Sentencia Penal 98/2025 , Rec. 199/2024 de 26 de marzo del 2025

PRIMERO: Los hechos declarados probados por el Jurado son constitutivos de los siguientes delitos, que son:

En primer lugar, un delito de abandono de menores, previsto y penado en el artículo 226 del CP, imputado por el Ministerio Fiscal a los acusados Lucio y Crescencia, dado que el relato fáctico declarado probado por el Jurado permite concluir que los progenitores acusados referidos faltaron gravemente a los deberes asistenciales de atención y cuidado de la menor Lourdes. .

En segundo lugar, un delito de homicidio imprudente previsto y penado en el artículo 142- del Código Penal, imputado alternativamente por el Ministerio Fiscal, dado que el relato fáctico declarado probado por el Jurado permite concluir que el acusado de forma imprudente causó la muerte a su hija Lourdes ,

SEGUNDO: En relación al delito de abandono de menores del artículo 226-1 del CP imputado por la Acusación Pública, dicho precepto tipifica la conducta del que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o conyuge que se hallen necesitados.

Sobre el delito contemplado en el articulo 226 del Código Penal la STS de fecha 12/7/2011 subraya que el artículo 226 del CP hace referencia a una desatención dolosa de ciertos deberes de cuidado específicos, sin cesar en sus funciones esenciales de custodia, ni en otras propias de la patria potestad o guarda-

El deber asistencial relativo a la educación viene impuesto a los padres tanto por el artículo 154 del Código Civil , como por el propio texto constitucional ( artículo 39.3). Por ello, cuando el artículo 226.1 del Código Penal se refiere a los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad es evidente que se refiere a todos los asistenciales, cuyo concepto es amplio y no se circunscribe exclusivamente a lo estrictamente material o económico, sino que se extiende a otros deberes asistenciales, como lo son, la unidad de domicilio, la atención a los hijos menores y también la educación y formación integral de éstos.

En tal sentido, la ya clásica STS de fecha 15/12/1998 destaca que el delito que nos ocupa "comporta una dinámica omisiva con efectos permanentes cuya integración normativa de referencia, dada su naturaleza de tipo penal en blanco, lo constituyen los artículos del Código Civil reguladores de los deberes inherentes a la patria potestad de cuyo núcleo central irradian con especial intensidad los de sostenimiento, guarda y custodia y educación del sujeto pasivo".

La acción (generalmente omisión) típica, supone el incumplimiento voluntario de los deberes inherentes a la patria potestad. Por tanto, se trata de una norma penal en blanco que deberá integrarse con los preceptos correspondientes del Código Civil, especialmente el artículo 154, el cual establece que "la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes". Y, por lo demás no debe tratarse de una conducta esporádica, sino duradera .

Resumiendo, según la Jurisprudencia de la Sala 2ª -SSTS de 5 de abril de 1981, 30 de mayo de 198, 22 de julio de 1992, 15 de diciembre de 1998 o 19 de febrero de 2014, entre otras- los presupuestos objetivos pueden reducirse a dos:

1.- El tipo contempla los más graves supuestos de inasistencia en el ámbito familiar;

2.- El abandono ha de ser patente y duradero en el tiempo, no meramente esporádico u ocasional.

La desatención no tiene que ser estrictamente económica, sino que puede afectar a otros ámbitos precisos para el desarrollo integral del menor, pues como señala la antes citada STS de fecha 12/7/2011 la jurisprudencia ha equiparado a la situación de abandono material al dejar desamparada a una persona, sin el apoyo o la protección de quien tiene la obligación de dársela, equivalente al abandono personal dejando a su suerte al menor que se ve privado de toda atención y cuidado por parte del sujeto activo. El abandono, por tanto, también debe alcanzar a situaciones que sin ser del abandono propiamente dicho provoquen una situación de desatención por incumplimiento de los deberes de protección, esto es, cuando un menor o incapaz no recibe las debidas atenciones por parte de quien lo está cuidando, de modo que llega a encontrarse en una situación extrema de desamparo y desprotección.

En el caso enjuiciado, el incumplimiento doloso de los deberes asistenciales por parte de los progenitores acusados/as respecto de su hija Lourdes, de 3 meses de edad, resulta incuestionable partiendo de los hechos declarados probados por el Jurado en base a la prueba practicada, tanto al respecto de la falta de higiene de la menor y del domicilio familiar, como la falta de cuidado y atención a su salud provocando que la misma padeciera una dermatitis severa por no haberle cambiado el pañal durante largos periodos de tiempo y consumir droga en la vivienda sin tomar las precauciones necesarias para evitar una posible contaminación a la menor como demuestra que la misma efectivamente se produjo.

La falta de prestación por los acusados de la higiene personal mínima da su hija Lourdes, la infiere el Jurado fundamentalmente del testimonio en el juicio del médico que la atendió en urgencias -Doctor Teodulfo - y del informe médico legal de autopsia emitido por los médicos forenses y ratificado en el plenario, haciendo el mismo especial referencia a la suciedad que presentaba la menor en las uñas, la piel y el cabello, con mención de zonas de piel con gran suciedad acumulada en ombligo, cuello, lóbulos de orejas y zona posterior del cabello.

El estado de suciedad y gran desorden en todas las estancias de la vivienda, incluido el dormitorio de la menor Lourdes y consiguiente riesgo para su salud, lo infiere el Jurado tanto del testimonio de los funcionarios policiales del CNP n.º NUM007 y n.º NUM008 que manifiestan que la vivienda estaba desordenada, sucia y olía a orín; como del acta de inspección ocular ratificada en el plenario por los funionarios actuantes que permite apreciar la presencia de basura y restos de colillas por toda la casa al alcance de los niños.

La falta de atención y cuidado a la salud de la menor Lourdes por parte de sus padres la considera probada el Jurado fundamentalmente tanto del testimonio en el juicio del médico que la atendió en urgencias -Doctor Teodulfo - como del informe médico legal de autopsia emitido por los médicos forenses Desiderio y Primitivo y ratificado en el plenario, según el cual la menor presentaba un extenso eritema secundario con una dermatitis severa de varios días de evolución con afectación en ambas ingles, en la zona vulvar y vaginal, en la zona perineal y en la zona anal con pérdida de epidermis, consecuencia de no haberle cambiado el pañal durante largos periodos de tiempo.

El consumo por los acusados de droga en la vivienda sin tomar las precauciones necesarias para no contaminar a la menor y la materialización del riesgo que ello implica de suyo para su salud lo considera probado el Jurado fundamentalmente tanto por el testimonio del propio acusado que aunque a regañadientes reconoce el consumo en el domicilio, como de los restos de cocaína sin metabolizar que fueron hallados en la orina de la bebé fallecida según el informe de autopsia y el informe de policía científica ratificado en el juicio por el perito informante n.º NUM009.

Luego, de la prueba a la que hace referencia el Jurado se desprende una omisión inexcusable del deber de cuidado y atención a la salud e higiene mínima exigible de la menor Lourdes que implica un abandono voluntario grave, patente y duradero por parte de sus progenitores subsumible plenamente en la antijuricidad material del tipo penal del artículo 226 del CP invocado por el Ministerio Fiscal, con lo que concurren todos y cada uno de los requisitos -objetivos y subjetivo- para la aplicación del delito imputado.

TERCERO: De otro lado, en relación al delito de homicidio imputado alternativamente por el Ministerio Fiscal al acusado Lucio hay que decir que en relación al delito imprudente la STS de fecha 5/3/2014 pone de manifiesto que el mismo aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de este le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado.

A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por esta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal.

La imprudencia exige pues un resultado producido como consecuencia de una conducta en la que se ha omitido la observancia de un deber de cuidado exigible a su autor. Igualmente es preciso que además de la causalidad natural, el resultado producido sea la concreción del riesgo jurídicamente desaprobado creado por aquella conducta. Además el riesgo debe ser percibido por el autor y el resultado debe ser previsible y evitable.

Como destaca la STS de fecha 1/2/2010 es doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª (Cfr. SSTS de 16-6-87 y 24-10-94 ; 291 y 1904 de 2.001; de 5- 3-2002, nº 466/2002), que la comisión de un delito de imprudencia supone, en primer lugar, una acción u omisión voluntaria que crea una situación de riesgo previsible y evitable si fuese previsto, en segundo lugar, la infracción de una norma de cuidado y, por último, la producción de un resultado dañoso -no ya de cualquiera, de acuerdo con el art. 12 CP 1995 , sino el propio de alguno de los tipos dolosos que admiten la forma culposa- derivado de la descuidada conducta en una adecuada relación de causalidad. La estructura dogmática del delito de imprudencia es, pues, la siguiente:

A) El tipo objetivo está integrado, de un lado, por un acción u omisión cuyo desvalor radica en la infracción de una norma social de cuidado que obliga, bien a advertir el riesgo que se crea con la acción u omisión, bien a evitar que el riesgo se concrete en una efectiva lesión; y de otro, por un resultado susceptible de ser subsumido en un tipo delictivo que admita, en virtud de una expresa norma legal, la forma culposa.

B) El tipo subjetivo, por su parte, está integrado también por dos elementos, uno de los cuales es la ausencia de voluntariedad con respecto al resultado dañoso, en tanto el otro es la índole voluntaria de la infracción de la norma de cuidado. Esta infracción, a su vez, se puede realizar de dos formas que dan lugar a las que la doctrina clásica llamó culpa consciente y culpa inconsciente; en la primera se omite voluntariamente el cumplimiento del deber de evitar el riesgo advertido y en la segunda se omite, también voluntariamente, el cumplimiento del deber de advertir el riesgo.

Luego, la imprudencia requiere:

1.- Una acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa.

2.- Un elemento normativo constituido por la infracción del deber objetivo de cuidado normalmente exigido por el ordenamiento jurídico, por las costumbres o por las reglas de convivencia social, y que no es otra cosa que la creación de un riesgo no permitido, que al sujeto individualmente le resultaba cognoscible.

3.- Un elemento psicológico en cuanto propiciador de un riesgo, al marginarse la presencia de las consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre previsibles, prevenibles y evitables. Creación de un riesgo previsible y evitable.

4.- Un resultado dañoso derivado-en adecuada relación de causalidad -de aquella descuidada conducta

En el caso enjuiciado y partiendo de la premisa no discutida de la muerte de la menor Lourdes concurren a mi entender todos y cada uno de los elementos -objetivos y subjetivo- precisos para imputar objetivamente al acusado un delito de homicidio imprudente, para lo cual basta decir que de los hechos declarados probados por el Jurado se desprende que la muerte de la misma esta causalmente relacionada y es consecuencia del zarandeo violento a que fue sometida por parte del acusado, que le provocó una hemorragia craneal y un edema pulmonar, actuando el acusado sin intención de causar la muerte de la menor pero con una evidente y reprochable falta de la mas elemental cautela y previsión conforme al conocimiento medio exigible a cualquier persona para tratar a una bebe de sólo 3 meses creando un riesgo previsible, prevenible y evitable subsumible en el tipo penal del homicidio imprudente.

Que la muerte de Lourdes está relacionada, causal y directamente, con la acción de un zarandeo violento por parte del acusado, lo da por probado el Jurado en base a las conclusiones del informe pericial médico forense emitido por los médicos forenses Desiderio y Primitivo y ratificado en el plenario por los peritos informantes, los cuales concluyen que se trata de una muerte violenta; que la causa de la muerte es por un edema pulmonar y hemorragia intercraneal; y, que la presencia de una intensa hemorragia intracraneal, epidural y subdural unido a los hematomas internos a nivel parietal y temporal que presentaba la menor fallecida son indicativos de la existencia de lo que en la literatura médica se conoce como el " DIRECCION004".

Y, establecido el nexo causal entre la muerte de la bebé y la acción de zarandeo violento por parte del acusado concurren todos los elementos -objetivo y subjetivo- típicos del homicidio imprudente pues el Jurado da por probada la falta de cautela y previsión del acusado conforme al conocimiento medio exigible a cualquier persona para tratar a un bebe de 3 meses, unido a que el Jurado también da por probado que desde que la menor perdió el conocimiento el acusado tardó casi dos horas en acudir con ella al centro de salud, con lo que concurre en definitiva la antijuricidad material de la acción por la grave vulneración que la misma supone de un deber objetivo de cuidado socialmente establecido que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, siendo además la creación del riesgo por el acusado perfectamente cognoscible, previsible y evitable con la diligencia propia de una persona mínimamente responsable.

Luego, aunque el acusado no se representó, para el Jurado, la eventualidad hipotética de un resultado letal con su conducta de zarandeo violento de la menor, y por tanto no concurre dolo eventual en la acción del autor, la extrema fragilidad propia de una bebé de 3 meses de edad conlleva de suyo que tal conducta vulnera el deber objetivo de cuidado exigible a cualquier ciudadano medio sin especiales conocimientos de medicina y con el que siempre hay que actuar para evitar el peligro de causar un daño imaginable y evitable con la mínima diligencia necesaria

Procede pues la condena del acusado por el delito de homicidio imprudente alternativamente imputado por la Acusación Pública del Ministerio Fiscal.

CUARTO: Pasando a las penas a imponer a los acusados/as Lucio y Crescencia por el delito de abandono de menores, procede imponer a cada uno de dichos acusado/a la pena de 11 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, solicitada por el Ministerio Fiscal y que dentro del marco legal aplicable de 6 a 12 años de meses, se considera proporcionada a la especial gravedad de los hechos atendidas las circunstancias concurrentes tanto por la pluralidad y alcance de los descuidos asistenciales materiales imputados a los acusados como por la edad de la menor (3 meses de edad) y el destacable potencial de su incidencia en la salud de la menor.

Y, por la condena por el delito de homicidio imprudente del artículo 142 del CP, procede imponer al acusado la pena de 4 años de prisión, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal y en el máximo del marco legal previsto -de 3 a 4 años de prisión-, por la concurrencia de la circunstancia mixta aquí agravante de parentesco del artículo 23 del CP, la cual se considera ajustada y proporcionada al enérgico juicio de reproche que a mi entender merece la conducta del acusado, pese al arrepentimiento que impresiona de sincero mostrado por el mismo en el juicio, atendida la especial gravedad de la imprudencia que su actuar implica y la especial vulnerabilidad de una bebé de solo 3 meses de edad, con lo que la vulneración del deber objetivo de cuidado es de una intensidad extrema, con la consiguiente antijuricidad que ello supone.

QUINTO: En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito de homicidio imprudente y prevista por el artículo 109 del Código Penal, procede condenar al acusado a que indemnice a Carlos Daniel y a Fidel, hermano/a de la menor fallecida en la cantidad de 40.000 euros a cada perjudicada por el daño moral sufrido por la muerte violenta de su hermana Lourdes, con aplicación del artículo 576 de la LEC.

Para la cuantificación de los daños morales referidos se parte analógicamente y a los efectos orientativos del sistema de valoración de los daños personales instaurado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, siendo reiterada y doctrina pacífica de la Sala 2ª -SSTS de fecha 23/1/2023, 20/4/2012 y 25/5/2017, entre otras- la que ratifica la aplicación orientativa del llamado baremo del automóvil al daño moral causado fuera de esa esfera, con las matizaciones y peculiaridades que sean del caso.

SEXTO: Según el artículo 123 del Código Penal de 1.995 las costas procesales se entienden impuestas por Ley al criminalmente responsable de todo delito.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,