Sentencia Penal 3/2024 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 2/2024 de 06 de marzo del 2024

PRIMERO.- Motivos del recurso.

Contra la sentencia que condena a Florencio como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa en cuantía superior a 50.000 euros, previsto y penado en los artículos 74, 248 y 250.1.5ª del Código Penal, se alza su representación procesal alegando los motivos de impugnación que, en síntesis, se exponen a continuación:

1.- Vulneración del principio de presunción de inocencia ( art. 24.2 de la Constitución) por error en la interpretación de los hechos y en la valoración de la prueba. No se ha probado la entrega o acto de disposición de dinero a favor de Florencio. El apelante analiza el informe pericial aportado por la parte querellante, concluyendo que el importe reclamado no queda justificado. La prueba practicada no contiene carga incriminatoria suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

2.-Error en la aplicación del art. 248 CP. Considera el recurrente que no se cumple el tipo penal porque no ha existido engaño bastante e idóneo para provocar en el estafado la decisión de realizar una disposición patrimonial que, de no mediar engaño, no se produciría. Entiende que no nos encontramos ante el engaño exigido en el tipo, dado lo burdo y grosero del mismo. Analiza la situación médica del querellante. No se ha demostrado el incremento de patrimonio de Florencio, ni perjuicio económico en el querellante. Se ha construido artificialmente una deuda de inversiones entre Isaac y Florencio.

No podemos acoger en esta alzada los motivos de impugnación en los que se fundamenta la pretensión absolutoria deducida por el acusado, y ello atendiendo a los razonamientos siguientes.

SEGUNDO.- Prueba en Segunda Instancia.

Como tiene reiteradamente dicho esta Sala, aunque el recurso de apelación tiene carácter ordinario y puede realizarse en él una nueva valoración de la prueba practicada en primera instancia, como consecuencia de la trascendental importancia que en la ponderación de las pruebas personales tiene tanto la percepción directa por el Tribunal de Instancia de las diversas declaraciones de las partes y de los testigos, como la inexistencia en nuestro Derecho Penal de pruebas tasadas o de reglas que determinen el valor cierto que haya de darse a cada prueba, la revisión, tratándose precisamente de este tipo de pruebas, queda limitada a examinar, en cuanto a su origen, la validez y regularidad procesal, y a verificar, en cuanto a su valoración, si las conclusiones que el Tribunal de Instancia ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales de razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas; así, en esta instancia, sin haber presenciado personalmente tal prueba, sólo cabrá apartarse de la valoración que de ella tuvo el Tribunal de Instancia ante quien se practicó, si se declara como probado en base a ella algo distinto de lo que dijo el declarante y que no resulta de ningún otro medio probatorio, si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo, y, de modo excepcional, si concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto o la certeza de uno no tenido en cuenta, lo que no acontece en el supuesto enjuiciado.

TERCERO.- Presunción de Inocencia. Error en la valoración de la prueba.

A.) El principio de presunción de inocencia otorga a toda persona acusada de un delito o falta, el derecho a que sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( STS, núm. 1752/2019, de 29 de mayo), y, por lo tanto, después de un proceso justo ( STC 153/2009, de 25 de junio, FJ 5), de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el ámbito de la jurisdicción ordinaria, la presunción de inocencia se configura como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable ( SSTC 78/2013, de 8 de abril, FJ 2, y 185/2014, de 6 de noviembre).

Es preciso, por tanto, que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y, consecuentemente, válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como razonables.

Como se ha indicado, es criterio jurisprudencial que el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante el tribunal de instancia, porque solo a él corresponde esta función valorativa, sino que únicamente autoriza a la Sala de Casación a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. Criterio trasladable al control operable en el recurso de apelación ( SSTS 452/2022, de 10 de mayo; 330/2016, de 20 de abril; 328/2016, también, de 20 de abril; 156/2016, de 29 de febrero; 137/2016, de 24 de febrero; 78/2016, de 10 de febrero, 113/20023, 22 de febrero).

En definitiva, el derecho a presumir la inocencia del acusado (presunción iuris tantum) exige para su condena el acreditamiento de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellas, a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción (véase "ad exemplum" la STS, Sala 2ª, de 16-10-2001).

B.) El primer motivo de recurso, enunciado como vulneración de la presunción de inocencia, a la vista de los argumentos impugnativos expuestos, debe ser reconducido a error en la valoración probatoria. El recurrente afirma que no ha quedado probado que haya habido acto de disposición de dinero (137.809,82 euros) por Isaac en favor de Florencio. La cuantificación de dicha disposición se determina finalmente el 3 de octubre de 2023 en el acto del Juicio Oral pues previamente se habían barajado otras cantidades superiores.

El apelante realiza una crítica de la prueba pericial aportada, informe emitido por Julio, que no asiste al juicio para ratificación de informe. En el análisis de las cuentas bancarias para conocer si las entregas de dinero coinciden con retiradas de efectivo, no se han aportado los movimientos de la cuenta de la entidad Caixabank, desde enero de 2014 y hasta julio de 2017. En el informe no se acredita cómo se ha calculado la cantidad de 62.389,95 euros por reintegros de beneficios. Los justificantes de recibís de dinero se inician el 19 de octubre de 2015, pero se analizan los reintegros en efectivo desde el 1 de enero de 2014, sin que se explique el motivo. No hay coincidencia entre la fecha del recibí y la entrega de dinero. El informe no demuestra que se hayan entregado 51.600 euros, pues no coinciden con las supuestas entregas señaladas ni con las fechas de realización. Del informe pericial aportado no se desprende de manera objetiva y racional el importe del dinero que Isaac entregó a Florencio sino que introduce suposiciones subjetivas e interesadas.

C.) La sentencia apelada, en su Fundamento de Derecho Cuarto, expone las razones para afirmar que existe prueba en las actuaciones que acreditan los desplazamientos patrimoniales efectuados por el denunciante al encausado: "La declaración al respecto del denunciante viene corroborada por la existencia de los documentos que se han relacionado en los Hechos Probados de la presente resolución, en los que el encausado firma recibir las cantidades que en ellos constan.... En su declaración en el plenario, el encausado manifestó que reconocía los documentos como elaborados por él mismo, pero que no respondían a entregas reales de dinero del denunciante... Esta versión de los hechos ofrecida por el encausado en el plenario en absoluto supera un juicio de credibilidad y las razones para no hacerlo oscilan entre la evidencia y la flagrancia. Así el hecho de documentar y firmar recibir grandes cantidades de dinero de cualquier persona sin siquiera, paralelamente, documentar que esas entregas de cantidades son ficticias sería una forma de conducirse incompatible con la lógica...Por otro lado, la propia redacción de los documentos en los que constan las entregas de dinero, detallada en fechas y cantidades; constando la finalidad de inversión y plagada de complejos y variados cálculos sobre fechas de devolución dota de un soporte de realidad a unas entregas que, de ser ficticias y mucho menos de estar llamadas, como se alegó y se dirá, a generar tranquilidad en la esposa del denunciante ante grandes salidas de dinero de las cuentas de su marido, no precisarían de una forma de documentación tan compleja y farragosa... Por consiguiente, la versión exculpatoria del encausado en el plenario, referida a la motivación de documentar ficticias entregas de dinero por el denunciante, es una versión no creíble y en absoluto acreditada, ante lo cual cabe recordar en este punto que, en general, como tiene reiterado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue...Frente a esta increíble, por tanto, versión del encausado en el acto del juicio, cabe acudir a su declaración prestada en fase de instrucción, introducida en el plenario en varias ocasiones a través del interrogatorio de las acusaciones y sometida, por tanto, a contradicción, en la que reconoció que las entregas de dinero denunciadas eran ciertas, si bien cuestionando la cuantificación de lo reclamado, en atención a detalladas compensaciones por diferentes criterios y afirmando, en definitiva, haber recibido una cantidad cercana a los 100.000 euros, no contextualmente alejada de la que es reclamada... En el presente caso, la ya analizada falta de credibilidad de la versión del encausado ofrecida en el plenario unida, primero al mero hecho del reconocimiento en sede judicial, de haber recibido cantidades de dinero del denunciante, reconocimiento en sede judicial...; y segundo, al hecho de que el reconocimiento de esas entregas por el encausado en su declaración como investigado en fase de instrucción, no fue un reconocimiento plano o inconcreto sino jalonado de matizaciones, invocación de compensaciones de dinero y cuestionado parcial y argumentadamente del global de la cantidad reclamada, permite concluir a la Sala la credibilidad de la declaración del encausado en fase de instrucción, plenamente congruente con la creíble, por coherente, detallada, persistente y corroborada documentalmente declaración del denunciante, lo que conlleva que se tenga por acreditada la entrega del denunciante al encausado de la cantidad de 137.809,82 euros".

D). El apelante cuestiona el quantum de la cantidad final, que se entiende estafada, realizando una profusa crítica del informe pericial aportado en el plenario, informe que no fue ratificado por el perito; el apelante podría haber solicitado la suspensión del juicio para citación del perito y sometimiento a contradicción del informe, sin embargo, no lo hizo. Este informe es parte del acervo probatorio, incorporado a los autos como una documental más en el conjunto de las fuentes probatorias. La sentencia no realiza referencia expresa al mencionado informe pericial sino que alude a toda la prueba practicada, esto es, el interrogatorio del encausado, la testifical y la documental en su conjunto. En este sentido, se refiere la sentencia apelada a los documentos que se han relacionado en los hechos probados, que son los documentos acompañados con la querella en los que constan documentadas las entregas de dinero, y en los que Florencio firma recibir las cantidades que en ellos constan. El encausado reconoce los documentos como elaborados por él mismo, sin embargo, afirma que eran una mera ficción, no respondían a entregas reales de dinero del denunciante.

Ha de recordarse que, en sede judicial, el día 11 de diciembre de 2017, el investigado reconoce que Isaac le ha realizado entregas de cantidades en las formas y fechas que se indican en la querella, que la cantidad recibida de la parte querellante asciende junto con los intereses al importe total de 177.000 euros, que reconoce como ciertos todos los documentos que se incorporan a la querella donde se recogen las entregas de cantidades.

E.) No está permitido a este órgano ad quem realizar nueva valoración de las pruebas practicadas en el plenario, prueba que el Fundamento Jurídico Cuarto de la sentencia apelada detalla con precisión.

La sentencia de instancia otorga credibilidad a las declaraciones del querellante por estar corroboradas, ser coherentes entre sí, verosímiles en abstracto y en concreto y no estar movidos por móvil espurio. Sin embargo, se niega credibilidad a las afirmaciones del acusado cuando sostiene que no hubo ningún tipo de desplazamiento patrimonial porque sus manifestaciones contienen explicaciones vagas, respuestas evasivas, sin aportación de datos ni prueba documental o testifical que soporte su defensa y son, en definitiva, argumentos inverosímiles, no refrendados por ninguna otra prueba.

La sentencia apelada cuenta con una fundamentación completa y detallada, en la que se analizan todas las pruebas que se practicaron en el plenario.

La revisión de esta Sala alcanza a la estructura racional o juicio crítico que el Tribunal de instancia realiza respecto a tales pruebas, que en todo caso debe ser ajustado a las reglas de la lógica, la experiencia y el recto criterio. El juicio de revisión ha de centrarse en verificar el examen de la racionalidad sobre la motivación de la sentencia recurrida, relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Comprobados tales extremos en el supuesto enjuiciado, en la forma precedentemente expuesta, no cabe realizar una nueva valoración de la actividad probatoria que sustituya la del Tribunal de enjuiciamiento, ni cabe reinterpretar los hechos, ni escudriñar las razones o motivaciones íntimas del Tribunal de instancia, para llegar al convencimiento de que las secuencias reflejadas en el "factum" ocurrieron de una determinada forma, y fueron o no realizadas por el acusado. Ello es privativo de aquella, consecuencia del principio procesal de inmediación de que ha gozado, y del que esta Sala se halla privado ( art. 741 LECr.).

La prueba examinada en la sentencia apelada, resulta adecuada, porque ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales, circunstancia, de otro lado, no cuestionada en el recurso de apelación. Y la prueba ha sido bastante, porque su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia, como ya ha quedado expresado, ha construido el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar la condena.

La conclusión condenatoria del Tribunal de Instancia se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a los parámetros de racionalidad y motivación exigibles, con sujeción a las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

El Tribunal de Instancia cumplió con su deber de justificar la condena y verificamos que se alcanzó el canon de "certeza más allá de toda duda razonable", exigible en todo pronunciamiento condenatorio, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, TC y TEDH, superando el canon de certeza tanto desde la perspectiva de la lógica como desde la suficiencia. Desde el canon de la lógica porque los datos conducen a la conclusión condenatoria de forma natural. Desde el canon de la suficiencia porque la conclusión alcanzada es cerrada y objetiva, sin que quepan otras explicaciones razonables.

CUARTO.- Infracción de precepto legal.

A.) En el art. 846 bis c), motivo b), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establece que el recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno de los motivos siguientes: "Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil". En relación al recurso por infracción de ley, conforme a lo previsto en el art. 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el escrito de formalización del recurso "se expondrán ordenadamente las alegaciones sobre infracción del ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación", motivo impugnatorio que permite denunciar la vulneración de normas sustantivas penales.

El cauce procesal que utiliza la parte recurrente para impugnar la sentencia de la instancia en este segundo motivo, infracción de precepto legal por indebida aplicación de lo previsto en el art. 248 CP, obliga al más escrupuloso respeto a los hechos declarados probados que se contienen en la resolución impugnada, en todo su contenido, orden y significado ( SSTS, Sala 2ª, de 30-10-2003 y 8-1-2004), porque lo que se cuestiona no es el relato de hechos sino la subsunción jurídica de los mismos.

En este sentido se pronuncia, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo 853/2013, de 31 de octubre: "Frente a la queja del recurrente conviene advertir que, tal como tiene declarado de forma insistente esta Sala, el cauce procesal de la infracción de Ley ( art. 849.1º LECr .) impone que se respeten en su integridad los hechos que se declaran probados en la resolución recurrida, de modo que cualquier modificación, alteración, supresión o cuestionamiento de la narración fáctica desencadena la inadmisión del motivo ( art. 884.3 de LECr .) y en trámite de sentencia su desestimación ( SSTS 283/2002, de 12- 2 ; 892/2007, de 29-10 ; 373/2008, de 24-6 ; 89/2008, de 11-2 ; 114/2009, de 11-2 ; y 384/2012, de 4-5 , entre otras)."

B.) El artículo 248 del Código Penal, establece que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Tal y como indica la jurisprudencia, los elementos del delito de estafa son: 1) Utilización de un engaño previo, bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico. La suficiencia e idoneidad del engaño se establece conforme a un baremo mixto objetivo-subjetivo en el que se valore, tanto el nivel de perspicacia del ciudadano medio, como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto. 2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción. 3) Debido al error, el sujeto pasivo lleva a cabo un acto de disposición patrimonial en beneficio del autor del engaño o de un tercero. 4) La conducta engañosa ha de ejecutarse con dolo y con ánimo de lucro. 5) Como consecuencia de esa conducta engañosa se deriva un perjuicio para la víctima.

C.) Recuerdan la doctrina y la jurisprudencia que la esencia de la estafa es el engaño; considerando éste como cualquier ardid, argucia o treta que utiliza el autor para inducir a error al sujeto pasivo, provocando con ello un conocimiento inexacto o deformado de la realidad operante en la voluntad y en su consentimiento, y le determina a realizar una entrega de cosa, dinero o realización de prestación, que de otra manera no hubiera realizado ( STS 79/2000, de 27 de enero). En definitiva, como indican las Sentencias del Tribunal Supremo 161/2000, de 4 de febrero y 47/2005, de 28 de enero, el engaño bastante viene configurado por la acción de hacer creer a otro algo que no es verdad.

La Sentencia del Tribunal Supremo 497/2014, de 14 de octubre, dispone: "El delito de estafa requiere la existencia de un engaño por parte del sujeto activo, que provoque en otro un error que le induzca a realizar un acto de disposición patrimonial que produzca un perjuicio, propio o de un tercero. El artículo 248 del CP exige que el engaño sea bastante, en referencia a que ha de ser precisamente esa maquinación del autor la que provoque el error origen del desplazamiento patrimonial. Es decir, aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño. En primer lugar, ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad concreta según el caso para resistirse al artificio organizado por el autor. En segundo lugar, es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. Por lo tanto, el engaño debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial."

El principio de autorresponsabilidad viene a delimitar la idoneidad típica del engaño porque una estúpida credulidad, un engaño burdo, grosero, esperpéntico o una extraordinaria indolencia excluyen la idoneidad objetiva del engaño. Sin embargo, esto no puede llevar a desplazar sobre la víctima del delito de estafa, la responsabilidad del engaño. Pues llegaríamos a la ironía de hacer responsable de la maquinación a quien es precisamente la víctima y persona protegida por el tipo penal del art. 248. Interpretar el requisito de la suficiencia con carácter estricto supondría trasladar el dolo del autor a la actitud de la víctima.

Ha de recordarse que en ninguna infracción patrimonial exige el tipo una especial autoprotección o autotutela, por tanto, la aplicación del delito de estafa no puede quedar excluida mediante la culpabilización de la víctima con abusivas exigencias de autoprotección.

Como indica la STS de 6 de febrero de 2020, "no hay elemento alguno de la estafa, tal y como ha sido definido en nuestro ordenamiento, que obligue a entender que el legislador ha decidido que este delito solamente tutele a las personas especialmente perspicaces o desconfiadas. Ni que resulte impune con carácter general, el aprovechamiento malicioso de la credulidad, la confianza o la buena fe de ciudadanos desprevenidos, desplazando la responsabilidad del delito sobre la conducta de la víctima.".

La sentencia del Tribunal Supremo, 54/2021, de 27 de enero, en su Fundamento de Derecho Sexto establece: "... cuestionan los recurrentes si el engaño al que fue sometido D. Jose Ignacio fue bastante, o por el contrario, la víctima desatendió sus deberes de autoprotección, ya que consideran que cualquier persona, en el contexto social donde se produce, ciudadano británico, conoce y sabe que no le puede tocar un premio al que no ha jugado, y que, una vez agraciado con un premio, no se piden cantidades ingentes de dinero para cobrarlo, pues más bien se pagan los impuestos con posterioridad al cobro y no al contrario. 1. Conforme señalábamos en la sentencia núm. 306/2018, de 20 de junio, esta Sala tiene declarado respecto de los deberes de autotutela o de autoprotección del perjudicado que "... no debe desplazarse indebidamente sobre los perjudicados la responsabilidad de comportamientos en los que la intención de engañar es manifiesta, y el autor ha conseguido su objetivo, lucrándose en perjuicio de su víctima. En este sentido la STS 228/2014, de 26 de marzo, considera que "únicamente el burdo engaño, esto es, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa, porque, en ese caso, el engaño no es "bastante". Dicho de otra manera: El engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima ( STS 1036/2003, de 2 de septiembre), porque el engaño se mide en función de la actividad engañosa activada por el sujeto activo, no por la perspicacia de la víctima. De extremarse este argumento, si los sujetos pasivos fueran capaces siempre de detectar el ardid del autor o agente del delito, no se consumaría nunca una estafa... En definitiva, en la determinación de la suficiencia del engaño hemos de partir de una regla general que sólo debe quebrar en situaciones excepcionales y muy concretas. Regla general que enuncia la sentencia de esta Sala núm. 1243/2000, de 11 de julio, del siguiente modo: "el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede inducir a error a nadie de una mínima inteligencia o cuidado. La doctrina de la Sala sobre la configuración del engaño típico del delito de estafa señala que en su análisis ha de partirse de la base de que el tráfico mercantil ha de regirse por los principios de buena fe y confianza ( STS 838/2012, de 23 de octubre). Por ello, el marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o porque supongan actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia".

Como indica la STS 44/2024, de 17 de enero de 2024: "... modernamente se tiende a admitir la utilización de cierto contenido de subjetividad en la valoración objetiva del comportamiento... así, si el sujeto activo conoce la debilidad de la víctima y su escaso nivel de instrucción, engaños que en términos de normalidad social aparecen como objetivamente inidóneos, sin embargo, en atención a la situación del caso particular, aprovechada por el autor, el tipo de la estafa no puede ser excluido... Con todo, existe un margen en que le está permitido a la víctima un relajamiento de sus deberes de protección, de lo contrario se impondría el principio general de desconfianza en el tráfico jurídico que no se acomoda con la agilidad del sistema de intercambio de bienes y servicios de la actual realidad socio-económica...Todo error que produce error en otro es bastante... es necesario que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa".

D.) Considera el recurrente que no existe engaño bastante e idóneo que cumpla los requisitos del tipo. Sin embargo, la sentencia detalla en los hechos probados y en su fundamentación jurídica, prueba bastante que acredita la idoneidad y suficiencia del engaño.

Para delimitar la nota de engaño bastante que aparece como elemento normativo del tipo de estafa, en cada caso ha de realizarse el debido juicio de idoneidad. El engaño será bastante cuando sea suficiente y proporcional a los fines propuestos, debiendo valorarse las condiciones personales del sujeto afectado en el caso concreto. La valoración de la idoneidad del engaño no puede prescindir de las reales y concretas circunstancias del sujeto pasivo respecto al autor. La cualidad de "bastante" en el engaño, ha de valorarse intuitu persona, por ello es esencial tener en cuenta, en el supuesto de autos, el contexto en el que se llevan a cabo los actos.

Es un hecho probado que Florencio era titular de una asesoría-consultoría y gestionaba los asuntos profesionales del perjudicado Isaac, ocupándose también y acompañándole a realizar gestiones en asuntos de tipo personal y, en ocasiones, realizaban actividades privadas con sus respectivas familias. Resulta lógico pensar que Isaac creyó, sin ninguna duda, lo manifestado por Florencio. Tal y como indica la sentencia apelada "se aprecia la suficiencia del engaño, en primer lugar, con base en la propia presentación en el tráfico del encausado como titular de una asesoría-gestoría y su inicial relación con el denunciante como gestor en el ámbito profesional... incide también en lo bastante del engaño las propias características del contenido de los documentos en los que se hacía constar entregas de dinero, con un profuso despliegue de detalles en relación a fechas de entrega, plazos de devolución y finalidad del que, ante lo ficticio de las inversiones anunciadas cabe concluir que tenía una motivación de reforzar la credibilidad de la apariencia de realidad de las mismas".

En el análisis objetivo-subjetivo de la idoneidad del engaño quedó suficientemente probada la relación existente entre Florencio y Isaac, así como la relación con otros familiares del querellante. En ese escenario el engaño articulado en los presentes autos es antecedente, causante y suficiente, para viciar el consentimiento del sujeto pasivo. En el marco de esa relación de confianza, se reducen e incluso se suprimen los mecanismos de protección del propio patrimonio.

Tal y como se describe, aparece el engaño como factor transversal causante de la realización de la disposición patrimonial del perjudicado en favor del acusado.

Aplicando al caso de autos la doctrina del Tribunal Supremo, expuesta supra, las sucesivas entregas de dinero por parte del perjudicado fueron consecuencia del engaño del acusado, que contraviniendo los principios de buena fe y confianza que regían sus relaciones hicieron creer a su víctima que realmente obtendría una ventajosa ganancia patrimonial con la inversión del efectivo entregado. El negocio propuesto por Florencio aparentaba seriedad y seguridad. El desplazamiento monetario no fue motivado por una estúpida credulidad o extraordinaria indolencia del sujeto pasivo del delito.

Como indica la doctrina, el engaño no puede quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima porque la estafa no depende de la astucia defensiva de la víctima sino de la evaluación jurídico-fáctica del propio engaño.

En conclusión, el engaño urdido por el acusado es idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude, no se trata de un engaño burdo o increíble, sino que fue capaz de mover la voluntad de la víctima.

E.) Por otro lado, insiste el recurrente en que no se explicó en la sentencia apelada cómo le afectaba al querellante el trastorno de ansiedad generalizado, como elemento coadyuvador al engaño. El engaño no tiene su causa directa en la enfermedad sufrida por el denunciante, sino que la sentencia apelada hace alusión a dicha enfermedad, acreditada documentalmente, como un elemento que coadyuva a la suficiencia del engaño. Es una circunstancia más que demuestra la vulnerabilidad de la víctima. La objeción planteada por el apelante relativa a la falta de ratificación del informe médico aportado no es una cuestión determinante que pueda suponer un motivo de estimación del recurso.

F.) El recurrente insiste en este segundo motivo en que no se produjo acto de disposición, hay falta de desplazamiento patrimonial; afirma que de la comparativa de los recibís y de los reintegros de las cuentas bancarias no se acredita la disposición de dinero.

A pesar del planteamiento del recurso alegando infracción de precepto legal, cuestiona el recurrente el relato de hechos probados para excluir la aplicación de un tipo delictivo, apartándose así de la vía procesal utilizada. El planteamiento del recurrente supondría una modificación en los hechos probados, que, al amparo del recurso interpuesto por infracción de precepto legal, no es posible. Esta Sala se halla vinculada por la mencionada descripción fáctica, tal y como se ha expuesto. La sentencia declara que Isaac entregó a Florencio las cantidades que se detallan en el primero de los hechos probados de la sentencia apelada.

G.) Alude el recurrente a la falta de demostración del incremento patrimonial de Florencio, consecuencia de las mencionadas recepciones de dinero. Al respecto debemos recordar que resulta indiferente, a los efectos del delito de estafa, que el acusado resultara beneficiado o no, pues la consumación de este delito tiene lugar desde el momento en que hay un desplazamiento patrimonial que ocasiona un perjuicio sea o no beneficiario del mismo el sujeto activo u otra persona. En cualquier caso, como ya hemos analizado, los hechos declarados probados afirman: "Entre octubre de 2015 y abril de 2017 Florencio le ofreció a Isaac invertir su dinero, sin intención de hacerlo... estas inversiones no se producían y el encausado incorporaba a su patrimonio las cantidades de dinero que recibía del perjudicado".

H.) Como otro subapartado del segundo motivo alegado, el recurrente afirma la inexistencia de perjuicio económico en el querellante. Los saldos aportados de las entidades bancarias en Bantierra y Caixabank del querellante, son superiores al final del período en el que se sitúan los desplazamientos patrimoniales del denunciante al encausado. Sin embargo, esta apreciación por sí sola no permite desacreditar la condena impuesta. Es un dato que expresamente se detalla en la sentencia apelada para fundamentar la inaplicación del subtipo agravado, "que la estafa revista especial gravedad", atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia, tal y como está previsto en el art. 250.1. 4º CP. Ese saldo superior de las cuentas del querellante es un dato más, que añadido a la orfandad de prueba sobre la situación económica en que se queda la víctima, impide la concurrencia del subtipo agravado, pero en nada prueba la inexistencia del tipo de estafa previsto en el art. 248 y 250.1.5.

I.) Por otro lado, el recurrente insiste en la falta de credibilidad de la declaración de la esposa del querellante, Guadalupe, cuando afirma que ella no revisaba las cuentas de su marido. No aprecia esta Sala relevancia alguna en dicha afirmación, en lo que se refiere a la aplicación del art. 248 y 250.1.5 del CP.

El último párrafo de la segunda alegación del recurrente hace referencia a la reclamación de los importes pagados por Guadalupe al arquitecto y constructor que rehabilitó la vivienda de su propiedad, ubicada en BARRIO000, sin embargo, no hay condena sobre estos hechos en la sentencia apelada, por lo que huelga analizar los mismos.

El motivo, en consecuencia, no puede prosperar.

QUINTO. - Aplicando la doctrina jurisprudencial precedentemente reseñada al caso de autos, debemos concluir que el relato fáctico que se declara probado en la sentencia de la instancia integra los perfiles del tipo delictivo objeto de condena; los hechos probados se subsumen en el tipo previsto y penado en el art. 248.1 y 250.1. 5ª del Código penal, en relación con el art. 74 del mismo texto legal.

Por todo lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso interpuesto por la representación procesal de Florencio y la confirmación en sus propios términos de la fundada, razonable y acertada sentencia dictada en primera instancia.

SEXTO.- Costas procesales.

De conformidad con lo previsto en el art. 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente