Sentencia Militar 8/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 10/2025 de 02 de abril del 2025

PRIMERO.-El Procurador de los Tribunales D. José Luis Barragues Fernández, en nombre y representación del Brigada del Ejército del Aire y del Espacio D. Luis Manuel interpone recurso frente a la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña nº 30/24, con fecha 6 de noviembre de 2024 en razón a los siguientes motivos: 1º) Por infracción de ley al amparo del art. 849.2 LECrim, por error en la apreciación de la prueba; 2º) Por quebrantamiento de forma del art. 851.3 LECrim; y, 3º) Por infracción de preceptos constitucionales, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio de tipicidad.

SEGUNDO.-En el primer motivo de su recurso interpuesto por error en la apreciación de la prueba, el recurrente advierte que «nuestro recurso no se circunscribe a esa cuestión, sino a una última vulneración de la presunción de inocencia de nuestro representado, por omisión del análisis de prueba practicada, y erróneo traslado de la que sí ha sido reflejada en sentencia». A continuación dice que «se requiere una nueva valoración de la prueba, y esta Sala tiene abierta la vía de la valoración íntegra». Sin embargo, lo cierto es que tal planteamiento es incorrecto.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, es doctrina jurisprudencial de esta Sala reiterada que el art. 849.2 de la LECrim. señala que se entenderá que ha sido infringida la ley, a los efectos de la casación, cuando haya existido un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La viabilidad de esta vía de impugnación casacional -dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia- se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

El alegado error ha de desprenderse de documentos que tengan tal consideración a efectos casacionales y, en este sentido, la jurisprudencia ha centrado el concepto de documento en aquellas representaciones gráficas producidas u originadas fuera de la causa y que se incorporen a la misma, no ofreciendo tal virtualidad las pruebas de carácter personal, aunque pudieran estar documentadas, tales como las declaraciones de testigos y peritos. Tan sólo cabe admitir con carácter excepcional como prueba documental el informe pericial cuando el Tribunal de instancia, existiendo un sólo peritaje o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre el mismo hecho, los hubiera incorporado al relato fáctico de modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se hubiera alterado su sentido originario, o cuando el Tribunal hubiera llegado a conclusiones divergentes o distintas de las inequívocamente manifestadas por los peritos, sin expresar razones que justificaran la razón para apartarse de tales conclusiones.

Por otra parte, y por lo que se refiere al valor intrínseco del documento, se requiere que éste por sí solo acredite y justifique una realidad contraria a la asumida por los jueces, por lo que el documento que se señale para fundamentar el error alegado ha de ser literosuficiente: el documento ha de demostrar por sí mismo el error que se denuncia, evidenciándose la equivocación del juzgador de forma clara y patente, sin necesitar prueba adicional alguna. Lo que lleva consigo -como en definitiva significa el propio artículo 849.2º- que dicho documento y lo que con él se pretenda probar no se encuentre desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad.

Además, es necesario que la pretendida rectificación del relato fáctico, que se acomete con una alegación relativa a la existencia de un error en la apreciación de la prueba, tenga trascendencia en relación con el fallo dictado, de manera que, como consecuencia de ello, se altere alguno de sus pronunciamientos, pues la finalidad del recurso no es sólo obtener la rectificación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sino la anulación o modificación de ésta. Por tanto, si la variación tan sólo afecta a datos o elementos de hecho, sin repercusión final en el fallo de la sentencia impugnada, tampoco prosperará en definitiva el recurso, pues éste se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o de derecho no tengan capacidad de modificarlo.

Así pues, el error de hecho en la apreciación de la prueba exige que el recurrente identifique el error, que este aparezca en un documento literosuficiente, que no exista contradicción con otras pruebas y que tenga relevancia para afectar al fallo de la sentencia recurrida.

En su recurso el recurrente se refiere a un vídeo, a unos partes de asistencia y a «otra documental constante en la causa». Junto a ello, se centra en declaraciones personales. Es preciso indicar que el recurrente no explica cual es el error que dimana de los "documentos" que indica, pues, en cuanto al vídeo, únicamente dice lo que aprecia en él; tampoco explica el error en cuanto a los partes de asistencia médica; y, en cuanto a la "otra documental", concretada en los folios 57 a 60 de las actuaciones, nada afectan al objeto de esta causa, ni a la declaración de los hechos probados, pues se refieren a la notificación de una sanción impuesta a la víctima en esta causa, lo que en modo alguno supone que exista un error en los hechos probados, ni lo indica el recurrente.

En cuanto a la vulneración de la presunción de inocencia es preciso tener en cuenta los límites del recurso de casación al respecto. En efecto, pues en términos generales las cuestiones de hecho no tienen entrada en el recurso de casación, por lo que no es posible tener en cuenta alegaciones relativas a si la declaración de un testigo es más creíble que la de otro, o sobre si deben ser creídos los dichos de un testigo, por cuanto tal decisión corresponde por fuerza al Tribunal ante quien se ha desarrollado la prueba testifical; en otras palabras, y sucintamente, se trata de una consecuencia obligada del principio de inmediación. La valoración de la prueba testifical depende en gran medida de su percepción directa, por lo que determinar si era o no creíble es una tarea que corresponde -como hemos indicado- al Tribunal de instancia, en razón a la inmediación que existe entre la prueba y dicho Tribunal. Por ello, el criterio del Tribunal de instancia no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación, salvo en lo que afecta a su estructura racional, es decir, en lo que supone que el Tribunal de instancia haya observado en su razonamiento al valorar las declaraciones testificales, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

La queja del recurrente no expone en qué manera el razonamiento del Tribunal de instancia ha transgredido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Cuestión distinta es que el recurrente pretenda sustituir el criterio del Tribunal de instancia por el suyo propio, y le parezca poco creíble determinado testimonio, pero tal circunstancia, esto es, la credibilidad de un testigo, no es revisable en este recurso, pues depende de la inmediación con la prueba.

Lo que sí es evidente, no solo a la vista de la sentencia sino también del recurso interpuesto es que ha habido abundante prueba practicada en el juicio oral, tanto testifical y pericial, sin que se observe ni -como dijimos- lo haya señalado el recurrente, que en su valoración el Tribunal de instancia haya trasgredido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

El motivo no puede prosperar y debe ser desestimado.

TERCERO.-El segundo motivo, planteado por quebrantamiento de forma del art. 851.3º LECrim, considera que «la sentencia no resuelve ni da motivación alguna de rechazo sobre las expresas alegaciones que esta defensa despliega en informe en sala, relativas a la existencia de ánimo espurio en la denuncia (fundamentadas en documental que igualmente es ignorada en la motivación del fallo), a la disposición de los testigos en el espacio-tiempo que condicionan la valoración de su testimonio, a la constatación del desarrollo del ejercicio en el que supuestamente ocurren los hechos y que encuentra soporte en el vídeo admitido como prueba y visionado en el acto del juicio oral, entre otras. [120.3 CE motivación de la sentencia].». Se refiere, y así lo dice expresamente a las cuestiones jurídicas «contenidas en el informe oral de la defensa».

El recurrente a pesar de afirmar que se refiere a cuestiones jurídicas, lo cierto es que concreta su motivo en cuestiones de hecho y es jurisprudencia uniforme y reiterada que el art. 851.3º LECrim, se refiere a cuestiones de derecho y no a la determinación de los hechos. Así, entre otras muchas, la STS 2ª, 1003/96, de 12 de diciembre.

La incongruencia omisiva consiste conforme a la reiterada jurisprudencia, en no dar respuesta motivada a alguna de las cuestiones jurídicas suscitadas en los escritos de calificación presentados por las partes. No abarca las alegaciones fácticas, o incluso, jurídicas que sean distintas a las previstas en el artículo 650 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El motivo no puede prosperar y procede su desestimación.

CUARTO.-El tercero y último motivo del recurso se interpone por vulneración de la presunción de inocencia y por infracción del principio de tipicidad.

En cuanto a la queja relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, nos remitimos a lo que al efecto ya dijimos anteriormente.

En relación con la alegada infracción del principio de tipicidad, el recurrente considera que no se han acreditado los hechos que permitirían la subsunción, pero, cuando lo que se impugna es la subsunción, debe partirse de los hechos declarados probados y explicar porqué la labor de aplicar a tales hechos el tipo penal es incorrecto. Pero, ese no es el planteamiento del recurrente, sino que como indicamos, parte de considerar no probados los hechos, lo que supone volver al tema -ya resuelto- del derecho a la presunción de inocencia.

Sin perjuicio de ello y como el recurrente se refiere al delito de lesiones psíquicas (y aunque lo hace negando los hechos declarados probados), conviene precisar que las lesiones psíquicas pueden producirse como consecuencia de una violencia física que provoca lesiones corporales, o, incluso, por un maltrato físico aunque éste no haya llegado a producir lesiones corporales; pero también pueden ser consecuencia de un maltrato psicológico, mediante acciones despreciativas, de anulación y sumisión, generación de ansiedad, etc.

En el presente caso, aparece en el relato de hechos probados una conducta de maltrato de obra que, conforme a la documental y pericial ha producido como resultado una lesión psíquica, por cuanto tuvo un cuadro de ansiedad que precisó una primera asistencia facultativa y posterior tratamiento psicofarmacológico que se estabilizó a los 7 días.

El motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-Se observa en la sentencia de instancia que en el apartado relativo a la condena por responsabilidad civil que el condenado debe abonar a «Dª. Agueda» cuando en el resto de la sentencia se habla de «Dª. Noelia», por lo que al tratarse de un mero error material, el Tribunal de instancia debe proceder a rectificar la sentencia.

SEXTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1987 de 15 de julio.

PRIMERO.-El Procurador de los Tribunales D. José Luis Barragues Fernández, en nombre y representación del Brigada del Ejército del Aire y del Espacio D. Luis Manuel interpone recurso frente a la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña nº 30/24, con fecha 6 de noviembre de 2024 en razón a los siguientes motivos: 1º) Por infracción de ley al amparo del art. 849.2 LECrim, por error en la apreciación de la prueba; 2º) Por quebrantamiento de forma del art. 851.3 LECrim; y, 3º) Por infracción de preceptos constitucionales, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio de tipicidad.

SEGUNDO.-En el primer motivo de su recurso interpuesto por error en la apreciación de la prueba, el recurrente advierte que «nuestro recurso no se circunscribe a esa cuestión, sino a una última vulneración de la presunción de inocencia de nuestro representado, por omisión del análisis de prueba practicada, y erróneo traslado de la que sí ha sido reflejada en sentencia». A continuación dice que «se requiere una nueva valoración de la prueba, y esta Sala tiene abierta la vía de la valoración íntegra». Sin embargo, lo cierto es que tal planteamiento es incorrecto.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, es doctrina jurisprudencial de esta Sala reiterada que el art. 849.2 de la LECrim. señala que se entenderá que ha sido infringida la ley, a los efectos de la casación, cuando haya existido un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La viabilidad de esta vía de impugnación casacional -dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia- se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

El alegado error ha de desprenderse de documentos que tengan tal consideración a efectos casacionales y, en este sentido, la jurisprudencia ha centrado el concepto de documento en aquellas representaciones gráficas producidas u originadas fuera de la causa y que se incorporen a la misma, no ofreciendo tal virtualidad las pruebas de carácter personal, aunque pudieran estar documentadas, tales como las declaraciones de testigos y peritos. Tan sólo cabe admitir con carácter excepcional como prueba documental el informe pericial cuando el Tribunal de instancia, existiendo un sólo peritaje o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre el mismo hecho, los hubiera incorporado al relato fáctico de modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se hubiera alterado su sentido originario, o cuando el Tribunal hubiera llegado a conclusiones divergentes o distintas de las inequívocamente manifestadas por los peritos, sin expresar razones que justificaran la razón para apartarse de tales conclusiones.

Por otra parte, y por lo que se refiere al valor intrínseco del documento, se requiere que éste por sí solo acredite y justifique una realidad contraria a la asumida por los jueces, por lo que el documento que se señale para fundamentar el error alegado ha de ser literosuficiente: el documento ha de demostrar por sí mismo el error que se denuncia, evidenciándose la equivocación del juzgador de forma clara y patente, sin necesitar prueba adicional alguna. Lo que lleva consigo -como en definitiva significa el propio artículo 849.2º- que dicho documento y lo que con él se pretenda probar no se encuentre desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad.

Además, es necesario que la pretendida rectificación del relato fáctico, que se acomete con una alegación relativa a la existencia de un error en la apreciación de la prueba, tenga trascendencia en relación con el fallo dictado, de manera que, como consecuencia de ello, se altere alguno de sus pronunciamientos, pues la finalidad del recurso no es sólo obtener la rectificación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sino la anulación o modificación de ésta. Por tanto, si la variación tan sólo afecta a datos o elementos de hecho, sin repercusión final en el fallo de la sentencia impugnada, tampoco prosperará en definitiva el recurso, pues éste se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o de derecho no tengan capacidad de modificarlo.

Así pues, el error de hecho en la apreciación de la prueba exige que el recurrente identifique el error, que este aparezca en un documento literosuficiente, que no exista contradicción con otras pruebas y que tenga relevancia para afectar al fallo de la sentencia recurrida.

En su recurso el recurrente se refiere a un vídeo, a unos partes de asistencia y a «otra documental constante en la causa». Junto a ello, se centra en declaraciones personales. Es preciso indicar que el recurrente no explica cual es el error que dimana de los "documentos" que indica, pues, en cuanto al vídeo, únicamente dice lo que aprecia en él; tampoco explica el error en cuanto a los partes de asistencia médica; y, en cuanto a la "otra documental", concretada en los folios 57 a 60 de las actuaciones, nada afectan al objeto de esta causa, ni a la declaración de los hechos probados, pues se refieren a la notificación de una sanción impuesta a la víctima en esta causa, lo que en modo alguno supone que exista un error en los hechos probados, ni lo indica el recurrente.

En cuanto a la vulneración de la presunción de inocencia es preciso tener en cuenta los límites del recurso de casación al respecto. En efecto, pues en términos generales las cuestiones de hecho no tienen entrada en el recurso de casación, por lo que no es posible tener en cuenta alegaciones relativas a si la declaración de un testigo es más creíble que la de otro, o sobre si deben ser creídos los dichos de un testigo, por cuanto tal decisión corresponde por fuerza al Tribunal ante quien se ha desarrollado la prueba testifical; en otras palabras, y sucintamente, se trata de una consecuencia obligada del principio de inmediación. La valoración de la prueba testifical depende en gran medida de su percepción directa, por lo que determinar si era o no creíble es una tarea que corresponde -como hemos indicado- al Tribunal de instancia, en razón a la inmediación que existe entre la prueba y dicho Tribunal. Por ello, el criterio del Tribunal de instancia no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación, salvo en lo que afecta a su estructura racional, es decir, en lo que supone que el Tribunal de instancia haya observado en su razonamiento al valorar las declaraciones testificales, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

La queja del recurrente no expone en qué manera el razonamiento del Tribunal de instancia ha transgredido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Cuestión distinta es que el recurrente pretenda sustituir el criterio del Tribunal de instancia por el suyo propio, y le parezca poco creíble determinado testimonio, pero tal circunstancia, esto es, la credibilidad de un testigo, no es revisable en este recurso, pues depende de la inmediación con la prueba.

Lo que sí es evidente, no solo a la vista de la sentencia sino también del recurso interpuesto es que ha habido abundante prueba practicada en el juicio oral, tanto testifical y pericial, sin que se observe ni -como dijimos- lo haya señalado el recurrente, que en su valoración el Tribunal de instancia haya trasgredido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

El motivo no puede prosperar y debe ser desestimado.

TERCERO.-El segundo motivo, planteado por quebrantamiento de forma del art. 851.3º LECrim, considera que «la sentencia no resuelve ni da motivación alguna de rechazo sobre las expresas alegaciones que esta defensa despliega en informe en sala, relativas a la existencia de ánimo espurio en la denuncia (fundamentadas en documental que igualmente es ignorada en la motivación del fallo), a la disposición de los testigos en el espacio-tiempo que condicionan la valoración de su testimonio, a la constatación del desarrollo del ejercicio en el que supuestamente ocurren los hechos y que encuentra soporte en el vídeo admitido como prueba y visionado en el acto del juicio oral, entre otras. [120.3 CE motivación de la sentencia].». Se refiere, y así lo dice expresamente a las cuestiones jurídicas «contenidas en el informe oral de la defensa».

El recurrente a pesar de afirmar que se refiere a cuestiones jurídicas, lo cierto es que concreta su motivo en cuestiones de hecho y es jurisprudencia uniforme y reiterada que el art. 851.3º LECrim, se refiere a cuestiones de derecho y no a la determinación de los hechos. Así, entre otras muchas, la STS 2ª, 1003/96, de 12 de diciembre.

La incongruencia omisiva consiste conforme a la reiterada jurisprudencia, en no dar respuesta motivada a alguna de las cuestiones jurídicas suscitadas en los escritos de calificación presentados por las partes. No abarca las alegaciones fácticas, o incluso, jurídicas que sean distintas a las previstas en el artículo 650 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El motivo no puede prosperar y procede su desestimación.

CUARTO.-El tercero y último motivo del recurso se interpone por vulneración de la presunción de inocencia y por infracción del principio de tipicidad.

En cuanto a la queja relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, nos remitimos a lo que al efecto ya dijimos anteriormente.

En relación con la alegada infracción del principio de tipicidad, el recurrente considera que no se han acreditado los hechos que permitirían la subsunción, pero, cuando lo que se impugna es la subsunción, debe partirse de los hechos declarados probados y explicar porqué la labor de aplicar a tales hechos el tipo penal es incorrecto. Pero, ese no es el planteamiento del recurrente, sino que como indicamos, parte de considerar no probados los hechos, lo que supone volver al tema -ya resuelto- del derecho a la presunción de inocencia.

Sin perjuicio de ello y como el recurrente se refiere al delito de lesiones psíquicas (y aunque lo hace negando los hechos declarados probados), conviene precisar que las lesiones psíquicas pueden producirse como consecuencia de una violencia física que provoca lesiones corporales, o, incluso, por un maltrato físico aunque éste no haya llegado a producir lesiones corporales; pero también pueden ser consecuencia de un maltrato psicológico, mediante acciones despreciativas, de anulación y sumisión, generación de ansiedad, etc.

En el presente caso, aparece en el relato de hechos probados una conducta de maltrato de obra que, conforme a la documental y pericial ha producido como resultado una lesión psíquica, por cuanto tuvo un cuadro de ansiedad que precisó una primera asistencia facultativa y posterior tratamiento psicofarmacológico que se estabilizó a los 7 días.

El motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-Se observa en la sentencia de instancia que en el apartado relativo a la condena por responsabilidad civil que el condenado debe abonar a «Dª. Agueda» cuando en el resto de la sentencia se habla de «Dª. Noelia», por lo que al tratarse de un mero error material, el Tribunal de instancia debe proceder a rectificar la sentencia.

SEXTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1987 de 15 de julio.

PRIMERO.-El Procurador de los Tribunales D. José Luis Barragues Fernández, en nombre y representación del Brigada del Ejército del Aire y del Espacio D. Luis Manuel interpone recurso frente a la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña nº 30/24, con fecha 6 de noviembre de 2024 en razón a los siguientes motivos: 1º) Por infracción de ley al amparo del art. 849.2 LECrim, por error en la apreciación de la prueba; 2º) Por quebrantamiento de forma del art. 851.3 LECrim; y, 3º) Por infracción de preceptos constitucionales, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio de tipicidad.

SEGUNDO.-En el primer motivo de su recurso interpuesto por error en la apreciación de la prueba, el recurrente advierte que «nuestro recurso no se circunscribe a esa cuestión, sino a una última vulneración de la presunción de inocencia de nuestro representado, por omisión del análisis de prueba practicada, y erróneo traslado de la que sí ha sido reflejada en sentencia». A continuación dice que «se requiere una nueva valoración de la prueba, y esta Sala tiene abierta la vía de la valoración íntegra». Sin embargo, lo cierto es que tal planteamiento es incorrecto.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, es doctrina jurisprudencial de esta Sala reiterada que el art. 849.2 de la LECrim. señala que se entenderá que ha sido infringida la ley, a los efectos de la casación, cuando haya existido un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La viabilidad de esta vía de impugnación casacional -dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia- se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

El alegado error ha de desprenderse de documentos que tengan tal consideración a efectos casacionales y, en este sentido, la jurisprudencia ha centrado el concepto de documento en aquellas representaciones gráficas producidas u originadas fuera de la causa y que se incorporen a la misma, no ofreciendo tal virtualidad las pruebas de carácter personal, aunque pudieran estar documentadas, tales como las declaraciones de testigos y peritos. Tan sólo cabe admitir con carácter excepcional como prueba documental el informe pericial cuando el Tribunal de instancia, existiendo un sólo peritaje o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre el mismo hecho, los hubiera incorporado al relato fáctico de modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se hubiera alterado su sentido originario, o cuando el Tribunal hubiera llegado a conclusiones divergentes o distintas de las inequívocamente manifestadas por los peritos, sin expresar razones que justificaran la razón para apartarse de tales conclusiones.

Por otra parte, y por lo que se refiere al valor intrínseco del documento, se requiere que éste por sí solo acredite y justifique una realidad contraria a la asumida por los jueces, por lo que el documento que se señale para fundamentar el error alegado ha de ser literosuficiente: el documento ha de demostrar por sí mismo el error que se denuncia, evidenciándose la equivocación del juzgador de forma clara y patente, sin necesitar prueba adicional alguna. Lo que lleva consigo -como en definitiva significa el propio artículo 849.2º- que dicho documento y lo que con él se pretenda probar no se encuentre desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad.

Además, es necesario que la pretendida rectificación del relato fáctico, que se acomete con una alegación relativa a la existencia de un error en la apreciación de la prueba, tenga trascendencia en relación con el fallo dictado, de manera que, como consecuencia de ello, se altere alguno de sus pronunciamientos, pues la finalidad del recurso no es sólo obtener la rectificación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sino la anulación o modificación de ésta. Por tanto, si la variación tan sólo afecta a datos o elementos de hecho, sin repercusión final en el fallo de la sentencia impugnada, tampoco prosperará en definitiva el recurso, pues éste se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o de derecho no tengan capacidad de modificarlo.

Así pues, el error de hecho en la apreciación de la prueba exige que el recurrente identifique el error, que este aparezca en un documento literosuficiente, que no exista contradicción con otras pruebas y que tenga relevancia para afectar al fallo de la sentencia recurrida.

En su recurso el recurrente se refiere a un vídeo, a unos partes de asistencia y a «otra documental constante en la causa». Junto a ello, se centra en declaraciones personales. Es preciso indicar que el recurrente no explica cual es el error que dimana de los "documentos" que indica, pues, en cuanto al vídeo, únicamente dice lo que aprecia en él; tampoco explica el error en cuanto a los partes de asistencia médica; y, en cuanto a la "otra documental", concretada en los folios 57 a 60 de las actuaciones, nada afectan al objeto de esta causa, ni a la declaración de los hechos probados, pues se refieren a la notificación de una sanción impuesta a la víctima en esta causa, lo que en modo alguno supone que exista un error en los hechos probados, ni lo indica el recurrente.

En cuanto a la vulneración de la presunción de inocencia es preciso tener en cuenta los límites del recurso de casación al respecto. En efecto, pues en términos generales las cuestiones de hecho no tienen entrada en el recurso de casación, por lo que no es posible tener en cuenta alegaciones relativas a si la declaración de un testigo es más creíble que la de otro, o sobre si deben ser creídos los dichos de un testigo, por cuanto tal decisión corresponde por fuerza al Tribunal ante quien se ha desarrollado la prueba testifical; en otras palabras, y sucintamente, se trata de una consecuencia obligada del principio de inmediación. La valoración de la prueba testifical depende en gran medida de su percepción directa, por lo que determinar si era o no creíble es una tarea que corresponde -como hemos indicado- al Tribunal de instancia, en razón a la inmediación que existe entre la prueba y dicho Tribunal. Por ello, el criterio del Tribunal de instancia no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación, salvo en lo que afecta a su estructura racional, es decir, en lo que supone que el Tribunal de instancia haya observado en su razonamiento al valorar las declaraciones testificales, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

La queja del recurrente no expone en qué manera el razonamiento del Tribunal de instancia ha transgredido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Cuestión distinta es que el recurrente pretenda sustituir el criterio del Tribunal de instancia por el suyo propio, y le parezca poco creíble determinado testimonio, pero tal circunstancia, esto es, la credibilidad de un testigo, no es revisable en este recurso, pues depende de la inmediación con la prueba.

Lo que sí es evidente, no solo a la vista de la sentencia sino también del recurso interpuesto es que ha habido abundante prueba practicada en el juicio oral, tanto testifical y pericial, sin que se observe ni -como dijimos- lo haya señalado el recurrente, que en su valoración el Tribunal de instancia haya trasgredido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

El motivo no puede prosperar y debe ser desestimado.

TERCERO.-El segundo motivo, planteado por quebrantamiento de forma del art. 851.3º LECrim, considera que «la sentencia no resuelve ni da motivación alguna de rechazo sobre las expresas alegaciones que esta defensa despliega en informe en sala, relativas a la existencia de ánimo espurio en la denuncia (fundamentadas en documental que igualmente es ignorada en la motivación del fallo), a la disposición de los testigos en el espacio-tiempo que condicionan la valoración de su testimonio, a la constatación del desarrollo del ejercicio en el que supuestamente ocurren los hechos y que encuentra soporte en el vídeo admitido como prueba y visionado en el acto del juicio oral, entre otras. [120.3 CE motivación de la sentencia].». Se refiere, y así lo dice expresamente a las cuestiones jurídicas «contenidas en el informe oral de la defensa».

El recurrente a pesar de afirmar que se refiere a cuestiones jurídicas, lo cierto es que concreta su motivo en cuestiones de hecho y es jurisprudencia uniforme y reiterada que el art. 851.3º LECrim, se refiere a cuestiones de derecho y no a la determinación de los hechos. Así, entre otras muchas, la STS 2ª, 1003/96, de 12 de diciembre.

La incongruencia omisiva consiste conforme a la reiterada jurisprudencia, en no dar respuesta motivada a alguna de las cuestiones jurídicas suscitadas en los escritos de calificación presentados por las partes. No abarca las alegaciones fácticas, o incluso, jurídicas que sean distintas a las previstas en el artículo 650 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El motivo no puede prosperar y procede su desestimación.

CUARTO.-El tercero y último motivo del recurso se interpone por vulneración de la presunción de inocencia y por infracción del principio de tipicidad.

En cuanto a la queja relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, nos remitimos a lo que al efecto ya dijimos anteriormente.

En relación con la alegada infracción del principio de tipicidad, el recurrente considera que no se han acreditado los hechos que permitirían la subsunción, pero, cuando lo que se impugna es la subsunción, debe partirse de los hechos declarados probados y explicar porqué la labor de aplicar a tales hechos el tipo penal es incorrecto. Pero, ese no es el planteamiento del recurrente, sino que como indicamos, parte de considerar no probados los hechos, lo que supone volver al tema -ya resuelto- del derecho a la presunción de inocencia.

Sin perjuicio de ello y como el recurrente se refiere al delito de lesiones psíquicas (y aunque lo hace negando los hechos declarados probados), conviene precisar que las lesiones psíquicas pueden producirse como consecuencia de una violencia física que provoca lesiones corporales, o, incluso, por un maltrato físico aunque éste no haya llegado a producir lesiones corporales; pero también pueden ser consecuencia de un maltrato psicológico, mediante acciones despreciativas, de anulación y sumisión, generación de ansiedad, etc.

En el presente caso, aparece en el relato de hechos probados una conducta de maltrato de obra que, conforme a la documental y pericial ha producido como resultado una lesión psíquica, por cuanto tuvo un cuadro de ansiedad que precisó una primera asistencia facultativa y posterior tratamiento psicofarmacológico que se estabilizó a los 7 días.

El motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-Se observa en la sentencia de instancia que en el apartado relativo a la condena por responsabilidad civil que el condenado debe abonar a «Dª. Agueda» cuando en el resto de la sentencia se habla de «Dª. Noelia», por lo que al tratarse de un mero error material, el Tribunal de instancia debe proceder a rectificar la sentencia.

SEXTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1987 de 15 de julio.