Sentencia Contencioso-Administrativo 977/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 716/2018 de 28 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Objeto del recurso.

El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra la ORDEN nº 1031/18 de fecha de 9 de octubre de 2018 del VICECONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D.ª Pura contra la Orden nº 856/18, de 20 de agosto, del Viceconsejero de Sanidad, por la que se se estima parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la ahora parte recurrente, reconociéndole una indemnización de SEIS MIL EUROS (6.000.-euros) (R.P. 110/18 SIPARP 8758).

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

Solicita la parte actora que se dicte sentencia por la que acuerde:

1º ESTIMAR este recurso contencioso-administrativo.

2º Declarar no conforme a derecho y anular la resolución administrativa de fecha 20 de agosto del año 2018 y la resolución de 15 de octubre del año 2018 (fecha en la que se desestima el recurso de reposición interpuesto).

3º RECONOCER el derecho de DOÑA Pura a una indemnización en la suma de 400.000 EUROS más el interés legal del dinero, cuyo abono se ha de condenar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a la Compañía de Seguros Zurich de forma solidaria con los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro correspondientes

4° Con imposición de costas a los codemandados.

Tras delimitar el objeto del recurso y los antecedentes señala que la resolución de 15 de octubre de 2018 y la anterior de 21 de agosto de 2018 que la confirma considera acreditada la realidad del daño. Señala que sigue precisando nutrición parental, situación que persistirá mientras viva. Además, señala que ha sido declarada en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo por resolución del INSS de fecha 9 de octubre del año 2017.

Denuncia que en la situación actual la demandante no solo no puede comer, tampoco realizar trabajo alguno, estando impedida para realizar las actividades de su vida diaria, viéndose obligada a portar dos aparatos de por vida y padece dolores abdominales crónicos insoportables, habiéndole quedado una exigua pensión de 514,80 €/mes para vivir. Indica que se considera que no se ha aportado prueba que acredite mala praxis, entendiendo que a la vista de la Historia clínica de la paciente, la asistencia sanitaria fue conforme a la lex artis, afirmación que no es cierta a la vista de los propios informes que aparecen en el expediente.

La parte actora se refiere al tratamiento seguido hasta la intervención quirúrgica y al cuadro clínico previo a la intervención y afirma que es claro y no es controvertido que los antecedentes de la paciente suponían un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía que se le propone, y sin embargo, dichos riesgos jamás fueron comunicados a la paciente.

Respecto del consentimiento informado, se afirma que se trata de un documento de consentimiento para la intervención de histerectomía en el que además de no constar los datos personales del facultativo que practicó la intervención, cuyo nombre a día de hoy se desconoce, no se señala un solo dato referente a las complicaciones o riesgos que pudieran surgir a partir de la misma, lo que es más que reprochable teniendo en cuenta que los facultativos denominan de muy alto el riesgo en la intervención a la vista de los antecedentes de la paciente.

De hecho consta un párrafo: "Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones añadidas dada mi patología asociada de ..." constando dicho hueco en blanco. Denuncia que en el consentimiento ningún riesgo o complicación se le detalla derivado de su patología asociada (de hecho, dicho renglón, de "riesgos específicos", se encuentra vacío, en blanco).

Considera que todos los facultativos conocían los riesgos implícitos de la intervención ante los antecedentes de la paciente, menos ella misma, dado que NUNCA FUE INFORMADA de la posibilidad de las complicaciones surgidas, ni del riesgo que suponía esa intervención.

Se trata de una intervención programada, no realizada de urgencia. Afirma que de haber tenido conocimiento de éstas, simplemente no se habría sometido a este tipo de operación, habiendo considerado una segunda opinión y la posibilidad de cualquier otro tratamiento. Entiende que de esa posibilidad se ha privado a la paciente, quien ignoraba absolutamente esos riesgos tan graves y trascendentes para su vida, dado que ni puede comer ni trabajar nunca más, viéndose imposibilitada para realizar las actividades básicas de la vida diaria, y padece continuos dolores abdominales, por lo que tiene una pésima calidad de vida

Respecto del daño, afirma que fue diagnosticada el día 26 de julio de 2015 de obstrucción intestinal por síndrome adherencial y peritonitis plástica, siendo intervenida el mismo día, presentando en el postoperatorio íleo prolongado por la peritonitis, a causa de la cual sufre "Intolerancia oral por lo que requiere NPT domiciliaria desde verano de 2015, tolerando únicamente líquidos", situación en la que permanecerá durante toda su vida. Señala que se encuentra incapacitada para todo trabajo.

Se opone a la indemnización reconocida y realiza una valoración teniendo en cuenta de forma analógica el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación que tiene un carácter orientativo y solicita un importe total de 400.000 euros por los días de baja médica con hospitalización, días de baja impeditivos, secuela grave de nutrición parental, perjuicio moral por pérdida de calidad de vida muy grave, perjuicio estético importante, lucro cesante y dolor crónico grave abdominal. Se refiere en su demanda a la responsabilidad patrimonial por mal servicio médico prestado con graves lesiones para la recurrente, y considera que ha existido en el presente supuesto una pérdida de oportunidad, dado que se ha privado a la paciente de una segunda opinión médica ante las gravísimas secuelas que le podía dejar la operación, que jamás le fueron explicadas, y de las que nunca se le informó. También la paciente podía haber decidido en ese caso no operarse, dado que no se trataba de un proceso neoplásico.

Respecto de la cuantía, se afirma que ignora el motivo por el que la Consejería valora el daño causado a la paciente en la nimia cantidad 6.000 €, ni que factores se han tenido en cuenta para conceder esa cantidad por los daños tan gravísimos que se han causado a la paciente.

En su escrito de conclusiones, la parte actora insiste en que no es un hecho controvertido que hubo una absoluta ausencia de información y que tampoco es controvertido el nexo causal por cuanto que el daño de la demandante es causa directa de la intervención a la que fue sometida sin haber sido sometida de los riesgos de la misma. Considera que la complicación surgida fue una consecuencia de una intervención practicada con una técnica quirúrgica que no fue asumida libre y voluntariamente por la recurrente. Afirma que ha quedado acreditado que los daños se valoran en una cantidad muy superior a la reconocida de modo aleatorio sin tener en cuenta las gravísimas secuelas padecidas que lleva a cabo la Administración demandada. A la vista de la prueba practicada asume la valoración efectuada por el perito designado judicialmente que asciende a un total de 294.333,88, a los que hay que restar la cantidad de 6.000 euros abonados, por lo que procede un total de 288.333,88 euros más intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

La Comunidad de Madrid solicita que se dicte sentencia desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto.

Defiende la resolución impugnada por cuanto que entiende que la indemnización por el defecto de información es adecuada, puesto que la intervención quirúrgica fue con conforme a la lex artis. Así lo señala el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, que afirma que "la asistencia sanitaria prestada fue irreprochable desde el punto de vista de la lex artis". Alega que exceptuando el defecto en la información suministrada para la firma del consentimiento, no hay un daño antijurídico ni una relación de causalidad entre la actuación de la Administración Sanitaria y los daños alegados. Entiende, por ello, que debe desestimarse la demanda y confirmar la resolución impugnada.

En su escrito de conclusiones, la Comunidad de Madrid defiende que el daño sufrido no es antijurídico en la medida en que la actuación médica se ajustó en todo momento a la lex artis. Insiste en que la indemnización por defecto en la información es adecuada, puesto que la intervención quirúrgica fue conforme a la lex artis.

La entidad codemandada ZURICH, en su contestación a la demanda, solicita que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, confirmando la resolución impugnada por ser conforme a Derecho.

Tras referirse a los hechos y a la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, señala que en este caso, faltan los requisitos que determinan la aparición de la responsabilidad patrimonial de la Administración en los términos solicitados por la parte actora.

Considera que de la instrucción del expediente patrimonial ha quedado acreditado que hubo un defecto en la información facilitada a la paciente que puede considerarse una vulneración a su derecho de información y que conlleva una indemnización por daño moral autónomo, pero nunca el daño físico. Ahora bien, respecto del resto de la asistencia prestada emtiende que fue absolutamente correcta en todo momento, no pudiendo estimarse responsabilidad patrimonial del manejo diagnóstico y terapéutico que se siguió en esta paciente. Afirma que el manejo diagnóstico y terapéutico de la paciente fue absolutamente correcto, ajustándose a la clínica que presentaba en cada momento, por lo que no procede indemnización alguna en este sentido.

Respecto a la afirmación relativa a que hubo un defecto en el manejo diagnóstico y terapéutico de la paciente, que determinó el alcance de los daños señala que no se acompaña de ninguna prueba y que al encontrarnos ante cuestiones absolutamente técnicas, resulta fundamental para su enjuiciamiento remitirnos a las pruebas periciales e informes técnicos emitidos. Señala que la cirugía se propuso en el momento en el que la clínica y circunstancias personales de la paciente lo aconsejaban teniendo en cuenta el balance perjuicio-beneficio, y siempre velando por la bienestar de la recurrente. Por otra parte, con respecto al supuesto cambio de técnica quirúrgica, no existe constancia documental de tal cambio. Por lo tanto, ninguno de los dos reproches que se recogen en la Demanda con respecto al manejo diagnóstico y terapéutico de la paciente son ciertos.

Sobre la información recibida por la paciente se indica que es un defecto indemnizable como daño moral autónomo y que la cuantía indemnizatoria fue adecuada teniendo en cuenta las particularidades del caso. Se refiere a la doctrina jurisprudencial que viene señalando que el defecto en materia de información cuando consta acreditado que la intervención quirúrgica fue correcta, únicamente implica el resarcimiento de un daño moral autónomo y distinto del daño físico.

Para el hipotético caso de que se estimara los motivos de la Demanda, y la procedencia de indemnizar en este caso los daños físicos, se opone a la excesiva cuantía solicitada por no estar debidamente justificada según se indica en el escrito de oposición. Finalmente, se opone a la imposición de intereses del art. 20 LCS, al considerar que no puede existir mora del asegurador mientras que nos e declare la existencia de responsabilidad patrimonial.

En su escrito de conclusiones la entidad codemandada afirma que la Resolución dictada en fecha 20 de agosto de 2018 por la Consejería de Sanidad es conforme a derecho al entender que se ha producido un daño moral a la paciente, al haber sido insuficiente la información suministrada en el documento de consentimiento informado. Respecto de los medios de prueba, y habiéndose practicado hasta tres periciales judiciales, señala que no consta prueba alguna que acredite la certeza de los hechos recogidos en su escrito de demanda. Considera que si bien existió un defecto en la información facilitada, la asistencia prestada fue en todo momento correcta y acorde a la LEX ARTIS AD HOC. Realizando una valoración conjunta de la prueba cabe concluir que la actuación médica fue correcta en todo momento, de conformidad con la lex artis, sin que exista daño alguno derivado de una supuesta mala praxis no acreditada. Defiende la ausencia del requisito de la antijuridicidad en el daño sufrido por la paciente toda vez que la actuación de los profesionales médicos ha sido acorde a la lex artis ad hoc. Tal y como explican todos los peritos, tanto el manejo diagnóstico como terapéutico llevado a cabo han sido correctos y adecuados a la clínica que presentaba la paciente. Finalmente, insiste en su oposición a la imposición de intereses.

TERCERO.-La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: la responsabilidad derivada de la asistencia sanitaria.

En cuanto a la responsabilidad de las administraciones públicas, hay que resaltar que con arreglo al artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público- los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, añade el apartado 2, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

El indicado precepto constituye el trasunto legislativo de la previsión contenida al respecto en el artículo 106.2 de la Constitución Española y configura el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que tiene como presupuestos o requisitos, conforme a una reiterada jurisprudencia, los siguientes: a) Que el particular sufra una lesión de sus bienes o derechos real, concreta y susceptible de evaluación económica; b) Que la lesión sea antijurídica, en el sentido de que el perjudicado no tenga obligación de soportarla; c) Que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y d) Que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, y no sea ésta consecuencia de un caso de fuerza mayor (por todas, STS, Sala 3º, de 10 de octubre de 1998, 14 de abril de 1999 y 7 de febrero de 2006).

Para que sea antijurídico el daño ocasionado a uno o varios particulares por el funcionamiento del servicio basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. En este caso no existirá deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable. Finalmente es requisito esencial para exigir dicha responsabilidad el que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, y no sea ésta consecuencia de un caso de fuerza mayor (por todas, STS, Sala 3º, de 10 de octubre de 1998, 14 de abril de 1999 y 7 de febrero de 2006).

Así, una vez acreditado el hecho dañoso debe analizarse si se produce la relación causal, siendo menester destacar que se trata de un concepto que se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, supuesto que cualquier acontecimiento lesivo se presenta normalmente, no ya como el efecto de una sola causa, sino más bien como resultado de un complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos de otros, dotados sin duda, en su individualidad, en mayor o menor medida, de un cierto poder causal. El problema se reduce a fijar entonces el hecho o condición que puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final. La tesis de la causalidad adecuada, comúnmente aceptada, consiste en determinar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, de tal forma que sólo en el primer caso, el resultado se corresponde con la actuación que lo originó, es adecuado a ésta, se encuentra en relación causal con ella y sirve como fundamento del deber de indemnizar. Esta causa adecuada o causa eficiente exige un presupuesto, una conditio sine qua non, esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o un evento se considere consecuencia o efecto del primero.

En concreto, en lo que hace a la responsabilidad derivada de asistencia sanitaria, la jurisprudencia ha matizado la aplicación del instituto en dicho ámbito poniendo de manifiesto al respecto, la STS, Sala 3ª, de 10 de mayo de 2005, recurso de casación 6595/2001, en su FJ 4º, que: "...como este Tribunal Supremo tiene dicho en jurisprudencia consolidada -y que, por lo reiterada, excusa la cita- el hecho de que la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas esté configurada como una responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Antes al contrario: para que haya obligación de indemnizar es preciso que haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño recibido, y que éste sea antijurídico, es decir: que se trate de un daño que el paciente no tenga el deber de soportar", debiendo entenderse por daño antijurídico, el producido (cuando) no se actuó con la diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc".

En consecuencia lo único que resulta exigible a la Administración Sanitaria " ... es la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en este tipo de responsabilidad es una indebida aplicación de medios para la obtención de resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente" ( STS Sección 6ª Sala C-A, de 7 marzo 2007).

En la mayoría de las ocasiones, la naturaleza jurídica de la obligación de los profesionales de la medicina no es la de obtener en todo caso la recuperación de la salud del enfermo, obligación del resultado, sino una obligación de medios, es decir, se obligan no a curar al enfermo, sino únicamente a dispensarle las atenciones requeridas, según el estado de la ciencia ( SSTS de 4 de febrero y 10 de julio de 2002 y de 10 de abril de 2003).

En definitiva, el título de imputación de la responsabilidad patrimonial por los daños o perjuicios generados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios de asistencia sanitaria, no consiste sólo en la actividad generadora del riesgo sino que radica singularmente en el carácter inadecuado de la prestación médica llevada a cabo, que puede producirse por el incumplimiento de la lex artis o por defecto, insuficiencia o falta del servicio.

A lo anterior hay que añadir que no son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido evitar o prever según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento que se producen aquéllos, de suerte que si la técnica empleada fue correcta de acuerdo con el estado del saber, el daño producido no sería indemnizable por no tratarse de una lesión antijurídica sino de un riesgo que el paciente tiene el deber de soportar y ello aunque existiera un nexo causal.

En la asistencia sanitaria el empleo de la técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si a pesar de ello causó el daño o más bien pudiera obedecer a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente.

Un aspecto relevante en materia de responsabilidad médica es la forma en que los tribunales valoran las pruebas practicadas en el procedimiento teniendo en cuenta que nuestro derecho les concede un amplio margen de libertad para valorar el acervo probatorio. La valoración se deja al prudente criterio del juzgador que debe ajustarse en definitiva a las más elementales directrices de la lógica humana o, como dice el artículo 348 de la LEC, a las reglas de la sana crítica.

Además del dictamen obrante en autos, se erige en elemento probatorio el conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones e información de cualquier índole sobre la situación clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial y que se recogen en la Historia Clínica, así como los protocolos y las guías médicas. Ha de tenerse en cuenta que si bien tanto el informe de la Inspección Sanitaria como el resto de los que obran en el expediente administrativo no constituyen prueba pericial en sentido propiamente dicho, sus consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen también un elemento de juicio para la apreciación técnica de los hechos jurídicamente relevantes para decidir la litis puesto que, con carácter general, su fuerza de convicción deviene de los criterios de profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de las partes que han de informar la actuación del Médico Inspector, y de la coherencia y motivación de su informe.

CUARTO.- Hechos relevantes que resultan de las actuaciones.

Para la resolución de la presente controversia, deben relatarse brevemente los principales antecedentes fácticos de los que trae causa.

1.- La ahora demandante, Dña. Pura de 57 años de edad, presentaba como antecedentes personales hipotiroidismo, dislipemia e hipertensión arterial y quirúrgicos de apendicectomía en 1981, quistectomía de ovario (no se especifica cual) en 1987, peritonitis por perforación intestinal en 1988, adhesiolisis en1993, vólvulo en 1994, legrado evacuador por abortos (hasta 5). De las intervenciones referidas cinco fueron laparotomías y cuatro de las mismas por patología del aparato digestivo. La reclamante se encontraba en seguimiento por el Servicio de Ginecología en el Centro de Atención Especializada Moratalaz con controles ecográficos realizados por el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón para valoración de endometriosis ovárica desde diciembre de 2010. Se realizaron controles ecográficos los días 14 de diciembre de 2010, 1 de marzo de 2012, 14 de noviembre de 2012, 18 de octubre de 2013, 11 de abril de 2014.

A la vista de los resultados observados en el control ecográfico del día 11 de abril de 2014, fue derivada a consulta del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde fue vista el día 29 de abril de 2014 por dolor comenzado meses antes, que había aumentado en las últimas semanas. El diagnóstico ecográfico mostró previo de útero miomatoso y tumoración anexial. En la misma se exploró a la paciente y se solicitaron pruebas complementarias.

El 20 octubre de 2014 la actora acudió nuevamente con resultados de ecografía: " en anejo derecho formación heterogénea con contenido puntiforme, tamaño total 50 x 27 posible teratoma/endometriosis (...)". Se propuso a la paciente cirugía por laparoscopia, anotándose en la historia que " se lo pensará".

El día 7 de mayo de 2015, la actora acudió para preparar la cirugía, porque, por problemas familiares, no había podido. Dado el tiempo transcurrido se solicitó nueva ecografía, analítica y marcadores. El 28 de mayo de 2015 acudió con resultados de ecografía: "(...) masa pélvica de origen anexial sin signos que sugieran malignidad (...)". Se propuso histerectomía abdominal con doble anexectomía. La demandante firmó el documento de consentimiento informado (folios 511 y 512).

2.- Con fecha 30 de junio de 2015 ingresó en el Hospital General Universitario Gregario Marañón para cirugía programada por masa anexial derecha sugestiva de teratoma ovárico derecho. En el momento del ingreso presentaba buen estado general. Estaba consciente y orientada. Presentaba buena coloración de piel y mucosas, se encontraba normohidratada. A la exploración ginecológica mostraba leve dolor a la palpación en fosa iliaca Izquierda. Cérvix de multípara, levemente doloroso a su movilización y útero discretamente aumentado de tamaño, como de 10 semanas, poco móvil.

Fue intervenida el día 1 de julio de 2015, bajo anestesia general, por vía abdominal. Los hallazgos intraoperatorios fueron: Útero atrófico, macroscópicamente normal, ausencia de anejo izquierdo debido a cirugía previa, anejo derecho empastado en Douglas, con formación nacarada de unos 5 cm, dura, dependiente de ovario derecho, Douglas obliterado por formación descrita y por sigma adherido a pared uterina posterior. Se practicó la técnica quirúrgica de adhesiolisis, histerectomía subtotal y anexectomía derecha con gran dificultad para extirpación del cérvix dados los hallazgos intraoperatorios.

El postoperatorio inmediato (primer y segundo día) cursó sin incidencias con abdomen blando y depresible, sin dolor a la palpación profunda y ruidos intestinales presentes. El tercer día postcirugía presentaba buen estado general, apirética y normotensa. A la palpación abdominal se apreciaba abdomen timpánico. Refirió no expulsión de gases, con ruidos intestinales escasos. Por tal motivo, se realiza TAC concluyéndose como:

" Neumoperitoneo en pelvis y pequeña cantidad de líquido libre algo más localizado en el espacio presacro, como lateraciones que pueden encontrarse en relación con el antecedente de cirugía reciente, ya que, para una perforación intestinal se esperaría identificar más liquido libre o signos de peritonitis. En todo caso, se recomienda valorar clínicamente. No se observa dilatación de as s, ni signos de obstrucción intestinal. Diverticulosis en marco cólico y sigma. Mínimo derrame pleural bilateral, mayor en el lado derecho. Quiste hepáticos simples milimétricos (...)". Juicio Clínico: íleo paralítico postcirugía.

El cuadro de íleo paralítico evolucionó favorablemente sin vómitos y sin necesidad de sonda nasogástrica. Aunque persistía distensión abdominal, iba mejorando progresivamente disminuyendo el timpanismo y auscultándose ruidos hidroaéreos. No dolor a la palpación abdominal. Blumberg negativo. A las 72 horas después de la intervención, la paciente comenzó con expulsión rectal de gases de manera espontánea.

El 7 de julio de 2015 presentó un cuadro súbito de dolor en flanco derecho con irradiación a cara anterior de muslo derecho que cedió con reposo y analgesia pautada, no requiriendo suplemento analgésico. Se le realizó ecografía de pared abdominal no evidenciándose imágenes de hernias.

Se inició tolerancia oral progresiva sin complicaciones, presentando la paciente buen estado general y permaneciendo apirética y normotensa. La herida quirúrgica se encontraba en buen estado y fue dada de alta por mejoría el día 14 de julio de 2015.

El 18 de julio acudió al Servicio de Urgencias por presentar diarrea acuosa postcirugía sin otros productos patológicos y dolor abdominal. A la exploración se apreciaba abdomen depresible y blando, doloroso en hipogastrio y fosas iliacas, herida en buen estado sin signos de infección, no supurativa. No signos de irritación peritoneal. Con el diagnostico de gastroenteritis de probable origen nosocomial fue dada de alta el 19 de julio de 2015.

3.- El 26 julio de 2015 la actora ingresó desde el Servicio de Urgencias refiriendo dolor, vómitos y ausencia de tránsito con empeoramiento progresivo. Se ingresó desde dicho Servicio por cuadro suboclusivo con progresión a oclusión franca, siendo intervenida en esa misma fecha. Se realizó adhesiolisis por laparotomía suprainfraumbilical encontrándose los siguientes hallazgos intraoperatorios: "(...) Peritonitis plástica, intenso síndrome adherencial, con adherencias firmes de asas intestinales a pared e interesas. Abundante cantidad de fibrosis de pared a asas intestinales, íleon con cambio de calibre atrapado en pelvis por tejido fibrótico entre la vejiga y el sigma. Se realizó intensa adhesiolisis, con varios puntos de deserosamiento y reparación con PDS4/0, perforación puntiforme en la disección reparada con sutura primaria con POS 4/0. Liberación de íleon, hemostasia, lavado y cierre (...)". En dicha intervención y, según informe del Servicio de Cirugía General, no se identifican lesiones postquirúrgicas a nivel intestinal ni urinario, produciéndose la obstrucción intestinal por la existencia de adherencias sobre las asas de intestino.

Durante el postoperatorio presentó íleo prolongado por la peritonitis plástica que requirió de nutrición parenteral.

Fue dada de alta el 15 de septiembre de 2015 en buenas condiciones generales, con buen control analgésico, sin fiebre, con nutrición parenteral domiciliaria y con tránsito adecuado,

4.- El 15 de noviembre de 2015 ingresó desde el Servicio de Urgencias por cuadro de obstrucción parcial. Se realizó TAC abdominal el 23 de noviembre que se informó como: "(...) sin evidencia de obstrucción intestinal."

El 24 de noviembre se realizó tránsito intestinal que confirmó los datos señalados anteriormente. Con el diagnóstico de "cuadro de obstrucción parcial" fue dada de alta el 7 de diciembre de 2015 con buen estado general, buen control del dolor y nutrición parenteral domiciliaria.

5.- Posteriormente la paciente acudió en diversas ocasiones al Servicio de Nutrición por infección del catéter de nutrición parenteral. La última consulta reflejada en la Historia Clínica fue en mayo de 2016 a fin de evaluar la posibilidad de realizar una ostomía para que la paciente pueda tener mayor ingesta oral.

6.- Por escrito presentado el día 1 de julio de 2016 en el registro del Área de Responsabilidad Patrimonial del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Da. Pura formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos en el tratamiento de un quiste de ovario por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

7.- Por resolución de fecha 14 de diciembre del año 2016, se le concede a la actora la incapacidad permanente total para la profesión habitual, posteriormente por resolución de fecha 10 de octubre de 2017 dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social dicha prestación fue revisada, concediéndosele a la recurrente la incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio, con el siguiente cuadro clínico residual:

"Histerectomía y anexectomía derecha por teratoma 07/2015. Posterior peritonitis plástica con cuadros suboclusivos intestinales. Nutrición parenteral por catéter central y nutrición enteral, portadora de gastroscopia desde 02/2017. Dolor abdominal crónico."

8.- Con fecha 20 de agosto de 2018, se dictó la Orden nº 856/18, de 20 de agosto, del Viceconsejero de Sanidad, por la que se se estima parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la ahora parte recurrente, reconociéndole una indemnización de SEIS MIL EUROS (6.000.-euros) (R.P. 110/18 SIPARP 8758) y que por ser ajustada a derecho se confirma en sus propios términos. Contra esta Orden se interpuso por la actora recurso de reposición con fecha 2 de octubre de 2018 que fue desestimado por la ORDEN nº 1031/18 de fecha de 9 de octubre de 2018 que el VICECONSEJERO DE SANIDAD, que es la resolución enjuiciada en este procedimiento.

QUINTO.- Pruebas practicadas.

Obra en las actuaciones el expediente administrativo, conformado por la historia clínica de la actora, así como diversos informes, entre los que cabe destacar el Informe, de 27 de junio de 2016, elaborado por el jefe de Sección de Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que concluye que " el síndrome adherencia es un cuadro clínico previo existente que podría reproducirse en cualquier intervención quirúrgica que se practicase sobre la cavidad abdominal, dados los antecedentes quirúrgicos de la reclamante".

Por su parte, el informe de 8 de septiembre de 2016, emitido por los jefes de Sección y Servicio de Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón aclaran, contestando a la solicitud formulada por el jefe de Servicio de Atención al Paciente, que la reclamante en octubre de 2014 decidió posponer la intervención y que no apareció a consulta hasta el día 7 de mayo de 2015 en la que comentó que no había podido acudir antes por motivos familiares, por lo que fue necesario realizar nuevo estudio ecográfico. El informe considera que la asistencia prestada a la paciente fue correcta y que "no existió precipitación alguna en el alta, que se produjo por mejoría clínica una vez solucionado el íleo paralitico posquirúrgico" e incide en que "tal y como se detalla en los hallazgos intraoperatorios, el extenso cuadro adherencia abdominal ya existía dado los antecedentes quirúrgicos de la paciente".

Consta asimismo informe del jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia emitido con fecha 9 de septiembre de 2016, en respuesta a todas las cuestiones planteadas por la interesada en su reclamación de responsabilidad patrimonial, en concreto a la cuestión relativa al porqué no se realizó antes la intervención quirúrgica y refiere que en las ecografías realizadas el 14 de diciembre de 2010, 1 de marzo de 2012, 14 de noviembre de 2012, 11 de abril de 2014 y 20 de octubre de 2014 los hallazgos observados eran compatibles con procesos benignos (endometriosis/teratoma) que por sí mismos no tienen indicación quirúrgica a no ser que se asocien a otra situaciones clínicas como esterilidad, dolor agudo, etc. y que se indicó el procedimiento quirúrgico al comprobar un aumento notorio de uno de los diámetros de la formación anexial ya conocida.

En el informe se considera que " Benignidad del proceso 1 Alto riesgo quirúrgico, se decide no intervenir basta que exista una clara indicación: el aumento del imano de la lesión. En ese momento la decisión se pone en conocimiento de la paciente, se informa do los posibles perjuicios que puedan surgir, en su caso muy incrementados por sus antecedentes, y se entrega y la paciente firma un consentimiento informado donde se explicitan todos estos términos". Señala que " Aun teniendo en cuenta la variabilidad biológica, pensamos que el riesgo de complicaciones postquirúrgicas no habría sufrido cambios sustantivos" y respecto de la actitud asistencial del servicio de Ginecología y Obstetricia, hace constar que:

* La actuación médica del Servicio se produce en base a protocolos de actuación validados por fa experiencia propia y las recomendaciones de entidades nacionales e internacionales. En este raso además, la decisión quirúrgica fue muy meditada y se tomó de manera colegiada por los miembros de la Sección y se tuvieron muy presentes los riesgos implícitos del caso.

* La actitud expectante estuvo más que justificada hasta que se produjo el aumento del tontito de la lesión que indicaba un procedimiento más agresivo.

* El estudio histológico de la pieza quirúrgica confirma la sospecha anterior de benignidad: Teratoma ovárico benigno.

* La intervención quirúrgica realizada por un ginecólogo con gran experiencia y habilidad del Servicio de Ginecología y Obstetricia fue correcta, no derivándose lesiones morfológicas de vísceras abdominales.

* El seguimiento postoperatorio y el tratamiento por el Servicio de Cirugía General son óptimos.

* Actualmente seguimos en contacto s través de las consultas con la paciente.

Comprendo la desagradable situación de Dña. Pura , pero creo que no es derivada de ninguna acción negligente por parte del Servicio de Ginecología y Obstetricia ni del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en su conjunto. "

Por su parte, el Informe de la Inspección Sanitaria de 29 de mayo de 2017 concluye que "no existe evidencia de que la asistencia sanitaria prestada ha sido incorrecta o inadecuada conforme a la situación clínica que presentaba la paciente en cada momento. Por otro lado, los abigarrados antecedentes quirúrgicos de la paciente suponían un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía. El Síndrome Adherencial puede reproducirse en cualquier intervención quirúrgica que se practicase sobre la cavidad abdominal y ha sido la causa de las complicaciones que se han ido produciendo."

Por la perito designada judicialmente Dra. Martina, Especialista en Obstetricia y Ginecología , se elaboró informe de fecha 7 de junio de 2021, en el que tras referirse a la documentación clínica aportada y revisada para realizar el peritaje, se resumen los hechos, se realizan consideraciones periciales y se alcanzan las siguientes conclusiones:

1.-Paciente con Antecedentes de Peritonitis Plástica y múltiples intervenciones previas, en la que se propone y decide Cirugía por Masa Anexial de Riesgo Intermedio, ante la presencia de dolor y crecimiento de masa en postmenopáusica, eligiendo la vía más adecuada: Laparotomia.

2.-Postoperatorio complicado, que se resuelve adecuadamente en la primera fase.

3.-Empeoramiento posterior, reingreso, reintervención y mala evolución acorde con la patología de la que la paciente es portadora.

4.-A pesar de las múltiples y dolorosas complicaciones que presentan, estas no pueden considerarse como secundarias a una mala praxis sino a la patología de la que desafortunadamente la paciente es portadora.

Constan en el procedimiento respuestas a preguntas formuladas en relación con su informe pericial, entre las que indica que " La historia clínica de la paciente en si misma ya incrementaba las posibilidades de complicaciones, que ciertamente son muy graves, pero para nada tienen que ver con el manejo de la misma tras la cirugía inicial." Se afirma que " Si estaba indicada la cirugía en el caso de la patología que presentaba la paciente" Y que " en base a sus antecedentes lo más adecuado era no intervenir salvo que la evolución del proceso lo aconsejase".

Finalmente, a requerimiento de la parte actora, se emitió informe médico pericial con fecha 9 de diciembre de 2021 por el perito designado judicialmente Dr. Ignacio, master en pericia sanitaria y valoración del daño corporal , en el que tras determinar el objeto de la pericia, las fuentes del informe, el estado anterior y la situación actual y exploración física, formula consideraciones médico-legales, y valora las secuelas y formula las siguientes conclusiones médico- legales:

" Primera: Que el objetivo de este Informe Pericial es la cuantificación del daño corporal, siempre que se estime por parte del juzgador del caso, que existe un nexo causal entre la intervención quirúrgica ale histerectomía y doble anexectomía realizada a la paciente en fecha 01/07/2015 y las posteriores complicaciones postquirúrgicas que dieron lugar a una peritonitis plástica-síndrome adherencia' intestinal.

Segunda: Que este perito, no entra a valorar ni determinar, si ha existido una "mala praxis" en el manejo del caso por parte de los especialistas que han tratado a la paciente.

Tercera: Que actualmente se derivan las siguientes secuelas por analogía con el Baremo de Ley:

.- Síndrome de malabsorción con necesidad de alimentación parenteral permanente (06014).

- Perjuicio estético importante (11004).

Cuarta: Que desde un punto de vista exclusivamente médico, se podría puntuar dicha secuela conforme Baremo-Ley 35/2015 con un total de 60 puntos de carácter funcional y 30 puntos de carácter estético.

Quinta: Se estiman los siguientes periodos de sanidad:

.- Perjuicio personal particular grave: 111 días.

.- Perjuicio personal particular moderado: 334 días.

Séptima: Se estima la existencia de perjuicio causado por intervención quirúrgica de grupo 5, 4 y 3, respectivamente.

Octava: Se considera la existencia de un perjuicio grave por pérdida de calidad de vida. "

Tras haber sido requerido para determinar la cantidad de las secuelas el perito rechazó tal petición por considerarlo un campo ajeno a la práctica médica y razona los motivos por los que ha determinado el perjuicio personal y por los que no ha podido calcular el lucro cesante.

Por la entidad codemandada, se ha aportado a este procedimiento Informe Médico Pericial emitido por Dª Raimunda, Especialista en Obstetricia y Ginecología , de fecha 11 de noviembre de 2020, en el que tras describir las fuentes del informe, resumir la historia clínica, referirse a la evolución durante el ingreso hospitalario, formula consideraciones médicas y analiza la práctica médica respecto a la tumoración presentada por la paciente, a la información facilitada y a la intervención realizada y posteriores complicaciones presentadas, y alcanza las siguientes CONCLUSIONES:

1. Dª Pura se encontraba en seguimiento por el Servicio de Ginecología en el centro de Atención Especializada de Moratalaz desde 2010. Desde dicho Servicio se solicitaban controles ecográficos para valoración de tumoración anexial (endometriosis vs teratoma ovárico).

2. Según documentación aportada, la paciente fue remitida a consultas de Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón el 16/12/2010 para valoración de tumoración ovárica, sin constar que el motivo de dicha derivación fuese la indicación de tratamiento quirúrgico.

3. Se realizaron controles ecográficos con fechas el 14 diciembre 2010, 1 marzo 2012, 14 noviembre 2012, 18 octubre 2013 y 11 abril 2014, siendo los hallazgos ecográficos observados en las anteriores ocasiones compatibles con procesos benignos de tamaño estable y manteniéndose la paciente asintomática, salvo en el control realizado con fecha 18/10/2013, en el que la paciente refiere molestias intensas. Se propone cirugía que la paciente rechaza.

4. Con fecha 20/10/2014, ante la presencia de sintomatología y aumento de tamaño de la tumoración, se propone nuevamente tratamiento quirúrgico. Queda reflejado en la historia clínica que la paciente se lo pensará

5. Transcurren 7 meses (mayo 2015), hasta que la paciente consulta nuevamente para preparar cirugía, aplazada según refiere la paciente por problemas familiares. Se propone histerectomía total con doble anexectomía.

6. Según se refleja en la Historia clínica y como documentación aportada a este perito, la paciente firma documento de Consentimiento Informado para la intervención quirúrgica propuesta con fecha 28/5/2015. En dicho documento se pone de manifiesto la elección de la via de acceso se realizará en el quirófano así como posible complicación de la intervención quirúrgica las lesiones intestinales.

7. Posteriormente y previo a cirugía, Dª Pura acudió nuevamente a consulta para resolución de dudas sobre la intervención.

8. Con fecha 1/7/2015 se realizó Histerectomía subtotal y anexectomía derecha vía abdominal con severa dificultad debido a múltiples adherencias de asas intestinales a pared por cirugías previas. Durante el procedimiento quirúrgico ginecológico no consta que ocurriese ninguna complicación / daño quirúrgico, a pesar de la dificultad que presentaba la intervención.

9. Los antecedentes quirúrgicos (apendicectomía, quistectomía ovario, peritonitis por perforación intestinal, adhesiolisis, vólvulo) que presentaba la paciente suponen un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía.

10. El síndrome adherencial se produce en la mayoría de los casos tras operaciones y son parte del proceso de cicatrización. Es más común en mujeres, por las adherencias abdominopélvicas.

11. Aunque la mayoría de las adherencias posquirúrgicas son silenciosas, son la causa m s frecuente de obstrucción intestinal en el mundo occidental correspondiendo al 40-60% de los pacientes postoperados y 60-85% comprometen al intestino delgado.

12. Ante la sospecha diagnostica de obstrucción intestinal (íleo paralitico), por parte del Servicio de Ginecología se solicitaron las pruebas complementarias para su confirmación diagnóstica (Rx y TAC abdomen) y se tomaron las medidas adecuadas para su correcta resolución.

13. El cuadro de Íleo paralitico evolucionó favorablemente sin vómitos y en aparente resolución sin necesidad de sonda nasogástrica.

14. Dª Pura fue dada de alta el 14/7/2015 con BEG, normotensa y apirética. Presentó buena respuesta al tratamiento analgésico. La herida quirúrgica se encontraba en buen estado. Presento buena tolerancia a dieta normal. Deambulación y autonomía para las actividades habituales.

15. La paciente fue reintervenida de urgencias por el Servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario Gregorio Marañón el 26/7/2015, realizando adhesiolisis laparotómica por peritonitis plástica e intenso síndrome adherencial No se identificaron durante la intervención la presencia de lesiones postquirúrgicas a nivel intestinal.

Y se alcanza la siguiente CONCLUSIÓN FINAL.

" De acuerdo a la información aportada a este perito, la asistencia médica prestada a Dª. Pura por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, SERMAS, fue acorde a la lex artis ad hoc" .

Constan en el procedimiento las aclaraciones formuladas por la perito designada por la entidad codemandada, en las que insiste en que " dada la situación que presentaba la paciente, la actitud expectante con seguimiento ambulatorio y solicitud de las pruebas complementarias anteriormente descritas, se considera el seguimiento adecuado en el caso que nos ocupa." Respecto de la intervención se " considera adecuada la propuesta realizada a la paciente" y que " no consta que en el procedimiento quirúrgico ginecológico ocurriesen complicaciones o daños intraoperatorios". Se señala que " el síndrome adherencial así como la obstrucción intestinal son complicaciones frecuentes en casos como el que nos ocupa", que el seguimiento poste-operatorio fue " adecuado" y que considera que "no ha existido mala praxis en la asistencia ginecológica prestada a Dª Pura."

SEXTO.- Praxis médica.

La primera cuestión que debe abordarse es la relativa a si, a la vista de las pruebas practicadas, puede apreciarse o no mala praxis respecto de la atención dispensada a la demandante en los términos en los que fue planteada en su escrito de demanda.

Sobre este particular debe darse respuesta a tres cuestiones que plantea la actora en su escrito de demanda y que analizan cumplidamente los informes elaborados en el marco de este procedimiento.

No puede admitirse que haya existido un retraso en el tratamiento de la patología de base que sufrió la actora. Consta en la historia clínica las numerosas visitas y pruebas que se le practicaron para realizarle un seguimiento estrecho de la patología ovárica que sufría. Han quedado expuestos y no se ha rebatido de forma consistente los motivos por los que inicialmente no se planteó el tratamiento quirúrgico, tomando en consideración, singularmente, los antecedentes de la actora y las posibles complicaciones que se podrían derivar de una intervención como la que finalmente se le practicó.

Por otro lado, se ha explicado porqué ante la sintomatología y el aumento del tamaño de la tumoración se propuso finalmente tratamiento quirúrgico que finalmente se llevó a cabo, lo que resultaba aconsejable a la vista de la evolución del proceso. Tampoco se ha aportado informe alguno para sustentar un manejo incorrecto de la cirugía que se le practicó, más allá de las dificultades que se presentaron debido a las adherencias de asas intestinales a pared por cirugías previas sin que, a salvo de lo anterior, conste que ocurriese ninguna complicación/daño quirúrgico a pesar de la dificultad que presentaba la intervención.

Todos los informes coinciden en señalar que los antecedentes quirúrgicos que presentaban suponían un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía sin que se pueda afirmar, a la vista de lo actuado, que la técnica quirúrgica empleada no fuera la correcta.

Finalmente, ante la sospecha de obstrucción intestinal, se solicitaron las pruebas complementarias y se tomaron als medidas adecuadas y ello pese a que tuviera que ser reintervenida de urgencias.

En definitiva, salvo por lo que se refiere a las manifestaciones efectuadas por la actora, todos los médicos que han intervenido en este proceso, tanto los que trabajan en los servicios que atendieron a la actora como los designados judicialmente como el que ha elaborado el informe pericial aportado por la codemandada coinciden en afirmar que la asistencia médica prestada a la actora por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón fue acorde a la lex artis . En estas circunstancias, no procede apreciar mala praxis.

SÉPTIMO.- Consentimiento informado.

Por lo que se refiere al consentimiento informado, la resolución recurrida, conforme a lo expuesto por la Comisión Jurídica Asesora en su Dictamen nº 309/18 de fecha 5 de julio de 2018, considera procedente estimar parcialmente la reclamación por ser insuficiente la información suministrada a la reclamante, sin perjuicio de que la actuación médica no sea reprochable desde la perspectiva de la lex artis. Respecto a la cuantía indemnizatoria, considera que procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial y reconocer a la interesada una indemnización de 6.000 euros.

El consentimiento informado se concibe como un acto unilateral del paciente o, en su caso, de sus familias o allegados, que manifiestan su voluntad de someterse a un determinado tratamiento clínico o quirúrgico.

Para que el consentimiento produzca el efecto de eximir a la Administración de responsabilidad cualquiera que fuera la forma de manifestarse, es necesario que sea válido y que el hecho determinante del daño esté dentro del objeto del consentimiento. Según la jurisprudencia, entre otros aspectos, toda persona tiene derecho a que se le dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y medidas de tratamiento.

Asimismo, tiene derecho a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso. También tiene derecho a que quede constancia por escrito de todo su proceso.

En el ámbito sanitario es de suma importancia la elaboración de formularios específicos, puesto que sólo mediante un protocolo amplio y comprensivo de las distintas posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse la finalidad pretendida por la Ley. El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo a una terapia por razón de sus riesgos.

El artículo 8.2 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, excluye el consentimiento verbal, como regla general, respecto de las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aquellos procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. Por lo demás, la jurisprudencia también ha puesto de relieve que el defecto del consentimiento informado se considera como incumplimiento de la lex artis y revela una manifestación de funcionamiento anormal del servicio sanitario, aunque obviamente se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de actuaciones médicas realizadas sin tal consentimiento informado. Esta exigencia de consentimiento informado se extiende también a los tratamientos alternativos que pueden darse al margen de la intervención que se practique, exigiéndose que el paciente dé su consentimiento a la realización de éstos, una vez que haya sido debidamente informado de las posibilidades alternativas que hubiere al tratamiento quirúrgico. En estos supuestos el principio general de la carga de la prueba sufre una excepción en los casos en que se trata de hechos que prácticamente pueden ser probados por la Administración, que debe demostrar que el paciente ha sido informado de los riesgos reales de la operación y los resultados lesivos verdaderamente previsibles.

El artículo 10.1 de la Ley 41/2002 dispone:

" 1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente: a) las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad; b) los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente; c) los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y el estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención; d) las contraindicaciones."

En principio, la jurisprudencia entiende que la falta de consentimiento no da lugar automáticamente a responsabilidad patrimonial, porque para que así sea, resulta necesario la producción de un resultado dañoso. Cuando se produce, se causa un daño moral cuya indemnización no depende de que el acto médico en sí mismo se haya acomodado o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la relación causal existente entre este acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente. El incumplimiento de los deberes de información sólo deviene irrelevante y no da por tanto derecho a indemnización cuando el resultado dañoso o perjudicial no tiene su causa en el acto médico o asistencia sanitaria ( STS de 2 de enero de 2012).

En consecuencia, si se cumple el anterior requisito deben indemnizarse los daños ocasionados por haberse producido el riesgo no previsto. En estos casos, la cuantificación de la indemnización se debe fijar en función de la potencialidad o probabilidad de que el paciente, de haber conocido el riesgo, no se hubiera sometido al tratamiento, debiendo tener en cuenta también otros factores como el estado previo del paciente, el pronóstico y la gravedad del proceso patológico, las alteraciones terapéuticas existentes, la necesidad de la actuación médica y su carácter preferente o no, en los términos indicados, por todas, en la Sentencia del Tribunal Supremo 1226/2020, Contencioso sección 5, del 30 de septiembre de 2020, Recurso: 2432/2019 .

En el caso enjuiciado, nos encontramos con que ha quedado acreditado que la complicación sufrida por la paciente tras la intervención, obstrucción intestinal, es una complicación frecuente. Según el informe del médico inspector, " existen datos que sugieren que la histerectomía es una de las operaciones previas más frecuentes en estas pacientes. El pronóstico depende de la duración del íleo. Según bibliografía consultada entre el 93 y el 100% de los pacientes sometidos a cirugía abdominopélvica van a desarrollar adherencias o bridas, de los cuales un 5% presentarán complicación y un 3,8% necesitarán tratamiento quirúrgico".

Ahora bien, también es cierto que todos los informes elaborados coinciden en reconocer que los antecedentes quirúrgicos de la paciente suponían un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía.

Se observa que el documento de consentimiento informado firmado por la paciente el día 28 de mayo de 2015, si bien, de una forma genérica reconoce que " toda intervención quirúrgica, tanto por la propia cirugía como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatías, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, etc...) lleva implícita una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un porcentaje mínimo de mortalidad", y que apunta, como riesgo, las " lesiones intestinales" no contiene ninguna referencia específica a la posible aparición del cuadro adherencial y, lo que es más significativo, al mayor riesgo que presentaba por " los abigarrados antecedentes quirúrgicos de la paciente" que, como destacan los informes del Servicio de Ginecología y Obstetricia y el de la Inspección Sanitaria, y reconoce la propia resolución recurrida, suponían un " alto riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía".

Pues bien, sin que puedan tener favorable acogida las afirmaciones de la parte actora tendentes a afirmar que NUNCA FUE INFORMADA cabe reconocer, como hace la resolución recurrida, que la información suministrada fue insuficiente lo que determina que proceda reconocer una indemnización por los daños morales derivados de esta circunstancia pero cuyo importe no está vinculado, en modo alguno, al daño que se alega que se le ha causado por cuanto que, como se ha indicado, no cabe apreciar mala praxis.

Pues bien, en el presente caso resulta pacífico que la actora no conocía los concretos riesgos que asumía con la operación, por lo que no es posible tener por probado que se le hubiese garantizado cabal y completamente la información que está en la raíz de su derecho a la libre determinación.

El daño derivado de la falta de información constituye una manifestación de funcionamiento anormal del servicio sanitario y un daño moral que afecta al derecho a la autonomía del paciente, que la jurisprudencia califica como incumplimiento de la "lex artis". En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2000 declaró que " esta situación de inconsciencia provocada por la falta de información (...) supone por sí misma un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal derivado de la intervención". Por tanto, salvo supuestos excepcionales, entre los que no se halla el de autos, el importe de la indemnización no se equipara a la que correspondería por la reparación del daño material resultante de la asistencia sanitaria, aunque el mismo haya de ser tenido en cuenta junto a otras circunstancias.

En orden a la indemnización del daño moral, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2011 (recurso de casación 2.302/2009) vino a declarar que ha de tenerse en cuenta que el resarcimiento del daño moral por su carácter afectivo y de " pretium doloris", carece de módulos objetivos, lo que conduce a valorarlo en una cifra razonable que, como señala la jurisprudencia, siempre tendrá un cierto componente subjetivo debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso.

Entre ellas, además de la entidad del daño, habrán de ponderarse, a título de ejemplo y según los caso: si la asistencia ha sido necesaria y curativa u opcional y satisfactiva; el estado de salud del paciente antes y después de la asistencia sanitaria; la ausencia completa o la insuficiencia de información o del consentimiento informado; el porcentaje de posibilidad o probabilidad de producción del riesgo o complicación; la entidad de la omisión y la trascendencia práctica del defecto en relación al resultado, o si solo se ha tratado de una vulneración formal del derecho de información, sin relevancia material, lo que es tanto como si los riesgos sobre los que no se informó se produjeron finalmente, o no; la edad en el momento de la operación, actividades, formación y situación familiar del paciente; las repercusiones personales y económicas de las lesiones para su vida futura; las opciones disponibles, es decir, en qué medida existía la posibilidad real y razonable de elegir entre someterse al tratamiento o al procedimiento quirúrgico o desistir del mismo; y el daño o situación final del paciente, que consideramos acreditado y valorado en virtud del dictamen de valoración del daño corporal realizado por el perito de la parte actora.

Teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa concurren varias de las precitadas circunstancias, así como la doctrina jurisprudencial que permite considerar la obligación pecuniaria de resarcimiento como una deuda de valor, que lleva a fijar la cuantía de la deuda actualizada al momento de su determinación o fijación, y no al momento de producción del daño -por todas sentencias del Tribunal Supremo de 21 abril 1998-, estimamos que en el caso de autos y teniendo en cuenta todas las circunstancias, es adecuado fijar prudencialmente la cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 euros) como indemnización por la ausencia de información completa a la actor, cantidad que consideramos actualizada al momento de la presente resolución y de cuyo pago deberán responder las demandadas, descontando el importe que ya ha sido pagado.

Todo la razonado comporta la estimación parcial del presente recurso contencioso administrativo y condenamos a las entidades demandadas a que indemnicen a la recurrente en la cantidad total de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 euros), actualizada al momento de la presente resolución.

OCTAVO.- Costas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y teniendo en cuenta la estimación parcial, no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución