Sentencia Penal 338/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10506/2023 de 22 de abril del 2024

1.- La sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Tenerife, en el marco del procedimiento por Jurado núm. 37/2022, seguido contra Eliseo, condenó a éste como autor de un delito de asesinato, cualificado por alevosía y ensañamiento, con las circunstancias agravantes de parentesco y por razón de género, a las penas de 24 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta, así como al pago de las costas del juicio, incluidas las causadas a la acusación particular. También se le impuso, en relación con las hijas de la fallecida, Tatiana y Antonieta, la prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros de sus personas, domicilios, lugares de trabajo o de cualquier otro que frecuenten habitualmente, así como la de comunicarse por cualquier medio, en ambos casos -aproximación y comunicación- por un tiempo superior en 10 años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

Contra esta sentencia se interpuso por la representación legal del condenado recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue desestimado mediante la sentencia fechada el 22 de marzo de 2023.

Se hace valer ahora recurso de casación. Se formalizan tres motivos. El Fiscal del Tribunal Supremo interesa su íntegra desestimación y aborda su respectivo examen e impugnación mediante una reordenación sistemática con el fin de abordar con mayor claridad cada una de las alegaciones.

2.- El primero de los motivos considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia que proclama el art. 24.2 de la CE. En el segundo, con cita del art. 849.2 de la LECrim, se denuncia infracción de ley, error de hecho en la apreciación de la prueba. La última de las quejas invoca el art. 851.1 de la LECrim, quebrantamiento de forma, al entender que la sentencia no expresa de forma clara cuáles son los hechos que se consideran probados.

2.1.- La Sala ya anticipa que el examen de los tres motivos formalizados va a hacerse de forma conjunta, en la medida en que todos ellos participan del mismo sustrato. Representan una impugnación del material probatorio valorado por el Jurado y que ha llevado a la declaración de autoría. Mediante este análisis interrelacionado de los motivos de disenso que hace valer la defensa de Eliseo estaremos en mejores condiciones para dar adecuada respuesta a su discurso.

Si bien se mira, no existe argumentario para respaldar la queja sobre vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La defensa se limita a una genérica invocación del contenido material de ese derecho constitucional, sin proyectar el cuerpo de doctrina que lo define hacia el supuesto de hecho que ha sido objeto de enjuiciamiento. El segundo de los motivos desoye la exigencia impuesta por el art. 884.6 de la LECrim, que obliga a señalar -so pena de incurrir en causa de inadmisión/desestimación- los documentos que habrían sido erróneamente interpretados por el órgano decisorio. No existe mención alguna a esos documentos llamados a evidenciar el error de hecho en el que habría incurrido el órgano a quo. Y el quebrantamiento de forma que se reivindica en el tercer motivo, pese a alegar la existencia de falta de claridad en la definición del hecho probado, se adentra en consideraciones probatorias que desbordan el espacio impugnatorio que autoriza el art. 851.1 de la LECrim.

2.2.- La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante -recuerda la STS 707/2016, 16 de septiembre, con cita de las SSTS 154/2012, 29 de febrero y 390/2009, 21 de abril-, cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, supone que la valoración de la prueba efectuada por el Jurado y concretada por el Magistrado Presidente en la sentencia del Tribunal, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. En consecuencia, en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior.

Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.

2.3.- En el supuesto que suscita nuestra atención, la Sala constata que no ha existido vulneración alguna del derecho a la presunción de inocencia. El juicio de autoría se construye sobre un material probatorio lícitamente obtenido, de un inequívoco significado incriminatorio y racionalmente valorado. Esa conclusión se obtiene a la vista de la fundamentación jurídica de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha avalado la apreciación probatoria y el proceso de motivación exteriorizado por el Jurado. En el FJ 1º de la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado se califica la prueba como "abrumadora".

Se apunta cómo los testigos pudieron oír los gritos e insultos que, la misma noche en que se produjo la agresión mortal y en los días previos, el acusado dirigió a la víctima. Se alude también a la deflagración que alertó a los vecinos, quienes acudieron al piso y pudieron oír a la víctima pidiendo auxilio. Contemplaron con horror "... su calamitoso estado (...) con el pelo quemado, sin cejas, el torso al descubierto con el sujetador de silicona fundido, sin pezón, y pechos quemados". La prueba testifical permitió acreditar que la propia víctima, en su proceso de agonía, llegó a afirmar "...que el acusado la quería matar, la quería quemar".

Pudo también valorar el órgano decisorio la inverosímil explicación exculpatoria de Eliseo, que admitió que "... ese día la amenazó con quemarla en una discusión que tuvieron sobre las 03,30 horas de esa noche, pues ella quería empadronarse en su casa, ya que no tenía donde quedarse. Que tenía tres bidones de gasolina para el generador y abrió el bidón de gasolina, y le dijo: '¡vete o te quemo!'". Sin embargo, negó que fuera él quien le echó la gasolina: "...ella se quedó al lado y él se fue a por una cerveza. Entonces ella sola se metió en la ducha con el bidón de gasolina y se la echó y él cogió la ropa y se la tiró para apagar el fuego". Insistió el acusado, sin ofrecer ninguna credibilidad al Jurado que "...fue ella la que se prendió fuego. Y que él cogió el bidón y lo echó atrás para que no explotara". Admitió también que había un cuchillo en el baño, ya que él lo había puesto allí porque esa noche "... tenía la puerta rota y por si entraba alguien". Para justificar que fue la propia víctima la que se roció con gasolina, sostuvo Eliseo que ella le dijo: " ¡...si no eres mío no eres de nadie!", procediendo a continuación a prenderse ella misma fuego con el mechero.

El material probatorio que la defensa considera insuficiente para proclamar la autoría del acusado se vio reforzado por la prueba testifical ofrecida por los agentes núms. NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, y NUM006. Todos ellos fueron contestes al afirmar que al llegar al lugar de los hechos había un fuerte olor a gasolina y que el acusado portaba un bidón de iguales características a los que se encontraron en el interior del domicilio. El agente núm. NUM007 informó que, tras un análisis de la muestra de vestigios de la ropa de la víctima, obtuvo un resultado positivo en gasolina, sustancia que, según explicaron algunos vecinos, podía olerse en el interior del domicilio. Esos mismos agentes y algunos vecinos perfectamente identificados en el acta del Jurado declararon en el plenario que pudieron escuchar las palabras de la víctima antes de que fuera trasladada a un centro hospitalario: "...me ha quemado y me quería matar".

El dictamen de los médicos forenses Guillermo, Flora y Hernan, quienes practicaron el informe de autopsia de la víctima, precisó que la causa fundamental del fallecimiento fueron las quemaduras del 2º y 3º grado, en el 85% del cuerpo de Crescencia. Observaron quemaduras "...en cuero cabelludo y cara, tronco, ambos muslos superiores, en la zona de genitales, parches de quemadura en cara posterior de piernas y lo único respetado fueron los pies". También detectaron lesiones internas que afectaron a órganos vitales por el calor. Se trataba de lesiones mortales de necesidad. Hicieron extensivo su informe al sufrimiento padecido por la víctima, "...pues Crescencia no murió al instante, sino que permaneció consciente hasta ser sedada".

El examen de los gráficos y fotografías del lugar en el que se produjo el hecho, las reducidas dimensiones de la bañera, las limitaciones defensivas de Crescencia originadas por su medicación, la corpulencia del acusado, la prolongación de su sufrimiento, la acreditación de una relación de convivencia que no fue ajena a momentos de afectividad y, en fin, la permanente humillación a la que el acusado sometía a Crescencia -hecho presenciado en más de una ocasión por los vecinos que testificaron en el juicio oral, permitieron al Jurado apreciar las agravantes de alevosía, parentesco, ensañamiento y desprecio de género.

Por cuanto antecede, se impone la desestimación de los tres motivos que han sido objeto de análisis conjunto.

3.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.