Sentencia Penal 306/2023 Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 100, Rec. 483/2023 de 27 de octubre del 2023

PRIMERO.- Para poder entrar en la calificación jurídica que merecen los hechos declarados probados, procede hacer referencia a la prueba que ha llevado al jurado a llegar a la convicción plena, por unanimidad en casi todos ellos, de que los mismos se desarrollaron de la forma que se acaba de expresar, y en este orden, la prueba tenida en cuenta por el Jurado, especialmente el dictamen forense emitido en la vista oral y la declaración como prueba preconstituida de Felicisima, constituye suficiente prueba de cargo como para entender destruida la presunción de inocencia de ambos acusados, sobre todo teniendo en cuenta, además, que, al ir estimando probadas las distintas proposiciones que conformaban el objeto del veredicto, cumplieron sobradamente con la obligación de motivar, exponiendo en cada una de ellas los elementos de prueba que consideraron relevantes.

El Jurado, al emitir su veredicto, prácticamente por unanimidad (salvo dos proposiciones que contaron con el voto favorable de siete miembros), respetó las mayorías previstas en la ley y no contravino, en modo alguno, lo establecido en el Acuerdo adoptado por del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su reunión de 13-03-2013, sobre interpretación del art. 59.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

En cuanto a los antecedentes existentes sobre el riesgo que para los menores suponía la convivencia con la acusada Eufrasia, es relevante la documental analizada por el Jurado, especialmente los informes del Consell Comarcal de la Selva.

En lo referido a las declaraciones de los acusados en la vista oral, es de tener en cuenta que Eufrasia incurrió en muchas y relevantes contradicciones respecto de lo que ya había declarado ante el juez instructor, lo que le privó de cualquier credibilidad a criterio de los miembros de Jurado, según los hechos que han considerado probados. Y en cuanto a Alfonso, al responder a las preguntas que le formularon las acusaciones, reconoció parcialmente los hechos por los que se le acusaba, pues admitió que golpeó en varias ocasiones a Regina y le ponía guindillas en la boca, si bien refirió que lo hacía para evitar que Eufrasia le infligiera castigos más severos -lo que el Jurado consideró no probado- y que era ésta la que golpeaba a sus hijos, mucho más que él, habiéndose reproducido en la vista oral la grabación de la declaración de la menor Felicisima que se había practicado como prueba preconstituida, a la que el Jurado le otorgó pleno valor probatorio en acreditación de la autoría de ambos respecto de los golpes propinados a Regina, habiendo manifestado la niña que a Regina "le pegaban los dos". De esta forma, ambos acusados ocasionaron injtencionadamente a la niña hasta 101 lesiones externas, recientes y antiguas, repartidas por todo su cuerpo, tal como refirieron los forenses que practicaron la autopsia, todo lo cual quedó corroborado también tras el análisis de los terminales telefónicos de los acusados por parte de la policía, con fotografías que se enviaron por DIRECCION001 y reflejaban esas lesiones, quedando ello documentado en el correspondiente informe pericial, ratificado en juicio, con las aclaraciones que solicitaron las partes.

La prueba pericial forense ha sido determinante para acreditar que los acusados hicieron que Regina consumiera cocaína, cannabis, paracetamol, Venlafaxina (antidepresivo) y Zolpidem (hipnótico) durante, al menos, seis meses previos a la fecha de su fallecimiento, 21 de enero de 2021, pues así resultó de la prueba analítica que hicieron del cabello, y también para probar plenamente que alguno de los golpes recibidos le produjo a la niña rotura duodenal, con subsiguiente peritonitis por salida del contenido intestinal a la cavidad peritoneal, lo que, al no avisar los acusados a los servicios médicos de urgencia que pudieran tratar la lesión, causó su muerte, resultado letal que se produjo tras haber estado sufriendo fuertes dolores y fiebre durante las 48 horas previas.

De igual modo, el Jurado dedujo que Eufrasia y Alfonso querían causar la muerte de Regina por las características y entidad de los golpes que le estaban propinando, así como por la ingesta de fármacos y drogas que le suministraron, entendiendo igualmente que, según la autopsia, fue la falta de aviso con urgencia a los servicios médicos que pudieran haber tratado la peritonitis aguda secundaria a la rotura duodenal traumática que se había presentado lo que provocó el fallecimiento, constatándose así la comisión del delito por omisión.

SEGUNDO.- Los hechos que se han declarado probados de acuerdo con el veredicto emitido por el Jurado son constitutivos de un delito de asesinato del artículo 140.1.1º, en relación con el artículo 139.1-1ª y 3ª, del Código Penal.

El delito de asesinato se configura por el hecho de dar muerte a otra persona concurriendo alguna de las circunstancias que, según el tenor del citado artículo 139 del Código Penal, cualifican el homicidio, en este caso la alevosía y el ensañamiento. Pues bien, habiendo declarado el Jurado como probado que los acusados fueron los autores de los golpes que provocaron la rotura duodenal causante de la muerte de Regina, la cual, dada su edad -todavía no había cumplido tres años-, no pudo defenderse, así como que no le procuraron la asistencia médica que precisaba para salvar la vida, aumentando durante los dos días previos a su muerte, deliberada e innecesariamente, los fuertes dolores que padecía, la calificación jurídica de la conducta de los acusados se incardina, incuestionablemente, en el tipo del asesinato, cometido por acción y por omisión.

Planteada al Jurado la disyuntiva del dolo o la culpa, como elemento subjetivo de la conducta, sus miembros optaron por el primero, considerando que con los golpes que le estaban propinando, Eufrasia y Alfonso querían causar la muerte de Regina, así como que dicha muerte se produjo como consecuencia directa y fundamental de que no avisaron con urgencia a los servicios médicos que pudieran haber tratado la peritonitis aguda secundaria a la rotura duodenal traumática que se había producido.

TERCERO.- La alevosía aparece descrita en el artículo 22.1 CP, según el cual concurre cuando el culpable comete el delito empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar el resultado, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.

Como ha venido señalando el Tribunal Supremo (entre otras, STS 179/2020, de 16 de enero de 2020), la alevosía resulta de la falta de defensa de la víctima, de modo que el núcleo de la misma se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa, o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes.

En este caso, según ha declarado probado el Jurado, la gran diferencia entre la complexión y fuerza física de los acusados y la de Regina constituyen circunstancias que evidencian claramente la imposibilidad de la niña de ejercer una defensa efectiva frente a las agresiones que estaba sufriendo, y que le causaron finalmente la muerte, por lo que resulta evidente que concurre la alevosía que cualifica el asesinato.

CUARTO.- Respecto de la aplicación al asesinato alevoso del artículo 140.1.1º del Código Penal, referido a que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, podría entenderse que las condiciones de la víctima basan ya la alevosía, por lo que dialécticamente podría sostenerse que no cabría tenerlas en cuenta también para la hiperagravación por razón de que ello supondría una vulneración del bis in ídem. No obstante, tal planteamiento debe ser rechazado, pues el Tribunal Supremo ya ha resuelto este problema, entre otras, en la sentencia núm. 36/2023, de 26 de enero, en la que se establece lo siguiente:

" 2. No identificamos lesión del principio de prohibición de doble valoración establecido en los artículos 4 del Protocolo 7º al Convenio Europeo de Derechos Humanos, 50 CDFUE y 9 y 24, ambos, CE. Este principio comporta que el juez no pueda castigar un solo hecho de forma agravada si el fundamento de la agravación radica en un elemento previo de ese mismo hecho ya valorado. La prohibición, cuyo fundamento también se nutre del principio de culpabilidad por el hecho, supone que no pueda tomarse en cuenta un mismo elemento como circunstancia conformadora del tipo penal y, al tiempo, como causa concurrente de agravación mediante el juego de las circunstancias genéricas contempladas en el artículo 22 CP. Se impide, a la postre, que un mismo hecho sea valorado como término típico y como circunstancia agravante, porque las exigencias de tipicidad imponen que un elemento que configura el género en su forma abstracta no pueda al mismo tiempo caracterizar a la especie en su forma concreta.

En el ámbito de la determinación de la pena lo que la regla de inherencia o de prohibición de la doble valoración del artículo 67 CP viene a resolver, mediante la fórmula de la consunción, es un concurso aparente de normas entre una circunstancia agravatoria genérica y la figura delictiva que la incorpora expresamente a su estructura típica.

Ahora bien, lo anterior no implica que la circunstancia de agravación tomada en cuenta para la conformación del tipo no pueda también desplegar efectos agravatorios en la determinación de la pena aplicable sin lesionar el principio de prohibición de la doble valoración. Ello será posible cuando su consideración contribuya de forma esencial a la caracterización especial del hecho particular dentro del grupo del delito del que forma parte. De tal modo, si aporta una especificidad -un cuño de individualización, se precisa por la doctrina- en la forma en que se ejecutó el hecho o en su gravedad, ese "aliud" prestará fundamento material a la cualificación punitiva del delito. De contrario, si dicha circunstancia no aporta nada nuevo en la desvalorización del supuesto concreto, carecerá de toda razón de ser que pueda utilizarse para fundar la plusagravación de la pena.

3. Pues bien, en el caso se identifica con toda claridad ese "aliud" cualificante. No se castiga más porque se tome en cuenta la alevosía como elemento del tipo y, al tiempo, como determinante de la agravación punitiva del resultado. No estamos ante un supuesto de "doble alevosía". Sin perjuicio de la -mejorable- técnica legislativa con la que se redactó el tipo del artículo 140.1.1º CP, lo que funda la agravación penológica es que la acción alevosa que determina la calificación del delito como asesinato recae sobre una víctima que reúne determinados indicadores -por su edad o sus condiciones personales de vulnerabilidad- que le hacen merecedora de una mayor protección. Lo que comporta, como consecuencia, que esa concreta muerte alevosa incorpore una mayor tasa de antijuricidad, de mayor desvalor, justificando, a la postre, un reproche más grave.

La circunstancia alevosa de producción en estos supuestos aporta una específica gravedad que determina, por opción del legislador, una respuesta penal más severa frente al resto de muertes alevosas que se engloban en el grupo de conductas abarcadas por el tipo general el artículo 139 CP.

4. La doctrina de este Tribunal, reforzada por la Sentencia de Pleno Jurisdiccional 585/2022, de 14 de junio, es clara al afirmar la compatibilidad entre la alevosía por desvalimiento sobre la víctima menor de edad y la hipercualificación del artículo 140.1.1 CP. No hay "bis in idem" sino, en los términos precisados en la STS 701/2020, de 16 de diciembre, un legítimo "bis in altera".

Como se afirma en la STS 367/2019, de 18 de julio, de la que se hace eco la STS de Pleno referida, " la consideración del asesinato de un niño como un presupuesto para sumar al desvalor inherente al medio ejecutivo la mayor reprochabilidad de la muerte a edad temprana, no suscita, a nuestro juicio, insuperables problemas de inherencia. De acuerdo con esta idea, el artículo 140.1.1 del CPno agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el artículo 139.1, esto es, la muerte de una menor ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. Conforme a la interpretación que ahora postulamos, la muerte alevosa de un niño siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan. Y siempre será más grave porque el desvalor de la conducta es también mucho más intenso, sin que lo impida la regla prohibitiva de inherencia que proclama el art. 67 del CP .(...)" -vid. en el mismo sentido, SSTS 367/2021, de 30 de abril; 704/2021, de 19 de septiembre; 719/2021, de 23 de septiembre-."

En definitiva, pues, en este caso se considera compatible la apreciación de la alevosía por haber quedado anulada la capacidad de defensa de la víctima, por razón de la edad, y la aplicación de esta hiperagravación contenida en el artículo 140.1.1º del Código Penal, sin que ello suponga vulneración alguna del bis in ídem.

QUINTO.- En cuanto al ensañamiento, el artículo 139.1-3ª del Código Penal se refiere a él con la expresión "aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido", lo que denota que el autor, en el curso de la ejecución del hecho, además de perseguir el resultado propio del delito, la muerte de la víctima, causa, además, de forma deliberada, un aumento de su dolor, provocándole conscientemente un sufrimiento añadido.

En este caso se da la circunstancia de que los hechos que integrarían el ensañamiento son los ocurridos a partir de las 48 horas previas a la muerte, a los que debe atribuirse individualidad propia respecto de los hechos tendentes a causar la muerte sin posibilidad de defensa de la víctima, por lo que, tal como ha considerado el Jurado, ha de apreciarse también esta agravación.

SEXTO.- Consecuentemente, de conformidad con todos los razonamientos anteriores, procede declarar a ambos acusados responsables, en concepto de autores, de un delito de asesinato, previsto y penado en los artículos 139.1-1ª y 3ª y 140.1.1º del Código Penal., procediendo apreciar, además, la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco descrita en el art. 23 del Código Penal, en su concepción agravatoria, dada la relación parental que los mismos mantenían con la víctima, en el caso de Eufrasia por ser la madre biológica y en el de Alfonso por mantener una relación de análoga afectividad, pues vivían todos en familia y él mismo declaró que "quería a los niños como si fueran suyos", encontrando justificada esta circunstancia como agravante por el plus de culpabilidad que supone la ejecución del hecho delictivo contra una persona respecto de la que se daba esa relación de parentesco o afectividad que los agresores despreciaron.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 139.1-1ª y 3ª y 140.1.1ª del Código Penal, procede imponer a los autores del delito la pena de prisión permanente revisable, con el límite de cumplimiento previsto en el art. 76.1.e), en relación con los arts. 78 bis y 92, del Código Penal, sin que proceda aplicar la graduación prevista en el artículo 139.2, por concurrir más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, por cuanto no hay posibilidad legal de hacerlo cuando la pena a imponer es, como se ha dicho, la prisión permanente revisable.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del Código Penal, procede imponer las penas accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, al ser la pena de prisión superior a diez años, y privación de la patria potestad respecto de los hijos que han estado a cargo de las personas cuya condena penal procede establecer, concretamente a Eufrasia sobre sus hijos Felicisima, Hilario y Luis Manuel, y a Alfonso sólo respecto de éste último, al ser el único hijo sobre el que la venía ostentando, teniendo esta pena fundamento en el artículo 140 bis.2 CP y estando justificada por cuanto el hecho delictivo tiene relación directa con los deberes que los acusados tenían que haber cumplido en el ámbito de la familia con respecto a los citados menores, pues acabaron con la vida de su hermana.

Por las acusaciones particulares se ha solicitado la imposición a ambos acusados de la pena de prohibición de aproximación y comunicación respecto de Felicisima, Hilario, Marco Antonio y Emma, en el caso de Felicisima "por un período de diez años, a contar desde que gocen de permisos penitenciarios o desde el cumplimiento de la condena", y en el del resto, "durante 10 años más que la duración efectiva de la pena de prisión permanente revisable". Pues bien, no siendo estas penas de imposición obligatoria, y dado que la forma de cumplimiento interesado respecto de Felicisima no es acorde con el tenor del artículo 57.1 CP, pues según este precepto debe ser cumplida de forma simultánea con la de prisión, no procede su imposición. Y de igual modo, tampoco la solicitada respecto de Hilario, Marco Antonio y Emma puede ser impuesta, por inconcreción en la forma de solicitarla.

Una de las acusaciones particulares ha solicitado igualmente la medida de libertad vigilada por tiempo de diez años. Pues bien, esta medida está contemplada, con carácter facultativo y no obligatorio, en el art. 140 bis.1 CP y ha de cumplirse después de la pena de prisión impuesta, consistiendo la misma en la imposición de una regla de conducta cuyo fundamento es la peligrosidad del penado y que tiene como finalidad proteger a las víctimas, así como reinsertar y rehabilitar al delincuente. En este caso, dada la peligrosidad de los acusados, derivada de la naturaleza de los hechos por los que son condenados, procede, efectivamente, imponerles la medida de libertad vigilada con una duración de diez años, a cumplir conforme a lo establecido en el art. 106.2 CP.

OCTAVO.- A tenor de lo dispuesto en los arts. 109 y concordantes del Código Penal, todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente, por lo que, comprendiendo esta responsabilidad la indemnización por el daño o perjuicio moral ( art. 110-3º C.P.) que pudiera haberse irrogado, y no coincidiendo, ni los perjudicados, ni las cantidades solicitadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, lo primero que ha de precisarse es que como tales perjudicados han de ser consideradas todas las personas que, por la relación que mantenían con la víctima, su fallecimiento les ha ocasionado desconsuelo y quebranto. La muerte violenta de un hijo produce un daño moral a su progenitor, pero también a todos sus familiares y allegados, pues para todos ellos supone la pérdida de un ser querido, de modo que la indemnización correspondiente habrá de ser reconocida, en primer lugar, al familiar más directo, es decir, al padre, Marco Antonio, respecto del cual, a estos efectos de cuantificar el perjuicio, no puede pasar desapercibido que cuando convivía con Eufrasia intervino Protección de Menores, poco después de que naciera Regina, abriéndoles expediente de desamparo y retirándoles a los tres niños que entonces convivían con ellos. Por tanto, en atención a esas circunstancias, de las que se deduce que Regina estuvo muy poco tiempo a su cuidado como consecuencia del abandono detectado por los Servicios Sociales, se considera que la cantidad solicitada por el Ministerio Fiscal (50.000 euros) es la más adecuada al perjuicio sufrido por él. Y en cuanto a la abuela paterna, Emma, que tuvo acogidos a Felicisima, Hilario y Regina hasta que un Juzgado acordó entregarlos a la madre, habrá de ser indemnizada en otros 50.000 euros. Y finalmente, los hermanos que convivían con Regina, Felicisima y Hilario, habrán de ser indemnizados con 90.000 euros cada uno. Todas estas cantidades se incrementarán con los intereses legales previstos en el art. 576 LEC.

NOVENO.- Procediendo dictar un fallo condenatorio, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede condenar al acusado al pago de las costas procesales.

Vistos los artículos citados, así como los demás de general y pertinente aplicación, y en atención a lo expuesto,