Sentencia Contencioso-Administrativo 284/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1178/2021 de 16 de marzo del 2023

PRIMERO. - La entidad AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ha interpuesto el presente recurso contencioso administrativo contra la desestimación, por silencio administrativo de Canal de Isabel II, de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 5 de mayo de 2020 para la indemnización de los daños causados en fechas 21 de diciembre de 2019 y 27 de enero de 2020 al negocio de su asegurada, GRUPO LÍDER DE CARNES SELECCIONADAS, S.L., sito en el número núm. 8, bajo C de la calle Sil, de Becerril de la Sierra, debidos a sendas roturas de una tubería del Canal de Isabel II.

La demanda, en la que el importe de la indemnización reclamada se ha fijado en la cantidad de 32.065,48 euros de principal, después de concretar el punto en los que se produjeron las roturas de la red, los daños causados y los trabajos de reparación realizados, invoca el artículo 106.2 de la Constitución Española, la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la doctrina jurisprudencial que los ha interpretado y aplicado, y, con base en los informes incorporados al expediente administrativo, argumenta que en el caso litigioso concurren los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de Canal de Isabel II, encargada de la conservación de la red, cuyo defectuoso funcionamiento ha producido los daños que la actora ha indemnizado a su asegurada y que reclama en el proceso con fundamento en el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

En su contestación a la demanda Canal de Isabel II reconoce la existencia de las roturas de la red en los días 21 de diciembre de 2019 y 26 de enero de 2020 pero discrepa de la valoración de los daños derivados de las mismas, alegando que ascendieron a 4.959,32 euros, según tasación pericial del Área de Seguros y Riesgos de Canal de Isabel II, S.A., oponiendo sobrevaloración a la tasación de la recurrente por duplicidad de partidas, falta de aplicación de la depreciación por antigüedad, y falta de mantenimiento.

SEGUNDO. - El artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, dispone que:

" El asegurador, una vez pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización.

El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. El asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse.

El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato.

En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés".

Conforme a doctrina jurisprudencial pacífica sobre la naturaleza jurídica de esta acción del asegurador, de la que son exponentes, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2008, 11 de octubre de 2007, 7 de diciembre de 2006 y 11 de noviembre de 1991, que se cita en la anterior, la acción del artículo 43 de Ley 50/1980 no es una acción de reembolso o de regreso del artículo 1158 del Código Civil - que supone el nacimiento de un nuevo crédito contra el deudor en virtud del pago realizado-, sino una acción subrogatoria que responde a las características de la novación modificativa por cambio del acreedor, a que se refiere el artículo 1203.3º, en relación con el artículo 1209 párrafo segundo, y con el 1212, todos ellos del Código Civil, de manera que el régimen de derechos, obligaciones, plazo de ejercicio de la acción y excepciones oponibles al asegurado por los terceros responsables, es el mismo que estos pueden oponer al asegurador subrogado.

El principio de la identidad del crédito frente al tercero, inherente a la acción de subrogación de la aseguradora contra el causante del perjuicio objeto de cobertura en la póliza, comporta que el régimen del crédito subrogado haya de someterse a la naturaleza del mismo, que no nació del contrato de seguro sino del hecho que originó la responsabilidad del tercero frente al asegurado, lo que en este caso nos remite a la doctrina de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas.

Por ello, conviene recordar ahora que el artículo 106.2 de la Constitución Española proclama la responsabilidad patrimonial de la Administración, al disponer que: "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

En concordancia con la norma constitucional el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común disponía : "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

Diremos también que el artículo 32.1 y 2 y el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, actualmente vigente y aplicable al caso de autos, disponen:

"Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

.../...

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

"Artículo 34. Indemnización.

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

.../...

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado".

Tal como declaran las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2006 ( con cita de la de 5 de diciembre de 1995), 3 de mayo de 2007 ( con cita de las de 8 de enero de 1967, 29 de mayo de 1984, 11 de abril de 1986, 22 de julio de 1988, 25 de enero de 1997, 26 de abril de 1997 y 6 de octubre de 1998, y 6 de febrero de 2001) de 23 de octubre de 2007, de 5 de noviembre de 2012 y de 29 de julio de 2013, la responsabilidad de las Administraciones públicas tiene su base en el artículo 106.2 de la propia Constitución, en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por la Administración de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Es cierto que dicha responsabilidad tiene carácter objetivo o de resultado, pero ello ha de entenderse únicamente en el sentido de que no es preciso demostrar que los titulares o gestores de la actividad han actuado con dolo o culpa, ni que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, porque lo relevante es la antijuridicidad del resultado o lesión. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2011, con cita de la de 1 de julio de 2009, declara que " no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa". Y añade que, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007, " la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido".

Por lo tanto, el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no basta para que ésta se produzca sino que, en todo caso, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas; b) La existencia de nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo producido, es decir, que el daño o lesión patrimonial sufridos por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños; c) Ausencia de fuerza mayor; y d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño o el perjuicio, en cuyo caso no existirá la obligación administrativa de resarcirlo.

TERCERO. - Para resolver las cuestiones litigiosas planteadas en este proceso se han de valorar los elementos probatorios traídos al proceso para determinar si se han producido, o no, los daños y perjuicios cuya indemnización reclama la demandante, su cuantía y, en su caso, si existe relación de causalidad entre los mismos y las averías de la red de agua gestionada el Canal de Isabel II en los días 21 de diciembre de 2019 y 26 de enero de 2020.

La valoración conjunta y racional del material probatorio incorporado al expediente administrativo y a los autos ha de realizarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual corresponde al demandante " la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda", y corresponde al demandado " la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior". Las precitadas reglas generales se matizan en el apartado 7 del precepto citado, en el sentido de que se " deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

Ahora bien, a tal efecto conviene tener en cuenta que, en cualquier caso, el citado artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una norma reguladora de la sentencia, que entra en juego cuando en la misma se estime que no se ha probado un hecho básico, para atribuir las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que le correspondía el "onus probandi", según las reglas aplicables para su imputación a una u otra parte, pero no cuando se considera que un presupuesto fáctico esencial para la resolución de la litis ha quedado debidamente acreditado mediante cualquier elemento probatorio, sin que, en virtud del principio de adquisición procesal, importe qué parte aportó la prueba, según resulta de las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 31 de enero y 14 de febrero de 2012, siendo que, en definitiva, dicho principio obliga al tribunal a valorar todas las pruebas practicadas con independencia de qué parte las haya aportado al proceso, al considerar que los resultados de la actividad probatoria en su conjunto son comunes para todas las partes, de manera que, a los efectos de acreditar los hechos controvertidos, es irrelevante que los medios probatorios se hayan practicado a instancia de una u otra parte.

Como se ha dicho, son hechos admitidos que los días 21 de diciembre de 2019 y 26 de enero de 2020 se produjeron sendas averías en la red de agua gestionada por el Canal de Isabel II produciendo daños en el negocio sito en el número 8, bajo C de la calle Sil, de Becerril de la Sierra, tal y como, por lo demás, se acredita con los informes de incidencias números 353769/19 y 24524/20 del Sistema de Gestión de Avisos e Incidencias de Canal de Isabel II -folios 164 a 199 del expediente-.

El abono del importe de los daños por parte de AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS a su asegurada, GRUPO LÍDER DE CARNES SELECCIONADAS, S.L., propietaria del negocio, es un hecho no controvertido en este proceso, en el que no se discute la legitimación de la recurrente para el ejercicio de la acción contemplada en el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro -y ello sin perjuicio de que el pago obra documentado al folio 102 del expediente-.

La divergencia radica en el importe de los daños indemnizables pues, mientras que la recurrente los ha valorado en la cantidad de 32.065,48 euros, la demandada los ha cuantificado en 4.959,32 euros.

Pues bien, en este proceso se ha practicado a instancia de la parte actora una prueba pericial, mediante sendos informes de la perito doña Rosaura, cuyo objeto ha sido la determinación de los daños causados por las dos fugas de agua.

Dichos informes, aportados en su día al expediente administrativo -folios 102 a 107 y 134 a 146- y que posteriormente han sido ratificados, explicados y aclarados a preguntas de las partes en diligencia judicial contradictoria, se han basado en las visitas de inspección realizadas los días 3 de enero y 12 de febrero de 2020, la segunda cuando todavía no se habían reparado los daños causados por la rotura del anterior 21 de diciembre.

Su motivación incluye la descripción de las roturas de la canalización de agua y de los desperfectos que ocasionaron, señalando que aquellas se produjeron en una tubería del Canal que discurre por el suelo del jardín interior, situado en la zona más alta de la urbanización, y que, al bajar el agua por la ladera, inundó la cubierta y se filtró al interior del local al rebasar la tela asfáltica, que se levantó tras su secado, provocó cortocircuitos y una avería eléctrica en la instalación de las cámaras y en la zona de mostrador, así como daños en el solado de esa zona.

La valoración de los daños comprende las siguientes partidas:

-Picado, desescombro y preparación de la superficie de suelo cerámico de tienda por abombamientos y falta de adherencia a la superficie, 200m2.

- Suministro y colocación de suelo cerámica similar al existente, 200m2.

- Contenedor para retirada de escombros a vertedero autorizado.

- Ayudas en albañilería.

- Retirada, suministro y colocación de tela asfáltica en la cubierta del local por los daños ocasionados por ambos siniestros que han inundado y provocado que la tela asfáltica se despegue de la base, 245m2.

- Pintura platica en techos y paredes del local asegurado, previo raspado, quitar manchas y emplastecido. Afectación de todo el techo y todos los parámetros verticales, 376,25m2.

- Eliminación de falso techo de pladur en baños y eliminación de instalación eléctrica y de iluminación. Suministro y colocación de nuevo techo de pladur e instalación eléctrica.

-Día de limpieza.

-Reparación de instalación eléctrica.

-Reparación de tres básculas de pesado industriales.

Bomba de butano para secado de local.

-Mercancías.

-Pérdida de beneficio.

La valoración ascendió a un total de 32.065,48 euros, de los cuales 16.681,76 euros corresponden a la primera rotura, y 15.283,72 euros a la segunda, según resulta de las valoraciones de cada uno de los informes periciales y del documento de pago a la asegurada.

Los anteriores no son los únicos informes periciales que se han practicado en este proceso.

Además de los informes de las incidencias que aparecen a los folios 164 a 199 del expediente, obra incorporado al mismo -a los folios 185 y siguientes- un informe pericial practicado a instancia de Canal de Isabel II por el perito de su designación don Jose Miguel, basado en la visita de inspección realizada el 11 de febrero de 2020.

El informe, que también fue ratificado, explicado y aclarado en diligencia judicial con intervención de las partes, describe el mecanismo de filtración del agua y medición de los daños apreciados en el techo del pasillo (110x228 cm), en parámetros del pasillo (228x238 cm), en parámetros de los baños (172x215 cm y 204x215 cm), en el techo del baño de caballeros (187x175 cm), en el techo del baño de señoras (266x192 cm), en parámetros de despensa (407x215 cm y 223x215 cm), en techo de recepción (1350x1200 cm), en solado de recepción (1000x200 cm) y en solado de cámara frigorífica (5m2). Valorando al 50% la sustitución de la tela asfáltica, tras comprobar que estaba muy desgastada y en la finalización de su vida útil, valoró la totalidad de los daños en 4.959,32 euros, de los cuales atribuyó 1.000 euros a los causados en la primera rotura.

En orden a la valoración de las pruebas periciales practicadas para acreditar los daños causados, se ha de señalar la similar motivación de los informes periciales y de las explicaciones y aclaraciones posteriores.

Sin embargo, los informes de los peritos también han dado lugar a desacuerdos, que se pasan a resolver:

En primer lugar, se han de rechazar las objeciones a los informes de doña Rosaura por parte de Canal de Isabel II en relación a la duplicidad de partidas y valoraciones, porque, aunque las partidas sean las mismas, ello no significa que se hayan valorado dos veces sin que previamente se hubiese actuado sobre los derivados de la rotura de 21 de diciembre de 2019, puesto que de los informes periciales y del documento de pago de los daños resulta la valoración separada de los que se causaron ese día y de los derivados de la avería de 26 de enero de 2020, habiéndose repartido la valoración de los daños en un 50% en cada fecha, aproximadamente (16.681,76 euros los daños y perjuicios de la primera rotura, y 15.283,72 euros de la segunda).

En segundo término, consideramos adecuada la valoración de la perito señora Rosaura respecto a la partida de raspado, limpieza de manchas, emplastecido y pintura platica en techos y paredes del local asegurado, por cuanto que, pese a la pequeña diferencia en la medición de la superficie afectada recogida en el informe del perito señor Jose Miguel, es razonable que se hubieran pintado los parámetros y los techos en su totalidad, sin que existan razones para concluir que la valoración de la perito de la recurrente ha quedado desvirtuada por el informe y las explicaciones del perito de Canal de Isabel II, ya que no ha concretado su valoración en contrario.

En tercer lugar, también consideramos razonable la reposición del suelo cerámica similar al existente en una extensión de 200m2, dadas las diferencias estéticas que se producirían si la reposición se limitara a la de las plaquetas que estaban levantadas.

De otra parte, dado el estado de la tela asfáltica de la cubierta del local, consideramos que a la valoración de su retirada, suministro y colocación se le debe aplicar una deducción del 50% por depreciación; atribuimos además la mayor fuerza de convicción a las explicaciones del perito señor Jose Miguel en relación al precio de la tela asfáltica, dada la motivación de este punto. Pero no existe prueba de que todos los daños y perjuicios ocasionados se hayan debido exclusivamente a su deficiente estado.

Tampoco se ha acreditado, por falta de respaldo documental, el lucro cesante por los días de paralización de la actividad, pero es razonable pensar que la avería incidió en ella, por lo que consideramos que procede reducir a la mitad el importe de la cantidad que se reclama por ese concepto.

Finalmente, aceptamos las demás partidas y valoraciones incluidas en los informes de la perito doña Rosaura, que no han sido desvirtuadas por prueba en contrario.

Así las cosas, de la valoración conjunta y racional de los informes periciales aportados a este proceso se concluye la procedencia de estimar parcialmente el presente recurso contencioso administrativo, debiendo determinarse, en ejecución de sentencia y de acuerdo con las bases fijadas en este fundamento jurídico, el importe definitivo de la cantidad que Canal de Isabel II ha de abonar a AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, sin que proceda el abono de los intereses devengados desde el siniestro al haberse determinado la deuda en la presente resolución.

CUARTO. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, no ha lugar a formular condena al pago de las costas procesales, dada la estimación parcial de la demanda.

Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,