Sentencia Penal 34/2023 Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 100, Rec. 66/2022 de 15 de junio del 2023

PRIMERO. - Calificación jurídica de los hechos declarados probados.

Los hechos declarados probados por el Tribunal del Jurado en los hechos atribuidos al acusado Jose Antonio de un delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal en cuya virtud "El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años".

Los hechos declarados probados respecto de los acusados Fermina y Juan Manuel son igualmente constitutivos de un delito de encubrimiento del artículo 451.3º a) del Código Penal conforme al cual "Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: (...) 3.º Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos".

SEGUNDO.- El delito de homicidio atribuido a Jose Antonio.

A la hora de formar su convicción declarando la culpabilidad del acusado Jose Antonio respecto del delito de homicidio, ha tenido en cuenta el Jurado la prueba documental, la testifical y la pericial. También, como no podría haber sido de otra manera, el propio reconocimiento de los hechos por parte de este acusado.

a) Discusión previa entre el acusado y la víctima. El Jurado respondiendo a la primera de las cuestiones objeto del veredicto, alcanza la convicción sobre la discusión previa existente entre el acusado y la víctima, con base en que el testigo protegido vio a dos personas discutiendo acaloradamente, de las cuales dio la descripción física de Jose Antonio que coincidía con la que dio la víctima. Por otra parte la testigo Sra. Blanca declaró en el plenario que estaba discutiendo con la víctima por teléfono y escuchó como alguien le increpaba diciéndole: "a chillar a tu casa". Al poco tiempo esta testigo escuchó un forcejeo y a una mujer gritar: "llamad a la ambulancia".

Asimismo el Mosso d'Esquadra con TIP nº NUM000 ha declarado en el juicio que el Sr. Basilio les había comentado que había visto discutir al acusado con la víctima.

Y por otra parte el acusado ha reconocido este hecho en el escrito de conclusiones de 15 de julio de 2022.

b) acometimiento del acusado a la víctima. Conforme al veredicto del Jurado, en el curso de esta discusión el acusado sacó una navaja o instrumento similar y asestó con ella dos golpes al Sr. Pelayo en la región supraclavicular izquierda y en el tercio inferior de hemitórax izquierdo. A esta conclusión llega el Jurado teniendo en cuenta lo manifestado por el testigo protegido, el cual ha señalado que vio cómo el agresivo se sacaba la mano del bolsillo y le daba dos golpes rápidos a la víctima. Y a continuación vio cómo la víctima se palpaba el torso, sangraba y se tambaleaba, coincidiendo la descripción con la del acusado Sr. Jose Antonio.

Pero además destaca el Jurado que el testigo Basilio dijo que Pelayo le dijo que le habían "pinchado".

Este testigo, al igual que otros que han declarado en el plenario, es de referencia pero este Magistrado-Presidente considera que la incorporación de estos testimonios al acervo probatorio está ajustada a los criterios jurisprudenciales, conforme a los cuales "...El testigo de referencia podrá ser valorado como prueba de cargo -en sentido amplio- cuando sirva para valorar la credibilidad y fiabilidad de otros testigos -por ejemplo testigo de referencia que sostiene sobre la base de lo que le fue manifestado por un testigo presencial, lo mismo o lo contrario, o lo que sostiene otro testigo presencial que si declara en el plenario-, o para probar la existencia o no de corroboraciones periféricas -por ejemplo, para coadyuvar a lo sostiene el testigo único-.

Ello no obsta, tampoco, para que el testigo de referencia pueda valorarse, como cualquier otro testigo, en lo que concierne a hechos objeto de enjuiciamiento que haya apreciado directamente, dado que el testimonio de referencia puede tener distintos grados, según que el testigo narre lo que personalmente escuchó y percibió -auditio propio- o lo que otra persona le comunicó -auditio alieno- y en algunos de percepción directa, la prueba puede tener el mismo valor para la declaración de culpabilidad del acusado que la prueba testifical directa - SSTC. 146/2003 , 219/2002 , 155/2002 , 209/2001 -" ( STS 446/2022 de 5 de mayo de 2022).

De esta manera los testigos de referencia que han declarado en el acto del juicio oral, no solamente están perfectamente identificados, sino también que algunos han visto determinados aspectos que corroborarían su testimonio y los que no, vendrían a corroborar otras pruebas practicadas en el plenario y además el testigo directo de los hechos es el fallecido que no había declarado anteriormente en instrucción.

El Jurado anuda la anterior declaración a la prueba documental, constando a los folios 1069-1070 que el testigo Gines llamo al 112 porque la víctima estaba sangrando mucho.

Por otra parte, la testigo Teodora, que se encontraba en el interior del bar, también declaró que vio entrar a la víctima pidiendo ayuda y sangrando.

Además, el Mosso d'Esquadra TIP n° NUM001 ha declarado que acudió al lugar de los hechos ante la advertencia de que había un arma blanca y cuando llegó al lugar de los hechos se encontró a la víctima sentado en una silla al lado del bar, fuera, con la camisa ensangrentada e intentado taparse las heridas.

En el mismo sentido, el testigo Leon declaró que el señor Jose Antonio habitualmente portaba navaja.

Como corolario de todo ello alcanza la convicción el Jurado con la prueba pericial del doctor Narciso y la Doctora María Inés que ratifican que Pelayo sufrió dos heridas producidas por arma blanca en el tórax y zona clavicular y el informe de asistencia a urgencias donde consta que la víctima, traída por SEM por herida incisocontusa en hemitorax y supraclavicular izquierda, según refieren, con agresión con arma blanca (folios 14 y 15). Igualmente por la comunicación del Hospital de Bellvitge al Juzgado de Instrucción donde consta un diagnóstico por dolor agudo, causado por traumatismo, derivado de la agresión por arma blanca sufrida el día 21.04.18 con Jose Antonio.

Y además el propio acusado ha reconocido los hechos.

c) Fallecimiento del Sr. Pelayo como consecuencia de este apuñalamiento. La clave en el presente juicio es el nexo de causalidad existente entre el acometimiento y el fallecimiento de la víctima. Y ello por cuanto se trata de una muerte ocurrida días después de producido el ataque del acusado, donde por imperativo médico que tuvo que someter al Sr. Pelayo a una operación. Pero el Jurado por unanimidad determina que existe esta relación de causalidad.

Para ello argumenta el Jurado que es concluyente la prueba pericial del doctor Narciso y la Doctora María Inés que ratifican que Pelayo sufrió dos heridas producidas por arma blanca en el tórax y zona clavicular. Una vez asistido de urgencias fue dado de alta al día siguiente. Días más tarde la victima vuelve al hospital por molestias y, a causa de éstas, se le interviene quirúrgicamente, operación en la cual surgen complicaciones que derivan en el fallecimiento de Pelayo.

En el folio 86 y 87 consta un informe a fecha 8.5.18 donde se le diagnostica a la víctima de pseudoaneurisma dependiente de la arteria subclavia izquierda con dilatación progresiva que requiere de reparación quirúrgica. La arteria vertebral izquierda y mamaria interna se originan inmediatamente proximales al cuello de dicho aneurisma. Y en el cual indica que el dia 10.5.18 es diagnosticado de muerte encefálica.

Y en el veredicto el Jurado hace constar las palabras empleadas por el Doctor Narciso en el plenario, conforme a las cuales toda esta situación tuvo lugar como consecuencia de la agresión sufrida por la víctima, sin ninguna duda. Se trata de una muerte violenta y diferida.

Además, en el folio 88, donde consta el informe médico-forense preliminar y, en el folio 140 de informe médico-forense definitivo de investigación de causa de muerte el Dr. Narciso nos indica que el tipo de muerte es violenta.

En el informe de autopsia del folio 101, ratifica que las circunstancias de la muerte son heridas por arma blanca.

Y finalmente al folio 137, consta el certificado de defunción de Pelayo.

No cabe duda, en atención a lo expuesto, que el óbito del Sr. Pelayo fue como consecuencia de los navajazos propinados por el Sr. Jose Antonio.

d) Ánimo de matar. En cuanto al elemento subjetivo el Jurado concluyó unánimemente que el acusado actuó con la intención de acabar con la vida de de Pelayo, o al menos, sabiendo que la muerte sobrevendría como consecuencia natural y altamente probable de su conducta. En este punto hay que tener presente, conforme a la Jurisprudencia (v.g. STS 559/2020 de 29 de octubre de 2020) que "El delito de homicidio exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera íntima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho y que según reiterada jurisprudencia ( SS. 4.5.94 , 29.11.95 , 23.3.99 , 11.11.2002 , 3.10.2003 , 21.11.2003 , 9.2.2004 , 11.3.2004 ), podemos señalar como criterios de inferencia, los datos existentes acerca de las relaciones previas entre agresor y agredido, el comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro dato relevante; el arma o los instrumentos empleados; la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque; la intensidad del golpe o golpes en que consiste la agresión, así como de las demás características de ésta, la repetición o reiteración de los golpes; la forma en que finaliza la secuencia agresiva; y en general cualquier otro dato que pueda resultar de interés en función de las peculiaridades del caso concreto ( STS. 57/2004 de 22.1 ), a estos efectos tienen especial interés el arma empleada, la forma de la agresión y el lugar del cuerpo al que ha sido dirigida. Estos criterios que "ad exemplum" se descubren no constituyen un sistema cerrado o "numerus clausus" sino que se ponderan entre sí para evitar los riesgos del automatismo y a su vez, se constatan con nuevos elementos que pueden ayudar a informar un sólido juicio de valor, como garantía de una más segura inducción del elemento subjetivo. Esto es, cada uno de tales criterios de inferencia no presenta carácter excluyente sino complementario en orden a determinar el conocimiento de la actitud psicológica del infractor y de la auténtica voluntad imperiosa de sus actos".

A la convicción de que el acusado actuó con la intención de matar, llegó el Jurado amparándose fundamentalmente en el lugar donde se clavaron las puñaladas, que eran de riesgo vital, en el hecho de que el acusado tuviera una colección de armas blancas y en la conducta del acusado con posterioridad a haber ocurrido los hechos. De esta manera razona el Jurado que según consta en el folio 14, informe de asistencia a urgencias de Pelayo sufrió dos heridas producidas por arma blanca en el tórax y Zona clavicular que según declaración de los Doctores Narciso i María Inés estas heridas se producen en zonas de riesgo para la vida por ser zonas vitales.

En los folios 452 al 455 constan la colección de armas blancas propiedad del acusado Jose Antonio. Y además destaca el Jurado que Jose Antonio eludió el deber de socorro a la víctima. Ello aparece documentado en los folios 1069-1070 donde consta la trascripción de la llamada al 112 en la que preguntan "está aquí el agresor?" y vuelve a preguntar "sabemos si la persona que lo ha apuñalado está por aquí?" a lo que Gines responde "no sabemos nada"

Llegados a este punto conviene poner de manifiesto, como se ha señalado anteriormente, que la convicción del Jurado sobre el hecho de que el acusado acabó dolosamente con la vida de Pelayo se llega a través de los indicios. Y estos indicios son suficientes, al cumplir los requisitos establecidos jurisprudencialmente para la prueba de indicios.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 757/2022 de 15 de septiembre destaca que "En estos casos es importante que, una vez que el Jurado ha fijado esos elementos de convicción, que, en casos como el presente, se sustentan en prueba indiciaria el Magistrado-Presidente cumpla con su función motivadora de la sentencia enlazando esos indicios, ya que, como hemos señalado en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 532/2019, de 4 de noviembre , de la doctrina de esta sala pueden fijarse una serie de reglas o principios para entender concurrente la prueba indiciaria como suficiente para dictar una sentencia condenatoria".

Analizando los indicios tenidos en cuenta por el Jurado llegamos a la conclusión de que los mismos son plurales y vienen acreditados por prueba directa, informes de asistencia, de autopsia, armas en poder del acusado, actuación del Sr. Jose Antonio cuando profirió los golpes, así como la disputa inicial.

Se trata de indicios interrelacionados entre sí y con el hecho que se trata de probar, esto es, que fue el acusado el que acabó con la vida de la víctima. La inferencia realizada por el Jurado es razonable, existiendo entre los hechos relacionados y el que se trata de acreditar, un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, no permitiendo llegar a conclusiones contrarias que sean igualmente lógicas. Pero además dicha inferencia se ve reforzada por el propio reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

CUARTO.- El delito de encubrimiento atribuido a los Sres. Fermina y Juan Manuel.

Respecto de estos dos acusados el veredicto del Jurado también ha sido unánime. Consideran que ambos estuvieron presentes en el Bar Granada cuando el Sr. Jose Antonio cometió el delito, tuvieron por lo tanto conocimiento de los hechos y posteriormente colaboraron con el acusado Jose Antonio para que este pudiera eludir la investigación en su contra y de sustraerse a la búsqueda policial y judicial en marcha, de la cual tenían noticia y pese a ser requeridos al efecto no facilitaron dato alguno sobre los hechos y sobre la participación de Jose Antonio en los mismos y ocultaron cualquier dato que pudiera favorecer el avance de la investigación en su contra y tampoco ofrecieron datos sobre su localización, pese a disponer de información para ello.

Añade el Jurado que la Sra. Fermina además no colaboró en absoluto, más bien todo lo contrario. Y que informó a Jose Antonio de todo lo que había declarado en comisaría.

Fundamenta su convicción el Jurado en base a lo que manifiesta el testigo protegido ( NUM002), conforme vio como una mujer se encontraba en el momento de los hechos con Jose Antonio. Además, los Mossos de Escuadra con TIP nº NUM000 y NUM003 a través del vaciado de los dispositivos móviles hallaron conversaciones donde ubican a Fermina junto a Jose Antonio en el momento de los hechos (folios del 1380 a 1455). Estos agentes, que también declararon como peritos, pudieron constatar, a través de las conversaciones interceptadas que la Sra. Fermina sabía en todo momento dónde se encontraba el acusado Sr. Jose Antonio. Y en cuanto a la prueba documental, constan a los folios 1053 y 1054 los billetes de autocar del día 12 de agosto de 2018 de la acusada Fermina a Graus/Barbastro, localidad donde se encontraba Jose Antonio en esas fechas.

Respecto de Juan Manuel la convicción del Jurado sobre la comisión de los hechos le llega a través de lo que manifiesta el testigo protegido ( NUM002) que vio como un hombre se encontraba en el momento de los hechos con Jose Antonio. Y a los folios 319 a 323 consta, en el volcado de teléfono, una conversación entre Jose Antonio y Fermina donde sitúan a Juan Manuel en el lugar de los hechos y que se fue una vez fue agredida la víctima. Ello viene corroborado igualmente por los Mossos de Esquadra con TIP nº NUM000 y NUM003, que en el juicio se han ratificado en su declaración donde manifiestan que Juan Manuel estaba allí en ese momento y que lo que hizo fue ocultar lo sucedido y que no colaboró en ningún momento.

Por otra parte, señala el Jurado que el testigo Basilio relata que el día de autos Jose Antonio se encontraba en la terraza del bar Granada acompañado de Juan Manuel.

Todas estas pruebas bastarían para considerar a la Sra. Fermina y al Sr. Juan Manuel autores de los hechos que se les atribuye, pero además consta el propio reconocimiento de los hechos de estos acusados en el escrito de conclusiones presentado conjuntamente con las acusaciones.

QUINTO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

a) Agravante de abuso de superioridad, en la conducta del acusado Sr. Jose Antonio. La línea que delimita la agravante del abuso de superioridad con la alevosía que cualificaría el homicidio como asesinato es muy delgada. Así nos lo recuerda la reciente STS 380/2023 de 19 de mayo, que con cita de otras sentencias del Alto Tribunal, recoge los requisitos para que pueda apreciarse la concurrencia de esta agravante: "Como recuerda nuestra STS núm. 922/2012, de 4 de diciembre (con cita de las SSTS 863/2015, de 30 de diciembre ; 93/2012, de 16 de febrero ; 1221/2011, de 15 de noviembre ; 1236/2011, de 22 de noviembre y 1390/2011, de 27 de noviembre ), la agravante de abuso de superioridad requiere así de los siguientes requisitos:

1) Un requisito objetivo, consistente en una situación de superioridad, es decir, un importante desequilibrio de fuerzas a favor de la parte agresora frente al agredido derivada de cualquier circunstancia. Bien referida a los medios utilizados para agredir (superioridad medial), bien al hecho de que concurran una pluralidad de atacantes (superioridad personal), siendo precisamente este último supuesto el más característico y el de mayor frecuencia en su aplicación.

2) Un resultado, esto es, esta superioridad ha de producir una notable disminución de las posibilidades de defensa del ofendido, sin que llegue a eliminarlas, pues si esto ocurriera nos encontraríamos en presencia de la alevosía que constituye así la frontera superior de la agravante que estamos examinando.

3) Un requisito subjetivo, consistente en que el agresor o agresores conozcan esa situación de desequilibrio de fuerzas y se aprovechen de ellas para más fácil realización del delito y, como hemos indicado.

4) Un requisito excluyente, que entraña que la superioridad de la que se abusa no sea inherente al delito, bien por constituir uno de sus elementos típicos, bien porque el delito necesariamente tuviera que realizarse así".

El Jurado concluye de forma unánime que el acusado se aprovechó de la ventaja que suponía la utilización de la navaja frente a la víctima desarmada. Tuvo presente el Jurado que el Sr. Pelayo llevaba un perro, sujetando la correa con una mano y con la otra estaba hablado por teléfono, lo que sin duda produjo una disminución de sus posibilidades de defensa, circunstancia que era conocida por el acusado Sr. Jose Antonio y que provocaba un desequilibrio de fuerzas.

Y alcanza esta conclusión el jurado fundamentalmente atendiendo a dos testificales: el testigo protegido ( NUM002) ha declarado en la vista oral que vio como la víctima estaba hablando por teléfono al tiempo que sujetaba a su perro con la otra mano.

Pero además la Sra. Blanca ha declarado que estaba discutiendo con la víctima por teléfono móvil, cuando oyó como ésta comenzaba a discutir con alguien.

Finalmente el propio acusado y su defensa letrada admiten en su escrito de conclusiones provisionales la concurrencia de dicha agravante.

b) Atenuante de alteración psíquica en el acusado Sr. Jose Antonio. Concluye el Jurado también de forma unánime que el acusado Sr. Jose Antonio en la fecha de los hechos padecía trastorno adaptativo mixto, trastorno depresivo mayor, trastorno de personalidad, trastorno relacionado con uso y consumo del alcohol y sustancias, que habían requerido incluso algunos ingresos clínicos, y que le provocaba una disminución leve de sus capacidades volitivas y cognoscitivas.

A esta conclusión llega el Jurado teniendo en cuenta principalmente la documental obrante en las actuaciones y las periciales realizadas. Así se expresa en el veredicto que los folios 1370-1655-1702-1703 doble cara, que corresponden a los informes periciales de autopsia y circunstancias de la muerte toxicológicos, cuyos informes ratificaron la Doctora Ascension y el Doctor Cornelio, en los que se indica que Jose Antonio estaba diagnosticado de trastorno adaptativo mixto, trastorno depresivo mayor, trastorno de personalidad, trastorno relacionado con uso y consumo del alcohol y sustancias.

Según los folios 489-490-491, consta el plan de medicación. Indica la medicación pautada de Jose Antonio para tratamiento de larga duración

Según el folio 555 consta el informe clínico de seguimiento de Jose Antonio con fecha 24 de setiembre de 2019, dónde se le diagnostica trastorno de la personalidad no especificado y donde ha requerido pauta psicofarmacológica compleja por apreciarse riesgo de actuación autolesiva ante cualquier frustración.

En los folios 558 al 563, constan los informes médicos del Hospital Sagrat Cor de Jose Antonio.

Según folio 1526, consta el informe del Hospital de Sant Joan de Deu, respecto al acusado Jose Antonio que refiere el diagnostico de trastorno de depresión mayor y trastorno por consumo de alcohol.

En el folio 1676 consta que Jose Antonio realizó visita de seguimiento el 19 de abril de 2018, dos días antes de la agresión y, en el que se refiere que se mantenía psicopatológicamente estable, sin cambios en el tratamiento farmacológico pautado.

Este Magistrado-Presidente no puede dejar de hacer mención a los intentos autolíticos que habría sufrido el Sr. Jose Antonio y que precisamente eran como los que habrían acabado con la vida del Sr. Pelayo, de tipo impulsivo, según han relatado los Doctores Cornelio y Ascension en el plenario.

c) Atenuante de reparación parcial del daño en el acusado Sr. Jose Antonio. Alcanza el Jurado la convicción sobre la concurrencia de tal circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atendiendo fundamentalmente a la prueba documental. Así indica el Jurado que en el folio 1890 consta que Jose Antonio ha ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado el importe de 20.000 euros en concepto de resarcimiento parcial a entregar a la madre y hermanos de la víctima por los perjuicios y daño moral. Así mismo según el folio 1869 de la declaración conjunta el acusado Jose Antonio ha consignado la cantidad de 20.000 euros para su entrega a la madre y hermanos de la víctima en concepto de resarcimiento parcial por los prejuicios y el daño moral provocado por el fallecimiento de Pelayo.

Con la misma finalidad se compromete al pago mensual de 400 euros para el pago progresivo de las cantidades establecidas en concepto de responsabilidad civil, hasta completar los importes de 60.000 euros a indemnizar a la madre del finado, y la cantidad de 20.000 euros a cada uno de los hermanos del finado. Siendo la cantidad total a indemnizar la de 120.000 euros.

d) Atenuante de dilaciones indebidas para los tres acusados. Este Magistrado-Presidente, de conformidad con el resto de partes personadas, en la audiencia del artículo 53 LOTJ ha decidido excluir del conocimiento del Jurado la concurrencia o no de la atenuante de dilaciones indebidas. Esta no solamente viene admitida por las partes, sino que además se corresponde con criterios eminentemente jurídicos y de interpretación jurisprudencial que el ciudadano medio no tiene por qué conocer. Ni el Jurado sabe la duración promedio de las causas, ni los plazos máximos de duración de la prisión provisional, ni conoce el contenido del artículo 324 LECRIM, por lo que preguntar a ciudadanos legos en derecho si se han producido o no dilaciones en un procedimiento del que no saben su duración estándar carece de sentido.

Y es que para que pueda apreciarse esta atenuante es preciso, conforme a reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la concurrencia de cuatro requisitos: 1) que la dilación sea indebida, es decir injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la causa, requisito muy vinculado a que sea indebida ( STS 759/2016, de 13 de septiembre, entre otras).

E igualmente cabe señalar que la STS 585/2015, de 5 de octubre, recuerda que no es suficiente con una mera alegación de tal atenuante, sino que es necesario que quien la reclama explicite y concrete las demoras, interrupciones o paralizaciones que haya sufrido el proceso, a fin de que se pueda verificar la realidad de las mismas, evaluar su gravedad y ponderar si están o no justificadas.

El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 13/07/2012 estableció un plazo mínimo de 18 meses para poder ser apreciada y el de tres años para poder otorgarle el carácter de muy cualificada. No podemos obviar que tal atenuante, antes de ser incorporada expresamente al CP, fue configurada jurisprudencialmente por la Sala II de nuestro TS siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en torno al artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable, los factores que han de tenerse en cuenta son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordinarios de duración de los autos de la misma naturaleza en igual período temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal, y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponible. Y en el caso que nos ocupa los hechos ocurrieron en 2018 y tras la huida del acusado, se reaperturaron las diligencias en agosto de 2019 cuando fue hallado, se dictó auto de incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado en fecha 10 de septiembre de 2020 y auto de 9 de noviembre de 2020 tras la celebración de la audiencia del artículo 25 de la LOTJ, siendo finalmente enjuiciados los hechos el 6 de junio de 2023, habiéndose producido durante la tramitación periodos de inactividad procesal no atribuibles a ninguno de los procesados. Entre otros períodos destaca el que transcurre entre la firma del escrito de conformidad entre las partes el 21 de julio de 2022 y la fecha del juicio el 12 de junio de 2023.

Concurre por lo tanto la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal.

SEXTO.- Penalidad.

Tal y como se ha señalado en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, el delito de homicidio tiene prevista una pena en abstracto de diez a quince años de prisión. Concurriendo una circunstancia agravante y tres atenuantes, es de aplicación la regla 7ª del artículo 66.1 del Código Penal, conforme a la cual, "Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior."

De esta manera se impone al acusado Sr. Jose Antonio la pena de siete años y seis meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, que se sitúa en la mitad de la pena inferior en grado, pena por otra parte ha sido aceptada por las defensas en el trámite del artículo 68 LOTJ.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 140 bis en relación con art. 96.3.3°, 105 y 106 CP, se impone al acusado Sr. Jose Antonio la medida de libertad vigilada por un plazo de 3 años (cuyos términos se determinarán en ejecución de sentencia, en función de la peligrosidad al término del cumplimiento de la pena privativa de libertad).

De conformidad con lo previsto en el art. 57 CP, se acuerda igualmente la medida de prohibición de acercamiento a una distancia de al menos 1.000 metros del acusado Sr. Jose Antonio respecto de los siguientes familiares del fallecido: su madre Lucía, sus hermanos Mónica, Camilo y Paloma, por un plazo superior a 5 años respecto a la pena privativa de libertad impuesta respecto al delito contra la vida. De igual modo, se acuerda la medida de prohibición de prohibición de acercamiento a una distancia de al menos 300 metros respecto de su compañera sentimental Blanca por un plazo superior a 5 años respecto a la pena privativa de libertad impuesta respecto al delito contra la vida.

En lo que se refiere al delito de encubrimiento, concurriendo una circunstancia atenuante se impone a los acusados Fermina y Juan Manuel la pena de 6 meses de prisión con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, al ser de aplicación la regla 1ª del artículo 66.1 CP.

Para el cumplimiento de la pena, de conformidad al artículo 58 del Código Penal, les será de abono a todos los acusados el tiempo de prisión preventiva sufrido en esta causa.

SÉPTIMO.- Responsabilidad civil.

El artículo 109 del Código Penal establece la obligación de reparar los daños y perjuicios causados por la perpetración de un delito. El art. 116 del Código Penal dispone que toda persona responsable criminalmente lo es también civilmente, integrando el art. 110 del mismo texto legal el alcance y contenido de tal responsabilidad que comprende la restitución de las cosas, la reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios, tanto materiales como morales.

El Jurado ha declarado probado que al tiempo del fallecimiento el Sr. Pelayo tenía una madre, Lucía y tres hermanos, Mónica, Camilo y Paloma.

No existe posibilidad de reparación del daño causado a la familia. La pérdida de una vida humana no puede compensarse. Pero se ha establecido legal y jurisprudencialmente un sistema de valoración de las lesiones y fallecimiento de las personas, inicialmente previsto para los accidentes de circulación, pero por analogía aplicable también a la responsabilidad civil "ex delicto", con las oportunas correcciones cuando los hechos se causan dolosamente.

Por ello, entendiéndose que se encuentran ajustadas al Baremo establecido en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, actualizado por Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y corrigiendo dichas cantidades al alza atendiendo el carácter doloso de la muerta de Pelayo, se establecen las siguientes indemnizaciones que deberá satisfacer el acusado Jose Antonio: a Lucía, madre del finado, la cantidad de 60.000 euros; y a cada uno de sus hermanos Mónica, Camilo y Paloma la cantidad de 20.000 euros, cantidades que devengaran el interés legal previsto en el art. 576 de la LEC.

OCTAVO.- Costas

Establece el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la necesidad de que las sentencias resuelvan sobre el pago de las costas del proceso delimitadas en el artículo 240, asentando el artículo 123 y 124 del Código Penal que las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Impongo en consecuencia a los acusados el abono de las costas procesales, incluyendo las de las acusaciones particulares.

NOVENO.- Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a los acusados Sr. Juan Manuel y Sra. Fermina.

El Ministerio Fiscal y las Acusaciones personadas no se han opuesto a que se conceda a los citados acusados la suspensión de la pena. El Jurado sin embargo, ha expresado su opinión contraria a que se les otorgue el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a ambos acusados.

No obstante, este Magistrado-Presidente entiende que las manifestaciones del Jurado en relación con la suspensión de la pena no le vinculan, de la misma manera que no vincula al Gobierno el posicionamiento del Jurado sobre el indulto. Y ello por las siguientes razones:

-En primer lugar, porque el pronunciamiento sobre la suspensión o sobre el indulto no forman parte del veredicto. Así lo estableció el Tribunal Supremo ya en el año 2001 como se señalará más adelante.

-En segundo lugar, porque la expresión de que el Magistrado-Presidente recabará "en su caso" el criterio del Jurado, puede ser sugestiva, tal y como consta en la sentencia citada, de que no es preceptivo que en el objeto del veredicto aparezca dicha proposición. Podría entenderse que "en su caso" se refiere a aquellos supuestos en que no se solicita en conclusiones provisionales la pena de prisión, sin embargo, en el momento en que se entrega el objeto del veredicto al Jurado, todavía no se conocen las penas que serán solicitadas definitivamente por las acusaciones, por lo que "en su caso" parece más referirse al carácter potestativo de su inclusión.

-En tercer lugar, porque ello estaría relacionado con la previsión del artículo 63 de la LOTJ conforme a la cual la falta de pronunciamiento del Jurado sobre esta cuestión no es causa de devolución del veredicto.

-En cuarto lugar, porque en el momento en que el jurado emite el veredicto no conoce el alcance de las penas que finalmente se solicitarán por las acusaciones una vez cesado el Jurado en sus funciones ( artículos 66 y 68 de la LOTJ).

-Y en quinto lugar, además, el artículo 52.2 LOTJ dispone que el Magistrado-Presidente "recabará el criterio" del Jurado sobre la aplicación de los beneficios de la remisión condicional, cuando en el apartado primero, relativo al objeto del veredicto utiliza el término "someterá", en una expresión, la primera, que parece referirse más a "pedir la opinión" que a establecer una consecuencia jurídica en atención a unos hechos declarados probados. Pero sin que se sustraiga del conocimiento del órgano llamado a conocer de la ejecución de la sentencia todo lo relativo a la suspensión de la pena.

Debo mencionar como colofón de lo expuesto la STS 112/2022 de 10 de febrero que establece que " ... si vamos al art. 52 LOTJ , relativo al objeto del veredicto, comprobamos que la inclusión de las referidas preguntas se debe, no a lo que dicho artículo dispone en su apartado 1, sino en el 2, en que se dice que, "asimismo, el Magistrado-Presidente recabará, en su caso, el criterio del jurado sobre la aplicación de los beneficios de remisión condicional de la pena y la petición o no de indulto en la propia sentencia".

La diferente ubicación no deja de tener su importancia, no ya porque se encuentra en apartado distinto al relativo a la estructura propia del objeto del veredicto, que está en el 1, sino por los términos en que viene redactado ese apartado 2, pues lo que dice es que el Magistrado-Presidente " recabará" del Jurado su "criterio", no que se someta a su decisión respecto a los hechos que les pone a deliberación, sobre los que, además, no cabe que dejen de pronunciarse, a diferencia de las preguntas sobre aquellos particulares, que, en la medida que solo se indica que se recabe "en su caso" ese criterio al Jurado, deja la puerta abierta a que se incluyan o se dejen de incluir; más parece, en realidad, que lo que se está haciendo al Jurado es una consulta sobre su opinión, que, no obstante la precisión que al respecto se encuentra en el art. 61.1 LOTJ de que sea "para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto", puede acabar siendo superflua.

Abunda en esta consideración el hecho de que, en su redacción originaria, la expresión que utilizaba el art, 52.2 era la de "someterá", sustituida por la de " recabará" por LO 8/1995 de 16 de noviembre , que no debe pasar desapercibido, en la medida que la idea de subordinación que encierra el verbo someter cambia por la de pedir opinión o consultar que conlleva la expresión recabar.

La diversidad de contenido entre los dos citados apartados del art. 52, permite decir que las preguntas relativas a la suspensión de la pena y al indulto no forman parte de lo que es el contenido propio del objeto del veredicto, en lo que de vinculante tiene de cara a su traslado al antecedente de hechos probados de la sentencia, como resulta de artículos como el 70.1 o el 3 LOTJ, y así lo decía la jurisprudencia de esta Sala desde su Sentencia 2153/2001, de 15 de noviembre de 2001 , en la que se puede leer lo siguiente:

"La doctrina ha señalado el carácter potestativo, para el Magistrado-Presidente, del apartado 2 del art. 52 de la LOTJ para recabar el criterio del Jurado sobre aplicación de los beneficios de la remisión condicional (salvo cuando proceda por ministerio de la Ley conforme al art. 94 del CP ) y sobre la solicitud de indulto. Por lo que a éste se refiere se ha subrayado que queda al arbitrio del Magistrado-Presidente la decisión de incluirlo en el objeto del veredicto y que la Ley, en caso de omisión del Jurado, no ha previsto expresamente que sea causa de su devolución, pues no se trata propiamente ni de una declaración de hechos ni de una declaración de culpabilidad aunque se incluya, con desafortunada técnica, en el mismo epígrafe c) del art. 61.1 de la LOTJ , que se refiere al pronunciamiento del Jurado sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado".

En consecuencia, concurriendo en los acusados los requisitos establecidos en el artículo 80 del Código Penal, Sres. Juan Manuel y Sra. Fermina, careciendo ambos de antecedentes penales y no superando la pena los dos años de prisión, se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta durante dos años, condicionada a que no delincan durante este período.

Vistos los precitados artículos, artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás preceptos de general y pertinente aplicación, por la potestad que la Constitución y la Ley me confiere.