Sentencia Contencioso-Administrativo 295/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 911/2022 de 03 de abril del 2023

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional don Gines impugna dos resoluciones de fecha 18 de marzo de 2022 dictadas por la Embajada de España en Bamako que, en reposición, confirma otras tantas de 8 de diciembre de 2021 por las que se denegaban a Jacobo y a Jeronimo sus solicitudes de visado de reagrupación familiar en régimen general.

En relación con Jacobo se denegó el visado en base a las siguientes consideraciones:

"Existen una serie de datos que revelan la nula fiabilidad de la documentación registral aportada por el solicitante, lo que exigiría una denegación de la solicitud de visado sobre la base de lo dispuesto en el artículo 57.3 b) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009:

1.- el Libro de Familia presenta una tachadura sin salvar, precisamente en la página que se corresponde con los datos del solicitante, concretamente en el nombre de su supuesta madre.

2.- En segundo lugar, la copia literal y el acta nº 3 de nacimiento afirman que este se inscribió a través del llamado juicio supletorio pero el solicitante no ha aportado el documento de juicio supletorio. No deja de ser extraordinario el hecho de que el nacimiento se haya inscrito a través de este sistema -pensado para supuestos en los que sea necesaria la prueba de hechos diflciles de _demostrar por el paso del tiempo- cuando según la documentación aportada la inscripción tuvo lugar solo cuatro día después de producirse el alumbramiento. Es preciso recordar que este método para inscribir el hecho no es "regular y auténtico" en los términos de nuestro artículo 85 del Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil. Así, la Ley Nº 2011 - 087 de 30 de diciembre por la que se aprueba el Código de las Personas y la Familia no hace sino una somera referencia a la figura conocida como juicio supletorio en sus artículos 133 y 134. Sin embargo, no se desarrolla el procedimiento o los requisitos mínimos del mismo dejando una amplia libertad a los tribunales. Esta figura consiste en una valoración emitida por un tribunal bajo la forma de lo que en nuestro derecho podría ser una providencia o un auto en el que se consigna los detalles del hecho que se inscribe y se ordena al registro civil inscribirlo en tales términos. En la práctica habitual la mera declaración de los interesados basta para la inscripción del hecho en cuestión lo cual, igualmente, constituye un indicio recogido en la Recomendación n° 9 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC) relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil y su memoria explicativa adoptadas en Estrasburgo por la Asamblea General el 17 de marzo de 2005.

Dado que esta ha sido la manera en la que se ha inscrito el nacimiento del solicitante las garantías sobre la veracidad de los hechos consignados en relación con su identidad y nacimiento son prácticamente nulos.

5.- La escasa fiabilidad de los documentos presentados se refuerza cuando se examinan el acta matrimonial y la copia literal carentes de la necesaria firma de los testigos con lo que resulta poner en cuestión el vínculo matrimonial y con él las potenciales presunciones de filiación entre el reagrupante y reagrupado.

6.-De la documentación presentada no solo se deduce su falta de fiabilidad como prueba de la relación de filiación entre reagrupante y reagrupado sino también de la relación de filiación entre quien afirma ser su madre y su hijo. Puesto que los datos sobre la madre aparecen tachados y modificados en varios documentos y la documentación que recoge el vínculo matrimonial carece de los elementos esenciales para ser tenida en cuenta, la falta de certeza sobre la maternidad resulta un argumento más que exige la denegación del visado. El principio de interés superior del menor impone que, ante las más que evidentes dudas sobre la relación de filiación con la persona que debe autorizar su salida del país por ser su madre, no se conceda el visado solicitado".

En relación a Jeronimo se denegó el visado en base a las siguientes consideraciones:

"Existen una serie de datos que revelan la nula fiabilidad de la documentación registra! aportada por el solicitante:

1.-En primer lugar, el acta de nacimiento de D. Jeronimo se ha expedido mucho después del nacimiento en cuestión, concretamente casi 14 años después, ya que el nacimiento tuvo lugar, según el acta de nacimiento en 2006 y el acta fue expedida en 2020.

Esto constituye un indicio recogido en la Recomendación nº 9 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC) relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil y su memoria explicativa adoptadas en Estrasburgo por la Asamblea General el 17 de marzo de 2005. Por tanto, el análisis de la documentación aportada permite albergar serias dudas sobre su autenticidad, lo que otorgaría la posibilidad de la concesión del oportuno visado de reagrupación de familiar.

2.- En segundo lugar, no resulta posible acudir al Libro de Familia como manera supletoria de comprobar la veracidad del acta de nacimiento, primero porque este bebe de aquella y porque el propio Libro tiene como fuente documentos de dudosa veracidad que ponen en cuestión la totalidad del mismo.

Por otro lado, el Libro de Familia presenta una tachadura sin salvar que compromete la integridad y la fiabilidad del documento como prueba de la filiación.

3.-Por otro lado, el acta de nacimiento se elaboró transcurrido mucho tiempo desde el hecho a) que se refiere y muy poco tiempo antes del trámite para el que se expidió el documento, ya que se elaboró 14 años después del nacimiento y menos de un año antes de iniciar la solicitud. Esto también constituye un indicio recogido en la Recomendación nº 9 de la Comisión Internacional de] Estado Civil (CIEC) relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil y su memoria explicativa adoptadas en Estrasburgo por la Asamblea General el 17 de marzo de 2005.

4.-El método para inscribir el hecho no es "regular y auténtico" en los términos de nuestro artículo 85 del Decreto de 14 de noviembre de 1958 por e] que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil. Así, la Ley Nº 2011087 de 30 de diciembre por la que se aprueba el Código de las Personas y la Familia no hace sino una somera referencia a la figura conocida como juicio supletorio en sus artículos 133 y 134. Sin embargo, no se desarrolla el procedimiento o los requisitos mínimos del mismo dejando una amplia libertad a los tribunales. Esta figura consiste en una valoración emitida por un tribunal bajo la forma de lo que en nuestro derecho podría ser una providencia o un auto en el que se consigna los detalles del hecho que se inscribe y se ordena al registro civil inscribirlo en tales términos. En la práctica habitual la mera declaración de los interesados basta para la inscripción del hecho en cuestión lo cual, igualmente, constituye un indicio recogido en la Recomendación nº 9 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CLEC) relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil y su memoria explicativa adoptadas en Estrasburgo por la Asamblea General el 17 de marzo de 2005.

Dado que esta ha sido la manera en la que se ha inscrito el nacimiento del solicitante las garantías sobre la veracidad de los hechos consignados en relación con su identidad y nacimiento son prácticamente nulas.

5.-La escasa fiabilidad de los documentos presentados se refuerza cuando se examinan el acta matrimonial y la copia literal carentes de la necesaria firma de los testigos con lo que resulta poner en cuestión el vínculo matrimonial y con él las potenciales presunciones de filiación entre el reagrupante y reagrupado".

SEGUNDO.- La parte recurrente impugna las citadas resoluciones señalando que en relación al hecho de que el acta de nacimiento de Jacobo se practicó a través del juicio supletorio es claramente un error, pues la misma se realizó a los tres días del nacimiento del menor, siendo materialmente imposible que se hubiese llevado a cabo un procedimiento judicial en tan corto plazo. Indica que la Administración está poniendo en duda documentos públicos y judiciales emitidos por las Autoridades Competentes de un Estado soberano, pese a que a través de la Sentencia supletoria se han disipado todas las dudas sobre la validez de la inscripción de nacimiento realizada y el hecho de que el sistema judicial de Mali no cumpla con las mismas garantías que en España no es motivo suficiente para considerar que la filiación entre padre e hijo no ha quedado acreditada.

Indica que el interesado ha utilizado el medio legal que le facilita su país para llevar a cabo la inscripción, habiendo cumplido con los requisitos establecidos y terminando con una sentencia que aprueba la inscripción, la cual ha sido expedida por autoridad judicial competente. Añade que la Resolución no establece la conclusión obtenida en relación a la posible defectuosa inscripción de nacimiento, y de las certificaciones aportadas al expediente referenciado, sobre una prueba cierta, pues no se pone de manifiesto que se haya comprobado dichos registros en el Estado de origen. Manifiesta que en la copia del expediente administrativo no consta que exista ningún error en el libro de familia y si bien es cierto que en el acta de matrimonio consta una tachadura en el nombre y fecha de nacimiento de la madre de los menores y cónyuge del interesado, la misma queda justificada en dichos documentos al haberse llevado a cabo tras un procedimiento judicial.

Se opone la Administración demandada, tras recapitular la normativa aplicable, señalando que a la vista de tanto de la resolución recurrida como del expediente administrativo resulta que la parte recurrente no cumple con los requisitos previstos en el citado Real Decreto 557/2011; resultando procedente la denegación del visado solicitado, en concreto se cita por la resolución, dos prácticamente iguales, impugnadas. En concreto, indica que en las resoluciones se explica las razones por las que no procede la concesión del visado, con base a las dudas que suscita la documentación aportada por la actora que lleva a la conclusión de la existencia de dudas sobre la filiación que se pretende respecto de los hijos, respecto de los que se pretende la reagrupación.

TERCERO.- En materia de protección de la familia, el Tribunal de Justicia se ha guiado por la interpretación del artículo 8 del CEDH que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, "TEDH"). Sobre esa base el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 8 del CEDH no garantiza como tal ningún derecho en favor de un extranjero a entrar o residir en el territorio de un país determinado. Sin embargo, excluir a una persona de un país en el que viven sus parientes próximos puede constituir una injerencia en el derecho al respeto de la vida familiar protegido por el artículo 8, apartado 1, del CEDH. Tal injerencia infringe dicho Convenio si no cumple los requisitos del apartado 2 del mismo artículo, a saber, que esté "prevista por la ley" y motivada por una o más finalidades legítimas con arreglo a dicho apartado, y que, "en una sociedad democrática, sea necesaria", es decir, que esté "justificada por una necesidad social imperiosa" y sea, en especial, proporcionada a la finalidad legítima perseguida ( Sentencias de 11 de julio de 2002, Carpenter, C-60/00, apartado 42, y de 23 de septiembre de 2003, Akrich, C-109/01, apartado 59).

Según dichas sentencias negarse a permitir la reagrupación familiar no es, en principio, una injerencia en el sentido del artículo 8 del CEDH que requiera una justificación. En materia de reagrupación familiar no interpreta el artículo 8 del CEDH como un derecho que resulte afectado, sino como un fundamento jurídico que eventualmente puede servir de base a una pretensión.

En concreto, el TEDH rechaza expresamente deducir del artículo 8 del CEDH una obligación general de permitir la reagrupación familiar con el único objeto de atender el deseo de las familias de residir en un país determinado. Considera que la reagrupación familiar afecta tanto a la vida familiar como a la inmigración. El alcance de la obligación de un Estado de permitir la entrada de familiares del inmigrante establecido en su territorio depende de las circunstancias particulares de los afectados y del interés general. Conforme a las normas ciertas de Derecho internacional y sin perjuicio a las obligaciones que se deriven de convenios internacionales, los Estados tienen derecho a controlar la entrada de extranjeros en su territorio. Al hacerlo dispone de una amplia facultad discrecional.

CUARTO.- Conforme al artículo 17, apartado c), de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, los extranjeros residentes pueden reagrupar con ellos en España a sus hijos o los de su cónyuge o pareja, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su favor o tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

La cuestión que suscita la resolución impugnada hace referencia a la posible existencia de deficiencias en los documentos presentados señalando como tales que la documentación aportada para demostrar la filiación carece de fiabilidad suficiente al existir un intervalo temporal extenso entre el nacimiento y la inscripción, la falta de validez del método por el que se realizó la inscripción, la tacha del Libro del Familia en relación con las enmiendas que en el mismo constan.

En este campo, y con todas las prevenciones que hayan de tenerse para prevenir los fraudes documentales (rige el principio general de la presunción de validez de los documentos extranjeros del estado civil, por el interés general que representa la fiabilidad de los datos sobre el estado civil y los derechos fundamentales del interesado) y en esos casos de duda documental sobre los documentos de estado civil, es conveniente acudir a los procedimientos de comprobación contenidos en la Recomendación (n° 9), relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil y memoria explicativa adoptadas por la Asamblea General de Estrasburgo el 17 de marzo de 2005.

La Recomendación nº 9 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil y su memoria explicativa adoptadas en Estrasburgo por la Asamblea General el 17 de marzo de 2005, se preocupó de hacer un inventario de los diversos indicios que pueden revelar e identificar el carácter defectuoso, erróneo o fraudulento de un acta del registro civil o de un documento presentado. La resolución clasifica esos indicios en dos grupos: a) Indicios relacionados con las condiciones en que se elaboró el acta o se redactó el documento y b) Indicios derivados de elementos externos del documento.

Entre los primeros señala:

.- Existe un intervalo muy largo entre la fecha del acta y la fecha del hecho al que se refiere;

.- El acta se elaboró transcurrido mucho tiempo desde el hecho al que se refiere y muy poco tiempo antes del trámite para el que se expidió el documento;

.- Existen contradicciones o aspectos inverosímiles entre los diferentes datos consignados en el acta o en el documento;

.- El acta se elaboró exclusivamente sobre la base de la declaración de la persona a la que se refiere directamente;

.- El acta se elaboró sin disponerse de un elemento objetivo que garantizara la realidad del hecho referido en la misma;

.-Se trata de un documento expedido por una autoridad que no tenía en su poder o no tenía acceso al acta original.

Entre los segundos:

.- Existen contradicciones o aspectos inverosímiles entre los datos del documento presentado y los que figuran en otras actas o documentos comunicados a la autoridad competente o que obren en su poder;

.- Los datos que figuran en el documento presentado no parecen corresponder a la persona a la que se refieren;

.- La autoridad competente en el asunto ha tenido conocimiento por medios oficiales de fraudes o irregularidades anteriores imputables al interesado;

.- La autoridad competente en el asunto ha tenido conocimiento por medios oficiales de numerosas irregularidades en la gestión de los registros civiles o la expedición de certificaciones de los registros del Estado de origen del documento presentado.

Se debe tener en cuenta que la propia Recomendación nº 9 priva de efectos al documento fraudulento, no ocurriendo necesariamente lo mismo en el caso de un documento defectuoso o erróneo (por ejemplo, cita, la autoridad competente puede considerar que procede reconocer al documento un cierto efecto, no necesariamente pleno), sobre todo cuando resulte posible subsanar el defecto mediante la presentación de documentación complementaria, un procedimiento de rectificación u otros medios.

Distinguiremos entre los dos hijos. En primer lugar, en referencia a Malik se indican como indicios los siguientes:

a- Su acta de nacimiento se ha expedido mucho después del nacimiento en cuestión, concretamente casi 14 años después, ya que el nacimiento tuvo lugar, según el acta de nacimiento en 2006 y el acta fue expedida en 2020.

No es un hecho discutido que la inscripción de nacimiento del solicitante se realizó de manera tardía pues en el acta se manifiesta que el nacimiento se produjo el NUM000 de 2006 y la inscripción tuvo lugar el 8 de mayo de 2020. Dicha inscripción se realizó mediante Juicio Supletorio de Nacimiento que ordenó la inscripción el día 8 de mayo de 2020.

Dicho dato por sí solo, constituye indicio suficiente para entender, como manifiesta la Embajada, que los documentos podrían ser fraudulentos. En referencia a las actas de juicio supletorio aportadas, ya esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con este tipo de documentos, Sentencias de 3 de diciembre de 2019 (recurso 187/2019), 28 de marzo de 2019 (recurso 1169/2018), 19 de marzo de 2018 (recurso 797/2017), 6 de julio de 2017 (recurso 1295/2016) y 13 de febrero de 2017 (recurso 847/2016), por todas, en los que la sentencia así dictada contiene un reconocimiento de la filiación que, sin embargo, no puede tener la eficacia que la parte actora pretende.

Señalamos que " De entrada, el procedimiento de reconocimiento de la filiación mediante el citado "jugement supplétif" choca frontalmente con las normas procesales que rigen para la determinación de la filiación en el ordenamiento jurídico español; en concreto, con lo dispuesto en los artículos 764 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no sólo exigen un principio de prueba de los hechos en que se funde la demanda sino que, precisa, de entrada y como requisito de procedibilidad, que la demanda se siga a instancia de persona legitimada para ejercitar la acción y que la misma vaya dirigida contra persona legitimada pasivamente, esto es, por la/s persona/s a quien/es que en ésta se atribuya la condición de progenitor/es si no fuesen quienes han ejercitado la acción, y añadiendo que, si cualquiera de ellos hubiese fallecido, serán parte demandada sus herederos.

En este caso, ninguno de los que fueron declarados progenitores (padre y madre) de la menor tuvo intervención alguna (ni siquiera consta que tuvieran conocimiento previo de su instancia) en un acto que fue seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de NUM001, a instancias de persona que se identifica tan sólo como "comerciante, domiciliado en el....., NUM001", cuya relación con la menor, o con los que aparecen después como padres consta en modo alguno.

Todo ello considerando, de modo añadido, que el jugement supplétif se instó en octubre de 2016, tan sólo cuatro meses antes de la fecha en que después se formuló la solicitud de visado por quien, según se afirma en la demanda, aparece como madre tras la resolución del Tribunal Guineano y sin poder pasar por alto tampoco el hecho de que la decisión se basó especialmente en la audiencia de dos personas: D. Doroteo (la persona que inicio el proceso en cuestión y del que, ya se ha dicho, ninguna referencia familiar o de otro tipo consta en estos autos con la parte actora) y D. Eduardo, de quien sólo se dice en la resolución del juicio supletorio que es "nacido en 1964, comerciante, domiciliado en el...." el mismo que el demandante.

Lo anteriormente explicado se ha expuesto porque esta Sala, al valorar el alcance probatorio del documento en el que se contiene el juicio supletorio, lo ha hecho en conjunto con el resto del material probatorio obrante en autos para llegar, ya se puede anunciar, a una conclusión desestimatoria del presente recurso. Y es que, hay que destacarlo, no desconocemos lo razonado por el Tribunal Supremo en su STS de 20 de julio de 2016 (Rec. Cas. 3839/2015 ) en cuanto a la fuerza ejecutiva y validez probatoria de documentos públicos extranjeros; todo ello en relación con la motivación que esta Sección venía manteniendo respecto a la exigencia, en algún caso como el que aquí nos ocupa, de que la sentencia dictada por un órgano judicial extranjero, para su eficacia en España, estuviese debidamente homologada conforme a lo exigido por el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al objeto de que pudiera desplegar su fuerza ejecutiva en España.

No obstante, en la propia Sentencia del Tribunal Supremo que se ha citado, se examina también la validez probatoria de los documentos extranjeros, que es de lo que se trata en este proceso, y razona del modo siguiente:

"La fuerza probatoria de los documentos extranjeros aparece regulada en otro precepto distinto, el art. 323 de la LEC , en el que bajo la rúbrica "Fuerza probatoria de los documentos extranjeros" se establece que "1º Que en el otorgamiento o confección del documento se hayan observado los requisitos que se exijan en el país donde se hayan otorgado para que el documento haga prueba plena en juicio. 2º Que el documento contenga la legalización postilla y los demás requisitos necesarios para su autenticidad en España [...]".

En este caso se incorporó una sentencia judicial original con los sellos y que aparentemente está firmada por la autoridad judicial que la expidió y con los certificados correspondientes.

Es cierto que no consta su apostilla o legalización por lo que podría sostenerse que no cumple los requisitos para que tuviese fuerza probatoria propia de un documento público, esto es, prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que se documenta, de la fecha en que se produce y de los identidad de los fedatarios ( art. 319 de la LEC ), pero dicho documento no fue impugnado ni en la vía administrativa ni en la instancia por el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, por lo que no existen razones para dudar de su autenticidad del mismo y de su valor probatorio de los hechos que acredita. No debe olvidarse, en tal sentido, que incluso los documentos privados cuya autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique harán prueba plena en el proceso en los términos previstos en el art. 319 para los documentos públicos ( art. 326 de la LEC ).

Pues bien, en este caso, es la propia Embajada de España en NUM001 la que pone en duda, expresamente, en la resolución impugnada, la fiabilidad y validez del documento del que ahora tratamos. Y lo hace no sólo con la motivación que hace explícita en la resolución denegatoria de los visados sino también razonando en ella que "Debido a que la autoridad consular no puede sustraerse a lo que conoce de la realidad y entorno del país en el que ejerce sus funciones debiendo de velar especialmente por evitar el fraude de ley (...) en aquellos contextos en los que existen reiteradas maniobras fraudulentas teniendo a menudo por finalidad obtener ventajas indebidas, tales como el acceso al territorio, la adquisición o el reconocimiento de la nacionalidad o diversos derechos sociales".

No cabe duda que el reconocimiento de la filiación por el Tribunal es contrario al ordenamiento público español que regula la determinación legal de la filiación por sentencia firme conforme al procedimiento fijado en los artículos 764 y ss de la LEC exigiéndose un principio de prueba de los hechos en que se funde pues la declaración fue de parte, no se estableció principio de prueba, bastó con la mera declaración, y la causa de la pretensión y base del reconocimiento fue la ignorancia de la ley de que todos los nacimientos debían ser inscritos.

En consecuencia, por lo hasta aquí expuesto y razonado, el presente recurso será desestimado puesto que, valorados en su conjunto todos los documentos obrantes en autos a través del expediente administrativo, a la vista de lo razonado por la Embajada de España en NUM001, teniendo presente la proximidad de la fecha del juicio supletorio con la solicitud de visado (conforme a la Recomendación nº 9 antes citada), y siendo en tales actuaciones -para el juicio supletorio del acta de nacimiento- especialmente relevante la ausencia del declarado finalmente como padre, la Sala no alcanza, en efecto, la necesaria convicción sobre el establecimiento conforme a Derecho de la relación paterno-filial entre los menores y el reagrupante".

Como se verá con el otro hijo, resulta contradictorio con las declaraciones vertidas en demanda que para este menor se haya seguido tal procedimiento para la inscripción con tanta tardanza y en el caso del otro la inscripción se haya realizado el 3 de enero de 2012, con solo un mes de retraso, cuando a dicha fecha el nacimiento de aquél ya se había producido.

b.- Tachadura en el Libro de Familia.

Según consta en las actuaciones el matrimonio entre el recurrente y doña Maribel se celebró el 9 de febrero de 2009. El Libro de Familia fue expedido el 2 de noviembre de 2020 y en relación con el otro menor (folio 57 del expediente) aparece un borrado en la casilla del nombre de la madre sin que exista ninguna salvedad en el documento. Por lo tanto, se trata de un documento que ha sido manipulado lo que lleva, conforme a dicho criterios, a determinar su falta de validez con los efectos de haber aportado al expediente un documento con dicha alteración.

En referencia a Jacobo se indican como indicios los siguientes:

a.- Tachadura en el Libro de Familia.

Ya se ha indicado el alcance del indicio en relación con este menor, lo que nos lleva a la misma conclusión.

b.- Inscripción tardía.

La resolución se limita a establecer la falta de validez del Juicio supletorio en relación con su inscripción. No es un hecho discutido que la inscripción de nacimiento del solicitante se realizó de manera tardía pues en el acta se manifiesta que el nacimiento se produjo el NUM001 de 2001 y la inscripción tuvo lugar el 3 de enero de 2012. Dicha inscripción se realizó mediante Juicio Supletorio de Nacimiento que ordenó la inscripción el día 3 de enero de 2012.

En suma, por todos los elementos analizados dichos certificados de nacimiento carecen de validez conforme a nuestro ordenamiento para acreditar la filiación de los menores lo que nos lleva a desestimar el recurso.

QUINTO.- Establece el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de autos procede la condena en costas de la parte recurrente, que ha visto rechazada sus pretensiones sin que concurra motivo para su no imposición.

A tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, de los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de quinientos euros (500 €) por los honorarios de Letrado, más el IVA correspondiente a dicha cantidad, y ello en función de la índole del litigio y la actividad desplegada por las partes.

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.