Sentencia Penal 285/2023 Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 100, Rec. 42/2022 de 20 de julio del 2023

PRIMERO.- El jurado, tras valorar la prueba practicada en el juicio oral, ha emitido un veredicto de culpabilidad contra el acusado Ildefonso, al considerarlo culpable, por unanimidad, de causar la muerte a Vicente en los términos expuestos en los hechos 10, 13, 14 y 15 del objeto de veredicto sometido a su consideración.

Como precisó la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la STS 253/2018, de 24/05/2018, "En cuanto a la motivación de las resoluciones del Tribunal del Jurado, hemos recordado en SSTS 331/2015 de 3 junio y 492/2017 de 29 junio , la exigencia de motivación de las sentencias resulta, en primer lugar, del artículo 24.1, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente fundada, tanto sobre los hechos como sobre el derecho aplicable, así como acerca de la concreción de las consecuencias de tal aplicación. El carácter fundado de la resolución resulta precisamente de su suficiente motivación. En segundo lugar, de la previsión específica contenida en el artículo 120.3 de la Constitución . En ninguno de los dos casos se excluyen del ámbito de las previsiones constitucionales las sentencias dictadas por los tribunales de jurados que, en consecuencia, deben ser igualmente motivadas. Es lógico, sin embargo, que el nivel técnico de la fundamentación no sea el mismo cuando se trata de tribunales profesionales o de tribunales compuestos por legos. Tampoco las exigencias son las mismas cuando se hace referencia a la motivación del veredicto, que corresponde a los jurados, o a la motivación de la sentencia que corresponde al Magistrado Presidente. En cualquier caso, como hemos reiterado, la exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso. Igualmente contribuye a que el propio órgano que dicta la resolución verifique su correcta fundamentación.

Motivar, es, en definitiva, explicar de forma comprensible las razones que avalan las decisiones que se hayan adoptado en la resolución, tanto en lo que afecta al hecho como a la aplicación del derecho. Por lo tanto, los jurados deberán explicar su decisión sobre los hechos de forma entendible para terceros, aunque lo hagan desde los límites impuestos por su condición de legos en derecho.

En efecto, tal como recuerdan las SSTS 919/2010 de 14 octubre y 459/2014 de 10 junio hay que puntualizar la dosis de motivación que debe asistir a las afirmaciones o negaciones del Jurado sobre la prueba de los hechos que constituyen el objeto del veredicto. La explicación sucinta de razones que el art. 61.1 d) de la Ley manda incluir en el correspondiente apartado del acta de votación, puede consistir en una descripción detallada, minuciosa y critica de la interioridad del proceso psicológico que conduce a dar probados o no los hechos que se plasman en el objeto del veredicto. Esta opción, solo accesible a juristas profesionales, sobrepasa los niveles de conocimiento, preparación y diligencia que cabe esperar y exigir a los componentes del Jurado. A esta postura se contrapone una posición minimalista de que estando al conjunto de las pruebas practicadas, el Jurado se abstiene de otras precisiones y, así las cosas, declaraba probados unos hechos y no probados otros de la totalidad de los propuestos. Esta opción podría entenderse insuficiente porque al adoptarla sólo expresa que no se ha conducido el Jurado irracionalmente, ni ha atentado contra el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Cabe finalmente una tesis razonable intermedia, en la que el Jurado, en la sucesiva concatenación de los hechos objeto del veredicto, individualiza las pruebas y cualesquiera otros elementos de convicción cuyo impacto psicológico le persuade o induce a admitir o rehusar la versión histórica de los respectivos acontecimientos.

Esta es la opción más razonable.

En efecto como recordábamos en STS 694/2014 de 20 octubre en relación a la motivación de las sentencias, "tiene establecido esta Sala que cuando son dictadas en un procedimiento de Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. Por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado solo requiere en el artículo 61.1.d ) que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 7-2 ; y 454/2014, de 10-6 , entre otras).

Y en las mismas sentencias que se acaban de citar también se argumenta que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la Ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias, ha estimado en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada, ha redactado el objeto del veredicto y ha debido impartir al Jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente. Visto lo cual, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos indiciarios ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, inferibles de aquellos".

Y, en este mismo sentido, la STS 960/2022, de 15/12/2022, recuerda que

"Venimos reiterando ( SSTS 509/2021, de 10 de junio y 658/2021 ) que no puede exigirse a los ciudadanos que integran un Jurado el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que a un juez profesional ( STS 694/2014, de 20 de octubre ) y que conforme al artículo 61.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , solo se precisa que en el acta de votación figure la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Por tanto, la motivación del veredicto debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 1-2 ; y 454/2014, de 10-6 , entre otras).

...La STS. 132/2004 de 4 de febrero nos dice también que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Por tanto en el caso de las sentencias del Tribunal del Jurado la motivación es plural en cuanto que viene determinada por el Acta de votación y por el complemento que realiza el Magistrado-Presidente.

... La función del magistrado-presidente, de dar forma y complementar el veredicto del Jurado, es extremadamente relevante, en cuanto que el tribunal del Jurado está compuesto por un colegio de jueces legos que generalmente no está en condiciones de realizar una completa motivación de su decisión, de la misma forma que puede hacerlo un juez profesional. En la STS 651/2017, de 3 de octubre se precisó esta obligación. Dice la sentencia: "(...) la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la Ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias, ha estimado en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada, ha redactado el objeto del veredicto y ha debido impartir al Jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente. Visto lo cual, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos indiciarios ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, inferibles de aquellos. Se añade en estas sentencias, sobre esa motivación complementaria atribuible al Magistrado-Presidente que para que pueda operar esta labor complementaria se ha de contar siempre con una mínima motivación probatoria que le permita actuar como instrumento técnico colaborador del colegio de legos. Sin que pueda, obviamente, desempeñar su función ancilar en la redacción de la sentencia cuando el Jurado no le proporcione los elementos de convicción de los que se valió para obtener el veredicto ni tampoco una sucinta explicación. De no entenderlo así, se dictaría una sentencia sin una intervención real del Jurado, puesto que éste no habría llegado a plasmar una convicción probatoria mínimamente razonada sobre los hechos, por lo que la decisión sobre la premisa fáctica solo contaría con la convicción de un juez profesional, que actuaría autónomamente y no como un mero complemento, desnaturalizando y adulterando la esencia del juicio mediante Jurado al no poder operar con la base de la convicción del Tribunal popular que decide sobre la certeza de los hechos (...)". Anclaje que en este caso resulta indiscutible.

...Dicho lo anterior, hemos precisado en esa labor de complemento o de integración el Magistrado puede y debe poner en orden los indicios valorados por el Jurado y puede ampliarlos en función del resultado de la prueba, tomando en consideración la totalidad del veredicto.

...En la STS 658/2021, de 3 de septiembre , recordábamos que sobre la complementación del veredicto, esta Sala, en interpretación del artículo 70.2 LOTJ ha conformado una doctrina que sitúa a la argumentación del Presidente en una posición autónoma y de reforzamiento de las cuestiones declaradas probadas en el objeto del veredicto (véanse, entre otras SSTS 1385/2011, de 22 de diciembre ; 154/2012, de 29 de febrero ; 144/2013, de 29 de enero ; 486/2013, de 31 de mayo ; o 875/2016, de 21 de noviembre ), con base fundamentalmente en la diversificación de funciones, reflejada en el contenido de los artículos 3 y 4 de la LOTJ , que tiene una de sus más trascendentes consecuencias en la imposición al Magistrado Presidente de la obligación que describe el artículo 70.2 de la ley reguladora, una vez descartó la posibilidad de disolver el Jurado. En palabras que tomamos de la STS 1385/2011, de 22 de diciembre , a la que se remiten las posteriores "En el caso de que, por declararse probados por el Jurado los hechos que lo justifican, la sentencia sea de condena, el Magistrado Presidente la redactará exponiendo ahora aquellos motivos, que, antes, fueron determinantes para que su decisión fuera la de no disolver el Jurado y someterle el objeto del veredicto. No se trata pues de que el Magistrado justifique la decisión del Jurado declarando un hecho probado. Es la suya la que debe justificarse, porque, en cuanto que es la que decide que esa eventual condena respetaría la garantía de presunción de inocencia, es precisamente esa decisión, y solamente esa decisión, del Magistrado Presidente, en cuanto a la admisibilidad constitucional de la condena, la que es susceptible de someterse a control por vía de recurso de apelación fundado en el motivo del artículo 846 bis c) apartado e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

...A la vista de cuanto se acaba de exponer advertimos que el veredicto del Jurado está suficientemente motivado en cuanto se precisaron respecto de la cada una se las preguntas que le fueron formuladas los elementos de convicción tenidos en cuenta para establecer su pronunciamiento. En efecto, el Jurado no debe realizar una motivación extensa similar a la de un juez profesional. Debe precisar los elementos de prueba que le llevan el convencimiento de los hechos que declara probados o no probados y debe dar una explicación sucinta de su criterio y así lo venimos proclamando de forma constante".

Y, en el presente caso, el acta de votación del Tribunal del jurado cumple sobradamente los requisitos antes indicados, pues la motivación que en ella se incluye en modo alguno puede considerarse sucinta sino en todo caso amplia y, en algunos extremos, incluso minuciosa y detallada. En este sentido, y como nos dice la STC 15/2014, de 30 de enero sólo cabe considerar insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. Lo que, evidentemente no acontece, como acto seguido se expondrá al realizar la labor encomendada a este Magistrado-Presidente de complementar la motivación reflejada en el Acta de votación del veredicto.

Debe señalarse en primer lugar que el jurado, en su valoración de la prueba practicada, ha analizado no solo la prueba de cargo, en el presente caso la mayor parte de carácter indiciario, sino también la prueba de descargo, y ello para restar relevancia, a los efectos de generar posibles dudas, a la hipótesis alternativa planteada por la defensa.

En este sentido el jurado ha estimado como probados una serie de hechos acaecidos antes de las 11:26 horas del día 23 de septiembre de 2021 y otros acaecidos a partir de las 11:49 horas del citado día, varios de ellos admitidos por el acusado en su declaración en el plenario: que el día 23 de septiembre de 2021 Ildefonso concertó una cita con Vicente, para abonarle una cantidad de dinero que le adeudaba; que sobre las 11:00 horas del citado día 23 de septiembre Ildefonso envió un mensaje a Vicente en el que le decía "salgo para ahí"; que Ildefonso se desplazó hacia el domicilio de Vicente a bordo de su vehículo, modelo Fiat Seicento matrícula ....-RVR, llegando sobre las 11:26 horas a la rotonda de la Avenida de Monelos, que da acceso a la CALLE001, donde vivía el fallecido; y que tras abandonar el lugar al volante del citado vehículo Ildefonso accedió a la Avenida de Alfonso Molina por la que circuló sentido salida de la ciudad sobre las 11:49 horas. Y a partir de ahí, y valorando los indicios que a continuación mencionaremos, el jurado llegó a la conclusión de que en ese intervalo de tiempo (entre las 11:26 y las 11:49 horas) Ildefonso accedió a la vivienda de Vicente y le dio muerte en las circunstancias que se han reflejado en el relato de hechos probados.

En particular, y en cuanto a la prueba de descargo, cabe detenerse en lo razonado por el jurado para no dar por acreditada la alegación del acusado relativa a que tras tener en su poder, el día 22 de septiembre de 2021, las llaves del domicilio del fallecido (hecho admitido por Ildefonso en su declaración en el plenario) se las hubiera devuelto en la noche de ese mismo día 22 de septiembre:

"El día 22/09/21 el acusado estaba en posesión de las llaves del domicilio de la víctima como indica el propio acusado en su declaración de la Sesión 6 del juicio, que además reafirma el vecino Baldomero en su declaración de la Sesión 2 del juicio. No obstante, no está probado que el acusado le devolviera las llaves esa noche en el Parque Ofimático, como así afirma en su declaración por las siguientes pruebas:

No hay ningún mensaje que confirme ni el encuentro ni la devolución de las llaves.

No hay ningún testigo conocido que haya confirmado el encuentro.

La última imagen registrada de la víctima es a las 9:04:45 (páginas 243-244 del Acontecimiento 118) donde se le ve en la rotonda de la Avenida de Monelos en dirección a su domicilio. Esto indica que dicho encuentro no se podría haber producido después de las 9:04 minutos en caso de que la víctima acudiese al encuentro con su moto (vehículo habitual), pues habría sido registrado por esta cámara en horas posteriores (solo se puede entrar en la CALLE001 pasando por la visión de la cámara y es un hecho que la moto a día 23/09/21 estaba aparcada en la puerta de su domicilio).

El acusado llega a su domicilio a las 21:34:16 y se mantiene conectado a las antenas habituales próximas a su domicilio hasta el día siguiente, como queda registrado en la página 318 del Acontecimiento 118.

Por todos estos indicios consideramos probado que el (día 23/09/21 el acusado mantenía en su poder dichas llaves".

Lo que resulta relevante por cuanto (hecho 16 del objeto del veredicto, declarado probado por unanimidad) el autor de la muerte de Vicente, al abandonar la vivienda del fallecido, cerró con llave la puerta exterior, habiendo declarado el testigo Inocencio, persona que localizó el cadáver de Vicente, que para acceder al interior de la vivienda tuvo que abrir la puerta exterior, que estaba cerrada con llave.

Y tampoco el jurado consideró verosímil la explicación dada por el acusado respecto al posible origen accidental de la huella de pisada de su zapatilla localizada y revelada sobre una mesa en la vivienda del fallecido: Además, se encontró una huella coincidente con unas zapatillas halladas en la casa del acusado, como se explica en el informe de huellas de pisada recogido en el Acontecimiento 255. A mayores, tanto la colocación del paraguas como la pisada en la mesa no coinciden con la descripci6n aportada por todos los testigos que conocían a la víctima, quienes afirman que se trataba de una persona ordenada, meticulosa y limpia. Esto indica que ambas pruebas son recientes. El acusado declaró que la huella pudo haber sido de cualquier día anterior mientras le ayudaba a ciertas tareas como, por ejemplo, a cambiar una bombilla. Sin embargo, el jurado no lo considera probado y no se aprecia ninguna lámpara en las inmediaciones de dicha mesa (Ilustración 5 del Acontecimiento 64).

Por último no está de más recordar, en cuanto a la valoración de la prueba de descargo que:

- con arreglo al principio de relevancia, la prueba que ha de ser objeto de valoración es la que la tenga de cara a la decisión del pleito, de manera que, constatada la realidad de la acusación, y descartada la hipótesis de la defensa, la presentada por esta, que pudo ser considerada como prueba pertinente, y admitida, por tanto, en el proceso para apoyo de su tesis, habrá perdido su eventual eficacia, por incompatibilidad y/o exclusión con la eficacia de la de cargo( STS 96/2021, de 04/02/2021)

- la estimación como prevalente de la prueba de cargo en ocasiones lleva implícita la desestimación de la de descargo en aquéllos puntos en los que exista contradicción ( STS 762/2014, de 19/11)

- el tribunal no viene obligado a una valoración exhaustiva de cada una de las pruebas; no toda omisión de valoración probatoria de algunas pruebas justifica la lesión del deber de motivación ( STS 170/2023, de 09/03/2023).

- No se trata de abordar todas y cada una de las afirmaciones de descargo ofrecidas por la parte pasiva del proceso; el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente ( STS 140/2018, de 22/03/2018).

Todo ello con relación al hecho de que el jurado no haya considerado relevante lo declarado por el testigo Ricardo respecto a la hora en la que, el día 23 de septiembre de 2021, habría visto con vida a Vicente: en el plenario manifestó que entre las 10:30 y las 12 horas, de manera aproximada, sin poder precisar una hora exacta; y en su declaración en instrucción, aportada en la vista ante su posible contradicción con la anterior, sobre las 12 horas, si bien con la precisión de que esa hora a la que ha apuntado (a la que habría visto a Vicente) es una hora aproximada. Pues como se ha dicho, el jurado ha situado la muerte de Vicente en el intervalo de tiempo que va desde las 11:26 hasta las 11:49 horas del día 23 de septiembre de 2021, descartando por ello que pudiera haber sido visto con vida después de esta última hora.

Asimismo tampoco considera verosímil el jurado la explicación ofrecida por el acusado con relación a las posibles circunstancias por las que un perfil genético coincidente con el suyo (ADN) había sido identificado en la tela del paraguas y en el interior de una mascarilla localizadas en la vivienda del fallecido: tanto la colocación del paraguas como la pisada en la mesa no coinciden con la descripci6n aportada por todos los testigos que conocían a la víctima, quienes afirman que se trataba de una persona ordenada, meticulosa y limpia. Esto indica que ambas pruebas son recientes.

Debemos ahora exponer las pruebas de cargo valoradas por el jurado para concluir que en el intervalo de tiempo que va desde las 11:26 hasta las 11:49 horas del día 23 de septiembre de 2021, el acusado accedió a la vivienda de Vicente, lo agredió, causándole la muerte, y acto seguido abandonó la vivienda.

Siendo un hecho declarado probado y reconocido por el acusado en su declaración prestada en el plenario, que en la mañana del día 23 de septiembre de 2021 y tras enviar un mensaje a Vicente, Ildefonso se desplazó en su vehículo al domicilio del fallecido (hechos 4, 5, 6, 8 y 9 del objeto del veredicto), el jurado, por el contrario no consideró creíble lo dicho por el acusado cuando declaró que llamó al timbre de la vivienda de Vicente, no obtuvo respuesta, esperó unos minutos y se marchó, sin llegar en ningún momento a acceder al interior de la vivienda. Y acreditado (hechos 18 y 19 del veredicto, declarados probados por unanimidad) que Ildefonso se ausentó del lugar en su vehículo, circulando sobre las 11:49 horas por la Avenida de Alfonso Molina, hecho no cuestionado por el acusado, el jurado valora como elementos de prueba indiciaria que le permiten concluir que Ildefonso sí accedió en la mañana del 23 de septiembre al domicilio de Vicente, lo agredió y le causó la muerte, saliendo acto seguido de la vivienda, cerrando con llave la puerta exterior y llevándose consigo el teléfono móvil del fallecido (hechos 10, 16 y 17 del veredicto, declarados probados por unanimidad) los siguientes:

- que acusado y fallecido habían concertado un encuentro en el domicilio de la víctima sobre las 11:00 horas con la finalidad de que el acusado le pagara una cantidad de dinero que le adeudaba.

- que la víctima se encontraba con vida y en su domicilio cuando el acusado llegó, ya que a las 10:30 le realizó una llamada y lo estaba esperando. Además, la víctima se mantiene conectado a las dos mismas antenas hasta su desconexión, lo que no indica movimiento.

- que el acusado pudo entrar en el domicilio porque la víctima lo conocía y, según las declaraciones del testigo Inocencio la víctima no abría la puerta si no reconocía a la persona en el video portero.

- que en la escena del crimen (domicilio del fallecido) se encontró únicamente el ADN concluyente coincidente con el del acusado y la víctima. Este ADN se encontró mezclado en la tela del paraguas y en el interior de una mascarilla. Además, se encontró una huella coincidente con unas zapatillas halladas en la casa del acusado. A mayores, tanto la colocación del paraguas como la pisada en la mesa no coinciden con la descripci6n aportada por todos los testigos que conocían a la víctima, quienes afirman que se trataba de una persona ordenada, meticulosa y limpia. Esto indica que ambas pruebas son recientes. Esto es, el jurado las considera relacionadas de manera directa con la muerte de Vicente.

- que el acusado salió del domicilio y pudo cerrar la puerta exterior con la llave que mantenía en su posesión.

- que el teléfono móvil de la víctima no se encontró en el registro de la vivienda y como fue el acusado la última persona en estar en la vivienda hasta el hallazgo del cadáver, solo él pudo llevárselo.

- que existía además un móvil para la comisión del delito, pues el acusado estaba en una situación económica angustiosa y altamente presionado por parte de la víctima para que le abonara el dinero que le adeudaba. Como consta en los hechos 1 y 2 del veredicto, declarados probados por unanimidad, y reiterando lo ya dicho, el día 23 de septiembre de 2021 acusado y fallecido habían concertado una cita con la finalidad de que Ildefonso abonara a Vicente una cantidad de dinero que le adeudaba y que éste último le venía reclamando.

En palabras de la STS 337/2023, de 10/05/2023,

"La prueba indiciaria o indirecta no goza necesariamente de menor valor o fuerza que la prueba directa. Su admisibilidad no es fruto de la resignación, una irremediable concesión a criterios defensistas para evitar intolerables impunidades. No. La doctrina sobre la prueba indiciaria no encierra una relajación de las exigencias de la presunción de inocencia. Es más: la prueba indiciaria es muchas veces fuente de certezas muy superiores a las que brindaría una pluralidad de pruebas directas unidireccionales y concordantes.

Evoquemos alguno de los muchos pronunciamientos del TC sobre la denominada prueba indiciaria o indirecta, la STC 133/2014, de 22 de julio , -citada posteriormente en la STC 146/2014, de 22 de septiembre - recordando las SSTC 126/2011 , 109/2009 y 174/1985 resume una consolidada doctrina. También la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia -proclama-, siempre que se cumplan unos requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso tanto que el órgano judicial exponga los indicios como que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, d) este razonamiento ha de venir avalado por las reglas del criterio humano o de la experiencia común (en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre "una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes" (- SSTC 220/1998, de 16 de noviembre , FJ 4 ; 124/2001, de 4 de junio , FJ 12 ; 300/2005, de 21 de noviembre , FJ 3 ; 111/2008, de 22 de septiembre , FJ 3-)".

En idéntico sentido la STS 419/2019, de 24/09/2019, ya señalaba que

"En el análisis de la razonabilidad de esa regla que relaciona los indicios y el hecho probado hemos de precisar ahora que solo podemos considerarla insuficiente desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia, si a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado o desde una perspectiva externa y objetiva que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable.

... El recurrente cuestiona la suficiencia de los indicios que destaca la sentencia recurrida, pero esta Sala, SSTS 56/2009, de 9 de marzo ; 877/2014, de 22 de diciembre ; 796/2016, de 27 de septiembre , ya ha descartado el error de pretender valorar aisladamente los indicios, ya que la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de la interrelación y combinación de los mismos, que concurren y se refuerzan respectivamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección ( SSTS. 14.2 y 1.3.2000

... En suma, resultará probada la hipótesis sobre el hecho que se fundamente sobre diversas inferencias presuntivas convergentes cuando esa hipótesis éste dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de otras hipótesis a las que se refieren otras inferencias presuntivas, mucho más débiles y por tanto incapaces de alterar la firmeza de aquella que se proclama como predominante.

...Pero conviene insistir en que la validez de unos indicios y la prevalencia de la inferencia obtenida de ellos, no puede hacerse depender de que no existan indicios que actúen en dirección contraria. En términos generales, la suficiencia de unos indicios no exige como presupuesto la exclusión total y absoluta de la hipótesis contraria. La concordancia de las inferencias puede no ser necesaria. Incluso si uno o varios juicios de inferencia son suficientes por sí solos para justificar las hipótesis sobre el hecho, mientras que otras presunciones se refieren a hipótesis distintas pero les atribuyen grados débiles o insuficientes de confirmación, es siempre posible una elección racional a favor de la hipótesis que goza de una probabilidad lógica prevalente, aunque exista la posibilidad de otras inferencias presuntivas, incapaces por sí solas de cuestionar la validez probatoria de aquella que permite, más allá de cualquier duda razonable, respaldar la que se impone como dominante".

Y esto es lo que sucede en el presente caso: el jurado ha explicado las razones por los que considera probados los diferentes indicios; los hechos constitutivos del delito se deducen de estos hechos base (indicios); y el jurado ha reflejado también el razonamiento o engarce lógico, conforme a las reglas de la experiencia común o del criterio humano, entre los hechos base y los hechos consecuencia. En definitiva el jurado ha considerado acreditado que el día 23 de septiembre de 2021, después de las 11:26 horas, el acusado accedió al interior de la vivienda de Vicente y le causó la muerte.

En cuanto a la manera en que se produjo la muerte de Vicente, hechos 10 a 13 del veredicto, el jurado la ha considerado acreditada por lo recogido en el informe médico forense de la autopsia (acontecimiento 283), cuyas conclusiones fueron ratificadas por los médicos forenses en su declaración en la sesión del día 09/06:

La víctima sufrió una herida incisa a nivel del esternón, de 33 mm de longitud, que atravesó los planos musculares y el hueso, llegando hasta la cavidad torácica; así como 18 heridas en la espalda, 11 de ellas alcanzaron el plano muscular y 5 penetraron en la cavidad torácica. Las heridas provocaron a Vicente un hemotórax y la perforación de la arteria pulmonar derecha, causando su muerte por shock hipovolémico.

En este sentido, los médicos forenses Salome y Federico declararon en el plenario que el fallecimiento de Vicente se produjo entre el día 20 y el día 24 de septiembre; que la herida frontal cortó el hueso del esternón, lo que implica el empleo de cierta fuerza; que ésta herida es la esencial, la que causó la muerte, no de manera inmediata, pero sí en pocos minutos; que de las heridas de la espalda algunas eran superficiales pero cinco de ellas alcanzaron la cavidad torácica; que estas heridas podrían haber causado la muerte de manera diferida, en horas o días, si la víctima no recibe asistencia.

Añadieron también que el arma aparentemente utilizada sería un cuchillo de un solo filo; que una única arma podría haber ocasionado todas las lesiones; que la hipótesis más factible es la de que se hubiera utilizado una única arma, aunque no se puede afirmar a ciencia cierta. En cuanto al orden en que pudieron haber sido causadas las heridas con el arma, indicaron como hipótesis factible, compatible con lo que observaron, la de que la primera herida fuera la del esternón, y que en ese momento el agredido se girara para huir y continuara siendo apuñalado. En todo caso por las lesiones en sí no es posible determinar cuál fue la primera puñalada que recibió la víctima, ni donde estaban situados agresor y agredido; en todo caso, la herida en el esternón estaba situada en sentido descendente.

Y en cuanto a las circunstancias en las que se produjo la muerte, el jurado consideró acreditado por unanimidad, conforme se refleja en los hechos 14 y 15 del veredicto, la concurrencia tanto de alevosía cómo de enseñamiento.

Con relación a la primera de las citadas circunstancias, la alevosía, el jurado la consideró acreditada ante la ausencia de signos de lucha, esto es, de heridas de defensa en la víctima, tal y como se refleja en el informe de autopsia, conclusión ratificada en el plenario por los médicos forenses.

Cómo precisa la STS 300/2023, de 26 de abril, la circunstancia agravante de alevosía se aplica a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas, radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada, por más que pueda ser compatible con intentos defensivos ínsitos en el propio instinto de conservación.

Recordando la STS 408/2019, de 19 de septiembre, que para que exista alevosía no es imprescindible que de antemano el agente busque y encuentre el modo más idóneo de ejecución, sino que es suficiente que se aproveche de cualquier momento y de forma consciente de la situación de indefensión de la víctima.

Y de las tres formas o modalidades que de la alevosía admite la jurisprudencia, la proditoria, equivalente a la traición (situaciones en las que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquella no espera); la súbita o inopinada; y la de desvalimiento, en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima; en el presente caso nos encontramos ante la segunda de ellas:

La alevosía súbita o inopinada, llamada también sorpresiva, en la que el sujeto activo, aún a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible ( STS 201/2019 de 10 de abril).

Consta acreditado en el presente caso y así lo reconoció Ildefonso, que él y el fallecido tenían una relación de amistad, y que por ese motivo Vicente permitía a Ildefonso acceder a su domicilio. Consta también acreditado qué el día de los hechos el acusado había acudido a la vivienda de Vicente para abonarle una cantidad de dinero que le adeudaba. Por ello, Vicente no podía sospechar en modo alguno que Ildefonso acudiera a su domicilio con la intención no de saldar, total o parcialmente, su deuda, sino de agredirlo, utilizando para ello una arma blanca con la que le causó la muerte, sin darle así la mínima posibilidad de defenderse de la agresión.

En cuanto a la segunda de las circunstancias, el ensañamiento, el jurado la ha declarado como probada porque, tal y como explicaron los médicos forenses en la Sesión 5 del juicio, la primera puñalada en el esternón fue letal. Es probable que el acusado asestara algunas puñaladas más para asegurar su muerte, pero el elevado número de puñaladas de la espalda indican que, en algún momento, el acusado fue consciente de que las siguientes puñaladas eran innecesarias y, además, le causaban dolor a la víctima.

Como recuerda la STS 436/2019, de 01/10/2019, con el ensañamiento se hace referencia a una forma de actuar en la que el autor, en el curso de la ejecución del hecho, además de perseguir el resultado propio del delito, en el presente caso la muerte, causa, de forma deliberada, otros males que exceden a los inherentes a la acción típica, innecesarios objetivamente para alcanzar el resultado, que buscan provocar un sufrimiento añadido a la víctima.

En el mismo sentido, la STS 11/2020, de 23/01/2020, indica lo siguiente:

"El artículo 139.3º del Código Penal se refiere al ensañamiento como agravante específica del asesinato con la expresión "aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido". Por su parte, el artículo 22.5ª, sin utilizar el término, considera circunstancia agravante genérica "aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito". En ambos casos se hace referencia a una forma de actuar en la que el autor, en el curso de la ejecución del hecho, además de perseguir el resultado propio del delito, en el asesinato la muerte de la víctima, causa, de forma deliberada, otros males que aumentan su dolor más allá del que acompaña necesariamente a la propia muerte violenta. Desde esa perspectiva, exceden de los necesariamente unidos a su acción típica, por lo tanto, pueden reputarse objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado, provocando conscientemente un sufrimiento añadido a la víctima.

Se requieren, pues, dos elementos. Uno objetivo constituido por la causación de males que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima, y que son objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico. Pueden proceder de actos de tortura previos a los que directamente causan la muerte, o bien, de una determinada forma de causarla que añade sufrimiento a la víctima. Y otro subjetivo, consistente en que el autor debe actuar de modo consciente y deliberado, para lo cual es suficiente que pueda afirmarse que sabía que con esa forma de actuar necesariamente aumentaba el sufrimiento de la víctima. No es preciso, por lo tanto, que exista frialdad de ánimo, ni tampoco que la acción vaya dirigida directa y exclusivamente a la causación de mayor dolor".

En el presente caso, como antes se indicó, la puñalada qué causó la muerte a Vicente fue la que éste recibió en el esternón y que atravesó los planos musculares y el hueso; pero esta herida no causó la muerte de manera inmediata, sino al cabo de unos minutos, como precisaron los médicos forenses; y la víctima (hechos 10 y 12 del objeto del veredicto, declarados probados por unanimidad) recibió otras 18 puñaladas en la espalda, varias de ellas superficiales, y 5 que alcanzaron la cavidad torácica.

Por tanto, fuera la puñalada en el esternón la primera recibida por la víctima, como señalaron los forenses cómo hipótesis más probable, o lo fueran las de la espalda, teniendo en cuenta el número de puñaladas que el acusado propinó a Vicente y siendo varias de ellas superficiales cabe concluir, cómo así lo estimó acreditado el jurado, que Ildefonso fue consciente de que algunas de ellas eran innecesarias para el fin que perseguía, causar la muerte de Vicente, y que únicamente tenían el efecto de producirle un dolor añadido.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo que se ha dejado expuesto, los hechos declarados probados por el jurado vienen a integrar un delito consumado de asesinato de los artículos 138 y 139.1, circunstancias 1ª y 3ª, y 139.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, delito del que es criminalmente responsable, en concepto de autor, el acusado Ildefonso, conforme a lo prevenido en los artículos 27 y 28 del Código Penal, al haberse apreciado su culpabilidad en el veredicto emitido por el Jurado, en cuya emisión, y en el juicio oral que le ha precedido, ha sido plenamente observada la garantía constitucional de la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que supone la exigencia de que la declaración de culpabilidad se sustente en un mínimo de actividad probatoria de signo inequívocamente incriminatorio, obtenida con todas las formalidades legales.

El delito de asesinato se encuentra castigado con pena de prisión de 15 a 25 años, estableciendo el artículo 139.2 CP que cuando en un asesinato concurran, como sucede en el presente caso, más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior. Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.1 regla 6ª, del Código Penal, los jueces o tribunales "cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estime adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

En el presente caso, no cabe apreciar ningún motivo que justifique una especial exasperación punitiva, por lo que se estima adecuado la imposición al acusado de una pena de 21 años de prisión, algo superior al mínimo legal, teniendo en cuenta para ello la edad de la víctima, 53 años, y que los hechos se perpetraron en su domicilio.

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 del Código Penal, habiéndose impuesto una penalidad superior a 10 años, debe ser impuesta la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.1 del Código Penal, le será de abono al acusado el tiempo por el que ha permanecido privado preventivamente de libertad por esta causa.

Por su parte, el artículo 57.1 del Código Penal establece que: "Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea".

Y el articulo 48 CP dispone lo siguiente:

"1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan".

Como señalan la STS 803/2011, de 15 de julio, y la STS 399/2021, de 11 de mayo, la prohibición de acercamiento contemplada en el artículo 48 CP se justifica en el aseguramiento de la concordia social y en la evitación de posibles futuros males adicionales que pudieran derivarse de la coincidencia física de los ofendidos o perjudicados por el delito y su autor, por lo que la peligrosidad valorable no es la subjetiva o personal del acusado, sino la objetiva que deriva del delito cometido, la proximidad entre el delincuente o su víctima y la consiguiente posibilidad de enfrentamientos mutuos.

Por ello, se estima procedente imponer al acusado Ildefonso la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la persona y lugar de residencia de Jacinto, hijo del fallecido Vicente, así como de comunicarse con él por cualquier medio, todo ello por un tiempo de 25 años, a cumplir simultáneamente con la pena de prisión impuesta.

Por el contrario, no procede la imposición al acusado de la otra pena privativa de derechos interesada por la acusación particular, la prohibición de residir y acudir al término municipal de A Coruña durante 30 años, al no estimarse suficientemente justificada y proporcionada su adopción en el presente caso.

Sin que tampoco se estime necesario, dada la duración de la pena de prohibición de acercamiento y comunicación, imponer además al acusado una medida de libertad vigilada que está contemplada, con carácter facultativo y no obligatorio, en el artículo 140 bis del Código Penal.

TERCERO .- Según dispone el artículo 116.1 del Código Penal, "Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios".

En cuanto a las circunstancias personales de Vicente (hecho 24 del objeto del veredicto), el jurado las ha estimado como probadas, por unanimidad, a la vista del contenido de los acontecimientos 7 y 169: El fallecido tenía 53 años y su único pariente conocido era su hijo Jacinto, de 27 años de edad en aquella fecha, quien vivía de modo independiente.

Para la fijación del importe de las indemnizaciones habrá de acudirse al Sistema para la valoración de los daños y perjuicios regulado en el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, en su redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que entró en vigor el día 1 de enero de 2016, y que puede ser utilizado, a título orientativo, para establecer las indemnizaciones por delitos dolosos.

Como ha establecido la Sala Segunda del Tribunal Supremo en jurisprudencia ya consolidada (así, entre otras, la STS 126/2013 de 20/02/2013), no siendo exigible la aplicación del "baremo" en los casos de delitos dolosos, las cantidades que resulten de aplicación de las Tablas podrán considerarse orientativas y, en todo caso, un cuadro de mínimos ( SSTS 17-1-2003 , 30-01-2004 , 11-10-2004 , 17-02-2010 , 25-03-2010 ).

Por ello, la indemnización a favor del perjudicado por el fallecimiento de Vicente, su hijo Jacinto debe fijarse, teniendo en cuenta las Tablas 1.A, 1.B, 1.C y 1.C.2, en la cantidad de 90.000 euros, que devengará para el acusado los intereses previstos en los artículos 1108 del Código Civil (desde el dictado del auto de apertura del juicio oral) y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- En cuanto a las costas procesales, se imponen al acusado cuya responsabilidad se declara, todo ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 123 y 124 del Código Penal, incluidas las de la acusación particular, por cuanto, según reiterada jurisprudencia, la regla ordinaria es la de la inclusión de dichas costas en los delitos públicos, salvo que se apreciase que su intervención haya sido notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora, supuestos que no concurren en el presente caso.

VISTOS, los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,