PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso de apelación, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid dictada en el Procedimiento Abreviado número 347/2022 dictó Sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:
" Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil Vencomauto, S.L., contra la Resolución número 43/2022 dictada por el Tribunal Económico Administrativo Municipal de Fuenlabrada que desestima la reclamación presentada frente a la liquidación en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021, del inmueble propiedad de la recurrente sito en la Calle Almendro 0002 1 00 01 de Fuenlabrada, con referencia catastral 0513201VK3601S0003UJ, Uso de Construcción Oficinas. El importe de la cuota asciende de 9.820,98 euros. Sin costas".
En dicho recurso contencioso-administrativo constituía el objeto impugnado la Resolución número 43/2022 dictada por el Tribunal Económico Administrativo Municipal de Fuenlabrada que desestima la reclamación presentada frente a la liquidación en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2021, del inmueble propiedad de la recurrente sito en la Calle Almendro 0002 1 00 01 de Fuenlabrada, con referencia catastral 0513201VK3601S0003UJ, Uso de Construcción Oficinas por importe de 9.820,98 euros.
El suplico de la demanda originaria solicitaba que se dictase sentencia estimando la demanda, y declarase la anulación de la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles del año 2021 practicada, por ser la misma contraria a derecho y acordase la emisión de nueva liquidación aplicando el tipo general, que ha de ser notificada individualmente, condenándose al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a la devolución del importe ingresado con los intereses procedentes y al abono de las costas causadas.
La sentencia de instancia, resuelve la cuestión litigiosa en sentido desestimatorio del recurso contencioso-administrativo. La fundamentación para desestimar es, en síntesis la siguiente. Primera determina que motivos de impugnación pueden realizarse a través de una impugnación indirecta de la Ordenanza y especifica que tanto en lo que se refiere a los defectos formales alegados sobre el procedimiento de elaboración de la Ordenanza como en lo referentes al establecimiento de un tipo diferenciado para los inmuebles destinados al uso "Almacén-estacionamiento", no pueden impugnarse indirectamente porque la liquidación objeto de este proceso se refiere a un inmueble destinado al uso de oficina sin que haya acreditado la posible repercusión de la desaparición de dicho uso del tipo diferenciado en el resto de inmuebles, dado que la posible anulación o no carecería de efectos retroactivos respecto de la situación del hoy recurrente. Concreta que la se realiza la impugnación indirecta del art. 8.4 de la Ordenanza por contener una redacción similar a otras redacciones anuladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid. Por otro la recurrente impugna el art. 8.4 de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Fuenlabrada vigente para el ejercicio 2021 con base en varias sentencias del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 9ª, que declararon nulas las anteriores redacciones. Y ello porque, en definitiva ambas redacciones siguen siendo similares e incurren en los mismos vicios de nulidad. Indica que dicha cuestión ya ha sido resuelta recientemente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid en sentencia nº 88/2022 de 28 de marzo de 2022 cuya fundamentación se reproduce y que conduce a la desestimación del recurso.
SEGUNDO.- La parte apelante sostiene la revocación de la sentencia alegando en síntesis lo siguiente.
Afirma que se ha alegado la nulidad del art. 8.4 de la Ordenanza por distintos motivos y estos no han sido respondidos por la sentencia.
El primer motivo es que no respeta los términos del art. 72.4 TRLHL ya que no señala los umbrales de valor para aplicar el tipo impositivo diferenciado, delegando en el órgano que ha de elaborar el padrón del IBI la diferenciación del porcentaje de los inmuebles que dentro de cada uso catastral, han de soportar el tipo diferenciado, cuando es una competencia que corresponde al pleno.
El segundo motivo es que la Ordenanza no recoge los porcentajes de inmuebles con mayor valor catastral por usos a los que se les aplicará el tipo diferenciado, por lo que los umbrales cuantitativos derivados de la información recogida en el Padrón según las disposiciones recogidas en la Ordenanza tal y como se dispone en el art. 72.4 del RDL 2/2004, se han determinado arbitrariamente, a posteriori.
Invoca arbitrariedad en la fijación del tipo de gravamen.
Ausencia de informe de los servicios técnicos ni estudio económico donde se recoja que la fijación de los umbrales cumple con los requisitos legales que exige el art. 72.4 del RDL 2/2004, para la fijación de los tipos diferenciados y los umbrales de valor.
Ausencia del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el que se establezcan los tipos diferenciados.
La cuantificación de los umbrales de valor publicados en el BOCM 84 de 9 de abril de 2021 no fue aprobado por el órgano competente al estar atribuida por Ley al Pleno municipal.
El apelante realiza una comparación del art. 8.4 anulado de 2017 con el modificado en el 2019 y vigente en el año 2021 y concluye que ninguno de los dos artículos señala los umbrales de valor con la especificación del porcentaje entre el 0-10% de los inmuebles a los que se les aplicará el tipo diferenciado, luego persiste en el art. 8.4 modificado en 2019 la arbitrariedad ya que, al no existir el porcentaje de bienes inmuebles a los que se aplicará el tipo diferenciado, el número de estos bienes y en consecuencia la concreción de los umbrales la realiza arbitrariamente la directora gerente de la OTAF.
Por último resalta que la Ordenanza recoge el uso de construcción Almacén-Estacionamiento que aglutina a más de 31.667 inmuebles urbanos de los 119.995 que componen el padrón catastral de IBI de urbana. Es decir, el Ayuntamiento ha creado en la Ordenanza Fiscal un Uso de Construcción denominado Almacén-Estacionamiento en el que ha incluido más del 25% de los inmuebles del municipio. Y lo ha creado porque ninguno de los usos de construcción enumerados en el cuadro Anexo al RD 1020/1993 se corresponde con el uso de "Almacén-Estacionamiento" al que el art. 8.4 de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI asigna un tipo diferenciado, vulnerando el art. 72.4, la Disposición Transitoria Decimoquinta del RDL 2/2004 y la norma 20 del Anexo al RD 1020/1993. Impugna la sentencia al exigir esta que pruebe en qué afecta a su liquidación en concreto cuando ha de ser el órgano de gestión el que ha de demostrar que la creación de un nuevo uso con más de 30.000 inmuebles (27% del total de los inmuebles del municipio) no tiene incidencia alguna o repercusión en el número de inmuebles con uso "oficinas".
TERCERO.- El Ayuntamiento se opone al recurso de apelación por los siguientes motivos.
Precisa que los defectos formales no pueden ser objeto de impugnación indirecta de conformidad con lo indicado en la sentencia apelada.
Parte de que la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2020 aprobada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha tramitado siguiendo los trámites legalmente establecidos y no ha sido impugnada en tiempo y forma ante el TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo.
Reproduce el tenor literal de la nueva Ordenanza y afirma que la STSJ de Madrid de 21 de abril, Recurso de apelación nº 128/2021 deja entrever que es correcta la redacción actual de la ordenanza aplicable al ejercicio 2020 que efectúa una remisión a la LRHL.
A la vista del padrón concreto de cada ejercicio remitido por la Gerencia Regional de Catastro en sus labores de gestión censal, dentro del primer trimestre del año, resulta imprescindible hacer una labor automática por parte del órgano gestor (que como tal queda sustraída a la discrecionalidad), consistente en comprobar que en ningún caso se aplique a más del 10% de los bienes inmuebles integrados en el padrón para cada uno de los usos, ordenados en función de su valor catastral, y siempre teniendo presente el umbral mínimo fijado en ordenanza fiscal, aplicándolo a bienes con valor catastral igual o superior al fijado en ordenanza. De esta manera se puede determinar el número de unidades concretas a las que se aplicarán los tipos diferenciados, toda vez que las unidades varían en cada ejercicio según el padrón remitido por Catastro.
En cuanto al inmueble concreto de impugnación, precisa que tiene un valor catastral de 798.453,55 euros y tiene un uso de oficinas. El umbral mínimo de valor catastral fijado en la ordenanza para la aplicación de los tipos de IBI diferenciados a todos los inmuebles de ese mismo uso es, en este caso, aquellos con valor catastral superior a 289.837,80 euros entre los que se encuentra dicho inmueble. Afirma que el número de valores a aplicar estos tipos diferenciados no es superior al 10% del número de inmuebles situados por encima de dicho valor, por lo que se cumplen los requisitos legales.
CUARTO.- Para resolver la apelación debemos partir de que la nueva redacción de la Ordenanza aplicable a la liquidación litigiosa ha sido analizada por la presente Sección en la Sentencia nº 625 de fecha 18 de octubre de 2022 dictada en el Recurso de Apelación nº 629/2022 afirmando la legalidad del art. 8.4 impugnado, debiendo reproducir los argumentos de dicha sentencia al ser idénticos los problemas planteados "Hasta ahora, la Sala ha intentado recoger los argumentos en que se funda el recurso, quizá con excesiva extensión, pero con el fin de reflejar que, en realidad, evocan la misma idea de que la ordenanza faculta a un órgano incompetente como es la OTAF para establecer los umbrales de valor sobre los que debe aplicarse el tipo diferenciado. Esta circunstancia fue la que provocó la anulación de dos versiones anteriores de la ordenanza fiscal, pero ha sido superada en la actual. SEGUNDO.- La primera cuestión que se plantea atañe al alcance o ámbito objetivo de la impugnación indirecta de las disposiciones generales, tratado últimamente en las SSTS núm. 37 y 38/2021, de 21 de enero (rec. 4783/2018 y 2314/2019 ), que han sentado este criterio interpretativo: De todo lo razonadamente expuesto y en armonía con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) y con el principio de justiciabilidad plena de los actos y disposiciones generales de la Administración ( art. 106 CE ), es de declarar que los datos, documentos o actuaciones que afecten a la ulterior determinación de los elementos esenciales del tributo -como lo es, en el caso examinado, el coeficiente de situación en el IAE-, pueden ser objeto de alegación y prueba como fundamento de la ilicitud del acto de aplicación basado en tales datos, en su fundamentación o su ausencia. A tales efectos, la denuncia de arbitrariedad, exceso o falta de justificación no atribuye a la ordenanza defectos formales que impidan un análisis y decisión judicial al respecto, sino que forma parte indudable del derecho subjetivo procesal que habilita el artículo 26, en relación con el 56.1, de la LJCA , de obtener una respuesta judicial plena y razonada, lo que conlleva el correlativo deber del juez o tribunal de examinar los motivos así planteados, dándoles respuesta fundada, sin poder soslayarlos de modo liminar. Ahora bien, no son defectos formales del procedimiento de elaboración de la ordenanza todos los vicios que enumera la recurrente y que hemos transcrito anteriormente. En su mayoría, los defectos que denuncia traen a colación el problema de fondo que hemos mencionado y que dio lugar a la declaración de ilegalidad de las dos redacciones precedentes de la ordenanza. De todos modos, la sentencia examina, mediante la reproducción de la resolución de otro Juzgado, la competencia de la OTAF para ajustar el porcentaje de bienes a los que debe aplicarse el tipo diferenciado y se pronuncia sobre la impugnación de los umbrales cuantitativos establecidos en el precepto que se recurre. Es cierto que nada impide a la recurrente alegar defectos de la norma que incumben al tipo de gravamen que le fue aplicado, como sucede con su naturaleza arbitraria y la ausencia de "estudio económico donde se recoja que la fijación de los umbrales cumple con los requisitos legales que exige el art. 72.4 del RDL 2/2004 para la fijación de los tipos diferenciados y los umbrales de valor". Sin embargo, estas alegaciones están abocadas a su desestimación. Por un lado, los tipos de gravamen del IBI, entre ellos los tipos diferenciados, son establecidos legalmente en el TRLHL entre un mínimo y un máximo (art. 72). La concreción del tipo dentro de esta horquilla es una potestad derivada de la autonomía financiera de las entidades locales y obedece a criterios de política fiscal y económica que este Tribunal no puede enjuiciar. No hay ningún indicio de que en este caso la elección de los tipos sea debida a ningún motivo espurio o contrario a la finalidad que late en el tributo de subvenir los gastos que genera el ejercicio de las competencias municipales. La tacha de arbitrariedad se reduce a un recurso retórico que carece de todo sustento. Por otro lado, el informe técnico-económico es exigido para la cuantificación de las tasas ( art. 25 TRLHL) por cuanto están destinadas a resarcir la utilización del dominio público o financiar la prestación de un servicio que beneficie particularmente al contribuyente ( art. 2.2 LGT ), pero el estudio económico no es preciso para establecer el tipo de gravamen de los impuestos, dependiente de factores, como hemos dicho, de política fiscal y regido por diversos principios generales ( arts. 31 CE y 3 LGT ). Estos mismos criterios son los que subyacen en el establecimiento de los umbrales de valor en cuanto representativos de una capacidad económica merecedora de un gravamen superior. TERCERO.- Para pronunciarnos sobre la cuestión nuclear que trae a colación la apelante debemos trasladar las consideraciones que hemos hecho en otras sentencias que trataban sobre la misma ordenanza, comenzando por lo dispuesto en el art. 72 TRLHL. Este precepto establece unos tipos de gravamen del IBI mínimos y supletorios cuyo incremento admite en determinadas circunstancias. En el apartado 4, que es el que ahora nos interesa, dispone lo siguiente: Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. En ejercicio de esta potestad, el Ayuntamiento de Fuenlabrada desarrolló en la ordenanza fiscal reguladora del IBI las normas para la aplicación de los tipos diferenciados o agravados. 1.- Haciendo abstracción de otros aspectos que aquí no son relevantes, la Ordenanza vigente para el año 2006 fijaba los tipos de gravamen y añadía: El tipo diferenciado se aplicará al 10% de las unidades urbanas con mayor valor catastral y uso de construcción distinto al residencial. Los umbrales de valores catastrales de aplicación del tipo diferenciado en el apartado 3.2 se concretará una vez la Gerencia del Catastro de Madrid- Provincia remita el Padrón de IBI de Urbana. Esta norma fue impugnada ante la Sala porque remitía a un momento posterior al de aprobación de la ordenanza la determinación de los umbrales de valor a los que habría de aplicarse el tipo diferenciado, y dio lugar a nuestras sentencias núm. 656/2009, de 7 de mayo (rec. 1323/2008 ) y 713/2009, de 1 de junio (rec. 1221/2008 ), que reprodujeron lo declarado en la sentencia núm. 1011/2008, de 8 de julio (rec. 247/2008 ), relativa a la ordenanza del IBI del Ayuntamiento de Madrid para 2005. En aquellas sentencias, respondiendo a los argumentos deducidos por la parte recurrente, no se consideró contrario al ordenamiento jurídico la especificación en los primeros meses del siguiente año de qué concretos inmuebles se encontraban comprendidos en ese 10%, de acuerdo con el padrón catastral actualizado que debe remitir en la Gerencia del Catastro entre enero y febrero. En esas sentencias decíamos: La necesidad de fijar ese umbral de valor antes de conocer el padrón catastral determina, a juicio de la recurrente, la imposibilidad práctica de aplicar la norma, ya que el padrón se cierra actualizado el primer día de cada año y la fijación del umbral ha de ser anterior. Así ocurrió en este caso, en que la Ordenanza se aprobó el 23 de diciembre de 2004 y el padrón se cerró el 1 de enero de 2005. La fijación del umbral con anterioridad a disponer de los datos catastrales vigentes impide conocer si ha sido superado o no el límite constituido por el 10 por ciento de los inmuebles. Manifiesta también la entidad apelante que la determinación de la cuota en función del uso del inmueble desnaturaliza un impuesto como el IBI de carácter real. Sin embargo, la posible descoordinación originada por las fechas en que deben ser emitidos los referidos actos no es susceptible de provocar tan grave consecuencia como la que aventura la impugnante. En primer término, las entidades locales pueden soslayar perfectamente estos problemas con una aplicación prudente de su facultad estableciendo el umbral de valores en cuantía tal que se asegure que no rebasará el porcentaje, y, en todo caso, mediante los oportunos estudios prospectivos, de fácil alcance con los actuales medios informáticos. Por otro lado, los posibles errores son susceptibles de corregirse por múltiples vías con pleno respeto a los derechos de los contribuyentes, como pone de manifiesto la Sentencia recurrida en su octavo fundamento de Derecho, el cual debe darse por reproducido. En particular sobre la ordenanza de Fuenlabrada: Se alegaba por la mercantil ahora apelada que el Ayuntamiento se había conducido con arbitrariedad por haber omitido cualquier motivación en la introducción de los umbrales de valor catastral a partir de los cuales resultaría exigible el tipo incrementado, planteando como hipótesis que se haya podido rebasar el límite legal del 10%, considerando arbitraria la fijación de umbrales distintos y con vulneración del art. 72.4 TRLRHL al establecerse los umbrales en un acuerdo municipal posterior y no en la propia Ordenanza, como exige dicho precepto legal . Y ninguno de estos argumentos puede ser acogido por esta Sala ya que el sistema adoptado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada proporciona, precisamente, mayor seguridad jurídica al establecer en el art. 3 de la Ordenanza los criterios generales de la aplicación del tipo diferenciado al 10% de los inmuebles con mayor valor catastral y uso distinto al residencial, remitiéndose luego, para la concreción de los umbrales, a un Acuerdo municipal posterior que se publica una vez que la Gerencia del Catastro remite el Padrón de IBI, con lo cual, la fijación del umbral para que el tipo diferenciado afecte sólo al máximo legal del 10% de los inmuebles con mayor valor catastral de dichos usos se puede realizar con mayor precisión, debiendo entenderse que la Ordenanza se integra con el citado acuerdo municipal posterior que es debidamente publicado. Así pues, la utilización de este sistema de integración de la Ordenanza con el citado acuerdo municipal posterior garantiza que en la fijación de los concretos umbrales no se superan los límites legalmente establecidos, precisamente, porque se tienen en cuenta los datos reales del Padrón de IBI, sin que, por tanto, pueda formularse ningún reproche formal ni sustantivo a la Ordenanza así integrada. 2.- Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27 de diciembre de 2010 fue aprobada una nueva Ordenanza fiscal del mismo impuesto (BOCM 311 de 30 de diciembre de 2010). Su art. 8.3 establecía el tipo de gravamen diferenciado y relacionaba los umbrales que corresponden a los distintos usos, pero agregaba: Dichos umbrales tiene el carácter de provisional, quedando definitivamente fijados con ocasión de la aprobación del Padrón del impuesto en cada anualidad. El tipo de gravamen diferenciado sólo podrá aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles de naturaleza urbana del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. Esta redacción fue anulada por la Sala en distintas sentencias (275/2019, de 6 de mayo, rec. 375/2018 ; 341/2019, de 30 de mayo, rec. 710/2018 ; 408/2019, de 27 de junio, rec. 301/2018 ; 413/2019, de 2 de julio, rec. 493/2018 ; 666/2019, de 15 de noviembre, rec. 746/2018 ; 777/2019, de 23 de diciembre, rec. 661/2018 ; 15/2020, de 13 de enero, rec. 1027/2018 ; 104/2020, de 10 de febrero, rec. 1267/2019 , y 127/2020, de 19 de febrero, rec. 1540/2019 ). El fundamento de la nulidad consistía en que el texto de la norma habilitaba al órgano administrativo que debía elaborar el padrón del impuesto (la OTAF) para decidir por sí mismo, dentro del intervalo comprendido entre el cero y el 10%, el porcentaje de contribuyentes que han de soportar la mayor carga fiscal, otorgándole, con ello, potestades normativas de las que carece. 3.- En sesión plenaria de 19 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento aprobó la nueva modificación del art. 8 de la Ordenanza (BOCM 304, de 22 de diciembre de 2017). El artículo fijó en su número 4 los umbrales de valor de cada uso que estarían sometidos al tipo diferenciado, e incorporó este párrafo: En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. A tal fin, los valores a los que se apliquen tipos diferenciados según los usos, quedarán definitivamente fijados con ocasión de la aprobación del padrón del impuesto en cada anualidad. La modificación de la ordenanza fue anulada en sentencias 176/2021, de 21 de abril (rec. 128/2021 ), y 232 , 238 , 240 , 242 , 249 , 254 y 257/2021, de 18 de mayo (rec. 1228/2020 , 181/2021 , 129/2021 , 51/2021 , 127/2021 , 1162/2020 y 346/2021 ), 228/2022, de 5 de abril (rec. 1009/2021 ), entre otras, por persistir en el indicado defecto. La fundamentación fue la siguiente: [N]uevamente se delega a un momento posterior el establecimiento de los umbrales e incluso la determinación del porcentaje de cada uso al que deben aplicarse, previsiones normativas que quedan excluidas del preceptivo acuerdo plenario y son conferidas a un órgano técnico de la Administración municipal. En realidad, la limitación del 10% de inmuebles afectados no es necesario establecerla en la ordenanza, pues la impone el TRLHL. Su inclusión en la ordenanza es, por ello, inocua. Lo que ocurre es que la conjunción de la disposición relativa a que los umbrales han de concretarse con posterioridad y la expresa advertencia de que no deben superar el 10% permite interpretar que, a la hora de elaborar el padrón del IBI, la oficina técnica puede moverse con libertad dentro de ese porcentaje, lo que desde luego es opuesto a la ley. Debe observarse que no estamos ante la eventualidad de que, a causa de que el valor catastral no es conocido sino ya iniciado el curso del ejercicio impositivo, resulten inaplicables en la práctica los umbrales de la ordenanza porque el número de inmuebles afectados rebase el máximo del 10%. En tal caso no cabe duda de que el órgano tributario municipal se verá obligado a inaplicar el tipo diferenciado aun cuando se trate de inmuebles cuyo valor supere el umbral concretado en la ordenanza fiscal, dado que en otro caso se vulneraría el art. 72.4 TRLHL. Para realizar esta operación con toda evidencia deben recalcularse de alguna manera los umbrales en función de las más recientes valoraciones del catastro, siempre y cuando el Ayuntamiento pretenda alcanzar ese máximo del 10% de inmuebles con IBI diferenciado. Pero otra cosa es que al amparo de esta actividad se otorguen unas competencias que, a tenor de la propia redacción de la norma, otorgan libertad a la oficina recaudadora para fijar los umbrales y el porcentaje de inmuebles sujetos al tipo agravado. 4.- Por último, aquel párrafo ha sido modificado por el acuerdo de 20 de diciembre de 2019 (BOCM 306 de 26 de diciembre de 2019), pasando a tener la redacción objeto de este recurso indirecto. CUARTO.- Basta con comparar las modificaciones del precepto para advertir que el actual posee una diferencia sustancial que evita el riesgo que arrastró la nulidad de las dos anteriores. En primer lugar, el art. 8.4 dice ahora: "En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado se aplicarán en el marco de lo preceptuado en el artículo 72.4, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales". Por tanto, es imposible que aquel vulnere un artículo al que expresamente se remite. Segundo; los reproches que formula la recurrente recaen en realidad contra el art. 72.4 TRLHL. Este obliga al Ayuntamiento a establecer unos umbrales de valor de los inmuebles antes de conocer los valores actualizados, dado que la aprobación de la norma fiscal ha de preceder, obviamente, al devengo del impuesto e inicio del periodo impositivo del IBI, que coincide con el año natural (art. 75.1 y 2 TRLHL), y la comunicación al Ayuntamiento de los valores mediante el padrón catastral anual se produce una vez comenzado el año (art. 77.5). Esto posibilita que, en trance de practicar las liquidaciones y aplicar el tipo diferenciado a la luz de los nuevos valores facilitados por el Catastro, resulte que los inmuebles que rebasan el umbral sean más de ese 10%. Pero esta eventualidad no puede conducir a la inaplicación de un precepto con rango de ley ni a la nulidad de las ordenanzas que lo desarrollan. La Sala, en todo caso, solo dispone de la facultad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero en las mencionadas sentencias de esta Sección 1011/2008 , 656/2009 y 713/2009 resolvió a favor de la constitucionalidad de la norma , como así hizo el Tribunal Constitucional en el auto 123/2009, de 28 de abril, inadmitiendo la cuestión formulada por un Juzgado de lo Contencioso de esta capital. Tercero; precisamente en dicha cuestión de inconstitucionalidad fue suscitado el problema que late en el planteamiento de la recurrente. El ATC lo expuso del siguiente modo: Entiende el órgano judicial, en último lugar, que la aplicación del sistema de tipos diferenciados, en la medida que no puede tomarse sobre valores catastrales reales, permite una actuación arbitraria de los Ayuntamientos contraria al art. 9.3 CE , al actualizarse los valores catastrales todos los años mediante la aplicación del porcentaje fijado en la Ley de presupuestos generales del Estado que se publica a finales de diciembre, siendo de todo punto imposible que las ordenanzas puedan tomar en consideración los valores actualizados de cara a fijar el umbral de aplicación de los tipos incrementados. Además -añade- podría suceder que determinados valores que en un ejercicio no superaban el umbral máximo para la aplicación de los tipos incrementados llegasen a superarlo como consecuencia de la actualización, aplicándose esos tipos incrementados a inmuebles que en el momento de elaboración de la ordenanza no habían sido tomados en consideración. A lo que respondió: Este Tribunal ha reiterado, en lo que se refiere al principio de interdicción de la arbitrariedad del legislador ( art. 9.3 CE ), que la calificación de "arbitraria" dada a una Ley exige una cierta prudencia, toda vez que es la "expresión de la voluntad popular", por lo que su control de constitucionalidad debe ejercerse sin imponer constricciones indebidas al Poder Legislativo y respetando sus opciones políticas, centrándose "en verificar si el precepto cuestionado establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias" ( STC 45/2007, de 1 de marzo , FJ 4). Pues bien, hemos comprobado cómo la norma tiene una finalidad legítima y razonable, no establece discriminación de ningún tipo y las medidas adoptadas no son desproporcionadas, por lo que ahí debe de terminar nuestro análisis. En cualquier caso, además, una eventual actuación arbitraria de la Administración local en modo alguno convierte a la norma legal en arbitraria, siendo función de los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo controlar dicha actuación. Tampoco una eventual superación del umbral del valor que provoque una tributación agravada como consecuencia de la actualización de valores convertiría a la norma legal en arbitraria, pues esa actualización no es sino una consecuencia necesaria del paso del tiempo y, podemos decir también, el fruto de la exigencia constitucional de contribuir a los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada cual. Cuarto; el art. 8.4 de la ordenanza de Fuenlabrada, con la remisión al TRLHL, determina la restricción de las funciones del órgano gestor a la mera aplicación de la norma, por lo que priva a la OTAF de toda hipotética potestad normativa sobre el porcentaje de inmuebles gravados. Al prever el artículo que el tipo diferenciado recaiga sobre los inmuebles cuyo valor exceda el umbral pero siempre que de este modo no se sobrepase el 10% de bienes de cada uso, la intervención de la Gerencia de la Oficina es puramente mecánica y se reduce a comprobar si el número de inmuebles que superan el umbral rebasa ese porcentaje y, si es así, no cargar con la agravación a los que dentro de aquellos tienen menor valor. Con esta operación no se sustituyen los umbrales de valor de los usos, sino que se evita aplicar el tipo diferenciado si se advierte que se supera el límite que establece la ley. Esta finalidad de la norma la expresa con toda claridad la sentencia apelada transcribiendo otra del mismo Juzgado: La mera comparación del segundo párrafo que acabamos de reproducir [es decir, el actualmente vigente] con el correlativo de la Ordenanza en la redacción aprobada por acuerdo del Pleno Municipal de 19 de diciembre de 2017 [...], evidencia la superación de los inconvenientes que provocaron la nulidad de las anteriores redacciones pues ya no delega a un momento posterior y a un órgano técnico de la Administración municipal el establecimiento de los umbrales ni la determinación del porcentaje de cada uso al que deben aplicarse, sino simplemente la concreción, una vez recibido el Padrón del impuesto, de los inmuebles afectados por el tipo agravado por encontrarse incluidos en ese porcentaje del 10% con mayor valor catastral para cada uno de los usos, operación de carácter puramente matemático o automático, que excluye toda posible discrecionalidad o arbitrariedad por parte de dicho órgano municipal. [...] No supone obstáculo a la conclusión expuesta el hecho de que la Ordenanza tal como alega la parte recurrente no establezca de forma expresa ese porcentaje máximo del 10% puesto que el mismo se desprende de la remisión que efectúa al artículo 72.4 párrafo segundo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) [...] En consecuencia no advertimos contradicción entre la redacción del artículo 8.4 de la Ordenanza de 2020 y el artículo 72.4 del TRLHL, ni que los umbrales hayan sido aprobados arbitrariamente por órgano incompetente pues la Gerente del OTAF se ha limitado, mediante una operación automática, a aumentar los valores de algunos de los usos para ajustar el número de inmuebles gravados con el tipo superior al límite máximo del 10% para cada uso, lo que ha de determinar la desestimación del motivo de impugnación analizado. Y, quinto, el criterio de la sentencia apelada ya lo adelantaba esta Sala en muchas sentencias sobre la ordenanza, cuando indicaba que la reforma del año 2019 había salvado el vicio de nulidad que apreciábamos en las dos modificaciones anteriores ( sentencias 176/2021, de 21 de abril, rec. 128/2021 ; 240/2021, de 18 de mayo, rec. 1162/2020 ; 254/2021, de 18 de mayo, rec. 129/2021 ; 477/2021, de 14 de septiembre, rec. 195/2021 ; 520/2022, de 19 de julio, rec. 218/2022 , y otras). En definitiva, conforme al nuevo art. 8.4 de la ordenanza fiscal queda conjurado el riesgo que provocaban las anteriores versiones. Ahora la OTAF, cuando reciba el padrón del impuesto, debe limitarse a calcular si para cada uso el umbral de valor supera el 10% de inmuebles y en caso positivo solo aplicar el tipo diferenciado al 10% de inmuebles de mayor valor, tarea a la que con toda probabilidad también se limitaba antes su función aunque al amparo de unas normas que, literalmente interpretadas, hubieran permitido alterar dicho porcentaje. QUINTO.- Con el examen de la legalidad de la ordenanza cesa la competencia de este Tribunal en el actual recurso, pues carece de ella, por razón de la cuantía, para las cuestiones que interesan exclusivamente a la liquidación directamente recurrida ( art. 81.1 LJCA ). Basta con añadir que la congruencia de las sentencias no exige una minuciosa o exhaustiva respuesta del órgano judicial a todas y cada una de las alegaciones o argumentos que utilizan las partes, hasta agotarlas, sino una motivación razonable, coherente con las pretensiones deducidas, y de la que pueda desprenderse cuál es el criterio del juzgador y que este no es arbitrario, sino fruto de una concreta interpretación y aplicación del Derecho. En este caso es notorio que se dan estas condiciones en la sentencia del Juzgado, en particular considerando que gran parte de las ideas de que se vale la recurrente para atacar la ordenanza fiscal son más propias de la impugnación de sus precedentes redacciones y en su argumentación late en definitiva una disconformidad con el precepto legal que la norma municipal desarrolla".
Procede confirmar también la sentencia de instancia en cuanto a la imposibilidad de impugnar indirectamente algunos de los motivos invocados.
Por último hay que analizar el motivo específico que no fue tratado en nuestra sentencia previamente invocada consistente en que la Ordenanza recoge el uso de construcción Almacén-Estacionamiento que aglutina a más de 31.667 inmuebles urbanos de los 119.995 que componen el padrón catastral de IBI de urbana y por lo tanto el Ayuntamiento ha creado en la Ordenanza Fiscal un Uso de Construcción denominado Almacén-Estacionamiento en el que ha incluido más del 25% de los inmuebles del municipio. Indica que lo ha creado porque ninguno de los usos de construcción enumerados en el cuadro Anexo al RD 1020/1993 se corresponde con el uso de "Almacén-Estacionamiento" al que el art. 8.4 de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI asigna un tipo diferenciado, vulnerando el art. 72.4, la Disposición Transitoria Decimoquinta del RDL 2/2004 y la norma 20 del Anexo al RD 1020/1993. Impugna la sentencia al exigir esta que pruebe en qué afecta a su liquidación en concreto cuando ha de ser el órgano de gestión el que ha de demostrar que la creación de un nuevo uso con más de 30.000 inmuebles (27% del total de los inmuebles del municipio) no tiene incidencia alguna o repercusión en el número de inmuebles con uso "oficinas". Este motivo ha sido desestimado un Sentencia de la Sección nº 824, de 23 de diciembre de 2022, dictada en el Recurso de Apelación nº 809/2022, por lo que procede reproducir tal fundamentación, "Debemos partir de que la impugnación de dicha disposición general no abarca actos posteriores como los supuestamente emitidos por la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (en adelante, OTAF) concretando los umbrales de valor catastral para los distintos usos a efectos de aplicar el tipo diferenciado. Este es un acto administrativo posterior y autónomo de la ordenanza que, además, por tratarse de un acto y no de una disposición general, no puede ser objeto de impugnación indirecta a salvo que haya incidido directamente en la liquidación, lo que no hay ninguna prueba de que aquí ocurra. Por otra parte, la impugnación indirecta de una norma es admisible en cuanto su ilegalidad es determinante de la ilegalidad del acto de aplicación que se impugna de forma directa. Dicho de otro modo, solo es aceptable alegar a través de impugnación indirecta aquellos vicios de nulidad de la disposición general que han dado lugar al contenido del concreto acto de aplicación objeto del recurso contencioso ( SSTS de 2 de diciembre de 2015, RC 2352/2013 ; núm. 1129/2018, de 3 de julio , RC 1309/2017 , y 1266/2018, de 17 de julio , RC 516/2016 ). La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2007 (RC 344/2004 ) declara que "no cabe confundir un recurso directo contra una disposición de carácter general (lo que es un auténtico recurso contra la norma) con un recurso indirecto (que no constituye propiamente un recurso contra la norma sino contra su acto de aplicación, con base en la ilegalidad de aquélla; en este caso, la ilegalidad de la disposición no se esgrime como una pretensión autónoma sino sólo como un motivo de impugnación del acto)". Consecuentemente, la parte actora no posee la potestad de someter la ordenanza fiscal a un análisis general y abstracto de su legalidad, como podría hacer en caso de impugnarla directamente, sino que solo está legitimada para denunciar el concreto aspecto o norma de aquella que ha generado la ilegalidad de la liquidación. Por este motivo no es admisible cuestionar si la relación de usos que contiene la ordenanza en su art. 8.4 se ajusta o no a los establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, como obliga el art. 72.4 TRLHL. El uso del inmueble de la actora es el comercial, uso previsto en la ordenanza de Fuenlabrada y también en el cuadro de la norma 20 del anexo del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio , por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral. Por tanto, es indiferente para la apelante si, entre los usos que ha acogido la disposición municipal, figura otro que no guarda relación con el que es propio del inmueble del que es titular, pues esta circunstancia no le repercute desfavorablemente".
Por todo lo anterior, procede desestimar el recurso de apelación.
QUINTO.- La desestimación del recurso supone la imposición de costas al apelante pero con el límite de 1.000 euros por gastos de representación y defensa de la parte actora ( art. 139.1, 2 y 3 LJCA).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
