Sentencia Contencioso-Administrativo 963/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 517/2021 de 21 de septiembre del 2023

PRIMERO: El presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la representación procesal de la CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MÉDICOS (CESM), se dirige contra la Resolución dictada por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, con fecha 27 de Enero de 2021, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto, por la hoy actora, contra la Resolución de la propia Subsecretaría, fechada el 28 de Octubre de 2020 (B.O.E. número 287 de 30 de Octubre próximo siguiente), por la que se convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

Pretende la Confederación Sindical recurrente la anulación y revocación de las resoluciones referenciadas por cuanto, a su juicio, las mismas son contrarias a derecho aduciendo, en apoyo de dicha conclusión y en esencia, que las mismas vulneran las previsiones contenidas en el artículo 10.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como, más esencialmente, el Real Decreto 581/2017, de 9 de Junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento y del Consejo, de 20 de Noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/UE relativa al Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales y el Reglamento ( UE) número 1024/2012 relativo a la Cooperación Administrativa del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) y el artículo 16.3 de la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, al admitir al proceso de selección de personal interino de referencia a aspirantes que no estén en posesión del título de especialista o no tengan reconocida una especialidad de las que forman parte del catálogo legalmente establecido al efecto, esto es una de las siguientes especialidades: Medicina de Familia, Medicina Interna o Psiquiatría.

La Abogacía del Estado, por su parte, interesó, la desestimación del presente recurso argumentando, en esencia, que la convocatoria para la contratación urgente de 40 funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria realizada por resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 28 de Octubre de 2020, hoy objeto de recurso, se enmarcaba en un contexto extraordinario y urgente, en el que era preciso reforzar de forma rápida, aunque previsiblemente limitada en el tiempo, la atención médica a los internos y al personal de Instituciones Penitenciarias que prestaba servicios en los Centros Penitenciarios durante la pandemia por COVID-19, ajustándose a las previsiones contenidas en el Real Decreto-Ley 463/2020, de Declaración del Estado de Alarma, y las Órdenes que en desarrollo del mismo dictó el Ministerio de Sanidad (Departamento Ministerial que, dicho sea de paso, fue nombrado "autoridad competente delegada" tanto en su propio área de responsabilidad como en las áreas de responsabilidad que no recayeran en la competencia de alguno de los Ministros a quienes también se consideró "autoridad competente delegada" (Defensa, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) ( artículo 4 del Real Decreto-Ley 463/2020).

SEGUNDO: Para la adecuada resolución de la cuestión objeto del presente proceso es necesario tener presente que la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, fechada el 28 de Octubre de 2020 (B.O.E. número 287 de 30 de Octubre próximo siguiente), por la que se convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, hoy objeto de recurso, se dictó al amparo de lo dispuesto en el artículo 19.cuatro de la Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y en la Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Público, de 17 de Noviembre de 2010, presentándose expediente de solicitud de autorización para el nombramiento de funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 c), del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que fue autorizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública con fecha 20 de Octubre de 2020; remitidas posteriormente las Bases del proceso selectivo a la Dirección General de la Función Pública, fueron informadas favorablemente el día 22 de Octubre de 2020 al considerarlas adecuadas a la normativa vigente, que no es otra que, en efecto, el artículo 10 del indicado Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen normas para la selección de personal funcionario interino o la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal de 17 de Noviembre de 2010.

Este proceso de selección y nombramiento de personal facultativo interino, convocado por la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, fechada el 28 de Octubre de 2020 (B.O.E. número 287 de 30 de Octubre próximo siguiente), hoy objeto de recurso, se fundamenta, al igual que ya lo hiciera la convocatoria efectuada por Resolución de 20 de Marzo de 2020, en la implementación y desarrollo del Programa de emergencia sanitaria COVID-19, señalándose expresamente en su Preámbulo que la convocatoria en cuestión se efectuaba: "considerando los especiales requerimientos de personal médico derivados de la COVID-19, que exige una respuesta inmediata de incremento del número de efectivos facultativos, y el resto de normativa vigente en la materia", estableciéndose como único requisito para participar en la misma el estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía o que poseer la certificación que habilita para el desempeño de las funciones de médico general en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b) del Real Decreto 853/1993, de 4 de Junio, asíŽ como cualquier otro de los títulos, certificados o diplomas previstos en los apartados "c" y "d" de dicho artículo.

Se disponía, asimismo, que los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberían acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, aunque este requisito no es de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.

De estas concretas previsiones no ofrece duda alguna que la convocatoria objeto de recurso responde a una circunstancia muy excepcional y urgente, a saber, la necesidad de afrontar emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID- 19 en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias. No cabe la menor duda, por consiguiente, de que concurren las circunstancias de necesidad y urgencia exigidas por la norma para que pueda acudirse a la contratación de funcionarios interinos.

Las necesidades de urgencia y necesidad se encuentran, en definitiva, expresamente justificadas en la propia resolución de convocatoria, publicada en el BOE del 30 de octubre de 2020.

Efectivamente, tal y como señala la Administración actuante en la Resolución de fecha 27 de Enero de 2021 también objeto de recurso, las repercusiones de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, sin parangón en la historia reciente, han supuesto un reto para toda la sociedad al exigir una respuesta sanitaria acorde a la gravedad de la enfermedad, para lo que ha sido imprescindible el incremento del número de efectivos sanitarios y en el caso que se analiza, más concretamente médicos, en todos los ámbitos sanitarios, incluido el penitenciario, de modo que la exoneración del requisito de titulación de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna o Psiquiatría que se exige para participar en los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, encuentra su razón de ser en la propia esencia de la convocatoria, el carácter temporal de los nombramientos (1 año, prorrogable) y el contexto en que se producen.

No puede obviarse que el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incluyó una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

En su artículo 12, bajo la denominación "Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional", se establecieron las siguientes medidas:

"1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.

3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo.

4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.

5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada".

Tras la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, se dictó la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que posibilitó la contratación de estudiantes del Grado de Medicina, personal médico jubilado, sin especialidad o con especialidad no reconocida; en la misma línea, el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de Septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 19, autorizando asimismo la contratación por las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de aquellas personas con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, de forma que la convocatoria impugnada cumple escrupulosamente también esta normativa, mucho más cuando a pesar de que no se exigen, como requisito sine qua non, las titulaciones de las especialidades antecitadas (Medicina de Familia, Medicina Interna o Psiquiatría), las mismas son puntuadas como méritos formativos, con lo que a los aspirantes especialistas que quieran acceder a estas plazas se les valora de forma positiva su tenencia, lo que supone un plus indiscutible frente a los que no lo son.

El objetivo de la Orden SND/232/2020 era desarrollar las previsiones contenidas en el artículo 12 del Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo, estableciendo una serie de medias en materia de recursos humanos que habrían de desarrollar las Comunidades Autónomas en su territorio y que trataban de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por el virus COVID- 19.

Así, se prevé la posibilidad de distintas medidas tales como la contratación de aquellos profesionales sanitarios que en la Convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el acceso en 2019 a plazas de Formación Sanitaria Especializada que, a pesar de haber superado la referida prueba no obtuvieron plaza por no existir número de plazas suficientes.

Se prevé también que se puedan incorporar de manera inmediata a los servicios de Salud de las Comunidades Autónomas todos aquellos profesionales sanitarios pendientes de realización de prácticas o formación, por decisión del Comité de Evaluación o tras la superación de la parte teórica de las correspondientes pruebas teórico-prácticas, según lo regulado en el Real Decreto 459/2010, de 16 de Abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

Así mismo, se prevé que los profesionales sanitarios jubilados podrán incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las Comunidades Autónomas compatibilizando el disfrute de la pensión de jubilación con la prestación de servicios en los centros sanitarios, priorizando la ubicación de los mismos en Atención Primaria, así como que los profesionales sanitarios nombrados como eméritos por las Comunidades Autónomas pudieran, voluntariamente, prestar servicios asistenciales.

Por su parte, la Orden SND/299/2020, de 27 de Marzo, a la vista de la gravedad de la situación derivada de la pandemia en su fase inicial, que obligó incluso a una medida tan grave como la confinación de toda la población en sus domicilios y que amenazaba con colapsar el Sistema Nacional de Salud, vino a reforzar las medidas excepcionales recogidas en la Orden SND/232/2020, dictada sólo una semana antes y que se modifica, permitiendo la prórroga de la contratación de los profesionales en su último año de formación de ciertas especialidades, así como la contratación, con carácter excepcional y transitorio de profesionales que ostentando el título de Grado, Licenciado o Diplomado, y que carecían aún del título de especialista, para la realización de funciones propias de una especialidad en los algunos casos, modificando a estos efectos el párrafo 1.a) del apartado tercero de la Orden SND/232/2020:

"1. Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación de aquellas personas con grado, licenciatura o diplomatura, y que carecen aún del título de especialista, para la realización de funciones propias de una especialidad en los siguientes supuestos:

a) Profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 y 2019/2020 de formación sanitaria especializada.

Los profesionales, de cualquier titulación, que realizaron las pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 2019, a plazas de formación sanitaria especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza, podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

El contrato que se suscriba tendrá una duración de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.

Asimismo, se podrá contratar a los profesionales, de cualquier titulación, que realizaron las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada y que han superado la puntuación mínima en el ejercicio. Podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

El contrato que se suscriba tendrá una duración de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses, y se extinguirá en el momento en que el profesional resulte adjudicatario de plaza."

En resumidas cuentas, la convocatoria para la contratación urgente de 40 funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria realizada por resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 28 de Octubre de 2020, se enmarca en un contexto extraordinario y urgente, en el que era preciso reforzar de forma rápida, aunque previsiblemente limitada en el tiempo, la atención médica a los internos y al personal de Instituciones Penitenciarias que prestaba servicios en los Centros Penitenciarios durante la pandemia por COVID-19.

En este contexto vieron la luz el Real Decreto-Ley 463/2020, de declaración del estado de alarma, y las Órdenes que en desarrollo del mismo dictó el Ministerio de Sanidad (Departamento Ministerial que, dicho sea de paso, fue nombrado "autoridad competente delegada" tanto en su propio área de responsabilidad como en las áreas de responsabilidad que no recayeran en la competencia de alguno de los Ministros a quienes también se consideró "autoridad competente delegada" (Defensa, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) ( artículo 4 del Real Decreto-Ley 463/2020).

TERCERO: Una vez precisado lo anterior debe ponerse de relieve que, de seguir la tesis defendida por la Confederación Sindical recurrente, esto es, que toda convocatoria de plazas de personal interino de la profesión médica realizada por una Administración Pública, ha de limitarse, en cualquier caso y sin tener en cuenta circunstancia excepcional alguna como aquéllas a las que hemos aludido, a los profesionales que hayan terminado la especialización de que se trate ya que de lo contrario se vulneraría el artículo 10.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 16.3 de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, todas y cada una de las medidas sanitarias de refuerzo del personal sanitario adoptadas al amparo del Real Decreto-Ley 463/2020 y sus disposiciones de desarrollo serían nulas o anulables.

Las necesidades de personal sanitario en los Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, como ha puesto de relieve la Administración demandada, venían ya siendo acuciantes antes de que se declarase el estado de alarma.

En efecto, tal y como se indica en la resolución recurrida, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dispone en las Relaciones de Puestos de Trabajo de los Centros Penitenciarios de 492 dotaciones del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, de las que solo estaban ocupadas 287, por lo que existían 205 puestos vacantes (el 42 %), siendo la mayoría de imprescindible cobertura; en la actualidad varios Centros Penitenciarios no disponen de ningún efectivo de personal médico y en varios sólo hay uno.

La Administración Penitenciaria tiene la ineludible obligación de velar por la vida, integridad y salud de las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios, tal como proclama el artículo 3.4 de Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria. La gestión del servicio sanitario exige una asistencia sanitaria, tanto en régimen ordinario como de urgencias, que abarque las 24 horas del día, 365 días al año.

Desde el año 2008 hasta el 2019, la Administración Penitenciaria ha contado con 180 plazas asignadas al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria en las Ofertas de Empleo Público, cubriéndose únicamente 81.

Como fiel y cercano ejemplo de lo dicho, cabe mencionar que en ejecución de la OEP de 2019, por Resolución de 17 de Enero de 2020, de la Subsecretaria del Ministerio del Interior, se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, ascendiendo a 40 las plazas convocadas, en tanto que el número de aspirantes presentados fue de 28, de los cuales superaron el proceso selectivo 6 candidatos.

Este gravísimo problema estructural, ciertamente, sólo hallará una solución definitiva en la transferencia de las competencias sanitarias en materia penitenciaria a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, corolario de la aún más aneja Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad, cuya Disposición Final Segunda, 4, ya dispuso la inclusión de la Sanidad Penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, pero en tanto que tales transferencias se produzcan, la Administración Penitenciaria ha de estar en condiciones de dotarse de los medios humanos precisos para garantizar a los internos puestos bajo su cuidado, una asistencia sanitaria del mismo rigor que la que disfrutan el resto de los ciudadanos del Estado.

De ahí que inmediatamente después de dictarse el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de Marzo, y la Orden SND/232/2020, de 20 de Marzo, la Subsecretaría del Ministerio del Interior (autoridad delegada en su ámbito propio de competencias) acordara mediante resolución de 20 de Marzo de 2020 y posterior de 28 de Octubre de 2020 hoy objeto de recurso, convocar 40 plazas de funcionarios interinos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria para su contratación por un plazo de un año para prestar servicio en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sin exigir para ello que los candidatos tuvieran ya el título de especialista, aunque por supuesto sin excluir del proceso a quienes lo tuvieran; no sólo eso, sino que aunque no se exige, como requisito de admisión, la titulación de alguna de las especialidades médica se recoge en la convocatoria como méritos formativos, con lo que los aspirantes especialistas que estuvieran interesados en acceder a alguna de estas plazas disponen de un mérito valorable frente a quienes carecen de la especialización.

Ciertamente el Ministro del Interior, como autoridad delegada competente para velar por la salud de los internos y de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias destinados en los Centros Penitenciarios, disponía de plena competencia para convocar las plazas de funcionarios interinos del Cuerpo de Facultativos de Sanidad Penitenciaria sin exigir como requisito para la admisión el que los interesados estuvieran en posesión del título de la especialidad de Medicina de Familia, Medicina Interna o Psiquiatría, en aplicación de la normativa especial/excepcional dictada a raíz de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, y ante la necesidad urgente de reforzar la atención sanitaria en un entorno tan singular como son los Centros Penitenciarios, donde por razones de todo tipo podía razonablemente entenderse que el COVID-19 podría tener una especial incidencia, como así ha sido de hecho en algunos casos públicos y notorios.

No resulta proporcional sostener que las Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia en materia de sanidad, pueden contratar de forma excepcional y urgente a profesionales sanitarios que no tienen aún la especialidad para atender las necesidades derivadas de la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19 y que en cambio el Ministerio del Interior, del que depende la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y sobre el que recae, por ende, la obligación de prestar asistencia sanitaria inmediata a los internos y a los funcionarios en los Centros Penitenciarios, haya de limitar sus convocatorias a titulados o graduados con la especialidad concluida, por el mero hecho de no haberse dado cumplimiento aún por el Gobierno, por razones que se nos escapan pese a que se disponía de un plazo de 18 meses para hacerlo, a la previsión contenida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 18 de Mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (inclusión de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud), máxime teniendo en cuenta que este no cumplimiento obedece a rajones ajenas a las asistenciales, pues las necesidades de este tipo no difieren en la Sanidad Penitenciaria respecto de las que se advierten, en general, en el Sistema Nacional de Salud.

Por ello, no compartimos en absoluto la alegación de que la convocatoria en cuestión vulneró las previsiones contenidas en el artículo 10.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, puesto en relación con el artículo 16.3 de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, al admitir al proceso de selección de funcionarios interinos a aspirantes que no estén en posesión del título de especialista o no tengan reconocida una especialidad de las que forman parte del catálogo legalmente establecido al efecto (Medicina de Familia, Medicina Interna o Psiquiatría).

CUARTO: Tal y como se hace especial referencia en la Resolución dictada por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, con fecha 27 de Enero de 2021, hoy objeto de recurso, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, con anterioridad a la crisis de la COVID-19 existen antecedentes de varias Comunidades Autónomas que han procedido, ante la falta de los efectivos necesarios, a cubrir plazas vacantes de médicos con titulados carentes de la especialidad del puesto ocupado, mediante nombramientos por sustitución.

En este sentido cabe reseñar, entre otras, así, la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 25 de Julio de 2017 (apelación 99/2017), en relación con el Servicio Murciano de Salud, en la que la Sala actuante señala expresamente: " Es decir, en determinadas circunstancias la Administración puede nombrar personal estatutario temporal a quien carezca de la correspondiente especialidad; ahora bien, el nombrado debe saber que para ejercer como especialista y ocupar un puesto de trabajo con tal denominación debe estar en posesión del título correspondiente a la especialidad; de no poseerlo, se enfrente a la posibilidad de que las causas de su nombramiento desaparezcan tan pronto como pretenda su puesto quien ostente la especialidad", reiterando que " por razones de urgente necesidad se le nombró provisionalmente hasta que hubiera candidatos especialistas en la bolsa de trabajo, o fuera reclamado por un especialista (...)".

En supuesto similar, el Servicio Andaluz de Salud ha recurrido a personal facultativo médico carente del título de médico especialista, nombrado eventualmente con la especificación de que cesaría en el desempeño de la referida plaza al cumplirse el término fijado o cuando en la mesa de contratación de la correspondiente Gerencia estuviera disponible, a efectos de designación también temporal, otro facultativo médico que poseyera título de especialista. Con referencia a este supuesto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Octubre de 1996 (casación unificación doctrina 3239/1995) resolvióŽ: " Es hora de decir que la Sala, con relación a la cuestión antes expuesta, ya ha atendido la finalidad unificadora a que responde la instauración de este extraordinario y excepcional recurso, sentando línea jurisprudencial al respecto, manifestada en Sentencias de 22 diciembre 1995 , 21 mayo y 26 julio 1996 . Según tal limnea jurisprudencial, que ahora se reitera, es conforme a derecho la condición impuesta en nombramiento temporal para plaza de médico especialista, efectuado en favor de quien no poseyera el título de la especialidad correspondiente y en momento en que no existía aspirante alguno que lo tuviera, según la cual tal nombramiento dejaría de producir sus efectos cuando para la misma plaza se hiciera nuevo nombramiento, aún también temporal, que recayera en médico que estuviera en posesión del título requerido para la misma."

En idéntico sentido se pronuncian la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 7 de Marzo de 2018 (recurso apelación 44/2017), que reconoce en el recurso resuelto: "el nombramiento efectuado en su momento se hizo por razones de excepcional urgencia ante la falta de personal interino con la especialidad, y con el fin de garantizar a toda costa el servicio sanitario, y estando sujeto, como causa de cese, a la finalización de la situación de urgencia o necesidad (...)", también la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 9 de Marzo de 2017 (apelación 13/2017), que, tras aseverar que al interesado "por razones de urgente necesidad se le nombró provisionalmente hasta que hubiera candidatos especialistas en la bolsa de trabajo, o fuera reclamado por un especialista [...]", anula la Sentencia apelada "por infringir la legislación al otorgar preferencia para ocupar una plaza para la que se exige el título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria a un facultativo que carece de tal especialidad, frente a uno que sí posee dicho título", por lo que, sensu contrario, viene a reconocer que la vulneración se produce no por proveer una plaza de especialista con un titulado carente de la misma (entendiendo acreditadas las excepcionales razones de urgencia en el servicio), sino porque, concurriendo al proceso un médico con la referida especialidad, no se otorga la plaza a la persona que puede y debe desempeñarla, que ve decaer su derecho frente a otro sin el mérito correspondiente.

Es por ello, en definitiva, por lo que, con desestimación de la alegación analizada y en unión a lo expuesto en los Fundamentos precedentes, procede desestimar el presente recurso contencioso-administrativo, confirmando con ello las resoluciones que han sido objeto del mismo.

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la redacción que del mismo efectúa la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal, procede imponer las costas del presente recurso a la parte actora pues sus pretensiones han sido totalmente desestimadas y no se aprecian circunstancias que, de contrario, justifiquen su no imposición si bien, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4 del propio precepto reseñado, esta imposición de costas se efectúa hasta un máximo de 1.500 Euros, más el IVA correspondiente, por todos los conceptos comprendidos en ellas, atendiendo a tal efecto a las circunstancias y complejidad del asunto, a la actividad procesal desplegada y a la dedicación requerida para su desempeño.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española