Sentencia Penal 64/2024 Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 100, Rec. 32/2023 de 12 de febrero del 2024

PRIMERO.-OBJETO DEL VEREDICTO

Debe comenzarse la sentencia por efectuar las siguientes consideraciones sobre el objeto del veredicto pues se proyectarán al análisis del objeto de la prueba.

En primer lugar, la Ley del Jurado atribuye al Magistrado Presidente la competencia para determinar el objeto del veredicto conforme a las reglas contenidas en el art 52 de la LOTJ. Esta competencia del Magistrado Presidente en la elaboración del veredicto es esencial pues determinará cuáles son los hechos probados que se reconocen en la sentencia y cuales no, y constituye junto con la anterior redacción de los hechos justiciables, la piedra angular del juicio ante el Tribunal del jurado, sin que ello obste por exigencias del principio de contradicción a que se conceda un trámite de audiencia a las partes para las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes ( art 53 LOTJ).

En ese sentido, en el presente supuesto, se decidió incluir en el objeto del veredicto los hechos de la acusación desfavorables y las circunstancias favorables, también recogidas en la calificación definitiva efectuada por el MF en el plenario, con los que la defensa mostró su conformidad. En cuanto a las proposiciones sobre aspectos relacionados con las causas de exención y atenuación de responsabilidad, los hechos que determinarían una afectación o anomalía, psíquica o una adicción o dependencia a las drogas. No se incluyeron calificaciones jurídicas.

Tal como se expuso a los miembros del Jurado en las instrucciones impartidas sobre su función y el objeto del veredicto, la escisión entre el hecho y el derecho no es fácil, y por ello se explicó no solo las reglas sobre como deberían deliberar y votar, sino también la naturaleza de los hechos delictivos sobre los que deberían emitir un veredicto y de las circunstancias que podrían concurrir y afectar a la responsabilidad, bien agravándola, bien exonerándola o atenuándola ( art. 54.2 LOTJ). Y en estas instrucciones no se citó, incluyó, ni se relacionó precepto alguno de textos legales, ni construcciones doctrinales o jurisprudenciales. En todo caso, la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado nos explica la inescindibilidad del hecho con ciertos aspectos normativos cuándo en su apartado V 1 dice: " De una parte, porque el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista, sino, precisa y exclusivamente, en cuanto jurídicamente relevante. Un hecho, en una concreta selección de su proteica accidentalidad, se declara probado sólo en tanto en cuanto jurídicamente constituye un delito. Privar al Jurado de la toma en consideración de ese inescindible vínculo entre la configuración del dato histórico y su consecuencia normativa es, por un lado, inútil ya que el debate le habrá advertido de la consecuencia de su decisión sobre la verdad proclamada y no podrá omitir en su decisión la referencia de las consecuencias de su veredicto pretendidamente sólo fáctico". Por ello, añade la Exposición de Motivos que corresponde al Magistrado Ponente "la articulación racional de los hechos a proclamar como probados en una secuencia lógica", y a los Jurados "el pronunciamiento sobre la valoración que el hecho merece en función de su tipificación legal.

SEGUNDO. - VALORACIÓN DE LA PRUEBA

I- El art. 70 LOTJ establece que el Magistrado presidente procederá a dictar sentencia en la forma ordenada en el art 248.3 de la LOPJ incluyendo como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, el contenido correspondiente del veredicto.

2. Asimismo, si el veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia.

Pues bien, los hechos que se declaran probados, lo son a partir de los distintos medios de prueba practicados en el acto de juicio oral, valorados conjunta y prudentemente por los miembros del Tribunal del Jurado, tal y como fueron expresados en el acta correspondiente de votación del objeto del veredicto. En este sentido la STS 331/2015 señala que tanto el art 24 como el 120.3 de la Constitución obligan a la motivación de las resoluciones judiciales, sin exclusión de las dictadas por el Tribunal del Jurado, que en consecuencia deben ser también motivadas y permitir al justiciable conocer las razones de hecho y de derecho de la decisión. Lo que no impide que el nivel técnico de la motivación no sea el mismo cuando se trata de tribunales profesionales o de tribunales compuestos por legos. Tampoco las exigencias son las mismas cuando se hace referencia a la motivación del veredicto que corresponde a los jurados o la motivación de la sentencia que corresponde al Magistrado Presidente. En cualquier caso la exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por Tribunal que revise la resolución en vía de recurso. Igualmente contribuye a que el propio órgano que dicta la resolución verifique su correcta fundamentación.

Como se ha dicho, el deber de motivación tiene peculiaridades en el caso de sentencias dictadas en procedimiento del Tribunal del Jurado, por la intervención de jueces legos, no expertos en derecho.

En la STS 694/14 de 20 de octubre se indica que "... cuando son dictadas en un procedimiento de Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. La LOTJ sólo requiere en el artículo 61.1d ) que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos".

"Deberá ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014 , de 1- 2; y 454/2014, de 10-6 , entre otras) ..."

Las SSTS 132/2004 de 4 de febrero, 25/2019, de 24 de enero y 800/2022 de 5 de octubre, nos dicen también que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente, que ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias; que ha entendido en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada; que ha redactado el objeto del veredicto, y que ha debido impartir al jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, necesitados de prueba.

En el caso de autos, el Tribunal del Jurado ha tomado como base de su convicción el resultado de los medios de prueba practicados en el juicio oral. Para llegar al veredicto de culpabilidad ha tenido en cuenta las declaraciones de los testigos efectuadas en el plenario así como los informes forenses, tanto el informe de autopsia como los referidos a la imputabilidad del acusado, su adicción al consumo de estupefacientes desde los 16 años y la posible afectación de forma ligera de sus capacidades intelectiva y volitiva en el momento de los hechos, así como el reconocimiento de la culpabilidad efectuado por el propio acusado al concederle el derecho a la última palabra.

Asimismo, han tenido a su disposición la prueba documental propuesta y admitida, acontecimientos: Atestado, Parte de asistencia del acusado, Inspección técnico ocular, Informe del

Hospital, Reportaje fotográfico (Acontecimiento 11) Hoja Histórico penal del acusado (Acontecimiento 16) Informe preliminar de autopsia (Acontecimiento 18) Examen Corporal del Acusado (Acontecimiento 29) Toma de muestras del acusado (Acontecimiento 30) Fotografías ropa, lugar de los hechos, efectos y armas incautadas (Acontecimiento 46) Vídeo de inspección ocular (Acontecimiento 47) Informe de Autopsia (Acontecimiento 50) Acta de reconstrucción de hechos y su transcripción (Acontecimientos 86 y 366) Acta de inspección ocular y su transcripción (Acontecimientos 87 y 366) Informe de lesiones del acusado (Acontecimientos 104 y 132) Vídeo de reconstrucción de los hechos (Acontecimiento 129) Informe de inspección ocular y toma de muestras de sangre (Acontecimiento 130) Dictamen del Instituto Nacional Toxicológico, servicio de drogas, sobre la víctima.

(Acontecimiento 174) Dictamen del Instituto Nacional Toxicológico, servicio de drogas, sobre el acusado. (Acontecimiento 175) Testimonio de procedimiento ICP 307/20 y PDJ 307/20 (Acontecimientos 212 a 214). Informes forenses sobre estado del fallecido y del acusado al tiempo de los hechos (Acontecimientos 233,241 y 257) Informe mental del acusado (Acontecimiento 280 y 614) Informe de análisis de ADN de muestras (Acontecimiento 295) Informe de análisis de criminalística sobre muestras de uñas de fallecido (Acontecimiento 296) Aceptación del cargo de defensor judicial del acusado (Acontecimientos 350 y 351) Informes médicos del acusado (Acontecimiento 368). Informe pericial sobre estado mental del acusado (Acontecimiento 544 y 598) Vídeo con la declaración del detenido Transcripción de la declaración del detenido (Acontecimiento 568) Pieza de situación personal del acusado.

En relación con los anteriores medios de prueba, y concretamente la declaración del acusado, el reconocimiento de los hechos efectuado al final del juicio y de los testigos, es claro que constituye actividad probatoria hábil, en principio, para enervar el derecho a la presunción de inocencia ( art. 24 C.E.). Como prueba personal su valoración corresponde al tribunal de instancia, en este caso al Tribunal del Jurado, en el que los ciudadanos jurados, con vigencia de los principios que rigen la celebración del juicio y la práctica de la prueba, escucharon lo que expresaron sobre los hechos percibidos sensorialmente y también los referidos por terceros, o testimonios de referencia. Elemento esencial para esa valoración es el proceso a través de la cual forma su convicción, no solo por lo que el testigo ha dicho, sino también por su disposición, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que trasmite, en definitiva, todo lo que rodea una declaración y que la hace creíble, o no, para formar la convicción judicial. Por otra parte, es sabido que la valoración de la prueba de testigos, depende de su credibilidad y esta a su vez de la concurrencia de los tres requisitos que tradicionalmente viene exigiendo el Tribunal Supremo para conferirle valor probatorio suficiente para enervar por sí sola la presunción de inocencia del art. 24 C.E., y que son los siguientes: A/ La ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-testigo o víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes, y en tal sentido debe tenerse en cuenta que la enemistad o resentimiento que pudiera justificar una venganza, privando así de eficacia al testimonio, de ordinario debería ser preexistente al hecho denunciado y no originada por este. B/ Verosimilitud del testimonio, basada en la lógica de su declaración y el suplementario apoyo de datos objetivos; la declaración ha de ser lógica en sí misma, o sea no contraria a las reglas de la lógica o de la común experiencia, lo que exige valorar si su versión es o no insólita, u objetivamente inverosímil por su propio contenido, y debe estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le den actitud probatoria, como reconocimientos médicos o por referencias ajenas a su testimonio, lo que significa que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima, sobre todo en los delitos que dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración. C/ Persistencia en la incriminación, que debe ser mantenida en el tiempo, y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, es decir que las distintas manifestaciones realizadas en las sucesivas fases policiales y judiciales sean homogéneas y uniformes, aunque no exista una absoluta coincidencia.

Tales indicadores son apreciados por el Jurado en las declaraciones de los testigos.

En cuanto a la valoración de los Jurados de las pruebas periciales, es obvio que no se limita al contenido de los informes técnicos que figuran por escrito, sino que se proyecta sobre la credibilidad de las valoraciones efectuadas por los peritos en el juicio oral, y ello constituye valoración de prueba personal.

La pericia es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, el Tribunal, en este caso los Jurados, valorarán los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, lo cual, en último término, significa que la valoración de los dictámenes periciales es libre para el Tribunal, sin que pueda olvidarse, ello no obstante, la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 C.E.). Los Jurados son, por tanto, libres a la hora de valorar los dictámenes periciales; únicamente están limitados por las reglas de la sana crítica -que no se hallan recogidas en precepto alguno, pero que, en definitiva, están constituidas por las exigencias de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y, en último término, el sentido común- las cuáles, lógicamente, imponen la necesidad de tomar en consideración, entre otros extremos, la dificultad de la materia sobre la que verse el dictamen. A este respecto, como dice la STS de 21 de diciembre de 2007, se ha de reconocer que el peritaje psiquiátrico es uno de los más complicados y difíciles de todos los peritajes forenses, y será esencial en su valoración la preparación técnica de los peritos, su especialización, el origen de la elección del perito, su buena fe, las características técnicas del dictamen, la firmeza de los principios y leyes científicas aplicados, los antecedentes del informe (reconocimientos, períodos de observación, pruebas técnicas realizadas, número y calidad de los dictámenes obrantes en los autos, concordancia o disconformidad entre ellos, resultado de la valoración de las otras pruebas practicadas, las propias observaciones del Tribunal, etc.).

En cuanto a la prueba documental, la propia Ley del Jurado en su art. 46.2 nos dice que Los Jurados verán por sí mismos los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción a que se refiere el art. 726 LECr.

- Partiendo de las consideraciones precedentes, en el caso presente, la lectura del acta de votación del objeto del veredicto y de la motivación de éste pone de manifiesto sin dificultad cuáles han sido los medios de prueba que el Jurado ha tomado en consideración para la determinación de hechos probados que han llevado al veredicto de culpabilidad del acusado.

Todos los testigos presenciales declararon que vieron al acusado que se encontraba en el portal de la vivienda encima de la víctima asestándole numerosas puñaladas; le instaban a que cesara su actitud pero él hacía caso omiso, incluso se volvía más violento contra la víctima, que no se defendía; en un momento dado ante la insistencia de los testigos para que cesara en su actitud sacó el brazo esgrimiendo un cuchillo rompiendo el cristal superior de la puerta amenazándoles. Los testigos refirieron cómo rompieron el cristal de debajo de la puerta por donde la víctima salió arrastrándose hasta la calle con los pantalones bajados.

Las forenses que intervinieron como peritos expusieron las heridas que tenía la víctima en el cuerpo, en total 55, de las que fue mortal la herida penetrante del tórax, por un objeto punzante, compatible con un destornillador y que, en su trayecto, penetró en 10º espacio intercostal, perforó lóbulo pulmonar izquierdo en dos ocasiones y alcanzó aorta torácica descendente a su paso por diafragma, perforándola y provocando una hemorragia masiva que desencadenó un shock hemorrágico y como consecuencia, el fallecimiento de la víctima al día siguiente, 13 de agosto del 2021, sobre las 12:15 horas en el Hospital del Bierzo.

Asimismo expusieron que las lesiones descritas en ambas manos y antebrazos, provocadas por arma blanca y objeto contuso, indican defensa de la víctima, en un intento de repeler la agresión e incluso de quitar el arma al acusado.

Respecto de la toxicomanía del acusado en el momento de los hechos, las forenses que efectuaron el examen del mismo concluyeron que el acusado, al tiempo de cometer los hechos, era consumidor de sustancias estupefacientes y alcohol, (cocaína, cannabis, clonazepan, alprazolam, pregabalina, quetiapina, levomepromazina), habiendo consumido el día de los hechos alcohol y estupefacientes y estaba además diagnosticado de un trastorno de control de impulsos y déficit intelectual ligero.

Las capacidades cognitivas y volitivas de Jose Ignacio se encontraban disminuidas levemente en el momento de los hechos.

Llegados a este punto, considero que la motivación del acta de votaciones es correcta y suficiente, y refleja que han deliberado y votado las preguntas que formaban el objeto del veredicto y que recogían las distintas hipótesis que se expusieron por el Fiscal y la defensa del acusado.

TERCERO. - CALIFICACION JURÍDICA DE LOS HECHOS

Los hechos declarados probados por el Jurado Popular han de considerarse legalmente constitutivos de un delito de un delito de asesinato consumado, con ensañamiento previsto y penado en el artículo 139.3 del Código Penal, que dispone que será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

Son elementos que deben concurrir en el tipo penal, una acción que produzca el resultado de muerte de la víctima; relación de causalidad que une la acción con la muerte de la víctima y la realización de la acción con intención de causar la muerte, entendida la intención como haber obrado el autor con conocimiento de que su acción produciría el resultado, o aceptando la probabilidad o la eventualidad de que lo produjese que creó un peligro relevante y una probabilidad elevada de acabar con la vida de la víctima, en cuyo caso hay que apreciar dolo homicida en quien de forma consciente y voluntaria crea un peligro relevante y una probabilidad elevada de acabar con la vida de la víctima.

El ensañamiento concurre cuando se aumenta deliberada e inhumanamente le dolor del ofendido.

El ensañamiento en el asesinato - art. 139.3ª CP - requiere la causación a la víctima de dolor mediante actos complementarios o innecesarios para la consecución del resultado mortal, con la finalidad de prolongar intencionadamente su agonía y de aumentar el sufrimiento natural que provoca toda acción homicida, lo cual puede venir determinado por la elección de una suerte de acción mortífera especialmente cruel y dolorosa en detrimento de otro método menos cruentos, cuando las circunstancias del caso hubieran permitido al agresor esta elección.

En el presente supuesto, el modo en que el acusado causó la muerte de Abilio asestándole un total de 55 puñaladas con diversos objetos punzantes, a pesar de que la víctima apenas se defendía, ya que tal y como señalaron las forenses en el plenario, el acusado sólo presentaba un hematoma en la espalda causado con un objeto romo y una herida incisa en el labio y la boca, teniendo en cuenta que a pesar de que se encontraba en el suelo malherido (casi muerto), como refirieron los testigos, seguía apuñalándolo, consideramos que concurre la circunstancia de ensañamiento en la conducta del acusado.

CUARTO. - RESPONSABILIDAD PENAL Y AUTORIA

Conforme al veredicto de culpabilidad del Jurado, el acusado, del delito indicado en el anterior fundamento jurídico es culpable y, por tanto, responsable en concepto de autor, conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del Código Penal, al haber procedido a ejecutar directa, personal y voluntariamente el hecho. Y ello, tal y como así quedó acreditado y se ha expuesto anteriormente, con arreglo a la valoración y apreciación en conciencia del Jurado, a tenor del resultado y contenido de las pruebas de cargo practicadas en el acto del juicio oral, y suficientes para desvirtuar el principio constitucional de presunción de inocencias consagrado en el art. 24.2 de la Constitución Española y como, igualmente, viene a exigirse por el art. 70.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

QUINTO.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Conforme al objeto del veredicto votado, concurre la agravante de abuso de superioridad del artículo 22.2 del CP, al haber considerado probado que encontrándose Abilio tirado en el suelo, sin posibilidad ya de defenderse de ningún modo, el acusado le asestó golpes y puñaladas sin cesar, consciente de que con ello se aseguraba de causarle la muerte.

Se aprecia que el acusado, al tiempo de cometer los hechos, era consumidor de sustancias estupefacientes y alcohol, (cocaína, cannabis, clonazepan, alprazolam, pregabalina, quetiapina, levomepromazina), habiendo consumido el día de los hechos alcohol y estupefacientes y estaba además diagnosticado de un trastorno de control de impulsos y déficit intelectual ligero, por lo que las capacidades cognitivas y volitivas de Jose Ignacio se encontraban disminuidas levemente en el momento de los hechos, apreciando la concurrencia de la atenuante analógica de consumo de estupefacientes del art 21.7 en relación con el 21.2 y 20.2 del CP.

SEXTO. - PENALIDAD

En orden a la individualización de la pena, como regla general, conviene recordar, que la fijación de penas es facultad discrecional del juzgador de instancia, si bien ha de respetar el principio acusatorio y las normas o reglas de determinación de penas. También la pena ha de ser fijada con proporcionalidad entre la gravedad del hecho y las circunstancias del culpable con relación a la sanción impuesta pues ello es una exigencia implícita del art 25 CE y está consagrado en el art 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, Por último, la imposición ha de ser motivada, es decir comprender las razones por las que se decide imponer la pena en el tramo o quantum en el que se haga ( art. 72 C.P.).

En el caso de autos, teniendo en cuenta que la defensa ha mostrado conformidad con la pena solicitada por el MF, y que la misma se considera adecuada a los hechos y circunstancias concurrentes, se estima procedente imponer al penado la pena de 16 años y 6 meses de prisión con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

SEPTIMO. - RESPONSABILIDAD CIVIL

Conforme a los artículos 109 y 116 del Código Penal, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados, pues toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente y en su virtud quienes resulten condenados y declarados responsables de un delito deberán indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios causados como consecuencia del delito cometido.

Para la valoración del daño corporal se puede utilizar de forma orientativa los criterios contenidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, conforme al Baremo de 2021 (Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, BOE nº 43 de 19 de febrero de 2021). De esta manera la indemnización comprenderá el perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento o la limitación que las lesiones sufridas. En este sentido el Tribunal Supremo, entre otras, en la STS nº 582/2020, de 5 de noviembre de 2020, recoge la posibilidad de utilizar el baremo de valoración para daños personales producidos en la circulación viaria con carácter orientativo para cuantificar las indemnizaciones en delitos dolosos, sin perjuicio de que se aplique un correctivo al alza, normalmente entre el 10% y el 20 %) asociado al carácter intencional del daño. De la misma manera lo reconoce esta Audiencia Provincial, entre otras, en las SSAP de León de 8 de junio de 2012, 9 de abril de 2013, 7 de abril de 2014 y 18 de abril de 2016.

A la vista de lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal y de las peticiones instadas en materia de responsabilidad civil, apreciándose la existencia de un daño emocional notoriamente dimanante de la violenta muerte tenida lugar por el comportamiento desarrollado por el acusado, se aprecia la procedencia de imponerle el abono de las indemnizaciones que seguidamente se reseñarán y en los términos que se recogerán en el fallo de la presente resolución, cuantías solicitadas por el MF con las que la defensa se mostró conforme.

A favor de Otilia, madre de la víctima, la cantidad de 53.098 euros, a Raimunda, Rosaura y Casiano, hermanos de la víctima 16.224 euros, a cada uno de ellos.

Con aplicación a estas cantidades del interés legal establecido en el art. 576 LEC.

OCTAVO. - COSTAS

Las costas procesales se imponen por ley al criminalmente responsable de todo delito o falta, ( art. 123 del C. Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Las costas deben ser impuestas al condenado Jose Ignacio.

NOVENO.- SUSPENSION DE LA PENA Y SOLICITUD DE INDULTO

El Jurado popular ha motivado debidamente el veredicto de culpabilidad emitido, llegando al mismo por unanimidad de sus componentes, valiéndose de la prueba desarrollada en el plenario y respecto de la suspensión de la pena ha informado desfavorablemente, aunque en todo caso, no procedería por la duración de la misma ( art (80 C.P.). En cuanto al indulto también mostró criterio desfavorable por unanimidad.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,