Sentencia Penal 98/2024 Audiencia Provincial Penal de Burgos nº 1, Rec. 25/2024 de 11 de marzo del 2024

PRIMERO.- Dictada sentencia condenatoria, con los pronunciamientos recogidos anteriormente, se interpuso contra la misma recurso de apelación por parte de Basilio fundamentado en la concurrencia de error en la valoración de la prueba que provoca vulneración del principio de presunción de inocencia y de in dubio pro reo, así como vulneración de precepto legal por indebida aplicación de los tipos penales de amenazas del artículo 169.2, maltrato del artículo 153.1 y daños del artículo 263, preceptos todos del Código Penal.

SEGUNDO.- Alega la parte apelante dos fundamentos en su escrito impugnatorio que son en sí mismos contradictorios, la vulneración del principio de presunción de inocencia y el error en la valoración de la prueba de cargo, siendo esta segunda alegación incompatible con una infracción constitucional que precisamente supone ausencia o insuficiencia probatoria, pero que no admite en su seno el debate sobre discrepancias valorativas y, menos aún, si éstas se suscitan entre las conclusiones obtenidas por el Juzgador a quo y las fijadas por la parte en un ejercicio inadmisible de invasión de funciones procesales y constitucionalmente asignadas a dicho órgano jurisdiccional. Como indica entre otras muchas, la sentencia nº. 48/04 de 4 de Febrero de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza "dadas las invocaciones efectuadas, debe expresarse que reiteradamente tiene declarado esta Audiencia Provincial, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 16 de Febrero, 3 de Octubre y 28 de Noviembre de 1.989 y 4 de Julio de 1.994, que por regla general son conceptualmente incompatibles la alegación de error de hecho y vulneración del principio de presunción de inocencia, por cuanto denunciar un error es partir de la existencia de probanza incriminatoria, y sabido es que lo que realmente constituye la esencia del derecho a la presunción de inocencia es la constatación de una prueba de cargo en la causa que pueda ser reputada suficiente y obtenida en forma irregular en su aceptación procesal sometida a los principios de oralidad, inmediación y contradicción. En síntesis, si se denuncia inexistencia de mínima actividad probatoria constitucional y directamente relacionada con el objeto realmente investigado, mal puede después hablarse de equivocación en la valoración de una prueba que se dice inexistente".

La presunción de inocencia significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo acreditativa de los hechos motivadores de la acusación, desarrollada o contrastada y ratificada en el juicio oral, con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad.

El Tribunal Supremo, entre otras en sentencia nº. 364/13 de 25 de Abril establece que "por lo que se refiere a la presunción de inocencia, debemos señalar que, según la jurisprudencia de esta Sala, dicho derecho alcanza sólo a la total ausencia de prueba, y no a aquellos casos en los que, como ahora ocurre, en autos se haya reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el Juicio Oral con las debidas garantías procesales; igualmente, el juicio sobre la prueba producida en el plenario es sólo revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos, de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, siendo ajenos al objeto de la casación los aspectos que dependen sustancialmente de la inmediación, es decir, de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia, como sucede con la cuestión de la credibilidad de los testigos que en principio queda fuera de la posibilidad de revisión casacional ( sentencias del Tribunal Supremo nº. 658/07 de 3 de Julio, con cita de las nº. 185/07 y 335/07).

El principio constitucional de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 de nuestra Carta Magna, gira sobre las siguientes ideas esenciales: 1º) El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución española; 2º) que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, suficientes para desvirtuar tal derecho presuntivo, que han ser relacionados y valorados por el Tribunal de instancia, en términos de racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno de los acusados; 3º) que tales pruebas se han de practicar en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales; 4º) dichas pruebas incriminatorias han de estar a cargo de las acusaciones personadas (públicas o privadas); 5º) que solamente la ausencia o vacío probatorio puede originar la infracción de tal derecho fundamental".

En el presente caso existe prueba de cargo integrada por la declaración incriminatoria de la víctima, Natalia, declaración a la que la constante jurisprudencia viene otorgando el valor de prueba testifical, bastante para la quiebra de la presunción de inocencias, sobre todo en aquellos delitos que se cometen en la esfera personal de relación entre el autor del delito y la víctima y en la que no suele haber testigos presenciales que puedan dar razón de lo sucedido. Ello es debido a la distinta naturaleza de las declaraciones de las partes (acusación y defensa) en el proceso penal, que deriva de la distinta posición que ocupan la víctima y el acusado en el mismo, al efectuar sus respectivos relatos acerca de los hechos que se están enjuiciando. De ahí que no puedan situarse en el mismo plano de valoración las declaraciones del acusado (cuya naturaleza probatoria resulta más que discutida) y las de la víctima de los hechos. Porque mientras aquél comparece amparado por el derecho que le otorga el artículo 24.2 de la Constitución Española, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pudiendo mentir, incluso, abiertamente, sin que de ello se le siga consecuencia adversa de ninguna clase, la declaración de la víctima sólo accede al proceso como testifical, y, en tal condición, con la obligación de contestar a cuantas preguntas se le formulen y a decir la verdad, pudiendo, en otro caso, ser perseguida por los delitos de desobediencia a la autoridad y de falso testimonio.

De ahí que una reiteradísima jurisprudencia haya venido señalando que las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen el valor de prueba testifical de cargo siempre que se practiquen con las debidas garantías y se hayan introducido en el proceso de acuerdo con los principios de publicidad, contradicción e inmediación, siendo hábiles por sí solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. De manera específica es relevante esta doctrina en aquellos delitos, como el enjuiciado, que, por sus circunstancias, se suelen cometer en la sola presencia de la víctima y el acusado. En otro caso se pueden propiciar situaciones de incuestionable impunidad, pudiendo, en consecuencia, condenarse con la declaración de un solo testigo, como señala la sentencia del Tribunal Supremo nº. 725/07 de 13 de Septiembre, con cita de las sentencias del mismo Tribunal nº. 409/04 de 24 de Marzo; 104/02 de 29 de Enero; y 2035/02 de 4 de Diciembre.

Ahora bien, para atribuirle tal valor probatorio, viene exigiéndose que la valoración venga sustentada en la ponderación de ciertos criterios orientativos que, en definitiva, están encaminados a constatar la inexistencia de razones objetivas que puedan hacer dudar de la veracidad de lo que se dice, y que el Juez o Tribunal sentenciador debe efectuar una cuidada valoración del testimonio de la víctima, atendiendo, entre otros posibles factores a los siguientes criterios: 1º) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil espurio en la acusación, como puede ser la enemistad anterior, el odio, el deseo de venganza o similares; que no existan esas razones no supone que deba aceptarse necesariamente la versión del testigo, pero permiten excluir la existencia de motivos para no hacerlo. 2º) Verosimilitud, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que la avalen, especialmente cuando tal corroboración es posible dadas las características del hecho concretamente denunciado. 3º) Persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, lo que puede ser compatible con que el relato no haya sido siempre y en todo momento idéntico milimétricamente, ya que es normal que existan modificaciones y alteraciones: lo relevante es que el núcleo central sea mantenido. Sin olvidar también que, aunque todo denunciante puede tener interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina de manera categórica el valor de sus afirmaciones ( sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Mayo de 1.994).

TERCERO.- Al acto del Plenario comparece la denunciante Natalia quien manifiesta, quedaron un día, el 26 de Julio de 2.022, para repartirse las que el acusado aprovechaba que ella no estaba en casa para romper cosas suyas, él se lo reconocía; cuando terminó la relación cosas que tenían en común y el acusado cogió un cuchillo que tenía encima de la mesa y le dijo "¿qué pasa ahora si cojo este cuchillo, te descuartizo y te meto en el congelador?"; en ese momento estaban en la habitación solos, en otras habitaciones estaba su madre y se supone que también su padre, aun cuando a éste no lo vio; su hermana vino después pero lo del cuchillo no lo vio; cuando ya habían hecho la repartición de todo, le preguntó al acusado si se podía llevar el humificador y Basilio le dijo que no, se dio la vuelta y se lo tiró y le dio en la espalda, esto lo vio su hermana que llegaba; el acusado le ha quemado ropa suya antes del reparto y le dijo por WhatsApp que "en diez minutos me voy de casa, no respondo de lo que puedas encontrar en ese piso" (se aporta al procedimiento), cuando fue a la mañana siguiente a recoger sus cosas vio la ropa quemada, todo revuelto y cosas rotas; le mandó un WhatsApp diciéndole que "estaba ordenando cosas y he visto más ropa quemada justo ahora" y el acusado le contestó "de verdad que lo siento mucho, te lo pago todo" (se incorpora el pantallazo al procedimiento) (momentos 33:37 y siguientes de la grabación del Juicio Oral que como acta audiovisual del mismo se incorpora al expediente digital).

Sin embargo, dicha declaración incriminatoria no cumple ninguno de los tres parámetros anteriormente indicados, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud en el testimonio y persistencia en la incriminación.

Así, se observa como la declaración prestada por la denunciante no es persistente a lo largo de las actuaciones. En la denuncia inicial en dependencias policiales interpuesta el 6 de Septiembre de 2.022, Natalia no hace ninguna mención o referencia a la existencia de las amenazas y la agresión física que dice haber sufrido el día 26 de Julio de 2.022. En esta primera declaración policial tampoco denuncia el hecho de que el acusado le lanzase el humidificador, impactándole en la espalda. Sólo menciona la existencia de conexiones no permitidas en sus redes sociales de Facebook e Instagram que atribuye al denunciado Basilio y que en una ocasión, sin citar fecha, cuando salió con las amigas, a la vuelta a su domicilio, el denunciado había quemado y roto parte de su ropa.

Es en la primera declaración judicial de 7 de Diciembre de 2.022 cuando menciona, a preguntas de su letrado, la existencia de las amenazas sin dar muchos detalles, como pudiera ser el lugar de la vivienda donde dice se produjeron, las características del cuchillo que dice había allí, y, además, añade que "él lo tomó como una broma" o "él dijo que era una broma, que no tuviese miedo, que era una broma". También es en esta primera declaración ante la Magistrada-Juez instructora cuando relata por vez primera el hecho del lanzamiento del humificador (declaración instructora que se incorpora al expediente digital, momentos 12:16 y siguientes de la grabación de la misma).

Finalmente en el acto del Plenario obvia cualquier referencia a la manifestación del acusado de que fuese una broma lo dicho y que no tuviese miedo alguno por ello y añade los detalles del lugar en el que los presuntos hechos ocurrieron, el salón de la vivienda, y personas que en el inmueble se encontraban, citando a la madre de Basilio, teniendo el cuidado de decir que ella no vio al padre del mismo, Rubén, padre que, como veremos, manifestó en el juicio haber estado presente en el comedor de la vivienda, con Basilio e Natalia, mientras realizaban éstos el reparto de los bienes comunes.

La declaración en juicio de Natalia no encuentra otras pruebas o indicios objetivos complementarios que le doten de mayor verosimilitud frente a la negación que de los hechos verifica el denunciado.

En el acto del Juicio Oral, además de la denunciante y del denunciado, testifican únicamente Tomasa, hermana de la denunciante, y Rubén, padre del denunciado, siendo Tomasa testigo de referencia de las amenazas y manteniendo ésta y Rubén declaraciones contradictorias con respecto a la agresión.

Tomasa refiere en el juicio que su hermana le dijo que había quedado con Basilio para repartirse las cosas que habían comprado en común; cuando vio en el WhatsApp que tienen en las hermanas que Basilio no le dejaba subir al piso, fue a Burgos a ayudar a su hermana y se presentó en el domicilio donde estaban ellos que era un primer piso; le ayudo a sacar las cosas al coche de la testigo que estaba aparcado en doble fila, según sacaban las cosas al descansillo de la escalera, las cogía y las bajaba, no llegó a entrar en la vivienda; cuando ya se marchaban vio que Basilio tiró un humificador y le dio en la espalda a Natalia; ya montadas en el vehículo, su hermana le explicó lo que había sucedido en el interior de la vivienda, lo del cuchillo; le contó, el 2 de Julio cuando decidió irse de la vivienda que compartían, que Basilio le había estropeado bienes como un robot de cocina y un rizador de pelo, le había roto fotos y le había quemado ropas; que no vio a los padres del acusado; el día del reparto vio como Natalia salía de la vivienda y en ese momento Basilio le tiró el humificador que le dio en la espalda (momentos 58:54 y siguientes de la grabación del juicio)

Por su parte, Rubén, padre del acusado Basilio, nos dice que se desplazó a Burgos junto con su mujer cuando su hijo e Natalia se separaron y estuvieron con Basilio unos diez días; estuvieron presentes el día del reparto de los bienes que tenían en común; fue un reparto pacífico, en ningún momento vio cuchillo alguno por encima de la mesa del comedor o de la cocina; no oyó en ningún momento decir a su hijo que iba a descuartizar a Natalia y meterla en el congelador; no vio a su hijo lanzar objeto alguno contra Natalia; mientras realizaron el reparto, sólo él estaba presente pues su mujer se encontraba en otra habitación; el reparto se hizo en el comedor mediante sorteo, anotando los bienes en papeles y eligiendo los papeles por orden cada uno (momentos 01:14:52 y siguientes de la grabación indicada).

El Magistrado-Juez omite en su sentencia cualquier valoración a la declaración testifical de Rubén con respecto a las amenazas que se dicen proferidas y que el testigo manifiesta inexistentes y otorga mayor credibilidad a la testigo Tomasa en el apartado referido al lanzamiento del humificador, frente a la negación de dicho hecho realizada no solo por el acusado sino también por su padre y testigo Rubén, sin hacer tampoco mención a su declaración. Puede pensarse que dicha valoración es realizada atendiendo al parentesco existente entre Basilio y su padre que pudiera introducir dudas sobre su credibilidad, pero también existe relación de parentesco (hermanas), entre Natalia y su testigo.

También debe valorarse a los efectos incriminatorios que, habiendo ocurrido presuntamente las amenazas y agresión el 26 de Julio de 2.022, no sea hasta el 6 de Septiembre de 2.022 cuando se interpone la denuncia por parte de Natalia, denuncia en la que no relata hechos tan graves como una amenaza de muerte (descuartizar y guardar en el congelador) o una agresión física mediante el impacto del humificador lanzado, agresión que por otro lado no queda contrastada con un parte de asistencia en centro médico alguno.

También se generan dudas a este Tribunal sobre los daños objeto de enjuiciamiento, afirmados por la denunciante y negados por el acusado. El Magistrado-Juez fundamenta la emisión de condena por el delito de daños, a parte de la declaración incriminatoria de Natalia, en el reportaje fotográfico obrante al acontecimiento nº. 147 del expediente digital, reportaje fotográfico aportado con el escrito de acusación provisional fechado el 24 de Enero de 2.023. Sorprende a este Tribunal que dicho reportaje no fuese aportado con la misma interposición de la denuncia o durante la fase instructora y que las fotografías aportadas carezcan de fecha en la que fueron realizadas, salvo la nº. 10 en la que consta impresa la fecha de 28 de Agosto de 2.022, es decir de fecha posterior a la finalización de la convivencia entre denunciante y denunciado y de la posibilidad de causación de daños en la ropa y muebles por parte de Basilio, finalización que ambos fijan en el 2 de Julio de 2.022.

Por otro lado, como indica la parte apelante, no se aporta a las actuaciones prueba alguna sobre la pertenencia de las ropas que en las fotografías aparecen como dañadas, como pudieran ser facturas de adquisición de las mismas, fotografías en las que aparezca Natalia vistiéndolas, etc.

Tampoco consideramos suficiente la prueba documental incorporada con los pantallazos de WhatsApp al escrito de acusación provisional, por considerarlos ambiguos y no constar en los mismos la fecha en la que fueron emitidos, impidiendo con ello determinar la relación directa con los hechos de daños objeto de acusación y enjuiciamiento.

Dichas circunstancias hacen que la prueba fotográfica y documental indicadas tengan escaso o nulo valor para quebrar la presunción de inocencia que al acusado otorga el artículo 24.2 del Texto Constitucional.

Existiendo dudas en este Tribunal sobre la comisión de los hechos objeto de acusación procede estimar el recurso de apelación interpuesto, en virtud de la aplicación del principio "in dubio pro reo", ya que el juzgador debe de tener la plena seguridad de la típica culpabilidad del que haya de ser sancionado, pues caso de suscitársele la mínima duda acerca de ello, su obligación consiste en decretar la absolución, y no solo por aplicación del principio in dubio pro reo, de constante observancia por los Tribunales, sino porque también todo ciudadano acude a juicio protegido por el derecho fundamental a la presunción de inocencia que preconiza el último inciso del nº. 2 del artículo 24 de la Constitución Española de imperativa aplicación por los Tribunales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de dicho cuerpo legal.

Así nos lo recuerdo la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 24 de Febrero de 2.005, al decirnos que "del contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de Enero de 1.983, podemos extraer que el citado principio "in dubio pro reo" no resulta confundible con el artículo 24.2 de la Constitución, que crea a favor de los ciudadanos el derecho a ser considerados inocentes mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción.

El "in dubio pro reo" se dirige al Juzgador como norma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que se ha desarrollado una actividad probatoria normal, si las pruebas dejaren duda en el ánimo del Juzgador sobre la existencia de la culpabilidad del acusado, deberá por humanidad y justicia absolvérsele; con lo cual, mientras el principio de presunción de inocencia se refiere a la existencia o no de prueba que lo desvirtúe, el "in dubio pro reo" envuelve un problema subjetivo de valoración probatoria

La "duda" es un estado psicológico en que puede encontrarse el juzgador, ante el que este principio le aconseja como regla moral, por humanidad y justicia, resolver a favor del reo".

CUARTO.- Estimándose como se estima el recurso de apelación interpuesto por Basilio, procede declarar de oficio las costas procesales causadas en la presente apelación, si alguna se hubiese producido, y ello en virtud de lo previsto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a sensu contrario del criterio objetivo del vencimiento que rige la interposición de recursos ( artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Procede asimismo declarar de oficio las costas procesales causadas en la primera instancia, a sensu contrario de lo previsto en el artículo 123 del Código Penal.

Por todo ello, este Tribunal, administrando justicia en el nombre del Rey, dicta el siguiente: