Sentencia Penal 30/2022 Audiencia Provincial de Guadalajara Civil-penal Única, Rec. 36/2022 de 05 de diciembre del 2022

PRIMERO. Calificación jurídica de los hechos efectuada por la acusación. En el acto del juicio, la acusación particular consideró que concurría, acumulativamente, un delito de estafa, previsto y penado en el artículo 248.1, en relación con el art. 249 del CP, agravado por revestir especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia, por superar el valor de la defraudación los 50.000 euros, y por realizarse abusando de las relaciones personales con la víctima y aprovechando su credibilidad empresarial (art. 250.4, 5 y 6); y un delito de apropiación indebida del art. 253.

La acusación, en relación con la estafa, sostiene que el engaño se produjo porque el acusado ocultó a la Sra. Flora, su cese como administrador de la empresa, y siguió actuando como tal, aprovechándose de la relación de amistad que les unía, siendo consciente de que la empresa no iba a pagar los materiales ya suministrados y los nuevos pedidos dada su situación de insolvencia, haciendo entrega de nuevos pagarés y renovando los ya vencidos para conseguir aplazar el pago y que los nuevos materiales le fueran suministrados, logrando convencer a la Sra Flora para que utilizara la línea de descuento que tenía concertada con su propio banco y obtuviera el importe de los pagarés entregados y lo transfiriera a la cuenta de la entidad querellada para tener liquidez al momento de su vencimiento. Al no haber destinado finalmente el acusado la cantidad ingresada por la Sra. Flora al abono de los pagarés vencidos, la tesis de la acusación es que se habría producido una apropiación indebida de dichos importes por el acusado.

En sede de tipicidad, cabe recordar, en relación con el delito de estafa, que la jurisprudencia reiteradamente viene exigiendo como elementos integrantes del delito de estafa: a) un engaño precedente o concurrente que consiste en la afirmación como verdadero de un hecho falso o en el ocultamiento de hechos verdaderos; b) dicho engaño ha de ser bastante y proporcional para conseguir los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el traspaso, lo que ha de apreciarse en atención a los datos objetivos y subjetivos que de las condiciones del sujeto afectado deriven; c) producción de un error esencial en el sujeto pasivo, a través de un conocimiento deformado o inexacto de la realidad, como consecuencia de la falacia del agente; d) un acto de disposición patrimonial por la víctima del ardid, en perjuicio de sí mismo o de tercero como resultado o consecuencia de la mencionada disposición; e) nexo causal entre el engaño del autor y el acto de disposición de la víctima, con lo que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente con la dinámica defraudatoria; y f) que el culpable actúe guiado por el ánimo de lucro que constituye el elemento subjetivo del injusto y que consiste en la intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial. Añadir que en las relaciones empresariales no es suficiente con el incumplimiento para que exista un delito de estafa, que solamente se produciría, en palabras de la STS nº 832/2014 de 12 de diciembre: " cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral..."

Y en cuanto al delito de apropiación indebida, se precisa que el autor, en perjuicio de otro, se apropie o distraiga dinero que hubiera recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlo o devolverlo, o negar haberlo recibido.

Por tanto, la valoración que se va a efectuar en el fundamento siguiente se va a centrar en si se ha practicado prueba suficiente para acreditar todos y cada uno de los elementos de los tipos delictivos anteriormente expresados.

SEGUNDO. Valoración de la prueba practicada respecto de los hechos enjuiciados.

La convicción de la Sala sobre los hechos resulta de una valoración conjunta y en conciencia de la prueba practicada, integrada por la declaración del acusado Millán, las declaraciones testificales de la querellante Flora, administradora de la entidad Perfilados Metálicos Madrid SLU, y de dos empleadas de dicha empresa, Juana y Julieta, y la reproducción de la declaración de Mario realizada ante el Juez Instructor el 10 de diciembre de 2019, dado su fallecimiento (ac 309), así como por la documental aportada y obrante en las actuaciones.

Necesario es recordar en este punto que, a toda persona acusada de la comisión de un hecho ilícito, se la presume inocente hasta que las pruebas en contrario presentadas en juicio oral, celebrado ante el tribunal competente, demuestran de forma irrefutable su culpabilidad. La presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia de un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el procesado. Además, implica que la actividad probatoria debe sustanciarse en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada. Solo cuando se ponga a disposición del tribunal una o varias pruebas de cargo inequívocamente incriminatorias y plenamente fiables, podremos considerar desvirtuado el citado principio de presunción de inocencia, como nos recuerdan las SSTC 114/89 de 22 de junio y 49/96 de 26 de marzo.

Expuesta dicha doctrina jurisprudencial, procede analizar si hay prueba de cargo suficiente en el presente caso para un pronunciamiento de condena.

(i). En cuanto a la entidad Sistemas Modulares Sostenibles, entorno a la que giran las primeras relaciones entre los implicados, según consta en la inscripción del Registro Mercantil de la empresa, su objeto social es la construcción e instalación de sistemas modulares y estructuras ligera, y fue constituida por escritura pública otorgada el 28 de marzo de 2014 por dos socios (los padres del acusado), con un capital social de 3.010 euros, nombrándose administrador único al acusado Millán, en quien no concurría la condición de socio. En virtud de escritura pública de 19 de agosto de 2016 Millán cesó como administrador, siendo sustituido por Mario, inscribiéndose ese hecho el 7 de noviembre de 2016 (ac 310), sin que conste que hubiera transmisión de la titularidad de las participaciones de la sociedad, a diferencia de lo que indicó el Sr. Mario en su declaración ante el juez de instrucción, pues no se ha aportado la escritura pública al respecto ni ese dato aparece inscrito en el Registro Mercantil, sin que se haya tampoco realizado la declaración de los socios. El nuevo administrador falleció el 21 de noviembre de 2021 (ac 95 del PA), sin que conste el nombramiento de otro administrador ni la liquidación de la sociedad.

El acusado alega, en el acto del juicio, que, tras su cese como administrador continuó actuando en nombre de la empresa en virtud de un apoderamiento otorgado el mismo día de su cese y ante el mismo notario, pero dicho poder no ha sido aportado ni consta inscrito en el Registro Mercantil. Por ello, debemos tener por acreditado que su actuación posterior al 19 de agosto de 2016, la que no se niega ni por el acusado ni por la querellante, fue como administrador de hecho. Ello también coincide con lo declarado ante el Juez Instructor por Mario el 10 de diciembre de 2019, cuya declaración se solicitó se tuviera por reproducida conforme al art. 730 de la Lecrm ante la imposibilidad de practicarse en el acto del juicio al haber fallecido con anterioridad. El mismo declaró que, si bien en el verano del año 2016 fue nombrado administrador, cesando el Sr. Millán, a quien conoció en el acto de otorgamiento de la escritura pública, éste continuó ejerciendo la actividad comercial durante un año, al menos, reconociendo que él no desarrolló ninguna actividad comercial ni administrativa con dicha empresa desde que asumió su cargo como administrador, pues fue adquirida por un promotor inmobiliario, Jacinto -al que después identificaría como Jacinto (ac 324)-, para que sirviera de empresa patrimonial para futuras promociones, pensando que todos le habían utilizado para descargar responsabilidades ya que se encontraba gravemente enfermo (ac 309).

La querellante afirma que hasta el mes de febrero de 2017 el Sr. Millán no le informó de que no era el administrador de la empresa desde el 19 de agosto de 2016, habiéndole ocultado ese dato y haciéndole creer que sí lo era ya que siguió actuando como tal, haciéndole pedidos y emitiendo y renovando pagares. Sin embargo, ello está en contradicción con lo indicado por el acusado, que mantiene que la informó en septiembre del cambio legal de administrador, aunque él seguía actuando como tal, y su versión no ha resultado ratificada por ninguna prueba objetiva pues las declaraciones testificales realizadas al respecto por Juana y Julieta, únicamente ponen de manifiesto lo que Flora les decía. Pero, además, de la transcripción de los mensajes de whatsapp aportada por la propia Flora con Millán, y cotejada por el letrado de la administración de justicia, resulta que ya el 3 de enero de 2017, tras reclamarle el abono de los pagarés, Millán la contesta que está localizando a Jacinto, indicando al día siguiente que "ahora depende de terceros" (ac 111).

Es por ello, que no se puede tener por acreditado que el hecho de que Millán actuase en nombre de la empresa después de haber cesado como administrador, fuera ocultado hasta febrero y menos que constituya parte del engaño que se dice realizado.

Tampoco ha resultado acreditado, pues no se ha realizado prueba al respecto, que el acusado, con su cese como administrador, buscase eludir su responsabilidad y que el nuevo administrador asumiera la deuda contraída, pues era una deuda de la sociedad y no de él, habiendo continuado trabajando con la empresa y responsabilizándose, como administrador de hecho, de las deudas contraídas durante ese tiempo. Además, no hay que olvidar que no era socio de la empresa, sino que lo eran sus padres y no consta acreditado que las participaciones de la misma fueran transmitidas ni que se hiciera desaparecer el patrimonio de la entidad durante ese tiempo.

(ii). Centrándonos en las relaciones entre las mercantiles, tanto el acusado como Flora, en su condición de administradora de la entidad Perfiles Metálicos Madrid SLU reconocen en su declaración que se conocían desde hace muchos años, al menos desde 2005, habiendo sido socios de otra entidad y tenido amistad, manteniendo relaciones comerciales desde la constitución de la empresa, habiéndolas tenido con anterioridad a través de otra empresa del hermano del acusado, sin que nunca hubiera ningún problema.

De dichas declaraciones resulta acreditado que la empresa tuvo actividad comercial desde su constitución, en el año 2014, por lo que debe descartarse que fuera una empresa meramente patrimonial, como señaló el Sr. Mario en su declaración ante el Juez de Instrucción.

Igualmente, ambas partes reconocen que el pago de las mercancías adquiridas a la empresa Perfiles Metálicos Madrid se realizaba por el acusado primeramente mediante transferencias, pasando después a emitir pagares. Sin embargo, las contradicciones entre los implicados se producen en relación con quién fue el que propuso ese cambio en el sistema de pago, pues la querellante señala que la decisión fue del acusado, como parte del engaño trabado para no abonarlos, siendo los pagarés impagados los primeros que fueron emitidos, lo que es negado por el acusado, quien manifiesta que, al haberse retrasado en las transferencias para el pago de los pedidos al tener problemas de liquidez, la Sra. Flora le propuso que emitiera pagarés con un vencimiento a 90 días, lo que hizo, teniendo intención de abonarlos a su vencimiento, no pudiendo hacerlo. Con la prueba realizada, en concreto, con la documental aportada y las declaraciones testificales, no resulta acreditado que la idea del cambio fuera del acusado. Tampoco resulta que los pagarés impagados fueran los primeros que se libraron por el acusado pues de los mensajes de correo electrónico aportados por la querellante, que no han sido cuestionados por el acusado, resulta que, con anterioridad a extenderse los pagarés del 19 de agosto de 2016, sobre los que versa la acusación, se libraron otros pagares con vencimiento el 30 de junio y el 30 de julio de 2016, por importe de 1975 y 1915 euros respectivamente, que resultaron también impagados, reclamándolos la Sra. Flora al Sr Millán con anterioridad a librar los nuevos (acs 87, 88, 89, 90), presumiendo que finalmente fueron abonados pues no son objeto de ninguna reclamación. Por tanto, se desconoce desde cuándo el acusado emitía pagares para el pago de las mercancías, así como los importes abonados mediante transferencia y por pagares en sus relaciones con la querellante, siendo ello determinante a los efectos de poder determinar si nos encontramos ante un incumplimiento contractual de los últimos pedidos o ante un engaño precedente realizado por el acusado para que la querellante le aportase los materiales confiando en su solvencia económica y empresarial, sin intención de abonarlos. Así pues, debe descartarse la acreditación de la existencia de un engaño precedente a las operaciones enjuiciadas.

(iii). En cuanto a estas operaciones concretas realizadas, de la prueba documental aportada (correos electrónicos, facturas y pagares), reconocida por el acusado y por la querellante en el acto del juicio, como por las declaraciones de las testigos, resulta que Perfilados Metálicos Madrid ofrecía al Sr. Millán las obras de construcción, quien asumía el encargo y adquiría a la propia entidad Perfilados Metálicos el material necesario. En virtud de dichas relaciones comerciales emitió:

- Por la entrega de material en la obra de Yuncler (Toledo) las siguientes facturas: factura nº NUM000, de fecha 16/6/16, por importe de 796,67 € (doc 1); factura nº NUM001, de fecha 18/7/16, por importe de 11.201,31 € (doc 2); y factura nº NUM002, de fecha 21/7/16, por importe de 580,22 € (doc 3), coincidiendo la fecha de las facturas con el suministro de los pedidos que consta en los albaranes. Para su abono, el Sr. Millán emitió un pagaré el 19 de agosto de 2016 (día que cesó como administrador único) por importe de 12.578,10 euros con vencimiento el 30 de noviembre de 2016 (doc 4).

-Por el material suministrado en la obra de Matadepera, los días 20 y 22 de julio y 10 de agosto, la querellante emitió la factura NUM003, de fecha 19 de agosto de 2016 (día que cesó como administrador único), por importe de 12.390,96 € (doc 5). Para su abono, el Sr. Millán firmó un pagaré, en ese mismo día, 19 de agosto de 2016, por el importe total, 12.390,96 €, con fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2016 (doc 6).

-Ambas partes reconocen que ante la imposibilidad de hacer frente a los anteriores pagarés en la fecha de su vencimiento, el Sr. Millán los renovó y emitió nuevos pagares en sustitución de los anteriores, en concreto: el 20 de noviembre de 2016, con vencimientos uno de ellos el 20 de febrero de 2017, por importe de 2.547,20 €, y otros dos con vencimiento el 28 de febrero de 2017 por 4.416,00 € y 5.615,00 euros respectivamente, (documentos 11, 12 y 13); y el 20 de diciembre de 2016, con vencimientos el 31 de marzo de 2017, por importes de 3.650,00 €, 3.225,00 €, 2.757,98 €, y 2.757,98 € (docs 19, 20, 21, y 22). Estos pagares resultaron impagados a la fecha de su vencimiento.

-Además, por el material entregado en la obra de San Román, que fue pedido el 3 de agosto de 2016 y entregado el 8 de noviembre, se emitió la factura NUM004, de fecha 9 de noviembre de 2016, por importe de 6.830,06 (doc 7). Para su abono, el Sr. Millán libró tres pagarés, el 20 de diciembre de 2016, por el importe de 2.276,68 € y con fechas de vencimiento el 10, 20 y 30 de abril de 2017, respectivamente (doc 8, 9 y 10). Estos pagarés resultaron impagados.

-Paralelamente, el Sr. Millán, como administrador de la entidad Viviendas Modulares Sostenibles S.L., solicitó materiales a la entidad Perfilados Metálicos Madrid, emitiéndose las facturas NUM005 de fecha 21 de octubre de 2016 e importe de 2,426.58 €, y la número NUM006 de fecha 2 de noviembre de 2016 por importe de 728.40 €, sin que se hayan abonado.

En la realización de todos estos actos, de la prueba practicada, debemos adelantar que no aparece el engaño con nitidez, elemento central de la estafa, para considerar que nos encontramos ante un negocio criminalizado. La acusación considera que el engaño se produjo porque el acusado era consciente de que la empresa no iba a pagar las obras que había encargado e hizo entrega de los pagarés, conociendo la situación de insolvencia de la empresa y el cambio de administración. Pero esa afirmación no ha quedado debidamente acreditada, pues, como se ha expuesto anteriormente, no hay prueba de la existencia de ese engaño previo, derivado de pagos anteriores; todas esas operaciones fueron acordadas con anterioridad al cese como administrador; el libramiento de los pagarés tampoco puede considerarse como un ardid para conseguir la entrega de los materiales pues se libraron cuando ya estaban entregados, sin que de ello tampoco se derive que con dichos efectos mercantiles se tratará de engañar a la Sra. Flora para que continuara suministrando materiales pues es la misma quien le oferta las obras; y, finalmente no consta que el Sr. Millán aparentara tener una solvencia que no era real pues ya, con anterioridad a realizar dichas operaciones, le habían sido devueltos pagares por impago a la fecha de su vencimiento, sin que, por otra parte se hayan aportado las cuentas de la entidad al tiempo de emitirse los pagarés.

Dichos argumentos son igualmente aplicables respecto de la renovación de los pagarés a su vencimiento, pues constituye un nuevo aplazamiento de la deuda anterior, sin que el hecho de que el Sr. Millán lo hiciera una vez cesado en la administración de la empresa, careciendo de poder de representación, les reste validez, pues el origen de la deuda es anterior, su actuación es admitida por el administrador de derecho, y el impago de los referidos pagares no consta que se produjera por no considerarlos debidos sino por falta de fondos.

Por otra parte, no se ha acreditado que la renovación de los pagarés fuera a instancia del acusado, como se afirma por la querellante, ni que, para conseguirlo se ocultara la situación de insolvencia de la empresa, apreciándose en los correos intercambiados entre las partes que el acusado le manifiesta la imposibilidad de pagarlos a tiempo. Igualmente, no ha resultado acreditado que el acusado los renovara con la pretensión de no abonarlos, como se alega por la Sra. Flora, más cuando el ya no tenía ningún interés en la empresa pues había dejado de ser administrador de la empresa y se trataba de una deuda de ésta, de la que no era socio, y no de él. Y, por último, tampoco ha resultado probado que durante el tiempo del aplazamiento la empresa se colocase en una situación de insolvencia que con anterioridad no tenía o que hiciera desaparecer sus bienes, imposibilitando con ello el abono de los pagarés renovados ya que no se han aportado las cuentas de la empresa de los diferentes años. Por otra parte, no tenemos seguridad de que el acusado actuara a sabiendas de que dichos pagares renovados no se iban a cobrar en tanto que, aún conociendo la situación de pérdida de la empresa, la misma estaba en funcionamiento y estaban realizando obras.

Conforme a lo expuesto, resulta que, en realidad, lo que se produjo fue un cumplimiento del contrato en tanto que se había venido pagando los diferentes suministros, produciéndose su incumplimiento a partir de un momento determinado. Es difícil sostener el dolo defraudatorio propio de la estafa por cuanto existía una relación comercial desde hacía años; la relación inicial se cumplió; la relación futura se estaba manteniendo en tanto que menos de un mes antes de la entrega de los pagarés se hizo un pago a pesar de la situación de dificultad económica en la que se encontraba la empresa. De este modo, y con estos mimbres es difícil confirmar la existencia de una voluntad oculta (inicial o intermedia) de incumplir, por lo que debemos concluir que el mero incumplimiento del contrato no es constitutivo de estafa. Al inicio del contrato no se puede hablar de una voluntad de incumplimiento, de aprovechamiento de los suministros ajenos en tanto que hubo pagos; y lo que tenemos en el caso de autos es un incumplimiento parcial en una relación larga de prestación de suministros de forma continuada.

En definitiva, de la prueba realizada resulta la existencia de un incumplimiento contractual por parte de la empresa Sistemas Modulares Sostenibles de su obligación de abonar el precio de parte de los materiales ya suministrados por la entidad Perfilados Metálicos Madrid SLU. La prestación de los materiales ya se había realizado cuando se emiten las facturas que en este procedimiento se reclaman, librándose los pagarés después, por lo que la entrega o no del pagaré no producía ya desplazamiento alguno, lo que determina que tengamos dudas serias sobre la existencia del dolo específico propio del delito de estafa en el Sr. Millán. Por ello debe concluirse que no existe prueba inequívoca de la existencia de engaño antecedente ni del dolo defraudatorio en dichas conductas.

(iv). Finalmente, la querellante sigue diciendo que, igualmente existiría la estafa al haberla convencido el Sr. Millán, abusando de la confianza depositada en él, para que utilizara la línea de descuento que tenía concertada con su propio banco, con los gastos que ello implicaba, y obtuviera los importes adeudados de 12.578,10 euros y 12.390,96 € y los transfiriera a la cuenta del querellado, con la finalidad de pagar los pagarés con ese dinero y que no resultaran devueltos a la fecha de su vencimiento. Sin embargo, existen también versiones contradictorias al respecto, pues cada uno de los implicados mantienen posiciones distintas en cuanto a que fuera el acusado quien convenciera a la Sra Flora para que utilizara la línea de descuento que tenía contratada con las entidades financieras, y así conseguir que la entidad bancaria le adelantara el dinero de los pagarés, y después para traspasar ese dinero recibido a favor de la entidad Sistemas Modulares Sostenibles, a fin de atender así los pagarés emitidos inicialmente por el Sr. Millán a nombre de la mercantil Sistemas Modulares Sostenibles S.L. cuando vencieran, no generando gastos. No hay pruebas que corroboren una u otra versión y nada aclara la conversación mantenida entre ellos el día 30 de noviembre, pues en ella Flora solo comunica a Millán que ha descontado el pagare y le ha ingresado su importe.

Así, con la prueba documental aportada, en lo que coinciden las partes resulta que el día 28 de noviembre de 2016, la Sr. Flora descuenta los pagarés librados por el acusado y con vencimiento el 30 de noviembre de 2016 y transfiere el importe de 12.578,10 euros desde su cuenta de Ibercaja Banco S.A., con número 2085 7707 17 0330402477, a la cuenta que Perfilados Metálicos Madrid S.L.U. tenía aperturada en el Banco Popular S.A., con número ES72 0075 0193 6405 0020 0201, (doc nº 15) sacando en efectivo, de esta última cuenta del Banco Popular, la cantidad de 12.578,20 € el día 30 de noviembre de 2016 (doc 16), que posteriormente ingresa en la cuenta de dicha entidad bancaria de titularidad de Sistemas Modulares Sostenibles S.L. número: 0081-0386-10-0001394846 (doc 17). Se reconoce que dicho pagare, a su vencimiento, fue satisfecho con la cantidad recibida.

Dicha operación se repite nuevamente un mes después, respecto a los pagarés con vencimiento 30 de diciembre, procediendo la Sra Flora a descontar, en fecha 22 de diciembre, los efectos referidos (doc nº 23), lo que se hace efectivo el 28 de diciembre (doc nº 24), procediendo a transferirla en esa misma fecha la cantidad de 12.390,96 euros a favor de la cuenta corriente de Sistemas Modulares Sostenibles S.L. nº 0081-0386-10-0001394846 (doc nº 25). Sin embargo, este pagaré no fue abonado con el importe recibido y fue devuelto, generando unos gastos de devolución (doc nº 26).

El Sr. Millán mantiene en su declaración que no le fue posible abonar con el dinero recibido el pagare a la fecha de su vencimiento, el 30 de diciembre, pues la Tesorería General de la Seguridad Social había procedido a embargar la cuenta bancaria, reteniendo los saldos existentes, y con ello las cantidades que habían sido abonadas por la Sra Flora con la intención de atender al pago del pagaré que vencía a finales de diciembre, y, si bien intentó solucionarlo no lo fue posible. En el mismo sentido se puede apreciar las conversaciones mantenidas entre ellos y con Juana, (doc nº 27 y nº 28).

Y si bien, no está acreditado que ese dinero fuera embargado por la Seguridad Social pues no se ha aportado prueba al respecto, la practicada tampoco ha permitido acreditar que hubiera engaño del acusado haciendo frente al primer pagare con el dinero que le fue transferido para que la Sra. Flora repitiera la misma operación con el otro pagare, con la intención de no abonar su importe al vencimiento. No consta tampoco que, la liquidez obtenida con la referida transferencia no fuera destinada al pago de los proveedores y los costes de la sociedad, pago de trabajadores y demás obligaciones sociales. No se ha acreditado la salida de cantidades de dinero a un destino ajeno a los fines societarios, ni una apropiación de tales cantidades en beneficio del propio acusado.

En consecuencia, con la prueba realizada, no ha resultado acreditado los elementos del delito de estafa en ninguna de las operaciones referidas.

(v). Por último, debe descartarse que el hecho de no aplicar el dinero al abono del pagare vencido pueda constituir el delito de apropiación indebida pues no consta título que le obligase a restituirlo.

Así pues, la Sala, tras analizar los requisitos que son exigibles para la comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida que la acusación particular imputa al acusado y, una vez valorada la prueba de cargo válidamente obtenida en el juicio, referida a los elementos nucleares de los referidos delitos, conforme a lo expuesto, considera que no existen datos de suficiente relevancia penal para considerar al acusado autor de los mismos, sin perjuicio de las acciones civiles que se pudieran derivar.

Resulta, por ello, obligado dictar una sentencia absolutoria por los delitos imputados.

TERCERO. Costas procesales. En cuanto a las costas, al dictarse sentencia absolutoria, y conforme al artículo 123 del Código Penal, interpretado en relación con el artículo 240.1 de la Lecrim, procede declarar de oficio las mismas, sin que en ningún caso proceda imponer las costas a la acusación particular pues, dados los reiterados impagos por parte del acusado y la dinámica de su actuación, en ningún caso puede considerarse que ha actuado con mala fe al interponer la querella y formular la acusación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,