Sentencia Penal 103/2023 Audiencia Provincial Penal de Alicante nº 2, Rec. 950/2022 de 16 de febrero del 2023

PRIMERO.- En fecha 19/05/22, el órgano a quodictó sentencia por la que se condenaba a los acusados Fidel y Fabio como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal y de seis delitos de lesiones por imprudencia grave de los artículos 152 y 147 del Código Penal que eran objeto del procedimiento a penas de multa, indemnización de responsabilidad civil con responsabilidad directa de la entidad MAPFRE ESPAÑA, S.A., y la subsidiaria de ONASOL, S.L., y CATALINA CLEANING, S.L, intereses y costas. La apelación de Fabio y CATALINA CLEANING, S.L, interesa la revocación de la resolución recurrida y su libre absolución, alegando error en los requisitos del tipo y nulidad de actuaciones por no haberse dictado en su contra auto de procedimiento abreviado ni habérsele notificado el dictado contra otros; la de Fidel impugna su responsabilidad en los hechos por tener delegadas las correspondientes facultades y haber seguido las recomendaciones de su servicio de prevención de riesgos, así como por ausencia de los elementos del tipo por no existir infracción de las normas de prevención de riesgos laborales; la de ONASOL, S.L., cuestiona su responsabilidad civil por la existencia de una delegación de funciones de prevención de riesgos laborales y no serle imputable las conclusiones del informe de la Inspecciónde Trabajo, reiterando las objeciones formuladas en el recurso deONASOL, S.L., respecto de la inexistencia de infracción de la normativa en materia de riesgos laborales; y MAPFRE ESPAÑA, S.A., cuestiona la responsabilidad civil de su asegurada ONASOL, S.L., y la penal del administrador de ésta Fidel, la determinación de las cuantías de las indemnizaciones y la aplicación de intereses moratorios.

SEGUNDO.- Desde un punto de vista lógico procesal ha de tratarse como primera cuestión la que ya ha sido suscitada reiteradamente en fase de instrucción y en el acto de juicio, de la constitución como parte pasiva en el procedimiento de Fabio y CATALINA CLEANING, S.L,por no habérseles incluido en el auto de acomodación al procedimiento abreviado ni habérsele notificado el dictado contra otros.

Al respecto se limita a indicar la resolución impugnada que: "no hay indefensión alguna porque están siendo investigadas e imputados desde el principio, desde el día 1, el Sr. Fabio declaró como Imputado el 13-10-15 f. 41T4 solo que el 1º AJO del 2-5-19 f. 219 era solo contra el Sr. Fidel pero eso ya fué objeto de subsanación y nunca ha habido una parálisis del trámite por más de 5 años."

Sobre la conformación del objeto del proceso y la función de la fase intermedia recogía la STS 211/2020, de 21 de mayo, que "La acusación por unos hechos concretos en el procedimiento abreviado exige, según se ha visto, unos presupuestos: a) Que el acusado haya sido informado de los hechos y haya declarado (o al menos, haya podido declarar) sobre ellos. A esta idea se refirió en extenso la muy conocida STC 186/1990, de 15 de noviembre. b) Que en el auto de transformación ( art. 779.1.4 LECrim) se haya ordenado proceder por tales hechos: es un filtro que se pone en manos del Juez de Instrucción que ha de depurar el objeto procesal expulsando mediante el sobreseimiento aquellos hechos investigados no respaldados por indicios fundados de comisión. La continuación del proceso solo se referirá a aquellos otros que cuentan con una base indiciaria sólida. Es esta una primera vertiente del irrenunciable juicio de acusación que en el procedimiento abreviado aparece de forma no muy lógica desdoblado en dos momentos diferentes complementarios. Esta función de esta resolución, desconocida en la normativa anterior a la reforma de 2002, fue introducida por tal modificación legislativa buscando dotar a la defensa de un mecanismo más pulimentado para oponerse a la apertura del juicio oral. En el procedimiento ordinario lo es el recurso devolutivo que se habilita frente al procesamiento. En el procedimiento abreviado la posibilidad de impugnar el auto de transformación. Previamente se producen cribas menos nítidas y claras (auto de admisión de querella que aborta de raíz la investigación de hechos no delictivos; decisiones sobre toma de declaración en calidad de investigado). En el procedimiento del jurado el diseño es dispar -no es procedente entretenerse ahora en ello- aunque la filosofía es paralela. c) Que exista una parte legitimada que formule acusación por tales hechos. d) Que el Juez de Instrucción a la vista de la acusación realice una nueva evaluación (segundo filtro del juicio de acusación) confirmando provisionalmente que los hechos son típicos y que hay fundamento para abrir el juicio oral (en este segundo aspecto se reproduce una valoración del material indiciario acopiado que ya debió efectuarse antes). Si falla alguna de las vertientes de esa doble verificación habrá de decretar el oportuno sobreseimiento. Con esa secuencia la ley quiere garantizar tanto el derecho de defensa en esas fases previas, como la necesidad de una valoración judicial sobre la fundabilidad de la acusación (y así, evitar acusaciones frívolas o carentes de fundamento que, por más que hubiesen sido finalmente rechazadas en una futura sentencia absolutoria, siempre producen perjuicios). La fase de investigación tiene por objeto, preparar el juicio oral; pero también despliega una función de filtro: evitar la apertura de juicios innecesarios".

En el mismo sentido, y aún en cuanto al contenido del auto de procedimiento abreviado, la STS 808/2021, de 21 de octubre, señala que "Como de forma reiterada ha afirmado el Tribunal Constitucional, entre las garantías contenidas en el derecho al proceso justo se encuentran: que la persona investigada conozca con prontitud el hecho punible que se le atribuye y los derechos que en tal condición le asisten y pueda, además, disponer de la oportunidad de declarar ante el Juez de Instrucción exponiendo su versión exculpatoria -por todas, SSTC 186/1990 , 14/1999 , de 22 de febrero, 19/2000 , 70/2002 , 18/2005 , 146/2012-. Como se afirma en la STC 70/2002, "lo que prohíbe el art. 24 CE es que el inculpado no tenga participación en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se fragüe a sus espaldas, sin haber tenido conocimiento alguno de ella". Esa garantía de información fáctica-normativa constituye, a su vez, uno de los presupuestos objetivos que permiten satisfacer el derecho a conocer previamente la acusación, en el sentido amplio sugerido por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos - SSTEDH, caso Pèllisier contra Francia, de 30 de enero de 2001; caso Varela Geis contra España, de 5 de marzo de 2013- y que ha sido reafirmado de manera contundente por la Unión Europea mediante su Directiva 2012/13 del Parlamento Europeo y del Comité de Ministros relativa al derecho a la información en los procesos penales. En efecto, como de forma muy precisa se establece en el artículo 6 de la Directiva, la persona contra la que se dirige la acción penal ostenta durante todo el curso del proceso, el derecho a conocer con el mayor grado de detalle necesario, no incompatible con la concisión, las razones fácticas y jurídicas sobre las que se sostiene el proceso inculpatorio. Y ello con la doble finalidad de salvaguardar la equidad del proceso y el efectivo ejercicio del derecho de defensa. Exigencias del proceso justo que de forma necesaria modulan el propio desarrollo y contenido del procedimiento abreviado. Como nos recuerda la jurisprudencia constitucional, la vigencia del derecho constitucional de defensa en el ámbito del proceso penal abreviado, "comporta una triple exigencia: primera, y a fin de evitar acusaciones sorpresivas, nadie puede ser acusado sin haber sido con anterioridad declarado judicialmente imputado. De tal forma, la instrucción judicial ha de seguir asumiendo su clásica función de determinar la legitimación pasiva del proceso penal; segunda, y como lógica consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado por unos determinados hechos sin haber sido oído previamente por el juez de instrucción con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas; tercera, no debe someterse al imputado al régimen de las declaraciones testificales cuando, de las diligencias practicadas, pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible" -vid. SSTC 135/89, 186/90, 128/93, 152/93, 62/98-. La mención expresa que del artículo 775 se contiene en el artículo 779.1. 4º, ambos, LECrim, adquiere, por ello, una particular importancia para determinar el contenido y la función de la decisión prosecutoria que pone fin a la fase previa. En efecto, si bien esta deberá contener una determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, ello no puede interpretarse en el sentido de que mediante dicho auto se configura la inculpación o se delimita el objeto del proceso. El contenido del auto de prosecución no puede incorporar más hechos justiciables o identificar más inculpados que aquellos que, por un lado, ya constituyen el objeto procesal y, por otro, ya han asumido durante la fase de instrucción la condición de sujetos pasivos del proceso en las condiciones constitutivas contempladas en el artículo 775 LECrim. Cualquier extralimitación en el relato fáctico del auto de prosecución que suponga la adición de hechos justiciables con dimensión típica autónoma, respecto de los cuales la persona inculpada no haya podido desarrollar una estrategia de defensa en la fase previa, constituye una fuente de indefensión incompatible con el derecho a un proceso con todas las garantías y, en particular, con el derecho a conocer previamente la acusación, en los términos delimitados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes citada."

En el caso, puede constatarse que el acusado Fabio efectivamente declaró por vía de exhorto como investigado (f.40, T. IV), pero también que, siguiendo el tenor del informe del Ministerio Fiscal emitido el 07/04/17 (f. 140, T. IV) se dictaron autos de 11/05/17 y 23/06/17, confirmado el segundo por auto de esta Audiencia Provincial de 20/06/18, acordando continuar por los trámites del procedimiento abreviado tan sólo contra Fidel por los hechos referentes al accidente del día 21/08/14, al tiempo que se acordaba deducir testimonio de lo actuado para la formación de causa contra Fabio y CATALINA CLEANING, S.L, por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores del art. 311 del Código Penal en lo referente a la contratación de trabajadores sin comunicación de alta en el régimen de la Seguridad Social.

Firmes tales resoluciones, no resultaba ya admisible que las acusaciones particulares dirigieran sus escritos de acusación contra ninguna persona que no hubiera sido identificada como parte pasiva del procedimiento en las mismas, y, mucho menos, que el Juzgado de lo Penal, a la vista de que, lógicamente, no estaba incluido Fabio como acusado en el auto de apertura de juicio oral de 02/05/19 (f. 219, T. IV), procediera a devolver los autos al Juzgado de Instrucción para que se le incluyera o declarara éstos en rebeldía (f. 35, T. V), con la irregular consecuencia de la adición de Fabio y CATALINA CLEANING, S.L, al auto de apertura de juicio oral por vía de corrección de errores (f. 41, T. V).

La consecuencia de tal cadena de errores no puede ser más que imposibilidad de dictar sentencia condenatoria contra quien, Fabio, CATALINA CLEANING, S.L, como su responsable civil subsidiario, no se había dirigido oportunamente el procedimiento y se incluyó como parte acusada cuando había precluido la posibilidad procesal de hacerlo, determinando la necesaria admisión del recurso presentado al efecto por su representación y su absolución en estos autos.

SEGUNDO.- Entrando así en lo que es objeto coincidente de los demás recursos, la existencia de error en la valoración de prueba acerca de la apreciación en el accidente del día 21/08/14 de infracción de normas de prevención de riesgos laborales. Ha de recordarse respecto a la valoración de la prueba en el recurso de apelación que señalan las STS 162/2019, de 26 marzo y 216/2019, de 24 abril que "El recurso de apelación regulado en el artículo 790 y siguientes de la LECrim. permite una revisión del juicio fáctico que no se limita a la comprobación de la vulneración de la presunción de inocencia. La revisión es más amplia, ya que posibilita un análisis completo de la valoración probatoria para determinar si ha habido error. (...) En el recurso de apelación, por tanto, las posibilidades de revisión crítica de la valoración probatoria de una sentencia condenatoria son más amplias, aun reconociendo que no es fácil precisar ese mayor ámbito de decisión frente al cauce de la presunción de inocencia. Dejando al margen las sentencias absolutorias y las condenatorias en que se pretenda un agravamiento de condena, que como hemos visto tienen un régimen singular de impugnación, en caso de sentencias condenatorias el tribunal de apelación puede rectificar el relato histórico cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación. "[...] El único límite a esa función viene determinado por la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral, lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal y cómo lo dice, esto es las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos [...]" STS 107/2005, de 9 de diciembre). En efecto, el tribunal de apelación puede, de un lado, llevar a cabo una nueva valoración cuando se practiquen nuevas pruebas en la segunda instancia, según autoriza el artículo 790.3 de la LECrim., y, de otro, puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen substancialmente de la inmediación. Siendo cierto que la función del tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas. Su decisión debe ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación. Además, el Tribunal debe respetar, en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la cual el órgano ad quemno puede exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga su origen exclusivo en la propia interposición de éste ( STC 17/2000, de 31 de enero)". Cuestionan los recurrentes la interpretación que realiza la sentencia impugnada sobre la base del informe de la Inspección de Trabajo (f. 442, T. II), informe de inspección del Servicio Territorial de Industria de Alicante tras el accidente (f.192, T.I) e informe de investigación del accidente del Centro Territorial de Alicante de Seguridad y Salud en el Trabajo (f. 350, T. II), para concluir que elevador era un equipo de trabajo y por ello debía tener en funcionamiento el dispositivo limitador de carga que " si bien "en la vida civil" no es necesario tener instalado (parecer de Industria y las Defensas) sí en la "vida laboral" al estar de nuevo en una relación de sujeción especial (parecer de Inspección de Trabajo, f. 236T1, RD 1215/97 de 18- 7 de Equipos de Trabajo), Sindicatos -en los escritos de denuncia que consta- y Acusaciones)". Efectivamente, como señala la STS nº 614/2021, de 8 de julio, "el núcleo de la tipicidad en este delito exige trazar un nexo de antijuricidad entre la infracción de las normas de prevención a las que están obligados legalmente los responsables, facilitando los medios de seguridad necesarios, y el resultado del grave peligro prohibido. Y para ello resulta indispensable despejar cuatro planos que se nutren tanto de elementos factuales como normativos. Primero, las condiciones de seguridad exigibles tanto las objetivas -medios, disponibilidad, acceso, conservación, actualización, etc.- como las subjetivas -formación e información a y de los destinatarios, modo en que estos cumplían las condiciones, circunstancias situacionales que permitían cumplirlas-. Segundo, el grado de cumplimiento de las medidas programadas y disponibles. Tercero, las personas normativamente responsables de que dichas condiciones existieran y se hicieran efectivas. Y si, además, en términos situacionales disponían de capacidad de actuación y de evitación del riesgo y de los resultados en el que aquel se proyecta. Cuarto, en el caso de que se produjeran resultados materiales de lesión, el grado de evitabilidad si se hubieran adoptado todas las normas de cuidado y de prevención relevantes. En relación al primero de los planos, el ordenamiento jurídico permite individualizar, como deberes de cuidado externo o de previsibilidad en la actividad laboral, los de suministrar y observar las medidas de seguridad e higiene que reglamentariamente se establezcan. Entre los que destacan, los deberes de evaluación de riesgos; de facilitación de equipos de protección individual; de garantía de seguridad de las máquinas, herramientas e instalaciones; de información y formación; de vigilancia de la salud; y de paralización de la actividad laboral en caso de identificación de un peligro especifico; de mantenimiento de las medidas ya existentes. Por su parte, y como deberes de cuidado interno o de prevenibilidad aparece, con especial intensidad, el de advertir la presencia del riesgo propio de la acción concreta, actuando en consecuencia. Pero, como anticipábamos, para poder identificar un comportamiento penalmente relevante no basta el mero incumplimiento de uno o de algunos de tales deberes si, al tiempo, no puede trazarse un específico nexo de antijuricidad entre el resultado de peligro o de resultado exigido por el tipo y el comportamiento incumplidor por parte de quien está obligado a evitarlo. En términos normativos los deberes que contabilizan, los que han de tomarse en cuenta para detraer responsabilidad penal por su desatención, no son los que se sitúan en la esfera del comportamiento extremadamente diligente que excluye todo riesgo sino los que, desde una valoración situacional a la luz de las reglas de experiencia relacionadas con el sector del tráfico en el que se produce la actividad, generan un incremento socialmente inaceptable del riesgo de producción del resultado prohibido que se fija en el tipo -en los delitos contra la seguridad de los trabajadores, el riesgo grave contra la vida, salud o integridad física-." En el caso, debe considerarse al menos dudosa la concurrencia de la infracción normativa que se pretende construir sobre la base de una dicotomía normativa en materia de seguridad de ascensores que obligaría a distinguir en las instalaciones de la empresa del acusado entre los ascensores de uso de clientes y ascensores de uso del personal del hotel a los efectos de entender exigible respecto a los segundos, y no respecto a los primeros, el funcionamiento de un dispositivo limitador del funcionamiento en caso de sobrecarga. Efectivamente, el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, recoge en su anexo I.2 Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas, que deben evitar, por medio de dispositivos apropiados, los riesgos de caída del habitáculo, cuando existan tales riesgos (2.2.d), así como en el anexo II.1.8, que los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros. Sin embargo, lo que no especifica la norma es que los aparatos elevadores deban disponer en funcionamiento de un dispositivo limitador de carga que impida la puesta en marcha del equipo en caso de detectar que se ha rebasado la carga nominal, que señalaba a continuación el informe del Centro Territorial de Alicante de Seguridad y Salud en el Trabajo, y después el informe de la Inspección de Trabajo, como omisión de las medidas de seguridad y salud aplicables. Resulta en este sentido de especial interés la declaración testifical en el acto de juicio de la Inspectora Sra. Estibaliz que señaló que lo que se vulneraba era el principio general en materia de riesgos laborales de obligación de usar todos los medios técnicos disponibles al alcance del empresario para minimizar la ocurrencia de accidentes, de forma que si el aparato disponía de dispositivo de limitación de carga debía estar en funcionamiento. La Sala no aprecia suficiente en este caso con la vulneración de dicho principio general paraintegrar la "infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados" que exige el artículo 316 para colmar la configuración de la conducta típica. Ha de tenerse en cuenta que la normativa que introducía la obligatoriedad de uso en el parque de ascensores del dispositivo de limitación de carga estaba sometida a un régimen transitorio que determinaba que los ascensores cuya puesta en servicio se hubiera efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto seguirán rigiéndose por las prescripciones del reglamento que les haya sido de aplicación, de forma que sólo cuando con ocasión de modificaciones en esos ascensores existentes se logre una mayor seguridad en los elementos que se modifiquen o sustituyan, mediante las nuevas prescripciones técnicas derivadas de la Directiva 95/16/CE, se aplicarán éstas ( D.A. 1ª, del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, en la redacción conferida por el Real Decreto 57/2005, de 21 de enero). Debe tenerse en cuenta asimismo que la empresa dirigida por el acusado Fidel había cumplido con su obligación de evaluación inicial de los riesgos que presentaba el uso del ascensor, constando que lasociedad de prevención "UMIVALE", había efectuado informe con fecha 14/07/14, que los incluía de forma expresa y que con respecto al uso de aparatos elevadores prescribía únicamente llevar a cabo los mantenimientos y revisiones prescritos en los RR. DD. 2291/1985 y 88/2013 (f. 82, T. VI). Por otra parte, resulta asimismo dudosamente sostenible la preceptividad de una actividad de formación específica en materia de riesgos laborales que se refiera al uso de un ascensor que no difiere en nada de los que son de uso cotidiano por todas la personas. La existencia del cartel normativamente exigido en la cabina respecto a la carga máxima admisible, claramente visible, requiere de poca explicación adicional que advierta de la necesidad de su cumplimiento. En consecuencia, y en ausencia de una clara infracción de las normas de prevención a las que estaba obligado legalmente el acusado, no puede entenderse que el resultado producido sea consecuencia de la producción de un riesgo que estuviera destinado a evitarse con aquella normativa. No puede construirse la acción típica de la responsabilidad penal a través de una interpretación extensiva del Real Decreto 1215/1997 vedada por el principio de legalidad. Tampoco, y a la vista de la actividad desplegada, se aprecia que se hayan acreditado elementos que permitan calificar la conducta desarrollada por el acusado en estos autos de forma que pueda ser calificada su conducta de gravemente imprudente que en la sentencia de instancia se hacía derivar del mismo incumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales ya referido. Ha de recordarse que la imprudencia grave, como la antigua imprudencia temeraria viene definida tradicionalmente como la omisión de las más elementales normas de cuidado que cualquier persona debe observar y guardar en los actos de la vida ordinaria, o en la omisión de la diligencia que resulte indispensable en el ejercicio de la actividad o profesión que implique riesgo propio o ajeno, reservándose paraaquellos supuestos en que concurra mayor magnitud de la infracción del deber de cuidado, de forma que "la imprudencia grave es la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso", ( STS 284/2021, de 30 de Marzo). Debe recordarse que la presunción de inocencia del acusado debe extenderse no solo a los elementos objetivos, sino también a los subjetivos en cuanto sean determinantes de la culpabilidad, debiendo existir prueba suficiente de cargo tanto del hecho en sí mismo, como de las circunstancias concurrentes y la participación del acusado, incluso la relación de causalidad y las demás características subjetivas ( STS 54/2015, de 11 de febrero). En conclusión, la Sala, tras el examen detallado de la causa, estima que pueden entenderse concurrentes dudas fundadas en la existencia de infracción de la normativa aplicable en materia de seguridad laboral que se han resuelto en contra del acusado y debieron dar lugar al dictado de una sentencia absolutoria. Subsistente cuando menos un margen racional de duda acerca de ello, supone que se carece de certidumbre racional bastante para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia y se impone una conclusión absolutoria, en virtud del principio pro reo. El recurso, por ello, deberá ser asimismo estimado y libremente absuelto también el acusado apelante Fidel por los hechos objeto de esta causa, con la consecuente inexigencia de las responsabilidades civiles subsidiaria y directa que de su condena se derivaban, que eran objeto de los recursos interpuestos por las representaciones de las entidades ONASOL, S.L., y MAPFRE ESPAÑA, S.A.

CUARTO.- La absolución determina la declaración de oficio de las costas en ambas instancias, en aplicación de lo que dispone el art. 240.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.