Sentencia Contencioso-Administrativo 852/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1659/2022 de 18 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Objeto y motivos del recurso de apelación.

1. Se recurre en apelación la sentencia n.º 421/2022, de 7 de octubre de 2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 26 de Madrid en el procedimiento ordinario n.º 357/2020, desestimatoria del recurso contencioso- administrativo interpuesto por D.ª Juliana contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la Resolución del Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, de 12 de noviembre de 2019, por la que se denegó su solicitud de regularización de la vivienda sita en la CALLE000, n.º NUM000, de Madrid.

2. El recurso de apelación se fundamenta única y exclusivamente en el error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- Sobre el error en la valoración de la prueba.

3. Para entrar a resolver el motivo del recurso de apelación convendrá que comencemos recordando que el artículo 14 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, estableció un régimen excepcional de alquiler de viviendas por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a favor de ocupantes, sin título suficiente, anteriores al 1 de enero de 2016.

4. Ello porque, conforme a la Exposición de Motivos, "[l]a situación económica de los últimos años ha supuesto, entre otras consecuencias, el aumento de personas en situación de riesgo de exclusión social, lo que aconseja limitar la medida del desalojo, siempre que, conforme a ley fuera posible. Para ello, se establece un nuevo régimen de alquiler de viviendas propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid habitadas sin título suficiente, en calidad de domicilio familiar permanente, con anterioridad al 1 de enero de 2016. Los interesados habrán de cumplir con determinados requisitos, entre ellos, los establecidos en el Decreto 19/2006, de 9 de febrero, por el que se regula el proceso de adjudicación de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid o normativa que le sustituya. Asimismo, las viviendas otorgadas en arrendamiento conforme a este régimen excepcional mantendrán su calificación como vivienda protegida".

5. Siendo de aplicación en este caso lo dispuesto en el artículo 14.Cinco.1 de la mencionada Ley 9/2015, de 28 de diciembre, entendemos necesario reproducir ahora su contenido:

" Artículo 14.

Régimen excepcional de alquiler de viviendas por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a favor de ocupantes sin título suficiente anteriores al 1 de enero de 2016.

(...)

Cinco. Condiciones generales

1. Para formalizar los contratos de arrendamiento, será condición inexcusable que el ocupante acredite, por cualquier medio válido en derecho, que la vivienda constituye su domicilio familiar permanente desde antes del 1 de enero de 2016. Asimismo, deberá acreditar que ha residido en dicho domicilio familiar permanente de manera continuada e ininterrumpida con anterioridad a la fecha citada por un plazo no inferior a un año.

En todo caso la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid realizará la correspondiente comprobación destinada a confirmar que la vivienda constituye el domicilio familiar permanente de la persona con quien se haya de suscribir el contrato".

6. La medida prevista en el artículo reproducido tiene, pues, un carácter excepcional para quienes acrediten, entre otros requisitos, el residir en la vivienda en cuestión desde antes del 1 de enero de 2016 de manera continuada e ininterrumpida por un plazo no inferior a un año anterior a dicha fecha, y siempre que concurran las restantes condiciones que se señalan en los apartados siguientes.

7. Con independencia de que la redacción del precepto es manifiestamente mejorable, lo cierto es que uno de los requisitos que han de cumplirse para obtener dicha regularización, consiste en acreditar que la vivienda constituye el domicilio familiar y se ha residido en ella de manera continuada e ininterrumpida al menos desde el 1 de enero de 2015. Así debe interpretarse la intricada redacción del precepto cuando exige residir en dicho domicilio antes del 1 de enero de 2016 y a continuación exige acreditar que constituía el domicilio familiar y residía de forma continuada e ininterrumpida " con anterioridad a la fecha citada por un plazo no inferior a un año".

8. No se trata de una fecha orientativa y aproximada sino, como la propia norma indica, una "condición inexcusable" que se constituye como un requisito temporal de previa ocupación sin cuya concurrencia no puede accederse a la regularización excepcional pretendida. Por ello, el incumplimiento de este requisito hace innecesario el análisis del resto de las condiciones impuestas por la norma.

9. De igual modo, cabe destacar que el precepto legal reproducido otorga a la Comunidad de Madrid, ejercida a través de su Agencia de Vivienda Social, la potestad de proceder, de manera excepcional, a regularizar la situación de las ocupaciones ilegales de viviendas sociales mediante la suscripción con los ocupantes de un contrato de arrendamiento. Como toda medida excepcional, para adoptar la misma se debe exigir con un mayor rigor la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos previstos en la norma, y, además, que no se incurra en causa de denegación.

10. Esta regularización excepcional se establece por Ley precisamente para dar respuesta a una urgente necesidad social, dado que la situación de crisis económica había abocado a muchas personas y familias a situaciones de riesgo de exclusión social. Y precisamente por ser muchas las familias afectadas, la Administración debe ejercitar esta potestad en cumplimiento estricto de la norma que la regula, como toda potestad discrecional, sin incurrir en arbitrariedad.

11. Esta Sala ya se ha pronunciado en diversas sentencias relativas al proceso de regularización de viviendas sociales ocupadas sin título; entre ellos, los previstos en el Decreto 25/1995, de 16 de marzo, o a nivel legislativo, en la Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y en la que aquí y ahora nos ocupa, la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Y es que, como se dijo también en la Sentencia de esta Sala, de 16 de junio de 2016 ( ECLI:ES:TSJM:2016:7225, FJ 2) " el derecho a una vivienda digna, conforme se expone en la resolución, no implica que esta haya de ser la ocupada por la recurrente, al margen de las prescripciones legales".

12. Situados en este contexto, en el presente caso, la Administración, primero, y la sentencia de instancia, después, consideran que la recurrente no ha acreditado suficientemente que residiera de manera continuada en dicho domicilio como " domicilio familiar permanente" desde al menos el 1 de enero de 2015, conforme requiere el art. 14.1 de la citada ley 9/2015, de 28 de diciembre.

13. Centrándonos en la sentencia de instancia, la misma analiza los distintos medios de prueba aportados por la recurrente para tratar de justificar el requisito controvertido. En concreto, en los fundamentos sexto, séptimo y octavo, la sentencia enumera pormenorizadamente y valora los distintos medios de prueba aportados por la actora junto con la solicitud inicial, tras el requerimiento de la Administración y con el recurso de reposición, respectivamente. Nos remitimos a los mismos para evitar reiteraciones innecesarias.

14. Y, como conclusión, la sentencia de instancia expresa en el fundamento noveno, in fine, que " era necesario cumplir el requisito temporal de estar ocupando la vivienda, como muy tarde, desde (el) 31 de diciembre de 2014, y no lo acredita en absoluto".

15. A combatir este resultado se dirigen los esfuerzos de la parte apelante, sosteniendo al efecto que la valoración probatoria es errónea porque:

-la sentencia de instancia utiliza una metodología contradictoria (pues los medios de prueba que echa en falta dependen también de la manifestación de conocimiento del interesado, al igual que parte de los aportados y a los que no se les ha dado valor por tal motivo); y

-los medios de prueba aportados acreditan suficientemente el cumplimiento del requisito controvertido y citando, en tal sentido, (i) la certificación del Jefe Accidental del Cuartel General del batallón de Cuartel General de la División de Castillejos, en la que consta que, desde el 14 de marzo de 2014, la recurrente tiene su domicilio a efectos de notificaciones en la CALLE000, n.º NUM000, de Madrid; (ii) la certificación del presidente de la comunidad de propietario de la CALLE000, número NUM000, de Madrid, de que la recurrente tiene la vivienda en el NUM000 desde el de enero de 2014; (iii) los recibos de pago de la cuota correspondiente a dicha comunidad de propietarios, de enero de 2015 a diciembre de 2016; (iv) los informes médicos emitidos entre 2013 y 2015 en los que consta la referida vivienda como domicilio de la actora; (v) la declaración jurada en el mismo sentido emita por tres vecinos de la CALLE000, número NUM000, de Madrid; y (vi) la póliza de seguro de asistencia familiar, con efecto desde el 1 de julio de 2012 pero tratándose de un documento emitido en fecha 8 de enero de 2020, en el que consta el NUM000 de la CALLE000, número NUM000, de Madrid, como domicilio de la actora y de su hija).

16. La Comunidad de Madrid opone que el recurso de apelación se limita a reproducir los argumentos de la primera instancia, que tampoco aduce ninguna infracción de la valoración probatoria realizada por la sentencia recurrida y que la parte apelante guarda silencio sobre los medios de prueba en que se ha basado aquélla para desestimar el recurso.

17. Dado que el único motivo del recurso de apelación se basa en el error en la valoración de la prueba, procede recordar el criterio rector en esta materia tal y como se formula, entre otras muchas, en la sentencia de esta Sala y Sección de 21 de julio de 2023 ( ECLI:ES:TSJM:2023:9482, FJ 4): " para ello conviene tener presente el principio de inmediación que rige la práctica de la prueba propuesta y admitida lo que hace que dicha valoración corresponda tan sólo al órgano sentenciador. Por tanto, la revisión de su actuación en tal sentido sólo puede llevarse a cabo cuando se denuncia en la apelación la infracción de las reglas sobre la carga de la prueba o bien cuando el juicio valorativo se revela de modo patente o manifiesto como erróneo, ilógico, arbitrario o irrazonable, o cuando conduce en su conjunto a resultados inverosímiles, pero no cuando del escrito de apelación se desprende el mero propósito de la parte apelante de sustituir con su propia valoración de la prueba la realizada por el Juzgador de instancia".

18. En cuanto a la falta de crítica de resolución apelada que se alega por la Comunidad de Madrid, el recurso de apelación no se limita a reproducir los motivos y alegaciones de su demanda, sino que ofrece argumentos dirigidos específicamente a combatir la ratio decidendi de la sentencia de instancia. Este óbice, por tanto, no puede ser acogido.

19. No obstante, la crítica a la valoración probatoria de la sentencia de instancia sí adolece del otro gran defecto advertido por la Comunidad de Madrid en su escrito de oposición y es el relativo a que se trata de una crítica sesgada, pues las alegaciones del recurso se centran en los diversos medios de prueba que, según la tesis que sostiene la parte apelante, avalarían el cumplimiento del requisito.

20. Al proceder de este modo no resulta desvirtuado el núcleo de la argumentación probatoria que se contiene en la sentencia de instancia, especialmente en cuanto a la consideración de dos medios de prueba que desvirtúan la tesis de la recurrente, tal y como se recoge en el fundamento jurídico séptimo, in fine: " en fechas posteriores, la solicitante señala otro domicilio en su Documento Nacional de Identidad con fecha de validez 21 de junio de 2027: domicilio en CALLE001, n.º NUM001.. de Madrid y en el volante de inscripción padronal expedido por el Ayuntamiento de Madrid el 13 de junio de 2019 en el que consta que la fecha de alta de la solicitante en la vivienda objeto de regularización por cambio de domicilio es el 3 de abril de 2017 ".

21. Por otra parte, sin resultar aclarados estos dos extremos tan relevantes y sin quedar despejadas las dudas correspondientes, entendemos que no cabe tachar de errónea la valoración probatoria de la sentencia de instancia, quedando reducidos los argumentos de la parte apelante al " mero propósito de la parte apelante de sustituir con su propia valoración de la prueba la realizada por el Juzgador de instancia".

22. Situación a la que coadyuva el hecho de que las alegaciones de la apelación se centren más en sostener una valoración alternativa y favorable a sus intereses de los distintos medios de prueba que enumera, respecto a la asumida por la sentencia de instancia, que a denunciar la infracción de las reglas y principios que rigen en esta materia y a los que antes se hizo alusión.

23. Como tales infracciones, únicamente cabría considerar la relativa a la eventual consideración dada a los distintos medios de prueba de la residencia y la invocación del art. 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a los recibos de pago de la comunidad de propietarios.

24. Ninguna de ellas, sin embargo, puede ser acogida.

25. En primer lugar, porque la propia parte apelante admite implícitamente la insuficiencia de los medios de prueba individualmente considerados y propone una valoración conjunta de los mismos (" aun pudiéndose valorar insuficiente alguna de estas pruebas por separado, en conjunto conforman un cuerpo probatorio completo y detallado", p. 8 del recurso de apelación).

26. En segundo lugar, porque esa valoración conjunta es la que también ha utilizado la sentencia de instancia para alcanzar la convicción que expresa en sus fundamentos, al descartar la relevancia de los distintos medios de prueba aportados por la interesada y concluir que no puede tenerse por acreditado el requisito controvertido al no aclararse las dudas generadas por la propia conducta de aquélla -domicilios indicados en el DNI y el padrón municipal-.

27. En tercer lugar, porque la interpretación jurisprudencial del art. 326 de la LEC avala la interpretación realizada por la sentencia de instancia de los justificantes de pago de la comunidad de propietarios, pudiendo traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2017 ( ECLI:ES:TS:2017:2923, FJ 4): " El carácter de prueba legal o tasada de los documentos, que vincula al juzgador cuando sea auténtico, sólo se produce respecto de los datos que expresa el Art. 319 LEC para los documentos públicos, y que es también aplicable a los documentos privados de conformidad con el Art 326.1 LEC , es decir, en lo que se refiere al hecho, acto o estado de cosas que documenten, la fecha en que se produce esa documentación y la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella, pero no constituyen prueba plena de su restante contenido, el cual queda sujeto a la libre valoración del Tribunal con las restantes pruebas practicadas".

28. Al margen de las dudas que la sentencia expresa en cuanto a su fuerza de convicción (forma manuscrita, fácil manipulación, falta de explicación de su aportación junto con la solicitud inicial o tras el requerimiento), lo cierto es que tales recibos no resultan suficientes per se para acreditar la residencia controvertida y tampoco permiten alcanzar tal resultado en conexión con el resto de las pruebas, por lo que no puede tacharse la valoración de la sentencia de instancia como ilógica, arbitraria, irrazonable o conducente a resultados inverosímiles.

29. Y, por último, porque no resulta trascendente la distinta consideración que, según la parte apelante, la sentencia de instancia atribuye al hecho de que la residencia constatada dependa de una simple manifestación de conocimiento del interesado en relación a los medios de prueba aportados y a los no aportados por la interesada. Según la parte apelante, la sentencia descarta por tal motivo la fuerza de convicción de los medios de prueba propuestos por la recurrente y, sin embargo, esa misma circunstancia concurriría en los que aquélla indica que no han sido aportados por la interesada y podrían haberlo sido para acreditar el requisito controvertido.

30. La parte apelante incide en tal extremo pero lo verdaderamente relevante en la argumentación de la sentencia de instancia es la facilidad probatoria que cabe predicar del requisito controvertido. Y en este punto, el razonamiento de la sentencia de instancia coincide plenamente con el expresado por esta Sala en anteriores ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia en la sentencia de esta Sala y Sección de 21 de julio de 2023 ( ECLI:ES:TSJM:2023:9482, FJ 5): " Debe recordarse que esta Sala tiene reiteradamente dicho [entre las más recientes, en Sentencia de 16 de diciembre de 2020 (Rec. Apel. 873/2020 ) con cita de otras anteriores desde 2008] que la residencia de una persona en una determinada vivienda deja un rastro de la misma, tanto en organismos públicos como en entidades privadas o entre particulares; y así, la permanencia en un determinado domicilio se puede deducir, por ejemplo, de la existencia de cuentas bancarias, de la contratación de obras, de los contratos de suministro de la vivienda (electricidad, teléfono, gas, etc.), de la pertenencia a asociaciones civiles y religiosas, de la domiciliación de recibos, de la utilización de centros de enseñanzas, de la realización de reparaciones o adquisición de enseres y mobiliario para el hogar, etc.".

31. El problema es que, aunque en este caso se han aportado por la interesada algunos de estos medios de prueba, los mismos no han sido suficientes para alcanzar la plena convicción por la Juzgadora de instancia sobre el cumplimiento del requisito en cuestión, sin que se aprecie en tal valoración ninguna de las infracciones relevantes en materia de prueba que permitirían su revisión.

32. Se desestima el motivo de apelación.

TERCERO.- Decisión del recurso.

33. Se desestima el recurso de apelación y, en consecuencia, se confirma la sentencia n.º 421/2022, de 7 de octubre de 2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 26 de Madrid en el procedimiento ordinario n.º 357/2020.

CUARTO.- Costas.

34. Se imponen a la parte apelante las costas causadas en segunda instancia, al desestimarse totalmente el recurso y no apreciarse circunstancias que justifiquen su no imposición ( artículo 139.2 de la LJCA).

35. No obstante, en atención a la actuación profesional desarrollada, la Sala considera procedente limitar la cantidad que ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, por los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador, hasta una cifra máxima total de 800 euros, más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía fijada ( art. 139.4 de la LJCA).