Sentencia Penal 354/2023 Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 100, Rec. 1/2023 de 29 de noviembre del 2023

PRIMERO: La Defensa del acusado D. Rogelio censura la decisión de este Magistrado-Presidente relativa a que, ante el fallecimiento del testigo D. Severino, su testimonio en la fase de instrucción sea introducido en la vista oral atendiendo al artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 42.1 y 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, al considerar que sólo podrán tenerse en consideración por el Jurado las pruebas personales que se desarrollen ante ellos en la vista oral, acudiendo al párrafo final del artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ( Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados.).

La solicitud formulada por el Ministerio Fiscal al inicio de la vista oral en tal sentido, que ha obtenido la respuesta judicial cuestionada, ha respondido a la realidad del fallecimiento del testigo D. Severino en octubre de 2021, y a la afirmación, sin ponerse en entredicho ello, que su testimonio en sede judicial se efectuó mediante grabación audio-visual y a presencia de la Defensa del acusado, garantizándose con ello las exigencias de efectiva contradicción y de defensa, y practicándose de la forma que mejor aseguraba que las manifestaciones del testigo quedasen fidedignamente fijadas, atendiendo a lo que decía y a las preguntas a las que respondían sus contestaciones.

Es manifiesto que la regulación del juicio oral del procedimiento del Tribunal del Jurado tiene sus peculiaridades, pero también es evidente que esa regulación no es extraña al marco regulatorio procesal en que se desenvuelve el proceso penal español, tal y como se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de cuya norma se nutre, de aplicación supletoria, y al que específicamente se remite atendiendo al artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, cuando señala: ..., se dará comienzo a la celebración del juicio oral siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Esa posibilidad legal ha de ponerse en correspondencia con la exigencia de haberse adoptado en fase de instrucción garantizando el derecho de la persona acusada a intervenir y confrontar ese testimonio, y a que su acceso a la vista oral se haga garantizando también que todas las partes puedan efectuar las consideraciones que estimen oportunas en defensa de su legítima postura procesal, y, especialmente, que el valor que se le otorgue se alcance en el marco valorativo conjunto y global del resto de los medios de prueba personales que se desarrollen en la vista oral, así como de otros de carácter documental o de otro tipo que allí se desarrollen ante los miembros del Jurado.

No puede olvidarse que no se trata de introducir un material probatorio por causas injustificadas o tratando de salvar una falta de diligencia probatoria, sino de garantizar que aquél testimonio que se ha obtenido en la fase de instrucción con las debidas exigencias legales, con plena eficacia del derecho de defensa y sometido a efectiva contradicción, pueda acceder a la valoración del conjunto de los medios de prueba, de forma combinada con éstos, y sujeto a una posibilidad efectiva de contradicción por todas las partes personadas al ser introducida en el juicio oral.

En tal sentido, en cuanto a la doctrina que sustentaría esta decisión, reseñar la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional nº 59/2023, de 23 de mayo (Pte. Arnaldo Alcubilla): En particular, la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase sumarial se condiciona al cumplimiento de una serie de requisitos, que este tribunal viene clasificando en materiales (imposible reproducción en el acto del juicio oral); subjetivos (necesaria intervención del juez de instrucción); objetivos (que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al imputado, a fin de que pueda interrogar al testigo o perito); y formales (introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme al art. 730 LECrim , o a través de los interrogatorios), lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público ante el juez o tribunal sentenciador y se someta allí a contradicción y confrontación con las demás declaraciones de quienes sí intervinieron en el juicio oral (entre otras, SSTC 80/1986, de 17 de junio, FJ 1 ; 303/1993, de 25 de octubre, FJ 3 ; 40/1997, de 27 de febrero, FJ 2 ; 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2 ; 187/2003, de 27 de octubre, FJ 3 ; 280/2005, de 7 de noviembre, FJ 2 ; 344/2006, de 11 de diciembre, FJ 4 ; 29/2008, de 20 de febrero, FJ 5 , y 165/2014, de 8 de octubre , FJ 2).

Sin olvidar la Jurisprudencia, así la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2016 (Pte. Colmenero Menéndez de Luarca): En lo que aquí interesa, el artículo 730 de la LECrim prevé la posibilidad de proceder, a instancia de cualquiera de las partes, a la lectura de las declaraciones testificales prestadas en el sumario que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral. La jurisprudencia de esta Sala, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el particular, ha exigido el cumplimiento de varios requisitos de distinto orden: materiales (su imposibilidad de reproducción en el acto del juicio oral), subjetivos (la necesaria intervención del Juez de Instrucción), objetivos (que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al imputado, a fin de que pueda interrogar al testigo) y formales (la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme al art. 730 LECrim , o a través de los interrogatorios), lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a contradicción en el juicio oral ante el Juez o Tribunal sentenciador ( SSTC 80/2003, de 28 de abril ; 187/2003, de 27 de octubre ; 344/2006, de 11 de diciembre ; y 134/2010 ).

En cuanto al primero de los requisitos, la jurisprudencia ha entendido que se incluyen en la previsión legal los casos del testigo fallecido o absolutamente imposibilitado para testificar, del que se encuentra en ignorado paradero y del que reside o está fuera de España, en lugar donde no alcanzan las facultades del Tribunal para hacerlo comparecer.

En lo que se refiere a la garantía de la posibilidad de contradicción, se exige que la persona a la que se atribuye el hecho que se investiga esté asistida de letrado y que a éste se le notifique la diligencia con la finalidad de que pueda comparecer e intervenir en el interrogatorio. Así resulta de lo previsto con carácter general en el artículo 777.2, en relación con el artículo 118.3, ambos de la LECrim . Cuando se trata de procedimiento ordinario y se ha acordado el procesamiento de alguna persona, si lo que se pretende es preconstituir la prueba, de conformidad con las previsiones del artículo 448 de la LECrim , debe estar presente igualmente el procesado, con la finalidad de que la diligencia se realice ante la autoridad judicial de forma que el resto de las condiciones sean similares a las que se dan en el plenario, donde la prueba podrá ser incorporada en la forma que la propia ley prevé.

La diferencia entre una prueba preconstituida conforme al artículo 448 de la LECrim y la diligencia de instrucción, practicada garantizando la contradicción e incorporada al plenario por imposibilidad sobrevenida de su práctica en el mismo, artículo 730, afecta al ámbito de su valoración, en la cual habrán de tenerse en cuenta las circunstancias de los hechos que se enjuician, el contenido de la diligencia y la forma en la que ésta se haya practicado, y además, el resto del material probatorio disponible. Todo ello en el marco del derecho a un juicio justo.

En este supuesto ha sido evidente que nadie esperaba el fallecimiento del testigo, pero, producido éste, y considerando los términos en que se efectuó su testimonio en la fase de instrucción, se cumplirían las garantías legal y constitucionalmente requeridas, introduciéndose su testimonio como un elemento probatorio más a tener en cuenta por parte del Jurado a la hora de emitir su pronunciamiento.

SEGUNDO: Este fundamento de derecho se dirige a significar la realidad a la que se ha visto enfrentada el Jurado a la hora de resolver sobre el objeto del veredicto a ellos presentado, en concreto a la redacción de las dos primeras proposiciones en términos complementarios en su secuencia descriptiva, pero que hubieran debido merecer una diferenciación de todos sus párrafos en proposiciones distintas, dado que, como ha venido a suceder, el Jurado se veía encorsetado en sus valoraciones, como al final se ha evidenciado, debiendo alcanzarse una respuesta ajustada al sentido de la ley (como se ha logrado por el Jurado) y congruente entre las proposiciones fácticas y el juicio final de culpabilidad.

La ley requiere que si una proposición (párrafo) no fuera admitida en todos sus términos, habrá de ser declarada no probada, pudiendo el Jurado redactar una nueva proposición (párrafo) en la que reflejaría la descripción fáctica que considera producida, votando ésta ( artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado).

Como se ha significado los dos primeros números del objeto del veredicto contenían cada uno tres párrafos, con autonomía descriptiva, que debieran haber merecido numeraciones diferenciadas, lo que no se hizo (ese error lo asume este Magistrado-Presidente). Al valorar el Jurado que estaba conforme con parte de esos párrafos contenidos en los números 1 y 2 del objeto del veredicto, pero no con otros, se ha visto obligado a reasignar una numeración interna a cada uno de los tres párrafos de esos número 1 y 2, asignándoles las identificaciones Hecho 1 A), Hecho 1 B), Hecho 1 C), Hecho 2 A), Hecho 2 B) y Hechos 2 C), lo que ha facilitado, por una parte, dar contestación global a los números 1 y 2 (tal y como se les han presentado redactados) -entendiéndolos no probados porque frente a una de las partes de cada número mostraban su disconformidad plena-, y, al mismo tiempo, recomponer los párrafos de cada número, asignándoles una específica numeración, consiguiendo con ello salvar aquellos párrafos con los que sí mostraban su plena aprobación, y poder dar una nueva redacción a aquellos párrafos que daban por no probados, contestando a esos nuevos párrafos por ellos redactados de modo específico. De esta forma, podían significar expresamente las razones/evidencias que tenían para dar por probado o no probado cada uno de esos párrafos diferenciados.

Esa dificultad no se ha apreciado por el Jurado en otros números del objeto del veredicto también redactados con varios párrafos, dado que han entendido probados todos ellos por unanimidad.

La circunstancia antedicha, de haber dado por no probados dos párrafos de los números 1 y 2 del objeto del veredicto, en que venía a sustentarse la agravación de actuar por móviles racistas, sostenida por las acusaciones e incluso admitida por la Defensa del acusado en sus conclusiones definitivas, tenía su proyección en la redacción del Hecho Delictivo A), al recogerse en la misma un párrafo relativo "que le había recriminado minutos antes realizar comentarios ofensivos contra la comunidad magrebí", fundado en los párrafos que el Jurado ha dado por no probados de los números 1 y 2 del objeto del veredicto. En esa tesitura, con carácter analógico, se ha aplicado la respuesta legal prevista en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en el sentido de contestar explícitamente a lo recogido en el objeto del veredicto (con declaración de no culpable) e introduciendo una redacción del hecho delictivo en consonancia con lo declarado como probado en el veredicto, con declaración unánime de culpabilidad. Era la única manera de alcanzar la congruencia plena en el veredicto final emitido entre las proposiciones fácticas y el juicio de culpabilidad, y el Jurado ha logrado ello con ese esfuerzo aplicativo.

El acta redactada ha atendido a la secuencia del objeto del veredicto, en términos de perfecta identificación de todos y cada uno de los puntos y proposiciones sobre los que el Jurado había de expresar su decisión y criterio, y ha respondido internamente, como se aprecia de forma nítida y sin especial dificultad comprensiva, a una secuencia lógica, por cuanto la única cuestión controvertida ha sido la relativa, no al delito de asesinato ni al delito de tenencia ilícita de armas, sino a la existencia o no de elementos suficientes para considerar que la acción del acusado respondiera a móviles racistas, lo que ha sido declarado no probado por el Jurado, en términos que luego se analizarán.

No puede obviarse que incluso, en el afán de tratar de amparar aún más su decisión, al contestar al Hechos delictivo B) el Jurado llega, más allá de la declaración unánime de culpabilidad, a reiterar las evidencias en las que se soportaría su juicio de culpabilidad (lo que no procedía, dado que el pronunciamiento de culpabilidad es conclusivo con relación a lo previamente declarado probado o no probado en los números del objeto del veredicto, y donde sí se han de reseñar las "evidencias", lo que en su momento se hizo).

Atendiendo a la formulación del objeto del veredicto (en su secuencia identificadora de las cuestiones formuladas), y a un análisis lógico de ese objeto, se muestra que el acta de votación del Jurado en este caso ha dado respuesta plena a todas las cuestiones formuladas (sin omisión alguna), con plenitud en cuanto a las exigencias legales (en lo que requiere el artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado como valor inexcusable de razón y contenido) y de una forma sintética, precisa y detallada, simplificando lo que podría constituir una engorrosa redacción de acta de votación, de atender a la literalidad formal del artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Con el máximo respeto a la norma, una redacción por bloques diferenciados (de probados, de no probados, de conductas delictivas, y de los elementos de convicción), en ocasiones introduce una dificultad añadida en la redacción del acta, y ello, pese a que se trate de facilitar la labor con inicios de redacción pre-impresos para dirigir los extremos a contestar.

Quien lego en derecho se plantea por primera vez la comprensión y contestación de un objeto de veredicto, ya de por sí complejo y formal en su articulación y despliegue de sus apartados, tiene una dificultad; y si, tras ello, se encuentra con la complicación añadida de distribuir el objeto del veredicto previamente contestado en los apartados previstos del acta de la votación, el problema se agrava. Ese entorpecimiento en la labor de decisión y redacción, además, se atribuye al Jurado (al margen que pueda contar o no con la ayuda o asistencia del Letrado de la Administración de Justicia o de un funcionario para ello designado para la redacción o confección del acta de votación), lo cual complica aún más la labor de los jurados, dado que no puede olvidarse que cada Jurado atiende al elenco de sus componentes, pudiendo unos estar más ilustrados o versados que otros en la capacidad de argumentar y de expresar esa argumentación por escrito.

Pues bien, en este supuesto, como se aprecia del acta de la votación o acta de veredicto emitida, todo ello se ha visto debidamente simplificado, sin omisión alguna respecto al fondo exigido por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y no entrando en contradicción o incongruencia de ningún tipo (tal y como se ha significado previamente), antes al contrario, se ha mantenido una plena coherencia entre las premisas fácticas declaradas probadas y el hecho delictivo relativo al asesinato, excluyéndose todo matiz de motivación racista.

TERCERO: Procede ahora poner de manifiesto los elementos de convicción, medios de prueba o "evidencias", así como las razones sucintas, a las que ha atendido el veredicto del Jurado, extraídas del acta de veredicto:

Hecho 1 A): Rogelio desde, al menos, las 18 horas aproximadamente del día 13 de junio de 2021 se encontraba en el bar cafetería " DIRECCION002", sito en PLAZA000 nº NUM025 de la localidad de Puerto de DIRECCION001, término municipal de DIRECCION001, consumiendo alguna cerveza.

PROBADO POR UNANIMIDAD.

Evidencias: Nos basamos en las imágenes difundidas por la cámara 4 y las testificales de las camareras Milagrosa y Natividad del lunes 13/11.

Hecho 1 B): En dicho establecimiento hostelero se encontraban clientes de origen magrebí, lo que molestaba a Rogelio, quien realizó diversos comentarios de tono ofensivo, llamándolos "moros", y reprochando que dichos clientes accedieran al interior del local y se acercaran a la barra a pedir sus consumiciones a las camareras, recriminando el trato que éstas dispensaban a dichos clientes. En tal sentido, Rogelio pronunció frases en voz alta del siguiente o semejante tenor: "no quiero ver marroquíes dentro del bar", "voy a mandar a la inspección de trabajo", "no quiero moros en la barra", "no quiero ver a ningún moro en la barra del bar", "qué hacen los putos moros en la barra", llegando a decir también "esta tarde se va a liar".

NOPROBADO POR UNANIMIDAD .

Tras analizar los testimonios realizados por los testigos y con los indicadores de polarización aportados por la Policía Judicial, consideramos que los comentarios realizados no tienen carácter racista, sino más bien son de carácter imprudentes, asociado a su actitud incordiante y follonera.

Y se realiza la siguiente propuesta por el Jurado : En dicho establecimiento hostelero se encontraban multitud de clientes entre ellos Rogelio que demostraba actitudes reprochables. En un momento de la tarde tuvo un enfrentamiento con otro cliente, Jesús Manuel, al cual conocía de otro establecimiento, detonando este hecho que el acusado tuviese una fijación con ese grupo de amigos.

PROBADA POR UNANIMIDAD

Evidencias: Cámara 3 así como los testimonios del 13/11 de Milagrosa, Natividad y Jesús Manuel.

Hecho 1 C) : Ante la actitud mantenida por Rogelio, las camareras recriminaron a éste lo que estaba diciendo, advirtiéndole que de proseguir con dicho comportamiento no le iban a servir más bebida y tendría que marcharse del local, lo que llevó a Rogelio a salir sobre las 21 horas 6 minutos del interior del local, dirigiéndose a una mesa de la terraza, sentándose.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Las imágenes de la cámara 4 y los testimonios de las tres camareras Natividad, Milagrosa e Olga realizadas el día 13 de noviembre.

Hecho 2 A): En la terraza del local se encontraba un grupo de ciudadanos marroquíes y españoles, entre los que se encontraba Higinio, nacido en Marruecos, de 38 años de edad, acompañado de una camarera del establecimiento, Natividad, libre de servicio, y que estaba como cliente en una mesa de la terraza, junto con otros conocidos de origen magrebí ( Jesús Manuel, Jesus Miguel y Moises). A ellos se dirigieron las camareras para comunicarles el comportamiento mantenido por Rogelio durante esa tarde.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes de la cámara 4 (19:19) así como los testimonios del día 13 de Natividad, Milagrosa, Jesús Manuel, Jesus Miguel y Moises.

Hecho 2 B): Higinio, acompañado de dos de sus conocidos, se levantaron de la mesa, junto con la camarera Milagrosa, y se trasladaron al interior del local, donde también se incorporó su compañera Natividad.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes de la cámara 3 unos minutos antes de iniciarse la discusión.

Hecho 2 C) : Sobre las 21 horas 8 minutos aproximadamente, Higinio, los dos conocidos, la camarera Milagrosa y su compañera Natividad, salieron del interior del local y se dirigieron hacia la mesa donde se encontraba sentado Rogelio, quedándose finalmente Higinio solo con Rogelio en la mesa, quiénes no se conocían de antes, censurándole Higinio su actitud a Rogelio, requiriéndole para que dejara de molestar a las camareras y cesara en su comentarios ofensivos hacia los magrebíes, manteniéndose durante unos instantes una situación tensa entre ambos, que finalmente concluía trasladándose Higinio a su mesa en la terraza y marchándose Rogelio del lugar a partir de las 21 horas 10 minutos.

NOPROBADO POR UNANIMIDAD .

Y se realiza la siguiente propuesta por el Jurado: Sobre las 21 horas aproximadamente, Higinio, los dos conocidos, la camarera Milagrosa y su compañera Natividad se dirigieron a la mesa de Rogelio, quedándose finalmente Higinio y Rogelio solos en la mesa, quienes mantuvieron una discusión bastante acalorada y tensa, que finalizó cuando Higinio se trasladó a su mesa con su grupo de amigos y Rogelio se marchó del lugar a las 21 horas 10 minutos.

PROBADA POR UNANIMIDAD

Evidencias: Las imágenes mostradas por la cámara 4 entre las 20:06 y las 20:10. No podemos dar por probado el contenido de la discusión por las declaraciones de las camareras ni de su grupo de amigos, ya que ninguno testificó el contenido exacto o real de esa conversación.

3- Rogelio se dirigió a su domicilio, sito en CALLE000, bloque NUM026, de Puerto de DIRECCION001, donde se cambió de ropa y calzado, y abriendo el armero que allí tenía, cogió, de entre otras armas que allí guardaba (unas con licencia -armas de caza- y otras sin licencia o permiso), la pistola marca Star modelo Star Fire nº serie NUM027, de calibre 9 mm "corto", de la que carecía de permiso y licencia administrativa para poseerla y portarla, municionándola, colocando cartuchos en el cargador, poniendo uno en recámara, retirando el seguro del arma, dejándola lista para disparar, e introduciendo la pistola entre el cinturón y la piel de su cintura, oculta bajo la camisa, salió de su vivienda hacia el bar cafetería " DIRECCION002".

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testimonio de Don Severino difundido el 14 de noviembre donde corrobora que se producen los sucesos que se producen en este hecho. Además nos basamos en el testimonio del guardia civil que declaró el día 15/11 en primer lugar, que alegó la ilegalidad del arma utilizada la cual queda confirmada en el informe de legalidad de las armas y munición emitido el 8 de junio de 2022.

4- Rogelio volvió al bar cafetería " DIRECCION002", llegando a la terraza del mismo a las 21 horas 48 minutos 20 segundos, acudiendo de forma rápida hacia la mesa donde estaba sentado Higinio, colocándose enfrente del mismo, y una vez allí, dirigiéndose a Higinio, profirió una expresión retadora ("levántate si eres tan valiente" y "te mato"), al tiempo que sacaba la pistola que llevaba oculta bajo la camisa, apuntándola hacia Higinio, efectuando un primer disparo, levantándose Higinio de la silla, a modo de reacción instintiva, intentando abalanzarse sobre Rogelio, efectuando éste dos disparos más con la pistola, a corta distancia, dirigidos a Higinio, al tiempo que retrocedía, siendo seguido por Higinio, cayendo una sombrilla del local al suelo a consecuencia del desplazamiento del cuerpo de Higinio, quien trataba de alcanzar y sujetar a Rogelio, sin conseguirlo.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes difundidas por la cámara 4 a las 20:48 así como los testimonios del pasado 13 de noviembre de Milagrosa, Natividad, Jesús Manuel y Jesus Miguel.

5- De los tres disparos efectuados por Rogelio, dos impactaron en el cuerpo de Higinio, con entrada por hemitórax izquierdo, línea medioclavicular, teniendo orificio de entrada con equimosis concéntrica periférica ( herida de arma de fuego 1), y con entrada en hipocondrio izquierdo, teniendo orificio de entrada con cintilla de contusión semilunar externa ( herida de arma de fuego 2).

La herida de arma de fuego 1. Esta herida torácica izquierda penetró en cavidad perforando el músculo pectoral mayor izquierdo, a la altura del primer espacio intercostal y seccionó los troncos vasculares supraaórticos (carótida izquierda y troncobraquiocefálico derecho, provocando un hemotórax derecho (hemorragia en cavidad torácica), saliendo a la altura del segundo espacio intercostal derecho penetra a nivel de tercio superior de cara interna de brazo derecho y queda alojado el proyectil en músculo tríceps derecho. Su trayectoria era de izquierda a derecha, de delante atrás, ligeramente de arriba abajo.

La herida de arma de fuego 2 presentaba orificio de salida en fosa ilíaca derecha a nivel de línea axilar anterior y a la altura del ligamento inguinal. Esta herida en hipocondrio izquierdo penetró en cavidad perforando la musculatura abdominal, provocando hematoma en meso con afectación de la vena mesentérica superior en su rama distal, perforación de colon ascendente y de rodilla duodenal. Su trayectoria era de izquierda a derecha, ligeramente de delante hacia detrás, y de arriba abajo.

A consecuencia de los dos disparos recibidos Higinio se desplomó en el suelo.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Nos basamos en la autopsia realizada por los peritos forenses así como por sus testimonios emitidos en sala el día 15/11.

6- Rogelio, tras efectuar los tres disparos, abandonó rápidamente el lugar, pistola en mano, apuntando a los allí presentes con la pistola a fin de imposibilitar que intervinieran, dirigiéndose al PASEO000, donde finalmente fue interceptado por agentes de la Policía Local de DIRECCION001, en la playa, portando en la mano la pistola utilizada, manifestando en el momento de su detención "que no se acerquen los moros". La pistola, en el momento de la detención, se encontraba amartillada, municionada con cartuchos y alimentada con un cartucho en la recámara, lista para hacer fuego.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testimonios emitidos en sala el 14/11 de los policías locales de DIRECCION001: agentes NUM028 y NUM029.

7- Higinio, a consecuencia de los disparos recibidos quedó mortalmente herido, siendo trasladado urgentemente al HOSPITAL000 donde finalmente falleció sobre las 1.20 horas del día 14 de junio de 2021 a causa de las graves heridas producidas por los dos disparos, teniendo como causa inicial de su muerte shock hipovolémico hemorrágico a heridas por arma de fuego, y como causa intermedia lesión de estructuras vasculares (troncos supraaórticos) con hemorragia subsiguiente.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Certificado de fallecimiento emitido por el HOSPITAL000 y el posterior informe médico forense.

8- La pistola utilizada por Rogelio, marca Star, modelo Starfire, nº serie NUM027, calibre 9 mm "corto", fue inutilizada legalmente siguiendo la normativa vigente en el año 2011 por parte del Ejército del Aire, siendo rehabilitada para su uso de forma ilegal por Rogelio, mediante la sustitución del cañón y corredera en fecha posterior al 1 de julio de 2011, momento en la que adquirió su titularidad mediante transferencia legítima.

Rogelio tenía en el armero de su vivienda, sita en CALLE000, bloque NUM026, del Puerto de DIRECCION001, las siguientes armas, que poseía sin contar con las licencias, permisos o requisitos reglamentarios que le autorizaran para su adquisición y tenencia:

- Una pistola detonadora marca Erma Werker, modelo EGP 45, de 8 mm. Knall, nº de serie NUM030 en perfecto estado de funcionamiento;

- Un revólver de retrocarga, marca ARIZMENDI, cal. 6.35 mm. nº de serie NUM031, arma de fuego corta que estaba en perfecto estado de funcionamiento; y

- Una pistola detonadora marca RECK, modelo Pbs, cal. 8 mm. sin número de serie, con cargador, que no se encontraba en condiciones de funcionamiento por falta de piezas esenciales para su uso.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testificales del 15/11 de los dos primeros guardias civiles ( NUM013 y NUM014) así como los siguientes documentos:

+ Informe de balística

+ Informe sobre la legalidad de las armas y munición

+ Informe de inutilización del arma usada

Con toda esta información concluimos que no poseía de licencia de armas y el arma usada estaba manipulada y por tanto prohibida.

9- Rogelio, aunque había ingerido la tarde del 13 de junio de 2021 algunas cervezas, no presentaba afectación de sus facultades intelectivas y/o volitivas.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testificales de los agentes de Policía Local de DIRECCION001 y guardia civil intervinientes nos indicaron que no notaron ninguna condición incapacitante a causa del alcohol.

10- A la fecha de su fallecimiento Higinio (nacido en Marruecos el NUM032 de 1982), vivía en Puerto de DIRECCION001 con su mujer María Purificación, el hijo común menor de edad de la pareja, Arcadio, que tenía 9 años a la fecha del suceso, y dos hijos menores de edad de María Purificación, llamados Obdulio y Alejandra.

A la fecha del fallecimiento de Higinio vivían sus padres, residentes de Marruecos: Moises y Adela.

En el momento actual todos ellos, María Purificación, en su propio nombre y en el de sus tres hijos; y Moises y Adela, reclaman la indemnización que pudiera corresponderles.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Hay documentación del registro civil que indica son pareja de hecho, además hay un libro de familia con el hijo en común, así como un certificado de personas empadronadas en el domicilio donde aparecían los 4 afectados junto al fallecido.

HECHO DELICTIVO B) POR EL QUE EL ACUSADO D. Rogelio DEBE SER DECLARADO CULPABLE O NO CULPABLE:

La pistola utilizada por Rogelio, marca Star, modelo Starfire, nº serie NUM027, calibre 9 mm "corto", fue inutilizada legalmente siguiendo la normativa vigente en el año 2011 por parte del Ejército del Aire, siendo rehabilitada para su uso de forma ilegal por Rogelio, mediante la sustitución del cañón y corredera en fecha posterior al 1 de julio de 2011, momento en la que adquirió su titularidad mediante transferencia legítima como arma inutilizada.

Rogelio tenía, además, a su disposición en el armero de su vivienda, las siguientes armas, que poseía sin contar con las licencias, permisos o requisitos reglamentarios que le autorizaran para su adquisición y tenencia:

- Una pistola detonadora marca Erma Werker, modelo EGP 45, de 8 mm. Knall, nº de serie NUM030 en perfecto estado de funcionamiento;

- Un revólver de retrocarga, marca ARIZMENDI, cal. 6.35 mm. nº de serie NUM031, arma de fuego corta que estaba en perfecto estado de funcionamiento; y

- Una pistola detonadora marca RECK, modelo Pbs, cal. 8 mm. sin número de serie, con cargador, que no se encontraba en condiciones de funcionamiento por falta de piezas esenciales para su uso.

CULPABLE POR UNANIMIDAD

Evidencias: Nos amparamos en las testificales de los guardias civiles y peritos del 15/11 así como los informes que emitieron donde quedó reflejada la ilegalidad en la posesión de armas así como la manipulación del arma usada.

CUARTO: Fijado así el contenido del veredicto en orden a los elementos de convicción, medios de prueba o "evidencias", así como las razones sucintas, a las que ha atendido el Jurado, procede señalar la doctrina jurisprudencial aplicable.

La Sentencia de la Sala de lo Penal del Cargando documento.......

Tribunal Supremo de 17 de julio de 2008 (Pte. Berdugo Gómez de la Torre) compendia la doctrina sobre el enjuiciamiento por Jurado, y señala en orden al objeto del veredicto y su trascendencia: (...) recordar previamente -como decíamos en las SSTS. 636/2006 de 8.6 , 357/2005 de 20.4 y 264/2005 de 1.3 - que la LOTJ. ha partido de una articulación secuencial del objeto del veredicto en el art. 52 de la misma, estructurando las diversas cuestiones que han de someterse a la consideración del Tribunal de Jurado, y que son trasunto, como es lógico, de las alegaciones fácticas de las partes incorporadas a sus escritos de acusación y de defensa.

Tal articulación es consecuencia de una serie de premisas, de las que parte la ley: primero, sirven para que el Magistrado-Presidente pueda redactar los hechos probados de la Sentencia que haya de dictarse, condenatoria o absolutoria, incorporando al "factum" todos los elementos que el jurado entienda como probados y que construyan el propio hecho probado, desde su comienzo hasta su consumación, con todos los avatares que las partes hayan planteado como acontecidos, incluidos también todos los elementos del llamado juicio de culpabilidad y de sus circunstancias en relación con la capacidad mental del acusado.

En segundo lugar, sirven también para que la motivación se estructure en cada una de las proposiciones que se les formulan, sin que sea necesario naturalmente que tal motivación sea incardinable en cada una de las preguntas o proposiciones, sino que bastará una motivación general, con tal que el jurado explique sucinta pero suficientemente las pruebas en que se ha basado para dictar su veredicto. Pero tal estructuración secuencial de proposiciones sin duda facilitan la labor intelectual de motivación, pues supone detenerse mentalmente en cada uno de los grados o estructuras de los hechos en su configuración secuencial para determinar en qué elementos probatorios se apoyó el Jurado, dejando nota sucinta de tal explicación ( STS. 12.3.2001 ). Por ello la formulación de los hechos que han de incluirse en el objeto del veredicto habrá de responder a una articulación lógica interna, (...).

Y sobre la motivación del veredicto indica la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2016 (Pte. Granados Pérez): (...), es oportuno recordar que esta Sala tiene declarado (cfr. Sentencias 300/2012, de 3 de mayo , y 591/2001, de 9 de abril , entre otras) que tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que integran por sí solos el Jurado de hechos y de culpabilidad, el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que puede exigirse a un Juez profesional y experimentado y por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado sólo exige (art. 61.d ) «una sucinta explicación de las razones...» que han tomado en consideración los ciudadanos jurados como elementos de convicción para declarar probados los hechos y la participación en ellos del acusado, razones que deberán ser complementadas, cuando sea necesario y de forma congruente con lo expresado por el Jurado, por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal y ha contemplado atentamente el desarrollo del juicio, motivando la sentencia de conformidad con el art. 70.2 de la LOTJ , ( STS 29 de mayo de 2000 ). La motivación sobre los hechos supone una parte esencial de la exigencia motivadora en tanto es aquélla por la que se conoce el proceso de convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad de una persona, en el sentido de participación en el hecho delictivo imputado, y la que justifica el ejercicio de la jurisdicción. Esta función sólo la puede realizar el órgano jurisdiccional que ha percibido directamente la práctica de la prueba con la ventaja cognoscitiva que proporcionan la inmediación y la contradicción. En relación con la función complementadora de la fundamentación fáctica realizada por el Magistrado-Presidente se ha señalado por esta Sala que los enunciados descriptivos que conforman el relato fáctico presuponen una actividad de carácter cognoscitivo que se fundamenta en elementos de prueba y tiene por objeto constatar la verdad o falsedad de los hechos constitutivos propuestos por la acusación y de los impeditivos propuestos por la defensa. (...). Con ello se facilita y simplifica, en gran medida, la exigencia al Jurado de la motivación del veredicto, que sólo debe consistir en la referencia a los elementos de convicción que han tomado en consideración para efectuar sus pronunciamientos fácticos, como previene el art. 61.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , como sucinta explicación de las razones que determinan su convicción, pues la convicción, como constatación de la realidad de una proposición fáctica, se fundamenta en el resultado de las pruebas que avalan la realidad de dicha proposición. En definitiva las sentencias 132/2004 de 4 de febrero , y 1096/2006, de 26 de noviembre , nos dicen que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente, que ha asistido atento al juicio y a sus incidencias; que ha entendido en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada; que ha redactado el objeto del veredicto, y que ha impartido al jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, necesitados de prueba.

En el caso que examinamos, (...), los miembros del Jurado explicaron de forma escueta pero con suficiencia las pruebas que tuvieron en cuenta para declarar como probados determinados hechos.

Señalando la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2021 (Pte. Hurtado Adrián): (...), conviene recordar que, en nuestro sistema procesal, rige el principio de libre valoración conjunta de toda la prueba practicada, y que, en el caso del Juicio por el Tribunal del Jurado, que ha presenciado todo el juicio, está encomendado a este colegio, como juez de los hechos, esa valoración, que lleve a la determinación de los mismos, labor para la que no se precisan especiales conocimientos jurídicos, de ahí que la regla a utilizar no debe ser distinta a la que se utilice en cualquier otro aspecto de la vida, en particular, el sentido común, las reglas de la lógica, la razón, la sensatez en el proceso de deliberación, y rechazo de lo que sea arbitrario, irracional, absurdo, que, en definitiva, es lo mismo que se exige al juez profesional en igual misión, pero con un añadido más, como es que, en el caso del jurado, la opinión la forma un tribunal conformado por nueve miembros, con lo que se incrementan las garantías de mayor solidez en su discurso valorativo, circunstancias que ha tenido en cuenta el legislador, como resulta de la reflexión que encontramos en el apdo. II de la Exposición de Motivos de la LOTJ, que dice: "la Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresión plena de los principios básicos procesales de inmediación, prueba formada con fundamento en la libre convicción, exclusión de pruebas ilegales, publicidad y oralidad", idea que se traslada al art. 61.1 d), relativo al acta de votación, el cual, en su apartado cuarto, indica que se iniciará de la siguiente forma: ""Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: ... ". Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados"; y lo precisaba el TS en su Sentencia 279/2003, de 12 de marzo de 2003 , de la siguiente manera: "siendo así, lo que la ley quiere es que el Jurado diga qué información considera de valor probatorio y por qué. O lo que es lo mismo -y como puede verse en tantos veredictos- que exprese qué cosas de las escuchadas (y de quién), le sirven como "elemento de convicción" o de juicio, y por qué. Pues, dado que lo exigible es un discurso racional, el qué debe tener como respaldo un porqué".

(...) no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional" ( STS 694/2014, de 20 de octubre de 2014 ); por ello que, en el mencionado apartado del art. 61.1 d), se les exija solo una sucinta explicación [que ha de ser de sus razones o ese "por qué", no siendo suficiente una simple enumeración de las fuentes de prueba], frente a la más extensa del juez profesional, y el complemento que a la misma ha de aportar este, en relación con la prueba de cargo, según dispone el art. 70.2 LOTJ , que, necesariamente, habrá de ir en la misma línea que el veredicto, (...).

(...), en la STS 1116/2004, de 14 de octubre , de 2004, dando respuesta a una queja por considerar que el Magistrado-Presidente se había excedido en el cometido que le asigna el art. 70, al entender que había introducido en la sentencia nuevas pruebas inculpatorias no tenidas en cuenta por el Jurado, dice lo siguiente: "(...). El Magistrado-Presidente debe pues tener en cuenta las explicaciones sucintas expresadas por el Jurado que complementará con sus propias consideraciones sobre la prueba de cargo tenida en cuenta por aquél. Lo que no es coherente es que dichas consideraciones sean contradictorias o divergentes con la decisión del Jurado".

Manifiesto resulta, en consecuencia, y siguiendo el expresado criterio jurisprudencial, que en la exigencia de motivación del veredicto se atienda a las circunstancias de los ciudadanos miembros del Tribunal del Jurado, legos en Derecho. Como también lo es que por esa circunstancia no se diluyen las garantías y principios constitucionales de aplicación en todo enjuiciamiento penal: presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, motivación válida, criterios constitucionales y jurisprudenciales de valoración probatoria, etc..

Es por ello que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación (acta de veredicto en la expresión de este caso), que constituye su base y punto de partida, pero que debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados (únicos legitimados para ello -en tal sentido, el Magistrado nunca podrá suplirlos, pero sin que se le prohíba reforzarlos en su justificación y comprensión lógica-) y trasladando los elementos de convicción, o "evidencias" en expresión utilizada en este caso por el Jurado, a su encuadre jurídico. Se trata de una responsabilidad que la ley impone a quien puede cumplirla, el Magistrado-Presidente, que ha asistido atento al juicio y a sus incidencias; que ha redactado el objeto del veredicto, y que ha debido impartir al Jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente, por lo que debe estar en condiciones de plasmar, con el necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados (elementos de convicción o "evidencias" fijados en el acta del veredicto) y cuál es su contenido incriminatorio o exculpatorio o excluyente (por sí, e interrelacionado).

La motivación fáctica, en consecuencia, tendría una doble proyección, por una parte plasmar sucintamente las razones por las que los componentes del Jurado han declarado determinados hechos como probados (fijación de los elementos de convicción/evidencias) -que, se reitera, sólo el Jurado puede efectuar-; por otra, la que el Magistrado-Presidente, al redactar la sentencia, puede realizar, sin alterar ni modificar los elementos de convicción/evidencias tenidos en consideración por el Jurado en su veredicto, pero que sí faculta al mismo a razonar sobre el valor enervatorio de la presunción de inocencia que se infiera de forma natural y racional de esos elementos de convicción, como también, llegado el caso, el valor excluyente que se pueda dar a determinados medios de prueba para acreditar lo pretendido por las partes y que el Jurado ha entendido insuficiente o dudoso (es legítimo que las partes acusadoras puedan requerir que si no se atiende a sus pretensiones, se les dé explicación válida de ello), amén de explicitar los criterios jurídicos aplicables en el caso enjuiciado ( artículo 70.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado).

QUINTO: El Jurado ha contado para su análisis con:

- las manifestaciones del acusado en la vista oral;

- las declaraciones de muy diversos testigos: desde los tres amigos/conocidos que acompañaban al fallecido, las tres camareras del local (estando una de ellas como cliente junto al fallecido), un familiar del entorno del fallecido que estaba en el lugar, los agentes de la Policía Local de DIRECCION001 intervinientes (especialmente los dos agentes que iniciaron la persecución del acusado), agentes de la Guardia Civil que allí se encontraban como clientes y otros que acudieron ante el incidente, además de los que realizaron las investigaciones, y quien era el anterior propietario de la pistola utilizada para dar muerte a la víctima. A ello se ha añadido la declaración grabada en sede judicial, de un testigo fallecido, así como la declaración de la viuda de la víctima.

- varias periciales:

+ médicos-forenses (en cuanto a la autopsia del fallecido),

+ especialistas de Criminalística de la Guardia Civil en balística, química y biología,

+ facultativos del INTCF de Sevilla y Jefa del Servicio del Laboratorio Forense del IML de Granada (en orden al análisis del cabello del acusado y resultado en cuanto a sustancias tóxicas detectadas);

- diversa documental: documentación médica, grabaciones de las cámaras de seguridad del local " DIRECCION002" y del local " DIRECCION003", fotografías, hoja histórico-penal, copias de libros de familia y otra documentación análoga, etc.;

- y las piezas de convicción (entre ellas, el arma utilizada para cometer el hecho y otras tres armas cortas encontradas en la vivienda del acusado -una de fuego y dos de fogueo-).

Por lo tanto, el Jurado ha analizado la totalidad de la prueba desplegada en la vista oral y la existente en las actuaciones a ellos presentada para su valoración (tal y como se evidencia con los elementos de convicción o "evidencias" tenidos en cuenta por los jurados para emitir su veredicto, en que se refiere prueba personal y documental), sin que ninguno de esos medios de prueba presente visos de ilegitimidad o nulidad.

Atendiendo a lo expuesto hasta ahora, procede analizar la valoración probatoria efectuada por el Jurado en el caso enjuiciado, no sin obviar una consideración previa, los elementos de convicción o "evidencias" (en expresión de los jurados) relativos al modo de producirse el ataque mortal al fallecido, el tipo de arma utilizada para ello, su uso por parte del acusado (tanto al cometer la agresión como después en la huida, persecución y detención), y las armas encontradas en el domicilio del acusado, en combinación con el resultado mortal producido y causa de la muerte, es de tal contundencia que difícilmente cabe añadir mayor razón, o sumar explicación alguna, a lo que resulta de la grabación de la cámara 4 (a partir de las 20h.48m. -en el horario que aparece impreso en la parte superior izquierda de la imagen, pero que realmente, dado que no se había actualizado el horario de la cámara, lo era a las 21h.48m., es decir, una hora después de los registros horarios que se recogen en las tres cámaras del local "El Muelle"), reforzado por los testimonios de las personas que acompañaban al fallecido en ese momento, y que, a partir de ese instante, y de forma sucesiva, han permitido encadenar la persecución del acusado (testimonios de los agentes de la Policía Local de DIRECCION001), la llevanza del arma en la mano por parte del acusado durante toda la persecución, la recuperación de ese arma por parte de los agentes cuando la deposita el acusado en la arena de la playa, la custodia de la misma por la Policía Local (sin alterar su estado en lo más mínimo) hasta su entrega en la Guardia Civil, la remisión del arma para su análisis a Balística de la Guardia Civil, el informe emitido sobre el origen de ese arma y las alteraciones sufridas en la misma desde que fue inutilizada, la capacidad de la pistola para disparar (después de la "rehabilitación" efectuada por el acusado), el informe balísticos señalando que los dos proyectiles localizados y los tres casquillos percutidos también localizados proceden de la pistola intervenida al acusado esa noche, y la fijación de ser la causa de la muerte los dos impactos de bala sufridos por el fallecido (resultando incluso que uno de los proyectiles se localizó en el brazo derecho de la víctima).

A ello se suma la localización de las otras tres armas cortas en el armero de la vivienda del acusado, abriéndose éste con una de las llaves que portaba el acusado, y sobre las cuales se han emitido informes por parte de la Guardia Civil.

Es decir, nos encontramos con una cadena de evidencias, secuenciales, complementarias y que se ven reforzadas entre sí, de lo que se ha hecho eco el Jurado, tal y como se evidencia de lo que a continuación se refleja:

3- Rogelio se dirigió a su domicilio, sito en CALLE000, bloque NUM026, de Puerto de DIRECCION001, donde se cambió de ropa y calzado, y abriendo el armero que allí tenía, cogió, de entre otras armas que allí guardaba (unas con licencia -armas de caza- y otras sin licencia o permiso), la pistola marca Star modelo Star Fire nº serie NUM027, de calibre 9 mm "corto", de la que carecía de permiso y licencia administrativa para poseerla y portarla, municionándola, colocando cartuchos en el cargador, poniendo uno en recámara, retirando el seguro del arma, dejándola lista para disparar, e introduciendo la pistola entre el cinturón y la piel de su cintura, oculta bajo la camisa, salió de su vivienda hacia el bar cafetería " DIRECCION002".

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testimonio de Don Severino difundido el 14 de noviembre donde corrobora que se producen los sucesos que se producen en este hecho. Además nos basamos en el testimonio del guardia civil que declaró el día 15/11 en primer lugar, que alegó la ilegalidad del arma utilizada la cual queda confirmada en el informe de legalidad de las armas y munición emitido el 8 de junio de 2022.

4- Rogelio volvió al bar cafetería " DIRECCION002", llegando a la terraza del mismo a las 21 horas 48 minutos 20 segundos, acudiendo de forma rápida hacia la mesa donde estaba sentado Higinio, colocándose enfrente del mismo, y una vez allí, dirigiéndose a Higinio, profirió una expresión retadora ("levántate si eres tan valiente" y "te mato"), al tiempo que sacaba la pistola que llevaba oculta bajo la camisa, apuntándola hacia Higinio, efectuando un primer disparo, levantándose Higinio de la silla, a modo de reacción instintiva, intentando abalanzarse sobre Rogelio, efectuando éste dos disparos más con la pistola, a corta distancia, dirigidos a Higinio, al tiempo que retrocedía, siendo seguido por Higinio, cayendo una sombrilla del local al suelo a consecuencia del desplazamiento del cuerpo de Higinio, quien trataba de alcanzar y sujetar a Rogelio, sin conseguirlo.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes difundidas por la cámara 4 a las 20:48 así como los testimonios del pasado 13 de noviembre de Milagrosa, Natividad, Jesús Manuel y Jesus Miguel.

5- De los tres disparos efectuados por Rogelio, dos impactaron en el cuerpo de Higinio, con entrada por hemitórax izquierdo, línea medioclavicular, teniendo orificio de entrada con equimosis concéntrica periférica ( herida de arma de fuego 1), y con entrada en hipocondrio izquierdo, teniendo orificio de entrada con cintilla de contusión semilunar externa ( herida de arma de fuego 2).

La herida de arma de fuego 1. Esta herida torácica izquierda penetró en cavidad perforando el músculo pectoral mayor izquierdo, a la altura del primer espacio intercostal y seccionó los troncos vasculares supraaórticos (carótida izquierda y troncobraquiocefálico derecho, provocando un hemotórax derecho (hemorragia en cavidad torácica), saliendo a la altura del segundo espacio intercostal derecho penetra a nivel de tercio superior de cara interna de brazo derecho y queda alojado el proyectil en músculo tríceps derecho. Su trayectoria era de izquierda a derecha, de delante atrás, ligeramente de arriba abajo.

La herida de arma de fuego 2 presentaba orificio de salida en fosa ilíaca derecha a nivel de línea axilar anterior y a la altura del ligamento inguinal. Esta herida en hipocondrio izquierdo penetró en cavidad perforando la musculatura abdominal, provocando hematoma en meso con afectación de la vena mesentérica superior en su rama distal, perforación de colon ascendente y de rodilla duodenal. Su trayectoria era de izquierda a derecha, ligeramente de delante hacia detrás, y de arriba abajo.

A consecuencia de los dos disparos recibidos Higinio se desplomó en el suelo.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Nos basamos en la autopsia realizada por los peritos forenses así como por sus testimonios emitidos en sala el día 15/11.

6- Rogelio, tras efectuar los tres disparos, abandonó rápidamente el lugar, pistola en mano, apuntando a los allí presentes con la pistola a fin de imposibilitar que intervinieran, dirigiéndose al PASEO000, donde finalmente fue interceptado por agentes de la Policía Local de DIRECCION001, en la playa, portando en la mano la pistola utilizada, manifestando en el momento de su detención "que no se acerquen los moros". La pistola, en el momento de la detención, se encontraba amartillada, municionada con cartuchos y alimentada con un cartucho en la recámara, lista para hacer fuego.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testimonios emitidos en sala el 14/11 de los policías locales de DIRECCION001: agentes NUM028 y NUM029.

7- Higinio, a consecuencia de los disparos recibidos quedó mortalmente herido, siendo trasladado urgentemente al HOSPITAL000 donde finalmente falleció sobre las 1.20 horas del día 14 de junio de 2021 a causa de las graves heridas producidas por los dos disparos, teniendo como causa inicial de su muerte shock hipovolémico hemorrágico a heridas por arma de fuego, y como causa intermedia lesión de estructuras vasculares (troncos supraaórticos) con hemorragia subsiguiente.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Certificado de fallecimiento emitido por el HOSPITAL000 y el posterior informe médico forense.

8- La pistola utilizada por Rogelio, marca Star, modelo Starfire, nº serie NUM027, calibre 9 mm "corto", fue inutilizada legalmente siguiendo la normativa vigente en el año 2011 por parte del Ejército del Aire, siendo rehabilitada para su uso de forma ilegal por Rogelio, mediante la sustitución del cañón y corredera en fecha posterior al 1 de julio de 2011, momento en la que adquirió su titularidad mediante transferencia legítima.

Rogelio tenía en el armero de su vivienda, sita en CALLE000, bloque NUM026, del Puerto de DIRECCION001, las siguientes armas, que poseía sin contar con las licencias, permisos o requisitos reglamentarios que le autorizaran para su adquisición y tenencia:

- Una pistola detonadora marca Erma Werker, modelo EGP 45, de 8 mm. Knall, nº de serie NUM030 en perfecto estado de funcionamiento;

- Un revólver de retrocarga, marca ARIZMENDI, cal. 6.35 mm. nº de serie NUM031, arma de fuego corta que estaba en perfecto estado de funcionamiento; y

- Una pistola detonadora marca RECK, modelo Pbs, cal. 8 mm. sin número de serie, con cargador, que no se encontraba en condiciones de funcionamiento por falta de piezas esenciales para su uso.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testificales del 15/11 de los dos primeros guardias civiles ( NUM013 y NUM014) así como los siguientes documentos:

+ Informe de balística

+ Informe sobre la legalidad de las armas y munición

+ Informe de inutilización del arma usada

Con toda esta información concluimos que no poseía de licencia de armas y el arma usada estaba manipulada y por tanto prohibida.

Ese convencimiento pleno del Jurado (todas las proposiciones se dan por probadas por unanimidad) llega hasta el exceso de volver a referirse a evidencias al dar respuesta al juicio de culpabilidad sobre el Hecho Delictivo B), cuando ello ya no procedía, señalando de nuevo: Evidencias: Nos amparamos en las testificales de los guardias civiles y peritos del 15/11 así como los informes que emitieron donde quedó reflejada la ilegalidad en la posesión de armas así como la manipulación del arma usada.

Toda la secuencia fáctica antedicha, y dada por probada, permite apreciar que el acusado, después de marcharse del local sobre las 21 horas 10 minutos aproximadamente (se recuerda, en la grabación de la cámara se refleja una hora antes, las 20 horas 10 minutos), se dirige a su domicilio con una manifiesta voluntad, hacerse con el arma corta de fuego más letal que tenía a su disposición y que podía utilizar (la pistola del 9 "corto"), desechando las de fogueo, rechazando también las armas largas de caza respecto a las que tenía licencia (quizás ante la obviedad que ese tipo de arma no podía pasar desapercibida por su tamaño y características, encontrándose además en verano, por lo que no podría llevar prenda larga de abrigo que pudiera ocultarla), y sin plantearse tampoco coger el revolver más antiguo, por cuanto, aun teniendo capacidad para disparar (según el informe de balística), no se localiza munición para ese tipo de arma en el armero al efectuarse la entrada y registro (por lo que no podía ser disparada).

El acusado, además, se cambia de ropa y de calzado, y prepara el arma con su máxima capacidad de carga, introduciendo además un cartucho en la recámara, quitando el seguro al arma, e introduciéndola en su cintura, bajo la camisa, es decir, ocultándola.

Así preparado, vuelve al local, y se dirige rápidamente a la mesa donde se encontraba el fallecido con sus amigos y conocidos, sin que se aprecien vacilaciones o paradas en esa acción, colocándose enfrente del fallecido, al otro lado de la mesa ante la que éste estaba sentado. Hasta ese momento nadie refiere que el acusado se acercara a la mesa vociferando o lanzando gritos contra nadie que pudieran advertir de su presencia y de su intención. En la antedicha posición, extrae el arma que llevaba oculta bajo la camisa, apuntándola hacia el fallecido, y lanzando las frases significadas ("levántate si eres tan valiente" y "te mato"), dispara.

Esa situación, absolutamente imprevista, generó una reacción instintiva del fallecido, levantarse de la silla; en todo caso, absolutamente ineficiente ante lo que se constata como un ataque inesperado, absolutamente no previsible, y con utilización de una pistola real; pistola, además, que no tenía que ser preparada para disparar (quitar el seguro, desplazar la corredera hacia atrás para introducir el primer cartucho en la recámara - debiendo utilizarse para ello las dos manos del portador de la pistola- y apretar el gatillo, lo que hubiera supuesto un tiempo añadido que hubiera dado lugar, siquiera hipotéticamente, a una cierta capacidad de reacción de la víctima), sino que se llevaba preparada para simplemente apretar el gatillo, como así sucedió.

Al primer disparo siguieron otros dos, en un intervalo de escasos segundos, con el fallecido en movimiento tratando de alcanzar al acusado, lo que no consiguió, desplomándose unos segundos después por el efecto de los dos proyectiles que le habían alcanzado, y que le ocasionaron lesiones en partes vitales, con hemorragias internas que le llevaron finalmente a la muerte.

El arma utilizada para provocar la muerte de Higinio era la que en todo momento portó el acusado hasta que finalmente fue perseguido y detenido por agentes de la Policía Local de DIRECCION001, recuperándose el arma (que estaba amartillada, preparada para seguir disparando con solo accionar el gatillo), la cual técnicamente se ha acreditado con el informe pericial de balística era de la que han salido los dos proyectiles localizados (uno de ellos extraído del brazo del fallecido con ocasión de la autopsia) y los tres cartuchos percutidos también localizados.

La pistola, en su momento inutilizada legalmente por el Ejército del Aire, fue adquirida por el acusado, el cual la transformó, "rehabilitándola" como arma de fuego, al sustituir las piezas que habían sido dañadas en el proceso de inutilización. Señalando también el Jurado las "evidencias" a las que atiende para dar por probado esa realidad.

A ello, por lo que se refiere a las armas ilícitas o prohibidas localizadas a disposición del acusado, cabe añadir las "evidencias" significadas por el Jurado referidas al revolver con capacidad de disparo y a las dos pistolas de fogueo (una de ellas sin piezas esenciales para ser utilizada), respecto a las que el acusado carecía de las licencias oportunas o no había cumplido las exigencias administrativas para su adquisición y tenencia.

SEXTO: Los hechos así declarados probados son constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1 ( Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes): 1ª ( Con alevosía), del Código Penal ; y de un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 563 del Código Penal ( La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de una a tres años.).

En tal sentido el pronunciamiento explícito del Jurado en cuanto a los Hechos delictivos sometidos a su consideración, con la precisión, respecto al primero, de lo ya significado, dado que al no apreciar el Jurado que el asesinato respondiera a móviles racistas, ha excluido ese matiz de la proposición descriptiva que recogía el primer Hecho Delictivo, y ha formulado su propia proposición descriptiva (sin variar lo que es esencial, la intención de matar y la acción alevosa dirigida a ese objetivo, configurador del delito de asesinato).

A) Es por ello que ha resultado así: HECHO DELICTIVO A) POR EL QUE EL ACUSADO D. Rogelio DEBE SER DECLARADO CULPABLE O NO CULPABLE: propuesto por el Jurado: Rogelio, con la intención de causar la muerte a Higinio, ciudadano marroquí con el que mantuvo una tensa discusión minutos antes, y sin posibilidad que el mismo se defendiera, se dirigió a la terraza del bar-cafetería " DIRECCION002", de Puerto de DIRECCION001, ocultando bajo su camisa una pistola con bala en la recamara y quitado el seguro del arma, para dispararla de modo inmediato, y colocándose Rogelio rápidamente delante de Higinio, de forma inesperada, estando éste sentado en una silla de la terraza, con una silla delante y rodeado de sus amigos, se dirigió a Higinio profiriendo una expresión retadora ("levántate si eres tan valiente" y "te mato"), al tiempo que sacaba la pistola que llevaba oculta bajo la camisa, apuntándola hacia Higinio, efectuando un primer disparo, levantándose Higinio de la silla, a modo de reacción instintiva, intentando abalanzarse sobre Rogelio, efectuando éste 2 disparos más con la pistola, a corta distancia, dirigidos a Higinio, al tiempo que retrocedía, siendo seguido por Higinio, cayendo una sombrilla del local al suelo a consecuencia del desplazamiento del cuerpo de Higinio, quien trataba de alcanzar y sujetar a Rogelio, sin conseguirlo. A consecuencia de los dos disparos recibidos (que impactaron, el 1 en hemitórax izquierdo -pecho-, y el 2 en hipocondrio izquierdo -abdomen-) Higinio se desplomó en el suelo a los pocos segundos, recibiendo asistencia médica urgente y siendo trasladado al HOSPITAL000, de Murcia, donde falleció a la 1 horas 20 minutos del día siguiente, 14 de junio de 2021, siendo la causa de su muerte shock hipovolémico hemorrágico a consecuencia de heridas por arma de fuego.

CULPABLE POR UNANIMIDAD

Concurre evidentemente el elemento subjetivo del tipo penal del asesinato, el ánimo o intención de matar a una persona, por cuanto en este caso se cuenta con los enunciados recogidos en el veredicto del Jurado que explicitan con evidente claridad que sólo esa voluntad guiaba el proceder de Rogelio, quien sostuvo su voluntad de atentar contra la vida de D. Higinio durante más de 40 minutos, desde que se marchó de la terraza del local y acudió a su domicilio para seleccionar el arma corta más letal a su disposición, que cargó al máximo, con cartucho en recamara y preparada para disparar con sólo presionar el gatillo; se cambió de ropa y calzado, facilitando así la ocultación del arma bajo la camisa, colocándosela en su cintura, entre el cinturón del pantalón y la piel de su abdomen, volviendo directamente a la terraza del local desde su vivienda, y no "advirtiendo" de su presencia con gritos, sino que se dirigió de forma rápida a la mesa donde se encontraba sentada la víctima, colocándose frente a él, y realizando la admonición por él vertida hacia el fallecido, acompañado del acto de sacarse la pistola de donde la llevaba oculta, apuntar a la víctima y efectuar el primer disparo, seguidos de dos más en escasos segundos.

El tiempo transcurrido, la selección de la pistola y su preparación para ser disparada con solo apretar el gatillo, la ocultación de ésta para no ser advertida, el modo de dirigirse hacia el lugar donde se encontraba la víctima, el mensaje vertido y la acción acompañada, y el inmediato primer disparo, dirigido hacia la víctima, seguido de dos disparos más en escasos segundos, es expresivo de la voluntad evidente del acusado de dar muerte a la víctima, y, además, sin posibilidad por parte de ésta de advertir el ataque y de dar lugar a una reacción defensiva efectiva procedente de la misma.

Todo lo anterior evidencia la voluntad de matar que animaba el comportamiento de Rogelio, en su manifestación dolosa, y, por lo tanto, ninguna duda cabe sobre su actuación e intención.

Cifrado el animus necandi, la calificación jurídica es de asesinato, al concurrir la alevosía.

El modo de proceder del acusado fue alevoso, por resultar sorpresivo, privando a la víctima de toda posibilidad de defensa ante lo que no podía esperar.

No puede olvidarse que la víctima, estando sentado con sus amigos en la terraza del bar, no pudo prever que se le acercase de forma inopinada el acusado y extrayendo la pistola que ocultaba bajo su camisa, le apuntase con la misma y disparase rápidamente contra él. Que la víctima, ante el gesto del acusado de extraer el arma oculta bajo la ropa, empuñándola hacia él, realizase el movimiento de levantarse de la silla y dirigir uno de sus brazos hacia el acusado, no constituye una reacción defensiva efectiva, sino una mera reacción instintiva, pero sin entidad alguna, por cuanto la pistola, como sabía y era plenamente consciente el acusado (porque así la había preparado), la llevaba teniendo un proyectil en la recámara, y el seguro retirado, por lo que simplemente al presionar el gatillo se dispararía.

Es por lo expuesto que debe atenderse a la jurisprudencia referida a la alevosía, y, en concreto, en la modalidad sorpresiva. Así, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2023 (Pte. Berdugo Gómez de la Torres), que sobre la alevosía recoge: Como hemos dicho en SSTS 703/2013, de 8-10 , 492/2017, de 29-6 ; 423/2020, de 23-7 ; 114/2021, de 11-2 , se viene aplicando a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada.

En cuanto a su naturaleza, aunque esta Sala unas veces ha destacado su carácter subjetivo, lo que supone mayor culpabilidad, y otras su carácter objetivo, lo que implica mayor antijuricidad, en los últimostiempos, aun admitiendo su carácter mixto, ha destacado su aspecto predominante objetivo pero exigiendo el plus de culpabilidad, al precisar una previa escogitación de medios disponibles, siendo imprescindible que el infractor se haya representado su modus operandi suprime todo eventual riesgo y toda posibilidad de defensa procedente del ofendido y desea el agente obrar de modo consecuencia a la proyectado y representado.

En definitiva, en síntesis, puede decirse que la alevosía es una circunstancia de carácter predominantemente objetivo que incorpora un especial elemento subjetivo, que dota a la acción de una mayor antijuricidad, denotando todo riesgo personal, de modo que el lado de la antijuricidad ha de apreciarse y valorarse la culpabilidad ( STS 16-10-96 ) lo que conduce a su consideración como mixta ( STS 28-12-2000 ).

En cuanto a la "eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima debe ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, siendo compatible con intentos defensivos ínsitos en el propio instinto de conservación" ( STS. 13.3.2000 ).

Por ello, esta Sala arrancando de la definición legal de la alevosía, refiere invariablemente la concurrencia de los siguientes elementos ( SSTS. 155/2005 de 15.2 , 375/2005 de 22.3 ):

a) En primer lugar, un elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse a los delitos contra las personas.

b) En segundo lugar, un elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad.

c) En tercer lugar, un elemento subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Es decir, el agente ha de haber buscado intencionadamente la producción de la muerte a través de los medios indicados, o cuando menos, aprovechar la situación de aseguramiento del resultado, sin riesgo.

d) Y, en cuarto lugar, un elemento teleológico, que impone la comprobación de si en realidad, en el caso concreto, se produjo una situación de total indefensión, siendo necesario que se aprecie una mayor antijuricidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( STS. 1866/2002 de 7.11 ).

De lo antes expuesto se entiende que la esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes ( STS. 178/2001 de 13.2 ).

Entre las distintas modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa, esta Sala por ejemplo S. 49/2004 de 22.1, viene distinguiendo:

a) alevosía proditoria, (...).

b) alevosía súbita o inopinada, llamada también "sorpresiva", en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. Esta modalidad de alevosía es apreciable en los casos en los que se ataca sin previo aviso.

c) alevosía de desvalimiento, (...).

(...).

En consecuencia, concurre también la agravante cuando aun habiendo mediado un enfrentamiento previo sin circunstancias iniciales alevosas, se produce un cambio cualitativo en la situación, de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno, en función de las concretas circunstancias del hecho, especialmente cuando concurre una alteración sustancial en la potencia agresiva respecto al instrumento utilizado, el lugar anatómico de la agresión y la fuerza empleada (cfr. SSTS. 53/2009 de 22.10 , 147/2007 de 19.2 , 640/2008 de 8.10 , y 243/2004 de 24.2 )".

1.3.- En el caso presente, la apreciación de la alevosía, en su modalidad de "sorpresiva" (e incluso "proditoria") debe ser mantenida, dado que esta Sala viene manteniendo (SSTS 880/2007, de 2-11 ; 25/2009, de 22-1 ; 37/2010, de 22-1 ; 345/2019, de 4-7 ) que la utilización de un arma de fuego frente a quien se encuentra inerme, esto es, sin ninguna clase de arma defensiva, ha de considerarse ordinariamente una acción alevosa. Más indefensión que verse acometido mediante los disparos de un arma de fuego que provienen del agresor, sin ninguna posibilidad de defensa, no cabe imaginar. La STS 892/2007, de 29-10 , insiste en que en los casos en que autor dispone de un arma que aumenta considerablemente su capacidad agresiva y la víctima carece de instrumentos idóneos que aumenten su capacidad defensiva, la seguridad de la agresión es máxima, dándose los elementos propios de la alevosía, máxime cuando del relato fáctico aparece que el ataque fue súbito, inesperado e imprevisible para la víctima, hasta el punto de que no hubo defensa alguna por parte de este; (...).

En esa línea jurisprudencial las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2019 (Pte. Ferrer García) y de 28 de mayo de 2019 (Pte. Llarena Conde).

En este caso se trató de un ataque que cogió desprevenida a la víctima, por cuanto, aunque ésta era consciente que había mantenido tiempo antes una discusión con el acusado, al que había censurado su comportamiento en el local, lo que no podía representarse es que el acusado, quien se había marchado del local, volviera unos cuarenta minutos después con un arma oculta bajo su ropa, acercándose de modo inopinado y rápido a la mesa donde la víctima se encontraba, sentada, con sus amigos, se pusiera delante de él empuñando un arma de fuego preparada para ser disparada, lo que hizo el acusado de modo rápido en un primer momento, sin perjuicio que ante la reducida potencia de impacto del proyectil y la zona donde impactó, permitiera a la víctima dirigirse hacia el acusado sorteando la mesa y las sillas, así como una sombrilla que allí había, y que ante el ímpetu y movimiento de los cuerpos cayó al suelo, logrando acercarse la víctima al acusado, secuencia en que el acusado habría disparado en dos ocasiones más hacia el cuerpo de la víctima.

Resulta manifiesto con todo ello que las posibilidades de defensa de la víctima eran nulas, inexistentes, ante ese tipo de agresión mortal, utilizando un arma de fuego a corta distancia, y el medio y forma empleado en la ejecución directamente dirigido a asegurar el resultado buscado (matar), eliminando toda posibilidad efectiva de defensa por parte de Dª Higinio ante ese ataque, lo que caracteriza la alevosía.

B) El delito de tenencia ilícita de armas se recoge en el HECHO DELICTIVO B) POR EL QUE EL ACUSADO D. Rogelio DEBE SER DECLARADO CULPABLE O NO CULPABLE: La pistola utilizada por Rogelio, marca Star, modelo Starfire, nº serie NUM027, calibre 9 mm "corto", fue inutilizada legalmente siguiendo la normativa vigente en el año 2011 por parte del Ejército del Aire, siendo rehabilitada para su uso de forma ilegal por Rogelio, mediante la sustitución del cañón y corredera en fecha posterior al 1 de julio de 2011, momento en la que adquirió su titularidad mediante transferencia legítima como arma inutilizada.

Rogelio tenía, además, a su disposición en el armero de su vivienda, las siguientes armas, que poseía sin contar con las licencias, permisos o requisitos reglamentarios que le autorizaran para su adquisición y tenencia:

- Una pistola detonadora marca Erma Werker, modelo EGP 45, de 8 mm. Knall, nº de serie NUM030 en perfecto estado de funcionamiento;

- Un revólver de retrocarga, marca ARIZMENDI, cal. 6.35 mm. nº de serie NUM031, arma de fuego corta que estaba en perfecto estado de funcionamiento; y

- Una pistola detonadora marca RECK, modelo Pbs, cal. 8 mm. sin número de serie, con cargador, que no se encontraba en condiciones de funcionamiento por falta de piezas esenciales para su uso.

CULPABLE POR UNANIMIDAD

En el presente caso se evidencia el cumplimiento íntegro de las exigencias típicas, dada la existencia de dos armas de fuego (una de ellas inicialmente inutilizada y luego rehabilitada ilegalmente por el acusado para que pudiera disparar, y que fue la utilizada para el asesinato, y, la otra, el revolver Arizmendi, con capacidad de disparo y sin licencia que le diera cobertura) y dos armas de fogueo (de las que se podrá discutir, en ambas su condición de poder ser utilizadas como armas efectivas de defensa o ataque, dado que su capacidad de disparar proyectiles es imposible, precisamente por sus características técnicas, sin perjuicio que una de ellas ni siquiera tenía la capacidad para detonar los cartuchos específicos para dicho tipo de arma, al carecer de elementos esenciales para ello), en todo caso, estas últimas las poseía el acusado sin haber cumplimentado las exigencias administrativas para su legítima posesión.

Procede recordar la doctrina jurisprudencial al respecto del delito de tenencia ilícita de armas, por todas, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2022 (Pte. Polo García): Hemos dicho en la STS 355/2018, de 16 de julio , la doctrina científica y jurisprudencial considera el delito de tenencia ilícita de armas como un delito permanente, en cuanto la situación antijurídica se inicia desde que el sujeto tiene el arma en su poder y se mantiene hasta que se desprende de ella; como un delito formal, en cuanto no requiere para su consumación resultado material alguno, ni producción de daño, siquiera algún sector doctrinal prefiere hablar al respecto de un delito de peligro comunitario y abstracto, en cuanto el mismo crea un riesgo para un número indeterminado de personas, que exige como elemento objetivo una acción de tenencia (y por ello es calificado también como tipo de tenencia) que consiste en el acto positivo de tener o portar el arma. Como elemento subjetivo atinente a la culpabilidad se exige el animus possidendi, esto es, el dolo o conocimiento de que se tiene el arma, pese a la prohibición de la norma ( SSTS. 709/2003 de 14.5 , 201/2006 de 1.3 , 311/2014 de 16.4 ).

Por tanto, es un delito de amplio espectro porque se consuma con distinta gravedad (siempre por la simple detentación independientemente de que se haga o no uso del arma) desde la posesión más o menos intrascendente, sin mayor proyección, hasta constituir un acto de suma gravedad para la paz social dado el número o calidad de las armas, la personalidad del agente o la presumible finalidad que con ella se persigue.

En la reciente sentencia 249/2020, de 27 de mayo , hemos explicado, que no toda tenencia de armas prohibidas puede ser integrada en el tipo penal, sino únicamente aquellas situaciones en la que la gravedad de los hechos pone en peligro el bien jurídico protegido: "El propio Tribunal, resume la doctrina contenida en la STC 24/2004, de 24 de febrero (...).

Resultaría inconstitucional una interpretación del primer inciso del art. 563 CP en la que la vinculación del elemento normativo del precepto al Reglamento de armas fuera absoluta e incondicionada, de forma que cualquier arma prohibida en el mismo pasara a integrar el tipo delictivo, pues ello vulneraría la garantía esencial del principio de reserva de ley consagrado en el art. 25.1CE , además de plantear un problema de proporcionalidad de la sanción penal (FJ 5).

No obstante, señalábamos que ésta no era la única interpretación posible del precepto y que existía una interpretación del mismo conforme a la Constitución. "La interpretación constitucionalmente conforme ha de partir de que el art. 563 CP en su primer inciso no consagra una remisión ciega a la normativa administrativa, cualquiera que sea el contenido de ésta, sino que el ámbito de la tipicidad penal es distinto y más estrecho que el de las prohibiciones administrativas. Tal reducción del tipo se alcanza, en primer lugar, en el plano de la interpretación literal o gramatical, a partir del concepto de armas, excluyendo del ámbito de lo punible todos aquellos instrumentos u objetos que no lo sean (aunque su tenencia esté reglamentariamente prohibida) y que no tengan inequívocamente tal carácter en el caso concreto. Y, según el Diccionario de la Real Academia, son armas aquellos 'instrumentos, medios o máquinas destinados a ofender o a defenderse', por lo que en ningún caso será punible la tenencia de instrumentos que, aunque en abstracto y con carácter general puedan estar incluidos en los catálogos de prohibiciones administrativas, en el caso concreto no se configuren como instrumentos de ataque o defensa, sino otros, como el uso en actividades domésticas o profesionales o el coleccionismo.

En segundo lugar, y acudiendo ahora a los principios generales limitadores del ejercicio del ius puniendi, la prohibición penal de tener armas no puede suponer la creación de un ilícito meramente formal que penalice el incumplimiento de una prohibición administrativa, sino que ha de atender a la protección de un bien jurídico (la seguridad ciudadana y mediatamente la vida y la integridad de las personas, como anteriormente señalamos) frente a conductas que revelen una especial potencialidad lesiva para el mismo. Y además, la delimitación del ámbito de lo punible no puede prescindir del hecho de que la infracción penal coexiste con una serie de infracciones administrativas que ya otorgan esa protección, por lo que, en virtud del carácter de ultima ratio que constitucionalmente ha de atribuirse a la sanción penal, sólo han de entenderse incluidas en el tipo las conductas más graves e intolerables, debiendo acudirse en los demás supuestos al Derecho administrativo sancionador, pues de lo contrario el recurso a la sanción penal resultaría innecesario y desproporcionado.

La concreción de tales criterios generales nos permite efectuar nuevas restricciones del objeto de la prohibición, afirmando que la intervención penal sólo resultará justificada en los supuestos en que el arma objeto de la tenencia posea una especial potencialidad lesiva y, además, la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias tales que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana. Esa especial peligrosidad del arma y de las circunstancias de su tenencia deben valorarse con criterios objetivos y en atención a las múltiples circunstancias concurrentes en cada caso, sin que corresponda a este Tribunal su especificación. Esta pauta interpretativa resulta acorde, por lo demás, con la línea que, generalmente, viene siguiendo el Tribunal Supremo en la aplicación del precepto en cuestión". Finalmente, en el fundamento jurídico 8 y recapitulando todo lo expuesto, establecíamos cuál es la interpretación del primer inciso del art. 563 CP conforme a la cual el precepto es constitucional, a la que se remite el fallo: "a tenor del art. 563 CP las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son, exclusivamente, aquéllas que cumplan los siguientes requisitos: en primer lugar, y aunque resulte obvio afirmarlo, que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son); en segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del Reglamento de armas mediante una Orden ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de ley que rige en material penal; en tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva y, por último, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho administrativo sancionador ( STC 111/1999, de 14 de junio , FJ 3). A través de esta interpretación restrictiva, el tipo resulta compatible con las exigencias constitucionales derivadas del principio de legalidad, tanto desde la perspectiva de las garantías formales y materiales inherentes al principio de reserva de ley, como desde la perspectiva de la proporcionalidad de la reacción penal; pues bien, solamente así entendido el precepto puede ser declarado conforme a la Constitución. Todo ello sin perjuicio de dejar constancia de la conveniencia de que el legislador defina expresamente el tipo del art. 563 CP con mayor precisión formal".

Es evidente que de las cuatro armas reseñadas, dos tenían la consideración de armas de fuego con capacidad para disparar proyectiles mediante la deflagración de la pólvora (una de ellas después de su manipulación/alteración por parte del acusado), es decir, se encontraban en condiciones de funcionamiento, poseyéndolas el acusado sin la licencia preceptiva. Y las otras dos armas lo eran de fogueo, poseídas por el acusado sin cumplir las exigencias administrativas para su legítima disposición, aunque una de ellas carecía de piezas necesarias para poder ser accionada.

En tal sentido no puede obviarse lo significado por la Jurisprudencia, en el sentido recogido en las SsTS, Sala de lo Penal, de 13 de febrero de 2015 y de 10 de julio de 2015, entre otras, señalándose en esta última: El elemento material u objetivo consistirá en el arma de fuego, caracterizado como instrumento apto para disparar proyectiles, mediante la deflagración de la pólvora. Requisito necesario del elemento es que el arma se halle en condiciones de funcionamiento, no apreciándose tal capacidad en aquellas armas que por su antigüedad, ausencia de piezas fundamentales o cualquier otra causa, carecen de aptitud para disparar proyectiles. Se ha estimado que el arma funciona si puede hacer fuego o ser puesta en condiciones de hacerlo. La idoneidad del arma para el disparo permite que el peligro abstracto que comporta el arma se traduzca en peligro concreto y es elemento fáctico esencial que debe ser acreditado por la Acusación.

Sin olvidar lo también acogido por la Jurisprudencia en orden a que no se apliquen tantos delitos como armas se posean ilícitamente, salvo que se alcance el número de armas necesarias para la calificación de depósito -5-, sino que, como sucede en este caso, existe un solo delito de tenencia ilícita de armas. Así la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nº 69/2008, de 4 de febrero: ..., ya en nuestra veterana sentencia de 29 de septiembre de 1995 , decíamos que en el caso de la ilícita posesión de varias armas, sin llegar a la figura del depósito, el riesgo de la seguridad general o comunitaria -bien jurídico protegido- resulta acusable sean una o más las armas detectadas -en tanto no se llegue a la determinación de un depósito, en sentido legal-. El peligro general o abstracto que acompaña a la ilegal tenencia no se multiplica necesariamente ante la pluralidad instrumental de las armas descubiertas, en tanto no será fácil su uso simultáneo.

Ello no quiere decir que devenga indiferente la ocupación de una o varias armas; se ensancha el área de la desobediencia e, indudablemente, se intensifica el coeficiente de riesgo. Pero ello tendrá su traducción en la selección del quantum penológico dentro del margen de discrecionalidad reconocido al Juez o Tribunal.

Para la sentencia de 27 de mayo de 1986 -recordada por la de 25 de enero de 1988- el Código se refiere en plural a la tenencia de armas, consciente sin duda de que define una conducta única de desobediencia a las normas administrativas sobre el control de las armas de fuego, que pone en riesgo la seguridad de la comunidad social (bien jurídico protegido) tanto si la posesión comprende un arma o varias, siempre que no alcance la calificación de depósito en virtud de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Penal . En esta línea, de modo más o menos explícito, se inscriben sentencias tales como las de 27 de noviembre de 1993 .).

Por todo lo cual, la calificación jurídica asumida al respecto por las Acusaciones es la que se entiende acertada y ajustada a Derecho, un solo delito de tenencia ilícita de armas.

SÉPTIMO: Rogelio es autor responsable criminalmente de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas antedichos, en atención a los artículos 27 y 28, párrafo primero, del Código Penal, al ejecutar, con plena conciencia y voluntad, las conductas típicas.

OCTAVO: No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ni atenuantes, ni agravantes.

Las Acusaciones, y así incluso lo ha aceptado la Defensa del acusado en sus conclusiones definitivas, han sostenido que la actuación desplegada el 13 de junio de 2021 atendía a una motivación racista, en base al artículo 22.4ª del Código Penal -según redacción vigente al momento de los hechos- ( Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad).

También se ha planteado si la ingesta alcohólica que se ha acreditado esa tarde por parte del acusado, ha podido influir o afectar a sus facultades intelectivas y/o volitivas.

Ese bosquejo de posibles factores concurrentes en la actuación del acusado ha tenido su proyección en los siguientes puntos del objeto del veredicto, obteniendo el siguiente resultado, recogiéndose la relación de proposiciones fácticas y las evidencias en virtud de las cuales se declaran probadas o no probadas por el Jurado:

Hecho 1 A): Rogelio desde, al menos, las 18 horas aproximadamente del día 13 de junio de 2021 se encontraba en el bar cafetería "El Muelle", sito en PLAZA000 nº NUM025 de la localidad de Puerto de DIRECCION001, término municipal de DIRECCION001, consumiendo alguna cerveza.

PROBADO POR UNANIMIDAD.

Evidencias: Nos basamos en las imágenes difundidas por la cámara 4 y las testificales de las camareras Milagrosa y Natividad del lunes 13/11.

Hecho 1 B): En dicho establecimiento hostelero se encontraban clientes de origen magrebí, lo que molestaba a Rogelio, quien realizó diversos comentarios de tono ofensivo, llamándolos "moros", y reprochando que dichos clientes accedieran al interior del local y se acercaran a la barra a pedir sus consumiciones a las camareras, recriminando el trato que éstas dispensaban a dichos clientes. En tal sentido, Rogelio pronunció frases en voz alta del siguiente o semejante tenor: "no quiero ver marroquíes dentro del bar", "voy a mandar a la inspección de trabajo", "no quiero moros en la barra", "no quiero ver a ningún moro en la barra del bar", "qué hacen los putos moros en la barra", llegando a decir también "esta tarde se va a liar".

NOPROBADO POR UNANIMIDAD.

Tras analizar los testimonios realizados por los testigos y con los indicadores de polarización aportados por la Policía Judicial, consideramos que los comentarios realizados no tienen carácter racista, sino más bien son de carácter imprudentes, asociado a su actitud incordiante y follonera.

Y se realiza la siguiente propuesta por el Jurado : En dicho establecimiento hostelero se encontraban multitud de clientes entre ellos Rogelio que demostraba actitudes reprochables. En un momento de la tarde tuvo un enfrentamiento con otro cliente, Jesús Manuel, al cual conocía de otro establecimiento, detonando este hecho que el acusado tuviese una fijación con ese grupo de amigos.

PROBADA POR UNANIMIDAD

Evidencias: Cámara 3 así como los testimonios del 13/11 de Milagrosa, Natividad y Jesús Manuel.

Hecho 1 C): Ante la actitud mantenida por Rogelio, las camareras recriminaron a éste lo que estaba diciendo, advirtiéndole que de proseguir con dicho comportamiento no le iban a servir más bebida y tendría que marcharse del local, lo que llevó a Rogelio a salir sobre las 21 horas 6 minutos del interior del local, dirigiéndose a una mesa de la terraza, sentándose.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Las imágenes de la cámara 4 y los testimonios de las tres camareras Natividad, Milagrosa e Olga realizadas el día 13 de noviembre.

Hecho 2 A): En la terraza del local se encontraba un grupo de ciudadanos marroquíes y españoles, entre los que se encontraba Higinio, nacido en Marruecos, de 38 años de edad, acompañado de una camarera del establecimiento, Natividad, libre de servicio, y que estaba como cliente en una mesa de la terraza, junto con otros conocidos de origen magrebí ( Jesús Manuel, Jesus Miguel y Moises). A ellos se dirigieron las camareras para comunicarles el comportamiento mantenido por Rogelio durante esa tarde.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes de la cámara 4 (19:19) así como los testimonios del día 13 de Natividad, Milagrosa, Jesús Manuel, Jesus Miguel y Moises.

Hecho 2 B): Higinio, acompañado de dos de sus conocidos, se levantaron de la mesa, junto con la camarera Milagrosa, y se trasladaron al interior del local, donde también se incorporó su compañera Natividad.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes de la cámara 3 unos minutos antes de iniciarse la discusión.

Hecho 2 C): Sobre las 21 horas 8 minutos aproximadamente, Higinio, los dos conocidos, la camarera Milagrosa y su compañera Natividad, salieron del interior del local y se dirigieron hacia la mesa donde se encontraba sentado Rogelio, quedándose finalmente Higinio solo con Rogelio en la mesa, quiénes no se conocían de antes, censurándole Higinio su actitud a Rogelio, requiriéndole para que dejara de molestar a las camareras y cesara en su comentarios ofensivos hacia los magrebíes, manteniéndose durante unos instantes una situación tensa entre ambos, que finalmente concluía trasladándose Higinio a su mesa en la terraza y marchándose Rogelio del lugar a partir de las 21 horas 10 minutos.

NOPROBADO POR UNANIMIDAD.

Y se realiza la siguiente propuesta por el Jurado: Sobre las 21 horas aproximadamente, Higinio, los dos conocidos, la camarera Milagrosa y su compañera Natividad se dirigieron a la mesa de Rogelio, quedándose finalmente Higinio y Rogelio solos en la mesa, quienes mantuvieron una discusión bastante acalorada y tensa, que finalizó cuando Higinio se trasladó a su mesa con su grupo de amigos y Rogelio se marchó del lugar a las 21 horas 10 minutos.

PROBADA POR UNANIMIDAD

Evidencias: Las imágenes mostradas por la cámara 4 entre las 20:06 y las 20:10. No podemos dar por probado el contenido de la discusión por las declaraciones de las camareras ni de su grupo de amigos, ya que ninguno testificó el contenido exacto o real de esa conversación.

9- Rogelio, aunque había ingerido la tarde del 13 de junio de 2021 algunas cervezas, no presentaba afectación de sus facultades intelectivas y/o volitivas.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Testificales de los agentes de Policía Local de DIRECCION001 y guardia civil intervinientes nos indicaron que no notaron ninguna condición incapacitante a causa del alcohol.

En cuanto a la eventual afectación alcohólica, el Jurado la rechaza, y lo hace complementando "evidencias", especialmente las cámaras 3 y 4 del establecimiento "El Muelle" y los testimonios de las camareras y de los amigos/conocidos del fallecido, para concluir con las manifestaciones de agentes de la Policía Local de DIRECCION001 y Guardia Civil, que excluirían una supuesta afectación o incidencia de la previa ingesta alcohólica en las facultades intelectivas y/o volitivas del acusado (capacidad de conocer lo que está sucediendo y de decidir voluntariamente lo que hace). Los agentes fueron claros, ni olieron a alcohol (pese a encontrarse en recintos cerrados con el acusado: vehículo policial, calabozo), ni le apreciaron sintomatología de afectación alcohólica, ni sus movimientos y actuación denotaba influencia de alcohol.

Es verdad que las camareras han significado que el acusado presentaba esa tarde un comportamiento inquieto, alterado, nervioso, que estaba raro (declaraciones de Milagrosa y de Olga), pero en ningún momento le apreciaron que estuviera embriagado o borracho; y los agentes que persiguieron al acusado y estuvieron junto a él en recintos cerrados tampoco apreciaron sintomatología alguna relativa a una afectación alcohólica.

También las cámaras 3 y 4 permiten apreciar que el acusado llevaba en su manos alguna cerveza, y que se mostraba inquieto, con entradas y salidas del local, acercamiento a distintos clientes que allí se encontraban, contactos con los clientes y con las camareras, además de mantener con los clientes y con las camareras conversaciones, acompañadas algunas de gesticulación que podría denotar cierta alteración del ánimo.

Y es precisamente el análisis combinado de todo ese caudal de aportación de información y de datos el que permite al Jurado excluir que el acusado estuviera afectado en sus facultades intelectivas y volitivas por el previo consumo de cervezas.

Surge ahora la cuestión controvertida, que ha llevado al Jurado a plantear proposiciones alternativas.

Las acusaciones han sostenido que el ataque mortal contra Higinio atendía a su condición de ciudadano marroquí, es decir, por razón de su raza, etnia o procedencia territorial. Y lo han fundado en los comentarios que se habrían proferido por el acusado con anterioridad a las 21 horas aproximadamente (durante esa tarde), dirigidos a la comunidad magrebí, dado que se reconoce que entre Higinio y el acusado no existía relación previa, que no se conocían; y en la recriminación que pudo hacerle el fallecido al acusado a partir de las 21 horas 8 minutos.

El Jurado, por el contrario, cuestiona que los comentarios que pudieron haberse vertido por el acusado tuvieran intención racista o que merecieran esa catalogación, entendiéndose más como desafortunados, inadecuados, imprudentes, relacionándolos con que el acusado mantuvo esa tarde una actitud de incordio y follonera, molesta.

Hecho 1 B): En dicho establecimiento hostelero se encontraban clientes de origen magrebí, lo que molestaba a Rogelio, quien realizó diversos comentarios de tono ofensivo, llamándolos "moros", y reprochando que dichos clientes accedieran al interior del local y se acercaran a la barra a pedir sus consumiciones a las camareras, recriminando el trato que éstas dispensaban a dichos clientes. En tal sentido, Rogelio pronunció frases en voz alta del siguiente o semejante tenor: "no quiero ver marroquíes dentro del bar", "voy a mandar a la inspección de trabajo", "no quiero moros en la barra", "no quiero ver a ningún moro en la barra del bar", "qué hacen los putos moros en la barra", llegando a decir también "esta tarde se va a liar".

NOPROBADO POR UNANIMIDAD.

Tras analizar los testimonios realizados por los testigos y con los indicadores de polarización aportados por la Policía Judicial, consideramos que los comentarios realizados no tienen carácter racista, sino más bien son de carácter imprudentes, asociado a su actitud incordiante y follonera.

Y se realiza la siguiente propuesta por el Jurado : En dicho establecimiento hostelero se encontraban multitud de clientes entre ellos Rogelio que demostraba actitudes reprochables. En un momento de la tarde tuvo un enfrentamiento con otro cliente, Jesús Manuel, al cual conocía de otro establecimiento, detonando este hecho que el acusado tuviese una fijación con ese grupo de amigos.

PROBADA POR UNANIMIDAD

Evidencias: Cámara 3 así como los testimonios del 13/11 de Milagrosa, Natividad y Jesús Manuel.

Hecho 1 C): Ante la actitud mantenida por Rogelio, las camareras recriminaron a éste lo que estaba diciendo, advirtiéndole que de proseguir con dicho comportamiento no le iban a servir más bebida y tendría que marcharse del local, lo que llevó a Rogelio a salir sobre las 21 horas 6 minutos del interior del local, dirigiéndose a una mesa de la terraza, sentándose.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Las imágenes de la cámara 4 y los testimonios de las tres camareras Natividad, Milagrosa e Olga realizadas el día 13 de noviembre.

Hecho 2 A): En la terraza del local se encontraba un grupo de ciudadanos marroquíes y españoles, entre los que se encontraba Higinio, nacido en Marruecos, de 38 años de edad, acompañado de una camarera del establecimiento, Natividad, libre de servicio, y que estaba como cliente en una mesa de la terraza, junto con otros conocidos de origen magrebí ( Jesús Manuel, Jesus Miguel y Moises). A ellos se dirigieron las camareras para comunicarles el comportamiento mantenido por Rogelio durante esa tarde.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes de la cámara 4 (19:19) así como los testimonios del día 13 de Natividad, Milagrosa, Jesús Manuel, Jesus Miguel y Moises.

Hecho 2 B): Higinio, acompañado de dos de sus conocidos, se levantaron de la mesa, junto con la camarera Milagrosa, y se trasladaron al interior del local, donde también se incorporó su compañera Natividad.

PROBADO POR UNANIMIDAD

Evidencias: Imágenes de la cámara 3 unos minutos antes de iniciarse la discusión.

Hecho 2 C): Sobre las 21 horas 8 minutos aproximadamente, Higinio, los dos conocidos, la camarera Milagrosa y su compañera Natividad, salieron del interior del local y se dirigieron hacia la mesa donde se encontraba sentado Rogelio, quedándose finalmente Higinio solo con Rogelio en la mesa, quiénes no se conocían de antes, censurándole Higinio su actitud a Rogelio, requiriéndole para que dejara de molestar a las camareras y cesara en su comentarios ofensivos hacia los magrebíes, manteniéndose durante unos instantes una situación tensa entre ambos, que finalmente concluía trasladándose Higinio a su mesa en la terraza y marchándose Rogelio del lugar a partir de las 21 horas 10 minutos.

NOPROBADO POR UNANIMIDAD.

Y se realiza la siguiente propuesta por el Jurado: Sobre las 21 horas aproximadamente, Higinio, los dos conocidos, la camarera Milagrosa y su compañera Natividad se dirigieron a la mesa de Rogelio, quedándose finalmente Higinio y Rogelio solos en la mesa, quienes mantuvieron una discusión bastante acalorada y tensa, que finalizó cuando Higinio se trasladó a su mesa con su grupo de amigos y Rogelio se marchó del lugar a las 21 horas 10 minutos.

PROBADA POR UNANIMIDAD

Evidencias: Las imágenes mostradas por la cámara 4 entre las 20:06 y las 20:10. No podemos dar por probado el contenido de la discusión por las declaraciones de las camareras ni de su grupo de amigos, ya que ninguno testificó el contenido exacto o real de esa conversación.

Se ponen de manifiesto así tres planos complementarios, el primero, relativo a la actitud del acusado esa tarde, con comentarios que pudo verter; el segundo, referido a la conversación mantenida entre el acusado y Higinio en la terraza; y, el tercero, a modo de conclusión, la no apreciación por parte del Jurado que la actuación desplegada por el acusado, que llevó a la muerte violenta de Higinio, al margen que el mismo fuera ciudadano magrebí, respondiera a una motivación racista.

El acusado presentaba esa tarde una actitud nerviosa, inquieta. Algo no precisado excitaba su comportamiento y exacerbaba sus reacciones.

Es especialmente significativo que ninguno de los que lo conocían de anteriores ocasiones en que acudía al bar (las camareras), significaron en la vista oral que ese comportamiento era el habitual en él, antes al contrario, expresaron su extrañeza, dado que con anterioridad se mostraba una persona comedida, aunque consumiera cerveza. Y tampoco han referido que en esas ocasiones anteriores hubiera proferido ningún comentario ofensivo o de desprecio a la comunidad magrebí o a ciudadanos de dicho origen.

Por otra parte, el testigo Jesús Manuel, ha expresado que conocía al acusado de otro establecimiento hostelero, y tampoco ha significado que en ese local el acusado tuviera una actitud de menosprecio, u ofensiva, hacia los marroquíes.

Las imágenes de las grabaciones de las cámaras (especialmente la cámara 3, la del interior del local), muestran al acusado entrando y saliendo por las puertas del local, dirigiéndose a la barra, a las mesas, y saliendo a la calle, acercándose a distintos clientes, entablando conversaciones o estableciendo contactos con algunos de ellos, sentándose y levantándose de las mesas, hablando de forma gesticulante con las camareras y clientes, etc..

La presencia del acusado se detecta ya en la cámara 3 a las 18 horas 5 minutos 19 segundos (recordemos, con impresión en la imagen de una hora antes), dirigiéndose a la barra, donde deja un vaso de cerveza vacío, hablando con una camarera y saliendo de cámara, teniendo un "roce" con tres clientes que había en el local cuando vuelve a aparecer, dirigiéndose a continuación a coger un vaso de cerveza de la barra que la camarera le había preparado, saliendo al exterior, a la terraza; pasados unos minutos vuelve a entrar en el local, con el vaso de cerveza en la mano, dirigiéndose a la barra, donde contacta con una camarera, gesticulando, sale de cámara, vuelve a aparecer, recoge la cerveza de la barra y sale a la terraza; pasados unos minutos, vuelve a entrar en el bar, para salir por otra de las puertas del local; a las 18 horas 45 minutos 30 minutos vuelve el acusado a aparecer en el interior del local, hablando con un ciudadano magrebí ( Jesús Manuel), ambos en la barra, gesticulando, hasta las 18 horas 47 minutos 7 segundos, momento en que el acusado vuelve a salir de cámara; no vuelve a aparecer hasta las 19 horas 15 minutos 10 segundos, hablando con clientes de una mesa, gesticulando con un cliente que se encuentra de pie, marchándose sobre las 19 horas 15 minutos 27 segundos; a las 20 horas 4 minutos 40 segundos vuelve a entrar en el interior del bar, con un vaso/jarra de cerveza en una mano, y una copa vacía en la otra, contactando/saludando a una pareja de clientes de una mesa, saliendo de cámara a las 20 horas 5 minutos 48 segundos; a las 20 horas 35 minutos 5 segundos el acusado entra en el bar, dirigiéndose a la barra, donde inicia una conversación con una de las camareras, marchándose a las 20 horas 35 minutos 25 segundos; a las 20 horas 45 minutos 41 segundos vuelve a aparecer el acusado, dirigiéndose a la barra, solicitando que le llenen el vaso/copa de cerveza, y saliendo de cámara a las 20 horas 46 minutos 3 segundos; a las 20 horas 59 minutos 12 segundos vuelve a acceder al bar, sentándose en una mesa, donde estaba un cliente, llevando el acusado una copa de cerveza, hablando entre ellos, hasta que a las 21 horas 1 minuto 40 segundos se levanta de la mesa, marchándose a las 21 horas 2 minutos 9 segundos, para volver inmediatamente después al interior del local, dirigiéndose a la barra, ya sin ninguna copa en la mano, hablando con una camarera, para luego dirigirse a una pareja que estaba sentada en una mesa, gesticulando, reanudando la conversación con la camarera de la barra, acercándose otra camarera, manteniéndose por parte del acusado una conversación con ellas, gesticulando, llegando a la barra otra joven, dirigiéndose el acusado a las tres gesticulando, manteniéndose una cierta discusión entre ellos, marchándose finalmente el acusado sobre las 21 horas 5 minutos 50 segundos.

A las 21 horas 6 minutos 35 segundos se ve acceder al interior del local a Jesús Manuel, acompañado de Higinio, seguidos de otro miembro de su grupo (con camiseta y pantalón corto oscuros), además de la camarera y posteriormente la joven que instantes antes habían mantenido la discusión con el acusado, saliendo todos de cámara, hasta que a las 21 horas 7 minutos 40 segundos se les ve, todos ellos juntos, dirigirse hacia la mesa donde se había sentado el acusado en la terraza.

Es la cámara 4 la que refleja con mayor claridad lo sucedido en la terraza del local, a partir de las 21 horas 7 minutos 55 segundos, en que se ve a Jesús Manuel dirigirse hacia donde se encuentra sentado el acusado en la terraza, iniciando una conversación con gestos, llegando en ese momento el acompañante vestido de oscuro, la camarera, seguidos después de Higinio y la joven camarera que estaba fuera de servicio, tomando Higinio la posición hegemónica, de liderazgo, desplazando a todos los demás del lugar, quedándose hablando con el acusado, iniciándose unos movimientos corporales por parte de Higinio con gesticulación de cabeza dirigida a su lado derecho (como refiriéndose a algo sucedido en el interior del local), colocando sus manos agarrando la barandilla de separación del paso y las mesas, en posición inclinada del cuerpo, dirigido hacia el acusado, acercándose a ellos Jesús Manuel y el acompañante vestido de oscuro, que son despedidos por Higinio, sentándose éste junto al acusado, siguiendo la conversación tensa, con gesticulación e incorporación de Higinio hacia el acusado, de forma reiterada (en cuatro ocasiones), acercándose hacia ellos dos conocidos de Higinio, a los que despide, levantándose el acusado de su silla, volviendo Higinio sobre sus pasos y sentándose delante del acusado, reanudándose la conversación, hasta que se acerca a Higinio el conocido que vestía de oscuro, y levantándose Higinio se marchan los dos del lugar, marchándose también el acusado.

La información así obtenida permite apreciar que el acusado no había tenido la actitud mostrada en la tarde del día 13 de junio de 2021, con anterioridad, ni en el local, ni en otros lugares.

A ello se añade que en el análisis de los indicadores de polarización aportados por la Policía Judicial , que han sido considerados por el Jurado, y que han respondido a la valoración de las distintas variables expresivas de lo que podría constituir una actitud racista o adscripción de una persona a un pensamiento, sentimiento o creencia que comparta el racismo, incluido el análisis de los datos y extremos que han podido obtenerse de la entrada y registro efectuada, no permiten advertir que el acusado comparta, participe o sea próximo a este tipo de ideología del odio.

Es por ello que el Jurado, ha considerado que siendo la actitud verbal del acusado esa tarde absolutamente reprochable, sus expresiones o comentarios no traslucían una creencia o sentimiento racista, sino que respondían a unas reacciones impropias, atendiendo más a su actitud incordiante y follonera, en definitiva, molesta, para los clientes que allí se encontraban, entre los que se encontraban ciudadanos de origen magrebí, pero también de otros orígenes.

Que se centrase principalmente el acusado en comentarios verbales ofensivos para los ciudadanos magrebíes, lo relaciona el Jurado con la coincidencia en el interior del bar con Jesús Manuel, ciudadano marroquí, por conocerse ambos de un establecimiento hostelero al que había acudido el acusado con parte de su familia, pero donde no había existido ningún enfrentamiento entre ellos (así lo ha declarado Jesús Manuel en la vista oral).

En todo caso, los comentarios ofensivos que pudiera haber vertido el acusado durante esa tarde, también habría que ponerlos en relación, y así lo ha efectuado el Jurado, contextualizándolos y fijándolos en el comportamiento anormal desplegado por el acusado: sale y entra permanentemente del local, se acerca y trata de establecer relación con unos y otros clientes, tiene algún desencuentro con clientes (contacto físico, intento de sentarse en una mesa con un cliente de la que tiene que levantarse al poco tiempo) y mantiene una hiperactividad extraña, como si se sintiera desubicado en el local, solitario, no aceptado ni cómodo, con desplazamientos continuos.

Higinio adoptó en el curso de los acontecimientos, y no teniendo ninguna relación previa con el acusado, ni conocerlo de nada, una posición de liderazgo en la actuación dirigida a reprochar o censurar al acusado su actitud esa tarde, arrogándose la posición de "portavoz" frente a sus amigos y conocidos, entre las que se encontraban las camareras ( Milagrosa -quien servía fundamentalmente las bebidas en la terraza- y Natividad -en aquel momento cliente y que estaba en el grupo de amigos/conocidos donde se encontraba Higinio-), de ahí que se dirigiera al acusado en solitario, desplazando a los demás que le acompañaban, y dirigiéndose al acusado en términos tensos y de censura, vista la gesticulación que acompañaba toda la actuación de Higinio en esos momentos.

El Jurado considera que la cámara 4 permite apreciar todo lo significado, pero que no pueden dar por acreditado el contenido de la discusión atendiendo a lo significado por las camareras y amigos de Higinio ( No podemos dar por probado el contenido de la discusión por las declaraciones de las camareras ni de su grupo de amigos, ya que ninguno testificó el contenido exacto o real de esa conversación), dado que ninguno de ellos ha podido precisar realmente el contenido de lo vertido en esa tensa conversación. No puede obviarse que las manifestaciones de las camareras y de los amigos de Higinio en tal sentido han sido imprecisas, vagas y genéricas, quizás debido a que por la secuencia del acontecimiento, la posición que cada uno de ellos tenía a lo largo de la misma, la distancia entre ellos y los interlocutores ( Higinio y el acusado), poco más podían aportar, salvo retazos, impresiones o suposiciones (la grabación de la cámara 4 permite advertir que el núcleo de la conversación entre ambos se mantiene estando alejados todos los testigos del acusado y de Higinio). Y resulta especialmente significativo que advirtiéndose en la grabación de la cámara 4 que tanto el acusado como Higinio hablan entre ellos, ninguno de los testigos indique qué pudo escuchar de boca del acusado.

Ante la globalidad de los extremos valorados, el Jurado no infiere que la actuación del acusado atendiera a una motivación o intención racista, dado que no aprecia que éste presentase ese perfil racista o de odio hacia los ciudadanos magrebíes o la comunidad magrebí, sino que lo proferido por el acusado esa tarde respondería a una actitud verbalmente descontrolada, ciertamente ofensiva y reprochable, incordiante para todo tipo de persona y molesta o follonera para las camareras que atendían el local y para el grupo de clientes que pudieran sentirse ofendidos por pertenecer a la comunidad magrebí.

La actuación del acusado esa noche, en el sentir del Jurado, vino a constituir una fijación en Higinio por ser la persona que asumió la postura de liderazgo en la conversación tensa que mantuvieron ambos, no por su condición de ciudadano magrebí, y ser él quien, al censurarle lo que había sido su actitud esa tarde, centró su atención en la acción homicida, tal y como se aprecia con nitidez de lo acontecido al volver el acusado a la terraza del bar, dirigiéndose directamente a Higinio, colocándose enfrente de él y profiriendo la admonición: "levántate si eres tan valiente" y "te mato", que carecen de contenido racista u ofensivo para una raza, nación u origen, mostrando una fijación de índole personal respecto a un acontecer previo, no por la condición racial de la víctima.

Es evidente que la razón de la agravación no se funda en que la víctima tenga la condición descrita en el artículo 22. 4ª del Código Penal, sino en que la actuación delictiva del autor se vea dirigida o responda a móviles racistas, de menosprecio a la condición de origen de la víctima. Por lo tanto, no respondiendo, según el Jurado, la acción delictiva atribuida al acusado a motivaciones raciales, no cabe estimar la agravación contemplada por las Acusaciones.

NOVENO: Procede realizar en este fundamento la justificación de la individualización judicial de la pena a imponer, dada la tipología penal declarada probada: un delito de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas, y sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por el delito de asesinato el arco penológico se encuentra entre los 15 y los 25 años de prisión; y por el delito de tenencia ilícita de armas, entre 1 y 3 años de prisión

Cifrado así el marco penológico, procede ahora aplicar la regla correspondiente del artículo 66 del Código Penal, que al no concurrir ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal es la recogida en el artículo 66.1. 6ª del Código Penal, que prevé la imposición de la pena en la extensión que se estime adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

Dentro del marco penológico antedicho es obligado precisar los extremos dignos de ser tenidos en cuenta, atendiendo, como es preceptivo, a las circunstancias personales del acusado y a la mayor o menor gravedad del hecho, tal y como indica la ley.

Debe considerarse por ello el modo de comisión del delito de asesinato (sin sentido y gratuito), la gravísima repercusión vital, familiar y humana que dicha acción delictiva ha tenido (se ha dado muerte a un hombre joven, con afectación directa en su pareja, en el hijo menor común y en los dos hijos menores de la mujer que convivían con el fallecido desde que su madre era pareja de aquél, así como también en los padres del fallecido), y la pluralidad delictiva derivada de la acción cometida (que ha generado dos tipos de delitos distintos), sin que pueda dotarse de valor apreciable reparador, o de una cierta humanidad, las meras alegaciones de disculpa/arrepentimiento al finalizar el juicio oral por parte del acusado.

Tampoco tiene relevancia alguna la manifestación del acusado desde el inicio del juicio oral señalando que reconocía que era el autor material de los disparos, dado que su versión en tal sentido se ha demostrado no acreditada, y trataba exclusivamente de responder a una estrategia de debilitamiento de las pretensiones acusatorias, sin aportar nada relevante para la fijación judicial de los hechos (es más, muchas de sus afirmaciones se han demostrado falaces con otros medios de prueba). Lo que ha sido relevante es la contundencia y entidad de los medios de prueba desplegados, afianzados en las diligencias de investigación policiales y judiciales en su momento practicadas, y que permitieron asegurar una instrucción judicial sin concurso relevante facilitador por parte del acusado.

Por lo que hace a las circunstancias personales de Rogelio, salvo la existencia de unos consumos alcohólicos esa tarde (cervezas) sin repercusión en su nivel de conciencia ni de voluntad (el pronunciamiento del Jurado ha sido contundente en tal sentido), nada se ha justificado que permita considerar una disminución de su grado de reproche penal, por cuanto sus afirmaciones de ingesta de medicamentos ansiolíticos o para el dolor no se han visto justificados, y mucho menos su repercusión en sus capacidades intelectivas y/o volitivas (al combinarse con las cervezas ingeridas). Y que se afirmase por las camareras que esa tarde notaron al acusado nervioso, inquieto, alterado (lo que no habían percibido en días anteriores), lo cual también se apreciaría con el visionado de la cámara 3 (la del interior del local "El Muelle"), donde se percibe que el acusado entraba y salía del local, se acercaba a unos y otros clientes, y a las camareras, mostraba una relevante gesticulación de cuerpo, brazos y cabeza al inter-accionar con otras personas, no permite obtener ninguna conclusión dirigida a disminuir su grado de reproche penal, dada la realidad acontecida a partir de las 21 horas 10 minutos, en que abandona la terraza del bar/cafetería "El Muelle", volviendo unos cuarenta minutos después con pleno dominio de su actuación, y con firmeza y determinación ejecuta la acción de disparar a la víctima.

Todo lo cual lleva a considerar que no concurre ningún extremo o factor de atemperación de la pena a imponer en la extensión significada por todas las Acusaciones (menos la Acusación Particular de los padres del fallecido) y por la propia Defensa del acusado, por cuanto considerando los dos delitos, el de tenencia ilícita de armas se ha fijado en la pena mínima, dado que el mayor disvalor de resultado y reproche de la antijuridicidad de la conducta se proyecta en el delito de asesinato, cuya imposición en la extensión algo superior a la media legalmente prevista (que serían 20 años de prisión), aunque no concurra la agravante de racismo, se cifra en 21 años de prisión, y se aprecia justificada y razonable, dada la gratuidad con que se ha privado de la vida a una persona, la frialdad de ánimo que ha guiado el proceder del acusado y su mantenimiento desde que se marchó de la terraza del local y volvió, transcurridos unos cuarenta minutos, al mismo, y el modo ejecutivo desplegado, con previa selección del arma más mortal de la que disponía susceptible de ser ocultada, y preparada para ser disparada sin ningún obstáculo o dificultad, ni pérdida de tiempo.

La pena de 21 años de prisión por el delito de asesinato lleva aparejada legalmente y de forma imperativa la accesoria de inhabilitación absoluta ( artículo 55 del Código Penal), durante el tiempo de la condena.

En atención a los artículos 57.1 y 48 del Código Penal, procede imponer al condenado por el delito de asesinato las siguientes penas:

- privación del derecho a residir y acudir al término municipal de DIRECCION001 por tiempo de 10 años superior al de la pena de prisión impuesta (21 años), es decir, 31 años;

- prohibición de aproximación y de comunicación a Dª María Purificación y a sus tres hijos, domicilio, lugar de trabajo o de estudio, o cualquier otro donde se encuentren, por tiempo de 10 años superior al de la pena de prisión impuesta (21 años), es decir, 31 años;

- prohibición de aproximación y de comunicación a D. Moises y Dª Adela, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro donde se encuentren, por tiempo de 10 años superior al de la pena de prisión impuesta (21 años), es decir, 31 años.

Lo que no procede imponer, al no haberlo solicitado así expresamente ni el Ministerio Fiscal ni las Acusaciones Particulares y Popular, en virtud del artículo 140 bis del Código Penal, es la medida de libertad vigilada, por ser ésta de carácter facultativo.

La pena de 1 año de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas lleva aparejada la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y, en virtud del artículo 570.1 del Código Penal, se le impone al condenado la pena de 4 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con el efecto previsto en el artículo 47. Párrafo tercero, del Código Penal (al superar los dos años, comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la tenencia y porte de armas).

DÉCIMO: Atendiendo a la regulación fijada en los artículos 109 a 116 del Código Penal, procede recordar que la responsabilidad civil derivada del delito comprende todos los perjuicios materiales y morales derivados del delito, teniendo la indemnización por objeto tratar de equilibrar el perjuicio ocasionado por la infracción criminal.

Esas exigencias pueden ser objetivadas en materia de perjuicios materiales, no así cuando se produce una afectación de bienes esenciales como la vida, la integridad física, la libertad o el honor, por ejemplo.

En el presente supuesto, respecto al delito de asesinato, la víctima, D. Higinio, ha fallecido, por lo que el valor vida plantea una inseguridad relativa a la fijación de su cuantificación a la hora de acordar la indemnización.

En este caso, en cuanto a la condición de perjudicados beneficiarios de la indemnización no hay controversia, habida cuenta que ha quedado acreditado -así ha sido estimado probado por el Jurado- que el fallecido dejaba pareja, Dª María Purificación, a un hijo menor de edad común, a dos hijos menores de edad de Dª María Purificación que convivían con ella y con el fallecido, resultando todos ellos directos perjudicados y, consecuentemente, acreedores a la indemnización que se ha de fijar. A ellos cabe añadir los padres del fallecido, ciudadanos marroquíes, residentes en Marruecos, D. Moises y Dª Adela, quienes, aunque no convivían con su hijo, ni consta que de él dependieran, han visto arrebatada la vida del mismo, con el evidente dolor que ello supone.

La muerte violenta de D. Higinio ha supuesto un desgarro vital, afectivo, humano y familiar de especial trascendencia, incluido el relativo a que su pareja (y madre del hijo común), a partir de ese momento afronta en soledad la atención de los hijos menores, sin apoyo o auxilio afectivo y económico por parte del progenitor fallecido. Esa pérdida violenta cercena la proyección vital antedicha y rompe la estabilidad emocional de los perjudicados referidos, lo que constituye un valor especialmente digno de ponderación y que ha de merecer un ajustado resarcimiento económico.

Cualquier indemnización ante el sufrimiento humano derivado de esa pérdida nunca compensará el dolor por dicha privación, especialmente si ésta se produce con carácter violento e intencional, como es el caso. Pero ello no implica renunciar a intentar fijar y adecuar el resarcimiento del daño al perjuicio ocasionado, en su plural proyección.

Para la concreción de la indemnización en este caso, tal y como la Jurisprudencia ha reiteradamente señalado, se debe de partir de una obligada motivación, de forma que debe ser posible reconocer en la resolución judicial los criterios utilizados en ese concreto aspecto. En este sentido, el artículo 115 del Código Penal dispone que los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases en las que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones ( SsTS de 14 de febrero de 2006, de 24 de septiembre de 2002, y de 12 de noviembre de 2001).

Por otra parte, según la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el montante de las indemnizaciones es cuestión reservada al prudente arbitrio de los Tribunales, pero con indicación de las bases determinantes de la cuantía.

La Sentencia de 14 de febrero de 2006 reseñada, Pte. Monterde Ferrer, analizaba la aplicación orientativa de los baremos indemnizatorios introducidos a raíz de la Ley sobre responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor, y lo hacía del siguiente modo: La Ley 30/1995, incorporó a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en Circulación de Vehículos a motor un anexo conteniendo un sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Sus reglas no son de aplicación obligatoria para la determinación de la indemnización que pueda corresponder en cada caso por los daños y perjuicios derivados de los delitos dolosos, tal como resulta de su propia regulación y de una jurisprudencia consolidada. Pero nada se opone a que su minucioso contenido sea tenido en cuenta por los Tribunales como regla orientativa.

Como señala la sentencia de esta Sala de 4-11-2003, nº 1461/2003 , "Es claro que de la forma dolosa o culposa de actuar no se deriva una diferenciación del resultado lesivo o de las secuelas causadas por la conducta, por lo que el perjuicio indemnizable puede ser idéntico en uno y otro caso. De manera que en esta materia es posible partir de una consideración inicial en la que se otorgue una valoración similar para los perjuicios sufridos a causa de lesiones y secuelas por las víctimas de delitos dolosos y culposos, de forma que las primeras no resulten injustificadamente de peor condición que las segundas en el aspecto que tratamos. Ello no significa que las previsiones del referido sistema deban ser consideradas como un mínimo necesariamente aplicable de modo automático a los perjuicios causados por delitos dolosos, pero sí implica que el Tribunal debe explicar suficientemente en la sentencia las razones que ha tenido, en el caso concreto, para no atender a los criterios objetivos introducidos por la norma.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Tribunal dispone de unos criterios objetivos establecidos por el legislador, que son útiles, con carácter orientativo, como base para determinar la cuantía de la indemnización por perjuicios personales derivados de delitos dolosos, es exigible que razone expresamente en la sentencia su decisión de separarse de los mismos.

Es por esto que aquella consideración inicial puede resultar modificada en cada caso en atención a las circunstancias que concurran, las cuales debe tener en cuenta el Tribunal al establecer razonadamente en la sentencia las bases de las que resulta la cuantía de la indemnización. Pues, como decíamos en la STS núm. 130/2000, de10 de abril , "el baremo en cuestión, sin suponer una inflexible limitación en la valoración de los perjuicios, brinda cuando menos criterios objetivos, y generales para todos, introduciendo claridad, precisión y certeza. Por ello su observancia no precisa de una expresa justificación, exigible por el contrario cuando el Tribunal decide separarse de las valoraciones normadas".

Con relación a la utilización del sistema de valoración de daños corporales de tráfico para delitos dolosos, la jurisprudencia se ha pronunciado, por ejemplo, en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2015 (Pte. Giménez García), que analizando la valoración del daño corporal fijado en la normativa del seguro de tráfico, indica: (...) en relación al sistema de valoración del daño corporal, como bien dice la sentencia de apelación, tal sistema es solo vinculante en relación a accidentes de tráfico viario y solo ellos, cuestión distinta, es que en relación a daños dolosos, se suele tener en cuenta por los Juzgados y Tribunales como mero referente pero sin sujeción taxativa al mismo. (...).

Por lo que se refiere al valor del baremo en relación a daños dolosos como meramente indicativo se pueden citar las SSTS 1915/2002 ; 2011/2000 ; 310/2010 ; 987/2009 ; 196/2006 ; 1461/2003 ; 915/2010 y 153/2013 , entre otras muchas, que así lo tienen declarado.

Esa normativa, en la actualidad la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (con sus actualizaciones económicas), facilita un criterio orientador y permite generar una cierta certeza en la fijación de indemnizaciones, lo que brinda un instrumento útil, al que las partes en gran medida suelen someterse o utilizan para cifrar sus indemnizaciones.

En todo caso, lo que debe someterse el Juzgador es al principio de rogación, no pudiendo nunca conceder más de lo pedido por los legitimados para reclamar su resarcimiento.

En este supuesto ha existido un consenso común en orden a las cuantías indemnizatorias solicitadas, sin atender obviamente al baremo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre (con sus actualizaciones), dado que no nos encontraríamos ante una muerte accidental por una actividad cotidiana de riesgo, como es la circulación vial, sino por la muerte violenta de una persona joven que cercena una vida y lastra emocional, afectiva y económicamente la vida de su entorno familiar más directo: pareja, hijo común, hijos de su pareja pero que convivían con el fallecido, y los padres de éste, generando un círculo amplio de perjudicados cuya indemnización está justificada, y en cuanto a las cuantías interesadas, se aprecian razonables, justificadas y adecuadas al caso.

Procede, en consecuencia, atender a todos los factores y circunstancias expuestos, dentro de la esfera del daño moral por pérdida de la vida de un familiar directo.

Es por ello que se considera razonable y fundado, tal y como todas las Acusaciones han interesado y la propia Defensa ha acogido, que Rogelio indemnice a:

- Dª María Purificación en la cantidad de 150.000 euros;

- al hijo menor de edad, D. Arcadio, habido de ambos, en 200.000 euros;

- a D. Moises y Dª Adela, padres del fallecido, en 80.000 euros a cada uno de ellos; y

- a D. Obdulio y Dª Alejandra, hijos menores de Dª María Purificación, pero que convivían y dependían, siquiera parcialmente, del fallecido, en 30.000 euros a cada uno de ellos.

Es de aplicación el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En orden a las indemnizaciones fijadas por la muerte de D. Higinio, procede recordar la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que requiere que las víctimas (o sus representantes legales en el caso de menores de edad), con el debido asesoramiento, atiendan a las previsiones legales establecidas en dicha ley para solicitar las indemnizaciones/ayudas que les correspondan, debiendo atenderse especialmente al artículo 7 de dicha Ley, en cuanto al plazo de prescripción de la acción, cifrado en un año.

Es por ello que, inmediatamente que sea firme la presente sentencia, habrá de realizarse investigación patrimonial y económica urgente de la capacidad del condenado Rogelio, a los efectos de su solvencia/insolvencia, y dicho pronunciamiento, así como esta sentencia, deberá comunicarse personalmente a las citadas personas (de ser menores de edad, a sus representantes legales), a los efectos de su pleno conocimiento, para que puedan actuar en defensa de sus legítimos intereses económicos.

DÉCIMO PRIMERO: En cuanto a las costas, en atención a los artículos 123 del Código Penal y 239, 240 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede imponerlas a Rogelio, incluidas las costas de las Acusaciones Particulares, al haber sido expresamente solicitada su imposición por éstas.

Procede decretar el comiso y destrucción de las armas prohibidas que obran como piezas de convicción, así como cualquier cartucho o proyectil que atienda a las mismas (y las piezas de convicción relativas a muestras de residuos de disparos y una bolsa con dos muestras); en cuanto a las armas intervenidas que estaban amparadas por la preceptiva licencia o permiso, habrá de comunicarse a la Intervención de Armas de la Guardia Civil la presente sentencia para que proceda en consecuencia.

Procede la devolución de las llaves con mosquetón (obrantes como pieza de convicción).

DÉCIMO SEGUNDO: El Jurado, por unanimidad, ha considerado que no procede solicitar para el condenado Rogelio, indulto al Gobierno de la Nación.

Este Magistrado-Presidente consideró que no procedía someter al Jurado una posibilidad legal inviable jurídicamente, la de suspensión condicional de la pena por el delito de asesinato con relación a Rogelio, y en cuanto a la posibilidad de suspensión de la pena por el delito de tenencia ilícita de armas, el Jurado, por unanimidad, ha considerado que no procede su concesión.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.