Sentencia Penal 188/2023 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 2, Rec. 6/2023 de 18 de diciembre del 2023

PRIMERO: Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de tres delitos de lesiones del artículo 153 del Código Penal, siendo víctimas Nieves, David y Daniela, tres delitos de amenazas del artículo 169.2 del Código Penal, siendo igualmente víctimas Nieves, David y Daniela. Y un delito de maltrato habitual del artículo 173 del Código Penal respecto a Nieves.

Nos encontramos en este caso de delitos que se cometen en el ámbito de la violencia de género, siendo víctima de los mismos la esposa del acusado y sus hijos menores, que contaban con 3 y 5 años en el momento del suceso que desencadenó la denuncia. A ello se une que los delitos se cometen en el domicilio de la víctima y en presencia de menores.

El artículo 173.2 del Código Penal castiga la conducta del " que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza".

El artículo 153 del Código Penal dispone 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza "

Finalmente, y respecto del delito de amenazas, el artículo 169.2 dispone " El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional".

En el supuesto de autos, los episodios de maltrato, tal y como relata la víctima en los distintos informes que obran en las actuaciones comienzan desde el inicio de la relación, siendo en un principio chantajes para conseguir lo que quería, para posteriormente pasar a insultos, vejaciones, empujones, amenazas, primero a Nieves y posteriormente a sus hijos. Dichos episodios no habían sido denunciados por la víctima hasta el 24 de diciembre de 2021, fecha en la que Urbano la agredió a ella y a sus hijos, amenazándoles con causarles la muerte.

SEGUNDO: Del expresado delito resulta criminalmente responsable en concepto de autor, conforme a los arts. 27 y ss. del Código Penal, el acusado Urbano, por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución.

En el acto de juicio se practicó la declaración del acusado, de la víctima, Nieves, de los dos agentes de la guardia civil que acudieron al domicilio y que realizaron la detención de Urbano el 24 de diciembre de 2021. Declararon dos psicólogas, Celsa, psicóloga de los menores, y Consuelo, que ratificaron sus informes, así como la médico de referencia de Nieves, Delia. Comparecieron por último dos Médicos Forenses que elaboraron y ratificaron mutuamente el informe de imputabilidad de Urbano y los partes de sanidad tanto de Nieves como de sus hijos. Se reprodujo, a petición de la acusación y de la defensa, la exploración de los dos hijos menores que se realizó como prueba preconstituida.

El acusado declaró en el acto del juicio por primera vez, habiéndose acogido a su derecho a no declarar en fase de instrucción. Manifestó que había mantenido una relación normal con Nieves y que no la había insultado nunca. En cuanto a lo sucedido el 24 de diciembre manifestó que se levantó y bajó al piso de abajo y quiso coger unas tijeras para quitarse la vida pero que su mujer no paraba de moverse, se cayeron y entonces la agarró del cuello y la puso contra la pared, pero que cuando paró de moverse la soltó. Negó haber golpeado al menor David, al igual que haber amenazado de muerte a los tres.

Nieves en su declaración definió la relación mantenida con Urbano como tormentosa, con insultos constantes del tipo "inútil, no vales para nada, imbécil, puta", pero no había interpuesto denuncia hasta el día 24 de diciembre de 2021. Reprodujo casi palabra por palabra su declaración en sede de instrucción recogida el día 25 de diciembre, manteniendo que ese día Urbano se levantó, y bajó a la planta baja de la vivienda donde se encontraba ella con sus hijos, David y Daniela, y ante la negativa de Nieves de sentarse en sus rodillas, petición que le hizo Urbano se enfureció y comenzó a gritar y tirar cosas. Posteriormente se dirigió al lugar donde se encontraba David agachado jugando y agarrándolo del cuello, por debajo de la nuca, le golpeó contra el suelo para volver a agarrarlo después del cuello cuando el niño se giró y le miró. Ella consiguió separarle del niño y entonces se dirigió a la menor Daniela, que estaba en el sofá, la zarandeó y la tiró al suelo, manifestando que los iba a matar a todos y se dirigió a la cocina y cogió unas tijeras consiguiendo Nieves que cayeran al suelo. En ese momento, Nieves manifiesta que fue dirigiendo a Urbano por el pasillo con el fin de alejarlo de sus hijos y la agarró fuertemente del cuello y cuando ella le dijo que se ahogaba entre susurros la soltó, para posteriormente volver a cogerla del cuello y ahí cuando ya le faltaba el aire se agachó y las manos perdieron fuerza al tener que bajar y consiguió zafarse. Posteriormente Urbano siguió insultando y gritando para finalmente subir a la planta de arriba y en ese momento aprovechó Nieves para abandonar la vivienda y llamar a la policía. Durante ese episodio, Urbano amenazó de muerte tanto a Nieves como a sus dos hijos.

Los dos Agentes de la Guardia Civil que depusieron en el acto y que fueron los actuantes en el día de los hechos acudiendo tras la llamada de Nieves, manifestaron que estaba muy nerviosa, con mucho miedo y los niños llorando, que era evidente que había abandonado el domicilio con prisa puesto que no llevaba ropa propia para salir a la calle en diciembre. Cuando acudieron al domicilio vieron que Urbano se encontraba muy alterado y les manifestó que les iba a matar a ellos, a sus hijos y a su mujer porque era una puta.

Consuelo, psicóloga cuyo informe consta en el procedimiento manifestó que Nieves se encuentra en tratamiento psicológico desde marzo de 2022, realizando una sesión semanal. Afirmó que Nieves tiene miedo al daño físico anteponiendo siempre a sus hijos. Sostuvo que su testimonio era veraz. En el informe que emite hace constar que Nieves presenta síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático y trastorno disociativo, presentando miedo a su marido y a lo que le pueda hacer a ella y a sus hijos y a la vez sentimiento de culpa, respecto a sus hijos y la protección frente a Urbano.

Celsa, psicóloga de los menores, y cuyo informe también consta en las actuaciones, manifiesta que los menores no quieren hablar de lo ocurrido pero si manifiestan en algunas sesiones insultos y maltratos físicos por parte de su padre. Afirmó que los menores niegan a su padre, no le reconocen como tal y le llaman por su nombre de pila, siendo un signo de un posible maltrato hacia ellos. En su informe consta que los menores intenta evitar estímulos asociados al trauma, y evitan hablar de emociones tanto positivas como negativas.

Delia, médico de familia que ha atendido a Nieves y a sus hijos. En su declaración relató que Nieves se encontraba anímicamente mal y estuvo varias semanas con afonía y dolor de cuello.

Por último, comparecieron en el acto de juicio los dos Médicos Forenses, que ratificaron los informes de sanidad de Nieves, David y Adelina y el informe de imputabilidad de Urbano. Respecto del informe de sanidad de Nieves y las escoriaciones que sufría en el cuello, D. Nicolas que elaboró el informe manifestó que era compatible con presión con mano. Respecto del informe de imputabilidad y lo contenido en el mismo, Dª. Antonieta manifestó que relató lo que el acusado le dijo respecto a como sucedieron los hechos.

A la prueba practicada en juicio se añade la documental obrante en las actuaciones y que fue dada por reproducida por el Ministerio Fiscal, acusación particular y defensa, constando informes de las psicólogas que tratan a Nieves y las menores, y de la médico de familia que realiza su seguimiento o que lo realizaba al momento de los hechos. Los informes médico forenses de sanidad y el informe de imputabilidad de Urbano. La exploración de los menores, que se realizó como prueba preconstituida fue reproducida en el acto del juicio.

No hay ningún motivo para entender que no sea verdadero el testimonio prestado por Nieves, siendo el mismo creíble y mantenido en el tiempo, tanto en su declaración en el Juzgado de Guardia el 25 de diciembre, como el relato que consta en su denuncia, en lo narrado en los informes que constan en las actuaciones y el prestado finalmente en el juicio. Tan sólo hay una vacilación en su declaración y en la que prestó en instrucción relativa a como consiguió o cómo Urbano dejó de agarrarla fuertemente por el cuello, ya que en su declaración en el acto de juicio mantuvo que fue ella la que se zafó agachándose y cayendo al suelo consiguiendo que Urbano, ante lo sorpresivo de la maniobra la soltara. En instrucción y en el atestado manifestó que fue Urbano quien la soltó cuando ella le dijo que no podía respirar.

Es el propio Urbano el que, tanto en el acto del juicio como en el relato que hace en la comparecencia ante la forense que elabora su informe de imputabilidad, reconoce que agarró a Nieves del cuello y la apoyó en la pared y que cuando vio que le costaba respirar la soltó.

Es por este motivo, las dudas que existe ante la contradicción de la víctima tan sólo en ese punto relativo a que fue Urbano el que la soltó y no fue ella la que se zafó lo que lleva a esta Sala a entender cometido respecto a Nieves un delito de lesiones y no un delito de homicidio en grado de tentativa, ya que no ha resultado acreditado que, en efecto, Urbano persistiera hasta el punto de querer causar la muerte a Nieves y no poder hacerlo por hechos ajenos o por no conseguir su objetivo, ya que es posible y esta Sala alberga dudas de que soltara a Nieves de forma voluntaria. El principio in dubio pro reo debe informar siempre las resoluciones penales, y en este caso al haber una duda razonable procede la condena por un delito de lesiones que sí ha resultado acreditado.

La convicción de la Sala sobre los hechos que se declaran probados y su autoría, resulta de una valoración conjunta y en conciencia de la prueba practicada, tanto la prueba de cargo integrada por la testifical de la víctima, los informes que objetivan las lesiones de Nieves, David y Daniela, el relato de los agentes que acudieron a la llamada de Nieves y los informes psicológicos obrantes en las actuaciones, e incluso el informe de imputabilidad de Urbano en el que él mismo relata los hechos tal y como lo hizo Nieves en su denuncia; como la prueba de descargo, integrada en este caso por la declaración del acusado que negó parte de los hechos pero si reconoció parte del relato de la víctima, sobre lo ocurrido el 24 de diciembre y sobre la agresión a Nieves.

Como es común en este tipo de delitos, también en este procedimiento, el núcleo de la prueba de cargo es la declaración de la víctima, única testigo, en principio, directa de los hechos, ya que sus dos hijos, David y Daniela, también víctimas de los hechos contaban en ese momento 5 y 3 años, por lo que su relato no puede ser tenido en cuenta, más allá que como corroboración de lo manifestado por su madre, al no orientarse, como dijo su psicóloga, dada su edad, en el tiempo en el que sucedieron los hechos, y teniendo en cuenta que su exploración se realizó mucho tiempo después de suceder los hechos.

La validez del testimonio de la víctima como prueba de cargo, viene siendo reconocida tanto por el Tribunal Constitucional ( SSTC 201/89, 173/90 , 229/91), como por el Tribunal Supremo ( SSTS de 19 de febrero de 2000, 9 de abril y 16 de mayo de 2003 , 29 de noviembre de 2004 , 23 de mayo de 2006, entre otras muchas), si bien la jurisprudencia viene estableciendo ciertas notas o parámetros de valoración que, como apunta la STS de 19 de octubre de 2016 "sin constituir cada una de ellas un requisito o exigencia necesaria para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración, pues la lógica, la ciencia y la experiencia nos indican que la ausencia de estos requisitos determina la insuficiencia probatoria del testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre. Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación. Es claro que estos parámetros de valoración constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en el sentido de que frente a una prueba única, que procede además de la parte denunciante, dicha presunción esencial solo puede quedar desvirtuada cuando la referida declaración supera los criterios racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para proporcionar, desde el punto de vista objetivo, una convicción ausente de toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado. La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, como sucede con la declaración de un coimputado cuando carece de elementos de corroboración, pues se trata de una declaración que carece de la aptitud necesaria para generar certidumbre". Las SSTS de 11 de octubre, 9 de abril y 16 de mayo de 2003 que, respecto de las referidas cautelas garantizadoras de la veracidad del testimonio prestado por la víctima, señalan, siguiendo el criterio de la Sentencia del tribunal Supremo de 19 de febrero de 2000, las siguientes:

Ausencia de incredibilidad subjetiva, que pudiera resultar de sus características o de sus circunstancias personales. En este punto dos son los aspectos subjetivos relevantes: Sus propias características físicas o psicoorgánicas, en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y madurez (en el caso de menores) y la incidencia que en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener algunas veces ciertos trastornos mentales o enfermedades, como el alcoholismo o la drogadicción. La inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar bien de las tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor de sus declaraciones, o bien de las previas relaciones acusado-víctima, denotativas de móviles de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, que enturbien la sinceridad de la declaración haciendo dudosa su credibilidad, y creando un estado de incertidumbre y fundada sospecha incompatible con la formación de una convicción inculpatoria sobre bases firmes; pero sin olvidar también que aunque todo denunciante puede tener interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina de manera categórica el valor de sus afirmaciones ( Sentencia de 11 de mayo de 1994).

Verosimilitud del testimonio, basada en la lógica de su declaración y el suplementario apoyo de datos objetivos. Esto supone: La declaración de la víctima ha de ser lógica en sí misma, o sea no contraria a las reglas de la lógica vulgar o de la común experiencia, lo que exige valorar si su versión es o no insólita, u objetivamente inverosímil por su propio contenido. La declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que significa que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima ( Sentencias de 5 de junio de 1992 ( RJ 1992, 5857), 11 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7852), Auto de 17 de abril (RJ 1996, 2907) y 13 de mayo de 1996 (RJ 1996, 4547), y 29 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9218)). Exigencia que, sin embargo, habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración ( art. 330 LECrim (LEG 1882, 16)), puesto que, como señala la sentencia de 12 de julio de 1996 (RJ 1996, 5610), el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio si la imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las circunstancias concurrentes en el hecho. Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy diversos: lesiones en delitos que ordinariamente las producen; manifestaciones de otras personas sobre hechos o datos que sin ser propiamente el hecho delictivo atañen a algún aspecto fáctico cuya comprobación contribuya a la verosimilitud del testimonio de la víctima; periciales sobre extremos o aspectos de igual valor corroborante; etcétera.

Persistencia en la incriminación, que debe ser mantenida en el tiempo, y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones.

En el caso de autos, Nieves ha mantenido un relato sin apenas contradicciones, siendo prácticamente idéntica su declaración en sede de instrucción y la que realiza en el acto del juicio, con el único cambio antes mencionado en la forma de zafarse de su marido. Mantiene incluso los mismos gestos y la misma forma de escenificar lo sucedido ese día. Este testimonio de la víctima cumple con el primero de los parámetros, por ausencia de incredibilidad subjetiva, pues la Sala estima que la declaración prestada por Nieves en el plenario fue coherente y consistente, no encontrando motivo alguno para dudar de la veracidad de su testimonio. No se aprecia que la víctima estuviera fabulando, no constando que sufra patología o trastorno alguno que pueda conducirla a simular o inventar un relato de este tipo; como tampoco se intuye qué móvil espurio, como venganza, resentimiento, animadversión o cualquier otro, hubiera podido guiarla a denunciar unos hechos de estas características si no fuesen ciertos. No existe una hipótesis lógica alternativa a la realidad de los hechos denunciados, pues aun cuando el acusado negó parte los hechos si reconoció otra parte de los mismos, y constan en la causa partes médicos que objetivan las lesiones sufridas por Nieves y por sus hijos. La declaración de la víctima resulta asimismo verosímil desde un punto de vista objetivo, debiendo entenderse colmado este presupuesto por cuanto no resulta insólita o carente de lógica y aparece rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo acreditadas en el procedimiento, como es las lesiones sufridas, la declaración de los agentes que acudieron ante su llamada, y los informes médicos y psicológicos obrantes en las actuaciones.

Finalmente, debe analizarse los informes periciales obrantes en las actuaciones, elaborados por los médicos forenses que objetivan las lesiones y los informes psicológicos que corroboran las lesiones sufridas y las secuelas de Nieves, reconocidas por el médico forense en su ampliación de su informe. Al respecto de este tipo de informes señala la STS de fecha 3 de febrero del año 2.014 que "La pericial psicológica es un elemento corroborador más, no definitivo, pero sí útil e importante. El perito no puede usurpar la función de valoración de la prueba que corresponde al Juez. Éste no puede convertirse en un mero espectador o convalidador de las apreciaciones de los peritos, especialmente en un área como es la evaluación de declaraciones de menores en que existen unos cánones de examen que pertenecen al bagaje común de las máximas de experiencia, por más que según viene subrayando la literatura especializada si se confía esa valoración a la pura intuición es grande el riesgo de errores. No estorba por eso, antes bien es una ayuda a veces irremplazable, el concurso de conocimientos que proporciona la Psicología. Es una prueba científica que, como todas, aportará solo probabilidades y no seguridades". En este caso al menos dos de los informes, los realizados por las psicólogas que tratan a Nieves y sus hijos afirman que se ha producido una situación de maltrato respecto a ellos, y recogen, al menos respecto de Nieves, la veracidad de su testimonio. Valorada la prueba de cargo, como prueba de descargo encontramos exclusivamente la declaración del acusado, que prestó por primera vez en el juicio y en la que negó los insultos y amenazas y haber tocado a sus hijos, pero si reconoció haber cogido del cuello a Nieves. Nos encontramos ante un supuesto paradigmático de prueba en un delito en el ámbito de la violencia de género, en que se contraponen dos versiones contradictorias y mutuamente excluyentes en términos tales que la admisión de una, implica el rechazo de la otra y en nuestro caso, ponderando las circunstancias concurrentes y siendo que la declaración de Nieves, de acuerdo con la valoración expuesta, reúne los presupuestos de credibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia en su declaración, estimamos que esta declaración constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, más allá de toda duda razonable.

Concurren todos los elementos de los tipos penales de maltrato habitual, amenazas y lesiones.

En cuanto al delito de maltrato habitual previsto y penado en el artículo 173 del Código Penal, ha resultado acreditado que Urbano ha maltratado tanto física como psicológicamente a su esposa Nieves, maltrato que se ha prolongado a lo largo del tiempo, con insultos, agrediéndola en varias ocasiones.

En cuanto al delito de lesiones del artículo 153 del Código Penal, ha resultado acreditado con los partes de lesiones y los informes de sanidad obrantes en las actuaciones las lesiones sufridas tanto por Nieves como por David y Daniela.

Por último, respecto del delito de amenazas previsto en el artículo 169.2 del Código Penal ha resultado acreditado que Urbano amenazó de muerte tanto a Nieves como a sus hijos, llegando a reproducir dichas amenazas ante los agentes de la Guardia Civil que acudieron a su domicilio, a los que manifestó que los tenía que matar, refiriéndose expresamente a sus hijos y a su mujer, afirmando que a ésta la iba a matar porque era una puta.

Todos los delitos se han producido en el domicilio habitual de la familia y en presencia de menores.

Por todo lo expuesto, la calificación de los hechos se concreta como al inicio del presente se expone.

TERCERO: En la comisión de los delitos enumerados no ha concurrido ninguna circunstancia modificativa de responsabilidad.

CUARTO.- En cuanto a las penas a imponer por cada uno de los delitos

Respecto a Nieves, procede condenar a Urbano por,

Un delito de maltrato habitual del artículo 173.2 del Código Penal, contemplando dicho precepto una pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años.

El citado precepto recoge la imposición de la pena en su mitad superior cuando concurran alguna de las circunstancias que enumera, concurriendo en este supuesto dos de ellas, la comisión en el domicilio común y en presencia de menores, en este caso de muy corta edad. La concurrencia de ambas circunstancias y la especial gravedad de los hechos conlleva imponer la pena máxima, de 3 años de prisión con la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de 5 años. Igualmente procede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un plazo de 5 años. Asimismo, y de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 48 del mismo texto legal, procede imponer al acusado la prohibición de comunicarse con Nieves por cualquier medio y de acercarse a ella, a su domicilio o lugar de trabajo a una distancia de 500 metros por un periodo de 4 años.

Un delito de lesiones del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, contemplando dicho precepto la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. El apartado 3 de dicho precepto recoge la imposición de la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

En este supuesto, teniendo en cuenta que los hechos se cometen en el domicilio de la víctima y en presencia de menores, y atendiendo a la especial gravedad de los hechos ya que se debe tener en cuenta que agarró a la víctima fuertemente del cuello hasta en dos ocasiones, procede imponer la pena de prisión de 1 año, con la privación de la tenencia y porte de armas por un periodo de dos años e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un periodo de 5 años. Asimismo, y de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 48 del mismo texto legal, procede imponer al acusado la prohibición de comunicarse con Nieves por cualquier medio y de acercarse a ella, a su domicilio o lugar de trabajo a una distancia de 500 metros por un periodo de 4 años.

Un delito de amenazas del artículo 169.2 del Código Penal, imponiendo la pena de seis meses a dos años, procediendo imponer la pena de dos años de prisión atendiendo a las amenazas vertidas por el acusado a cada uno de los miembros de su familia, de forma individualizada y repitiendo esas amenazas incluso delante de los agentes de la Guardia Civil. Asimismo, y de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 48 del mismo texto legal, procede imponer al acusado la prohibición de comunicarse con Nieves por cualquier medio y de acercarse a ella, a su domicilio o lugar de trabajo a una distancia de 500 metros por un periodo de 4 años.

No procede apreciar la existencia de concurso ideal del artículo 77 del Código Penal, debiendo condenarse al acusado por cada uno de los delitos de amenazas cometidos hasta un total de tres, a su mujer, y a cada uno de sus hijos, ya que se tratan de amenazas individualizadas y continuadas respecto de cada uno de ellos.

Respecto de su hijo menor David, procede condenar a Urbano,

Un delito de lesiones del artículo 153.2 y 3 del Código Penal, contemplando dicho precepto la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. El apartado 3 de dicho precepto recoge la imposición de la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

En este supuesto, teniendo en cuenta que los hechos se cometen en el domicilio de la víctima y en presencia de menores, y atendiendo a la especial gravedad de los hechos ya que se debe tener en cuenta que agarró a su hijo del cuello y le golpeó la cabeza con el suelo, procede imponer la pena de prisión de 1 año, con la privación de la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un periodo de 3 años. Asimismo, y de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 48 del mismo texto legal, procede imponer al acusado la prohibición de comunicarse con David por cualquier medio y de acercarse a ella, a su domicilio o lugar de trabajo a una distancia de 500 metros por un periodo de 4 años.

Un delito de amenazas del artículo 169.2 del Código Penal, imponiendo la pena de seis meses a dos años, procediendo imponer la pena de dos años de prisión atendiendo a las amenazas vertidas por el acusa a cada uno de los miembros de su familia, de forma individualizada y repitiendo esas amenazas incluso delante de los agentes de la Guardia Civil. Asimismo, y de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 48 del mismo texto legal, procede imponer al acusado la prohibición de comunicarse con David por cualquier medio y de acercarse a ella, a su domicilio o lugar de trabajo a una distancia de 500 metros por un periodo de 4 años.

Respecto de su hija menor Daniela, procede condenar a Urbano

Un delito de lesiones del artículo 153.2 y 3 del Código Penal, contemplando dicho precepto la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. El apartado 3 de dicho precepto recoge la imposición de la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

En este supuesto, teniendo en cuenta que los hechos se cometen en el domicilio de la víctima y en presencia de menores, y atendiendo a la especial gravedad de los hechos ya que se debe tener en cuenta que agarró a su hijo del cuello y le golpeó la cabeza con el suelo, procede imponer la pena de prisión de 10 meses, con la privación de la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un periodo de 3 años. Asimismo, y de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 48 del mismo texto legal, procede imponer al acusado la prohibición de comunicarse con Daniela por cualquier medio y de acercarse a ella, a su domicilio o lugar de trabajo a una distancia de 500 metros por un periodo de 4 años.

Un delito de amenazas del artículo 169.2 del Código Penal, imponiendo la pena de seis meses a dos años, procediendo imponer la pena de dos años de prisión atendiendo a las amenazas vertidas por el acusa a cada uno de los miembros de su familia, de forma individualizada y repitiendo esas amenazas incluso delante de los agentes de la Guardia Civil. Asimismo, y de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 48 del mismo texto legal, procede imponer al acusado la prohibición de comunicarse con Daniela por cualquier medio y de acercarse a ella, a su domicilio o lugar de trabajo a una distancia de 500 metros por un periodo de 4 años.

QUINTO.- Los responsables criminales de un delito o falta, lo son también civilmente, con la extensión determinada y el carácter expresado en los arts. 109 y ss., así como los arts. 116 y concordantes del Código Penal.

Se ha solicitado por el Ministerio Fiscal una indemnización a favor de Nieves por 1125 euros por sus lesiones y 2000 euros por las secuelas. Para cada uno de los menores un importe de 275 euros.

Por la acusación particular se solicita una indemnización de 500 euros para cada uno de los menores por las lesiones físicas sufridas y 5.000 euros por las lesiones psíquicas. Para Nieves solicita 4000 euros por las secuelas y lesiones sufridas, y 10.000 euros por las lesiones psíquicas, haciendo un total de 25.000 euros.

Consiguientemente, como expone el Auto del TS, Sala 2ª, de 11-6-2015, nº 930/2015, rec. 476/ 2015 "cuando de responsabilidad civil se trata, como es el caso, el Tribunal deberá explicitar por qué, o en razón a qué, se concede; pero, es doctrina jurisprudencial consolidada que en la determinación del "quantum" indemnizatorio hay que partir del principio de que la misma es /competencia ponderadamente discrecional del Tribunal de instancia, dentro de los parámetros máximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de razonabilidad. Tres son, según se ha dicho, las exigencias que el Tribunal ha de respetar en esta materia: a) Necesidad de explicitar la causa de la indemnización; b) Imposibilidad de imponer una indemnización superior a la pedida por la acusación; y, c) Atemperar las facultades discrecionales del Tribunal en esta materia al principio de razonabilidad ( STS 23-1-2003 )".

En este caso la indemnización responde a las lesiones sufridas por Nieves y por sus hijos, David y Carmen y por las secuelas reconocidas a Nieves, trastorno adaptativo mixto, valorado en dos puntos. Es indudable que a ello se debe unir el daño moral sufrido por los menores y por su madre, siguiendo todos ellos terapia psicológica semanal, tal y como consta en los informes aportados y ratificaron en su declaración en el juicio las psicólogas que los atienden. Atendiendo a las lesiones sufridas y al daño psicológico causado por Urbano a su familia, procede indemnizar a cada uno de los menores en la cantidad de 500 euros por las lesiones sufridas y 5.000 euros por daño moral. Respecto a Nieves, las lesiones, añadiendo sus secuelas, se deben indemnizar en un importe de 4.000 euros. En cuanto al daño moral se debe tener en cuenta que Nieves ha sufrido un maltrato continuado por parte del acusado, que culminó con el episodio del 24 de diciembre de 2021 que dio lugar a la incoación del presente procedimiento, necesitando ayuda psicológica con anterioridad a poner fin a la situación de maltrato y que se mantiene en la actualidad con sesiones semanales, habiéndole generado dicha situación y su mantenimiento en el tiempo, incluso secuelas psicológicas. Todo ello lleva a fijar la indemnización por daño moral en 10.000 euros. Como se dice en la Sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2014 "la jurisprudencia del TS - ATS de fecha 27 de mayo del año 2.004, entre otros)- viene sosteniendo "... la dificultad de acreditar los daños morales, pues no permiten disponer de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente, debiendo atenderse a la gravedad del hecho o a sus connotaciones psíquicas, infiriéndose inequívocamente de los hechos enjuiciados, sin que precisen de prueba plena ( STS 17-5-02 ). Así como la determinación de la responsabilidad civil por daños materiales y físicos económicamente evaluables obedece a criterios compensatorios concretamente establecidos mediante las correspondientes pericias y otros elementos valorativos, así como al costo económico de la asistencia sanitaria y los perjuicios derivados de la pérdida de ingresos, cuando se trata de daños de índole moral, que por su propia naturaleza no son traducibles económicamente y por ello no pueden utilizarse como criterios o bases determinantes de la indemnización los mencionados para los daños físicos y materiales, la única base para medir la indemnización por esos perjuicios y daños anímicos es el hecho delictivo mismo del que éstos son su consecuencia o resultado causal, de tal suerte que la propia descripción del hecho constituye la base que fundamenta el "quantum" indemnizatorio señalado por el Tribunal sentenciador en el ejercicio de una prudente discrecionalidad únicamente revisable en casación cuando la valoración rebase los límites mínimos y máximos dentro de los cuales resulta razonable esa prudente discrecionalidad que en el caso presente no cabe tachar de arbitraria por desmesurada o extravagante ( STS 27-3-02 )".

SEXTO: Las costas procesales se han de imponer por ley a todo criminalmente responsable de un delito o falta, ya totalmente ya en la parte proporcional correspondiente, si hubiere varios acusados o no fueren responsables de todas las infracciones criminales objeto del procedimiento, conforme establecen los arts. 123 del Código Penal y 240-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluyéndose en el presente caso las causadas por la Acusación Particular.