Sentencia Contencioso-Administrativo 298/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 620/2020 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO: La representación procesal de Don Olegario, parte recurrente, impugna la resolución de 27/02/2020 desestimatoria de manera acumulada de la reclamación económico administrativa NUM000, interpuesta contra liquidación derivada del acta de disconformidad NUM002, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido de 1T 2010 a 4T 2012 por importe de 41.873,43 euros y de la reclamación económico administrativa NUM001, deducida contra el acuerdo sancionador derivado de las mismas actuaciones inspectoras, en cuantía de 37.619,05 euros.

En esta resolución se confirman los acuerdos de liquidación y sanción recurridos, ya que no se ha producido la prescripción por superación del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, que se ampliaron a doce meses por especial complejidad en acuerdo debidamente motivado notificado en plazo y concurría simulación relativa en la prestación de servicios informáticos por parte de la entidad Tratamiento de Información y Edición SL de la que eran socios el oficial primero de la notaria y su esposa.

Se trataba de una sociedad sin infraestructura material ni personal para su prestación, su sede era coincidente con el domicilio del matrimonio, los servicios informáticos de software fueron prestados por otra entidad Drago Solutions SA, las facturas emitidas se corresponden con servicios propios de la notaria.

No se ha acreditado la cesión de los derechos de programa informático ni el pago de canon como contraprestación.

Concurre negligencia en la conducta del infractor al simularse la recepción de servicios informáticos de TIE SL, que eran ficticios al carecer de personal estructura o medio económico para su prestación, la existencia de transferencia entre sociedades que luego se reintegraban en efectivo mediante el cargo de cheques por los empleados de la notaria encabezados por el primer oficial y socio de TIE para minorar la carga fiscal mediante la deducción improcedente de gastos en elevada cuantía reduciendo la base imponible y la cantidad a ingresar en el Tesoro.

SEGUNDO: El recurrente solicita sentencia por la que se anule el acuerdo recurrido y con ella la liquidación y sanción que se hallan en su base y para respaldar esta pretensión alega en síntesis:

La prescripción de la acción para liquidar por superación del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras sin que el acuerdo de ampliación que se dictó por la Inspección cumpliera las exigencias legales y jurisprudenciales de motivación en cuanto al motivo alegado de especial complejidad incorporado de modo automático y añadiendo el TEAR de Madrid explicaciones que no se encuentran en dicho acuerdo (manifestaciones y pruebas documentales de índole bancaria, cargos y reintegros en las cuentas de la entidad empleadora, carácter general de la comprobación, régimen especial de tributación de los comuneros en atribución de rentas y la disolución durante el curso de las actuaciones de la CB) y hubo nueve meses y medio sin actuación instructora alguna.

En cuanto al fondo, la emisora de las facturas tuvo dos actividades diferenciadas de servicios informáticos y tratamiento de documentación destinados casi en exclusiva a la notaria y alquiler y promoción de inmuebles con clientes varios.

En la actividad de servicios informáticos, hay que distinguir entre la cesión de uso mediante un canon del programa informático del que TIE es su titular denominado NGloba, inscrito en el registro de propiedad intelectual desde 1/09/1996 y como se justifica con el informe pericial informático obrante en el expediente administrativo, su uso por los sucesivos notarios de la misma notaria y los intentos de comercialización mediante una sociedad que se iba a constituir, a través de dicho programa la notaria gestionó toda su actividad como también reconoce la Inspección y la prestación de servicios auxiliares consistentes en el tratamiento de la información.

En 2004 TIE SL y el notario Sr. Olegario celebraron un contrato de licencia de uso y prestación de servicios de información y edición a razón de 8.000 euros al mes, más los servicios según tarifa del programa citado, para externalizar determinadas relaciones de la notaria con sus clientes.

Para el mantenimiento, actualización y desarrollo del programa se contrataron los servicios de Drago Solutions SA cinco años después el 3/12/2009.

Las manifestaciones de los empleados no han desvirtuado el hecho de la titularidad del programa ni que no se prestaran los servicios informáticos facturados por TIE y el contrato de cesión y el pago del canon están en el expediente.

A través de los servicios informáticos prestados por TIE se externalizaron servicios de información y edición que la notaria precisaba, complementarios de los prestados por los empleados de la notaria y los propios notarios mediante recogida de documentos sobre personas inmuebles y participaciones y acciones sociales y los servicios los prestó el hijo del oficial primero de la notaria con los medios de que dispuso consistentes en dos portátiles con una conexión VPN, conectándose en remoto con la notaria, un escaner y un vehículo. Este mismo trabajo fue desempeñado antes por una empleada de TIE que causo baja en 2009 y por otro empleado desde 2015.

Además se siguió el mismo sistema con los notarios anteriores ya jubilados de la misma notaria.

En cuanto a los medios de cobro, no es cierto que el dinero saliera de las cuentas de la notaria y que volviera después. En cuanto los cheques del BBVA no hubo en 2010 y durante 2011 y 2012 se cobraron 71, que representaban solo el 23% del importe facturado por TIE a la notaria y de ellos el 88,05% se destinaron al pago de gastos deducibles según la propia Inspección, de modo que solo 8 cheques por 12.004,31 euros correspondían a servicios de TIE y como fue posible recuperar el resto de lo pagado a TIE.

De los 71 cheques se pagaron al portador 30 y el dinero en ningún caso regreso a la notaria pues no había margen económico para ello.

Respecto de la cuenta del oficial de la notaria y socio de TIE en Bankia, el TEAR de Madrid en el acuerdo recurrido apunta que los ingresos no solo servían para pagar el sueldo de este sino también para los retornos del dinero a la notaria, pero los movimientos de la cuenta que figuran en el expediente, justifican que las nóminas se pagaron en su totalidad mediante trasferencias bancarias de la notaria y solo hay disposiciones en efectivo para el consumo familiar y tan solo representaban el 7,91% del importe de las facturas giradas por TIE a la notaria.

En relación a TIE SL es imposible que el mismo dinero se destinase al pago de gastos y a que retornara a la notaria y desde la perspectiva de los gastos, si una parte de los ingresos se destinó al pago de gastos admitidos como deducibles y otra parte para satisfacer necesidades privadas de los socios, no quedaba margen de dinero ni un euro siquiera para retornar a la notaria.

TERCERO: El Abogado del Estado se opone al recurso y solicita sentencia desestimatoria, ya que no se produjo la prescripción denunciada y el acuerdo de ampliación se encontraba debida y suficientemente motivado y en cuanto al fondo no son deducibles las cuotas soportadas en las facturas recibidas de TIE SL, porque esta entidad constituida en 1996 por el oficial primero de la notaria y su mujer no pudo prestar los servicios informáticos facturados al carecer de infraestructura para su prestación tanto de medios personales como materiales y ser prestados por otra entidad y se trata de funciones habituales de la notaria y el sistema de cobros mediante cheques por 5 empleados cuyos importe se reintegran a la notaria según las manifestaciones y pruebas documentales aportadas por un ex trabajador.

Concurre simulación relativa puesto que bajo la apariencia de una prestación de servicios de asistencia informática por una sociedad a otra con la aquiescencia de la presunta prestadora y de la notaria destinataria se oculta la realidad y es que no existe otra prestación de servicios por el oficial de la notaria que no sean los propio w2s de su puesto de trabajo siendo ficticios los servicios que dice prestar y factura le entidad TIE administrada por el citado oficial ya que los servicios informáticos a la notaria los presta realmente Drago Solutions SL, única que se ocupa del desarrollo, implantación y mantenimiento del programa NGloba único con el que se trabaja en la notaria.

Han quedado justificados la ventaja fiscal y el perjuicio a Hacienda a través de la deducción de cuotas no soportadas y se disminuye la base imponible de la notaria y TIE SL a su vez se deduce cuotas soportadas por gastos particulares de su socios relativos a construcciones, reformas inmobiliarias mobiliario suministros en inmuebles propiedad de los socios ajenos a la actividad empresarial que dicen lleva a cabo.

No ha quedado probada la realidad de los servicios facturados por TIE SL a Notaria Plaza de santa Barbara CBB.

Del requerimiento a Drago Solutions SL proveedora de la notaria se deduce que es la que presta el soporte informático a la notaria la implantación y el desarrollo del programa NGloba único programa con el que se desarrolla la labor diaria de la notaria, se trata de una empresa informática con sede, personal que se desplaza a la notaria para la implementación de sus servicios y tienen suscrito un contrato de prestación de servicios informáticos y lo avalan los empleados Florentino y Constanza.

TIE SL por su parte no tiene medios materiales ni personales para prestar los servicios que factura y sus socios son un matrimonio cuyo esposo goza de los poderes de administración de la misma y es oficial primero de la notaria. La declaración de su hijo pone de manifiesto que carece de formación para su prestación, es filólogo y su intervención es ocasional y no retribuida.

En cuanto a los pagos de la cuenta del BBVA se retiran fondos cobrados en ventanilla por personal laboral de la notaria con cargo a cuentas de TIE con la que no tienen relación y es percibido por el oficial primero.

No se hacen alegaciones sobre el acuerdo sancionador y como la liquidación debe confirmarse este debe mantenerse igualmente.

CUARTO: En el presente recurso contencioso administrativo recayó la sentencia número 531 de 24/11/2022, que fue anulada por auto de 16/02/2023, estimatorio del incidente de nulidad promovido contra la referida sentencia, por contrariar el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y el principio de seguridad jurídica en contradicción con la sentencia dictada en el PO 671/2020 de esta misma ponencia, señalándose el recurso de nuevo.

QUINTO: En primer lugar deben resolverse las cuestiones de la prescripción de la acción de la Administración para liquidar y de la posible existencia de nueve meses y medio sin realización de actuaciones inspectoras.

Se aduce por la parte actora la prescripción de la acción para liquidar por haberse superado el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras sin que tuviera validez el acuerdo de ampliación de las actuaciones por especial dificultad por falta de motivación como legalmente se requiere y lo interpreta la jurisprudencia.

El artículo 150 de la Ley 58/2003 sobre plazo de las actuaciones inspectoras en su texto original dispone que:

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de esta ley .

No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otro período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo al volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fiscal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente.

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.

Los acuerdos de ampliación del plazo legalmente previsto serán, en todo caso, motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Y en su desarrollo el artículo 184.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprobó el Reglamento General de las Actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en adelante RGAT, establece que:

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , se entenderá que las actuaciones revisten especial complejidad en los siguientes supuestos:

a) Cuando el volumen de operaciones del obligado tributario sea igual o superior al requerido para la obligación de auditar sus cuentas.

b) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y sea necesario realizar actuaciones respecto a diversos obligados tributarios.

c) Cuando los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria se realicen fuera del ámbito territorial de la sede del órgano actuante y sea necesaria la realización de actuaciones de comprobación fuera de dicho ámbito territorial.

d) Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal que esté siendo objeto de comprobación inspectora.

e) Cuando el obligado tributario esté sujeto a tributación en régimen de transparencia fiscal internacional o participe en una entidad sujeta a un régimen de imputación de rentas que esté siendo objeto de comprobación inspectora.

f) Cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales del obligado tributario o la desaparición o falta de aportación de los libros o registros determine una mayor dificultad en la comprobación.

g) Cuando se investigue a los obligados tributarios por su posible intervención en una red o trama organizada cuya finalidad presunta sea defraudar o eludir la tributación que corresponda u obtener indebidamente devoluciones o beneficios fiscales. En especial, se incluirá en este supuesto la investigación de tramas presuntamente organizadas para la defraudación del Impuesto sobre el Valor Añadido vinculadas a las operaciones de comercio exterior o intracomunitario.

h) Cuando se investigue a los obligados tributarios por la posible realización de operaciones simuladas, la utilización de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados o la intervención de personas o entidades interpuestas con la finalidad de eludir la tributación que correspondería al verdadero titular de los bienes, derechos o rentas.

i) Cuando la comprobación se refiera a personas o entidades relacionadas económicamente entre sí que participen en la producción o distribución de un determinado bien o servicio, siempre que la actuación inspectora se dirija a la comprobación de las distintas fases del proceso de producción o distribución.

j) Cuando para comprobar la procedencia de aplicar un beneficio fiscal sea necesario verificar el cumplimiento de requisitos o regímenes tributarios previstos para otro tributo.

Conforme a la jurisprudencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el acuerdo de ampliación de actuaciones debe notificarse dentro del plazo normal de duración de las actuaciones inspectoras de doce meses que establece el artículo 150.1 de la LGT para que produzca efectos interruptivos de la prescripción, sentencias de 18/12/2013, casación 4532/2011 y 10/07/2019, casación 2220/2017, entre otras, y no es suficiente la simple mención de alguna de las causas legales y reglamentarias de especial dificultad, sentencias de 25/03/2011, casación 57/2007 y de 14/02/2018, casación 2/2017, sino que es necesario además que se motive y se justifique que con posterioridad a la ampliación, las actuaciones de investigación y comprobación realizadas eran precisas para la regularización practicada no siendo bastantes a estos efectos las que ya se habían llevado a cabo.

En la última sentencia citada se afirma: "no es suficiente la concurrencia abstracta, meramente formal si se prefiere, de alguna de las situaciones previstas en la ley, siendo obligado analizar y explicitar en el acuerdo de ampliación por qué las actuaciones de comprobación e investigación son "especialmente complejas".

Como ya se determinó en la sentencia de esta misma ponencia dictada en el recurso PO 671/2020 promovido por el otro notario comunero contra el resultado de la misma regularización por IVA de los periodos 1T2010 a 4T2012 de la comunidad de bienes, en el caso de autos el acuerdo del Inspector-jefe por el que se ampliaron las actuaciones inspectoras a otros doce meses, se recoge como motivo para dicha ampliación la especial complejidad de las actuaciones, que venía justificada en que se trataba de comprobar la situación tributaria de varias personas y entidades vinculadas y en concreto los dos notarios personas físicas comuneros de la CB, la propia CB y la entidad TIE SL como presunta prestadora de los servicios informáticos y la tributación en régimen de atribución de rentas de los citados comuneros, sobre la base de los indicios y hechos constatados por la Inspección sobre la falta de prestación de los servicios por una entidad, TIE SL, que carecía de medios para su prestación e integrada por un matrimonio que la administraba y cuyo esposo era oficial de la notaria sin imputación de gastos relacionados con los mismos y la existencia de un contrato de prestación de servicios informáticos con otra entidad con infraestructura para su prestación y que efectivamente los presto y cobró.

El acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras se notificó dentro del plazo inicial de duración de las mismas de doce meses, pero no se encuentra suficientemente motivado, pues al tiempo de acordarse la ampliación, la Inspección, que había extendido hasta ese momento cuatro diligencias cerca de la comunidad de bienes y en esas actuaciones solo tenía los datos relativos a la facturación de los dos notarios integrantes de la misma y las amortizaciones, contaba ya con los datos necesarios para practicar la regularización del IVA soportado en relación a la facturación recibida de TIE, SL, teniendo en cuenta las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por el mismo equipo inspector y actuaria seguidas a esta última mercantil desde el 14/04/2015 hasta el 23/09/2015, documentadas en cinco diligencias, obrantes en el expediente, de las que se desprende la comprobación de la facturación emitida a la CB por servicios informáticos en relación al sistema informático Ngloba de gestión de notarias, la carencia de medios materiales y humanos para su prestación, el método de trabajo de la notaria expuesto por los empleados de la misma in situ, la existencia de los contratos para la prestación de servicios informáticos suscritos con dos compañías y el sistema de pago.

Por ello la Inspección disponía ya de los indicios que la llevaron a deducir que estos no se prestaron y carecía de justificación la ampliación de actuaciones acordada, de modo que las actuaciones no sirvieron para interrumpir la prescripción de la acción para liquidar y esta se había producido cuando se notificó la liquidación al recurrente a excepción de los trimestres tercero y cuarto de 2012.

Téngase en cuenta que las actuaciones inspectoras cerca de la CB por el IVA de los periodos impositivos de 2010 a 2012 se iniciaron mediante comunicación de inicio notificada el 19/01/2015, las actuaciones concluyeron mediante acuerdo de liquidación, calificada de definitiva, notificado por agente tributario al representante legal del recurrente el 18/10/2016 y el periodo voluntario de declaración del tercer trimestre venció el 20/10/2012 y el del cuarto trimestre de 2012 el 30/01/2013.

Por otra parte no hubo paralización de las actuaciones inspectoras durante nueve meses y medio desde 19/01/2015 (inicio de las actuaciones inspectoras) hasta 6/11/2015 (fecha de comunicación de la propuesta de ampliación de las actuaciones) sin justificación, puesto que se extendieron las diligencias números 1 al 4, en las que se solicitaron datos imprescindibles para la regularización y relacionados con la actividad tales como requerimiento de información a Drago Solutions SL y recepción de la información, poder correcto de representación, contrato de la notaria y TIE, acreditación de medios materiales y humanos y medios de pago y solicitud de contabilidad electrónica o por correo en Excel, entre otros.

Y el único periodo de inactividad coincide con la solicitud del obligado tributario de aplazamiento entre las diligencias 3 y 4 de 56 días entre 25/10/2015 y el 23/12/2015.

SEXTO: Mediante acuerdo de 5/10/2016 dictado por el Inspector Coordinador derivado del acta de disconformidad NUM002 se procedió a regularizar la situación tributaria de la comunidad de bienes DIRECCION000 CB en relación al IVA de los periodos impositivos trimestrales de 2010 a 2012, entendiéndose las actuaciones con sus dos comuneros como obligados tributarios en su condición de sucesores de la referida entidad extinguida el último día de mes de diciembre de 2015.

En efecto esta comunidad de bienes estaba integrada por los notarios Don Pedro José Bartolomé y Don Manuel Pablo Hurle González que ostentaban unas participaciones del 80%, del 80,57% y del 84,53% en 2010, 2011 y 2012, respectivamente en el caso del primero y del 20%, 19,43% y del 15,47% en los mismos años en el caso del segundo y tributó en régimen de atribución de rentas.

La CB estaba dada de alta en la actividad de notarios del epígrafe 733, se disolvió el 31/12/2015 y presentó la declaración censal de cese de su actividad el 27/01/2016.

En los periodos comprobados se acogió al criterio de caja.

Siendo objeto de regularización las cuotas soportadas en las facturas recibidas por prestación de servicios informáticos a la notaria por la entidad Tratamiento de Información y Edición SL, en adelante TIE SL.

La entidad declaró operaciones exentas y no exentas y estas últimas por importe de:

1.050.189,03 euros en 2010, 768.872,79 euros en 2011 y 707.756,45 euros en 2012.

El IVA soportado en las facturas recibidas de TIE SL fue de:

24.114,65 euros en 2010, 25.995,33 euros en 2011 y de 27.228,57 euros en 2012.

Los conceptos facturados por TIE SL fueron:

-obtención de información en clientes y registros públicos de personas, de inmuebles y otros bienes

-análisis y tratamiento de la información anterior

-suministro de información en el formato establecido por la notaria

-recogida de documentación de clientes en papel de las materias anteriores y entrega a la notaria.

TIE SL es una entidad constituida en 1996 por el oficial primero de la notaria y la esposa de este que trabaja en la CAM. Está dada de alta en la actividad de servicios mecanográficos y taquigráficos, su único cliente era la notaria, carece de infraestructura empresarial para la prestación de los servicios informáticos que factura, no tiene personal, carece de gastos relacionados con la actividad, carece de local afecto y su sede se encuentra en la vivienda familiar del oficial y su esposa en la CALLE000 NUM003 de Madrid, las facturas recibidas por TIE se referían a reformas inmobiliarias, pequeña construcción, mobiliario, suministros, impuestos, tasas y automóvil todos ajenos a la sociedad y afectos a la vivienda familiar y de ocio de sus socios, no hay prueba de los servicios prestados y según manifestó a la Inspección con aportación de documentos que así lo corroboraban, su ex empleado Don Florentino cobraba cheques a su nombre y con cargo a la cuenta de la entidad y su importe se lo entregaba su jefe inmediato, el oficial primero de la notaria, desde 2012 a 2014, en que estuvo contratado aportando copias de los cheques y justificantes de su cobro y cartas al notario Sr Olegario que le contesta que obedezca al oficial y explica los servicios que prestaban los empleados de lo que resulta que carecía de sentido que también los prestara TIE.

Los notarios hacían sus peticiones a través del programa NGloba desarrollado por Drago Solutions SA y no los hace TIE y los conceptos facturados por TIE coinciden también las labores propias de los empleados de la notaria.

Se hicieron requerimientos a Drago, al BBVA y hubo comparecencias de los empleados de la notaria y del hijo del matrimonio integrado por los socios de TIE, dando como resultado el que obra en el expediente.

Por ello la Inspección eliminó las cuotas soportadas en estas facturas, tuvo en cuenta la prorrata aplicable al realizar operaciones sujetas y exentas, resultando una liquidación definitiva por importe total de 41.873,43 euros, incluyendo 34.353,66 euros de cuota y 7.519,77 euros de intereses de demora.

SÉPTIMO: En lo que se refiere a la cuestión de fondo, en los periodos impositivos no prescritos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2012, TIE SL emitió a la comunidad de bienes facturas que incluían cuotas de IVA soportado por importe total de 6.934,66 euros en el tercer trimestre y de un importe total de 8.175,65 euros en el cuarto trimestre, por el concepto de obtención y análisis de información, registros y edición de textos y dicha entidad se dedujo las cuotas de IVA correspondientes y queda por determinar si estas cuotas eran o no deducibles.

Según la Inspección por una serie de indicios que constató a los efectos del artículo 108.1 y 2 de la Ley 58/2003, los servicios informáticos no fueron prestados por la entidad TIE, SL y la parte actora sostiene la realidad de tales servicios, argumentando que esta entidad, dedicada también a la actividad de arrendamiento de inmuebles, era titular del programa NGloba, que los servicios facturados los prestó en remoto el hijo de los socios y antes otros empleados, que las compañías de informática solo prestaron servicios de soporte técnico y actualización del citado programa y que los servicios no se pagaron en su mayoría mediante cheques a nombre de cinco de los empleados de la notaria que retornaban a esta como sostiene la Inspección.

Pues bien, en este caso por lo que se refiere al sistema de cobro de las facturas, sostiene la Inspección que se produjo el retorno a la notaria del dinero pagado a TIE SL por los servicios informáticos facturados mediante cheques a nombre de cinco empleados, cuyo importe era entregado al oficial de la notaria y el TEAR de Madrid en el acuerdo recurrido lo completa con la afirmación de la vuelta del dinero a la notaria desde la cuenta particular del socio de TIE en la que se ingresaban las nóminas de este, pero no existen pruebas suficientes de las que extraer tales conclusiones.

En efecto, la entidad Tratamiento de Información y Edición SL, TIE, S.L., se constituyó en 1996, dada de alta en la actividad de servicios de transcripción, edición y mecanización de documentos, epígrafe 849.2 del IAE, siendo socios de la misma el oficial primero de la notaria Don Manuel Cuesta Díaz del Campo y su mujer, trabajadora de la Comunidad de Madrid y el primero fue administrador hasta 1997.

TIE, SL era titular del programa de gestión de notarias, NGloba desde 1996 y existía un contrato privado entre la CB y aquella de 29/12/2004, en el que se acordó que a cambio de un precio se cedía el uso del referido programa a la notaria y además el pago de las cantidades que se pactaban por los servicios que TIE prestara en el futuro.

La Inspección se basa en el cobro de los cheques con cargo a la cuenta de TIE SL en la entidad BBVA y su retorno a la notaria.

Sin embargo, como ponen de manifiesto los movimientos de esta cuenta, que estuvieron en todo momento a disposición de la Inspección y se encuentran en el expediente administrativo, en 2010 no se cobró ningún cheque y en 2011 y 2012 se cobraron 71 cheques, de los que algunos estaban expedidos sin identificar al cobrador y que solo representaban el 23% del importe de la facturación de TIE SL a la notaria.

Por otra parte, los movimientos de la cuenta de Bankia, de la que era titular el socio de TIE SL y oficial de la notaria y en la que se ingresaron sus nóminas, que obran también en el expediente administrativo, solo reflejan disposiciones en efectivo de escasa cuantía y no coinciden con la cuantía de las facturas.

No se ha acreditado, en contra de lo que dice la Inspección, que el programa de gestión de notarias NGloba del que era titular TIE SL fuera implantado por ninguna de las dos compañías de servicios informáticos que tenían contrato con la notaria y la contratación con las mismas fue muy posterior a 1996.

En los ejercicios comprobados la comunidad de bienes y desde 1996 los notarios que la precedieron, ya jubilados, tenían el mismo sistema de trabajo a través del programa informático de gestión de notarias NGloba.

Y desde la perspectiva de TIE SL era imposible que si sus ingresos se destinaban al pago de gastos deducibles y al pago de gastos para atender a necesidades privadas, existiese margen para el retorno de dinero a la notaria.

Por todo lo cual debe considerarse que la regularización practicada por la Inspección, en relación al IVA soportado en las facturas recibidas de TIE SL en los dos trimestres no prescritos, no se encuentra suficientemente motivada como exigen los artículos 102.2.c) y 103.3 de la Ley 58/2003, con la consiguiente acogida del presente recurso y anulación del acuerdo recurrido y de la liquidación y sanción de los que procede sin necesidad de más consideraciones, tal como ya se determinó en la sentencia dictada en el PO 671/2020, promovido contra el resultado de la misma regularización por IVA de la CB en relación al notario compañero del recurrente.

OCTAVO: Se hace expresa imposición de costas a la Administración conforme al artículo 139.1 de la LRJCA.

A efectos del número 4 del artículo anterior, la imposición de costas se fija en el importe máximo por todos los conceptos de 1.000 euros más IVA en caso de devengo de este impuesto según el artículo 243.2 de la LGT, atendidas la dificultad y el alcance de las cuestiones discutidas y sin perjuicio de las costas que se hubieran podido imponer a las partes durante la tramitación del procedimiento.