Sentencia Penal 10/2024 Audiencia Provincial Penal de Almería nº 3, Rec. 50/2023 de 18 de enero del 2024

PRIMERO.- Se acusa en primer lugar por la presunta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada y con empleo de armas, previsto en los arts. 237 y 242.1, 2 y 3 del Código Penal y un delito leve de lesiones previsto en el art. 147.2 del Código Penal.

En nuestro sistema procesal rige el principio de presunción de inocencia, elevado a la categoría de derecho fundamental ( art. 24 CE). En virtud del mismo nadie puede ser condenado en tanto en cuanto no se demuestre su culpabilidad mediante la práctica de pruebas de cargo, cuya aportación corresponde a la acusación, que permitan considerar acreditada más allá de toda duda razonable tanto la realidad de los hechos que se le atribuyen como su participación en ellos (por todas, SSTC 201/89, 217/89 y 283/93).

En estrecha relación con la presunción de inocencia se halla el principio "in dubio pro reo". El Tribunal Supremo tiene declarado que se trata de un principio de carácter eminentemente procesal, utilizable en el ámbito de la crítica de la prueba, e instrumental en orden a resolver los conflictos en los que el Tribunal no puede llegar a una convicción firme sobre lo probado, supuestos en los que la duda surgida debe ser resuelta a favor del reo ( STS de 25-04-2003).

Ciertamente con la prueba directa de los hechos constitutivos de la infracción criminal no se agotan sus posibilidades acreditativas, y la prueba indiciaria, es perfectamente apta para enervar la presunción de inocencia y viene siendo admitida por reiterada y constante jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, de modo que acudir a este medio probatorio resulta en principio plenamente regular e inobjetable, y adquiere plena validez siempre que se cumplan determinadas exigencias de acuñación jurisprudencial.

Tales exigencias se pueden concretar en las siguientes:

1) Del carácter formal:

a)Que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios que se estimen plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia.

b)Que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado o acusados; explicitación que, aun cuando pueda ser sucinta o escueta, se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar el control de la racionalidad de la inferencia.

2)Desde el punto de vista material, es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios, en el mismo, como a la deducción o inferencia:

a)Respecto a los indicios es necesario:

-Que estén plenamente acreditados. -Que sean de naturaleza inequívocamente acusatoria. -Que sean plurales o, siendo único, que posea una singular potencia acreditativa. -Que sean concomitantes al hecho que se trate de probar. -Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre si.

b)En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:

-Que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia. -Que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, añadiendo que un indicio es, por definición, equivoco respecto al conocimiento del hecho que "indica" aunque sin probarlo todavía, más una pluralidad de indicios, por el contrario, si apuntan todos ellos en la misma dirección, pude convertirse en una prueba inequívoca, y, en su caso, en prueba de cargo, en la medida que su conjunto coherente elimina toda duda razonable sobre el "hecho-consecuencia" y genera un estado de certeza moral objetivamente justificable sobre la realidad de tal hecho.

La valoración en conciencia de la prueba practicada, conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lleva a este Tribunal a concluir que no ha quedado debidamente acreditado que los acusados participasen en alguna forma en los delitos de robo y lesiones por los que vienen acusados.

Es necesario partir de la base de que resulta indiscutible y así ha quedado debidamente acreditado de la prueba desplegada en el acto del juicio oral que el día 28 de Febrero de 2.023 sobre las 7:00 horas de la mañana (el propietario de la vivienda dijo que le avisaron a las 7.00 de la mañana y el morador también indica que es sobre esta hora cuando se producen los hechos-folio 29) tuvo lugar un delito de robo en casa habitada por parte de dos individuos y que en la perpetración del mismo se utilizó un hacha con la que se forzó la puerta de entrada, así como que se utilizó la violencia, agrediendo al morador de la vivienda, D. Vicente, al que los dos individuos rociaron con un spray en los ojos, le golpearon provocándole lesiones que se deducen con claridad del informe forense y le amenazaron con el hacha, sustrayéndole la cantidad de 1.630 euros y un teléfono móvil. Los citados hechos han resultado acreditados de forma indubitada sobre todo a la vista de la declaración de la víctima de los mismos, el Sr. D. Vicente, que así los ha relatado en el acto del juicio, siendo corroborados por la inspección ocular realizada en la vivienda (folios 52 y 53) y el informe forense donde queda constancia de las lesiones que sufrió (folios 67 y 68). No podemos decir lo mismo respecto de la identificación de los acusados como autores de tales hechos. No existe prueba directa alguna de su participación en tales hechos, sin que los indicios que han resultado acreditados respecto de su participación sean suficientes en este caso para fundamentar un pronunciamiento de condena.

Así, el testigo perjudicado no los ha reconocido en momento alguno como los autores del robo y la agresión sufrida. Ni durante la instrucción de la causa ni en el plenario en el que se le instó para que manifestara si los reconocía manifestando que no podía decir que fueran ellos los autores de los citados dos primeros delitos objeto de acusación. De forma clara dijo al principio de su declaración en el plenario no conocerlos de nada, y posteriormente no pudo reconocerlos como los autores del robo y la agresión por él sufrida el citado día. Alegó que no pudo verlos bien porque llevaban la cara tapada. El único dato descriptivo físico que ofreció de los mismos, sin que se comprenda que no fuera preguntado por estos datos durante la instrucción de la causa (altura, complexión, color de pelo, vestimentas, etc...), es que uno era muy grande y alto y el otro de altura normal. Se comprobó, sin embargo, en el plenario que ambos acusados tenían una altura similar.

La prueba de cargo viene constituida en esencia por las declaraciones testificales de los agentes de la Policía Local de Roquetas de Mar números NUM007 y NUM008 que patrullaban en la citada mañana por la zona en la que ocurrieron los hechos y que justo al lado de donde se produjo el robo vieron a los dos acusados en actitud sospechosa localizando el hacha cerca de donde vieron salir a uno de ellos.

Así, el Policía Local número NUM007 de Roquetas de Mar manifestó en el plenario que "vieron a dos personas, que al ser el cruce de la calle vieron que una de ellas hizo una maniobra de esconderse o buscar algo, cuando se aproximaron a ellas, este hombre se puso en el puerta y no le dejaba salir, tuvo que empujar la puerta para salir del vehículo. Estaba agresivo, se dirigió a ellos con los puños cerrados y el pecho adelante, se tuvieron que apartar de él y cuando fueron al lugar donde se escondió vieron una hacha en la zona. Intentaron identificar a estas personas pero su actitud era muy agresiva. Llegaron los compañeros de la Guardia Civil y les echaron una mano. Ni les dio tiempo a darles la identificación, no se querían identificar, así se lo decían, no había nadie más en el lugar donde encontraron el hacha que estaba en el lugar y los vieron venir de donde habían dejado el hacha. Estas dos personas iban juntas. No les comisionaron, fue de casualidad que iban por esa zona y los vieron y como vieron una actitud sospechosa acudieron. Estaban los dos juntos y uno de ellos en cuanto les vio les dio esquinazo y el otro diciéndole como "tira, tira,.." Cuando los ve estaban en la calle, el hacha no la ven en las manos de los acusados, cuando los ven que se escondieron vieron que era para ocultarse u ocultar algo, venían del lugar donde estaba el hacha, venían de donde estaba el hacha. Su intervención duró unos minutos hasta que llega la Guardia Civil, dos minutos. Cuando ellos llegan uno se escondió y el otro no sabe si intento huir o esconder el hacha. Ellos no les cachearon, comunicaron que había un hacha tirada en el suelo y tenían sospechas que la pudo depositar el que huyó en la esquina. No dijo que llevara el hacha en sus manos. No hicieron fotos porque la actitud de este hombre era que no les dejaban bajar del vehículo y en forma peligrosa, se lió con los Guardias Civiles y entre cinco hombres no podían con él, si no guarda el hacha podía cogerla, en cuanto él los apartó del vehículo su compañero se bajaba del vehículo. Estaba el coche de ellos y otro aparcado, y vio el hacha y cogió el hacha, la cogió antes de que llegara la Guardia Civil."

Por su parte en Policía Local número NUM008 de Roquetas de Mar que acompañaba al anterior y también depuso en el plenario relató que "se encontraban patrullando en la barriada de las 200 viviendas, y en el calle Rabat esquina calle Melilla vieron dos personas y una hace un gesto raro y desaparece de nuestra vista y el otro le hace señas y les parece raro y deciden intervenir. La persona que evita que lo vean, se acerca al vehículo impidiendo que el otro compañero abra el vehículo. Intentan que se separen del vehículo, intentan que se identifiquen y no lo hacen. El compañero ve que de donde venía uno de ellos había un hacha y viendo que tenía actitud agresiva decide cogerla. Mete el hacha en el maletero, avisan a la Guardia Civil que ya tenían aviso en la zona. Se ponían agresivos, no se querían identificar. La DIRECCION002 es una de las calles colindantes adonde los detuvieron, está en la zona. La persona que intentó evadir la acción policial, Cirilo, es el que tenía la actitud más agresiva. No vio que portaran nada en las manos, vio que hizo un gesto de evadir la acción policial. Cuando llegaron la persona ya venía del lugar donde estaba el hacha, la persona que venía del lugar donde estaba el hacha hay un momento hasta que llegan que lo pierden de vista. La actitud sospechosa que les hace intervenir es porque es una zona donde hay bastante delincuencia y cuando hay personas que ven el vehículo policial intentan evadir y decidieron ir al punto a ver qué estaba pasando, fue todo muy rápido, desde que vieron a estas personas hasta que llega la Guardia Civil pasan dos minutos, deciden que lo mejor por su seguridad y la de los agentes Guardia Civil era coger y guardar el hacha. La actitud de ellos era no identificarse y muy agresiva. La Guardia Civil iba a un servicio que ellos desconocían. Era imposible que se identificaran, la resistencia en todo momento era activa. Desde donde escondió algo y pasó el coche había unos 5 ó 6 metros cuando ellos llegaron ya venía de vuelta de ese lugar, ellos aparcaron paralelo al coche que tenían ellos."

Ambos agentes de la Policía Local coinciden en que ven a los acusados en un lugar muy cercano al edificio en el que se producen los hechos poco después de que estos se produzcan en actitud sospechosa, así como que uno de ellos parece huir o esconder algo en un lugar en el que después localizan un hacha. Instrumento que es coincidente con el que se utilizó en el robo perpetrado.

Sin embargo, el citado indicio de prueba, que no va acompañado de ningún otro más no tiene la suficiente potencia convictiva para fundar en pronunciamiento de condena por las siguientes razones:

.- Ninguno de los dos agentes pueden ver a los acusados portando el citado instrumento, el hacha, que afirman encontrar en la zona de la que sale uno de los acusados, precisando únicamente que la distancia entre el instrumento, el arma hallada, y donde ellos estaban es de unos 5 ó 6 metros.

.- No se realiza prueba lofoscópica alguna en el arma de la que pueda desprenderse sin género de dudas que la portaron alguno de los dos acusados en algún momento.

.- No se intervienen a ninguno de los acusados, pese a que se sostiene por la fuerza actuante la inmediatez entre la ocurrencia del delito y la detención, ninguno de los objetos sustraídos de la vivienda, ni el dinero ni el teléfono móvil.

Pese a que en un primer momento se les intervinieron unas llaves que se pensó que habían sido las sustraídas de la vivienda tal hecho no ha sido acreditado. Efectivamente este indicio de haber resultado probado por prueba directa habría podido interrelacionarse con el descubrimiento del hacha cerca de los acusados y su actitud sospechosa para fundamentar la condena, reforzándose entre sí, y hubiera resultado determinante sin duda, pero lo cierto es que el citado hecho lejos de ser acreditado quedó refutado en el plenario pues tanto el morador de la vivienda, víctima del robo, como el propietario de la misma, fueron claros al manifestar que las citadas llaves que les fueron entregadas por la Guardia Civil no eran de la vivienda, no abrían la puerta de la misma. El hecho de que no portaran ninguno de los objetos robados resulta muy llamativo dado que no fueron hallados, como ocurrió con el hacha, en las inmediaciones tampoco del lugar, lo que no resulta lógico pues cabe pensar en buena lógica que lo primero es deshacerse del arma y después de los objetos sustraídos (el móvil y el dinero) y si como dicen los agentes les dio la impresión de que acaban de esconder o deshacerse del hacha no se entiende que no estuvieran también allí o en su poder los objetos sustraídos. Todo ello, sin olvidar que de ser ellos los autores de los hechos estos acababan de suceder pues no se entiende que si conocían que se había avisado a la Policía se quedaran en el lugar, sobre todo si tenían un vehículo para huir inmediatamente de él. Por otra parte, tanto D. Vicente como el propietario de la vivienda, D. Teofilo declararon el primero que que los hechos ocurrieron sobre las 7 de la mañana al folio 29 y el segundo que a él le avisaron sobre las 7 de la mañana, cuando la actuación de los agentes se produce, según afirman ellos, sobre las 8 de la mañana (folio 45 de la causa). El lapso de tiempo es de una hora, con lo que no resulta lógico que los acusados, de ser los autores se mantuvieran en el lugar de los hechos.

.- Los únicos datos aportados de la descripción física de los autores por la víctima no son coincidentes con las características físicas de los acusados. Así, D. Vicente afirmó en el plenario, pese a que afirmó que la cara la llevaban tapada, que "uno era muy grande y muy alto y el otro era normal, de altura media." A simple vista en la sala no se apreciaba gran diferencia en la altura de los acusados lo que no concuerda con la descripción facilitada por la víctima.

.- Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar de los hechos posteriormente a los agentes de la Policía Local no pudieron apuntar ningún dato sobre el robo y las lesiones, pues cuando llegaron al lugar ya había sido recogida el hacha por el agente de la Policía Local, al margen de realizar la inspección ocular realizada de la vivienda de la que se deduce por los daños observados la realidad del robo en la misma (folios 52 y 53) en la que intervino el Agente de la Guardia Civil con TIP número NUM009, sin que como ya se ha explicado se pueda llegar a ninguna conclusión respecto de las llaves halladas a los detenidos y respecto de las que depuso en el plenario el agente de la Guardia Civil como TIP número NUM010, que eran de la vivienda robada y respecto de las cuales el agente tampoco pudo dar datos en el plenario de su concreta localización. Las citadas llaves según declararon los perjudicados no eran las de la vivienda.

Por ello resulta de aplicación al caso enjuiciado el principio de derecho penal de in dubio pro reo el cual cobra virtualidad en los supuestos de duda razonable, en los que existiendo prueba de cargo, esa no es suficiente para generar la íntima convicción del Juzgador, debiendo éste inclinarse ante la duda por la absolución. Lo que, por las razones antes expuestas es lo que acaece en el presente caso, en el que practicada la prueba de cargo anteriormente analizada, existen dudas razonables acerca de la autoría del delito objeto de la acusación ( STS 383/2010, de 5-5 FD Segundo, que ratifica las de 9-5-2003). De esta forma, la STS de 17 de Julio de 2002 en que se dice que el in dubio pro reo "no es un derecho que asista al recurrente sino un instrumento del que se debe valer el Tribunal cuando no alcance la plena convicción sobre la culpabilidad del acusado". En estas circunstancias es obligado dictar sentencia absolutoria dado que la prueba de cargo es totalmente insuficiente para acreditar la participación de los acusados en los hechos que han sido objeto de acusación.

SEGUNDO.- Se acusa en tercer lugar por parte de las Acusaciones por dos delitos leves de maltrato de obra del art. 147.3 del Código Penal. Sin embargo el pronunciamiento absolutorio respecto de los citados delitos es del todo punto obligado habida cuenta que no se ha practicado prueba alguna respecto de los mismos en el plenario en el que no ha comparecido como testigo D. Jorge, siendo renunciada la citada prueba. De modo obvio no puede tenerse en cuenta la declaración policial del mismo al folio 3 de la causa en la que relata que cuando vio a los dos presuntos autores de los hechos "montándose en un coche negro" y estos lo vieron llamar a la policía se dieron la vuelta y uno de ellos le pegó un puñetazo. Dado que el citado testigo no ha comparecido al acto del juicio, renunciándose a la práctica de la citada prueba por las partes, no se ha practicado prueba alguna respecto del citado hecho, ni la relatada posterior agresión con una botella a la víctima del robo D. Vicente (que no se se recoge en los hechos objeto de acusación), a quien tampoco se le preguntó en el plenario sobre este particular.

Tampoco ha quedado acreditado que se produjera contacto físico alguno entre los acusados y ninguno de los concretos agentes que actuaron en la identificación y detención. Pese a que todos los que depusieron en el plenario coincidieron en que ambos ofrecieron una importante resistencia activa y que hacían aspavientos, se negaban a ser identificados y cacheados no detallan que ninguno de sus golpes, patadas o aspavientos alcanzaran físicamente a alguno o algunos de los agentes de forma concreta. Nada de esto se manifestó en el plenario por los agentes que declararon como testigos con lo que no puede tenerse por acreditada la existencia de un delito leve de maltrato de obra respecto de los mismos.

Por ello, al no haberse practicado prueba alguna con contenido incriminatorio debe absolverse a los acusados de los referidos delitos leves de maltrato de obra objeto de acusación.

TERCERO.- Por último, y respecto del último delito por el que se acusa en la presente causa a los acusados, un delito de resistencia a la autoridad del art. 556.1 del Código Penal, la conclusión debe ser distinta puesto que han quedado acreditados en este caso de la prueba practicada en el plenario todos y cada uno de los requisitos que integran en tipo penal.

Respecto los delitos contra el orden público, la STS 837/2017 de 20 de diciembre, fija la distinción entre el atentado y la resistencia y los diferentes tipos de conductas activas y pasivas que pueden darse en estos delitos.

Así, ratifica la doctrina sentada en STS 117/2017 de 23 de febrero, que recordaba la doctrina tradicional, conceptuaba el supuesto de resistencia típica como la que implicaba el empleo de una fuerza fundamentalmente física o mecánica, sin excluir la violencia moral que supone la intimidación como instrumento de la resuelta oposición del sujeto activo al cumplimiento de aquellas determinaciones que la autoridad o sus agentes estiman precisas en cada caso para el desempeño normal, normativamente determinado, de sus funciones. Así, si tal resistencia alcanza el carácter de grave, la conducta debe residenciarse en el artículo 550 del Código Penal y si no alcanza tal entidad en el entorno del artículo 556 del mismo. En aquellos supuestos ambiguos, es obvio que los principios de interpretación restrictiva de los tipos penales y favor rei, determinan la residualidad y aplicación preferente del tipo de resistencia.

Los elementos normativos a evaluar son pues:

a).- La actividad o pasividad del sujeto activo del delito

b).- La mayor o menor gravedad de la oposición al mandato que se elude por tal oposición.

Las SSTS 108/2015 de 10 de noviembre o la 534/2016 de 17 de junio, entre otras, recuerdan que en el seno de las conductas que punifica el artículo 556 se ha dado entrada a comportamientos activos al lado del pasivo que no comportan acometimiento propiamente dicho y aunque la resistencia del artículo 556 es de carácter pasivo, puede concurrir alguna manifestación de violencia o intimidación, de tono moderado y características más bien defensivas y neutralizadoras, cual sucede en el supuesto del forcejeo del sujeto con los agentes de la autoridad.

La entrada en vigor de la reforma operada en la inicial ley sustantiva penal en lo que se refiere al delito del artículo 556 se compone de dos apartados ( SSTS 044/2016 de 03 de febrero; 899/2016 de 30 de noviembre; 141/2017 de 07 de marzo; 338/2017 de 11 de mayo ó 652/2017 de 04 de octubre:

a).- En el primero de ellos, parangonable con el precedente legislativo, las modalidades comisivas discurren por los mismos cauces y con similares contornos que en la anterior regulación. Así se incluyen los supuestos de resistencia y de desobediencia grave no abarcados por el artículo 550 del referido Código Penal. Este carácter residual debe entenderse formulado en relación a la resistencia, pues artículo 550 incluye como conductas nucleares la agresión, la resistencia grave o el acometimiento, comportamientos de marcado carácter activo y proyección violenta.

b).- Queda claro que la desobediencia tipificada en el tipo es la de carácter grave. Sin embargo para identificar la resistencia que el nuevo precepto no adjetiva, hemos de acudir a su techo, integrado por el artículo 550. Este precepto, en su nueva redacción, incluye como modalidad de atentado la resistencia grave, entendida como aquella que se realiza por intimidación grave o violencia. El hecho de que de esta última no se califique de grave no implica que se incorporen en la nueva tipificación del atentado los supuestos de resistencia activa menos grave, que con arreglo a la jurisprudencia de la Sala Segunda quedaban hasta ahora relegados al artículo 556. La violencia es una actitud susceptible de presentar distintas magnitudes, y la intensidad de la que prevé el nuevo artículo 550 no puede desvincularse de la entidad que se exige a la resistencia calificada en este contexto de grave. De otro modo llegaríamos a la desproporcionada conclusión de que cualquier resistencia con un componente violento, por mínimo que éste sea, integraría un atentado.

El nuevo esquema de punición de estos delitos, aunque ha ampliado el espectro de sujetos protegidos, en lo que a los comportamientos nucleares se refiere no ha variado en relación al anterior, salvo en la previsión respecto a los hasta ahora incorporados en la falta del artículo 634, que la L.O. 1/2015 de 30 de marzo ha tipificado como delito leve en el apartado segundo del artículo 556 cuando se proyectan sobre autoridades, y expulsado de la órbita penal y reconducido al ámbito de la infracción administrativa cuando afectan a sus agentes. En consecuencia la doctrina elaborada por la Sala Segunda se mantiene en su integridad.

Así, siguen incorporados al artículo 556.1 los supuestos de resistencia pasiva grave y los de resistencia activa que no alcancen tal intensidad.

En consecuencia, cabe concluir lo siguiente:

1) La resistencia activa grave sigue constituyendo delito atentado del artículo 550.

En la nueva redacción del precepto se incluye como modalidad de atentado la resistencia grave, entendido como aquella que se realiza con intimidación grave o violencia.

2) La resistencia activa no grave (o simple) y la resistencia pasiva grave siguen siendo subsumibles en el delito de resistencia del artículo 556.

Aunque la resistencia es de carácter pasivo, puede concurrir alguna manifestación de violencia o intimidación, de tono moderado y características mas bien defensivas y neutralizadoras, cual sucede, por ejemplo en el supuesto del forcejeo del sujeto con los agentes de la autoridad. A este respecto las SSTS 778/2007 de 09 de octubre; 260/2013 de 22 de marzo; 57/2014 de 22 de enero, 108/2015 de 10 de noviembre o 73/2019 de 12 de febrero, fuerzan a considerar que la utilización de una violencia no excesiva con finalidad neutralizadora encaja más propiamente en el tipo de resistencia.

3) La resistencia pasiva no grave (o leve) contra la autoridad supone un delito leve de resistencia.

4) La resistencia pasiva no grave (o leve) contra agentes de la autoridad ha quedado despenalizada y puede ser aplicable la L.O. 4/2015 de 30 de marzo de Protección a la Seguridad Ciudadana.

Con este esquema, según el relato unánime de todos los agentes que intervinieron en la identificación y posterior detención de los acusados, tanto los Policías Locales, a cuyo testimonio ya se ha hecho referencia, como los agentes de la Guardia Civil que acudieron con posterioridad, los acusados se negaron en todo momento a identificarse y adoptaron una postura muy agresiva con los agentes, ofreciendo una resistencia activa llegando a interponerse en la puerta del vehículo de la Policía Local tratando de que el agente no pudiera bajar, dirigiéndose a él de forma intimidante con los puños cerrados y adelantando el pecho uno de los acusados, negándose ambos a la detención y provocando importantes daños en el vehículo policial que realizó el traslado de los detenidos, con patadas y golpes, tal y como relataron los agentes y tal y como queda acreditado con la inspección ocular y la pericial de tasación de daños del citado vehículo policial que obra a los folios 54, 55 y 79 de la causa.

A las conclusiones fácticas más arriba expuestas llega el Tribunal tras la conjunta valoración de la prueba practicada, como exige el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo el acervo probatorio más que suficiente para tener por desvirtuada la presunción constitucional de inocencia.

Así, los dos agentes de la Policía Local en el plenario fueron muy claros a la hora de expresar que los acusados en todo momento se negaron a identificarse y mostraron gran agresividad a los agentes.

Al respecto el Policía Local número NUM007 de Roquetas de Mar manifestó en el plenario que cuando se dirigieron a los acusados uno de ellos "se puso en el puerta y no le dejaba salir, tuvo que empujar la puerta para salir del vehículo. Estaba agresivo, se dirigió a ellos con los puños cerrados y el pecho adelante, se tuvieron que apartar de él (..). Intentaron identificar a estas personas pero su actitud era muy agresiva (...) no se querían identificar, así se lo decían (...) No hicieron fotos porque la actitud de este hombre era que no les dejaban bajar del vehículo y en forma peligrosa, se lió con los Guardias Civiles y entre cinco hombres no podían con él, si no guarda el hacha podía cogerla."

Por su parte en Policía Local número NUM008 de Roquetas de Mar que acompañaba al anterior y también depuso en el plenario relató respecto de la resistencia ofrecida por los acusados que "La persona que evita que lo vean, se acerca al vehículo impidiendo que el otro compañero abra el vehículo. Intentan que se separen del vehículo, intentan que se identifiquen y no lo hacen. (...) Se ponían agresivos, no se querían identificar. La persona que intentó evadir la acción policial, Cirilo, es el que tenía la actitud más agresiva. (...)La actitud de ellos era no identificarse y muy agresiva. Era imposible que se identificaran, la resistencia en todo momento era activa."

El agente de la Guardia Civil con TIP número NUM011 afirmó en el plenario que "cuando llegaron la Policía Local interactuando con dos personas que estaban alteradas, desafiantes, no colaborando en ningún momento, intentó cachearles pero no le dejaban hacían aspavientos con las manos, los tuvieron que introducir por la fuerza en coche policial por que no podían, provocaron daños en el coche policial, dando patadas y se llegó a romper la mampara del coche policial."

En idéntico sentido declaró el agente de la Guardia Civil con TIP número NUM009, relatando en el acto del juicio oral que "cuando llegan ven a una dotación de Policía Local y dos personas en actitud muy agresiva, van por una llamada de una pelea y posiblemente un arma blanca, llegan y ven a estas personas en actitud muy agresiva, se niegan a identificarse, a ser cacheados por si llevaban un arma, los tiene que detener porque mantienen esta actitud."

Por su parte la declaración de los acusados no resulta creíble a la hora de relatar que únicamente no entendían bien a los agentes por no comprender el idioma y que estaban muy borrachos fumando tranquilamente en la calle cuando llegaron los agentes. De hecho uno de los acusados, D. Cirilo, en su última palabra expresó su arrepentimiento por el comportamiento que tuvo con los agentes.

CUARTO.- Del referido delito de resistencia son responsables en concepto de autores los acusados, de conformidad con lo ordenado en los art. 27 y 28, párrafo primero del Código Penal, por haber tomado parte directa, material y voluntaria en su ejecución, incurriendo en la conducta integradora del mencionado tipo penal.

Como ya se ha expuesto ampliamente en el anterior fundamento debemos de considerar a ambos acusados responsables del delito de resistencia ya descrito. La declaración unánime de todos los agentes que intervinieron en la identificación y detención no deja lugar a dudas sobre el comportamiento agresivo y violento de los mismos hacia los agentes, negándose a la identificación y el cacheo, impidiendo la salida del coche de uno de los agentes, encarándose con ellos y negándose a entrar en el coche policial al que causaron graves daños dándole golpes y patadas durante el traslado, como queda acreditado en el inspección ocular del vehículo a los folios 54 y 55 de la causa y provocándole importantes daños.

QUINTO.- En la ejecución del delito más arriba mencionado no es de apreciar circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad penal, sin que se haya solicitado la apreciación de ninguna por ninguna de las partes.

SEXTO.- En orden a la individualización de la pena, el artículo 556.1 del Código Penal dispone que: "Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad." Habida cuenta el importante grado de violencia ejercida por parte de los acusados durante la intervención policial en todo momento, prolongándose esta actitud no solo durante la identificación a la que se negaron en todo momento sino también durante el traslado a dependencias policiales, provocando importantes daños en el vehículo policial con golpes y patadas, que han sido tasados en la cantidad de 151,25 euros (folio 79), procede imponer a cada uno de los acusados la pena solicitada por el Ministerio Fiscal de 9 meses de prisión, que se estima adecuada a la gravedad de las circunstancias particulares ya detalladas, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art 56 del CP ).

SÉPTIMO.- Prevé el art. 109 CP que "la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados" y añade el art. 110 que esa responsabilidad comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, añadiendo el art. 116.1 del CP que toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente.

En concepto de responsabilidad civil, por el delito cometido, el Ministerio Fiscal interesó se condenase a los acusados a satisfacer una indemnización a la Comandancia de la Guardia Civil por importe de 151,25 euros por las desperfectos causados en el vehículo policial, con los intereses legales que correspondan.

A tal petición se adhirió la Acusación particular sin que la defensa manifestase de forma concreta estar en desacuerdo con el cálculo de la citada cuantía. Por ello, dado que consta acreditado, como ya se ha razonado, que en el contexto de la resistencia mostrada por ambos acusados durante toda la intervención policial se producen los daños en el vehículo de la Guardia Civil al negarse los acusados a introducirse en el mismo durante la detención, mediante patadas y golpes, y acreditada documentalmente la realidad de los daños (folios 54 y 55) y su valoración (folios 78 y 79) se reputa ajustada a derecho dicha petición y procede la condena por dicho importe que resulta proporcionado.

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los acusados serán condenados al pago de un quinto de las costas procesales, dada la condena por uno de los cinco delitos por los que venían acusados.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,