Sentencia Penal 149/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 163/2023 de 07 de mayo del 2024

1. Contra la sentencia de instancia por la que se condena a Bernardo, como autor de UN DELITO RELATIVO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES PÚBLICAS, previsto y penado en el artículo 510, 2ª del Código Penal, y como autor de autor de TRES DELITOS LEVES DE LESIONES del art. 147.2 del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, se interpone recurso de apelación por su representación procesal en base a los siguientes motivos:

Primer motivo: Error en la apreciación de la prueba que motiva la aplicación incorrecta del art. 510.2 y 173.2 del CP. Infracción del principio de presunción de inocencia.

Segundo motivo: Falta de motivación respecto a la determinación del importe de la responsabilidad civil en concepto de daños morales.

Tercer motivo: Error en la apreciación de la prueba que ha motivado la inaplicación del art. 147.2 del CP.

Cuarto motivo: Error en la apreciación de la prueba que ha motivado la inaplicación del art. 263.1 del CP .

Primer motivo. Error en la apreciación de la prueba que motiva la aplicación incorrecta del art. 510.2 y 173.2 del CP . Infracción del principio de presunción de inocencia.

2.1 Afirma el apelante que nos encontramos ante versiones contradictorias entre las partes ostentando ambas la condición de denunciantes y acusados. Cada una de ellas niega los hechos sobre los que han sido acusados, refiriendo una versión contradictoria. Lo mismo sucedería con los testigos, la Sra. Vicenta -amiga de las denunciantes- y el Sr. Jesus Miguel -taxista que se encontraba trabajando con su taxi en el lugar de los hechos-. Los otros dos testigos, el Sr. Adrian y el Sr. Agustín, son testigos de referencia y no presenciaron los hechos.

Considera que los hechos, tal y como se declaran probados, no son subsumibles en los tipos penales del artículo 510.2 en concurso del artículo 8 con el artículo 173.1 del CP. En cuanto al 173.1 del CP se sanciona al "que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral", por lo que resulta obligado delimitar el concepto penal de integridad moral que, evidentemente, no cabe confundir con el derecho fundamental a la misma.

Tras citar una sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, concluye que no nos encontramos ante un menoscabo grave a la intimidad de las denunciantes, ya que se trata de un solo hecho en el que se apela a la condición sexual de las denunciantes, es decir no existe una reiteración de hechos, y por otro lado, no consta acreditado que las denunciantes se hayan sometido a ningún tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, ni farmacológico motivados por los hechos objeto de denuncia.

Por tanto, si bien la sentencia declara probado que el día 3 de marzo se lanzaron imprecaciones degradantes ("guarras, bolleras de mierda") relativas a la condición sexual de las denunciantes, no se ha acreditado que las mismas les hayan causado un menoscabo grave en su integridad.

En cuanto al delito del art. 510.2, a) del Código Penal, afirma que no consta en la sentencia impugnada motivación alguna sobre la subsunción de los hechos en dicho delito, los hechos acreditados no responden a los elementos exigidos para dicho tipo penal por la Jurisprudencia, ni tan siquiera se ajustan a los propios criterios establecidos en la Circular 7/2019 de Fiscalía, de 14 de mayo, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP (BOE 24 de mayo de 2019), ya que siendo suficiente la concurrencia de dolo directo, que no especifico, el mismo no se determina por la simple expresión atentatoria a la dignidad de cualquier persona de las contempladas como sujeto pasivo del tipo, sino que debe determinarse en base a la contextualización derivada de algunos parámetros o indicadores generales que permiten valorar la presencia o no de un delito de odio, con independencia de su concreta modalidad, y así determinar si el móvil de odio concurre o debe ser descartado. Expone los indicadores de odio recogidos en la referida Circular, remitiéndonos al recurso.

Tras ello concluye que las condiciones en las que se produjeron los hechos no permite incardinarlos en el tipo penal del art. 510.2, a) del CP, por cuanto: a) No existía relación previa entre acusado y las denunciantes; b) Era la noche de carnaval, las denunciantes iban disfrazadas, y del disfraz que portaban no se infería su condición sexual. Aun en el supuesto de que estuvieran abrazadas no tiene que inferirse necesariamente que fueran pareja; c) El acusado, taxista de profesión, se encontraba trabajando y acudió a la discoteca ROW para atender un servicio; d) Era la hora del cierre de la discoteca, obrando a folio 200 oficio de los Mossos d'Esquadra para identificar a los vigilantes de la discoteca ROW, en el que se refiere que el responsable de seguridad de la discoteca les informó que la actividad de la discoteca finalizó sobre las 23.00 h., momento en el que todas las personas salen y se concentran en la salida y parking del recinto, y que se pueden concentrar aproximadamente unas tres mil quinientas personas entre clientes y trabajadores; e) No consta que el lugar donde sucedieron los hechos, la discoteca ROW, sea un lugar de reunión del colectivo LGTBI; f) La discusión no estuvo basada en motivos discriminatorios ni por la condición sexual de las denunciantes, sino por el golpe que dan las chicas en el vehículo del acusado, momento en el que éste se baja del vehículo y es cuando se inicia la trifulca. Es decir, si las chicas no hubieran golpeado y dañado el vehículo, el coche hubiera continuado su marcha y todo hubiera quedado ahí; g) Las palabras "guarras, bolleras de mierda" que recoge la sentencia como hechos probados, podemos coincidir que pueden ser más o menos afortunadas, pero hay que contextualizarla en el calor de la discusión y de la agresión mutua de las partes; h) El acusado carece de antecedentes penales o policiales por conductas similares; i) No consta que el acusado forme parte o esté integrado en grupos que promuevan el odio y la violencia; j) Las fotos de Facebook aportadas a la causa carecen de cualquier valor probatorio. Más allá de que lo haya negado y que el acusado no reconozca como suyas esas fotos, lo cierto es que no se ha practicado prueba alguna a fin de acreditar que la titularidad de la cuenta de Facebook pertenezca al acusado; k) En el momento de suceder los hechos no llevaba peinado, vestuario, bufandas o banderas de los que se permita inferir su pertenencia a grupos violentos; l) La fecha en la que sucedieron los hechos no es simbólica para el colectivo LGTBI.

En base a lo anteriormente expuesto considera que no existe el dolo exigible en los delitos de odio.

2.2 En la sentencia impugnada se cita numerosa doctrina jurisprudencial y normativa internacional a la que nos remitimos. Señalar no obstante que lo que es objeto de punición en los delitos de odio no puede ser la simple expresión de una idea, no siquiera una idea ofensiva o discriminatoria hacia los colectivos diana que detalla el artículo 510 del Código Penal. Es preciso que las expresiones que se profieren "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia" como literalmente reclama el tipo delictivo. La concurrencia de la capacidad del discurso en concreto debe inferirse de las concretas circunstancias en que se produzca. En tal sentido resultan especialmente orientativos los criterios establecidos en el "Test de Rabat", definido en el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso, y en la Recomendación n. 15 de la ECRI relativa a la lucha contra el discurso de odio.

Esta última dispone que para valorar el riesgo o peligro de producción de actos violentos debe considerarse: "(a) el contexto en el que se utiliza el discurso de odio en cuestión (especialmente si ya existen tensiones graves relacionadas con este discurso en la sociedad): (b) la capacidad que tiene la persona que emplea el discurso de odio para ejercer influencia sobre los demás (con motivo de ser por ejemplo un líder político, religioso o de una comunidad); (c) la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si utiliza información engañosa, difusión de estereotipos negativos y estigmatización, o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación); (d) el contexto de los comentarios específicos (si son un hecho aislado o reiterado, o si se puede considerar que se equilibra con otras expresiones pronunciadas por la misma persona o por otras, especialmente durante el debate); (e) el medio utilizado (si puede o no provocar una respuesta inmediata de la audiencia como en un acto público en directo); y (f) la naturaleza de la audiencia (si tiene o no los medios para o si es propensa o susceptible de mezclarse en actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación)".

Las resoluciones del Consejo de Europa, concretamente la Recomendación 20 de 1997 del Comité de ministros del Consejo de Europa, basada en la interpretación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero también establece ciertos deberes y responsabilidades "insta a los Estados a actuar contra todas formas de expresión que propaguen, inciten o promuevan el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia".

2.3 Conforme a los criterios expuestos, las expresiones proferidas por el acusado no fueron realizadas en el ámbito privado ni en relación a unas conflictivas relaciones entre las partes, ya que no se conocían de nada y tuvieron lugar en un lugar en donde había gente, a la salida de una discoteca, aunque muchos ya se hubieran ido, dado que se produce una gran concentración de gente. Fueron expresiones contundentes, proferidas solo por la orientación sexual de las Sras. Berta y Brigida. El dolo se consigna claramente en el relato fáctico: "a fin de menospreciar su dignidad por su orientación sexual". Por mucho que el apelante alegue que era carnaval y que no podía conocer la orientación sexual de las perjudicadas, lo cierto es que vio que se abrazaban y besaban, lo que le molestó profundamente y motivó que les profiriese expresiones altamente humillantes y vejatorias, hasta el punto que una joven se acercó para defenderlas, pero el acusado, lejos de deponer en su actitud, decidió agredirlas a las tres. Aunque el acusado no tenga una capacidad de lideraje (de exigirse tal cualidad las personas anónimas nunca podrían ser sujetos activos de este delito), sí que en atención al espacio en que fueron proferidas existió el riesgo de que se extendieran y son idóneas para provocar o incitar al odio o a la violencia en el sentido que exige el artículo 510.2 a) del Código Penal.

2.4 Y que el apelante profirió las expresiones que se consignan en el relato fáctico y agredió a las Sras. Berta, Brigida y Beatriz, no ofrece duda alguna al haberse practicado suficiente prueba de cargo que así lo acredita.

Parte el Tribunal a quo de la declaración de Beatriz, Berta y Brigida, que le resultan creíbles y persistentes, sin que se aprecie ninguna contradicción relevante en sus declaraciones a lo largo de todo el procedimiento. Tal como se relata en la sentencia, las Sras. Beatriz, Berta y Brigida declararon que se encontraban en el parking de particulares de la discoteca Row charlando y que la mayoría de gente se había ido. Que mientras Beatriz y Vicenta charlaban, Berta y Brigida, que son pareja sentimental, se estaban besando a unos metros. Mientras se besaban pasó un taxi muy lentamente y con la ventanilla abierta se acercó a ellas y las llamó guarras, diciéndoles también "esto es lo que os gusta". Que Berta con la mano abierta le dio un golpe en la carrocería y el acusado frenó en seco, salió del taxi y comenzó a recriminar a Berta. Beatriz se puso en medio para evitar la discusión y el acusado la cogió por la muñeca, le propinó un puñetazo en la cara y la derribó al suelo. Después forcejeó con Berta a la que empujó varias veces tirándola también al suelo. Cuando Brigida quiso defender a su pareja el acusado la empujó y le dio un puñetazo. Cuando ellas le dijeron que le iban a denunciar se río y se marchó.

Las anteriores declaraciones contaron también con el apoyo de la testigo Sra. Vicenta, que explicó que cuando fue a atender a sus amigas el acusado se fue y ellas se lamentaban de que se escapaba, por lo que salió corriendo detrás del taxi y pudo hacerle una fotografía a la matrícula, lo que permitió su identificación. Afirmó que los vigilantes vinieron más tarde y cuando vieron a las chicas les preguntaron por qué no les habían avisado. Manifestó que no vio a ninguna de sus amigas golpear al taxista.

Por su parte, el acusado reconoció la existencia del enfrentamiento, aunque niega haber golpeado a las jóvenes afirmando que fue él el golpeado. El Tribunal a quo no considera creíble su versión y para ello tiene en cuenta la existencia de una serie de elementos que corroboran el relato de las denunciantes. Parte en primer lugar de la existencia de los informes forenses que objetivan la existencia de una serie de lesiones compatibles con el mecanismo causal narrado por las perjudicadas. Dichas lesiones se consignan en el relato fáctico. Tiene también en cuenta las fotografías que éstas aportaron a la causa y que el LAJ comprobó que se habían tomado con el móvil de las víctimas al día siguiente de los hechos. Además, contó el Tribunal a quo con la declaración testifical de la Sra. Vicenta, amiga de las víctimas que fue a recogerlas y la testifical de los Sres. Agustín y Adrian. No se trata de simples testigos de referencia, lo serán en cuanto a la forma en que sucedieron los hechos, pero son testigos presenciales del estado en que se encontraban las víctimas tras ellos.

Si bien la anterior prueba de cargo ya apunta que fue el acusado quién agredió a las perjudicadas y les profirió las expresiones que se consignan en el relato fáctico, las pruebas presentadas por el acusado no se alzan como hipótesis alternativa razonable. En las fotografías aportadas obrantes a folios 3 y 52 no se aprecia el rostro del acusado. Como bien señala el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, existe una desconexión temporal de cuatro días entre los hechos y la lesión que se le diagnosticó al acusado en el Hospital Mutua de Terrassa. Además, la lesión diagnosticada, leve tumefacción, no se corresponde con la brutal agresión de la que refiere haber sido objeto por parte de siete personas que presuntamente le habrían pateado y propinado puñetazos en la cara. Sí resulta compatible en cambio con el golpe derivado del forcejeo que la acusada Beatriz reconoció haber dado repeliendo la agresión.

En cuanto a los daños, un simple golpe con la mano abierta, reconocido por la propia Berta, no parece mecanismo causal adecuado para generar los desperfectos que el acusado reclama que, tal como se relata en la sentencia, ni tan siquiera reconoció la fotografía obrante a folio 21 en la que no se aprecian daños. En todo caso, tampoco puede establecerse una relación de causalidad entre el presupuesto de reparación del coche que el acusado recurrente presentó y el episodio.

En cuanto a las expresiones proferidas por el acusado fueron relatadas por las testigos y no existe duda alguna que se profirieron en atención a su orientación sexual que el acusado demostró abierta y agresivamente que no compartía. No podemos aceptar la alegación que se hace en el recurso de que si Berta no hubiera dado un golpe con la mano en el vehículo nada hubiera ocurrido. Fue el acusado quién lentamente, con la ventanilla abierta y sin motivo alguno, se acercó a Berta y Brigida cuando se estaban besando para insultarlas y llamarlas "guarras". A partir de ahí, no se limitó a recriminar el golpe que Berta dio al taxi con la mano abierta, sino que decidió agredir a la persona que intentó mediar y a las dos jóvenes que se estaban besando. Se señala en la sentencia: "Que las insultó y golpeó con ira es evidente que fue por su orientación sexual. Beatriz describió que su expresión facial era de "baboso" y que cuando

Berta le dio con la mano en la carrocería del taxi diciéndole, "tira que tienes por donde pasar" frenó se bajó y se puso muy cerca de la misma diciéndole que quién era ella para tocar su taxi, y le dijo guarra y bollera de mierda. Esa actitud y la forma en que la testigo lo explicó denotan claramente que la despreciaba por su orientación sexual. No lo hizo una vez, sino que durante todo el tiempo en que duró el enfrentamiento lo fue reiterando con clara intención de humillar y lesionar a las jóvenes por ese motivo.

Berta se sintió, además de agredida, vejada y humillada por el acusado. Se apreció en ella el daño que tal humillación le había causado, pues al rememorarlo hubo momentos en que no podía continuar su relato, sobre todo cuando narraba las frases y cara que ponía el acusado durante la agresión. Afirmó que "que el taxista las miraba de forma obscena y cara de asco y les dijo "esto es lo que os gusta", "esto es lo que os gusta guarra", que se sintió violenta e intimidada y le dio un puñetazo en la parte posterior izquierda del taxi para que las dejara en paz. Incluso se desprende ese rechazo hacía su orientación sexual cuando le dijo que no era nadie para tocar su taxi.

Brigida, al igual que su pareja Berta, también se sintió humillada por la conducta del acusado llamándolas "guarras, bolleras de mierda". Que cuando le dijeron que le iban a denunciar se rio y se marchó. Se reconoció a los folios 98,99 y 105 y afirmó que ningún otro taxi pasó por allí."

Y frente a la anterior testifical, corroborada por los informes forenses que acreditan las lesiones sufridas por las agredidas y las fotografías aportadas, la declaración del testigo de la defensa, Sr. Jesus Miguel, también taxista, no le resultó creíble al Tribunal a quo, no solo por ser contradictoria con las otras testificales, sino porque también lo es con la versión dada por el propio acusado, pues el testigo sitúa el conflicto en un lugar distinto y bastante alejado del lugar donde se produjo. Advierte la sentencia que el referido testigo en su declaración obrante al folio 211 de la causa situó la discusión en la puerta de la discoteca, cuando el parking de particulares se encuentra detrás. Además, la declaración del referido testigo en el acto del juicio oral acerca de la intervención de los porteros para frenar la agresión de las jóvenes al acusado, queda plenamente contradicha por el oficio policial obrante al folio 201, en el que se informa por la empresa encargada de la seguridad que el día de autos los vigilantes de la discoteca no reseñaron ninguna intervención, cosa que hubieran hecho de haber presenciado algún tipo de agresión y haber tenido que intervenir. Incurrieron también en contradicciones el acusado y el referido testigo respecto al número de taxistas que supuestamente intervinieron en el incidente y el número de agresores.

Afirma el acusado que no se ha practicado prueba que acredite que sea el titular de la cuenta de Facebook a la que se refiere la sentencia, negando incluso que tuviera dicha red social, cuando en Instrucción reconoció que sí la tenía. En todo caso, la anterior prueba a la que ya nos hemos remitido, constituye suficiente prueba de cargo que ha sido debidamente valorada por el Tribunal a quo, por lo que las publicaciones referidas en la sentencia que ponen de manifiesto una ideología xenófoba e intolerante, aunque no se valoren, no altera el resultado probatorio, pues las expresiones proferidas por el acusado y su comportamiento agresivo revelan precisamente ese carácter xenófobo e intolerante.

En base a todo lo expuesto, el motivo se desestima.

Segundo motivo: Falta de motivación respecto a la determinación del importe de la responsabilidad civil en concepto de daños morales.

3.1 Denuncia el apelante en relación a la condena por importe de 250 euros fijada en sentencia en concepto de responsabilidad civil por daños morales a cada una de las denunciantes, que no consta que hayan recibido tratamiento alguno como consecuencia de los hechos.

Las denunciantes han manifestado un estado de ansiedad y un sentimiento de humillación, pero, sin embargo, más allá de sus propias manifestaciones, no se ha aportado ningún parte facultativo ni se ha adjuntado informe médico alguno a la causa que acredite el daño moral. En los informes del Médico Forense realizados a cada una de las denunciantes no se hace constar nada al respecto. No consta que las denunciantes hayan realizado visita alguna a especialista en psiquiatría o psicología, lo que impide en virtud del in dubio pro reo que el acusado sea condenado a pagar una indemnización civil.

3.2 La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga al responsable del mismo a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados ( arts. 109.1 y 116.1 del C.P.) .

El artículo 110.3º del Código Penal señala que la responsabilidad establecida en el art. 109 del CP (responsabilidad civil derivada de los hechos constitutivos de delito o falta) comprende la indemnización por los perjuicios materiales y morales, mientras que el art. 113 del CP establece que la indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.

Cabe señalar que el daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico ( SS. 22 de mayo 1995 [ RJ 1995, 4089], 19 octubre 1996 [ RJ 1996, 7508], 24 septiembre 1999 [RJ 1999, 7272]). La jurisprudencia se ha referido a diversas situaciones, entre las que cabe citar, el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual (S. 23 julio 1990 [RJ 1990, 6457]), impotencia, zozobra, ansiedad, angustia (S. 6 julio 1990 [RJ 1990, 5780]), la zozobra, como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (S. 22 mayo 1995), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (S. 27 enero 1998 [RJ 1998, 551]), impacto, quebranto o sufrimiento psíquico (S. 12 julio 1999 [RJ 1999, 4770]).

Mientras que en los daños morales con repercusión patrimonial (disminución de clientela, etc.) es necesaria la prueba de los perjuicios efectivamente producidos, en los daños morales en sentido estricto (simple dolor moral derivado del ilícito penal, como inquietud, preocupación, angustia, terror, deshonor, tristeza, melancolía, etc.), es considerable la discrecionalidad del juzgador para evaluarlos una vez, desde luego, que haya fijado los supuestos de hecho de los que se infiera necesariamente tanto su existencia como su entidad ( SSTS 29-1-93, 2-3-94 y 11-12- 98).

Junto a los daños morales inmateriales encontramos los daños morales materiales, los psicológicos, que suponen una alteración clínicamente significativa que afecta en mayor o menor medida a la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de su vida. Diríamos que el daño moral afecta al sentimiento mientras que el daño psicológico tiene entidad propia y produce una alteración objetivable en sus funciones psíquicas.

3.3 En los delitos contra la integridad moral y de odio el daño moral es evidente. Afectan a sentimientos tales como la dignidad, libertad, intimidad y autoestima de la víctima que constituyen intereses constitucionalmente protegidos cuya lesión debe ser resarcida. Y ello con independencia de que se prueben la existencia de secuelas o daños psíquicos.

Lo cierto es que la indemnización fijada para cada denunciante, 250 euros, es sumamente benévola y debemos mantenerla.

El motivo se desestima.

Tercer motivo: Error en la apreciación de la prueba que ha motivado la inaplicación del art. 147.2 del CP .

4.1 Reprocha el apelante al Tribunal a quo que no haya considerado probadas las lesiones sufridas por el acusado. Expone la prueba que a su juicio ha sido incorrectamente valorada en sentencia. Señala que el acusado ha reclamado por las lesiones sufridas y ha cuantificado las mismas en la suma de 250 euros, más los intereses legales conforme establece el art. 576 de la LEC. Solicita la condena de las denunciantes que han sido absueltas en la presente causa de los delitós leves de lesiones y daños que se les imputaban.

4.2 Tratándose de un procedimiento absolutorio resulta de aplicación el art. 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala que la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Por último, el art. 790.2, último párrafo establece que cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de la experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

4.3 Dicho precepto es conforme con la Jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional (entre otras, SSTC n.º 126/2012, de 18 de junio; 22/2013, de 31 de enero; o 43/2013, de 25 de febrero) en la que se reitera que se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías previsto en el artículo 24.2 de la Constitución cuando un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quién había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad.

4.4 Así pues, de acuerdo con la nueva redacción del art. 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal resulta imprescindible, cuando se recurra una sentencia absolutoria por error en la valoración de la prueba y se pretenda la anulación de la misma o la agravación de la condena, que en el recurso se mencione y se justifique uno o varios de los tres referidos supuestos, sin que sea suficiente una mención genérica de los mismos, debiendo motivarse suficientemente su invocación.

4.5 Pues bien, en el presente supuesto el hecho de que la parte apelante no solicite la nulidad de la sentencia al tratarse de un pronunciamiento absolutorio y cuestionarse la valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal, nos lleva necesariamente a la desestimación a la desestimación del presente motivo.

Cuarto motivo: Error en la apreciación de la prueba que ha motivado la inaplicación del art. 263.1 del CP.

5. Expone el apelante que respecto a los desperfectos sufridos en el vehículo del Sr. Bernardo la sentencia se limita a referir en su folio 12 "los desperfectos del vehículo no se han acreditado y era una prueba fácil de obtener".

Al igual que en el motivo anterior, expone y valora las pruebas que a su juicio acreditarían que Berta fue la causante de los daños del vehículo (folios 54 y 55).

Sin embargo, nuevamente nos encontramos ante un pronunciamiento absolutorio y el apelante interesa la revocación de la resolución recurrida y que se dicte otra en su lugar, por la que se absuelva de todos los delitos al acusado y se condene a las acusadas como autoras de un delito leve de lesiones y un delito leve de daños.

Ya hemos expuesto las razones que nos impide hacerlo, por lo que el motivo, y con ello el recurso, se desestima.

6. Declaramos de oficio las costas procesales que hubieran podido devengarse en esta alzada ( arts. 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

En atención a lo expuesto,