Sentencia Penal 235/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6711/2021 de 11 de marzo del 2024

PRELIMINAR.- 1.- Alguno de los recurrentes, en particular la representación procesal de don Luis Manuel, dejó interesada la celebración de vista pública en el marco de los presentes recursos de casación. Observaba que, a su juicio, ello resultaba "esencial, debido a la tremenda densidad de la causa".

No se establece la vista para estos casos con carácter preceptivo. En efecto, la entidad de la pena impuesta no determina por sí sola la obligatoriedad de la vista. El tenor del art. 893 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no hace imperativa su celebración en este supuesto, conforme lo han venido interpretando tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional: la petición formulada al respecto por alguna de las partes solo es vinculante para el Tribunal cuando fuera compartida por todas (entre otros, ATC 588/1995, de 27 de marzo y SSTS 429/2015, de 9 de julio, 734/2015, de 3 de noviembre, 80/2017, de 10 de febrero, por citar solo algunos ejemplos).

En este caso, ha considerado el Tribunal que la vista interesada por solo alguna de las partes recurrentes, sin mayor fundamento o explicación que la que se califica como "tremenda densidad de la causa", no se alcanza para justificar la utilidad o beneficio que la misma pudiera reportar. Al contrario, hemos considerado que la celebración de vista no solo no deviene legalmente preceptiva sino que tampoco resultaría conveniente, tomando en consideración la extensa y razonada exposición de sus quejas por parte de cada uno de los recurrentes, --en concreto, el recurso interpuesto por don Luis Manuel se extiende a lo largo de setenta y ocho folios, superando los trescientos el que sostuvo don Miguel Ángel- -, siendo, además, que las mismas percuten, al menos en la inmensa mayor parte de los casos, sobre extremos ampliamente debatidos en el acto del juicio. Como observábamos, por ejemplo, en nuestras muy recientes sentencias número 671/2022, de 1 de julio, 89/2023, de 10 de febrero y 372/2023, de 18 de mayo: "Nada queda oscuro, confuso ni necesitado de aclaración o ampliación -el recurso es muy detallado-, lo que convierte la vista en un trámite prescindible. Las razones aducidas tampoco contienen alguna motivación específica o singular que mostrase la oportunidad de una vista pública y oral. No previendo la ley procesal trámite alguno específico para resolver anticipada y motivadamente sobre dicha pretensión, cumple hacerlo en este momento".

2.- En la sentencia que es ahora objeto de impugnación, dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, dejando aparte ahora los numerosos pronunciamientos absolutorios que la misma contiene, se condena a don Miguel Ángel como autor de un delito continuado de extorsión y de un delito de estafa, imponiéndosele la pena de cinco años de prisión por el primero de ellos y la de tres años por el segundo, con sus correspondientes penas accesorias. Se condena también a don Hipolito como cooperador necesario de dos delitos de extorsión, consumado el uno e intentado el otro, imponiéndole, respectivamente, las penas de tres y un año de prisión, también, naturalmente, con sus respectivas accesorias. Don Jose Ignacio es condenado como cómplice en un delito de extorsión, a la pena de un año de prisión (y accesoria). Y, finalmente, a doña Benita se la condena como cómplice de un delito intentado de extorsión, siéndole impuesta la pena de seis meses de prisión (y accesoria). Todos ellos interponen recurso de casación contra la mencionada sentencia.

También impugnan la sentencia recaída en la instancia diversas entidades condenadas como responsables civiles de unas u otras figuras delictivas, concretamente: por un lado, Asociación de Usuarios y Servicios Bancarios Ausbanc España, Asociación de Usuarios y Servicios Financieros Ausbanc España, Desarrollos Turísticos Sociales, S.L. y Producciones Zapallar, S.L.; y, por otro, Infortécnica Servicios Informáticos, S.L.

Finalmente, la sentencia dictada por la Audiencia Nacional resulta recurrida también por el Ministerio Fiscal, sobre la base de dos motivos de impugnación: de una parte, interesa la condena de varios de los acusados como autores de un delito de integración en organización criminal, del que resultaron absueltos en la instancia; y, de otra, denuncia la que considera indebida aplicación del artículo 74 del Código Penal en relación al delito continuado de extorsión por el que resultó condenado don Miguel Ángel. Estima el Ministerio Público que solo algunas de las infracciones cometidas debieron considerarse integradas en un delito continuado de extorsión, debiendo las otras ser sancionadas separadamente.

3.- Hemos resuelto dar comienzo al estudio de los diferentes recursos empezando por el interpuesto por la representación procesal de don Miguel Ángel. No se trata solo del acusado cuya condena resultó cuantitativa y cualitativamente más grave, sino que, además, nos encontramos ante el recurso más extenso, compartiéndose por otros varios recurrentes gran parte de los motivos por aquel invocados (a los que, también alguno, se adhirió de manera expresa). Es obvio que la eventual estimación de alguno de sus motivos proyectaría efectos inmediatos sobre el resto de los condenados y podría dejar también sin contenido el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

1.- Recurso de Miguel Ángel.-

PRIMERO.- Nulidad por vulneración de derechos fundamentales en la génesis del procedimiento y en el curso de su instrucción 1.- El recurso está compuesto por hasta diecisiete motivos de impugnación. Una no insignificante parte de los mismos tiene por objeto cuestionar la licitud del origen de la investigación, tanto por lo que respecta a las actuaciones anteriores a la presentación de la denuncia anónima, como a las posteriores practicadas bajo la autoridad de la policía y de la Fiscalía, así como la de las primeras actuaciones ordenadas por el instructor de la causa (motivos primero a quinto y décimo). Otros, se orientan a censurar la pretendida ausencia de competencia objetiva del órgano enjuiciador para el conocimiento de la causa (motivo sexto) o a cuestionar la imparcialidad del instructor (motivo séptimo). El octavo motivo de impugnación denuncia la existencia de un quebrantamiento de forma que traería causa del modo en que se produjo en el acto del juicio oral la declaración testifical de don Daniel. El noveno (y el decimoséptimo) se refieren a la que la parte considera indebida inadmisión de determinados medios de prueba oportunamente propuestos (concretamente cuarenta y seis testigos), impidiéndose, además, a la parte consignar las preguntas que hubiera pretendido plantear a los testigos inadmitidos. Los motivos decimoprimero y decimosegundo reprochan a la sentencia impugnada la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia (el primero con respecto al delito de extorsión y el segundo con relación al de estafa). Seguidamente, expone la parte los diferentes motivos que, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpone por infracción de ley: motivo decimotercero (indebida aplicación del artículo 243 del Código Penal) , decimocuarto (indebida aplicación del artículo 248 del Código Penal) , decimoquinto (indebida aplicación de los artículos 66 y 74 del mismo texto legal, en relación con el artículo 249), y decimosexto (indebida inaplicación del artículo 21.6).

2.- Bajo la genérica denominación de nulidad por vulneración de derechos fundamentales en la génesis del procedimiento y en el curso de su instrucción, procederemos a abordar las quejas que la recurrente desgrana a lo largo de los motivos primero a quinto y décimo de su recurso. Los cinco primeros se canalizan por el cauce que ofrece el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con lo contemplado en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Expuesto en apretada síntesis, considera quien ahora recurre que la denuncia anónima que dio origen a la formación de la presente causa pretendía, en realidad, simplemente ocultar que la misma resultaba consecuencia de las investigaciones encargadas por el responsable de seguridad de BBVA, --entidad que ha ejercitado en este procedimiento la acusación particular--, comisario de policía en excedencia, al también comisario, en servicio activo, Sr. Borja, al efecto de que éste averiguase cualquier aspecto que pudiera resultar imputable al Sr. Miguel Ángel. Todo ello con el fin de que se ejercitaran contra el mismo cualesquiera acciones penales que pudieran sustentarse en los indicios así obtenidos. Este encargo, según la parte recurrente sostiene, se revela a partir de elementos bastantes para tenerlo por acreditado. En particular, se destaca que, en el marco de dicha investigación, contratada por BBVA con la empresa Grupo Cenyt, dirigida por el citado Sr. Borja, se obtuvo el tráfico de llamadas de una de las líneas telefónicas empleadas por Ausbanc y, en particular, por el Sr. Miguel Ángel. Todo ello, conforme la propia parte recurrente explica, está siendo investigado en el correspondiente procedimiento penal, a fin de determinar si dicho encargo existió y si las gestiones implementadas en el desarrollo del mismo pudieran resultar constitutivas de delito.

Por otro lado, destaca quien ahora recurre que la mencionada denuncia anónima presenta un sello de entrada en las dependencias policiales de fecha 2 de febrero de 2015. Sin embargo, el inspector de la UDEF número NUM004 remitió un oficio al Juzgado Central de Instrucción número 1, en el que se aportaba determinada documentación, obtenible a través de los correspondientes registros públicos, que la policía ya habría solicitado el día 9 de enero de ese año. Se sorprende, con motivo, la recurrente de que la policía, antes de registrar la denuncia inicial (y, en principio, antes de tener conocimiento de la misma), hubiera ya practicado gestiones vinculadas con el objeto de ésta. Y ello le permite sugerir que el acuerdo consistente en investigar, en términos pura y llanamente prospectivos, al Sr. Miguel Ángel, no alcanzaba solo al comisario en excedencia encargado de la seguridad de BBVA y al Sr. Borja sino también al comisario que intervino, como superior jerárquico de los demás funcionarios, después en la práctica de las primeras diligencias policiales, extremos, como se ha dicho ya, que están siendo objeto de la correspondiente investigación.

Todo el "material" así obtenido por unos y por otros, --continúa razonando el recurrente--, constituyó el contenido de la denuncia después interpuesta por Fiscalía, como colofón de las diligencias de investigación por ella implementadas, el día 13 de diciembre de ese mismo año 2015. De este modo, considera quien recurre que la denuncia anónima inicial ha "sido utilizada como un troyano procesal, para enmascarar todo tipo de erosiones de derechos fundamentales como, por ejemplo, que con carácter previo a la denuncia anónima se estuviera policialmente investigando a cambio de precio y favores, al Sr. Miguel Ángel y que se pactara entre la cúpula policial y el BBVA que la "denuncia anónima" serviría para blanquear ese proceder".

Censura también la parte, ya en el motivo segundo de su recurso, que el Sr. Borja, conforme resultaría de un informe de "asuntos internos", se habría comprometido a que, si no encontraba en el desarrollo de su investigación nada que pudiera perjudicar al Sr. Miguel Ángel, "se lo inventaría". Se trató, además, de una investigación de naturaleza enteramente prospectiva. Concluye el recurrente: "[T]oda la denuncia que nos ocupa es el reflejo de las relaciones entre el Comisario en activo, Sr. Borja, el Comisario en excedencia y jefe de seguridad del BBVA, Sr. Juan Antonio, y el Comisario Principal responsable de la Comisaría General de la Policia Judicial, el Sr. Plácido que con su voz de mando satisface los intereses de sus colegas".

En el motivo tercero de casación se queja quien recurre de que el producto de las conductas ilícitas que acaban de ser descritas resultó aprovechado en el procedimiento judicial, naturalmente con vulneración de los derechos fundamentales del Sr. Miguel Ángel. Proclama, además, que es necesaria la declaración de nulidad que persigue, al efecto de disuadir esta clase de irregulares, cuando no abiertamente delictivos, comportamientos, poniendo de manifiesto que, singularmente en el ámbito de la doctrina anglosajona, el fundamento de la regla de exclusión de los elementos probatorios obtenidos con vulneración de derechos fundamentales se identifica con la necesidad de prevenir que los agentes judiciales perseveren en esa clase de conductas, doctrina de la que, explica el recurrente, se hace eco, entre otras, la STC número 97/2019.

El cuarto motivo del recurso, expuesto también su argumentario en apretada síntesis, reprocha que los agentes de policía que recibieron la denuncia no efectuaran investigación alguna acerca de su procedencia (de la identidad del denunciante), sin realizar tampoco ninguna diligencia propia relevante. Concluye que "el examen de las diligencias evidencia que todos los elementos incriminatorios aportados parten de esa información; información que junto con el resto de fuentes de pruebas facilitadas por el Comisario Borja fruto de su actuación delictiva, es toda la que se utiliza para fundamentar las intervenciones telefónicas y el resto de diligencias". No hay ninguna constancia o "garantía", afirma el recurrente, de que los hechos objeto de investigación hubieran podido revelarse por cualquier otro medio "tarde o temprano", aunque, al mismo tiempo, afirma que "resulta descabellado pensar que las supuestas víctimas, que, en su valor agregado, suman un patrimonio de más de un billón de euros no hubieran presentado por sí mismas las respectivas denuncias o querellas; y hayan tenido que sumarse a un caso construido delictivamente por el BBVA y el Comisario Borja".

El quinto motivo del recurso centra sus objeciones en la pretendida vulneración del artículo 18. 1 y 3 de la Constitución española. Considera quien recurre que las intervenciones telefónicas judicialmente adoptadas en la causa fueron así acordadas sin motivo bastante y sobre la base de una actuación llanamente antijurídica de la policía, siendo que, incluso con anterioridad a la denuncia anónima presentada, el Sr., Borja ya había aportado el "tráfico de llamadas" correspondiente a uno de los teléfonos de los que se servía el Sr. Miguel Ángel. Así, explica el recurrente que el primer auto de intervención de dicha línea telefónica, dictado por el instructor con fecha 16 de noviembre de 2015, comienza haciendo alusión a la denuncia finalmente presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, remitiéndose íntegramente a lo en ella expuesto, que constituye de este modo el fundamento único de la injerencia adoptada en el derecho al secreto de las comunicaciones del Sr. Miguel Ángel. Explica el recurrente que la denuncia formalizada por la Fiscalía no tiene más fundamento que las antijurídicas actuaciones practicadas por la UDEF, "por lo que el auto de intervenciones telefónicas se acuerda en base a una información que es producto de la actividad policial ilícita". Además, dicha resolución, a juicio de quien aquí recurre, respalda la práctica de una investigación de naturaleza llanamente prospectiva, viniendo a acordar una medida restrictiva de derechos fundamentales sin otro basamento sustancial que el de las manifestaciones contenidas en una denuncia anónima, sin que hubiera existido una auténtica investigación policial previa de comprobación de los aspectos significativos de los hechos delictivos denunciados.

Reconoce, no obstante, quien ahora recurre que la UDEF, tras la recepción de la denuncia anónima y después de la práctica de "ciertas investigaciones", vino a desechar la existencia de indicios acerca de la posible comisión de otros delitos que también se atribuían al Sr. Miguel Ángel (estafas, fraude de subvenciones). No obstante, el propio recurrente se refiere a un informe de la UDEF en el que se observa que determinadas entidades financieras contrataban servicios o se publicitaban en los medios de AUSBANC, siendo éstas las que recibían mejores críticas en las publicaciones de aquélla, incluso se les prodigaban alabanzas y se las ponía como ejemplo de buen hacer (citando, en concreto, algunos ejemplos). Por el contrario, se sostenía en dicho informe, las que no "colaboran" con AUSBANC, son las que reciben la mayoría de sus ataques y malas críticas, y contra las que dirigen acciones legales (citando también algún ejemplo concreto). De ello, concluían que resultaba probable la existencia de "cierta veracidad de los hechos denunciados en cuanto a la posibilidad que, en cierto modo, por parte de AUSBANC se esté presuntamente coaccionando a las entidades financieras para que contraten sus servicios o se publiciten en sus medios, a cambio de no recibir mala publicidad y de no ser el objeto de sus acciones judiciales". También se hacía referencia en otros informes policiales a las actuaciones practicadas con relación a las entidades financieras que, no manteniendo relaciones comerciales con Ausbanc, eran objeto en las publicaciones de ésta de las más aceradas críticas, aunque el recurrente censura que la UDEF únicamente ha tomado en consideración "aquellos testimonios que quizás pudieran ser perjudiciales a los intereses y derechos del investigado, descartando por el contrario aquellos otros testimonios que pudieran serle favorables".

Finalmente, quien ahora recurre concluye: "Debe reputarse, pues, que el Auto que acuerda la diligencia de intervención telefónica resulta nula de pleno derecho por inmotivada en el aspecto fáctico-indiciario, con las consecuencias anudadas a dicha declaración de nulidad, que necesariamente pasa por la nulidad de todo lo actuado que se deriven de ellas por lesión del art. 18.3 CE ."

Para concluir, en el décimo motivo que conforma el presente recurso insiste el recurrente en que "han sido admitidos y valorados por parte de la Sentencia recurrida medios de prueba obtenidos de forma ilegal, infringiendo normas esenciales del procedimiento, generando una evidente indefensión".

Reputa también nulo el resultado de la diligencia de entrada y registro practicada. En efecto, explica quien ahora recurre que el día 14 de abril de 2016, ordenó el instructor la entrada y registro en hasta seis espacios cerrados, diligencias que se llevaron a término, confeccionándose las correspondientes actas. Sin embargo, denuncia la parte que los registros fueron practicados no a presencia del Letrado/a de la Administración de Justicia titular ni del que legalmente debiera sustituirle, sino a través de otros Letrados/as u "oficial habilitado", sin que se observaran las normas debidas para disciplinar la sustitución entre Letrados/as de la Administración de Justicia y sin que la posibilidad de habilitación, a juicio del recurrente, tenga cabida en la normativa actual, ni tampoco al tiempo en que la entrada y registro fue practicada. Además, y ya en relación con el registro del inmueble situado en la calle Marqués de Urquijo, reprocha quien recurre que, en el desarrollo de dicha diligencia, los agentes de la policía que la practicaron habrían introducido, de manera subrepticia, y por descontado antijurídica, un medio probatorio (concretamente, "una cartera de logotipo Luis Vuitton, que al mover la CPU se habían encontrado y que en su interior contenía un ordenador portátil que se veía a simple vista por el lateral, y que al principio al llegar al lugar no había sido visto por nadie").

3.- Las quejas referidas resultaron desestimadas por el órgano jurisdiccional de la instancia. Con respecto al origen del presente procedimiento, la sentencia impugnada observa que "al margen de cómo se iniciase la investigación anterior a la conformación de la denuncia anónima, ésta, no contiene elemento alguno que para su construcción haya conllevado la infracción de derechos fundamentales ni por ende su quiebra. Los entresijos anteriores a la denuncia y dirigidos a su formulación, tal como se deduce del relato de la denuncia que como anónima se articuló, no tienen eco ni rastro en la misma... siendo lo esencial comprobar que el relato de aquella descansa en fuentes públicas". Se añade, seguidamente, con relación a los posibles hechos delictivos en los que, si ese fuera el caso, hubieran podido incurrir quienes encomendaron la investigación anterior sobre el Sr. Miguel Ángel, quienes la respaldaron o auspiciaron y quien o quienes pudieran haberla llevado a término, lo cierto es que, tal y como el propio recurrente destaca, se siguen las correspondientes diligencias de investigación en el procedimiento referido al efecto de esclarecer las posibles responsabilidades que de aquellas conductas pudieran derivarse. De los datos que resultan de todo ello, --observa la sentencia impugnada--, será el más trascendente el que se refiere al "tráfico de llamadas" entre los días 5 de septiembre a 13 de octubre de 2012, del teléfono móvil del que el Sr. Miguel Ángel hacia uso, obtenido, naturalmente, sin resolución judicial alguna que le diera cobertura. Observa la sentencia impugnada ahora que el derecho al secreto de las comunicaciones alcanzaría no solo al contenido de las mismas sino también a la identidad de quienes en ellas participan. Sin embargo, entiende que no resulta preciso profundizar en la cuestión "al estar este aspecto subjudice, en el seno de la causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción 6 y no tener relevancia en esta causa a los fines de la nulidad solicitada por el origen de la denuncia, dado que, como ya se ha avanzado, no aprovechó en su contenido dato alguno de ese tránsito según se detecta con la mera lectura de la denuncia, sin perjuicio de las responsabilidades que por tal proceder están por depurarse en aquel otro proceso del Juzgado Central de Instrucción 6".

También pondera la sentencia impugnada el resultado de la declaración testifical del inspector de la UDEF con número NUM004 con relación a la fecha de la denuncia, explicando que, una vez recibida aquella, realizaron algunas comprobaciones a través de las bases de datos de los registros públicos y páginas web en abierto, negando haber recibido indicación alguna "acerca de qué y cómo investigar y saliendo el número de teléfono móvil cuya observación se solicitó de las bases de datos policiales". Y, finalmente, trata de ofrecerse una explicación que pudiera justificar el motivo de que se realizaran, antes de sellar la recepción de la denuncia anónima, ciertas actividades de comprobación. Todo ello para concluir que: "Con todo lo expuesto, en lo que respecta a la denuncia formulada, no se ha detectado en su confección vicio alguno que suponga la vulneración de derechos fundamentales, ni tampoco se ha constatado que los funcionarios de la UDEF hayan aprovechado, como se dijo, los efectos de investigación ilícita alguna llevada a cabo por el ex comisario Borja en lo que se refiere al desarrollo de la investigación policial en el presente procedimiento, sin que por ende, haya méritos para acoger la petición de nulidad del procedimiento deducida por las defensas de los acusados".

4.- Ciertamente, por lo que respecta al origen o antecedentes de la denuncia anónima que dio lugar a la formación del presente procedimiento, no deja de reconocer quien ahora recurre que este mismo Tribunal Supremo ha venido admitiendo, con los indispensables matices, que el carácter anónimo de la denuncia no excluye que la misma pueda servir como instrumento de trasmisión de la notitia criminis. En efecto, en expresión de esta línea jurisprudencial cabe traer aquí a colación lo establecido al respecto en nuestra muy reciente sentencia número 215/2023, de 23 de marzo, cuando señala: <

Muy distinto es el caso de que las primeras informaciones sugerentes de la posible comisión de un hecho delictivo se hagan llegar a los encargados de su investigación de manera anónima. En este supuesto no es quien así se conduce, cualquiera que fuese su identidad, quien sostiene la acusación. Y cualquiera que fuesen sus propósitos al facilitar dichas noticias, serán quienes inicialmente las reciben los que, en el desempeño de su función, procederán a comprobar la verosimilitud de las mismas y a practicar, cuando hubiere méritos para ello, las diligencias de investigación necesarias a fin de confirmar su eventual consistencia. La información inicial queda así desdibujada, permaneciendo en el marco de una simple traslación de la notitia criminis, no siendo ni siquiera, por sí misma, mera diligencia de investigación, y muy lejos, por descontado, del estatus de prueba de cargo. Así, con entera independencia de la identidad de la persona que pudiera haber trasladado a los agentes que un conjunto inicial de buques, de entre los que aparecían como receptores del tabaco, se encontraban ya desguazados; y con independencia, incluso, de cuales pudieran ser sus personales propósitos, ninguna perturbación o limitación en el derecho de defensa se produce por desconocerse la identidad de aquél, en todo ajeno desde entonces al procedimiento, y cuyas eventuales manifestaciones o noticias no constituyen prueba de cargo>>.

A partir de estas consideraciones la resolución ahora impugnada confirma que los agentes policiales que recibieron la denuncia no aprovecharon ninguno de los elementos que la misma contenía, arrancando simplemente de ellos no como medio de comprobación sino como objeto de investigación. En particular, ninguna referencia se efectuaba en aquella al resultado del "tráfico de de llamadas", indebidamente obtenido, del teléfono móvil del Sr. Miguel Ángel. Y tampoco puede considerarse que dichas actuaciones previas a la denuncia, cualesquiera que fuesen y fuera o no su naturaleza delictiva, hubieren enriquecido la denuncia con datos o elementos que no pudieran conocerse por otros cauces. Así sucede, evidentemente, con el número telefónico asociado a la línea que el Sr. Miguel Ángel venía empleando, que los funcionarios policiales obtuvieron, con particular facilidad además, por conocimiento propio.

En definitiva, recibida la denuncia anónima en las dependencias policiales, ésta resultaba un vehículo útil para poner en conocimiento de los agentes la posible comisión de determinados hechos que, prima facie, pudieran reputarse delictivos. Por descontado, no se trataba, --no podía tratarse--, de una prueba. Ni siquiera de un simple indicio. Pero sí de la aportación de un relato que demandaba la necesidad de comprobar su verosimilitud a través de la práctica de determinadas diligencias de investigación que pudieran, o no, confirmarla. Así lo hicieron en el caso los agentes, tal y como de algún modo viene a reconocer la parte ahora recurrente, consultando determinadas páginas webs, publicaciones o registros públicos, pesquisas que sirvieron, como también el recurrente viene a admitir, para desechar ya en ese momento la consistencia de determinadas imputaciones (el referido delito de fraude de subvenciones, amenazas, estafas). Comprobaron, en cambio, que otras imputaciones resistían este primer análisis, en relación con las posibles presiones que el acusado, Sr. Miguel Ángel, hubiera podido realizar para forzar a los representantes de determinadas entidades financieras a contratar publicidad, a solicitar determinados trabajos o a realizar patrocinios. Seguidamente, incoadas ya por la Fiscalía las diligencias informativas correspondientes, se recibió declaración testifical a determinadas personas que así parecían confirmarlo.

En esta línea de razonamiento importa tener en cuenta que la tesis de quien aquí recurre pasa por considerar que la denuncia anónima obedecía a una suerte de estrategia, impulsada en último término por los responsables de la entidad BBVA, como consecuencia de que los mismos se consideraban indebidamente presionados por el Sr. Miguel Ángel, atribuyendo al mismo una constante campaña de publicidad negativa y de interposición de demandas cuya causa última no era otra que la negativa de los responsables de dicha entidad a satisfacer al Sr. Miguel Ángel las cantidades que el mismo reclamaba. Si ello fuera así, --en el procedimiento correspondiente deberán esclarecerse las responsabilidades de orden penal que hubieran podido generarse en ese contexto--, clara resultaría la nulidad de lo actuado, en los términos que el recurrente persigue, si, como consecuencia de la referida investigación paralela y previa a la interposición de la denuncia, con vulneración de alguno de los derechos fundamentales del Sr. Miguel Ángel, se hubiera obtenido alguna clase de resultado incriminatorio, aportado al procedimiento o, incluso, en los términos que se proclaman en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aparecieran como consecuencia indirecta de aquellas violaciones. Esto último sucedería si, por ejemplo, el mencionado "tráfico de llamadas", aun no incorporado directamente a la denuncia, hubiera permitido conocer la identidad de determinados contactos del investigado a los que de otro modo no habría podido tenerse acceso.

En el caso, sin embargo, aunque podemos comprender plenamente las quejas de quien ahora recurre acerca de la actuación que atribuye a la compañía BBVA y a los funcionarios policiales ya referidos, --conductas que, insistiremos en ello por última vez, no son objeto de este procedimiento--, no hemos sido capaces de identificar en qué sentido o aspecto la denuncia anónima que dio origen al presente procedimiento habría aprovechado, directa o indirectamente, el resultado obtenido con vulneración de los derechos fundamentales del Sr. Miguel Ángel. Si, como el propio recurrente sostiene, la naturaleza anónima de la denuncia solo pretendía ocultar la identidad de quien verdaderamente la impulsaba y que después se personó en el procedimiento como acusación particular, es claro que el simple y llano testimonio de sus representantes, con el que evidentemente se contó después, habría servido para aportar al procedimiento los mismos elementos que, desechados los hechos que se consideraron inconsistentes o no constitutivos de infracción penal, fueron después investigados por los agentes de la policía y por los propios funcionarios de la Fiscalía. No se advierte, por tanto, la procedencia de decretar la nulidad interesada en la medida en que el conocimiento de ninguno de los hechos que resultó después objeto de investigación, posterior acusación y final condena, trae causa de cualquier vulneración de los derechos fundamentales del Sr. Miguel Ángel que hubiera podido producirse con anterioridad a la presentación de la denuncia.

5.- Por lo que respecta al auto del instructor por el que se ordenó la intervención de las comunicaciones telefónicas correspondientes al terminal del Sr. Miguel Ángel, compartimos, en términos generales, las observaciones efectuadas por el Ministerio Público, al tiempo de oponerse a la presente queja. Dicha decisión resulta consecuencia de lo interesado por la Fiscalía a partir de las investigaciones realizadas por ella a lo largo de, aproximadamente, nueve meses. Con su resultado, parecía confirmarse la posible existencia de un grupo u organización, pilotado por el Sr. Miguel Ángel, que pudiera estar coaccionando a determinadas entidades para que las mismas le entregaran sustanciosas cantidades de dinero so pena de someterlas en otro caso a injustificadas campañas de publicidad negativa o a caprichosos procedimientos que solo costes, económicos y reputacionales, podrían comportar para ellas. El auto de intervención telefónica, dictado a partir del resultado de dichas investigaciones preliminares, no tiene tacha alguna en cuanto a la motivación que justifica la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones ni en cuanto al control judicial observado en el caso concreto, ajustándose plenamente a las exigencias que vienen siendo proclamadas al respecto por este mismo Tribunal Supremo. En este sentido, importa recordar aquí lo que dejamos establecido en nuestra reciente sentencia número 784/2023, de 19 de octubre:

<

a) Una información confidencial en la que permanezca anónima la fuente no constituye nunca una base suficiente por sí sola para acordar una intervención telefónica puesto que el juez al decidir no puede hacer dejación de las funciones que le atribuye la Constitución para ser él quien pondere la suficiencia de los indicios haciéndolas descansar en el puro criterio policial. Si el Juez no tiene posibilidad de acceder a la fuente, carece de un elemento imprescindible para decidir. El juicio sobre la fiabilidad de la fuente no puede estar exclusivamente en manos de la policía.

b) Esas informaciones sí que pueden ser el desencadenante de una investigación policial en la que se recaben datos que permitan contrastar la fiabilidad de la fuente.

c) Cuando esos datos parecen confirmar lo apuntado por la fuente confidencial, podrá surgir una base indiciaria suficiente para la medida. El instructor ha de valorar objetivamente los elementos aportados distinguiendo lo que son juicios de valor u opiniones de los agentes, de lo que son circunstancias objetivas. Está obligado a una interpretación autónoma de esos datos sin confiar sin más en la explicación que se le ofrece. Por eso es tan aconsejable que en la solicitud se consignen sobre todo los elementos objetivos y no sencillamente la interpretación que les dan los investigadores. Afirmar que una persona al conducir realiza maniobras evasivas o de despiste como si estuviera alertado frente a posibles seguimientos es una opinión. Es más correcto relatar en qué consisten esos movimientos para que, sin perjuicio de que en la solicitud se pueda consignar una interpretación de los mismos, sea la autoridad judicial quien sopese si efectivamente esos movimientos reflejan una actitud de alerta o pueden tener otras explicaciones muy diferentes. En los supuestos en que la solicitud de intervención sea prolija en juicios de valor o interpretaciones y parca en datos objetivos que permitan al Instructor realizar su propia valoración de los indicios, no será legítimo constitucionalmente un mandamiento de intervención telefónica pues el Juez no sería como quiere la Constitución y la ley el garante de que no se procede a la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones sin motivos suficientes. Abdicaría de esa función convirtiéndose en un mero convalidador de la valoración policial. En este caso es de subrayar que en el oficio inicial, sin perjuicio de determinadas interpretaciones, no se sustraen del Instructor expuestos a veces de forma minuciosa los datos externos que respaldan a esas opiniones (v.gr., se describen los movimientos que consideran "sospechosos", lo que permite al Juzgador decidir por sí si efectivamente lo son o la catalogación policial peca de suspicacia o es una mera fórmula vacía de contenido real).

d) La existencia de esas informaciones confidenciales puede sumarse al resto de indicios que se hayan recabado durante esa investigación y que vengan a confirmar su fiabilidad. Algunas conductas externas pueden obedecer a mil razones diferentes la mayoría de las cuales no guardan la más mínima relación con una actividad delictiva. Pero cuando confluyen varias de ellas y adquieren plena coherencia y explicación si se ponen en relación con las informaciones confidenciales que la policía relata haber recibido, éste no es un dato neutro: es un indicio más que adquiere mayor valor por esos puntos de confirmación>>.

Así, en el auto que acuerda la intervención telefónica, que en buena parte se remite a la solicitud formulada por el Ministerio Público, se pondera la posible existencia de una organización, aparentemente encabezada por el Sr. Miguel Ángel, que pudiera estar extorsionando a numerosas entidades para obligarles a la realización, caprichosa e indebida, de determinados y muy significativos pagos. Es con el explícito propósito de profundizar en la investigación que se acuerda la mencionada injerencia, --no se trata, en modo alguno, de una intervención prospectiva--, siendo la misma necesaria en la medida en que de otro modo no resultaría posible objetivar el contenido de las conversaciones que pudiera mantener el investigado con los responsables de dichas empresas aparentemente extorsionadas. Y dicha medida resulta adoptada a partir de los testimonios de algunos de los que pudieran haber sido victimas de dichas presiones y de la documentación obrante en las actuaciones, relativa a las acciones emprendidas contra aquellas entidades por Ausbanc, gobernada por el Sr. Miguel Ángel, y las informaciones contenidas en las publicaciones de ésta, así como de los vínculos comerciales entre las entidades afectadas y Ausbanc, lo que permitió al instructor en ese momento ponderar la indiciaria gravedad de los hechos entonces investigados y justificar el contenido de la injerencia en el secreto de las comunicaciones.

Colma de esta manera el auto que ordenó la intervención de las comunicaciones las exigencias legales y jurisprudenciales que conforman la legitimidad de la injerencia. En efecto, tenemos dicho, por ejemplo en nuestra sentencia número 855/2022, de 28 de octubre, con cita de la número 455/2020, de 15 de septiembre: <

La jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional, ante la insuficiencia de la regulación contenida en el derogado artículo 579 de la LECrim, desarrolló una doctrina jurisprudencial que fue precisando los requisitos y presupuestos que debían seguirse en la restricción de este derecho fundamental y, en buena medida, esa doctrina ha sido incorporada a nuestra legislación en la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de Octubre...

...De su extensa regulación solo haremos mención de los aspectos que aquí interesan. Así en el artículo 588 bis a) se regulan los principios rectores de toda intervención en las comunicaciones señalando, entre otros principios, que toda intervención debe estar sujeta, entre otros, al principio de especialidad, que "exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto". Añade el citado precepto que "no podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva".

Por otro lado, el artículo 588 bis c, exige que la injerencia se adopte mediante auto judicial motivado e incluso refiere el contenido exigible a ese esfuerzo argumentativo que se predica de toda restricción de derechos fundamentales.

La doctrina del Tribunal Constitucional venía declarando desde hace muchos años que la Constitución prohíbe las investigaciones meramente prospectivas, porque el derecho al secreto de las comunicaciones no puede ser limitado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva. De conformidad con la STC 167/2002, de 18 de septiembre, " [...] las sospechas han de fundarse en datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse ( Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978 -caso Klass- y de 15 de junio de 1992 -caso Ludí-) o, en los términos en los que se expresa el (actual) art. 579 LECrim, en "indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa".

Como recuerda la reciente STS 423/2019, de 10 de septiembre, en los autos que restringen derechos fundamentales, el tipo de juicio requerido cuando aparece cuestionada por vía de recurso la existencia de los presupuestos habilitantes de la medida limitativa y la corrección jurídica de su autorización ha de operar con rigor intelectual con una perspectiva ex ante, o lo que es lo mismo, prescindiendo metódicamente del resultado realmente obtenido como consecuencia de la actuación policial en cuyo contexto se inscribe la medida cuestionada. Porque este resultado, sin duda persuasivo en una aproximación extrajurídica e ingenua, no es el metro con el que se ha de medir la adecuación normativa de la injerencia. De otro modo, lo que coloquialmente se designa como éxito policial sería el único y máximo exponente de la regularidad de toda clase de intervenciones; cuando, es obvio, que tal regularidad depende exclusivamente de que éstas se ajusten con fidelidad a la Constitución y a la legalidad que la desarrolla. Lo contrario, es decir, la justificación ex post, sólo por el resultado, de cualquier medio o forma de actuación policial o judicial, equivaldría a la pura y simple derogación del artículo 11.1 LOPJ e, incluso, de una parte, si no todo, del artículo 24 CE, ( STS. 926/2007 de 13 de noviembre). Esa obligada disociación del resultado finalmente obtenido de sus antecedentes, para analizar la adecuación de éstos, considerados en sí mismos, al paradigma constitucional y legal de pertinencia en razón de la necesidad justificada, es, precisamente, lo que tiñe de dificultad la actividad de control jurisdiccional y, con frecuencia, hace difícil también la aceptación pública de eventuales declaraciones de nulidad.

Desde esa perspectiva ex ante a que nos referimos, para autorizar una intervención telefónica, que generalmente se acuerda al inicio de una investigación, no bastan simples sospechas o la afirmación de hipótesis o meras suposiciones y conjeturas. Se exige que las sospechas estén objetivadas, en un doble sentido: Deben ser accesibles a terceros ya que, en otro caso, no serían susceptibles de control, y deben estar apoyadas o corroboradas por una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito. Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tiene con él la persona que va a resultar directamente afectada por la medida ( STS núm. 635/2012, de 17 de julio). Es preciso que traslade al juez las razones de las sospechas, identificando las diligencias practicadas y los datos objetivos relevantes alcanzados como resultado de las mismas, pues precisamente esos elementos son los que deben ser valorados por el Juez para decidir acerca de la consistencia de los indicios y de la necesidad y proporcionalidad de la restricción del derecho fundamental que le es solicitada...

...Ahora bien, el análisis de la información que sirva de base a la autorización judicial no puede hacerse de forma desagregada. Como recuerda la STS 646/2014, de 8 de octubre, "(...) la legitimidad constitucional de la interferencia de las comunicaciones no puede obtenerse a partir de un análisis artificialmente dividido de las distintas operaciones a las que se alude en la petición de la Guardia Civil. Ya hemos dicho en otros precedentes -cfr. SSTS 555/2014 de 10 de julio y 527/2009, 27 de mayo- que el análisis descompuesto y fraccionado de diferentes indicios puede conducir a conclusiones inaceptables desde el punto de vista del razonamiento impugnativo. En efecto, el grado de aceptación de las exigencias constitucionales impuestas por el art. 24.2 de la CE, no puede obtenerse a partir de una regla valorativa de naturaleza secuencial, en la que el todo se descompone hasta ser convertido en un mosaico inconexo de indicios. La cadena lógica a la hora de valorar las hipótesis iniciales no puede descomponerse en tantos eslabones como indicios, procediendo después a una glosa crítica de cada uno de ellos sin ponerlo en relación con los restantes (...)".

Otro de los requisitos sobre los que la jurisprudencia se ha pronunciado con reiteración y que hemos mencionado anteriormente es la exigencia de motivación en la resolución judicial que autorice la intervención, exigencia que ha sido incorporada a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 588 bis c), estableciendo incluso el contenido de ese especial esfuerzo de argumentación que se exige al Juez. El auto judicial debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención, esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como concretar con precisión los datos imprescindibles que determinen la extensión de la medida.

Precisando el contenido del deber de motivación se viene reconociendo que la motivación por remisión no es una técnica jurisdiccional modélica, pero la doctrina constitucional la admite si la solicitud policial, o el informe del Ministerio Fiscal en el que solicita la intervención, contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad ( SSTC 72/2010, de 18 de octubre, y 492/2012, de 14 de junio y STS 248/2012, de 12 de abril, entre otras).

A su vez, la STS nº 422/2020, de 23 de julio, observa que: "En nuestro ordenamiento la principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo impulsando de oficio la investigación contra un determinado imputado, la Constitución le sitúa en el reforzado y trascendental papel de máxima e imparcial garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De esta manera en la investigación, impulsada por quienes tienen reconocida legal y constitucionalmente la facultad de ejercer la acusación, no se puede, en ningún caso ni con ningún pretexto, adoptar medidas que puedan afectar a dichos derechos constitucionales, sin la intervención imparcial del Juez, que en el ejercicio de esta función constitucional, que tiene atribuida con carácter exclusivo, alcanza su máxima significación de supremo garante de los derechos fundamentales ( STS 248/2012, de 12 de abril).

En cualquier caso, para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica se refiere exigiendo la concurrencia de los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica.

Elementos que constituyen los presupuestos legales y materiales de la resolución judicial habilitante de una injerencia en los derechos fundamentales, y que también se concretan en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Klass y otros, sentencia de 6 de septiembre de 1978; caso Schenk, sentencia de 12 de julio de 1988; casos Kruslin y Huvig, sentencias ambas de 24 de abril de 1990; caso Ludwig, sentencia de 15 de junio de 1992; caso Halford, sentencia de 25 de junio de 1997; caso Kopp, sentencia de 25 de marzo de 1998; caso Valenzuela Contreras, sentencia de 30 de julio de 1998; caso Lambert, sentencia de 24 de agosto de 1998; caso Prado Bugallo, sentencia de 18 de febrero de 2003, etc.).

El control posterior sobre la decisión que acordó la medida debe revelar que el juez tenía a su alcance datos objetivos acerca de la existencia del delito y de la participación del sospechoso, así como acerca de la utilidad de la intervención telefónica, de forma que quede de manifiesto que aquella era necesaria y que estaba justificada ( STS 635/2012, de 17 de julio)"...

...Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, uno de los elementos imprescindibles para justificar las escuchas telefónicas es la existencia de indicios objetivos de la existencia del delito y de la participación del sospechoso.

El artículo 579 de la LECrim, que, a la fecha de los hechos, contenía, aunque escueta e insatisfactoriamente, la necesaria habilitación legal, se refiere, en lo que aquí interesa, a las comunicaciones telefónicas del procesado o de personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal. En la precisión de lo que deba entenderse por indicio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de esta Sala han señalado que la sospecha acerca de la comisión del delito o de la participación del sospechoso no puede ser considerada un indicio, por más contundente que sea su expresión, ni tampoco, consecuentemente, puede serlo la afirmación de la existencia del delito y de la participación; o de su posibilidad o probabilidad. Por el contrario, lo que se exige son datos o elementos, que, desde una perspectiva objetiva justifiquen la sospecha. Es decir, que para cualquiera sean indicativos de la comisión de un delito.

Y ha exigido que se trate de datos objetivos, accesibles por terceros, verificables, seriamente sugestivos de la comisión del delito y de la participación del sospechoso, y que estén al alcance del Juez en el momento previo a su decisión, de modo que éste los conozca y los pueda valorar; y que se expresen de tal forma en su resolución que aquella valoración pueda luego ser controlada, en su racionalidad, por otro Tribunal.

En consecuencia, no es suficiente que quien solicita la medida comunique, sobre la base de sus noticias o informaciones, que sabe o cree saber que el sospechoso ha cometido, está cometiendo, o va a cometer un delito; o que ha practicado una investigación y que exponga a continuación sus conclusiones. Por el contrario, es preciso que traslade al juez las razones de tal afirmación, o el contenido de aquella indagación, identificando las diligencias practicadas y los datos objetivos relevantes alcanzados como su resultado, pues precisamente esos elementos son los que deben ser valorados por el Juez para decidir acerca de la consistencia de los indicios y, en consecuencia, de la necesidad y proporcionalidad de la restricción del derecho fundamental que le es solicitada. En este sentido en la STC nº 197/2009, se decía que "... el Tribunal ha considerado insuficiente la mera afirmación de la existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado por muy provisional que éste pueda ser...".

En definitiva, en el derecho español, el juez, en el cumplimiento de su función de protección del derecho fundamental, no puede operar exclusivamente sobre el valor que otorgue o la confianza que le proporcione la sospecha policial en sí misma considerada, sino sobre el significado razonable de los datos objetivos que se le aportan, valorados como indicios, obtenidos por la policía en el intento inicial de verificación de la consistencia de sus sospechas. Ello no supone que haya de prescindirse absolutamente de la experiencia policial, ni tampoco que sea necesario proceder en ese momento a comprobar la realidad de lo afirmado por la policía, pero sí implica que, necesariamente, haya de ser sometida en cada caso a la crítica racional por parte del Juez, en relación con los datos objetivos disponibles...

...Profundizando en la cuestión relativa a la necesaria consistencia de los indicios delictivos sobre los que debe asentarse la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, no estorba recordar las reflexiones que efectuaba al respecto nuestra reciente sentencia número 405/2022, de 25 de abril: "Para que tales restricciones puedan hacerse efectivas es preciso que, a partir de la necesaria habilitación legal, existan datos que en cada caso concreto pongan de manifiesto que la medida restrictiva del derecho es proporcional al fin pretendido, que este fin es legítimo y que es necesaria en función de las circunstancias de la investigación y del hecho investigado. Ello implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios de su existencia y de la intervención del sospechoso, y sobre la necesidad de la medida...

...Para el Tribunal Constitucional los indicios idóneos para fundamentar la injerencia en el derecho fundamental son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, "sospechas fundadas" en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Han de excluirse las investigaciones meramente prospectivas, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, ya que de otro modo se desvanecería la garantía constitucional; exclusión que se extiende igualmente a las hipótesis subjetivas y a las meras suposiciones y conjeturas, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de esas hipótesis, quedaría materialmente vacío de contenido ( SSTC 49/1999; 166/1999; 171/1999; 299/2000; 14/2001; 138/2001; 202/2001; 167/2002; 261/2005; 136/2006; 253/2006; 148/2009; 197/2009; 5/2010 y 26/2010)....

...Este Tribunal de casación, siguiendo la doctrina constitucional, tiene establecido en reiteradas resoluciones ( SSTS 77/2007, de 7 de febrero; 610/2007, de 28 de mayo; 712/2008, de 4 de noviembre; 778/2008, de 18 de noviembre; 5/2009, de 8 de enero; 737/2009, de 6 de julio; 737/2010, de 19 de julio; 85/2011, de 7 de febrero; 334/2012, de 25 de abril; 85/2013, de 4 de febrero; 725/2014, de 3 de noviembre; 881/2014, de 15 de diciembre; 251/2015, de 13 de abril; o 133/2016, de 24 de febrero) que de la judicialidad de la medida de intervención telefónica se derivan, como consecuencias inherentes, que sólo la autoridad judicial competente puede autorizar el sacrificio del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, y siempre con la finalidad exclusiva de proceder a la investigación de un delito concreto y a la detención de los responsables, rechazándose las intervenciones predelictuales o de prospección. Esta materia se rige por el principio de especialidad en la investigación.

La medida -señalan las sentencias citadas de este Tribunal- debe ser fundada en el doble sentido de adoptar la forma de auto y expresar una motivación o justificación suficientes. Ello exige de la policía solicitante la expresión de la noticia del hecho delictivo a comprobar y la probabilidad de su existencia, así como de la implicación posible de la persona cuyo teléfono es el objeto de la intervención. Los datos facilitados por la policía han de tener un grado de objetividad que los diferencie de la mera intuición policial o conjetura. Deben ser objetivos en el doble sentido de ser accesibles a terceros y, singularmente, al Juez que debe decidir sobre la medida, pues de lo contrario se estaría en una situación ajena a todo posible control judicial. Y es obvio que el Juez, como director de la investigación judicial, no puede adoptar el pasivo papel del vicario de la actividad policial que se limita a aceptar sin control alguno lo que le diga la policía en el oficio. En definitiva, en la terminología del TEDH, se deben facilitar por la autoridad policial las "buenas razones" o "fuertes presunciones" a que dicho Tribunal se refiere en los casos Lüdi - 5 de junio de 1997-, o Klass -6 de septiembre de 1998-"...

...En absoluto puede afirmarse aquí que el instructor asumiera de manera acrítica la opinión o las consideraciones especulativas de quienes solicitaban la intervención telefónica. Al contrario, dispuso al respecto de un conjunto de datos objetivos (en tanto contrastables, verificables), que le permitieron ponderar la procedencia de intervenir las comunicaciones telefónicas... No es lo relevante el modo en el que en particular los agentes llegaran a tener conocimiento de estos datos, --naturalmente, siempre partiendo de la observancia de cualquiera derechos fundamentales concurrentes--, sino que los mismos resultaron proporcionados al instructor, de modo tal que éste no asumía las posibles sospechas o conjeturas policiales, sino que disponía de elementos verificables sobre los que poder asentar su propio juicio y así sus facultades de control.

No se trataba, desde luego, --no podía tratarse--, de pruebas irrefutables. Pero sí de elementos que permiten razonablemente ponderar, más allá de lo meramente especulativo, la posible preparación o puesta en marcha de un delito cuya gravedad justificaba, en términos de proporcionalidad, la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones comprometido>>.

6.- Se denuncia igualmente por quien aquí recurre que deberían reputarse nulas de pleno derecho, por vulneración de las previsiones contenidas en los artículos 24 de la Constitución, 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las diligencias de entrada y registro, sus actas, y, en suma, de todos los medios de prueba obtenidos como resultado o consecuencia de dichas diligencias de entrada y registro, al infringir el art. 451.3 LOPJ y concordantes. Asimismo, se destaca por el recurrente que hubo en una de las entradas y registros, la efectuada en la calle Marqués de Urquijo, "colocación ad hoc de fuentes de prueba".

En desarrollo de su tesis, argumenta quien aquí recurre, en síntesis, que el día 14 de abril de 2016 el Juzgado Central de Instrucción n° 1 dictó en el presente procedimiento hasta seis autos autorizando la entrada y registro en otros tantos espacios cerrados (domicilio particular de D. Miguel Ángel, de D. Victorio, sede del sindicato Manos Limpias, oficina vinculada a Ausbanc, oficina vinculada a Ausbanc Consumo, oficina de sede de Ausbanc Empresas). Llevadas a término, se confeccionaron otras tantas actas de entrada y registro. En cuatro de ellas se observa que las mismas aparecen autorizadas por funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal " habilitados", y, en otra, por un Letrado de la Administración de Justicia "en funciones de auxilio judicial", por lo que, a juicio de quien aquí recurre, resulta lo procedente comprobar la regularidad de las referidas designaciones mediante el estudio del cumplimiento de la normativa de aplicación. Seguidamente, realiza la parte un completo y bien articulado discurso acerca de las modificaciones legales producidas en el marco de las sustituciones y habilitaciones de los Letrados de la Administración de Justicia para llegar a la conclusión de que, aun cuando el artículo 282 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permitía, hasta el 14 de enero de 2004, a los Secretarios Judiciales habilitar a uno o más Oficiales para que autoricen las actas que hayan de realizarse a presencia judicial, dicho precepto ha sido objeto de derogación por virtud de la LO. 19/2003, de 23 de diciembre. Considera que el sistema cambió radicalmente a partir de dicha reforma, siendo que los arts. 281 y 282 de la Ley Orgánica del Poder Judicial quedaron sin contenido. A partir de dicha reforma, explica, únicamente resulta dable la sustitución (toda vez que la habilitación desapareció y fue derogada), lo que implica trasladar fuera del ámbito discrecional de los Secretarios Judiciales la decisión de otorgar a los Oficiales el ejercicio de todas o parte de sus funciones. No se contenía en la nueva regulación posibilidad ninguna de que los Secretarios Judiciales habilitasen a los Oficiales -que en virtud de la LO 19/2003 pasaron a llamarse Gestores Procesales y Administrativos- para delegar en ellos la función de fedatarios públicos, que pasaba a ser ejercida en exclusiva por los Secretarios Judiciales (hoy, Letrados de la Administración de Justicia). Observa también que, en su opinión, el supuesto previsto en el art. 451.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no constituye una excepción al principio de exclusividad en la fe pública judicial.

No es necesario, sin embargo, --ni conveniente para contener la extensión de esta sentencia--, profundizar aquí en las anteriores consideraciones. Aunque se aceptara la tesis que el recurrente tan pormenorizadamente expone, ello en modo alguno determinaría la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria ni de otro ninguno, ni en consecuencia provocaría la nulidad de lo actuado. Incluso si la diligencia de entrada y registro judicialmente acordada se hubiera llevado a término en ausencia de Letrado de la Administración de Justicia, ello únicamente alcanzaría para considerar que las actas elaboradas en el desarrollo de la diligencia no acreditarían por sí mismas, carentes de la fe pública judicial, la realidad de los hallazgos que en ellas se describen que, por lo mismo, solo podrían tenerse por justificados a partir del resultado de otros medios probatorios que así lo acreditasen (singularmente, pruebas testificales). Lo explicaba, por ejemplo, nuestra sentencia número 360/2022, de 7 de abril: < LOPJ para cualquier contenido probatorio que se derive directa o indirectamente de la violación de un derecho fundamental, por lo que nada impide que mediante otros medios de prueba complementarios se evidencie la ocupación de los efectos intervenidos en el domicilio registrado con autorización judicial ( STS 183/2005, de 18-2, 408/2006 de 12-4), pudiendo suplirse tal defecto con la declaración de los intervinientes en el registro en dicho acto, por ejemplo, funcionarios de policía ( STS 21-11-94, 14-11-97).

La doctrina del TC viene manteniendo de forma constante que el único requisito necesario y suficiente por sí lo para dotar de licitud constitucional a la entrada y registro fuera del consentimiento expreso de quien lo ocupa o la flagrancia delictiva, es la existencia de una resolución judicial que con antelación lo mande o autorice, de suerte que una vez obtenido el mandamiento la forma en que la entrega y el registro se practiquen, las incidencias que en su curso se puedan producir y los defectos en que incurra, se inscriben y generan efectos sólo en el plano de la legalidad ordinaria. A este plano corresponde la asistencia del Secretario judicial, cuya ausencia por tanto -en toda la diligencia o en parte de la misma -no afecta al derecho a la inviolabilidad del domicilio, ni a la tutela judicial del mismo, aunque sí afecta a la eficacia de la prueba preconstituida por la diligencia ( STS 290/94, 133/95, 228/97, 94/99, 239/991, 775/2002, de 17-6; 183/2005 de 18-2)>>.

Entronca lo anterior con la última de las quejas que el recurrente enarbola en este plano. Ya con relación al registro practicado en la oficina vinculada a Ausbanc Consumo, sita en calle Marqués de Urquijo 44 1º de Madrid, razona la parte que en el acta que documenta dicha intervención puede leerse: "Mientras los dos agentes de la unidad de investigación tecnológica y esta letrada se trasladan al despacho del Sr. Miguel Ángel a fin de recoger los efectos personales y de trabajo de la que suscribe, así como para introducir toda la documentación se había quedado fuera de la caja fuerte y no era de interés para la investigación, y deja la llave de dicha caja fuerte en el lugar en que se encontraba. Todo ello se realiza en un intervalo breve de tiempo y cuando volvemos hacia la oficina, los agentes se dirigen hacia esta Letrada judicial con una cartera de logotipo tipo Luis Vuitton, que al mover la CPU se habían encontrado y que en su interior contenía un ordenador portátil que se veía a simple vista por el lateral, y que al principio al llegar al lugar no había sido visto por nadie; ya que según la policía sólo se vio al mover la CPU. El Sr. Miguel Ángel formula la queja de que en un primer momento nadie había visto la cartera con el ordenador y que no se sabía si el mismo era o no del Sr. Antonio". A partir de dicho relato considera quien ahora recurre que los agentes de policía introdujeron dicho ordenador portátil de forma subrepticia y con fines espurios. Reconoce, sin embargo, que el mismo resultó atribuido a una tercera persona, no acusada en este procedimiento y que, en consecuencia, ni se procedió a su pormenorizado examen ni tampoco fue valorado o tomado en cuenta en ningún sentido en la sentencia impugnada. Sin embargo, destaca el recurrente que si esa circunstancia no hubiera sido denunciada por el Sr. Miguel Ángel "no somos capaces de imaginar qué habría aparecido". No hace falta imaginarlo. Lo cierto es que el mencionado ordenador portátil, que los agentes aseguran haber encontrado en las oficinas tras desplazar una CPU, en tanto no correspondía al ahora recurrente, (ni a ningún otro acusado en este procedimiento), no dio lugar al detallado examen de su contenido ni el mismo fue tomado en cuenta a ningún efecto en la sentencia que ahora se impugna.

Procede así la desestimación de los motivos primero a quinto y décimo del recurso.

SEGUNDO.- Competencia objetiva del órgano jurisdiccional para el enjuiciamiento e imparcialidad del instructor. 1.- Los motivos sexto y séptimo del presente recurso se orientan a considerar, primeramente, que la Audiencia Nacional carecía de competencia objetiva para el enjuiciamiento de estos hechos; y, en segundo término, que existen razones bastantes para cuestionar la imparcialidad del magistrado instructor de la causa.

Por lo que a la primera cuestión respecta (motivo sexto del recurso) deja sentado la parte recurrente que la doctrina jurisprudencial, consolidada y constante, --cita al respecto nuestra sentencia número 237/2015, de 23 de abril--, "asocia la lesión del derecho fundamental al juez legal o predeterminado por la ley a la búsqueda intencionada de un Juez o Tribunal distinto al llamado previamente por la Ley a conocer del concreto asunto de que se trate, tratando tal búsqueda como algo nítidamente diferenciado de una mera infracción de las normas de competencia que regulan la jurisdicción ordinaria, cuya infracción nunca rebasaría la legalidad ordinaria". Ciertamente, así es. Lo explicábamos también, por ejemplo, en nuestra, más reciente, sentencia número 444/2021, de 26 de mayo: < art. 24 CE está desacreditada por la jurisprudencia. Una discrepancia sobre el órgano jurisdiccional que ha de enjuiciar el asunto es un problema de legalidad. No es apto para provocar una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley. Las SSTS 664/2017, de 11 de octubre, y 389/2018, de 25 de julio, lo indican claramente, previendo una sola excepción: cuando el cambio de órgano judicial se realiza arbitrariamente: La STS 664/2017 dice en su FJ 1º: "según constante doctrina de esta Sala de casación y también del Tribunal Constitucional, la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria no constituye infracción del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley. Y dicho derecho no resulta vulnerado cuando se trate de un mero deslinde y amojonamiento de distintos y colindantes ámbitos de actuación en hipótesis polémicas o en situaciones problemáticas, no suponiendo por tanto la ruptura deliberada del esquema competencial ( STC 35/2000, 93/1998, ATC 262/1994, de 3 de octubre, STS de 15-3-2003, núm. 370/2003 e igualmente podemos añadir en consonancia con la STS. 25.2.2010) que las discrepancias interpretativas relativas a la competencia entre órganos de jurisdicción penal ordinaria no pueden dar lugar a la infracción del derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley. (...) El derecho al Juez predeterminado por la ley únicamente puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al Órgano al que la Ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad, como señala la Sentencia 35/2000, del Tribunal Constitucional, de 14 de febrero.". La STS 389/2018, en su FJ 1º reitera idénticos argumentos citando, además, la STC 191/2012, de 12 de diciembre">>.

Partiendo de lo anterior, considera el recurrente que, en el caso, desde el momento mismo en que resultaron incoadas las correspondientes diligencias previas, ni la actividad investigadora instada por los acusadores, ni la decretada por el Juzgado instructor, tuvieron nunca por objeto delito alguno de los que fuese competente la Audiencia Nacional, sino, antes al contrario, delitos diversos cuyo conocimiento correspondía a otros Juzgados de Instrucción de la "jurisdicción ordinaria" (sic); todo lo cual habría supuesto "un cambio o alteración sustancial del órgano competentemente objetivo para su enjuiciamiento".

Frente a dichas consideraciones, opone el Ministerio Público, por un lado que la complejidad, naturaleza y entidad de los hechos delictivos que se investigaban (con múltiples investigados y entidades financieras afectadas en su condición de víctimas), y la dificultad técnica que planteaba la investigación, justificaban suficientemente la atribución de la competencia a la Audiencia Nacional en aplicación de lo dispuesto en el art. 65.1.c) de la LOPJ; y, por otro, que la competencia fue cuestionada por el recurrente con posterioridad al auto de apertura del juicio oral, es decir, cuando en virtud de la vigencia y aplicación de la regla de la "perpetuatio iurisdictionis" ya había quedado definitivamente fijada la competencia para el enjuiciamiento del asunto.

2.- Sin necesidad de consignar las pretensiones formuladas en este procedimiento por todas las acusaciones, lo cierto es que, --así se consigna en los antecedentes de la sentencia ahora impugnada--, el Ministerio Fiscal calificó provisionalmente los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de organización criminal, de dieciséis delitos continuados de extorsión y de otros cuatro más, no continuados, de siete delitos de extorsión en grado de tentativa, de un delito de estafa, de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, el partido político Podemos consideró que los hechos, además de otras calificaciones que no son ahora del caso, constituían hasta trece delitos de estafa, previstos y penados en los artículos 248, 249 y 250.5, y de otro delito continuado de estafa, que habrían llegado a producir perjuicio patrimonial en el territorio de más de una Audiencia, lo que resultaba encuadrable en el marco normativo previsto en el artículo 65.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Importa tener en cuenta, en este sentido, que naturalmente la competencia objetiva del órgano jurisdiccional no puede ser establecida a partir del final resultado del procedimiento sino en atención al que fue su objeto, en buena parte determinado por las acusaciones y tamizado indispensablemente por el órgano jurisdiccional instructor. Lo explicábamos así, por ejemplo, en nuestra sentencia número 402/2020, de 17 de julio, cuando señalaba: <<[E]s pacífica la jurisprudencia de esta Sala que proclama que la competencia objetiva para el enjuiciamiento de unos hechos que revisten indicios racionales de criminalidad viene determinada por la más grave de las acusaciones formuladas y, en consecuencia, de las pretensiones que han de ser resueltas. Y hemos dicho también que la competencia ante la Audiencia Provincial, cuando así se acuerde, ha de ser mantenida por más que se modifique la situación jurídico procesal con posterioridad a la apertura del juicio oral (perpetuatio jurisdictionis). Recordaba así nuestra reciente sentencia 1/2018, de 9 de enero, que "determinada la competencia en el procedimiento abreviado en el auto de apertura del juicio oral, cualquier vicisitud procesal ulterior o cambio en la calificación, que determine el cese o alteración minorativa de la acusación por algún delito, incluso aunque fuere precisamente del que determinó la competencia de la Audiencia, no conlleva un cambio competencial...

En este sentido, a efectos de decidir sobre la competencia, debemos partir de la pretensión penal deducida por las acusaciones y conforme a la cual se ha acordado la apertura del juicio oral. Sobre esos hechos (con independencia de que luego puedan probarse o no, o puedan surgir cuestiones diferentes) hay que proyectar las normas de competencia>>.

3.- Por lo que concierne a la pretendida falta de imparcialidad del instructor, argumenta el recurrente, también expuestos sus razonamientos en síntesis, que el instructor no permitió al Sr. Miguel Ángel acudir como Letrado a un determinado juicio, que la parte recurrente considera tenía por objeto materias "perjudiciales para los intereses del juez instructor", mientras que, en otro momento, sí le permitió hacerlo con relación a un juicio distinto.

Sin necesidad de profundizar ahora en la cuestión suscitada, lo cierto es que, si la parte entendía que existían fundadas razones para considerar la falta de imparcialidad del juez instructor, debió proceder en la forma legalmente prevista articulando la correspondiente recusación, apareciendo normativamente proscrita la posibilidad de reservarse dicha decisión para el momento que la estrategia defensiva reputase como más adecuado ( artículo 222.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Tiene razón quien ahora recurre en que la recusación es un derecho mientras que la abstención es un deber. Sin embargo, lo cierto es que la parte, pudiendo haberlo hecho, consideró más conveniente no hacer uso de su derecho, sin que esa facultad pueda renacer ahora, intempestivamente, al socaire de que el Magistrado instructor no habría cumplido su deber de abstención, cuando nada permite considerar que éste estimara en momento alguno que concurrían motivos para ello, ni sea este el momento para determinarlo.

Los motivos se desestiman.

TERCERO.- Quebrantamiento de forma. Inadmisión indebida de medios probatorios.- 1.- Abordaremos en este ordinal los motivos de impugnación numerados como octavo, noveno y decimoséptimo, todos ellos vinculados al indebido modo en que, a juicio del recurrente, resultó practicada una parte de la prueba o, invocando el quebrantamiento de forma al que se refiere el artículo 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que, también considerada indebida, denegación de la práctica de ciertos medios probatorios propuestos de manera oportuna por el recurrente.

Así, en el motivo octavo de su recurso denuncia la defensa del Sr. Miguel Ángel que una persona que considera como "uno de los principales testigos de cargo de las acusaciones", concretamente don Daniel, prestó en el acto del juicio su declaración testifical, debido a problemas técnicos sobrevenidos, de forma telefónica "sin estar en presencia de ningún funcionario o fedatario público que asegurara su identidad y/o las condiciones en que estaba prestando declaración, y especialmente, porque en la forma en que se produjo la declaración del testigo (por teléfono) se imposibilitó a esta defensa la interacción visual y exhibición de documentos esenciales para su estrategiade defensa". Explica la recurrente que formuló en su momento protesta por la forma o modo en que la Sala se disponía a recibir el referido testimonio, haciendo hincapié, ya en ese momento, en que así no le sería posible interesar la exhibición de documentos al testigo para seguidamente poder interrogarle acerca de determinados particulares de su contenido. Y explica que su propósito era no solo formular al testigo preguntas relacionadas con el "caso Novacaixa Galicia", siendo su intención también extender el interrogatorio a cuestiones vinculadas con la actuación policial en la investigación del procedimiento, ( "tenían que ver, --nos dice--, con documentos que la policía adjuntó a su informe atribuidos al Sr. Daniel" ). Por descontado, no deja quien recurre de reconocer que los artículos 325 y 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el art. 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el art. 731 bis LECrim, el art. 325 LECrim. , y el art. 229.3 LOPJ autorizan que se desarrolle la declaración por videoconferencia, a través de un sistema de comunicación bidireccional de audio y video. Mas destaca las evidentes diferencias que ello comporta frente a la mera comunicación de audio (telefónica). Considera quien recurre que dicha irregularidad, relevante desde el punto de vista de su derecho de defensa, deberá determinar la nulidad del acto del juicio oral con "retroacción de las actuaciones al momento de la práctica de la prueba", interesando, además, que el nuevo juicio se celebre ante un Tribunal con distinta composición personal "para preservar las garantías del proceso".

Ciertamente, aunque quien recurre advierte, con carácter general, que el testimonio se recibió en ausencia de cualquier fedatario público que pudiera justificar la identidad del declarante, ninguna objeción razonable podría progresar en este sentido, habida cuenta de que el propio recurrente, siquiera de manera implícita, parece aceptar que, en efecto, quien respondió a las preguntas resultó ser efectivamente don Daniel. Mucha mayor consistencia presentan, a nuestro juicio, las objeciones relativas a que, recibido el testimonio únicamente a través del sistema de audio, ni resultaba posible comprobar, por ejemplo, que el testigo no consultaba para responder las preguntas, de modo subrepticio, determinados documentos o apuntes, ni sobre todo era posible mostrarle ninguna clase de documento al efecto de que, a su vista, o tras su consulta, pudiera responder a las preguntas que la defensa planteara, previa, lógicamente, su declaración de pertinencia por el Tribunal.

2.- No nos parecen convincentes al respecto las objeciones que a este motivo de impugnación opone el Ministerio Público señalando que, por una parte, no se trataba de un testigo propuesto por la defensa; y, por otra, que la declaración se desarrolló en un contexto de particulares dificultades técnicas, cumpliéndose, nos dice, "los requisitos que exigen los arts. 731 bis LECriminal y 229.3 LOPJ ". Fuera o no el testigo propuesto por la defensa, lo cierto es que, practicada la prueba, la misma debe quedar sujeta a las exigencias derivadas de los principios de inmediación, contradicción y defensa. Y, por eso, aunque el testigo hubiera sido exclusivamente propuesto por las acusaciones, no era dable impedir a la defensa de cualquiera de los acusados la posibilidad de intervenir en la práctica de la prueba en condiciones materialmente conciliables con una eficaz defensa, interesando, en concreto, del testigo que, tras la (imposible en esas condiciones) exhibición de determinados documentos respondiera a las preguntas que acerca de los mismos pudieran serle formuladas. Por otro lado, es claro que el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma plenamente consistente con lo que acaba de exponerse, determina que "[e]l Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ", condiciones que, en el caso, notoriamente no se observaron.

Nos encontramos, por tanto, frente a una irregularidad procesal que proyecta, además, efectos limitadores del derecho de defensa del acusado, ahora recurrente. Sin embargo, no compartimos con la parte la consecuencia correctora que debe ser asociada a dicha irregularidad. La repetición del juicio interesada excede con mucho la necesaria subsanación de la falta. Tratándose de una prueba efectivamente propuesta por la acusación, el testimonio, así prestado, no puede provocar efecto alguno que desvirtúe el derecho constitucional a la presunción de inocencia de los acusados. En todo caso, aun si la parte entendiese que las preguntas que proyectaba formular al testigo, previa exhibición de los documentos a los que aludía en su protesta, resultaban capitales para su defensa eficaz, trascendiendo, como afirma, su mero conocimiento acerca de lo sucedido en relación con Novacaixa Galicia, se encontraría esta prueba, no debidamente practicada, en las mismas circunstancias que aquellas otras, debidamente propuestas por la parte, cuya declaración de impertinencia fue acordada por la Sala. Esa es la razón por la que hemos resuelto abordar ambas quejas conjuntamente.

3.- Y es que, en efecto, ya en los motivos noveno y decimoséptimo del recurso, reprocha la parte la que considera indebida inadmisión de determinados medios probatorios oportunamente propuestos por la defensa. Se trata, nos explica, de un abigarrado conjunto de pruebas testificales, hasta cuarenta y seis, y algunos documentos; medios probatorios, todos ellos, que resultaron rechazados, al considerarlos impertinentes, por el Tribunal de instancia. Se queja también el recurrente de que, conocida la decisión del Tribunal, interesó que se consignaran las preguntas que proponía dirigir a cada uno de los testigos, posibilidad que también le resultó rechazada, impidiendo así, asegura quien recurre, a este Tribunal Supremo controlar el "porqué los testigos propuestos eran pertinentes y útiles y, sobre todo, qué interrogatorio querría habérseles hecho".

Considera quien recurre que dichos testimonios resultaban en extremo relevantes, señalando, por ejemplo, la posibilidad de que el Sr. Borja, uno de los testigos propuestos e inadmitidos, "hubiera reconocido que, efectivamente, como Comisario en activo de policía investigó al Sr. Miguel Ángel y Ausbanc por encargo -a cambio de precio- del BBVA"; o que el Sr. Diego, otro de los testigos cuyo interrogatorio resultó rechazado, "hubiera manifestado que efectivamente se decidió pagar precio a un Comisario en Activo del BBVA para acabar con Ausbanc y llevar a cabo investigaciones generales y prospectivas"; o que, también por ejemplo, el Sr. Alexis, empleado de comunicación del BBVA, hubiera "declarado que realmente el extorsionado era el Sr. Miguel Ángel y explicar los motivos".

El recurrente concluye: "así, en definitiva, con todos los testigos que guardaban relación directa con el objeto del procedimiento. La trascendencia de la admisión es clara: hubiéramos podido probar por confesión de los propios implicados que hubo una investigación prospectiva; contratación ilegal de funcionarios de policía para investigar alegalmente al Sr. Miguel Ángel; que hubo una estrategia policial consensuada para blanquear lo ilícito en lícito. Y, por supuesto, otros testigos podrían haber negado categóricamente los hechos típicos objeto de condena.... La consecuencia, por tanto, es la nulidad del acto de juicio oral con retroacción de las actuaciones al momento de la práctica de la prueba previa estimación de la inadmitida y ahora constitutiva de este motivo casacional. Y solicitamos que deba practicarse ante un Tribunal distinto para preservar las garantías del proceso".

4.- Más allá de que el alcance o naturaleza de las actuaciones previas a la presentación de la denuncia anónima, --objeto de investigación, como ya se ha señalado, en el procedimiento correspondiente--, ha sido ya abordada, para desechar sus eventuales proyecciones en este proceso, en el fundamento jurídico primero de esta resolución, y más allá de que una buena parte de los testigos referidos, a los que trataría de interrogarse acerca de hechos protagonizados por ellos de naturaleza eventualmente delictiva, podrían haberse acogido por eso a su derecho constitucional a no declarar sobre determinados aspectos que pudieran incriminarles, resulta obligado recordar aquí que, como tantas veces hemos señalado, el juicio sobre la práctica de la prueba omitida que nos corresponde abordar en sede de casación no coincide por entero, difiere al contrario en aspectos esenciales, del que compete al órgano ante el que se celebra el enjuiciamiento. Lo recordaba, por ejemplo, nuestra reciente sentencia número 43/2023, de 26 de enero, alguno de cuyos pasajes esenciales, conviene reproducir aquí: <

La necesidad es requisito inmanente del motivo de casación previsto en el art. 850.1 LECrim . Si la prueba rechazada carece de utilidad o no es "necesaria" a la vista del desarrollo del juicio oral y de la resolución recaída, el motivo no podrá prosperar. El canon de "pertinencia", que rige en el momento de admitir la prueba, muta en un estándar de "relevancia" o "necesidad" en el momento de resolver sobre un recurso.

Así queda explicitado en otros números del mismo precepto (denegación de preguntas) en fórmula que es trasplantable a esta causa de casación. En efecto, el art. 850 en sus ordinales 3º y 4º LECrim exige para la estimación del recurso de casación por denegación de preguntas que las rechazadas fueran no solo pertinentes; sino, a la vez, verdaderamente necesarias o de indudable influencia en la causa. Pues bien, es inherente al espíritu del art. 850.1º idéntico canon explícitamente formulado en materia de preguntas. La verdadera necesidad o indudable trascendencia de la prueba -y no solo su pertinencia- constituye requisito inmanente al motivo de casación establecido en el art. 850.1º.

Se pueden distinguir cuatro momentos y otros tantos estándares diferenciados de decisión: a) admisión de la prueba; b) suspensión en caso de incomparecencia del testigo o perito; c) apelación; y d) anulación en casación.

a) En el momento de la admisión el criterio ha de ser lo más generoso posible, dentro del marco legal. Si la prueba es posible, pertinente y no aparece como manifiestamente inútil la regla será la admisión in dubio pro probationem.

b) En el momento de decidir sobre la suspensión por incomparecencia de un testigo o no práctica de una prueba, el criterio ha de ser más restrictivo. Es "la necesidad" el canon de decisión y no la simple "pertinencia". Ha de valorarse, a la vista del resto de las pruebas, si resulta necesario para formar un juicio completo y adecuado contar con la que no se puede practicar.

c) En apelación la posibilidad de práctica de la prueba en segunda instancia hace menos perturbadora una eventual reconsideración: no se llegaría a la nulidad del juicio en tanto la reparación del gravamen se hará completando el cuadro probatorio en la segunda instancia. Persiste el mismo estándar, incluso algo dulcificado. En este supuesto no cabía apelación: es proceso sometido al régimen impugnativo previgente.

d) En casación, al revisar una sentencia combatida a través del art. 850.1º LECrim se endurece el criterio. Se cuenta ya con una sentencia. Solo deberá ser anulada si se llega al pronóstico fundado de que el resultado de la prueba omitida podría haber variado su sentido, o algún aspecto relevante. En la legislación hoy vigente, además, habrá superado ya el previo control en apelación>>.

En aplicación de dichos criterios, más allá de que en alguno de los casos, con relación a alguno de los medios probatorios propuestos, pudiera sostenerse, como lo hiciera ya el Tribunal de la instancia, la impertinencia de la prueba, no cabe duda, ahora con relación a todos ellos, de la falta de necesidad de su práctica, lo que se comprenderá con facilidad tras la completa lectura de esta resolución. Ningún sentido podría tener la anulación del juicio por este motivo, para la práctica de algunas pruebas propuestas por la defensa, que carecerían de aptitud para modificar el sentido del fallo.

Los motivos se desestiman.

CUARTO.- Presunción de inocencia.- 1.- Los motivos undécimo y decimosegundo del presente recurso, que abordaremos conjuntamente en el presente ordinal, denuncian, por el cauce que ofrecen los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la pretendida vulneración de la presunción de inocencia, con relación al delito de extorsión (motivo undécimo) y también con respecto al delito de estafa (motivo duodécimo).

Por lo que concierne al primero de ellos, el delito de extorsión, se sujeta la recurrente a una metodología, bien comprensible en el marco de su esmerada actuación defensiva, que procede al desagregado análisis de las diferentes conductas, --hasta veintitrés, s.e.u.o--, que se atribuyen al Sr. Miguel Ángel en relación con cada una de las entidades que se presentan como perjudicadas. Esa misma pauta, naturalmente, fue la seguida en la sentencia que ahora se impugna. No nos ceñiremos nosotros exactamente a este método, razonablemente desagregado, por razones que, esperamos, puedan ser bien comprendidas. Se analizará con el preciso pormenor el primer grupo de conductas, en las que aparecería como perjudicada la entidad BBVA, para seguidamente y de forma ya mucho más resumida, abordar el resto de los comportamientos, con las distinciones y precisiones que consideramos indispensables.

2.- En todo caso, importa tener en cuenta, ya desde ahora, que repetidamente ha tenido este Tribunal Supremo oportunidad de precisar el alcance que, en sede de recurso de casación, presenta la denunciada vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Últimamente, por ejemplo en nuestra sentencia número 540/2023, de 5 de julio, recordábamos al respecto: <

Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento, hasta la reforma operada por Ley 41/2015, de 5 de octubre, de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria en relación a aquellas sentencias dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la legislación anterior, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria de cargo sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, lo que comprende el examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y el proceso de formación y obtención de la prueba. Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias ( art. 9.1 CE) ; o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio 'nemo tenetur' ( STS 1030/2006, de 25 de octubre).

No se trata de que este Tribunal compare la valoración probatoria efectuada por la Audiencia y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo. Además, no es posible valorar nuevamente las pruebas personales, respecto de las cuales esta Sala carece de inmediación">>.

También tenemos dicho, por todas en nuestra sentencia número 372/2023, de 18 de mayo, que al introducirse el juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que impone la presunción de inocencia, se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva. La suficiencia de la prueba de cargo, núcleo esencial para la desactivación del derecho a la presunción de inocencia, al evidenciarse a través de una motivación coherente y sin fisuras del Tribunal, conforma un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial, quebrantado cuando el órgano de enjuiciamiento no justifica la respuesta que se ofrece a las pretensiones de las partes. De este modo, la motivación que de la valoración de la prueba realiza el Tribunal de instancia, permite apreciar la solidez de sus conclusiones o bien su evanescencia ante unos instrumentos de prueba que pueden reflejar una realidad incompatible o aportar dudas fundadas sobre lo verdaderamente acontecido.

Tampoco puede olvidarse, finalmente, que la presunción de inocencia lo mismo puede resultar desvirtuada a través de pruebas directas que mediante la denominada prueba indirecta o de indicios. Así, recuerda, por ejemplo, nuestra sentencia número 545/2023, de 5 de julio: <

...Ciertamente, cuando es la prueba indiciaria o indirecta la que ha servido para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia, nos encontramos frente a un hecho esencial que no ha podido acreditarse de forma directa, pero sí otros hechos, periféricos aunque vinculados a aquél, de tal modo que la valoración conjunta de los mismos interrelacionados entre sí conduce derechamente a tener al primero por acreditado, con exclusión de cualquier otra hipótesis alternativa igualmente válida desde el punto de vista epistemológico. En tales casos, --salvo excepcionales supuestos--, no es la presencia de uno solo de los indicios, analizado aisladamente, el que soporta con robustez el juicio de inferencia realizado por el Tribunal, sino el conjunto de todos ellos. No es un análisis microscópico de cada uno de los indicios sino una visión macroscópica del conjunto, la que sustenta, con suficiencia bastante para enervar en el caso el derecho fundamental a la presunción de inocencia, el juicio de autoría">>.

3.- Por lo que respecta a los hechos relacionados con la entidad BBVA, la sentencia impugnada pondera que "la versión ofrecida por el acusado", que analiza pormenorizadamente, "haciendo recaer del lado de la entidad bancaria la situación de enconamiento por su nefasta gestión que, según vino a decir el acusado, era lo que centraba su forma de conducirse, descartando así que respondiera a la idea de que por el BBVA se volviera a concertar acuerdos económicos sustanciosos a favor de AUSBANC, o en respuesta a la decisión de darlos por finiquitados, contrasta con la mantenida por los testigos comparecidos al Juicio Oral", para proceder seguidamente al análisis del resultado de sus diferentes declaraciones.

Y así, se alude a lo explicado en el juicio por el testigo Don Pio quien vino a señalar, en resumen, que "en el año 2004 había firmado contratos institucionales (los otros son los comerciales), entre los que se incluye la publicidad en las revistas y algún seminario, tomando la decisión en el año 2007 de rebajar a la mitad las aportaciones al grupo AUSBANC cortándose absolutamente en el año 2008 debido a que no le encontraba justificación a dicha contratación que era más "por defensivo que otra cosa, pues eras amigo o eras enemigo" y según ello, se te atacaba en los tribunales o en los medios", añadiendo que, a raíz de aquellas decisiones, comenzaron los ataques editoriales y judiciales a dicha entidad, acudiendo, incluso, el Sr. Miguel Ángel a las juntas generales de accionistas de BBVA efectuando "críticas muy duras" a la gestión del Sr. Diego, viendo, en todo ello, el testigo "una relación causa-efecto". Reconoce el testigo que, por ejemplo, una sucursal no destruyó de manera conveniente unos documentos, lo que resultó especialmente destacado en las publicaciones de Ausbanc, considerando, además, el referido testigo que "frente a lo que se dice en tales publicaciones, en la crisis financiera de 2008 el banco BBVA fue el que mejor respondió". El testigo, afirma también la sentencia impugnada: "Resumió su vivencia al decir que Miguel Ángel una vez al año le exponía sus pretensiones, a las que regateaba, no sintiéndose físicamente violentado que sí psíquicamente pues "si quieres seguir siendo amigos, firma este contrato, y era una presión ambiental, era su manera de actuar".

También se pondera en la sentencia impugnada el testimonio prestado por don Jose Daniel quien asegura que su predecesor le advirtió de que "si no se colaboraba con AUSBANC, tendría una incidencia negativa publicitaria así como en las juntas generales del banco, solucionándose si se pagaba, desconociendo durante los años que él estuvo de director pago alguno a AUSBANC, existiendo una publicidad negativa contra BBVA, con un impacto mediático por distintas cosas, motivado ello, por no anunciarse en sus revistas comprobando que los que se anunciaban no recibían críticas y habiéndole llamado Miguel Ángel pero como quiera que ya estaba aleccionado por sus predecesores no atendió a dicha llamada", añadiendo también que "De forma espontánea dijo que cada vez que podían aprovechando sus condiciones especiales frente a la justicia, iban contra el BBVA, siendo la repercusión en el mundo digital de lo más negativa y que en reuniones con otros directores de comunicación la única que no pagaba era Telefónica siendo castigada, y que "Todo el mundo era consciente de las prácticas".

A su vez, la sentencia impugnada alude a numerosos documentos acreditativos de lo que considera probado, refiriéndose, por ejemplo, a " la documentación obrante en el Tomo 18 (folio 4175, CD), aparecen revistas de AUSBANC donde se alude a la entidad BBVA y a su presidente, coincidiendo las críticas que se vierten con el periodo temporal durante el que dicha entidad no quiso suscribir convenio alguno con la asociación o el acuerdo mantenido era por importe muy inferior al anterior, por concertarse exclusivamente ITCRA o la participación en algún evento", así como a la intervención del Sr. Miguel Ángel en las juntas generales de accionistas correspondientes a los años 2008 y 2009, 2012, 2013 y 2014.

La sentencia ahora impugnada valora igualmente el resultado de ciertas conversaciones telefónicas desarrolladas, por ejemplo, entre el Sr. Miguel Ángel y el Sr. Jose Ignacio, en las que de manera al menos implícita resultaría que aquél impartía determinadas instrucciones acerca del tratamiento que debía darse a concretas informaciones vinculadas a la entidad BBVA.

Todo ello para concluir que: " En el caso presente, los intervinientes se valen de ello en una actuación concertada y continuada en el tiempo para desacreditar a directivos varios de la entidad, no tanto por la gestión, aunque también, cómo por el hecho de que con esas críticas lo que subyace era el mecanismo empleado al no retomarse la contratación publicitaria que desde AUSBANC se venía reclamando y no se obtenía o en unas sumas dinerarias que distaban de las establecidas años atrás entre el BBVA y la asociación de consumidores".

Nutriéndose, en sustancia, del resultado de los referidos medios probatorios, se proclama acreditado en la sentencia que aquí se impugna y por lo que ahora importa: "La entidad bancaria BBVA, a fin de evitarse un daño reputacional por la publicidad dañina proveniente de AUSBANC, siendo de lo que se valía Miguel Ángel para que se plegasen a sus designios económicos, había suscrito convenios publicitarios con AUSBANC hasta el año 2007, por precio anual de 123.785 euros en el año 2003, 147.760,85 euros en el año 2004, 200.000 euros en el año 2005, 260.712,20 euros en el año 2006 y 76.707 euros en el año 2007, fecha en que la entidad bancaria dejó de anunciarse en los medios publicitarios de AUSBANC.

Debido (a) esa decisión de BBVA, la asociación AUSBANC a través de sus revistas, "AUSBANC" y "Mercado de dinero", inició una campaña de desprestigio de la entidad financiera con ataques personales a varios de sus directivos, abanderando Miguel Ángel esa línea que indicó al también acusado Benito en las fechas en las que era el director de publicaciones de AUSBANC, con remisión de información sobre la entidad BBVA a organismos varios por acontecimientos menores a fin de desacreditar al banco, en lo que tuvo participación además de aquel, la acusada Benita, abandonándose esa orientación exclusivamente durante el tiempo que se involucró el banco económicamente con los medios de publicidad de AUSBANC, aunque en menor medida que anteriormente, retomándose nuevamente y recrudeciéndose al no lograrse que volviera la entidad bancaria a suscribir acuerdos en los términos que mantuvo al inicio y durante varios años de relación con la asociación de consumidores, sucediéndose aquel proceder hasta el año 2016.

Por las mismas circunstancias acudían Miguel Ángel y Jose Ignacio a varias de las Juntas de Accionistas de la entidad bancaria de las celebradas entre los años 2008 y 2014.

La intervención de los acusados en la Junta General de Accionistas, aun cuando referida a la gestión y decisiones de la cúpula de la entidad bancaria en aspectos varios, en esa idea de dejar públicamente cuestionada la entidad, introdujo en la de 2013 menciones al denominado "Caso Noos", seguido en los juzgados de Palma de Mallorca en fase de instrucción en dicho año, para establecer un vínculo entre dicho procedimiento y uno de los directivos del BBVA, con la finalidad (de) desacreditar a dicho banco a través de dicho cargo, siendo la acusada Estefanía la que suministró a Miguel Ángel los datos del procedimiento en que estaba personada como abogada de MANOS LIMPIAS como acusación popular.

No consta la intervención de Juan María, Edurne y Encarna".

Así las cosas, considera este Tribunal que los hechos que se declaran probados con relación a quien aquí recurre y en el marco de las relaciones establecidas con la entidad financiera BBVA, resultan de una razonable valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, apareciendo suficientemente justificadas las fuentes de prueba que se tomaron en cuenta, el vínculo entre ellas y la razonable inferencia que el órgano jurisdiccional de la instancia obtuvo de las mismas. Más allá de que no resulte de los referidos medios de prueba una explícita referencia a que el Sr. Miguel Ángel vinculaba el tratamiento publicitario que se dispensaría a la entidad o su propia conducta en la junta general de accionistas, con que esta contratara los servicios publicitarios con la revista que aquel dirigía de facto, con una determinada y considerable importancia económica, o a que, de otro modo (contratos de patrocinio u otros servicios) la entidad referida hiciera llegar fondos relevantes a dicha asociación, no puede negarse que el conjunto de elementos de prueba de los que se ha dejado hecho mérito, sustenta la inferencia alcanzada en la resolución que aquí se impugna con solvencia bastante y razonable exclusión de cualquier otra alternativa que pudiera reputarse mínimamente probable en el plano epistemológico.

4.- Y lo mismo puede decirse de los comportamientos del Sr. Miguel Ángel que se declaran probados con relación a una buena parte de las demás entidades que resultaron perjudicadas. Lo expondremos con vocación de brevedad.

En el caso de Caja Madrid, se analiza con detalle lo manifestado al respecto por el propio Sr. Miguel Ángel, --quien aseguró, entre otros extremos y con relación a estos hechos, que fue en ese contexto que conoció al Sr. Luis Manuel y a doña Estefanía--. Se pondera igualmente el testimonio prestado por el Sr. Joaquín (director de comunicación durante una determinada etapa de la referida entidad), quien aseguró que, en un momento dado, resolvieron dejar de anunciarse en los medios del Sr. Miguel Ángel, por diferentes razones y, entre ellas, que "ya tenían ataques de Ausbanc", a lo que el Sr. Miguel Ángel le habría respondido: "Me parece muy bien Joaquín, pero todas las decisiones tienen consecuencias" , explicando el testigo que no sabría decir si esto fue o no una amenaza. Todos estos incidentes se los comentó al Sr. Pio (cuando el mismo fue nombrado director de comunicación de BBVA), habiendo tenido también una reunión con "personas de Creditservice, entidad ésta que se encontraba en la misma situación que la Caja y que los que siguieron, de otras entidades bancarias, contratando con Ausbanc, era porque no querían problemas o no querían tenerlos con sus respectivos presidentes". También precisó este testigo que "las prácticas se extendieron a Cajas más pequeñas, comentándose también en reuniones de la CECA, deduciendo el testigo que la política comercial de Ausbanc había llegado a las demás Comunidades Autónomas e incluso al extranjero".

Se pondera también que el Sr. Miguel Ángel dirigió, como Letrado designado por "Manos Limpias", la acusación formulada en un determinado procedimiento contra el Sr. Miguel, cuya declaración, prestada en la fase de instrucción, resultó leída en el acto del juicio oral, "en línea con lo expuesto por el Sr. Joaquín" , explicando también que cuando decidieron interrumpir las campañas de publicidad con Ausbanc, ello provocó como consecuencia "la apertura de las hostilidades".

Y se alude igualmente al correo electrónico enviado por el Sr. Miguel Ángel, precisamente el día 10 de octubre de 2010, cuyo contenido se consigna en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada, de un tenor que el Tribunal califica como "inquietante", "siendo dicho correo el aviso conminatorio para lograr que se reanudase lo previamente convenido bajo una coerción que ya se venía sufriendo de antes, según relataron los dos directivos de Caja Madrid, a raíz de dar por finiquitada la relación entre dicha Caja y Ausbanc".

5.- Por lo que respecta a Creditservices tampoco carecen los hechos que con relación a ella se declaran probados de fuentes probatorias, válidamente obtenidas, practicadas con regularidad y suficientes para asentar aquéllos como suficientemente acreditados. Se alude, en este caso, al resultado del testimonio prestado por el Sr. Luis, presidente y accionista único de la entidad, explicando, en síntesis, que el Sr. Miguel Ángel le contactó, con relación a un problema que, al parecer, había tenido un cliente con la entidad, "antes de ir a juicio", dirigiéndole expresiones del tipo "vas a saber quién soy yo" o "no olvides que yo metí en la cárcel a Agapito". En dicha reunión, explicó el testigo, solo se habló del cliente un minuto, para exponerle después el Sr. Miguel Ángel las múltiples ventajas de anunciarse en sus publicaciones, preguntándole Miguel Ángel: "¿quieres tener a los consumidores a tu favor o en contra?", llegando a decirle: "o te anuncias en los medios o te busco algo", "pareciéndole una broma al testigo". Rechazada por la entidad, tras consultarlo a los directivos, la oferta publicitaria de Miguel Ángel, este le respondió que "se atuviera a las consecuencias" y, desde entonces, desencadenó una campaña de publicidad negativa frente a la entidad, hablando el testigo con don Joaquín al que también le estaba ocurriendo lo mismo. Mantuvo con el acusado una segunda reunión, meses más tarde, pidiéndole entonces 300.000 euros, por la realización de un informe, publicidad y patrocinios, también sin resultado. Las entidades financieras pagaban, concluyó el testigo, porque, si no, "se metían con las mismas". Miguel Ángel llegó a interponer contra el testigo una demanda en protección de su derecho al honor que, finalmente, ganó en el Tribunal Supremo; no recordando si, a su vez, --como así fue--, él mismo denunció a Miguel Ángel por amenazas resultando aquél absuelto.

6.- En lo relativo a Nova Galicia Banco, se pondera en la resolución impugnada el testimonio prestado por don Daniel. El mismo aseguró que quienes se reunieron con el Sr. Miguel Ángel fueron otros directivos de la entidad, Sres. Mario y Jesús María, quienes le expresaron que el Sr. Miguel Ángel "efectuó una petición dineraria a cambio de ofrecer una publicidad positiva", negociación a la que precedía una información favorable relativa al Presidente de la entidad. Por eso, no resulta, a nuestro parecer, particularmente relevante que el Sr. Daniel pudiera o no consultar determinados documentos, en la medida en que se limitaba a trasladar lo que, aseguró, le contaron, "otros directivos de la entidad". En cualquier caso, como ya se anticipó en su lugar, lo cierto es que el mencionado testimonio se llevó a término en condiciones no aceptables desde el punto de vista del derecho de defensa, siendo éste el único elemento probatorio sustancial del que arrancan las inferencias que se realizan en la sentencia impugnada. En ella se observa que: "Ello no tendría relevancia penal si no fuera por la circunstancia de que la petición iba con el añadido de que se facilitaría una publicidad positiva, con lo que se puede colegir que, de no atenerse al pago, se tornaría en información con incidencia negativa para la reputación del banco, como así aconteció, de la que se tuvo que salir al paso a través de una comunicación bancaria. No se trata simplemente de solicitar una colaboración con Ausbanc, sino que se traslada al destinatario la idea de que, de no atenerse a dicha petición, la publicidad para la entidad no sería positiva, lo cual opera como factor inquietante en lo que a la imagen de la entidad supone, al margen de que, a su pesar, la entidad bancaria se mantuviera en su decisión".

Construida dicha inferencia sobre un hecho base únicamente resultante, tal y como en la sentencia impugnada se explica, de un elemento probatorio que no fue practicado de forma regular y respetuosa con los derechos del acusado, solo es dable, con relación a estos hechos, la estimación del motivo.

7.- Por lo que concierne a Catalunya Banc, la sentencia ahora impugnada toma en cuenta, tras analizar, como siempre, lo declarado al respecto por el propio Sr. Miguel Ángel, el testimonio de dos directivos de la entidad, Sres. Artemio y Ildefonso. El primero trabajaba en los servicios jurídicos. Indicó que el primer pleito sobre la abusividad de las cláusulas de redondeo tuvo lugar en el año 2002, siendo resuelto por el Tribunal Supremo en el año 2008. Explicó que, a raíz de esta sentencia, se puso en contacto con él el Sr. Miguel Ángel, pretendiendo hablar con el Presidente de la entidad para concretar cómo se ejecutaría la resolución, pero fue derivado al correspondiente departamento de la asesoría jurídica contenciosa. Ausbanc propuso, en definitiva, que ellos se harían cargo de las reclamaciones individuales de los consumidores hasta un determinado importe, que debería completarse con una cantidad a satisfacer por la entidad financiera por "publicidad institucional". No se aceptó la propuesta y, a partir de ese momento, hubo un "conato de presión mediática, montando por Ausbanc un atril a las puertas de la sede y debajo del despacho del testigo, ..., estando con un micrófono Miguel Ángel, dando voces... a modo de escrache, de montaje, y que con ver las revistas de Ausbanc se comprueba la obsesión por el Presidente del Banco, don Severino, si bien éste no hacía caso alguno a lo que se publicase". Añade el testigo que no pusieron denuncia, toda vez que se trató de un " caso aislado y que se valoró el tema reputacional y que en esa ponderación se decidió que no denunciaban".

El segundo testigo, Sr. Ildefonso, vino a confirmar, en lo sustancial, lo manifestado por el primero, aunque precisando que la sentencia se cumplió, finalmente, en sus propios términos, y que decidieron no denunciar los hechos relatados "porque les pareció que penalmente no había base suficiente, sin que el testigo se hubiera sentido intimidado por tales hechos".

Finalmente, la sentencia impugnada pondera también las grabaciones de las entrevistas celebradas con el Sr. Miguel Ángel y doña Benita, destacando, respecto de la primera, que se alude en ella a la necesidad de buscar posibles afectados "radiando la sentencia al margen del procedimiento para con esta profusión mediática desprestigiar a la entidad". Por estas razones, concluye la sentencia impugnada: "Lo destacable en este caso no es solo la propuesta de colaboración publicitaria, sino también la presión que lleva a cabo Miguel Ángel para el otro tema de la conversación, relativo a la localización de personas a las que contra la suma de 250.000 euros pedidos habría que indemnizar, pues luego están sus derivadas, sabedor de la incidencia reputacional para la entidad que ya había cumplido en gran medida el fallo de la sentencia y no requería otra explicación pública, ni nada distinto de cumplir la sentencia en sus propios términos, cuando Miguel Ángel, para que se avinieran a sus planteamientos, incidía de forma permanente en batallar, no precisamente ante los Tribunales, pues ya se contaba con la solución judicial, sino en la forma que hiciera daño a la entidad.

A ello hay que unir dos acontecimientos corroboradores de la línea que sigue el acusado cuando si aceptaban sus pretensiones hacia "acto de entrega de llaves", y que al no ser así se traducen en las críticas al presidente de la entidad bancaria, como al unísono mantuvieron los testigos, y, la puesta en escena de una manifestación delante de la sede social de Catalunya Bank con Miguel Ángel a la cabeza por la negativa a avenirse a lo que se le requería, siendo indiferente el tiempo transcurrido entre la sentencia y la fecha de esa manifestación cuando no consta que se produjera esa situación por otra distinta circunstancia, pues Miguel Ángel no lo atribuyó a otro distinto acontecimiento, con lo que respondía a que la entidad bancaria decidió no pasar por las demandas económicas planteadas primero por Benita y vuelta a sugerir conminatoriamente por Miguel Ángel".

8.- Caso Sevilla.- El testigo Cipriano, conforme explica la sentencia ahora impugnada, ocupó el cargo de Secretario General de dicha entidad durante, aproximadamente, quince años. Explicó que Unicaja venía teniendo conciertos publicitarios con Ausbanc, además de patrocinios. Tuvo conocimiento el testigo de que el Sr. Miguel Ángel, como Letrado de Manos Limpias, había asumido la acusación popular en el caso de los E.R.E., entre cuyos imputados se encontraba el presidente de Unicaja, don Carmelo. El testigo habló con el Sr. Miguel Ángel sobre la imputación al Sr. Carmelo. Miguel Ángel le dijo que se estaba planteando la "desimputación" del Sr. Carmelo. Aunque el testigo no admitió parte de los hechos, explica la sentencia recurrida que fueron escuchadas durante el juicio varias de las conversaciones mantenidas "cuyo tenor no deja lugar a dudas de la idea llevada a cabo de vincular la retirada de la imputación a Carmelo en la causa por los ERES seguida en los Juzgados de Sevilla, con la firma de convenios por Unicaja con Ausbanc dando forma al pago por dicha petición de desimputación". Seguidamente, y a lo largo de varios folios, se trascriben en la sentencia impugnada una parte, seleccionada pero significativa, del contenido de dichas conversaciones. Así, por ejemplo, la resolución impugnada califica como sorprendente que quien ha venido ejerciendo la acusación popular en un procedimiento, se dirija a un presidente de una entidad cuyo presidente es el imputado diciéndole: "lo importante es salirse de ahí cuanto antes, hay que crear un ambiente favorable, que estamos todos en la misma línea, hay que salirse de la puta línea de una vez, cumplemé lo que tú puedas", con referencia a unos pagos en cuya atención la entidad financiera se demoraba. Concluye la resolución impugnada que: "El cumplir lo que tú puedas no puede ser sino que ha hecho su cometido y que se le ha de pagar, pues sobraría esa conversación si como dijo Miguel Ángel en el rotativo tras la declaración de Carmelo que le pareció contundente, se hubiera presentado el escrito de petición de desimputacion, sin mayor consideración y por ende sin quedar a la espera de que Cipriano se moviera en pro de efectuar el abono de lo aún pendiente de pago "o no respondo".

Se condena, en sustancia, sobre esta base probatoria, tanto al mencionado Sr. Miguel Ángel, en concepto de autor, como al Sr. Luis Manuel, éste en concepto de cooperador necesario, "que autorizó que por Manos Limpias en vez del letrado de dicho sindicato personado en el procedimiento ocupara su lugar Miguel Ángel, sabiendo a qué respondía ello pues, tras los hechos, en una conversación telefónica éste le dijo que le iba a dar una alegría, lo que vincularon dichos acusados a que le había encontrado hotel para la feria en la capital hispalense, "no habiéndose siquiera aportado factura de dicha estancia en esas fechas, sabiendo, pues se había publicado, la suerte procesal que Manos Limpias había suscitado frente a la imputación de Carmelo".

9.- Caso Volkswagen.- Ausbanc adelantó el importe de la fianza que le fue exigida a Manos Limpias para el ejercicio de la acusación popular que desempeñaba frente a dicha entidad "por los humos", actuando como director jurídico del sindicato el Sr. Miguel Ángel. Para justificar dicha conclusión se alude en la resolución impugnada al correo que le fue exhibido al Sr. Miguel Ángel, enviado a Arcadio el mismo día de la admisión a trámite de la querella, en el que, tras referirse a la misma, afirmaba: "y nosotros seremos sus Abogados".

Igualmente, la sentencia recurrida pondera que el propio Sr. Miguel Ángel reconoció la realidad de la nota de prensa de Ausbanc, de fecha 2 de noviembre de 2015, en la que se dice que Ausbanc Abogados "asume la dirección jurídica de la querella contra Volkswagen".

Se alude, a su vez, al testimonio prestado en el juicio por la Sra. Ángeles, directora de comunicación de Volkswagen y al mantenido por el Sr. Pelayo, responsable de marketing y publicidad de Skoda-Volkswagen, expresando este último que mantuvo una relación con Miguel Ángel, en cuyo transcurso el mismo le manifestó que "él había arreglado el tema de la banca y que ahora tocaba el de la propulsión", proponiéndole el acusado la realización de un estudio, con un coste de 30.000 euros, que pagaría su empresa, "retiraba la demanda y cualquier otra".

A partir de dichos elementos probatorios y del resultado de las conversaciones telefónicas obrantes en autos y cuyo contenido se refiere en la resolución impugnada, se concluye en la misma: "De las pruebas practicadas se está en condiciones de concluir que Miguel Ángel y Luis Manuel incurrieron en un delito de extorsión en grado de tentativa, del que el primero es el autor y el segundo colaborador necesario, aliándose para que Luis Manuel presentase la querella contra Volkswagen dando seguidamente entrada a Miguel Ángel que se valió nuevamente de los medios publicitarios a través de la preparación de una nota y el anuncio de una rueda de prensa en la exclusiva idea de que dicha entidad ante tales publicaciones no coincidentes con la realidad, se plegase a la petición económica, siendo a ello a lo que respondía, como paso previo, la interposición de la querella en nombre de MANOS LIMPIAS...

...Se contaba así con la admisión de la querella el 28 de octubre de 2015 y se contaba también con la sentencia de 22 de enero de 2016 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 que estimaba parcialmente la demanda de AUSBANC MADRID, declarando que Volkswagen AUDI ESPAÑA SA, en el anuncio emitido en la Comunidad de Madrid referido al Skoda modelo Octavia modelo 1.6 TDI, en el mes de octubre de 2014 había infringido la Ley General de Publicidad, vulnerando los principios de publicidad, incurriendo en publicidad desleal y práctica promocional engañosa, no cumpliendo con la información obligatoria del consumo de litros cada 100 kilómetros y de la emisión de CO2 del citado vehículo, condenando a la cesación de dicha publicidad engañosa contenida en el anuncio.

Mezclando en la nota de prensa, de pocas fechas más tarde de dicha sentencia, uno y otro objeto de los procedimientos civil y penal, en una confusión informativa que se distanciaba de la realidad, lo que movía a los acusados no era lo estrictamente noticiable, sirviendo, sendos procedimientos para, fuera de los cauces procesales de uno y otro, cuando ya se contaba con la sentencia favorable en lo mercantil, sin constar si había devenido firme, doblegar a Volkswagen a que se aviniera a darlos por acabados si pagaban, siendo esta la percepción que le quedó en la retina a uno de los testigos y siendo la conducta extorsiva a la que respondía el comportamiento de Miguel Ángel.

Al no lograr que Volkswagen se aviniera a la presión a la que se le sometió, se trata, como se ha dicho, de un delito de extorsión en grado de tentativa y no un delito de amenazas según la tesis acusatoria de Unidas PODEMOS pues en puridad queda subsumido en el de extorsión que prevalece al mediar la petición de una suma dineraria o ir encaminado a ello la secuencia de los acontecimientos analizados".

10.- Caso Caixabank.- En este supuesto, la condena no se produce por delito de extorsión, sino por estafa, atribuyéndose al Sr. Miguel Ángel haber pergeñado un engaño, que consistiría en hacer creer a la entidad que debía abonarle la suma de 24.200 euros por la participación en un evento como patrocinador en el que, realmente, la misma no intervino. Considera la sentencia impugnada, --y es cuestión que habrá de ser abordada en su momento, con relación al motivo de impugnación referido a la existencia de infracción de ley ( artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) --, que resulta al respecto indiferente que el pago se autorizase por un directivo de la entidad. Se refiere con ello al resultado del testimonio prestado en el juicio por el Sr. Anton, quien aseguró que "el tema" fue tratado como una proposición de patrocinio, asegurando que el mismo declinó primeramente la oferta del Sr. Miguel Ángel, aunque el logo de la empresa apareció, efectivamente, en la publicidad posterior del evento, pagando, por ello, una parte de lo solicitado.

Concluye al respecto la sentencia impugnada que: "se implicó a La Caixa al pago de una suma dineraria gratuitamente, dándose forma en su justificación con los retoques a la presentación del evento en el folleto anunciador frente a dicha entidad y con la emisión de una factura por una colaboración que nunca se prestó por la misma, aun cuando incluya dicho documento la mención a la ulterior difusión del evento, implicando un engaño enmascarado en un patrocinio que no se efectuó, a cuyo pesar Anton dio la orden de que se pagase el importe de la factura, añadiendo dicha persona en su declaración, que si bien titubeante y hasta contradictoria, que no participaron en patrocinar la difusión del acto pues sino no hubieran pagado, cuando lo que se comprueba con la prueba practicada es que dio la orden de pagar a sabiendas de que La Caixa no concurrió a dicha difusión como patrocinadora del evento, pues en otro apartado de su declaración manifestó que se trataba de una mera propuesta".

11.- Casos León, Caja Jaén, cláusula suelo Unicaja, Fusión Unicaja Banco Ceiss.- La sentencia impugnada agrupa los referidos sucesos, en la medida en que todos ellos aparecen vinculados a la entidad financiera Unicaja, no dejando de ser, a su juicio, "pasajes de un mismo acontecimiento".

Se refiere al respecto a determinar, a partir de los correos que se trascriben en el relato de hechos probados, --y que, con el fin de no incrementar la, no insignificante, extensión de esta sentencia no se reproducirán aquí--, si se estaba o no en presencia de acuerdos entre el Sr. Miguel Ángel y el Secretario General de Unicaja, en los que a través de convenios publicitarios y otras fórmulas, se retribuyó al primero a cambio de evitar publicidad negativa para dichas entidades, así como protegerlas del ejercicio por Ausbanc de determinadas acciones civiles.

A este respecto, el Secretario General de Unicaja expresó que: "había tenido convenios con todas las sociedades del grupo AUSBANC, que en ocasiones primero se prestaba el servicio y después se daba forma a la contratación en una operativa que se seguía con fluidez, siendo habitual la demora en los pagos aun cuando se llegaba a acuerdos verbales que se ejecutaban y para el pago se tenía que documentar por escrito y seguir un procedimiento, verificándose seguidamente el impacto, iter que se seguía con todos los medios.

Salió al paso del tenor de varias misivas remitidas por Miguel Ángel, recogidas en los Hechos Probados, al decir que eran propuestas que aquel le presentaba o que dicho acusado con el tono que empleaba no desaprovechaba la ocasión para pedir dinero, sin parecerle correcto al testigo y ser más bien el método que tenía el acusado para el caso de que no se pusieran de acuerdo, coincidiendo con Miguel Ángel en torno a que los convenios se acordaban verbalmente "chapados a la antigua" y después había que verificar los papeles".

Este testigo negó, sin embargo, que, en el caso de la sentencia de Caja Jaén, se condicionara su ejecución a la existencia de ciertos convenios publicitarios, como también que existiera vínculo alguno entre las noticias periodísticas y la fusión de Unicaja con el Banco Ceiss, explicando que "si envió recortes de prensa en coincidencia con la firma de acuerdos publicitarios sobre noticias elogiosas acerca del presidente de Unicaja, lo explicó diciendo que la vanidad está ahí".

Se valora igualmente en la sentencia impugnada, en particular por lo que respecta al denominado caso Caja Jaén, el correo en el que el Sr. Miguel Ángel se refiere a la organización de unas jornadas sobre el aceite de oliva, pretendiendo cerrar un acuerdo que le resultaba económicamente rentable, apoyando su pretensión en que "Unicaja no ha tenido ninguna demanda y me parece que esto aclara la buena llevanza de nuestras relaciones".

Igualmente, la resolución recurrida observa que con relación a un determinado procedimiento se sustituyó el pago de las costas procesales ocasionadas por contratos de publicidad. Añadiendo seguidamente: "Conviene traer a colación el correo de 10 de julio de 2013 (folio 7978), entre dichas personas pues en medio de estar empeñado en la solución a la sentencia de Caja Jaén, a través de convenios, en esa dinámica conciliadora y de buena relación con UNICAJA, Miguel Ángel dice "Entre mañana viernes y el lunes saldrá publicado el artículo que comentamos, en nuestros medios (Sic), si te gusta y cubre tus expectativas hablaría con el Norte de Castilla...o en su caso dado la importancia del tema, haríamos una nota de prensa oficial de AUSBANC...." Pasando seguidamente a abordar dicha sentencia y la del TS sobre las cláusulas suelo, entremezclando los temas para afianzarse en la continuidad de la relación económica con UNICAJA, sobre lo que vuelve al dirigirse al presidente de la entidad aludiendo a los mismos aspectos y a la "alianza institucional ordinaria con UNICAJA"

Difícil entender una "institucional alianza ordinaria" entre una entidad bancaria y una asociación de consumidores, cuyo objeto es la defensa de estos frente a las prácticas y servicios bancarios sino es bajo el prisma de "variar el rumbo" de no avenirse a los planteamientos económicos.

Se han entresacado estos aspectos para dejar establecido que, en la relación con UNICAJA, se condicionaba por AUSBANC el ejercicio de acciones colectivas en defensa de los consumidores o el curso de los procedimientos judiciales a los pagos por la entidad bancaria de las sumas dinerarias a través de convenios entre dichos interlocutores, Miguel Ángel y Rubén, que según ambos se hacían a la antigua usanza, se acordaban verbalmente, se ejecutaban y después se firmaban".

12.- Caso Liberbank.- Con relación a este asunto, la sentencia que es ahora objeto de impugnación pondera, en particular, el resultado de los testimonios prestados en el juicio, respectivamente, por el Sr. Alexis, director de comunicación de la entidad desde el año 2005, y por el Sr. Luis Pedro, responsable de la asesoría jurídico procesal de Liberbank en el año 2013. Tras referirse de forma extensa al contenido de los mencionados testimonios, se razona: "El hecho de que una entidad bancaria se vea en la necesidad de suscribir el pago de unas sumas dinerarias a cambio de asegurarse neutralizar la repercusión mediática de la que venía siendo objeto a través de los medios publicitarios de AUSBANC, por la deriva negativa para su crédito, conlleva una presión desde dicha asociación para lograr que se avengan a abonar cantidades, tal como así aconteció. No se trata de unos acuerdos a iniciativa del banco y tampoco son neutros, dado que las publicaciones se erigen en el arma coactiva de la que se valió el acusado Miguel Ángel para amedrentar a la entidad y que presa de esa incidencia, optó por avenirse al planteamiento a modo de propuesta publicitaria en la idea de que se "suavizara el mensaje" que se daba en las revistas de AUSBANC.

Ninguno de los testigos ha mencionado que tras los supuestos acuerdos se siguiera la misma dinámica contraria a los intereses de Liberbank en las publicaciones de AUSBANC, con lo que la desaparición de esa deriva no tiene más explicación que la de que el mensaje negativo, la animadversión anti bancaria y la política de captación de clientes, según se les decía, era el instrumento empleado para que la entidad se plegase a los designios económicos de Miguel Ángel. De hecho, uno de los testigos aludió a que, desconociendo el valor de los ITCRA, pues no hizo por comprobarlo, no les parecían caros ni baratos, de modo que si se evitaban reclamaciones eran baratos.

Es claro que si no hubo reclamaciones sería porque AUSBANC ya había logrado su objetivo económico, cuando, de proceder efectuar reclamaciones, no debería supeditarse a dicha circunstancia lucrativa".

De todo lo anterior, concluye la resolución impugnada que nos encontramos ante un delito de extorsión. Importa diferenciar aquí, lo mismo que en los supuestos anteriores, entre la realidad de los hechos que la sentencia impugnada considera probados, --en síntesis, el vínculo entre la contratación publicitaria o de otros servicios con Ausbanc y el tratamiento informativo que ésta dispensaba a las entidades financieras que se avenían a suscribirlos bajo esta presión--, y la calificación jurídica que puedan merecer los mismos, extremo, este último, del que nos ocuparemos en su lugar, al tiempo de abordar otro de los motivos que conforman el presente recurso de casación.

13.- Banco Mare Nostrum.- En el caso, además de reflejar la sentencia impugnada la existencia de los convenios celebrados entre dicha entidad y Ausbanc, se ha tomado en cuenta el resultado del testimonio prestado en el juicio por el Sr. Benjamín, quien trabajó en dicha mercantil entre los años 2015 a 2017. Admite la sentencia impugnada que el testigo no trabajaba en la entidad a la fecha de los hechos, pero explica, razonablemente, que su declaración sirve para establecer el motivo al que obedecían los contratos, explicando el dispar trato que se dispensaba a las entidades financieras, según colaborase económicamente o no con Ausbanc, aludiendo expresamente al riesgo reputacional que se corría si dicha colaboración se rechazaba, de tal manera que "efectuar los pagos era una forma de protegerte de esa arbitraria actuación". Ciertamente, este testigo expresó en el acto del juicio, tal y como se consigna en la sentencia impugnada, que: "...tenían tres acuerdos publicitarios con Ausbanc, sin que el testigo hubiera participado en la negociación que se hubiera efectuado de antes con dicha asociación, llegándoles en enero de 2016 una vez incorporado el testigo a Mare Nostrum y siendo la primera ocasión como responsable último de los servicios jurídicos de la entidad bancaria en que supo de la contratación con Ausbanc, una factura emitida por ICTRA, los cuales se recibieron y al mes la factura en cuestión. Que dicho informe versa sobre temas generales de todo el sector para España y de todo tipo de consultas en temas financieros. El importe de la factura era de 150.000 euros sin IVA, devolviéndola el testigo a Ausbanc dado que no había solicitado dichos servicios, siendo informado de que se venían contratando periódicamente.

Le aclararon que efectivamente en el banco se prestaba ese servicio y que otra parte era "Una especie de peaje que se pagaba por todo el sector dada la capacidad de Ausbanc de ponerte en el punto de mira. Como quiera que las circunstancias hubieran variado dado que se había producido la fusión, ese riesgo reputacional era más asumible y de ahí que se rechazase ese importe sin nueva renovación de acuerdos, saltando la investigación origen del presente procedimiento".

Eso sentado, el testigo referido añadió que: "AUSBANC, dijo, puede incidir en la reputación de una entidad, teniendo la primera noticia sobre ello desde la CNMV, cuando fue su Secretario, comprobando desde dicho organismo que se hacía una valoración negativa o no según se suscribiera porla entidad afectada su publicidad, siendo llamativo que nadie del sector financiero contratase con ADICAE o la OCU, las cuales tenían publicaciones pero no como las de Ausbanc,siendo la estigmatización salir reflejada la entidad de una u otra manera en las publicaciones de AUSBANC y, su percepción, que en función de que se la contratase o no, se interponían por la asociación más demandas o no, siendo el riesgo de una demanda colectiva muy importante, pudiendo elegir a qué entidad bancaria se la planteas y consecuentemente el riesgo reputacional".

Elementos probatorios que, a nuestro juicio, debidamente ponderados por el Tribunal de la instancia, justifican de manera bastante que el mismo tuviese por acreditado que, en el caso, los convenios de colaboración de Banco Mare Nostrum con Ausbanc, según al testigo le explicaron de manera explícita, se contrataron a modo de peaje, a cambio de obtener un trato preferencial o amable en las publicaciones de ésta, bajo una cierta presión, con independencia de la calificación jurídica que tales conductas merezcan, lo que se reservará para el lugar oportuno, con ocasión del abordaje de un motivo de impugnación distinto.

14.- Nissan-RCI Banquet; Barclays Bank; Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo; Europistas; Caja Sur; Caja Vital, Banco Caixa Geral, Gas Natural Fenosa; Citibank; Bankia; Caja Rural del Sur y Banca March.- La sentencia impugnada ahora observa, por lo que a la primera de todas ellas se refiere, que "es de acoger" la tesis acusadora, toda vez que, "al igual que en el resto de los casos", se inició por Ausbanc un procedimiento judicial frente a ella "con la exclusiva idea de que quien es demandado se convierta en cliente" y así obtener unos beneficios económicos, "lo que da forma al delito de extorsión en tanto que responde al ejercicio indiscriminado de la acción a los solos fines expuestos".

El supuesto presenta, ya en el plano de la valoración probatoria, una particularidad muy notable con relación a los anteriores. Al tiempo de ponderar la sentencia impugnada el resultado de los medios probatorios practicados al respecto se refiere únicamente a las declaraciones prestadas en el acto del juicio por los acusados Miguel Ángel, Jose Ignacio y Benita. Admitió el primero que Ausbanc había interpuesto una demanda contra la referida entidad por "publicidad ilícita", comunicándole entonces la mercantil su deseo de poner término al contrato publicitario que vinculaba a ambas. Posteriormente, ganado el procedimiento por Ausbanc, explica el acusado Sr. Miguel Ángel que llegaron a un acuerdo de publicidad, señalando que él mismo no intervino siquiera en su negociación. Los otros dos acusados aseguraron que no sabían nada de este contrato publicitario. Afirma, sin embargo, la sentencia ahora recurrida que, efectivamente, el Letrado que dirigió el procedimiento civil, "fue uno" (no señala cuál) de la delegación de Ausbanc en Sevilla, "pero hubo de desplazarse para su firma a la sede de Ausbanc en Madrid, indicativo de que se centralizaban los acuerdos en la misma, pues así acontecía en la mayoría de los casos, a cuyo frente se encuentra Miguel Ángel". Con relación a estos hechos, ni siquiera se contó con el testimonio, --o al menos no se efectúa a ello referencia alguna en la sentencia impugnada--, de cualquier directivo o empleado de Nissan-RCI Banquet, pese a lo cual se determina que existía un vínculo causal ente el ejercicio de las acciones civiles por parte de Ausbanc y la suscripción o cesación de convenios publicitarios.

Es verdad que sentado que este vínculo, u otros muy semejantes, existían, entre Ausbanc y otras varias empresas, cabría reputar como una probabilidad atendible que esa misma conducta pudiera ser también identificada con respecto a Nissan. Sin embargo, no juzgamos bastante la existencia de esa mera probabilidad, --ayuna, como aquí, de cualquier testimonio que así pudiera afirmarlo--, para sustentar con solvencia la conclusión incriminatoria en este concreto caso, lo que tanto sería como aceptar que cualquier contrato publicitario firmado por Ausbanc con entidades terceras, solo podría resultar fruto de presiones más o menos explícitas por parte de ésta.

Lo mismo, en sustancia, puede decirse con relación a los hechos de los que resultaría pretendidamente perjudicada la entidad Barclays Bank. En este caso, la sentencia impugnada refiere lo declarado por Miguel Ángel reconociendo, desde luego, la existencia de una sentencia en la que se estimaban frente a aquella las acciones emprendidas por Ausbanc, y se condenaba en costas a la demandada. También admitió el acusado la existencia de un acuerdo extrajudicial, en el que se incluía, de modo más o menos explícito, que Barclays retomaría los convenios publicitarios con Ausbanc. Reconoce la sentencia impugnada que resulta "plenamente legítimo", el ejercicio por Ausbanc de acciones judiciales ante un posible caso de publicidad ilícita, como aquí sucedió, precisa, "a tenor de los términos de la sentencia favorable a Ausbanc Consumo". Y reconoce también que no se ha contado con el testimonio de ningún representante o empleado de Barclays. Sin embargo, estima que: "Lo expuesto acredita un ánimo puramente depredador que estimula la actividad de Ausbanc Consumo y lo que es más importante valerse de la finalidad que aparece en su objeto social en protección y defensa de los consumidores para su lucro desmedido, a través del ejercicio de la acción ejercitada contra Barclays.

No se hace necesario a pesar de los avatares descritos contar con la versión de la entidad demandada en su día y con las explicaciones sobre las razones que le llevarían a contactar y firmar los acuerdos, pues nada pueden aclarar acerca de la iniciativa de AUSBANC de demandarles, siendo que del lado de la asociación es la que provoca la solución económica, incluso aunque parta de la demandada que se evita otras que potencial e indiscriminadamente le puedan ser planteadas".

Es difícil compartir con la resolución impugnada que resulte llanamente prescindible el punto de vista de una de las partes que protagonizaron el negocio para concluir que la misma lo suscribió no en la protección libérrima de sus propios intereses (juzgando preferible para ella alcanzar el acuerdo propuesto en lugar de arrostrar las consecuencias de este u otros procedimientos judiciales), sino como consecuencia de cualquier clase de presión limitativa de aquella libertad negocial, con independencia en este momento de la calificación jurídica que dicha, no acreditada en el caso, presión, pudiera merecer.

Y también es este el supuesto por lo que respecta a los hechos relacionados con la entidad Caja Castilla-La Mancha. Nuevamente aquí se alude a la existencia de diferentes acciones judiciales impulsadas por Ausbanc, impetrando la nulidad de las llamadas "cláusulas de redondeo", en cuyo contexto se suscribieron determinados acuerdos de colaboración (publicidad, organización de eventos) con dicha entidad financiera, convenios que llevaron consigo el desistimiento de las acciones judiciales emprendidas frente a dicha entidad, "siendo a los pocos días de la demanda cuando Benita le manda a Miguel Ángel el borrador del "contrato de desistimiento" y seguidamente éste al responsable de la Caja". En este sentido, sin precisar tampoco de la declaración testifical o de cualquier otro elemento probatorio que pudiera justificar que Caja Castilla-La Mancha concertó bajo alguna clase de presión los convenios referidos, la sentencia ahora impugnada concluye: "Vuelve a primar el interés lucrativo valiéndose de una asociación que se ha hecho la valedora de la defensa de los usuarios bancarios y se utiliza a tal efecto a Ausbanc Consumo abandonando la vía judicial una vez satisfechas las pretensiones económicas sufragadas por la demandada que pasa a ser su cliente".

En semejantes términos, es decir, sin haberse recabado el criterio de ningún representante o empleado de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se concluye igualmente que existió, como es cierto, un acuerdo transaccional entre dicha entidad y Ausbanc, celebrado en el contexto de una acción judicial emprendida por ésta frente a aquélla, considerándose, una vez más a nuestro juicio de manera apodíctica, que la entidad financiera "se vio obligada a firmar un acuerdo con Miguel Ángel".

Por lo que respecta a la mercantil Europistas, también prescindiéndose en el procedimiento de cualquier declaración que pudiera proceder de sus representantes o empleados, la resolución impugnada concluye: "En cuanto a los acuerdos, es clara la vinculación entre la decisión de abandonar la vía judicial a través de una transacción y los acuerdos publicitarios en paralelo concertados, siendo llamativo que Ausbanc Consumose comprometiera a no ejercitar acciones en los términos recogidos en los Hechos Probados de esta resolución, lo que revela, que la demanda interpuesta además contra una entidad que no es bancaria, se encaminaba a ese logro final lucrativo pues no tiene interés en promover otras reclamaciones, volviendo a instrumentalizarse los procedimientos en provecho de Ausbanc Empresas que es la que firma los convenios publicitarios con quien ha generado el perjuicio a los que la asociación supuestamente se encarga de defender...

...La prueba es documental (Tomo 28, folios 8470 y siguientes y Tomo 30, folios 8859 y siguientes), en cuanto a lo acabado de decir, figurando la sentencia y los convenios publicitarios que se mandan en el mismo correo que el acuerdo extrajudicial y siendo Benita la persona que contacta con EUROPISTAS reenviando el correo a Miguel Ángel (folio 8881), apareciendo los abonos por esta última de los años 2006 a 2010 (folio 8475)".

Los hechos relacionados con Caja Sur resultan relativamente singulares. Nuevamente, en el contexto del ejercicio de acciones judiciales contra dicha entidad emprendidas por Ausbanc, se alcanza una transacción, como consecuencia de la cual la entidad financiera contrata una línea de publicidad. La peculiaridad de este caso reside en que aquí sí pudo contarse, al menos, con el testimonio prestado por el Sr. Luis Francisco, director de comunicaciones de Caja Sur. La sentencia impugnada no deja de consignar lo que, efectivamente, el mismo vino a manifestar, en sustancia, en el acto del juicio oral: "En nombre de la entidad Cajasur, el testigo Luis Francisco, manifestó que a Miguel Ángel lo conoció con motivo de su cargo de Director de Comunicación de la entidad, rebajando en el año 2007 el presupuesto en todos los convenios, de lo que avisó al acusado, lo que se trató de una decisión libre de la caja, destacando la publicidad que tenían concertada en el área de marketing de Caja Sur, principalmente la relativa al patrocinio de eventos del aceite de oliva en la revista Alcuza, al ser su negocio, sin jamás haber sido intimidado por Miguel Ángel, siendo las jornadas exitosas para la caja, no sabiendo quien era Cristina, Benita y pudiendo haberse entendido a través de correos con Edurne por estar encargada de la facturación, según creía.

Terminó diciendo que, sobre los ICTRA, elevó informe a la asesoría jurídica, dado que no los conocía, pues estaba dedicado a la publicidad y los patrocinios, sin que los convenios tengan nada que ver con las cláusulas suelo, ni otros temas y que por la situación de crisis económica, rescindió finalmente los acuerdos en el año 2010".

Sin embargo, la sentencia impugnada considera que las acciones judiciales emprendidas por Ausbanc y la resonancia informativa que se le dispensó a esas noticias no tenía otro objeto que el de constituir un "paso previo para que la entidad se plegase a firmar los pagos a los que fue requerida".

De la misma manera, y una vez más en ausencia de cualquier testimonio vinculado a la entidad financiera que pudiese justificar la existencia de alguna clase de presión indebida en los convenios que esta suscribía, la sentencia impugnada concluye, en relación ahora con los hechos vinculados a Caja Vital: "La fecha de admisión de la demanda el 19 de septiembre de 2006 y el convenio de colaboración el 10 de octubre siguiente (folio 8947), previa difusión a esos avatares de la iniciativa judicial que se iba a impulsar por Ausbanc Consumo, avalándose con tales circunstancias altamente incriminatorias, la tesis acusatoria cuando el Ministerio Fiscal sostiene que Caja Vital se vio obligada a firmar un convenio pues no tiene otra explicación la secuencia de acontecimientos que estaba en la idea de Miguel Ángel, con las publicaciones que precedieron y al tiempo de la demanda, que la repercusión mediática que propició a fin de que la entidad, como hizo, se aviniera a suscribir acuerdos que daban forma a los pagos que requirió".

Lo mismo puede decirse, sin salvedad relevante alguna de los hechos que se atribuyen al ahora recurrente con relación a los convenios concertados con Banco Caixa Geral.

Y también en relación con Gas Natural Fenosa. Prescindiendo nuevamente de lo que pudieran haber manifestado al respecto los responsables de dicha entidad o cualesquiera otras personas vinculadas a dicha empresa que pudiesen aportar cualquier conocimiento sobre el particular, la sentencia impugnada observa: "No responde a la realidad que el acusado desconociera que GAS NATURAL FENOSA tuviera un procedimiento judicial abierto a instancia de AUSBANC pues es precisamente Miguel Ángel el que ante la negativa (folio 8962) por resultarle inalcanzable a dicha entidad pagar 150.000 euros por la adquisición de unas revistas que era lo solicitado por este acusado (folio 8962), su interlocutor obtiene como respuesta el correo trascrito en los Hechos Probados de esta resolución.

Aquella expresión de "Matamos dos pájaros de un tiro", evidencia que el interés del acusado no es precisamente la solución judicial del procedimiento sino su conversión en convenios publicitarios que reportaban los ingresos dinerarios que pretendía el acusado, pasando a un segundo plano el objeto del procedimiento en marcha de antiguo, según los correos".

Aportan una interesante particularidad los hechos que se relacionan, en semejante contexto al ya repetidamente descrito, con la entidad financiera Citibank. La particularidad reside aquí en que los representantes de dicha entidad, de cuyo testimonio nuevamente volvió a prescindirse, pese a la existencia de un procedimiento judicial iniciado frente a aquélla por Ausbanc, no se avinieron a suscribir los contratos que, en el marco de un acuerdo transaccional, les eran ofrecidos. Sin embargo, lejos de considerar que los responsables de Citibank en el libérrimo ejercicio de su voluntad negocial, consideraron preferible para sus intereses asumir las consecuencias del procedimiento civil y/o defenderse en el mismo como más pertinente resultara, la sentencia impugnada concluye : "es claro que el interés no radica en la demanda y la solución judicial, sino en la deriva económica en la que estaban a la espera de ser aceptada, condicionando la continuación del procedimiento a las peticiones económicas, que aunque no asumidas por Citibank que no pasó por la propuesta, se vuelve a poner de manifiesto la utilización de los procesos en la única idea de colmar aquellas expectativas, siendo el curso procesal del que se vale Miguel Ángel a tal fin, denotándose con ello la presión que se ejerce de ese modo y con ello la maniobra extorsiva por la que viene siendo acusado, incurriendo su conducta en el delito de extorsión en grado de tentativa".

Este mismo esquema valorativo se advierte también en la sentencia impugnada por lo que respecta a los hechos relacionados con Bankia. Se alude aquí a la interposición de una demanda contra dicha entidad (aunque en este caso presentada por el Sr. Miguel Ángel, a título individual, en su condición de socio de la mercantil), negociándose después la "retirada" de dicha demanda a cambio de que la sociedad contratara publicidad con Ausbanc. Ciertamente, en este caso, sí se contó con la declaración de una persona vinculada a Bankia, --el Sr. Ignacio, técnico, director de prensa y, finalmente, de comunicación externa--, si bien la propia sentencia impugnada señala al respecto que: "nada aportó de interés a los hechos este testimonio"; de donde tampoco aquí advertimos elemento de cargo suficiente justificativo de que la mercantil no suscribiera libérrimamente y en su propio y particular interés los negocios jurídicos en los que, efectivamente, participó.

En el caso que se refiere a los hechos vinculados a Caja Rural del Sur glosa extensamente la sentencia impugnada el testimonio prestado por el Sr. Millán, director territorial de Caja Rural del Sur en Sevilla. El mismo, en síntesis, explicó que contactó con Miguel Ángel "por la crisis del tema de las cláusulas suelo", llegando a un acuerdo transaccional que al testigo le pareció conciliaba razonablemente los intereses de los clientes, según éstos hubieran interpuesto la demanda o no, y comprometiéndose, desde luego, a eliminar las "cláusulas suelo". Explicó el testigo que en ese momento existía mucha presión con relación a este tema, habida cuenta de que el Banco de España "pedía soluciones" y añade que, en ese contexto, se llegó a acuerdos semejantes en "otros procedimientos con otros letrados", destacando, además, que, naturalmente, el acuerdo transaccional no resultaba vinculante para los usuarios de Ausbanc, "pudiendo quedarse al margen del mismo".

Con relación a los ICTRA el testigo explicó que en el seno del comité de la Caja se acordó su pago, negociando la asesoría jurídica dichos informes y los contratos de publicidad, "no coincidiendo con la fecha de aquel acuerdo transaccional". Y explicó también que nunca se sintió intimidado por el Sr. Miguel Ángel "siendo las relaciones con la Asociación correctas y los servicios que prestaba útiles, no percibiendo con Ausbanc que estuviera sometido a una cierta extorsión sino en una negociación normal".

Cuestión distinta, nos parece, es que la sentencia impugnada valora también que, publicada por Ausbanc una noticia desfavorable a la entidad financiera referida, el delgado de Ausbanc en Sevilla se pusiera en contacto con la central para decirles que representantes de la entidad habían expresado quejas relativas a que se dieran estas informaciones cuando ellos se publicitaban en el medio, lo que dio lugar a que Ausbanc, por esa razón, suavizara en lo sucesivo el tratamiento de esta clase de noticias. Ciertamente, ello acredita, como se afirma en la sentencia impugnada, que "Ese trato no viene marcado por razones objetivas frente a cualquiera que sea la entidad bancaria, sino condicionado según describió el testigo Nicanor en función de los extremos que contó". Pero una cosa es que, en efecto, el trato que se dispensara a las noticias en las publicaciones de Ausbanc no resultara ética o profesionalmente intachable y otra, muy diferente, que el Sr. Miguel Ángel presionara a las entidades financieras para que se publicitaran o contrataran cualquier otra clase de servicios con Ausbanc so pena de recibir un tratamiento informativo injustamente desfavorable.

Finalmente, y por lo que respecta a los hechos vinculados con la mercantil Banca March, la sentencia ahora impugnada observa, de manera lacónica: "La prueba al igual que en casos de los analizados es netamente documental y con ello no se ha contado con la versión de persona alguna de la entidad, al igual que en otros supuestos, debiendo traerse a colación el correo de Miguel Ángel en que decía que "donde hay convenios no hay demanda institucional" lo que entraña conforme se sostiene en esta resolución una maniobra extorsiva con el uso abusivo caso contrario de una demanda, de no pasar por los requerimientos económicos, siendo por lo que a ello se debió plegar al igual que otras entidades, la Banca March, a la que no consta que se le interpusiera demanda alguna". Nuevamente, advertimos aquí una significativa carencia de prueba de cargo que pudiera justificar la existencia de las presiones en la contratación de los servicios de Ausbanc que al ahora recurrente se atribuyen.

Así, y con relación a estos concretos sucesos, agrupados en el presente numeral, hemos de estimar la queja del recurrente por considerar que los elementos de prueba que en la sentencia impugnada son tenidos en cuenta no se alcanzan para desvirtuar el derecho fundamental del acusado a la presunción de inocencia.

QUINTO.- El delito de extorsión. 1.- En el motivo decimotercero del recurso interpuesto por el Sr. Miguel Ángel, al amparo ahora de las previsiones contempladas en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación del artículo 243 del Código Penal (delito de extorsión).

Razona el recurrente, en síntesis, que no concurren en la conducta descrita en el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada, el conjunto de los elementos que resultan exigibles para la aplicación debida de dicho tipo penal. Así, pondera que ni la información eventualmente negativa para las diferentes entidades por aquella concernida resultaba falsa ni, en fin, en ningún caso se afirma en la sentencia recurrida que fueran publicadas noticias no veraces ni que sobrepasaran los límites de los derechos a la libertad de expresión o información. En cualquier caso, ni la entidad BBVA ni tampoco las demás "perjudicadas" ejercitaron su derecho de rectificación ni cualesquiera otras acciones a la luz del contenido de las publicaciones de Ausbanc que les concernían. Destaca el recurrente, además, que siempre estuvo a su alcance realizarlo, especialmente si se tiene en cuenta que se trataba de "entidades bancarias y personas que contaban con sobrados conocimientos, medios y capacidades para hacerlo". Observa también el recurrente que personarse como parte en un procedimiento, o como letrado director de la parte demandante o querellante, no se alcanza tampoco para colmar las exigencias típicas del artículo 243 del Código Penal, muy lejos como está dicha conducta de la intimidación.

2.- Alterando, en cierto modo, la estructura formal de esta sentencia deberá referirse también en este momento que la queja anterior coincide, en sustancia, con la igualmente deducida en su recurso por la defensa del Sr. Luis Manuel, -- motivo cuarto--. Argumenta este recurrente que, sobre no afirmarse, desde luego, que el mismo ejerciese ninguna clase de violencia frente a las entidades que la resolución impugnada considera perjudicadas, tampoco puede considerarse, con motivo, que existiera por su parte intimidación de ninguna naturaleza.

Igualmente, percute sobre estas mismas quejas el recurso interpuesto por la defensa del también condenado en la instancia Sr. Jose Ignacio, en este caso en el motivo segundo de su impugnación. Aduce, en síntesis, que, partiendo, como así obliga el motivo de impugnación escogido en este caso, del relato de los hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada, la misma sostiene una interpretación del artículo 243 del Código Penal que "amplía sobremanera la tipicidad de dicho delito a supuestos en los que esa Excma. Sala ya ha indicado que no cabe su subsunción en el art. 243 CP ". Observa la parte que dicha figura delictiva se consuma, a su juicio, con la realización u omisión del acto o negocio jurídico "al que se ha obligado al sujeto pasivo mediante violencia o intimidación". E igualmente insiste en que, con expresa invocación de alguna de las sentencias dictadas al respecto por este Tribunal Supremo, "el núcleo esencial del tipo del delito de extorsión es la violencia o intimidación para forzar a que el sujeto pasivo realice un negocio jurídico". Concluye sus razonamientos esta parte recurrente señalando que la resolución impugnada: "ha convertido en penalmente relevante un comportamiento que, por más que pueda entenderse moralmente reprochable, no dejaría de ser manifestación de la libertad de decisión de la supuesta víctima de la extorsión -no se olvide, una entidad financiera y no un mero particular o persona física-, que habría valorado como más conveniente para sus intereses el suscribir determinados acuerdos con AUSBANC por los que se limitaban los riesgos económicos y jurídicos que en otro caso podían materializarse contra ella y al tiempo se aseguraba una mejor publicidad ante terceros. Con ello, se desborda, en nuestra opinión, el principio de ultima ratio y el carácter fragmentario del Derecho penal, al considerarse punible un comportamiento que no merece tal nivel de protección".

Este último recurrente explica también que "en supuestos comunes en los que se anuncia de forma velada la consecuencia de nuestras acciones no se impone nada a un sujeto, sino que éste, analizando la opción que más le pueda interesar, actúa en un sentido u otro, lo cual dista significativamente de una extorsión. Además, ha de tenerse en cuenta que, como ya se adelantó, el sujeto sedicentemente amenazado en esta causa es una entidad bancaria con mayor poder financiero (y, por ende, para contratar la publicidad que le interese) que Ausbanc, luego la intimidación de recibir mala publicidad por parte de Ausbanc no puede suponerle la obligación de actuar de ninguna forma".

Abrocha esta parte sus razonamientos señalando que: "Un supuesto de gran relevancia a estos efectos es la causa especial 20339/2009 seguida en esa Excma. Sala, en la cual se entendió que no era constitutivo de extorsión que el por aquel entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 remitiese una carta, con membrete de ese Juzgado, solicitando el pago del patrocinio de un evento. En el ATS de 4 de julio de 2012 se expresa que: <>.

Al razonado parecer de esta parte, con relación a la capacidad de autodeterminación de la entidad financiera, hemos de tener en cuenta tres aspectos. El primero, que las reclamaciones que pudiese interponer o no Ausbanc ni eran infundadas ni eran en fraude de ley. El segundo, que la información, negativa o no, que Ausbanc pudiese difundir en sus medios de prensa respecto de una entidad financiera no era falsa. El tercero, que un medio de prensa nunca informará negativamente, o al menos lo hará de la forma más leve posible, respecto de un inversor suyo, tal y como marcan, nos dice, la lógica y la máxima de experiencia. "Lo que se anuncia desde AUSBANC a la entidad financiera es en definitiva el ejercicio o no de un derecho, ofreciendo en cualquier caso una publicidad de la que se beneficia la entidad financiera. Ello podrá ser éticamente reprochable, pero no puede entenderse como intimidación penalmente relevante. Por mucho que sea reprochable que desde AUSBANC se anuncie el ejercicio de un derecho contra una entidad financiera si ésta no contrata publicidad, el principio de última ratio determina que no es posible calificar tal actuación como extorsión ya que las posibles reclamaciones no son en fraude de ley, la información negativa no es falsa y cualquier anunciante sabe que un medio de prensa le tratará favorablemente si se anuncia en él".

Naturalmente, las anteriores quejas, coincidentes en sus razonamientos esenciales, habrán de ser abordadas aquí de manera conjunta.

3.- El Ministerio Público, por su parte, al tiempo de oponerse a los referidos motivos de impugnación, haciendo propios los razonamientos que se contienen en la resolución impugnada, argumenta, también en síntesis, que no resulta preciso para colmar las exigencias típicas del delito de extorsión que la acción se lleve a cabo mediante una intimidación "grosera o frontal", sino que también se incluye la amenaza o la coacción matizada o aparentemente más sutil como si de una negociación entre dos partes en igualdad de condiciones se tratase "y en la que el mal que se anuncia velada más que explícitamente no deja de ser en varias ocasiones sino el de un comportamiento cuyo cumplimiento puede ser exigido legalmente. El proceso extorsivo puede ser implícito cuando la víctima en cuanto conocedora de la forma de operar del sujeto activo no requiere una pormenorizada explicitación, y de ahí que se minimice su resistencia, no requiriéndose así mayor intensidad cediendo a realizar aquello a lo que se le compele y en lo que no se ha tenido la iniciativa ni se quería concluir".

Admite paladinamente el Ministerio Público que las acciones colectivas ejercitadas por Ausbanc en defensa de consumidores, según el objeto social de aquella asociación sin ánimo de lucro, es plenamente ajustada a Derecho. Entiende, sin embargo, que "cuando acontece que para llegar a acuerdos extrajudiciales, se añaden a éstos los de publicidad, sin los que no se llega a esa solución indicada por AUSBANC, al margen de que por entidad alguna se propiciase aquellos primeros, los jurídicos, se podría estar ante la depredación que supone el delito de extorsión jugando una de las partes con el ejercicio legítimo de acciones abuso claro en el ejercicio de un derecho o en la imposición de la condición debida, constituyéndose así, sin mayores problemas interpretativos, la excepción a la declarada atipicidad y permitiendo en consecuencia, sin quebranto del principio de legalidad y sin caer en una interpretación extensiva contra reo, incardinar la conducta en la amenaza delictiva".

4.- Como hemos tenido oportunidad de recordar en innumerables ocasiones, --últimamente y por todas nuestras sentencias números 596/2023, de 13 de julio o 266/2023, de 19 de abril, la infracción de ley, a la que se refiere el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determina la necesidad de que el recurrente acepte, y tome como punto de referencia fáctica en sus razonamientos, el relato de los hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada ( "dados los hechos que se declaran probados", señala el precepto). Si lo que con dicho motivo se censura es el juicio de subsunción efectuado en la resolución que se impugna, tanto en el plano lógico como en el metodológico, deviene necesario partir de un relato fáctico ya definitivamente estable y consolidado, en la medida en que el mismo resulta presupuesto necesario de dicho juicio, que se pretende erróneo.

Por eso, aun cuando implique cierto sacrificio de la deseable brevedad, creemos pertinente traer aquí a colación, en sustancia, el componente fáctico de las conductas que a los recurrentes se atribuyen en la sentencia impugnada. Con carácter general, y sin perjuicio de precisar después las relaciones que el Sr. Miguel Ángel y Ausbanc mantuvieron con las diferentes entidades a las que seguidamente alude, la sentencia impugnada considera probado que: "Con ocasión del ejercicio de acciones colectivas y como fórmula para la obtención de sumas dinerarias en el afán de lucro que movía a Miguel Ángel, a la par de la interposición de demandas en los tribunales por Ausbanc Consumo, propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial del conflicto, unos jurídicos y relacionados con el objeto de la demanda y otros económicos a concertar con Ausbanc Empresas u otras entidades a la misma vinculadas, planteándose conjuntamente y, erigiéndose el ejercicio de la acción colectiva en un mero instrumento para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas a través de convenios publicitarios u otras fórmulas. Para el caso de que finalmente aceptasen suscribirlo, a cuyo frente se colocaba el acusado Miguel Ángel aun cuando se iniciase o se siguiera el procedimiento por los letrados de las delegaciones territoriales, se abandonaba cualquier ulterior reclamación judicial, adecuándose por Ausbanc el impulso del procedimiento judicial en trámite en esa misma línea.

De darse la circunstancia de que no se avinieran las entidades a los requerimientos económicos efectuados comúnmente por Miguel Ángel, fuera porque el acuerdo publicitario les supusiera un desembolso económico desmedido o porque les resultase el jurídico inasumible en sus condiciones ello podía conllevar una repercusión negativa reputacional de distinta índole, bien a través de publicaciones de noticias que no respondían a la realidad, o por la difusión hiperbólica de un aislado acontecimiento en la entidad en cuestión, con la escenificación de manifestaciones a la puerta de la sede de la entidad, entre otras de las fórmulas empleadas por dicho acusado, modulándose las campañas de ataque a la marca o a sus directivos, en función de si finalmente se rendían a las pretensiones económicas suscribiendo los convenios o retomando los que se habían dado por concluidos.

Los pagos que se atendían se enmascaraban 1) como publicidad en las revistas de Ausbanc, cuyos ejemplares se distribuían en gran medida de forma gratuita y solo un 2% respondían a la venta directa; 2) como "estudios de mercado " mediante los denominados ITCRA (Informe Trimestral de Consultas y Reclamaciones), que elaboraba AUSBANC con las quejas y reclamaciones de consumidores y reseñas de sentencias judiciales, no atendiendo a un precio único sino en función de la entidad y si firmaba o no acuerdos jurídicos por satisfacción extrajudicial con la demandante AUSBANC, y, 3) mediante patrocinios de jornadas y otros eventos.

En otros casos, en lugar de interponer la propia Ausbanc acciones civiles, se servía de Manos Limpias y del Sr. Luis Manuel para la interposición de querellas, procurando y/o alcanzando después acuerdos del mismo tenor que los ya descritos, para proceder seguidamente, logrado el acuerdo, a abandonar el ejercicio de la acción popular iniciada.

5.- El delito de extorsión aparece contemplado en el artículo 243 del Código Penal cuando señala: "El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados".

Este Tribunal Supremo, en línea con lo sostenido por un amplio sector de la doctrina científica, ha tenido oportunidad de señalar que nos hallamos frente a uno de los denominados como "delitos de encuentro", en la medida en que el sujeto pasivo/perjudicado resulta obligado a realizar un acto o negocio jurídico con valor económico del que deriva un perjuicio bien para el extorsionado o bien para un tercero. En este sentido, por ejemplo, nuestras sentencias números 426/2017, de 14 de junio o 849/2022, de 27 de octubre. Precisamente, hemos hecho hincapié en que esta suerte de presentación cooperativa contribuye a distinguir la extorsión del robo intimidatorio o violento.

Viene también señalando este Tribunal Supremo que la consumación se produce desde que se compele al sujeto pasivo a "realizar u omitir un acto jurídico en perjuicio de su patrimonio" (así, por todas, nuestras sentencias números 159/2019, de 26 de marzo o 142/2020, de 13 de mayo), por lo que cualquier episodio posterior pertenece no al tracto comisivo de la infracción, sino a su fase de agotamiento.

También hemos procurado establecer los límites, no siempre precisos, entre el delito de extorsión y el de amenazas condicionales con contenido lucrativo, considerando que este último se caracteriza porque la causación del mal anunciado a la persona amenazada se hace depender de una condición, es decir, de un acontecimiento futuro cuya realización depende de la voluntad del sujeto pasivo. La condición puede ser lícita o ilícita, lucrativa o no lucrativa. En las lucrativas concurre el específico ánimo de lucro, al tiempo que también se comprometen dos bienes jurídicos. La libertad, por un lado y el patrimonio, por otro.

Las diferencias entre la extorsión y las amenazas lucrativas se han situado en la inmediatez del mal conminado para la obtención del resultado perseguido por el autor. Así, mientras que en el delito de extorsión se exige una relación directa entre la intimidación o violencia empleada y el objeto de la acción -que el sujeto pasivo otorgue el acto o el negocio jurídico-, en el delito de amenazas lucrativas la inmediatez del mal se difiere más en el tiempo, es decir, el resultado se sitúa más "a distancia" de la acción conminatoria típica, -vid. STS 1382/99, de 29 de septiembre-.

De igual modo, en atención al alcance de la condición establecida o del propósito conminatorio deberá calificarse como extorsión si la conducta esperada del sujeto pasivo es el otorgamiento de un acto o negocio de apariencia jurídica -con independencia de que resulte nulo-, mientras que será amenaza lucrativa si lo que se pretende obtener es cualquier otra prestación, bien o activo con valor económico, pero sin forma jurídica.

Finalmente, por ejemplo nuestra sentencia número 711/2021, de 21 de septiembre, observa, con relación a los límites, más fácilmente distinguibles, entre el delito de robo con violencia o intimidación y el de extorsión: <>.

6.- Es obvio, sentado lo anterior, que no resultan violentas las conductas que se atribuyen en la sentencia impugnada al Sr. Miguel Ángel (ni, por extensión, al Sr. Luis Manuel, al Sr. Jose Ignacio o a la Sra. Benita). De ese modo, la calificación de su conducta como eventualmente constitutiva de un delito de extorsión (partiendo de la existencia del ánimo de lucro y de la realización de los sucesivos negocios), obliga a adentrarnos en el estudio del, no simple, concepto de "intimidación".

La tesis acusatoria, que la sentencia impugnada acoge, viene a sostener que los convenios concertados por diferentes empresas, en su mayor parte de naturaleza financiera, con Ausbanc, no eran fruto de la libérrima voluntad de aquéllas sino necesaria consecuencia de las presiones que el Sr. Miguel Ángel (en algunos casos, en colaboración con otras personas) proyectaba sobre ellas, bien presentando contra las mismas demandas ante los órganos jurisdiccionales; bien, obtenidas por Ausbanc sentencias favorables en el orden jurisdiccional civil contra aquéllas, impulsando la ejecución de las mismas; bien interponiendo querellas, a través de Manos Limpias, contra significados ejecutivos de dichas entidades; bien efectuando desde las publicaciones de Ausbanc campañas de publicidad negativas contra dichas entidades, no con el empleo de falsas noticias, pero sí poniendo desmesuradamente el foco en aquellas que, aun ciertas, pudieran perjudicar la reputación de las empresas concernidas. Creadas estas situaciones, eran aprovechadas por el Sr. Miguel Ángel con el, más o menos explícito, propósito de llegar a acuerdos transaccionales en los diferentes procedimientos civiles, retirar las acusaciones o revertir la línea editorial relativa a cada una de las entidades, a cambio de que éstas se avinieran a contratar con Ausbanc una campaña publicitaria o cualquiera otros de sus servicios (elaboración de informes, patrocinios).

Importa detenernos, antes de seguir adelante, en considerar que pocas veces, si alguna, existe en el desarrollo de la vida humana, y en consecuencia tampoco en el ámbito negocial, una libertad plena como motor exclusivo de la toma de decisiones. Se ha dicho, por eso, que la idea misma del libre albedrío constituye, cuando menos, un recurso hiperbólico. La libertad plena, si ello equivale a la ausencia absoluta de condicionantes, es quimera. Fijando nuestra atención en el ámbito propio del mundo de los negocios, claro es que el precio no aparece fijado de manera libérrima por el vendedor (obligado a encontrar quien lo acepte para perfeccionar la venta). Tampoco el comprador determina el precio a su simple y pura voluntad. Es consecuencia, por lo general, de una previa negociación en la búsqueda del común interés. Quien vende no lo hace al precio máximo que desearía, ni tampoco quien compra consigue el menor que pudiera concebirse, pero ambos convienen en que el precio finalmente determinado resulta, en el caso, de interés recíproco. Este modelo ideal además se ve enturbiado en la práctica, con tanta frecuencia que constituye regla, por la desigual posición material de vendedor y comprador (en beneficio de uno u otro según los casos) como también por la que existe entre los diferentes vendedores o compradores de un mismo producto entre sí. Quien dispone, por ejemplo, de la casi totalidad o inmensa mayor parte del producto vendible, con facilidad presionará a sus competidores (los demás vendedores potenciales) y/o a sus posibles compradores, "imponiéndoles" determinadas condiciones (precios, formas y tiempos de pago, etc.).

Por otro lado, las relaciones humanas, y entre ellas las comerciales, a menudo no aparecen presididas por sentimientos de limpia solidaridad o altruismo. Es ya clásica la referencia a la considerada tradicionalmente lícita "exageración del comerciante", poniendo el acento en las cualidades de los productos que oferta y minimizando sus defectos. Recurrente al respecto el ejemplo del frutero que sitúa en la parte visible del canasto las piezas más atractivas y, bajo ellas, las de menor lucimiento. Aunque las prácticas publicitarias procuran al potencial consumidor una cierta información del producto, es claro que el anunciante no proyecta (o no destaca) los eventuales inconvenientes de su consumo, centrando la promoción en sus, a menudo exageradas, virtudes.

Este breve excurso no tiene más objeto que el de destacar que los acuerdos, y en particular los negociales, constituyen con frecuencia el resultado de una composición de intereses contrapuestos sostenidos por personas distintas, de ordinario situadas también en planos no equivalentes. En la génesis y desarrollo de esta indispensable composición de intereses, el ejercicio de determinadas presiones, orientadas a influir en la voluntad de la contraparte, pocas veces falta. Presiona el vendedor de la vivienda asegurando que si el precio propuesto no se acepta en un breve plazo cerrará el negocio con otros posibles interesados (reales o imaginarios). Presiona el comprador de la vivienda que, consciente de la necesidad de liquidez del vendedor, asegura que se retirará de la negociación definitivamente, incluso aunque no fuera esa su intención, si el vendedor no se aviene a una sustanciosa rebaja. Presiona la entidad financiera cuando informa a sus depositantes de que les cobrará comisiones por la gestión de sus cuentas en el caso de que no domicilien su nómina en alguna de ellas. Presiona el diario que, descontento con el sentido de los artículos de uno de sus colaboradores, le advierte con que, de no reconducirse, dejará de contratar sus servicios. Presiona el directivo (entrenador, jugadores) de un club de fútbol cuando sistemáticamente se niega a conceder entrevistas a un determinado medio, enojado por las críticas de las que le hace objeto, aun sabiendo que una muy sustanciosa parte de los oyentes (lectores, telespectadores) son seguidores de ese equipo y que, de este modo, harán descender bruscamente la audiencia del medio con el que, por unas u otras razones, están enemistados. O, ya más cerca del supuesto que ahora enjuiciamos, presiona la empresa anunciante cuando resuelve poner término a sus contratos publicitarios, descontenta con la línea editorial del medio, se lo haya advertido o no previamente, aún a sabiendas de que la retirada de esos fondos comportará una merma significativa de ingresos, hasta el punto, incluso, de hacer económicamente inviable la continuidad del negocio editorial.

En todos los ejemplos expresados, --tan frecuentes que ninguna dificultad tendrá el lector en evocar supuestos análogos de público y reciente conocimiento--, y en muchísimos otros que cabría referir al respecto, la voluntad negocial se conforma bajo ciertas dosis de presión, suave en algunos casos, muy firme en otros. Lo que corresponde ahora es, primeramente, comprender que algunas de estas presiones podrán, incluso, tener un cierto sentido, éticamente estimable (presiona el medio que advierte a su colaborador de que si persiste en la difusión de mensajes racialmente discriminatorios prescindirá de sus servicios). Otras veces, la presión podrá ser censurada en ese mismo plano ético. Felizmente, no nos corresponde a nosotros profundizar aquí en esas distinciones. Y oportunidades habrá también en las que pueda identificarse en las mencionadas presiones alguna causa de anulabilidad del negocio (singularmente, artículo 1269 del Código Civil) . No siempre, a veces sí, esas presiones colmarán las exigencias del elemento típico de la extorsión que ahora nos importa: la intimidación.

7.- En términos estrictamente semánticos, intimidar equivale a causar miedo. Como sucede tantas veces, la pura semántica no resulta trasladable, sin los indispensables matices, al ámbito de la interpretación de la norma penal. Si miedo es la angustia que se produce ante la existencia de un riesgo o daño real o imaginario, cualquiera de las modalidades de presión antes referidas, incluso las que se avienen con comportamientos éticamente valiosos, podría resultar intimidatoria. Y más aún sucedería si nos atuviéramos a otra de las acepciones de la palabra miedo que nos facilita el diccionario de la R.A.E., de tintes más subjetivos: recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Sería intimidatoria, en ese caso, por ejemplo, la conducta del vendedor de la casa que no se aviene a bajar su precio en la medida deseada por quien se postula como comprador.

Desde antiguo, por eso, lo mismo los comentaristas que la jurisprudencia han venido delimitando los perfiles penales de la intimidación, especialmente, aunque no solo, en el marco del estudio del delito de amenazas. Existe al respecto un generalizado consenso en que la intimidación consiste en el anuncio de un mal, anuncio que no necesariamente ha de ser explícito, aunque sí ha de resultar inequívoco, pudiendo inferirse, por ejemplo, de las circunstancias concurrentes. Se refiere a ello, entre muchas otras, nuestra sentencia número 462/2019, de 14 de octubre: <>.

Anuncio inequívoco de un mal. ¿Qué habrá de tenerse por tal? ¿Deberán incluirse también las advertencias de producir un mal lícito o justo? La mayor parte de la doctrina y también este Tribunal Supremo han venido señalando, con carácter general, que el mal con el que se intimida no puede consistir en una conducta lícita. No intimida, a los efectos penales que ahora importan, el arrendador que advierte a su inquilino con el ejercicio de la acción de desahucio si continúa sin abonarle la renta; ni el propietario de la vivienda que advierte a su visita con expulsarle de ella si no deja de cantar, por mucho que uno u otro destinatario del mensaje lo perciban como un mal. Desde antiguo lo señalaba, por ejemplo, nuestro auto de fecha 25 de julio de 2001, observando: <>. Más modernamente, y en el marco de la "ponderación de males" que caracteriza a la circunstancia eximente de estado de necesidad, hemos dicho, por ejemplo, en nuestra sentencia número 849/2023, de 20 de noviembre, con cita de la número 419/2009, de 31 de marzo: <>.

La intimidación, en consecuencia, debe tomar su base en el anuncio de un mal en sentido jurídico (con exclusión, por lo tanto, del "mal" lícito o justo). Por el contrario, la conducta impuesta por este medio, la intimidación, tanto puede ser lícita como ilícita, --siempre y cuando, en el entendimiento más generalizado en la doctrina, que hace propio nuestra sentencia número 1259/2006, de 14 de diciembre, no se trate de una conducta debida--. Tanto intimida quien, amenazando con golpear a la víctima, le exige la entrega de dinero (conducta lícita: donación) como quien le impone que provoque la muerte de un tercero.

Avanzando en la delimitación del concepto tendríamos así que la intimidación constituye el anuncio inequívoco de un mal en sentido jurídico (no lícito o justo) orientado a provocar la realización de una conducta no querida, activa u omisiva, sea esta justa o injusta. Por otro lado, el anuncio deberá pronunciarse en términos en los que sea percibido como serio, posible, temporalmente próximo, --al menos en la mayor parte de los casos--, y solo dependiente de la voluntad del autor.

En este sentido, repetidamente se ha observado que la seriedad o verosimilitud del mal habrá de ser ponderado sobre la base de un criterio mixto objetivo/subjetivo. Primeramente, el anuncio del mal deberá superar el canon de objetividad de tal modo que en la percepción más generalizada o de "la persona media" aparezca como identificable y potencialmente capaz de doblegar la voluntad del destinatario del anuncio. Quedan así excluidos de la protección del derecho penal aquellos comportamientos que, aun anunciando la futura producción de un mal, considerados ex ante y en atención a sus circunstancias, evidencian una sustancial ineptitud para amedrentar al destinatario y condicionar seriamente su libertad de decisión. Superado este primer tamiz, entrarán en juego también consideraciones de naturaleza subjetiva, a los efectos de determinar, atendiendo ahora a las personales condiciones de quien profiere el anuncio y de quien lo recibe, la seriedad y posibilidad de que el mal anunciado tenga lugar y, en definitiva, la aptitud potencial para doblegar la voluntad o perturbar seriamente la capacidad de autodeterminación del destinatario.

8.- En el caso, se considera probado que el ahora recurrente, Miguel Ángel (en alguna oportunidad contando con el auxilio de personas terceras), a través de Ausbanc, asociación que dirigía, presionó a determinadas compañías mercantiles, -- con exclusión de aquellas respecto de las cuales este Tribunal Supremo ha entendido que no existía de ello prueba bastante para enervar la presunción de inocencia--, apta, y muchas veces eficiente para conducirles a contratar con Ausbanc, -- fundamentalmente servicios publicitarios, aunque también, en ocasiones, de otra naturaleza--, a cambio de que aquélla pusiera fin, por transacción, a determinados procedimientos judiciales civiles, retirara acusaciones ejercidas en procesos penales y/o dejara de publicar informaciones en las publicaciones de las que era titular que pudiesen perjudicar la reputación de las mercantiles concernidas, todo, en el convencimiento de que, una vez establecidas aquellas colaboraciones, la línea editorial y el tratamiento informativo que las publicaciones de Ausbanc les destinaría iba a resultar desde entonces particularmente amable.

En ningún pasaje de la sentencia impugnada se afirma ni que los procedimientos civiles iniciados por Ausbanc carecieran de consistencia (muy, al contrario, en varias ocasiones los acuerdos se alcanzaban con posterioridad a que se hubieran obtenido por aquélla sentencias favorables a sus pretensiones); ni que se ejercitaran acciones penales por Ausbanc o cualquier otra entidad o persona física vinculada con ella, a medio de denuncia falsa; ni que las informaciones publicadas, aun cuando pudieran perjudicar la reputación de las mercantiles afectadas, no respondieran a la verdad o resultaran manifiestamente inveraces. Solo en un caso (Volkswagen Audi) se afirma que por parte de Ausbanc se publicó una nota "en la que se mezclaban interesadamente" las vicisitudes de dos procedimientos judiciales distintos, ambos ciertamente existentes y relativamente vinculados entre sí.

De este modo el acusado, recurrente ahora, en ocasiones con la colaboración de personas terceras, advertía a las referidas entidades mercantiles, bien con la utilización de expresiones indirectas o a través de actos concluyentes, con que, de no alcanzarse un acuerdo de colaboración satisfactorio (concretado en determinados convenios publicitarios o de prestación de otra clase de servicios), las acciones civiles ya iniciadas contra ellas continuarían hasta que la sentencia, recaída o pendiente, resultara finalmente ejecutada; o bien con que continuaría el ejercicio de las acciones penales emprendidas; o, finalmente, con que continuarían siendo publicadas, con mayor o menor insistencia y relieve, aquellas informaciones, veraces, que pudieran perjudicar la reputación o el "buen nombre" de las mencionadas entidades, todo en el entendimiento de que, para el caso de que llegara a concretarse la colaboración solicitada, el tratamiento informativo de las noticias relacionadas con estas empresas en las publicaciones de Ausbanc resultaría en lo sucesivo particularmente amable, sin que por ésta se ejercitaran, mientras se mantuviera la relación comercial, ninguna clase de acciones judiciales contra aquéllas.

La propia sentencia impugnada reconoce, como no podía ser de otro modo, que Ausbanc, en especial teniendo en cuenta su objeto, estaba plenamente legitimada para el ejercicio de aquellas acciones civiles que tuviera por conveniente frente a las entidades, en su mayor parte financieras, cuando entendiera que alguna de sus prácticas pudiera resultar ilícita y perjudicial para los consumidores. Y, por descontado, el ejercicio de acciones penales, fuera directamente fuera a través o previo acuerdo con Manos Limpias, es también una conducta que, en sí misma, constituye una simple manifestación del derecho al ejercicio de la acción popular ( artículo 125 de la Constitución española). Considera la sentencia impugnada, sin embargo, que la ilicitud de esta conducta radicaría en que dichos procedimientos eran utilizados deliberada y torticeramente para introducir con ellos un elemento de presión con el que condicionar la voluntad de las mercantiles afectadas, de tal modo que en la negociación para poner término a los procedimientos civiles (o para apartarse del ejercicio de las acciones penales), se incorporaban aspectos (los mencionados contratos de colaboración) enteramente ajenos al objeto de aquellos procedimientos. Igualmente, se considera también que Miguel Ángel modificaba en las publicaciones de Ausbanc, y así se lo hacía saber a las mencionadas empresas, el alcance informativo de las noticias, veraces, concernientes a éstas, proporcionándoles un tratamiento amable cuando se trataba de entidades que se habían avenido a colaborar con Ausbanc (anunciándose en sus publicaciones o contratando sus servicios) y destacando, en cambio, las informaciones que pudieran perjudicarles, cuando dichos acuerdos no se alcanzaban.

Ya se ha dicho aquí que, naturalmente, no es objeto de este proceso ponderar los desvalores éticos que pudieran, sin dificultad, identificarse en dichas conductas. No puede dejar de señalarse, sin embargo, que los "males" que el acusado anunciaba en el curso de las negociaciones mantenidas con las entidades referidas constituían, prima facie, conductas que no pueden ser calificadas como ilícitas o contrarias a Derecho.

Iniciado un procedimiento judicial en el orden civil, nada ilícito puede identificarse en que el demandante continuara con el mismo hasta sentencia, ni en que, una vez recaída resolución favorable, instara su ejecución. Por otro lado, no solamente es lícita, sino que también resulta frecuente en este ámbito, la existencia de negociaciones extrajudiciales entre las partes al efecto de procurar un acuerdo que ponga fin al procedimiento, apareciendo incluso la transacción judicial expresamente regulada, entre otros preceptos, en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cierto que con frecuencia el acuerdo transaccional se refiere en exclusiva a aspectos relacionados directamente con el objeto del procedimiento. Pero nada impide que una parte sacrifique parte de sus intereses en este, a cambio de obtener otras compensaciones lícitas. Por ejemplo: iniciado un procedimiento civil como consecuencia del impago del precio en una compraventa, el demandante puede avenirse a ponerle término, percibiendo solo una cantidad menor, o incluso ninguna cantidad, pero comprometiéndose el comprador a arrendarle una nave de interés de aquél, en unas u otras condiciones.

Respecto al ejercicio de acciones penales, condicionadas a la prestación de una fianza cuando de la acción popular se trata, es claro que al instructor corresponde decidir si quien así lo pretende se encuentra legitimado para ello. Cuando así fuera, abierto el procedimiento penal, si el instructor considera que existen méritos que lo justifiquen, es obvio que el mismo trasciende a la disponibilidad de la parte, aunque fuera solamente por la presencia en ellos del Ministerio Fiscal. Nada obliga al acusador popular a mantenerse hasta su finalización en el procedimiento. Y, por descontado, tampoco cuando decide, por unas u otras razones, retirarse del proceso (o, incluso, interesar el sobreseimiento del mismo), su decisión determina irremediablemente el desenlace del procedimiento que, si hubiera razones para ello a juicio del instructor e impulsado por el Ministerio Fiscal, seguiría adelante.

En cuanto a la línea editorial o selección de las noticias que resultaban publicadas en los medios de Ausbanc, es claro que las mismas, prima facie, quedaban vinculadas al ejercicio del derecho a la libre expresión y, más particularmente, a la libertad de información ( artículo 20. 1 a) y d) de la Constitución española). Naturalmente, si alguna de las entidades mercantiles afectadas por el tratamiento de dichas noticias consideraba que las mismas se desligaban de los límites constitucionalmente establecidos al respecto, --singularmente si entendía que alguna de las informaciones publicadas no era veraz--, bien podría haber ejercitado frente a ellas las correspondientes acciones judiciales. No cabe duda de que la publicación de informaciones desfavorables relativas a cualquier persona física o jurídica puede provocar en ésta un "daño reputacional". Por eso, contempla el ordenamiento jurídico la posibilidad de que los así concernidos, cuando la publicación de dichas noticias se desentienda de los límites constitucionalmente establecidos para el ejercicio de los referidos derechos, reaccionen frente a ellas en pos de una adecuada reparación.

Identificamos, sin embargo, dos aspectos que, en este contexto, no pueden ser ignorados. Es verdad, primeramente, que la repetida presentación de demandas (o querellas) frente a una determinada persona pueden poner, también de manera recurrente, a su cargo la necesidad de atender a una serie de gastos, no insignificantes, que dichos procedimientos comportan; y es verdad también que la simple insistencia en el ejercicio de reclamaciones o denuncias, con independencia de su final resultado, son aptas para provocar un cierto "daño reputacional" difícilmente enmendable. Sin embargo, no se advierte en el relato de hechos probados la existencia de ese contumaz "acoso judicial" frente a ninguna de las entidades referidas. Se ejercitaron, es verdad, varias acciones judiciales frente a alguna de ellas. Sin embargo, ni el número de procedimientos iniciados resulta particularmente llamativo (tratándose de una asociación de consumidores y usuarios frente a entidades financieras), ni tampoco podríamos sostener aquí que nos halláramos ante una suerte de "acoso judicial", teniendo en cuenta que las acciones emprendidas tenían, cuando menos, cierto fundamento, al punto que, con frecuencia, obtuvo Ausbanc pronunciamientos judiciales finalmente favorables. Naturalmente, el dictado de una sentencia condenatoria, y la publicidad de la que la misma pudiera ser objeto, no beneficiaba la reputación de la entidad condenada. Pero nada ilícito se advierte en ello.

Como segunda consideración relevante, vinculada ésta al tratamiento de las informaciones que Ausbanc dispensaba a los hechos concernientes a las entidades financieras, es claro que solo desde una extrema y conmovedora ingenuidad podría sostenerse que la línea editorial de un medio informativo resulta impermeable a los vínculos comerciales que pueda mantener con la persona afectada por la noticia. Queremos decir con esto que ni siquiera resultaba necesario verbalizar que las entidades financieras que colaborasen comercialmente con Ausbanc (contratando con ella publicidad u otros servicios) podrían razonablemente esperar que se les dispensara en el medio, en este o en otro, un tratamiento informativo más amable. De hecho, la propia sentencia se refiere a un supuesto en el que el representante de una de las entidades financieras afectadas se quejaba amargamente de que, pese a ser anunciante, no estaba siendo "bien tratado".

No hace falta añadir que, en línea de principio, no debiera ser así: el tratamiento informativo de un medio de comunicación con respecto a las noticias que resultan de interés general debería ser inmune a la circunstancia, por ejemplo, de que la noticia de que se trate afecte a uno de sus principales anunciantes, sin cuyas aportaciones económicas, por hipótesis, el medio no podría subsistir. Pero los medios saben que no es exactamente así. Y lo saben también los anunciantes. Lo comprendemos igualmente sin dificultad los lectores (oyentes, televidentes, etc.). Por eso, es fácil entender también que la publicación de una revista que tenía por fundamental objeto la difusión de informaciones vinculadas al mundo de las finanzas no podía considerarse precisamente la plataforma informativa más fiable cuando la inmensa mayor parte de sus anunciantes eran, precisamente, algunas de las entidades financieras protagonistas de aquellas informaciones. En todo caso, y más allá de estas reflexiones, su evidencia, si fuera necesario, se revela también de las pruebas practicadas en este procedimiento, en el que alguno de los testigos no tuvo empacho en señalar que, descontenta su empresa con el tratamiento informativo que se le daba por las publicaciones de Ausbanc, resolvió, en el legítimo ejercicio de su derecho, poner término a los contratos publicitarios que le vinculaban con ella. Por eso, tantas veces se ha dicho que la independencia del medio informativo requiere, como condición necesaria, aunque no suficiente, que no dependa esencialmente de las aportaciones económicas de alguno o algunos de sus anunciantes.

Hemos querido expresar con lo anterior que ni siquiera resultaba preciso que el acusado advirtiera a las entidades con las que pretendía contratar publicidad con que el tratamiento de las noticias, veraces, que les concernían resultaría más amable si ambas entidades colaboraban. Y, por lo mismo, las diferentes entidades financieras, disponían así de la oportunidad de ponderar si los precios que las campañas publicitarias comportaban, les resultaban convenientes, adecuados a sus particulares intereses, atendiendo no solo a la difusión de las revistas en las que se concretaría la inserción de los anuncios (que algún testigo aseguró no era particularmente amplia), sino atendiendo igualmente a la positiva imagen que razonablemente cabía esperar que se proyectaría sobre ellas en las referidas publicaciones.

Es verdad que la sentencia impugnada destaca también que, frente a las mercantiles que en el libérrimo ejercicio de su voluntad resolvían no contratar publicidad con Ausbanc, se concretaba una insistente campaña de descrédito consistente en la reiterada publicación de noticias, veraces, que se destacaban de manera especial y recurrente en las publicaciones que, en último término, gobernaba Miguel Ángel. Y no solo esto. También se observa en la resolución impugnada que siendo Miguel Ángel, a título personal, socio de alguna de las mencionadas entidades, en particular de BBVA, no alcanzados con ésta los acuerdos apetecidos, acudía también a las juntas generales de accionistas, planteando toda suerte de objeciones y críticas "con la finalidad de desacreditar a dicho banco a través de dicho cargo" (sic), mientras que, en cambio, Miguel Ángel se ofrecía a otras entidades, con las que sí mantenía Ausbanc relaciones comerciales, para acudir también a sus juntas, con el propósito en ese caso de facilitarlas y apoyar la gestión del Consejo.

Nuevamente nos encontramos aquí con conductas que merecerán seguramente un reproche ético. Sin embargo, acudir a las juntas generales es derecho del socio, que lo tiene también a expresar en ellas su libre opinión acerca de la gestión de la entidad de la que, en mayor o menor medida, forma parte. Las razones que animen su discurso, incluidas entre ellas la mayor o menor antipatía que le profese a sus consejeros, no son, en principio, valorables a efectos penales. A su vez, la mayor o menor relevancia de las noticias publicadas, siempre cuestionable, y la intensidad o reiteración con la que éstas se difunden, forma parte, en principio, del libre ejercicio de la libertad de información. Lo cierto es que, seguramente por esto, ni por una cuestión ni por otra resolvieron las entidades afectadas ejercitar frente a Ausbanc o personalmente frente a Miguel Ángel acción judicial alguna.

Lo relevante aquí, nos vemos obligados a recordar, es si las presiones que indudablemente ejercía Miguel Ángel, --auxiliado en ocasiones por terceras personas--, en el curso de las negociaciones que mantenía con las entidades ya tantas veces referidas a fin de que éstas procedieran a concertar convenios de colaboración con Ausbanc, alcanzaban, en una interpretación contenida y respetuosa con el principio de legalidad penal, la naturaleza intimidatoria que exige, en paridad con el uso de la violencia, el delito de extorsión. A nuestro juicio, la respuesta debe ser negativa. Las razones que hasta aquí se han expuesto, relativas a las exigencias propias de la intimidación que conforma la figura delictiva analizada, aparecen definitivamente respaldadas por el análisis de las circunstancias personales concurrentes en el pretendido intimidador y en las mercantiles que se presentan como intimidadas. No se entretiene la sentencia impugnada en la consideración de estas circunstancias. No se describe así en el relato de hechos probados cuál pudiera ser la consistencia o fortaleza económica del grupo Ausbanc, contemplado el conjunto de entidades que lo conformaban. Ni tampoco se alude a la tirada o difusión de sus publicaciones, que se utilizaban como palanca para el desarrollo de dichas presiones.

Lo que sí resulta notorio es que varias de las mercantiles supuestamente extorsionadas forman parte del Ibex 35 y casi todas ellas, al tiempo de producirse los hechos, constituían entidades financieras de significada magnitud económica. Se trata de potentes sociedades que disponen, en consecuencia, para la realización de sus fines, de especializados servicios jurídicos y suficiente cobertura económica para encarar con plenas garantías acciones, civiles o penales, frente a la publicación de informaciones que pudieran resultarles, en cualquier sentido, indebidamente perjudiciales. Y lo mismo para decidir de forma razonablemente libre, sin otros condicionantes que los consustanciales a toda actividad negocial, en qué publicaciones o en qué medios de comunicación preferían anunciarse, disponiendo también, como se ha dicho, de la robusta posibilidad de reaccionar jurídicamente frente a cualesquiera informaciones falsas que pudieran afectarles. No nos resulta factible considerar que el anuncio de publicar informaciones veraces acerca de su actividad, --fuera cualquier el relieve o despliegue informativo que se desarrollara por Ausbanc a través de unas publicaciones que, así se dijo en el juicio, tenían un pequeño número de suscriptores y, en su mayor parte, eran difundidas de forma gratuita, por mucho que se dirigiese a un target (destinatarios escogidos a los que se orientaba) relativamente interesados o especializados en servicios bancarios--, tuviera aptitud bastante para intimidar, obligándolas a suscribir determinados contratos, a corporaciones financieras de aquel calibre. Resulta, de hecho, que, como se encarga de establecer la sentencia ahora impugnada, algunas de las entidades a las que Miguel Ángel se dirigió en parecidos términos a los utilizados con las otras, bien porque consideraran que el precio ofrecido por Miguel Ángel era demasiado alto, bien porque juzgaran de poca utilidad los servicios ofrecidos por Ausbanc, rechazaron la propuesta. Otras, en cambio, consideraron que la oferta resultaba para ellas atractiva, juzgando conveniente a sus intereses procurarse una plataforma publicitaria de cierta entidad, en la expectativa de que serían tratadas de forma amable en esas publicaciones y de que no se ejercitarían por Ausbanc acciones judiciales frente a ellas.

Recapitulando: entiende este Tribunal que las conductas descritas en el relato de los hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada, --dejando a salvo las que han quedado excluidas en esta misma sentencia al estimarse que no existió prueba de cargo bastante acerca de ellas--, no colman las exigencias típicas del delito de extorsión, al no identificarse entre las presiones que en aquellos se describen orientadas a perfeccionar la celebración de ciertos contratos, la naturaleza intimidatoria que el artículo 243 del Código Penal exige.

El motivo se estima.

SEXTO.- Delito de estafa.- 1.-También considera el recurrente, ahora en el motivo decimocuarto de su impugnación, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la sentencia impugnada habría aplicado indebidamente el artículo 248 del Código Penal (delito de estafa).

En efecto, resultó Miguel Ángel condenado, además de como autor de un delito continuado de extorsión, también por serlo de un delito de estafa, en este caso en relación con los hechos vinculados a la mercantil Caixabank, que interesa ahora recordar. En efecto, en el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada puede leerse: "En fecha de 5 y 6 de noviembre del año 2015 , el foro de Mercado Dinero USA, celebró unas jornadas en la ciudad de Washington, siendo su patrocinador la entidad Totalbank, pero en la idea de obtener fondos, tras dicho evento, Miguel Ángel ideó que, en su lugar, figurase Caixabank, retocándose toda la documentación sobre dichas jornadas, y así justificar la suma de 20.000 euros que Anton en nombre de la fundación de la Caixa autorizó su pago en la creencia de que se había publicado el patrocinio de dicha entidad bancaria del evento en cuestión, emitiéndose a tal efecto una factura de 1 de diciembre, el día 23 de diciembre siguiente, siendo abonada en esa fecha por la fundación, aun cuando no tenían presupuestado dicho gasto".

Considera quien ahora recurre, en síntesis, que los hechos resultan incompatibles con el significado típico del "engaño bastante", al que alude, como elemento constitutivo e irrenunciable del delito de estafa, el artículo 248 del Código Penal. Explica el recurrente, como es cierto, que el propio Sr. Anton expresó en el juicio que, aunque no lo recordaba con detalle, la factura se abonó después de haberse verificado que el servicio había sido prestado. Observa el recurrente que "Caixabank y la Fundación La Caixa abonaron la factura después de haber verificado que el servicio se prestó y que dicho servicio fue conforme a sus exigencias, (lo que) destierra la posibilidad del delito de estafa".

2.- Ciertamente, la sentencia impugnada explica, al analizar la prueba practicada con relación a estos hechos, que el acusado Sr. Miguel Ángel argumentó en el juicio que, aunque efectivamente giraron una primera factura por mayor importe como si Caixabank hubiera patrocinado el acto con carácter previo a su realización, la misma le fue devuelta, comunicando el Sr. Miguel Ángel al Sr. Anton que, efectivamente tenía razón y que "lo de Washington" eran 20.000 euros. Se disculpó explicando que " no había maldad", que se le acumulaban las facturas y que equivocó la cifra (documento obrante al folio 8748 de la causa). Desde la fundación de la Caixa, se le remitió en contestación un texto del siguiente tenor: "Extraordinariamente, y en un momento en que tenemos los presupuestos cerrados, Anton me pide que te traslade que asumiremos la factura vinculada a las jornadas de Washington. La haremos efectiva en los próximos días".

Después explica la sentencia que, en la difusión del evento, con el correspondiente retoque de las fotografías, se hacía constar el patrocinio de las jornadas por parte de La Caixa. En definitiva, lo que la defensa viene a sostener, en tesis compatible con lo declarado en el juicio por el propio Anton, es que, aunque en efecto la Caixa no adelantó cantidad alguna para la financiación de las jornadas, sí aceptó posteriormente figurar como patrocinadora en la publicidad y posterior difusión de aquéllas, a cambio del referido precio de 20.000 euros. Tan es así que la propia sentencia impugnada en absoluto mantiene, tampoco en su relato de hechos probados, que el Sr. Miguel Ángel engañara al Sr. Anton, representante de la entidad pagadora, si no que, más bien, parece sugerirse que fue éste el que habría ocultado algún dato relevante a la propia empresa que representaba. Así, la sentencia observa: "...un patrocinio que no se efectuó, a cuyo pesar Anton dio la orden de que se pagase el importe de la factura, añadiendo dicha persona en su declaración, que si bien titubeante y hasta contradictoria, que no participaron en patrocinar la difusión del acto pues sino no hubieran pagado, cuando lo que se comprueba con la prueba practicada es que dio la orden de pagar a sabiendas de que la Caixa no contribuyó a dicha difusión como patrocinadora del evento, pues en otro apartado de su declaración manifestó que se trataba de una mera propuesta". Y, a partir de todo ello, concluye la sentencia impugnada que: "se dan los elementos del delito de estafa definido en el artículo 248 del Código Penal de atribuir a Miguel Ángel pues el engaño es evidente, haciendo creer dicho acusado a la entidad que ha de abonar la suma de 24.200 euros (frente a los 20.000 a los que se aludía en el relato de hechos probados) la participación en un evento como patrocinador sin que responda a la realidad, siendo además indiferente que se autorice el pago por un directivo de la entidad, como figura en el correo trascrito, pues quien atendió la factura fue la fundación La Caixa, que no con dinero de Anton".

3.- Verdaderamente, no hemos sido capaces de entender del todo en este punto la sentencia impugnada. Se retocaron, se dice, las fotografías del evento para hacer aparecer como patrocinador a La Caixa, aunque efectivamente esta entidad había rechazado adelantar dinero alguno para la financiación de las jornadas. Esto se hizo, --así lo justifica, tal y como en la propia sentencia impugnada viene a proclamarse, la documentación intercambiada entre los Sres. Miguel Ángel y Anton--, actuando este último como representante de la Caixa, con facultades para autorizar pagos (fueran 20.000 o 24.200 los euros abonados). Dicho pago se correspondía entonces no propiamente con el patrocinio de las jornadas, en el que en puridad Caixabank no intervino, sino en compensación de la publicidad que representaba que el logo de la entidad se incorporase a la difusión del acto (Tomo 30, explica la sentencia, folios 8730 y siguientes). Todo ello, evidentemente, con conocimiento y aprobación del Sr. Anton, representante de Caixabank y facultado para autorizar el pago. ¿A quien engañó entonces el Sr. Miguel Ángel? No al Sr. Anton. Cierto, naturalmente, que la factura no fue atendida con el patrimonio personal de éste, sino con el de la empresa que representaba y cuyos pagos estaba facultado para autorizar. No es posible que el Sr. Anton fuera aquí un instrumento del que, como autor mediato, hubiera podido servirse el Sr. Miguel Ángel. Y no es posible porque el Sr. Anton es persona imputable y que habría actuado, además, de forma dolosa (con pleno conocimiento de la realidad y voluntad de que el pago se efectuara). El único resquicio que se nos ocurre entonces sería el de considerar que Miguel Ángel y Anton se concertaron para defraudar a Caixabank. Ninguna acusación se ha formulado, sin embargo, en el procedimiento contra Anton. Pero es que, además, el servicio contratado se prestó, fuera patrocinio o fuera mera publicidad de la intervención de la entidad en la difusión posterior de las jornadas. No acertamos a identificar el engaño bastante que habría prestado causa al desplazamiento patrimonial.

El motivo de impugnación se estima.

Recurso del Ministerio Fiscal.-

SÉPTIMO.- 1.- Estimado el anterior recurso, fácilmente se comprenderá, queda sin contenido el interpuesto frente a la sentencia dictada en la instancia por el Ministerio Público.

Se componía éste de dos motivos de impugnación. En el primero, se denunciaba la indebida inaplicación del artículo 570 bis del Código Penal. Sostuvo el Ministerio Público en la instancia que los acusados debían ser condenados también como miembros de una organización criminal. Argumenta para sustentar su impugnación que "en diversos apartados, los hechos probados describen 28 casos y considera que en 23 de ellos se ha cometido extorsión (y en uno estafa), condenando por ello a Miguel Ángel por un delito continuado de extorsión (y un delito de estafa) y a los acusados Luis Manuel, Jose Ignacio y Benita por su participación en algunos de esos casos de extorsión. Pero no se les condena por el delito de organización criminal del que venían siendo acusados". Y entiende que, sin necesidad de modificar el relato de hechos probados (su impugnación se articula por el cauce previsto en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) , lo cierto es que: "en el presente caso, nos encontramos con una serie de personas que eran coordinadas por un jefe, Miguel Ángel, y asumieron la pertenencia a la organización destinada a obtener un beneficio económico mediante la comisión de delitos de extorsión... Con respecto a estos acusados, concurre también el elemento subjetivo, pues .dada su pertenencia a los órganos de dirección de las asociaciones utilizadas para cometer los delitos tenían pleno conocimiento de la actividad delictiva, declarándose probada su participación en algunos de los delitos de extorsión, y teniendo en cuenta que se sumaron a unas asociaciones que teóricamente no tenía una finalidad lucrativa y sin embargo lo único que hacían era recaudar dinero mediante la firma de contratos millonarios con las entidades financieras con lo que todos ellos se enriquecían, siendo además este su único medio de vida".

Es claro que habiéndose descartado que la actuación de Miguel Ángel, --en la que resultó, en ocasiones, auxiliado por algún otro de los acusados--, pudiera calificarse como constitutiva de delito/s de extorsión, el conjunto del razonamiento decae.

2.- En el segundo motivo de su impugnación el Ministerio Fiscal sostenía que, en cualquier caso, el artículo 74 del Código Penal resultó también indebidamente aplicado. Se considera que la aplicación a los veintitrés delitos de extorsión que se atribuyen a Miguel Ángel de la figura de la continuidad delictiva, sin explicación justificativa alguna mínimamente convincente, resulta inadecuada. Subraya el Ministerio Público que se trata de un conjunto de sucesos, iniciados en el año 2003 y que se prolongan hasta el 2015, sin que exista coincidencia entre los diferentes sujetos pasivos, ni tampoco identidad plena en los métodos empleados, "pues en ocasiones la intimidación se ejercía con el anuncio de posible publicidad negativa, en otras mediante el anuncio de demandas colectivas, pudiendo avisar a posibles perjudicados en caso de ganar las mismas,o también mediante acuerdos extrajudiciales de demandas civiles cuyo archivo se supeditaba a la firma de convenios o finalmente mediante la amenaza de mantener una acusación penal si no se pagaba". Considera, por eso, el Ministerio Público, --ciñendo en este caso su protesta únicamente al condenado Miguel Ángel--, que, además, de que, al exigirse en esta clase de delitos, --extorsión--, la existencia de violencia o intimidación, lo que dificulta la procedencia de aplicar el delito continuado, "la ausencia de los dos últimos requisitos (proximidad temporal y bien jurídico protegido)", la obtura definitivamente. Entiende quien aquí recurre, por tanto, que el condenado debió serlo como autor de veintitrés delitos de extorsión, la mayor parte consumados y alguno en grado de tentativa.

Estimado el recurso de Miguel Ángel por considerarse que los hechos que se le atribuyen no resultan constitutivos de delito de extorsión alguno, es claro que, en consecuencia, este motivo de impugnación solo puede decaer.

Recurso de Jose Ignacio.-

OCTAVO.- 1.- Condenado como lo fue en la instancia este recurrente como cómplice de un delito de extorsión, como consecuencia de los hechos relacionados con la Caja Rural del Sur, se comprenderá también que, rechazado que los convenios concertados por Ausbanc con dicha entidad lo hubieran sido bajo cualquier clase de presión, --considerándose vulnerado en ese extremo el derecho a la presunción de inocencia de los acusados--, y, a mayores, habiéndose rechazado, aunque a los meros efectos dialécticos se tuvieran los hechos por debidamente justificados, la calificación de los mismos como delito de extorsión, --ambos, por cierto, motivos también de este recurso--, bastaría con ello para justificar la estimación del mismo con la consiguiente absolución del acusado.

2.- Pero es que, además, no puede dejar de destacarse, aunque solo fuera por corresponder a los atinados esfuerzos argumentales de su defensa técnica, que, en efecto, el relato de hechos probados de la sentencia que aquí se impugna cuando se refiere a las relaciones mantenidas entre el Sr. Miguel Ángel y Ausbanc con la referida Caja Rural del Sur no alude siquiera nominalmente a la persona del acusado. Tan es así, que el Ministerio Público comprueba (y admite) tal omisión, apoyando el motivo, y destacando que, conforme a la constante doctrina de este Tribunal al respecto (citando el recurrente, como muestra, nuestra sentencia número 530/2021, de 17 de junio), las referencias y argumentos que se incluyen en el fundamento jurídico Cuarto, apartado 3.18 (Caja Rural del Sur) de la sentencia impugnada respecto a su participación en este hecho "no sirven para convalidar este vicio procesal tan esencial".

Recurso de Infortécnica Servicios Informáticos y recurso de Asociación de Usuarios y Servicios Bancarios Ausbanc España, Asociación de Usuarios y Servicios Financieros Ausbanc España, Desarrollos Turísticos Sociales, S.L. y Producciones Zapallar, S.L.

NOVENO.- 1.- Ambos recursos se centran, lógicamente, en la declaración como responsables civiles subsidiarias que, respecto de todas ellas, se realiza en la sentencia de instancia.

Tampoco requiere pormenorizada explicación la falta de necesidad de profundizar en estas quejas cuando, como consecuencia de la estimación de otros recursos, se procederá al dictado de una sentencia absolutoria sin haber lugar, en consecuencia, a la declaración de responsabilidades civiles ex delicto.

2.- Sirva referir, no obstante, que el Ministerio Público apoya también el primer motivo de impugnación del recurso de Infortécnica Servicios Informáticos y el correspondiente a las demás mercantiles, con excepción de las que se corresponden directamente con Ausbanc (Servicios Bancarios y Servicios Financieros), en la medida en que en los hechos probados no se hace ninguna referencia a estas sociedades, "ni se explicitan cuáles son los hechos que justifican su declaración de responsabilidad civil subsidiaria respecto del acusado Miguel Ángel...". Tampoco en los fundamentos jurídicos se relacionan las bases fácticas y normativas que legitimarían esa declaración de responsabilidad civil subsidiaria, más allá de una simple referencia en el fundamento jurídico Cuarto, apartado 1.1 BBVA, donde se menciona que el acusado Miguel Ángel dirige una carta a un tal Juan Pablo a la que adjunta una factura para que sean abonados 94.400 euros mediante transferencia bancaria a la entidad Infortécnica..."

Recurso de Benita.-

DÉCIMO.- 1.- Fue condenada la recurrente como cómplice de un delito intentado de extorsión, en este caso, con referencia a los hechos relacionados con la mercantil Volkswagen. Determinado que estos hechos no resultan constitutivos del delito que la sentencia impugnada le atribuye, es claro que solo resulta posible la estimación de su recurso.

Recurso de Luis Manuel.-

UNDÉCIMO.- 1.- Resultó el recurrente condenado como cooperador necesario de un delito de extorsión consumado y de otro intentado, imponiéndole la sentencia impugnada, respectivamente, las penas de tres años de prisión, por el primero; y un año, por el segundo. El primero, en relación con los hechos vinculados a la compañía Volkswagen, y el segundo por los que se refieren a Unicaja.

2.- También en este caso resulta evidente que, sentado el criterio de este Tribunal respecto a que los referidos hechos no resultarían constitutivos de delito de extorsión, --lo que justificaba el motivo cuarto de su queja--, el presente recurso solo puede ser estimado, sin necesidad de profundizar en los demás motivos de impugnación, --alguno coincidente en lo sustancial con los ya examinados con motivo del recurso de Miguel Ángel--, y planteado otro, el último, con carácter subsidiario a los anteriores (atenuante muy cualificada de dilaciones extraordinarias e indebidas).

Costas.-

DUODÉCIMO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio las costas devengadas como consecuencia de todos los recursos, estimados los unos e interpuesto, el otro, por el Ministerio Fiscal.