Sentencia Penal 328/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10607/2023 de 18 de abril del 2024

PRIMERO.- Como primer motivo de recurso, se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ, por considerar que la sentencia recurrida infringe el derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 24.2, en relación con el art. 53.1, ambos de la CE.

1. El motivo que, entre extracto y desarrollo, se extiende en 15 líneas, se limita a decir que considera lesionado tal derecho tanto porque es objetable la valoración de la prueba que hace el TSJ desde la perspectiva de la necesaria racionalidad y congruencia que precisa para configurarla como prueba de cargo, como por cuanto que la declaración de la víctima entra en contradicción con los requisitos necesarios para tal configuración, manteniendo que no existe prueba de cargo suficiente y que el análisis realizado por la Sala de instancia carece de racionalidad en términos de lógica y no responde a la lógica exigible.

Presentado en esos términos el motivo, no pasa de ser una serie de afirmaciones, carentes de fundamentación, en la medida que no argumenta por qué entiende que la sentencia de apelación incurre en esa falta de racionalidad y congruencia que alega, por qué entra en contradicción el testimonio de la víctima con los requisitos jurisprudenciales para considerarla como prueba de cargo, y por qué el análisis que realiza la sentencia de instancia carece de la racionalidad que también alega, con lo que, al ser esto así, la realidad es que nos encontramos con un motivo carente, por completo, de fundamentación, que, por incurrir en el de inadmisión del art. 885.1º LECrim. , en el momento procesal ha de llevar a su desestimación.

No obstante lo dicho, hay razones de fondo que conducen a igual desestimación; y para mantener esto, conviene recordar nuestra doctrina cuando en casación nos enfrentamos ante motivos por error facti, así como por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, habiendo, como ha habido, además, previo a éste de casación, un recurso de apelación.

2. Así, en STS en 869/2023, de 23 de noviembre de 2023, entre otras, cuando se articula un motivo de casación por vulneración de este derecho fundamental, decíamos como sigue:

"Se impone con carácter previo un recordatorio acerca de la constante jurisprudencia de esta Sala referida al impacto de la reforma de la casación penal introducida por la Ley 41/2015, 5 de octubre. Sólo así puede llegar a entenderse el angosto espacio funcional que tenemos para valorar la impugnación de una sentencia que es, a su vez, respuesta a un recurso de apelación promovido contra la que se ha dictado en la instancia. La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante -recuerdan las SSTS 429/2023, 1 de junio; 399/2022, 22 de abril; 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero-, cuando se trata del recurso de casación promovido frente a una sentencia dictada en grado de apelación por el Tribunal Superior de Justicia, no puede prescindir del hecho de que la valoración de la prueba efectuada por el órgano de instancia ya ha sido objeto de fiscalización por la novedosa vía impugnativa que, aunque con un retraso histórico, ha sido arbitrada por la indicada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015. Se trataba, pues, de hacer efectivo el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior, tal y como reconoce el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La primera consecuencia, en ocasiones olvidada, es que el objeto del presente recurso no es la sentencia dictada en la instancia y confirmada en la apelación. El único objeto de la casación penal es la resolución emanada del Tribunal Superior de Justicia al pronunciarse sobre el recurso de apelación formalizado. De ahí que los argumentos que sirven de vehículo para expresar -ya en casación- la discrepancia con el desenlace del proceso tienen que centrarse en lo resuelto por el Tribunal ad quem, que en el marco de la apelación, es precisamente el Tribunal Superior de Justicia.

Por consiguiente, el esfuerzo argumental dirigido a cuestionar los razonamientos que se deslizan en la sentencia dictada inicialmente por la Audiencia Provincial desenfoca el alcance del recurso de casación promovido. La oportunidad que brindan los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, para hacer valer un recurso de casación por vulneración de derechos fundamentales, no puede ser interpretada como la última ocasión para reiterar ante el Tribunal Supremo argumentos que no fueron atendidos en la instancia y repetidos en apelación. La Ley 41/2005 no ha creado una apelación encadenada que autorice la repetición de aquello que no ha sido estimado en lo que erróneamente se interpretaría como la primera apelación.

Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio; 302/2020, 12 de junio)".

3. En lo que se refiere al recurso de casación por error en la valoración de la prueba, queda sujeto a los precisos cauces que la jurisprudencia ha ido señalando al abordar el motivo por error facti, del art. 849.2º LECrim. , conforme al cual cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso "sin resultar contradichos por otros elementos probatorios", no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar éste.

Junto a lo anterior, hay que insistir en que la sentencia que es objeto de recurso es la dictada por el TSJ, no la de instancia, así como que el recurso de casación no es un recurso ordinario, como lo es el de apelación, sino extraordinario y, por lo tanto, no se puede enfocar como si fuera una doble segunda instancia, que se suma a la anterior. En el caso, la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador ha sido validada por el tribunal de apelación, con un criterio por parte de éste que consideramos razonable.

No debe consistir, pues, el recurso de casación en una reiteración del contenido del previo recurso de apelación, porque esto supone convertir la casación en una nueva apelación, ni tampoco en plantear cuestiones nuevas no introducidas en la apelación, porque, al no haber sido discutidas con ocasión de ésta, se trata de cuestiones ya consentidas.

El recurso de casación ha de entablar, pues, un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia, pero lo que no es correcto es reproducir en casación lo ya desestimado en la apelación, por cuanto que esos mismos argumentos ya ha habrán sido objeto de estudio con ocasión del primer recurso, y tenido respuesta en él, lo que no quita para que no se deba ignorar la primera sentencia.

Esta es la doctrina seguida por esta Sala en diferentes sentencias, de entre las cuales acudimos a la STS 495/2020, de 8 de octubre, en la que decíamos lo siguiente:

"A partir de la reforma de 2015 lo impugnable en casación es la sentencia dictada en segunda instancia, es decir la que resuelve la apelación ( art. 847 LECrim) . Cuando es desestimatoria, la casación no puede convertirse en una apelación bis o una segunda vuelta del previo recurso, como un nuevo intento en paralelo y al margen de la previa impugnación fracasada. El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación; actuar como si no existiese una resolución dictada por un Tribunal Superior; es decir, como si se tratase del primer recurso y los argumentos aducidos no hubiesen sido ya objeto de un primer examen que el recurrente aparca y desprecia sin dedicarle la más mínima referencia.

El recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo".

4. Repasadas las actuaciones, constatamos el minucioso examen y valoración que, de la prueba practicada a su presencia, realiza el tribunal sentenciador y solo nos queda verificar la racionalidad del juicio de revisión realizado por el tribunal de apelación a la impecable valoración de la prueba hecha por aquél, pues, como recuerda el M.F. en su oposición al motivo, "no es función de un Tribunal de casación revalorizar íntegramente una prueba personal, no directamente presenciada, para preguntarnos si participamos de la convicción reflejada en la sentencia, o, por el contrario, subsiste alguna duda en nuestro ánimo interno", ya que, además de que carecemos de principios tan fundamentales en materia de valoración de prueba, como el de inmediación y contradicción, es cuestión que va más allá de la que nos corresponde por razón de nuestro control casacional.

En efecto, la sentencia de instancia en los más de 9 folios que de dedica a la valoración de la prueba, tras exponer los criterios jurisprudenciales en orden a tal valoración, entre ellos el relativo al conocido como triple test por lo que al testimonio de la víctima se refiere, que le sirve para afirmar la credibilidad que, por sí solo, lo declarado por ella es base para fijar los hechos que declara probados, en cuanto que considera que "en todo momento ha prestado una versión coherente, persistente y lineal", no se queda en ello, sino que pasa a hacer mención a los elementos de corroboración, que avalan ese testimonio, como son los informes psicológicos, como el de la UVFI, considerado por el tribunal sentenciador muy esclarecedor, en cuanto refleja que Diana "vivió tal situación de indefensión, de temor, por las represalias que él pudiera tener hacia ella o más concretamente a sus hijos, que le impedía actuar", y también la declaración de los hijos comunes, considerada "especialmente relevante", que "vienen a corroborar la versión de la madre", cuyos testimonios resume diciendo que "ambos menores coinciden en que su padre, Pelayo, les trataba muy mal y especialmente destacan este mal comportamiento en relación a su madre", y con alusión a los insultos y amenazas de muerte, coherente con lo cual la situación de sumisión y temor de la unidad familiar, base para la definición de los delitos de maltrato habitual, de amenazas y vejaciones, como también del quebrantamiento de medida cautelar, por cuanto que todo ello tenía lugar en el domicilio de Diana a quien tenía prohibido aproximarse y con la que tenía prohibido comunicarse, en razón a medida cautelar acordada mediante resolución judicial de la que tenía conocimiento.

Y en lo que al delito de agresión sexual se refiere, se cuenta con el testimonio de la víctima, sobre cuya credibilidad ya hemos hablado, pero también hace prueba lo declarado por el propio condenado, que, si bien reconoce las relaciones sexuales con aquélla, aunque consentidas, no es fácil admitir que así lo fuera, en ese clima de sumisión y temor que irradia toda su actuación, y así lo explica perfectamente la sentencia de instancia, cuando dice que "ha quedado suficientemente probado que Diana no consintió esas prácticas, sino que se sometió a ellas por el temor que tenía Diana, en el contexto del maltrato y amenazas antes referidos".

La sentencia de apelación, en el juicio de revisión que corresponde al TSJ, en verificación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia, es tan meticuloso como éste, y, tras repasar los elementos probatorios y constatar la racionalidad de su discurso lógico deductivo, concluye que "a la vista del material probatorio y del texto plasmado en la sentencia objeto de impugnación, no es posible asumir la idea de que el tribunal de instancia ha incurrido en error en la apreciación de la prueba o en una valoración irracional de la misma o de que se ha apartado de las reglas de las reglas de la lógica o las máximas de experiencia en sus inferencias o en la motivación fáctica, con afectación del derecho a la presunción de inocencia".

Y esta conclusión hemos de validarla, porque no es razonable que la sola versión de los hechos que mantiene el condenado, cuyo contenido exculpatorio es innegable, pueda primar frente a un creíble testimonio de la víctima, avalado por los informes psicológicos y el testimonio de los hijos, con el efecto sinérgico que les dota que sean coincidentes en lo sustancial.

Procede, pues, la desestimación de este primer motivo de recurso.

SEGUNDO.- Se formula un segundo motivo, por infracción de ley, al amparo del art. 849. 2º, al haberse aplicado indebidamente el art. 173.2, art. 178 en relación con el 179, sobre la agresión sexual.

Entre extracto y desarrollo el motivo no llega a 9 líneas completas, y se limita a decir que la agresión sexual fue una actitud espontánea, que no se acredita la falta de consentimiento de la víctima, lo que no pasan de ser unas simples alegaciones, sin el menor fundamento, que, de nuevo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 885.1º LECrim. darían lugar a una inadmisión del motivo que, en el momento procesal presente, se tornan en razón para su desestimación.

El motivo, aunque menciona el art. 849.2º LECrim. , más parece un motivo por error iuris del art. 849.1º, y, aunque cita el art. 173.2 CP, delito de maltrato habitual, y también el 178 y 179 CP, delito de agresión sexual, en su escaso desarrollo se limita a cuestionar a la condena, exclusivamente, por este segundo delito.

Dado que en el motivo anterior hemos rechazado las cuestiones afectantes a aspectos probatorios, trataremos éste como un motivo por error iuris, motivo sustantivo penal que, por lo tanto, obliga a pasar por el más escrupuloso respeto a los hechos declarados probados, en los cuales, al haber sido dictada sentencia con posterioridad a la entrada en vigor de la LO 10/2022, ya se hace la calificación de conformidad a la ley más favorable, que es la vigente en la época de los hechos, situados en el año 2019.

Si, como decimos, el juicio de tipicidad hay que hacerlo desde el respeto a los hechos probados, vemos que en ellos se describe una situación de agresión sexual continuada en el tiempo, con penetración, de quien es el marido a su mujer, sin consentimiento de ésta, lo que permite hablar del delito de agresión sexual con penetración (violación) del art. 178 y 179 CP (6 a 12 años de prisión), en continuidad delictiva del art. 74 (9 a 12 años), y agravante de parentesco del art. 23 (10 años y 6 meses a 12 años).

No ha habido debate sobre la calificación y siendo correcta la pena impuesta, procede desestimar el motivo.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente pago de las costas habidas con ocasión de su recurso.