Sentencia Penal 343/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10728/2023 de 25 de abril del 2024

PRIMERO.- Se formula un primer motivo de recurso por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , por aplicación indebida del art. 21.7, en relación con los arts. 21.2 y 21.4 CP, así como por indebida aplicación del art. 23 CP, por indebida aplicación de la agravante de parentesco.

1. Dada la invocación del precepto mencionado, vemos que estamos ante un motivo de casación por error iuris, que, de conformidad con lo cual, el art. 849 establece que "se entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación: 1.º Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal"; puro motivo sustantivo penal que, como se ha dicho, es el genuino de casación, para cuyo examen se ha de partir de un escrupuloso respeto a los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, pues se trata de revisar la aplicación de la ley penal sustantiva, de manera que queda fuera del mismo alegaciones que encierren una queja por falta de motivación, así como las que vayan dirigidas a modificar los hechos probados, aunque sea a través de matizaciones o añadidos que puedan alterar su sentido jurídico penal, por lo que, en caso de que la impugnación ataque la intangibilidad de éstos, debería proceder la inadmisibilidad del recurso ( art. 884.3º y 885.1º LECrim) .

Siendo éstas las pautas por las que ha de pasar el motivo, observamos que el recurrente, en su desarrollo, sin embargo no es respetuoso con ellas, en cuanto que, por un lado, se queja de falta de motivación por parte del Jurado en lo que a la intensidad de la drogadicción del condenado se refiere, y, por otro, que no ha ponderado ni motivado suficientemente que la relación de parentesco existente entre condenado y víctima estaba rota de tiempo atrás, lo que son alegaciones, que, en cuanto reprochan falta de motivación, son más propias de una queja por vulneración del derecho a la tutela judicial.

2. Comenzando por la atenuante de drogadicción, la primera consideración a realizar es que no se pude ignorar lo generosa que ha sido la sentencia de instancia para estimarla, pues, si tomamos como referencia el pasaje del que se parte en los hechos probados, como así ha de ser al estar ante un motivo por error iuris, habría dificultades para su apreciación, por cuanto que, si bien se declara probado que el condenado que, por su larga trayectoria al consumo de sustancias estupefaciente, de alguna manera ello incidía ligeramente en sus facultades, sin embargo no se describe en esos hechos probados la relación funcional de esa ligera afectación con la perpetración de un delito tan grave como es un asesinato. Es más, si se leen con atención, se puede observar que, entre esos hechos probados, hay pasajes, como cuando relata que el acusado acudió a recoger a su víctima al volante de su vehículo, y demás secuencias en que aparece que lo fue conduciendo que, lo que permiten, es presumir que estaba en condiciones psicofísicas de hacerlo.

En todo caso, y, al margen de lo anterior, esa queja por falta de motivación que encontramos, cuando se alega que el Jurado no expresa en el acta del veredicto el iter mental por el que se ha decantado por una y no por otra de las alternativas que se le ofreció en el Objeto del Veredicto, no podemos compartirla, porque, leído el acta, aparece con nitidez la razón por la que opta por una, lo que es suficiente para entender por qué descarta las demás, vista la secuencial estructura con que le fue presentado.

En efecto, en esa secuencia, se van colocando, de manera descendente, en lo que a la afectación de las facultades intelectivas y volitivas del acusado se refiere, el grado en que pudieran verse mermadas, desde estar anuladas, en la pregunta 5, pasando por estar severamente afectadas, en la pregunta 6, y terminando por estar ligeramente afectadas, en la pregunta 7, todo ello en un proceso de motivación pleno de lógica coherencia.

Así a la pregunta 5, rechazan que el acusado tuviera anuladas sus facultades intelectivas y volitivas, pues, dicen, "nos basamos en las testificales de los policías que estuvieron con el acusado y afirmaron no ver ningún indicio de consumo de estupefacientes y/o alcohol".

Y aprueban la proposición 7, declarando probado que tenía las facultades intelectivas y volitivas ligeramente afectadas, pues, también dicen, "nos basamos en la testifical en sede judicial de los forenses los cuales demostraron con las pruebas en el cabello el consumo de diversas sustancias estupefacientes, sin poder precisar que el día de los hechos hubiese consumido, pero si demostrando que era consumidor crónico".

La anteriores respuestas nos parecen lo suficientemente claras y precisas como para saber las razones por las cuales el Jurado consideró que no había indicio alguno de consumo de alcohol o estupefacientes, pues no hizo sino aplicar las máximas de experiencia que puede poseer cualquier persona para valorar un hecho no infrecuente, que se sometió a su decisión, que es lo que ha venido a exigir el legislador, según se desprende de pasajes que encontramos en la Exposición de Motivos de la LOTJ, como cuando dice que "la ciudadanía, en las condiciones que habilitan para el pleno ejercicio de los derechos cívicos, constituye el índice de la capacidad presunta no necesitada de otras exclusiones o acreditaciones de capacidad probada, salvo aquellas que notoriamente impedirían el ejercicio de la función de enjuiciamiento", y como esto es así, es razonable que, si cualquier ciudadano, por lo tanto cualquier jurado, escucha decir a un testigo que no vio ningún indicio de consumo de alcohol en otro ciudadano, lo crea; con más razón, si cabe, cuando el que lo relata cuenta con la experiencia añadida que le aporta su profesión como policía.

Es más, las respuestas dadas por el Jurado a esas dos preguntas abonan la idea de la inexistente relación funcional entre la alteración de las facultades del condenado y el grave delito que cometió.

Si a lo anterior se añaden las explicaciones que, en la labor de complemento que confiere el art. 70.2 LOTJ al Magistrado Presidente, añade éste, la queja por falta de motivación en lo que al presupuesto fáctico de la atenuante de drogadicción se refiere, ha de ser rechazada.

3. Y en lo que a la agravante de parentesco concierne, que se mantiene que no puede considerarse existente esa relación de parentesco cuando acusado y víctima habían roto su vínculo y ésta estaba rehaciendo su vida afectiva con otra persona, y se alega que esta circunstancia no ha sido ponderada ni motivada suficientemente por el Jurado, decir, en primer lugar, que el presupuesto fáctico sobre el que se basa la agravante es el que se propone al Jurado, y éste, tal como quedó redactado en la pregunta 3, era como sigue:

"El acusado y Dña. Tania habían mantenido durante muchos años, y hasta unas semanas antes, una relación sentimental fruto de la cual habían tenido cuatro hijos en común, Trinidad, nacida el día NUM000-2005, Verónica, nacida el día NUM001-2007, Salvador, nacido el NUM002-2009 y Zaira, nacida el día NUM003-2015".

Así fue la proposición que se formuló al Jurado, y así era como debía aprobarla, como de hecho la aprobó, pues, como establece el art. 59 LOTJ "el portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que se describen los hechos, tal como fueron propuestos por el Magistrado-Presidente", y no se podía exigir al Jurado que valorase la circunstancia de que la víctima estaba rehaciendo su vida afectiva con otra persona, porque ello no iba incluido en la pregunta, además, de manera acertada, porque la misma, como explica el Magistrado-Presidente en el fundamento cuarto de su sentencia, era irrelevante de cara a la apreciación de la agravante de parentesco.

Y si otro era el criterio de la defensa, esto es, si consideraba que tal dato era relevante, debió haber solicitado que se introdujera en el trámite de elaboración del objeto del veredicto, pues, como en la Exposición de Motivos de la LOTJ se puede leer "la conformación del objeto del veredicto no puede prescindir de la consideración del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de todas las partes, a los intereses de la defensa y de la acusación y, también, al derecho de éstas de participar en la definitiva redacción mediando la oportuna audiencia", y en coherencia con ello se regula en el art. 53, relativo a la audiencia a las partes, que dice como sigue:

"1. Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente oirá a las partes, que podrán solicitar las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes, decidiendo aquél de plano lo que corresponda.

2. Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podrán formular protesta a los efectos del recurso que haya lugar contra la sentencia".

En definitiva, ningún reproche cabe hacer al Jurado porque no valorase un elemento que ni siquiera consta que la defensa tratase de introducir, y que, caso de haberlo intentado, denegada su introducción, formulase protesta, con exposición de las razones que avalasen su posición, que, dicho sea de paso, tampoco expone con ocasión del presente recurso de casación, en que se limita a decir que no se ha tenido en cuenta que la víctima estaba rehaciendo su vida afectiva con otra persona, consideración que, insistimos, es irrelevante de cara a la no apreciación de dicha agravante.

La sentencia de instancia lo explica con cita de Jurisprudencia de la Sala, que podemos resumir diciendo que, tras la reforma que tiene lugar en el art. 23 por LO 11/2003, la referida agravación pasa a tener un carácter objetivo, y el afecto deja de formar parte de los elementos precisos para su apreciación, extendiéndose la agravación tanto a relaciones de pareja actuales como pasadas, siempre que el hecho está relacionado con dicha relación, como así resulta de su literal redacción: "Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente".

En este sentido, en STS 371/2018, de 19 de julio de 2018, con cita otras que le preceden, decíamos, en relación con el parentesco, como agravante del art. 23, que tras la reforma de 2003 "[...] se objetiva su aplicación , de modo que concurre, con los tradicionales efectos agravatorios en delitos contra la vida e integridad física de las personas, aunque haya desaparecido el matrimonio o esa relación de análoga afectividad, por expresa determinación del legislador ( art. 117 de la Constitución española: imperio de la Ley), siempre, claro está, que los hechos estén relacionados con dicha convivencia, directa o indirectamente, no en supuestos de ajena perpetración, es decir, cuando nada tenga que ver con temas relacionados con tal convivencia o sus intereses periféricos", y ese el caso, y así lo explica la sentencia de instancia, que tiene en cuenta, también, la ruptura de la relación, cuando recuerda que, "en el presente caso, el acusado y Tania habían puesto fin a su relación apenas tres semanas antes, y habían quedado el día de los hechos, a iniciativa de Tania, para tratar determinados temas derivados de esa ruptura y para tratar las cuestiones atinentes a sus cuatro hijos. Pero el hecho de que la relación se hubiera roto no impide la apreciación de esta atenuante [sic]", entiéndase, agravante.

Procede, pues, la desestimación del primer motivo.

SEGUNDO.- Un segundo motivo, también articulado por infracción de ley del art. 849.1º LECrim. , por indebida aplicación del art. 66.1.7ª CP.

Se alega en el motivo falta de motivación de la pena impuesta, así como falta de ponderación de las circunstancias atenuantes y se vuelven a impugnar los hechos declarados probados.

El motivo, que es reiteración del formulado con ocasión del previo recurso de apelación, ha obtenido oportuna y acertada respuesta en la sentencia recurrida, que se resume con el párrafo de la misma en que se deja constancia de que "la mera lectura de la sentencia de instancia pone de manifiesto que se cumple la exigencia de motivación, puesto que exterioriza cuáles son las razones justificantes de la pena impuesta lo que permite descartar la existencia de arbitrariedad", y, efectivamente, esa sola lectura, evidencia que una sentencia que dedica dos folios a exponer las razones por las que individualiza la pena en la extensión que lo hace, no podemos compartir que diga que es inmotivada y, si se mantiene lo contrario, al menos se deberían exponer argumentos en defensa de tal tesis, lo que no hace el recurrente.

En esa lectura se puede comprobar cómo el Magistrado-Presidente va analizando la relevancia que da a cada una de las circunstancias modificativas que entran en juego, como son las agravantes de parentesco y de género, y las atenuantes analógicas de drogadicción y de confesión tardía, y las razones por las cuales da prevalencia al fundamento cualificado de la agravación, lo que le lleva a imponer la pena en la mitad superior.

Decir, por lo demás, que viene manteniendo este Tribunal que es cuestión sujeta al arbitrio del juez que dicta la sentencia la fijación de la pena concreta, por ser él quien ha podido valorar los factores o variables determinantes en orden a tal individualización en concreto, quien, en todo caso, y a fin de evitar cualquier asomo de arbitrariedad, deberá motivar su decisión, siendo a través del control judicial de esa motivación, como habremos de operar en su revisión, de manera que, considerados razonables los argumentos que han llevado al juzgador a decantarse por la concreta pena que impuso, ningún reproche merecerá su decisión, y, así, en STS 207/2020, de 21 de mayo 2020 decíamos lo siguiente:

"La individualización penológica encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia. En su más nuclear reducto no es fiscalizable en casación. Se pueden revisar las decisiones arbitrarias. También las inmotivadas. O aquellas que no respetan las reglas o los criterios legales. Pero no es factible neutralizar o privar de eficacia las decisiones razonadas y razonables en esta materia del Tribunal de instancia, aunque puedan existir muchas otras igualmente razonables y legales. En el terreno de la concreción última del quantum penológico no es exigible la expresión imposible de unas reglas que justifiquen de forma apodíctica y con exactitud matemática la extensión elegida (vid., entre otras, STC 28/2007, de 12 de febrero y STS 578/2012, de 26 de junio).

Desborda las atribuciones de un Tribunal de casación la capacidad de redimensionar la pena para ajustarla a sus propias eventuales estimaciones. Nos entrometeríamos en facultades discrecionales que el legislador deposita en la Audiencia Provincial. Solo podemos verificar si la opción penológica está motivada con arreglo a criterios legales y razonables, y no vulnera las reglas de individualización. En el ámbito último de discrecionalidad inherente a la elección de una pena concreta dentro de la horquilla legal, la decisión corresponde, a la Audiencia. No puede ser usurpada o expropiada por el Tribunal de casación".

Es así como operó el tribunal sentenciador, como ya lo puso de relieve el tribunal de apelación, y descartado el menor asomo de arbitrariedad en la fijación de la pena impuesta, procede, también, la desestimación del segundo motivo de casación.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar al recurrente pago de las costas habidas con ocasión de su recurso, incluidas las de la acusación particular.