parte a cuyo interés convenga, al objeto de que, previa la tramitación del correspondiente incidente, y de las alegaciones correspondientes, el juez de la ejecución pueda determinar la relevancia de tal eventual otorgamiento de licencia a los efectos del cumplimiento de la sentencia, y ello tanto para controlar que su otorgamiento no responda al designio de eludir ese cumplimiento, como para enjuiciar su eficacia en orden a resolver sobre una eventual imposibilidad legal de ejecución, resolución esta última que solo a él le compete, igual que el control ex artículo 103.5 de la LJCA .

Por ello, no se aprecia que concurra causa de inadmisión del recurso contencioso-administrativo: el control jurisdiccional de la denegación de la licencia de legalización le compete al órgano jurisdiccional al que le corresponda el conocimiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la misma. El artículo 103 de la LJCA determina la competencia funcional del juez sentenciador en primera o única instancia para la ejecución de la sentencia, sin que ello se pueda extender al conocimiento de un recurso contencioso-administrativo contra un acto resolutorio de un procedimiento administrativo por el mero hecho de la conexión con un previo incidente de ejecución de sentencia o por la circunstancia de que ese previo incidente haya condicionado el contenido del acto resolutorio de ese expediente administrativo .

Por lo demás, el pronunciamiento formal del auto es de inadmisión a trámite, no de declaración de falta de competencia. Si se tratase de esa declaración de falta de competencia, el pronunciamiento no sería propiamente de inadmisión con archivo definitivo de actuaciones, sino de la remisión de los autos al órgano considerado competente. Consciente la juzgadora de instancia de que lo presentado era un recurso contencioso-administrativo y no un escrito promoviendo un incidente, no acordó remitir las actuaciones al juzgado de la ejecución, sino la inadmisión a trámite del recurso y su archivo. Lo que sucede es que esa inadmisión solo se podría fundamentar en las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo del artículo 51 de la LJCA 29/1998 , y no se puede decir que una resolución denegatoria de una licencia de legalización, que es un acto que pone fin a un procedimiento administrativo promovido por la solicitante de la licencia, sea un acto no susceptible de recurso autónomo, ni tampoco que concurra falta de jurisdicción o competencia.

En atención a lo expuesto, procede estimar el recurso de apelación y revocar el auto de inadmisión, dejándolo sin efecto y acordando la procedencia de la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo interpuesto por LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO DIRECCION001 del municipio de Sarria."

CUARTO: Sobre la litispendencia.

La litispendencia se contempla en el artículo 69 d) de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como motivo de inadmisibilidad del recurso contencioso- administrativo y requiere la comprobación de la identidad de las pretensiones de las que fue objeto el proceso en trámite y de las deducidas en el nuevo proceso en el que se hace valer la causa de inadmisión. Así han de contrastarse los tres elementos: a) identidad subjetiva de las partes y de la calidad en la que actúan; b) causa de pedir, causa petendi, o fundamento de la pretensión; y c) petitum o conclusión a la que se llega según los hechos alegados y su encuadramiento en el supuesto abstracto de la norma jurídica invocada.

Junto con la apreciación de esta triple identidad, han de tenerse en cuenta, como señala la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12.12.2012, recurso 6827/2010 , que « las peculiaridades que en el proceso contencioso-administrativo derivan del objeto de la pretensión y que hace que sea un específico elemento identificador de la cosa juzgada el acto administrativo (la actuación de la Administración) o la disposición objeto de las pretensiones impugnatorias. De tal forma que si en el posterior proceso, se recurre un acto o una disposición diferente del que se enjuició en la resolución firme anterior, ya no puede darse el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, salvo que se trate de meras repeticiones del que se juzgó en el primero. Y además, la apreciación de la excepción de cosa juzgada exige que se trate no sólo del mismo acto, disposición o actuación material sino también de la misma pretensión u otra sustancialmente idéntica a la que fue objeto del proceso anterior. Si en el proceso posterior sobre el mismo acto, disposición o actuación cambian la causa petendi o el petitum de la pretensión examinada y decidida en la resolución judicial firme anterior tampoco operará en su función negativa la cosa juzgada».

En los presentes autos no cabe apreciar la existencia de litispendencia, ya que no hay identidad subjetiva - no hay dos procesos contencioso-administrativos con las mismas partes, y ni siquiera la parte aquí recurrente es parte en el proceso de ejecución, aunque esté legitimada para personarse en el mismo como afectada por las decisiones que se han de adoptar en el mismo-.

Tampoco hay identidad objetiva, ni de petitum ni de causa petendi: no hay dos procesos contencioso-administrativos con el mismo objeto. En el presente caso se promueve un proceso contencioso-administrativo por una concreta parte demandante contra un concreto acto administrativo -declaración de conclusión del proceso administrativo de solicitud de licencia para segregación de finca y agrupar a otra parcela- y ese acto no ha sido recurrido en ningún otro proceso judicial, ni por la misma parte ni por otra, y solo hay un proceso de naturaleza distinta -ejecución de sentencia- con relación de conexión al referirse a la demolición de una obra en la misma parcela, pero respecto al cual no se puede decir que haya identidad en lo pretendido (ni de petitum ni de causa petendi), y desde luego no hay identidad de acto recurrido, por la sencilla razón de que no hay otro proceso donde se recurra el mismo acto impugnado en la primera instancia.

Por los motivos expuestos, no concurre ninguna de las identidades propias de la litispendencia, que es el motivo de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo apreciado por el auto recurrido, lo que determina la necesaria revocación del mismo, por considerarse admisible el proceso contencioso-administrativo en relación con la resolución que acuerda la terminación del procedimiento administrativo de solicitud de licencia de segregación de finca para agrupar a otra parcela, con las matizaciones expuestas, en cuanto al alcance de ese recurso, que se limita a enjuiciar la validez de esa resolución de ese procedimiento, lo cual por sí solo no afecta a la ejecución de la sentencia que ha ordenado la demolición, y que no es una circunstancia que tenga efectos directos, inmediatos y automáticos en el procedimiento de ejecución de sentencia, ni que sustraiga al juez de la ejecución sus competencias decisorias sobre la forma en que debe desarrollarse ese procedimiento ejecutivo, sino que es un hecho jurídico externo a ese procedimiento de ejecución, resultado de la tramitación de un procedimiento administrativo a instancia del interesado, y que el Concello viene en todo caso obligado a resolver de forma expresa conforme al ordenamiento jurídico, siendo fiscalizable esa conformidad a derecho en el marco del recurso contencioso-administrativo.

Como tal, la resolución del procedimiento de solicitud de licencia, y en consecuencia, del propio proceso contencioso-administrativo que enjuicia su validez, aunque se acabase declarando el derecho a obtener una determinada licencia, solo representaría un hecho jurídico que, si no es adecuadamente introducido en el procedimiento de ejecución, por sí mismo no genera ningún efecto en el mismo: se trataría de una circunstancia que, en el caso de que llegue a acaecer, debería ser alegada en el procedimiento de ejecución de sentencia por la parte a cuyo interés convenga, al objeto de que, previa la tramitación del correspondiente incidente en el proceso de ejecución, y de las alegaciones correspondientes, el juez de la ejecución pueda determinar la relevancia de tal eventual otorgamiento de licencia a los efectos del cumplimiento de la sentencia que ordenó ejecutar la demolición, y ello tanto para controlar que su otorgamiento no responda al designio de eludir ese cumplimiento (si alguna parte promoviese su nulidad), como para enjuiciar su eficacia en orden a resolver sobre una eventual imposibilidad legal de ejecución (si la misma fuese instada por parte legitimada), resolución esta última que solo a él le compete, igual que el control ex artículo 103.5 de la LJCA.

Pero tales eventualidades en el proceso de ejecución serían siempre posteriores a una resolución del proceso de solicitud de licencia -y de su control jurisdiccional- y no significan que haya identidad de objeto determinante de la inadmisibilidad del proceso contencioso-administrativo conducente a fiscalizar la conformidad a derecho de la resolución del procedimiento de otorgamiento de la licencia, en este caso de segregación de finca, que ha sido resuelto en sentido desfavorable a los intereses del solicitante.

Además, ni siquiera se trata en este caso en sentido estricto de un procedimiento de solicitud de legalización de obra, sino de solicitud de licencia de segregación de parcela colindante y agregación a la parcela edificada, presentado seguramente con la finalidad de subsanar un incumplimiento de la legalidad urbanística, pero que por sí mismo no supondría dicha legalización de forma automática en cuanto a la obra y mucho menos afecta por sí solo a la ejecución de sentencia, respecto a la cual el juez competente para dicha ejecución ha ordenado su continuación, con independencia de lo que resulte de dicho expediente de solicitud de licencia, lo que evidencia la posibilidad de examinar la validez de lo resuelto por el Concello al archivarlo, en el marco de un recurso contencioso-administrativo autónomo.

En atención a lo expuesto, procede revocar el auto recurrido y ordenar la continuación del proceso contencioso-administrativo, por no apreciar que concurran causas de inadmisibilidad del proceso contencioso-administrativo.

QUINTO: Sobre las costas procesales.

La estimación del recurso de apelación determina la no imposición de las costas procesales.